El costo de construir una vivienda en Argentina se encuentra fuertemente condicionado por la presión del Estado. Así lo advierte un informe exhaustivo realizado en mayo de este año por los economistas Nadin Argañaraz y Andrés Mir y difundido por la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco). El estudio, basado en una vivienda unifamiliar estándar de 130 metros cuadrados, determinó que el 48,92% del precio final de una obra se explica exclusivamente por el pago de impuestos y aportes a la seguridad social. Esto significa que de un costo estimado de $1.940.454 por metro cuadrado, unos $949.358 corresponden a la carga pública.

Al desglosar este componente fiscal, el sistema previsional y de seguridad social emerge como el más pesado, representando el 26,7% del valor total de la construcción; prácticamente la mitad de lo que se invierte en mano de obra dependiente es absorbido por el Estado antes de llegar al bolsillo del trabajador. Por su parte, los impuestos nacionales aportan un 15,44% al precio final, liderados por el Impuesto al Valor Agregado con el 9,85% y el Impuesto a las Ganancias con el 4,24%. En el nivel subnacional, los tributos representan un 6,78%, destacándose el Impuesto a los Ingresos Brutos, el cual genera un grave efecto cascada que eleva su incidencia efectiva al 5,42% sobre el precio neto de la obra, a pesar de tener una alícuota nominal promedio de apenas el 2,34%.

Pero el impacto estatal no se limita a la edificación propiamente dicha, sino que se extiende a la comercialización y a la tenencia del suelo, variando según la modalidad del proyecto. Según indica el trabajo de Argañaraz y Mir, cuando una persona física compra un lote y contrata a una empresa para construir, sólo el proceso de adquisición, escrituración y tenencia anual del lote le implica un costo impositivo-previsional equivalente al 9,3% del valor de compra, impulsado principalmente por el IVA y Bienes Personales; si esa persona decide vender la casa terminada, la comercialización añade un costo extra del 3,93% del valor de escrituración.

En cambio, cuando una empresa desarrolladora adquiere la tierra para edificar y vender, la compra y escrituración del terreno le implica una carga fiscal del 7,80%, mientras que la posterior venta de la unidad terminada al consumidor final conlleva otro costo del 6,32%. Al unificar todos los eslabones de la cadena, que abarcan la compra de la tierra, la construcción y la comercialización, el costo tributario y previsional global alcanza un abrumador 41,71% del valor total que paga el comprador por la unidad, estableciendo un piso de costos estatales que encarece significativamente el precio de las viviendas dificultando el acceso a la casa propia.

A su vez, esta distorsión impositiva convive con un marcado cuello de botella financiero debido a la escasez de crédito tanto para la oferta como para la demanda. Los bancos enfrentan serias dificultades para fondear proyectos a largo plazo debido al descalce entre depósitos cortos y créditos largos, lo que retiene a los desarrolladores de lanzar obras en volumen. Asimismo, la oferta de créditos hipotecarios es altamente restrictiva, al punto de que el 70% de los potenciales beneficiarios no califica bajo los estándares actuales.

Para ahondar en esta problemática con un anclaje local, Ahora ElDía conversó con Alejandro Ferrer, presidente de la empresa constructora Hornus S.A., y José Ángel Tofolón, histórico dirigente de Uocra Gualeguaychú.

Ferrer, en primer lugar, advirtió: “La actividad de la construcción en general viene en una caída a nivel nacional que no se detiene. Hay excepciones regionales ligadas al desarrollo de sectores como la minería o el petróleo, que impactan en zonas muy puntuales del país. Salvo por ellas, la realidad es que tanto a nivel nacional, como provincial y local la actividad viene en una caída muy fuerte desde hace dos años. Para graficarlo más concretamente: se han perdido alrededor de 5.000 puestos de trabajo en Entre Ríos”.

Según observó el presidente de la firma constructora: “No se ve un nivel de actividad acorde a las necesidades del sector y de las familias que necesitan acceder a una vivienda”, y consideró que las principales razones que lo explican son la enorme dificultad que tienen los potenciales propietarios para acceder a créditos hipotecarios, la desaparición del Estado nacional en la política de viviendas sociales y el aumento del costo del metro cuadrado medido en dólares, dado el incremento de los insumos y la quietud en el valor de la moneda extranjera.

“La relación costo por metro cuadrado vs dólar ha empeorado respecto a otros años. A esto se suma un dato muy fuerte que impacta de lleno en los costos y que es ajeno a las posibilidades de optimización que tiene una constructora, que es el costo impositivo y de cargas del sistema previsional y de seguridad social que, según el estudio recientemente difundido por Camarco está en un 48,9% del costo total. Dicho fácil, el que compra una casa en un desarrollo está pagando casi un 50% del precio por los conceptos antes mencionados. Este dato claramente no refleja un incentivo a que se pueda acercar la oferta con la demanda como debería ser, más aún cuando el Estado nacional desaparece de la política habitacional”, completó.

Por su parte, el dirigente de Uocra Gualeguaychú, José Ángel Tofolón, reconoció que “las cargas sociales y los impuestos siempre han sido un problema” en el rubro de la construcción, pero aseguró que “las empresas tienen mecanismos que les permiten recuperar sus inversiones cuando realizan la redeterminación de precios”. A su vez, opinó que la caída en el sector “no repercute mucho en la actividad privada porque hay mucha evasión y un alto porcentaje de mano de obra informal, debido a la falta de control desde las autoridades competentes”.

En cuanto a la obra pública, Tofolón consideró que “está prácticamente paralizada en nuestra zona, salvo la construcción por parte del IAPV de algún plan de vivienda, o de obras por parte del Municipio realizadas con fondos propios”.

La mirada desde el sector inmobiliario

El corredor inmobiliario Joan Fleitas remarcó el gran desafío que supone “generar alternativas que faciliten el acceso a la vivienda en un contexto donde los costos de construcción y financiamiento continúan siendo elevados para gran parte de la población”. “Como sector, debemos seguir trabajando para acercar oportunidades reales a las familias y promover desarrollos que acompañen el crecimiento de Gualeguaychú”, manifestó.

Y reconoció que “aunque sigue habiendo una gran cantidad de propietarios en la ciudad, el acceso a la vivienda propia se ha vuelto más desafiante debido al aumento de los costos de construcción y al contexto económico general”. “Sigue siendo una meta posible, pero requiere planificación, financiamiento y, en muchos casos, comenzar con la compra de un terreno antes que por la adquisición directa de una casa terminada”.

Un informe elaborado por la Fundación Tejido Urbano mostró que en los principales centros urbanos del país cayó el porcentaje de propietarios y creció la cantidad de inquilinos durante los últimos años.

La investigación analizó datos de la Encuesta Permanente de Hogares del Indec entre 2016 y 2025 y confirmó una tendencia que ya se observa desde hace décadas: cada vez más personas alquilan y menos logran acceder a una vivienda propia.

El fenómeno se profundiza especialmente en las grandes ciudades, aunque las de menor escala no están exentas de esta problemática.

Pablo Echandi, director del Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda Regional Sur, destacó que “la mayoría de las personas que se acercan a averiguar por los créditos hipotecarios que tiene IAPV están alquilando o viven con sus padres”.

Pese a que no hay datos certeros sobre el nivel de demanda en la ciudad, ya que se está depurando el padrón del Instituto, Echandi aventuró que se trataría de aproximadamente cinco mil familias que buscan acceder a la casa propia: “Se nota es que hay mucha demanda por la cantidad de visita que tenemos en la oficina. A las personas les está costando pagar el alquiler. También sabemos que mucha gente que soluciona su problema habitacional viviendo con sus padres, o contrayendo en la parte de atrás de la casa de los padres”.

Asimismo, señaló que tienen el registro fehaciente de que la práctica de construir dentro de la propiedad familiar es muy común en los barrios más vulnerables, pero que saben que es una solución a la cual también recurre la clase media: “Creo que la problemática es más económica que social, y vemos que los costos de los terrenos, que rondan los 15 mil dólares promedios, y los costos de la construcción son el gran cuello de botella”.

Aunque IAPV tiene líneas de crédito para la construcción, sólo es posible acceder a ellos si se tiene un terreno propio. Consultado sobre si el Instituto está analizando la posibilidad de ofrecer créditos para la compra de terrenos, Echandi dijo que “hoy no está ese programa, pero la dinámica de pensamiento del instituto es amplia y los directores estamos siempre buscando soluciones nuevas. Así que no descarto en el futuro que se pueda financiar la compra de terrenos”.

Respecto a los créditos hipotecarios, contó que “hay muchas personas que quieren acceder, pero que la mayoría no cumple con el requisito de tener la escritura del terreno”. Es por eso que desde el IAPV optaron por cambiar la modalidad en la que se otorgan: ya no hay más sorteos, sino que se analizan si los inscriptos cumplen con las condiciones necesarias y se avanza con esos casos: “Tenemos más fondos a gastar para fin de año, que cantidad de gente que califica para los créditos. De los 13 mil millones con los que contamos, llevamos sólo 4 mil millones entregados para construcción. La falta de escritura es nuestro gran cuello de botella”. Y agregó que “quienes cumplan con estos requisitos, muy posiblemente se haga beneficiario de esta política pública, porque hay presupuesto”.

Además, el director de la Regional Sur habló sobre las viviendas que están prontas a ser entregadas en Gualeguaychú y que responden a los planes tradicionales de acceso a la vivienda: “Certificamos un avance de obras del 78% de 42 viviendas en sector del barrio Curita Gaucho. Esas casas no tienen dueño todavía y, como novedad, se estableció que cerca del 60% de esas viviendas se van a poder licitar con una entrega del 20% de su valor, que serían cerca de 12 millones de pesos; mientras que las otras 40% se van a sortear. Esto nos va a permitir hacer el recupero más rápido y poder comenzar a construir rápidamente otras”.

El mismo método se aplicará a las 37 viviendas que construye IAPV y que se encuentran en un 64% de avance. Tanto las 42 como las 37 viviendas estarán finalizadas para fin de año, con poco tiempo de diferencia entre unas y otras.

El rol del mercado inmobiliario

El acceso a la casa propia no sólo es un desafío del Estado, sino que el sector privado también tiene barreras que sortear para que cada vez más personas puedan comprar su terreno o vivienda: “Uno de los principales desafíos es generar alternativas que faciliten el acceso a la vivienda en un contexto donde los costos de construcción y financiamiento continúan siendo elevados para gran parte de la población. Como sector, debemos seguir trabajando para acercar oportunidades reales a las familias y promover desarrollos que acompañen el crecimiento de Gualeguaychú”, manifestó el corredor inmobiliario Joan Fleitas.

En este contexto, reconoció: “Actualmente existe una importante demanda de alquileres, especialmente por parte de jóvenes, familias que recién comienzan y personas que buscan independencia habitacional. Aunque sigue habiendo una gran cantidad de propietarios en la ciudad, el acceso a la vivienda propia se ha vuelto más desafiante debido al aumento de los costos de construcción y al contexto económico general. Sigue siendo una meta posible, pero requiere planificación, financiamiento y, en muchos casos, comenzar con la compra de un terreno antes que por la adquisición directa de una casa terminada”.

La situación económica y la disminución progresiva del poder adquisitivo obligan al mercado inmobiliario a diseñar estrategias que faciliten este primer paso y es ahí donde cobran relevancia los planes de financiación: “Los desarrollos urbanísticos y loteos con financiación propia han permitido que muchas familias vuelvan a considerar la posibilidad de acceder a un terreno, algo que años atrás resultaba mucho más difícil”.

Fleitas señaló que, de acuerdo a su experiencia, el camino más frecuente que transitan las personas para acceder al techo propio suele ser “la compra de un terreno mediante financiación y luego la construcción por etapas. Muchas familias adquieren primero el lote y, a medida que sus posibilidades, avanzan con la edificación”.

Al igual que Echandi, el corredor inmobiliario reconoció: “Muchas personas aprovechan terrenos familiares o realizan subdivisiones para construir una vivienda propia dentro de una propiedad ya existente. Es una opción que reduce significativamente el costo inicial y permite destinar más recursos a la construcción. Hoy los valores de una vivienda terminada varían considerablemente según la ubicación, el estado de conservación y las características del inmueble. Una casa de tres ambientes para una familia o pareja puede encontrarse desde 70.000 a 120.000 dólares, aunque existen opciones tanto por debajo como por encima de esos valores dependiendo de cada caso”.

Llegar a la casa propia en Argentina es una materia pendiente y cada vez más compleja para las familias. Al respecto, el último informe de la Fundación Tejido Urbano registra una caída considerable de los propietarios de casas y terrenos, del 67,3% al 61,9%.

Es el dato más crítico del informe que analiza los cambios en las condiciones de vida en los hogares de los argentinos, según la Encuesta Permanente de Hogares entre 2016 y 2025. La marca cayó al 61,9%, lo cual es el dato más crítico del informe que analiza los cambios en las condiciones de vida en los hogares de los argentinos.

En la otra vereda, el estudio señala que subió la proporción de inquilinos del 17,7% al 20,5%. Esta situación es una tendencia en ascenso en las grandes ciudades del país.

¿Qué pasó con los servicios básicos de los hogares?

Según el informe de la Fundación Tejido Urbano, en este aspecto hay una mejora en el servicio de agua y una caída en el del gas. A esto, en el informe se lo denomina como la “paradoja de los servicios”.

“Mientras que el acceso al agua potable y las cloacas registró leves incrementos, el gas de red sufrió una caída, pasando de cubrir el 71,4% de los hogares al 65%”, se describe en el informe, donde se argumenta que “esto explica por qué la proporción de hogares que carecen de al menos uno de los tres servicios básicos aumentó del 44% al 47,3%”.

Otro de los puntos indispensables para la vida de las personas es la salud y aquí, tal como se expresa en el informe, hay un éxodo de las prepagas al sistema público. Al respecto, se refleja la presión económica sobre los hogares a través de la cobertura médica. Y en este contexto, el análisis muestra una disminución de las coberturas pagas de obras sociales y prepagas, las cuales bajaron del 68,8% al 65,4%.

La respuesta sobre este punto es que se dio un aumento de la dependencia del sistema público, que ahora debe atender a 1,8 millones de personas más que en 2016. Esto representa un 8,5 a 10,3 millones.

Pero no todo es negativo, ya que la noticia positiva surgida del informe es que se vio una sustancial mejora en la educación, que muestra avances sólidos en las condiciones educativas.

El hacinamiento crítico de más de tres personas por cuarto bajó del 2,7% al 1,9%, lo que representa, a nivel nacional, unos 47.000 hogares menos en esta situación. Además, hubo una reducción en la cantidad de personas que viven cerca de basurales. Pasó del 7,1% al 5,3% y en zonas inundables del 11,2% al 8,2%, aunque esto último se vincula parcialmente con la sequía histórica reciente

Resumen del informe de la Fundación Tejido Urbano en números

A continuación, se enumera la situación actual de los hogares urbanos con déficit.

"Son viviendas que esperamos terminar en una primera etapa en agosto de este año, y una segunda parte en los primeros meses del año que viene. Tiene que ver con lo que planteamos siempre: Vamos a terminar todas las obras que empezamos, no vamos a dejar ninguna vivienda a medio hacer", sostuvo Frigerio.

En ese marco, el gobernador remarcó que al inicio de la gestión se encontraron más de 2.000 viviendas paralizadas o intrusadas en la provincia. "Eso no corresponde. Es una mala imagen y también un uso ineficiente de recursos que son escasos. Por eso tomamos la decisión de terminarlas, y es lo que estamos haciendo en estos dos años de gestión", agregó.

De la actividad participaron el intendente Mauricio Davico; el secretario general de la Gobernación, Mauricio Colello; y el presidente del IAPV, Manuel Schönhals, junto a equipos técnicos y autoridades locales.

Detalles de las obras

El grupo habitacional Gualeguaychú II, que contempla 42 viviendas, presenta un avance del 63,44 por ciento en las unidades habitacionales y del 21,02 por ciento en infraestructura. La inversión asciende a 2.884 millones de pesos para las viviendas; y más de 337 millones para la infraestructura, con financiamiento actualizado por UVI. Las unidades incluyen 39 prototipos estándar y tres destinadas a situaciones especiales, todas de 63 metros cuadrados y con dos dormitorios.

Por su parte, el barrio Gualeguaychú III, compuesto por 37 viviendas, registra un avance del 46,85 por ciento en las unidades y del 26 por ciento en infraestructura. La inversión alcanza los 1.638 millones de pesos en viviendas y cerca de 360 millones en infraestructura. En este caso, se construyen 35 viviendas estándar y dos adaptadas para situaciones especiales, también de 63 metros cuadrados y dos dormitorios.

En un contexto de fuerte demanda habitacional, acceder a un crédito hipotecario en Argentina vuelve a instalarse como una posibilidad concreta, aunque con exigencias económicas que delimitan claramente quiénes pueden calificar. En Gualeguaychú, las principales entidades bancarias que operan en la plaza ofrecen líneas para la compra, construcción o refacción de viviendas, pero comparten un punto en común: el nivel de ingresos requerido y la relación entre cuota y salario son determinantes.

Uno de los aspectos centrales que se repite en prácticamente todas las propuestas es que la cuota mensual no puede superar entre el 25% y el 30% de los ingresos del solicitante. Este criterio, utilizado como medida de capacidad de pago, establece un piso salarial elevado en relación con los ingresos promedio. En la práctica, implica que, para afrontar cuotas iniciales cercanas a los 400 mil pesos, los ingresos mensuales deben ubicarse, como mínimo, en torno al millón y medio de pesos.

En ese sentido, el Banco BBVA fija un ingreso mínimo de $1.387.200 para el titular, equivalente a aproximadamente cuatro salarios mínimos, mientras que la cuota no debe superar el 25% del ingreso. En una línea similar, el ICBC exige ingresos desde $1.400.000 y mantiene el mismo tope de afectación, permitiendo además sumar ingresos de familiares directos para mejorar la capacidad crediticia.

Por su parte, el Banco de la Nación Argentina ofrece una de las líneas más difundidas, con simulaciones concretas que permiten dimensionar el esfuerzo económico. Para un crédito de 50 millones de pesos, la entidad establece ingresos cercanos a $1.523.899 para el grupo familiar, con una cuota inicial de $380.975. En este caso, también se admite la suma de ingresos entre titulares y codeudores, aunque se exige que al menos el 50% de la cuota sea cubierta por los ingresos del titular principal.

El Banco Santander, en tanto, presenta una de las barreras de ingreso más elevadas: solicita ingresos mínimos de $2.240.000 para acceder a un crédito destinado a vivienda permanente, manteniendo la relación cuota-ingreso en un máximo del 25%. Esta condición deja afuera a una porción importante de trabajadores, especialmente aquellos con ingresos informales o inestables.

En el caso del Banco Entre Ríos, la relación cuota-ingreso puede alcanzar hasta el 30% para clientes que acrediten haberes en la entidad, lo que amplía levemente el margen de acceso. Sin embargo, se trata de una línea destinada exclusivamente a empleados en relación de dependencia con al menos un año de antigüedad, lo que también restringe el universo de potenciales beneficiarios.

Otras entidades como el Banco Patagonia, el Banco Galicia y el Banco Credicoop sostienen criterios similares, con topes del 25% sobre los ingresos y la posibilidad de sumar codeudores o convivientes para alcanzar el nivel requerido. En todos los casos, la estabilidad laboral también aparece como un requisito clave: se exige al menos un año de antigüedad para empleados en relación de dependencia y hasta dos años para trabajadores autónomos o monotributistas.

En cuanto al porcentaje de financiación, las distintas entidades se mueven en rangos bastante similares. En general, los bancos cubren entre el 70% y el 80% del valor de la propiedad, lo que implica que los solicitantes deben contar con un ahorro previo significativo para cubrir el porcentaje restante, además de los gastos asociados a la operación. Este requisito, en muchos casos, se convierte en una de las principales barreras de acceso.

Más allá de las diferencias en montos máximos, tasas o plazos, que pueden extenderse hasta 30 años en algunos casos, el verdadero filtro de acceso sigue siendo el ingreso. Incluso cuando se permite sumar salarios dentro del grupo familiar, alcanzar los valores exigidos no resulta sencillo para amplios sectores de la población.

En este escenario, los créditos hipotecarios aparecen como una herramienta disponible, pero no necesariamente accesible para todos. La reactivación de estas líneas por parte de los bancos abre una ventana de oportunidad, aunque condicionada por variables económicas que siguen siendo un desafío: ingresos formales elevados, estabilidad laboral y capacidad de ahorro para afrontar los costos iniciales.

El programa de IAPV y sus limitantes

El gobierno provincial, a través del Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV), otorga créditos para la construcción y ampliación de viviendas en terreno propio, en el marco del programa Ahora Tu Hogar.

Dos de las exigencias excluyentes de este programa provincial, que busca dar respuesta a la crisis habitacional de Entre Ríos, son: que los postulantes deben ser propietario de un terreno, y, por otro lado, constituir un grupo familiar, es decir, las personas solteras no pueden acceder a esta política pública.

Sin embargo, si se cumple con estos dos requisitos fundamentales, las exigencias económicas son menores a las de los bancos, más allá de que no se trata de un crédito para la compra sino para la construcción, ya que el grupo familiar debe contar con ingresos formales de dos a ocho salarios mínimos (desde $715.600 hasta $2.774.400).

Además, empleados en relación de dependencia deberán acreditar una antigüedad mínima de 1 año, y a los trabajadores independientes o autónomos, se les requiere la inscripción al monotributo con una antigüedad mínima de 1 año en la categoría que comprenda el monto de ingreso mínimo estipulados por el programa y los últimos tres pagos.

Tras la concentración realizada frente a la Dirección de Viviendas, las familias preadjudicatarias del plan nacional que proyectaba 210 casas en el barrio Las Ramas fueron recibidas por autoridades del área y expusieron una propuesta para destrabar el conflicto.

La obra, que actualmente cuenta con 60 viviendas construidas en distintos niveles de avance —entre un 50 y un 70 por ciento—, permanece paralizada luego de que el Gobierno nacional dejara de financiar el programa. Según explicaron a los vecinos durante el encuentro, Nación “ya oficialmente dejó de ser financista de la obra, pero no dejó de ser un ente controlador”, por lo que el esquema administrativo aún continúa vigente.

De la reunión participaron la directora de Viviendas Isabel Romero, y el subsecretario Ariel Destefano, quienes escucharon el planteo de los vecinos. La principal propuesta presentada por los preadjudicatarios fue que se les otorgue la posibilidad de finalizar por cuenta propia las unidades habitacionales.

Según detallaron tras el encuentro, la iniciativa será elevada a una mesa de trabajo junto a la Intendencia y la empresa constructora que interviene en el predio. En caso de que exista viabilidad técnica y acuerdo, se convocará individualmente a cada adjudicatario para analizar la situación particular de su vivienda.

La modalidad planteada implicaría evaluar casa por casa. “Se llamará a cada adjudicatario y uno a uno se le dirá, por ejemplo, puesto ‘su vivienda está en un 70 por ciento avanzada, ¿se puede hacer cargo?’”, explicaron los vecinos.

En cuanto al listado de beneficiarios, informaron que las 58 carpetas continúan sin modificaciones y mantienen el mismo orden establecido previamente. Además, desde el área se mencionó la posibilidad de gestionar financiamiento externo para concluir la obra, aunque se aclaró que esa alternativa demandaría más tiempo.

Los preadjudicatarios señalaron que la propuesta de autogestión fue considerada “interesante” por las autoridades y que será analizada con prioridad en los próximos días. 

Durante la reunión, se tomó registro de los datos de contacto de cada familia y se les informó que serán notificados en los próximos días sobre los avances de las gestiones.

Así lo informó Verónica Benítez, una de las beneficiarias del programa nacional que en principio contemplaba 210 viviendas. Sin embargo, la obra se encuentra paralizada y sólo hay 60 casas construidas con diferentes niveles de avance. 

Al respecto, la vecina relató a Ahora ElDía que “nos enteramos por un video que había una topadora en el Barrio Las Ramas destrozando las viviendas de las cuales salimos adjudicadas las familias. Hicimos un grupo de WhatsApp con los beneficiarios y decidimos dirigirnos a la Dirección de Viviendas el jueves a las 8 de la mañana para ver qué respuestas nos dan desde ahí. A la mayoría de los adjudicados nos han informado de diferentes fechas de entrega. A mí me dijeron que la entrega se iba a hacer en julio de 2024, después en diciembre de 2024, y desde entonces no hubo ninguna respuesta”.

Benítez contó que se dirigió al edifico de la Dirección de Viviendas, ubicado en calle Cervantes, y le comunicaron que “ las obras estaban paradas y que no tenían ninguna otra novedad, que teníamos que seguir como estábamos, renovando una vez por año, y nada más”.

“Cada familia fue renovando una vez por año y llevando la documentación que nos pedían y no teníamos ninguna respuesta nunca. Hasta que nos enteramos ayer de esta topadora, y decidimos ir el jueves a las 8 de la mañana a la Dirección de Viviendas y pedir explicaciones, de por qué nos han hecho esto, por qué nos han ilusionado. En mi caso tengo más de 24 años esperando una vivienda. Lo que decidimos en primera instancia es ir a la  Dirección, si no tenemos una respuesta que nos convenza, nos vamos a ir hasta el Municipio, o sino a Paraná, para ver qué respuestas nos dan”.

Desde el Municipio expresaron a Ahora ElDía que “están en comunicación con los vecinos” y que las puertas de la Dirección están abiertas. 

En principio, el Gobierno municipal no tendría injerencia en las obras, ya que se trata de un programa nacional que se encuentra paralizado desde el inicio de la actual gestión nacional. 

A partir de las líneas vigentes del programa Ahora Tu Hogar, se implementará un padrón exclusivo para personas con discapacidad. Por este motivo, se abrirá un registro específico para quienes cuenten con Certificado Único de Discapacidad (CUD), requisito indispensable para la inscripción.

Las autoridades de ambos organismos indicaron que quienes ya están inscriptos y quienes deseen incorporarse podrán conformar este padrón diferenciado. En los próximos meses, se prevé la realización de los nuevos sorteos de créditos para construcción, ampliación o mejoramiento de vivienda, que contemplarán un porcentaje especial destinado a este grupo prioritario.

En relación con las 30 familias que ya resultaron sorteadas bajo el sistema anterior, y que acreditaron discapacidad en la documentación presentada, el Iprodi y el IAPV brindarán acompañamiento técnico.

En este sentido, se trabajará conjuntamente con los equipos profesionales y con los beneficiarios para que las obras nuevas o las adecuaciones necesarias garanticen viviendas accesibles, seguras y acordes a las necesidades de sus integrantes.

El director del Iprodi, Diego Vélez, destacó la importancia de este paso: "Este acuerdo marca un cambio profundo en la forma de pensar la política habitacional. La accesibilidad no puede ser un complemento, debe ser un derecho garantizado desde el inicio. Con este padrón exclusivo estamos reparando desigualdades históricas y asegurando que cada familia entrerriana con una persona con discapacidad pueda proyectar un hogar digno y verdaderamente inclusivo".

Asimismo, el presidente del IAPV, Manuel Schönhals, sostuvo que "avanzar hacia una gestión inclusiva y moderna implica incorporar criterios de accesibilidad en nuestros proyectos y programas, garantizando igualdad de oportunidades con una perspectiva integral. Estamos comprometidos a trabajar junto al Iprodi para ejecutar intervenciones que mejoren la accesibilidad plena en las viviendas de familias con personas con discapacidad, promoviendo condiciones de habitabilidad dignas con un enfoque de derechos en cada acción".

Con estas medidas, el gobierno provincial continúa fortaleciendo una agenda que prioriza la inclusión, el acceso equitativo a la vivienda y la mejora de la calidad de vida de todas las familias entrerrianas. Fuente: APFDigital

El director del Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda Regional Sur (IAPV), Pablo Echandi, instó a los inscriptos en el programa “Ahora Tu Hogar” a revisar y actualizar sus datos personales a través de la página web del IAPV, a fin de no quedar fuera del próximo sorteo de créditos para la construcción de vivienda en terreno propio. 

“Muchísima gente tiene que revalidar algún dato, como la revalidación del DNI, que se hace desde la página del IAPV. Ni siquiera tienen que acercarse a la oficina, pero si no lo hacen, quedarían fuera del sorteo”, advirtió Echandi.

Una publicación compartida de Ahora ElDía -Gualeguaychú- (@eldiaonline)

El funcionario remarcó la importancia de ingresar al sitio oficial y verificar el estado de la inscripción: “Les pedimos que entren a la página; si están con un tilde rojo o tienen algún faltante de información, lo completen. Sería un crimen que el 7 de noviembre cierre y no puedan participar”, señaló.

Echandi explicó que, al realizar una revisión preliminar, detectaron que sólo unas 30 personas figuraban habilitadas para el sorteo, cuando originalmente había más de 200 inscriptos. “Revisen la página y corrijan lo que está faltando para participar del sorteo, que se realizará la semana que viene”, concluyó el titular del IAPV Regional Sur.

Tras disolver el programa ProCreAr, que dotó de viviendas a miles de familias, el Gobierno nacional avanza en la venta mediante subasta pública de los inmuebles vinculados al plan estatal que facilitaba el acceso a la casa propia. Con esta decisión, se abre una nueva etapa en la política habitacional que puede afectar tanto a quienes esperaban una vivienda como a inversores o interesados en adquirir propiedades.

El decreto que disuelve el fideicomiso señala que "el programa se había transformado en una carga para las cuentas públicas, con demoras en la entrega de viviendas, falta de condiciones de habitabilidad en algunas unidades y manuales de procedimiento desactualizados".

La Resolución 396/2025 y otras reglamentaciones vinculadas establecen que los inmuebles que formaban parte del fideicomiso serán vendidos mediante subastas públicas obligatorias a través de la plataforma electrónica SUBAST.AR.

A su vez, el Ejecutivo indicó que la política habitacional debe avanzar en coordinación con bancos y el sector privado, y que el Estado debe concentrarse en regular y monitorear más que en ejecutar directamente la obra.

Según lo publicado, el precio base de los inmuebles será determinado por el Tribunal de Tasaciones de la Nación y la convocatoria debe publicarse con, al menos, 30 días de anticipación en el Boletín Oficial, un diario de alcance nacional, el sitio web de la Secretaría de Obras Públicas y en la plataforma SUBAST.AR.

Los interesados deben cumplir ciertos requisitos como estar al día con tributos y aportes previsionales, declarar que los fondos son de origen lícito, tener domicilio físico en Argentina.

La escritura traslativa de dominio se hará mediante la Escribanía General de Gobierno o la que se designe, una vez pagado el 100% del precio ofrecido y los costos correspondientes.Si no hay al menos dos oferentes calificados, la subasta puede declararse desierta.

Los créditos otorgados bajo Pro.Cre.Ar que ya están vigentes seguirán siendo administrados por Banco Hipotecario SA, bajo las mismas condiciones originales (monto, tasa, cronograma) según estipula la normativa.

En cuanto a las viviendas aún no adjudicadas o en construcción, muchas serán transferidas a las provincias, municipios o al sector privado para que completen las obras o definan su destino.

Para quienes aspiraban a una vivienda social mediante Procrear, la medida genera incertidumbre: el mecanismo cambia de adjudicación por sorteo a venta/subasta para algunos inmuebles.

Para potenciales compradores o inversores, la subasta pública puede representar una oportunidad: propiedades estatales con precio base tasado, escrituración garantizada ante escribanía estatal.

Aún no está publicada la lista completa de inmuebles que saldrán a subasta, ni sus ubicaciones detalladas. Tampoco están definidos los plazos exactos del proceso, ni la extensión de las adjudicaciones para cada provincia o municipio. Falta información sobre cómo se equilibrará el interés social (vivienda) con el interés patrimonial (venta) en los inmuebles de vocación habitacional, publicó Diario Uno. 

Fuente: APFDigital

El gobernador Rogelio Frigerio hizo entrega de 40 viviendas a familias de Urdinarrain, departamento Gualeguaychú, en el marco del programa Casa Propia, Construir Futuro, con una inversión total superior a los 3.300 millones de pesos. Se trata de obras que habían sido neutralizadas luego del cambio de gestión y que la provincia finalizó con fondos propios.

En su discurso el mandatario, quien estuvo acompañado por a vicegoberandora, Alicia Aluani, y el intendente Sergio Martínez, destacó la responsabilidad y el compromiso asumido para culminar estas obras, y afirmó: "Acá no hay nada que agradecer. Nosotros hacemos lo que tenemos que hacer". Además, explicó que estas viviendas, que habían sido paralizadas cuando inició su gestión, se terminaron gracias al esfuerzo de todo su equipo: "A estas viviendas había que terminarlas; y había que buscar la manera de hacerlo. Lo hicimos con recursos provinciales que no estaban en su momento disponibles para esto".

Frigerio remarcó además la importancia de no repetir errores del pasado y evitar dejar obras inconclusas, un problema que consideró sinónimo de "desidia y abandono". En ese sentido, subrayó que a las obras "tenemos que terminarlas siempre. Obras que se empiezan, obras que tenemos que terminar. No importa quién las arrancó; y ese es el mandato que tiene todo mi equipo".

En tanto, el intendente Martínez agradeció al gobernador por el acompañamiento para la conclusión de las viviendas, que ya estaban sorteadas cuando se neutralizó la obra; y resaltó el trabajo conjunto entre el municipio y la provincia para superar los desafíos que surgieron durante los cambios de gestión, ya que él está en su segundo mandato, asegurando su finalización. También mencionó el avance de otros proyectos habitacionales en la localidad, como un plan de 20 viviendas destinadas a docentes, que ya está en marcha.

Participaron también, el ministro de Planeamiento, Darío Schneider; el titular IAPV Manuel Schönals; el secretario de Salud, Daniel Valentinuz; y senador provincial Jaime Benedetti; entre otras autoridades.

La obra demandó una inversión total de más de 3.300 millones de pesos. Nación aportó el financiamiento inicial, pero ante la interrupción de los fondos en diciembre de 2023, la provincia, a través del IAPV, asumió con recursos propios el 45 por ciento restante y garantizó la infraestructura básica de servicios: agua, cloacas, energía y alumbrado. El municipio cedió el terreno y realizó las obras de conexión necesarias.

 (APFDigital)

El ministro de Infraestructura bonaerense, Gabriel Katopodis, afirmó hoy que desde que asumió Javier Milei unas 16.000 viviendas en construcción, iniciadas por el gobierno anterior con el Plan Procrear “quedaron paradas”, al igual que unas 2.300 obras públicas de las cuales alrededor de mil están en la provincia de Buenos Aires.

“Son 16.000 viviendas que quedaron paradas, absolutamente abandonadas, con el peligro que eso implica, porque una ruta tiene el peligro de las vidas que transitan, pero en el caso de las viviendas, el peligro es que se usurpen”, señaló el ministro.

Katopodis, primer candidato de Fuerza Patria en la Primera Sección electoral para los comicios provinciales del 7 de septiembre próximo, sostuvo que “a esta altura tendrían que estar las 16.000 viviendas entregadas, tendría que haber 16.000 inquilinos menos en la Argentina”.

El funcionario dijo que, tanto al peronismo como a otras fuerzas de la oposición, les queda la tarea de “pelear y dar la discusión con un Gobierno que no cree en que para salir adelante, para hacer un mejor país, se necesitan construir viviendas, construir hospitales o construir universidades”.

En su carácter de ex ministro de Obras Públicas del anterior Gobierno nacional, Katopodis puntualizó que la actual administración dejó paralizadas “en total unas 2.300 obras públicas en todo el país”, de las cuales alrededor de mil corresponden a la provincia de Buenos Aires, que no puede terminarlas si no le son cedidas legalmente por la Nación.

“Nosotros (por el Gobierno anterior) estábamos con una cartera de 7.000 obras hasta el 2023, cuando terminó el gobierno anterior a nivel nacional. Más de 4.000 se terminaron y 2.300 quedaron en ejecución. De esas 2.300 unas 1.000 están en la provincia de Buenos Aires”.

Katopodis dijo que “alguna de esas mil obras las ha tomado casi 'de prepo’ la provincia”, como el caso de “las 20 universidades nacionales que están en la provincia de Buenos Aires, con trabajos que quedaron paralizados, y 85 centros de desarrollo infantil” que dependían de los municipios.

“Se tuvieron que rescindir los contratos, tuvimos que discontinuar las licitaciones de las obras que quedaron paradas y tuvimos que recontratar con las universidades, que como son instituciones autónomas, el camino fue un poco más simple”, explicó.

Por contrapartida, mencionó la situación de las rutas nacionales que atraviesan el territorio bonaerense, o algunos hospitales, que el Gobierno nacional no les cedió y hoy están “sin mantenimiento alguno”.

“Con las rutas, los hospitales y las obras de más envergadura, definitivamente hemos podido avanzar poco y nada. El ejemplo que siempre ponemos es la autopista Presidente Perón, pero podría mencionar también la ruta 5, la 3, muchísimas rutas Nacionales en la provincia que están absolutamente abandonadas”, se lamentó.

El sueño de la casa propia sigue siendo una utopía para gran parte de los argentinos. Tras la última actualización del salario mínimo, un cálculo revela que un trabajador que percibe ese ingreso necesitaría 85 años de su sueldo completo para poder comprar una vivienda de 100 metros cuadrados en la Ciudad de Buenos Aires.

El cálculo se realiza cruzando tres variables:

Con estos datos, el salario mínimo actual equivale a 232 dólares, por lo que se necesitarían 85 años para juntar los US$ 235.800 que cuesta la propiedad del ejemplo.

La diferencia con el resto de las principales ciudades de la región sigue siendo abismal. Los años de trabajo necesarios para comprar una vivienda son:

El sueño de la casa propia sigue siendo una demanda permanente en la ciudad. Con los vaivenes económicos, cambios de gobierno y falta de políticas habitacionales de largo plazo, las condiciones para acceder a una vivienda son realmente muy complejas. 

Con el atraso cambiario, construir se ha vuelto muy costoso en dólares y los precios de las viviendas tampoco han bajado, por lo cual recurrir a un crédito o a un sorteo del Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV) se ha vuelto prácticamente la única alternativa de muchos gualeguaychuenses.

Al respecto, el director la Regional Sur de IAPV Pablo Echandi consideró: “La casa propia, además de la vida, te cambia la economía también. Hoy hay familias que pagan $500.000 de alquiler y tienen el sueldo de un millón, entonces es fundamental. Sabemos que es complejo porque es caro construir una vivienda, pero no imposible, hay que poner todos los recursos económicos y humanos posibles”.

El funcionario explicó a Ahora ElDía que la demanda de viviendas en la ciudad “es indescifrable, porque hay 12.000, pero el último dato de inscriptos son 600. Habría que reiniciar todas las inscripciones porque hay personas que solucionaron su problema habitacional y nunca pasaron por IAPV para borrarse. Se estima que la demanda de viviendas de no propietarios está en el orden de entre 4.000 y 5.000”.

Además, añadió que la cantidad de anotados para los créditos fueron unos 100 en el Departamento, pero aclaró que “no es un indicador de demanda porque sólo podían anotarse los que contaban con terreno propio escriturado a su nombre”.

Acerca de los planes de vivienda que actualmente se están desarrollando en la ciudad, Echandi contó: “Se comenzó la construcción de las 42 viviendas en el barrio Curita Gaucho, el avance de obra el primer mes es muy poco, hasta que la empresa se reacomode, pero en el corto plazo se va a ver un gran movimiento. Tienen un plazo de obra de 16 meses. Además, hay otras 37 casas que eran de un plan nacional de 124, que la Provincia se terminó haciendo cargo y se llegó a un acuerdo para construirlas. Para que los vecinos puedan acceder a las mismas, se pueden inscribir en la página de IAPV, sino acercarse a las oficinas y los ayudamos para que nadie quede afuera. Estas viviendas se van a entregar por sorteo, en el cual nadie tiene prioridad, siempre recomendamos que se reinscriban una vez al año. Son terrenos de más de 200 metros cuadrados, las casas son de una planta y tienen dos habitaciones, cocina-comedor y baño”.

Mientras que acerca de las viviendas que se iban a realizar en el ex predio del gas, Echandi adelantó: “Ese proyecto en ese lugar en particular ha quedado céntrico, me parece que hay que reflotarlo, es un muy lindo plan. Vamos a ver qué podemos gestionar con el Presidente del IAPV. Nación ha incumplido con los planes, entonces nosotros no podemos intervenir porque hay conflictos de partes. En los que se logra llegar a acuerdo, avanzamos”.

Los créditos para el acceso a la vivienda

Producto de la paralización de todos los planes nacionales, la Provincia además de intentar reflotar lentamente alguno de ellos, ha lanzado créditos para que sean los vecinos con terreno propio quienes puedan avanzar con la construcción de su casa o su ampliación.

Sobre ello, Echandi confirmó: “En la regional Gualeguaychú hay más de 30 créditos en marcha y dos de ellos ya están listos, con el terreno verificado y toda la documentación pertinente, ya están a días de empezar a recibir los fondos. Eso tiene toda una revisión de la Provincia para habilitar los desembolsos, algunos no cumplieron con la entrega de la documentación así que hay personas que quedaron fuera del sorteo de ‘Ahora tu Hogar’ que deben estar atentas, ya que, a corto plazo, es posible que se haga un nuevo sorteo”.

Acerca de estos créditos personales, destacó: “No sólo son para construcción, sino para ampliación y reformas. Se financia hasta el 80% de la obra. Son UVI, un préstamo hipotecario cuyo monto y cuotas se expresan en Unidades de Vivienda (UVI), una unidad de medida creada para proteger los préstamos de la inflación, ajustándose diariamente según el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER), que a su vez se basa en el Índice de Precios al Consumidor (IPC). No son UVA que tenían interés y generaron complicaciones. Entregamos 46.000 UVI y recibimos lo mismo, por eso son beneficiosos”.

En cuanto a los requisitos que pide el IAPV, es necesario actualizar los datos de la inscripción en el Registro de Demanda durante los últimos 12 meses. Además, poseer Documento Nacional de Identidad o ser nacionalizado/a; ser mayor de edad (18 años), o emancipado judicialmente; no ser deudor alimentario, según certificación emitida por Registro de Deudores Alimentarios de la Provincia de Entre Ríos; constituir grupo familiar, el que podrá estar conformado por: Matrimonio; Uniones convivenciales, acreditadas por Acta de Unión Convivencial expedida por el Registro Civil; Pareja de personas unidas por lazos consensuales (convivientes), con hijo o menor a cargo bajo Tenencia con Sentencia Judicial, figuras legales posibles; Personas embarazadas de seis (6) meses certificado por un profesional médico; Dos o más personas unidas por lazos consanguíneos en líneas ascendentes o descendentes en primer grado, en convivencia (madre-hijo/a o padre-hijo/a); Dos o más personas convivientes, unidas por lazos consanguíneos, colaterales de Primer Grado -hermanos- y que al menos dos sean mayores de 50 años de edad; no podrán haber sido beneficiarios de algún programa estatal de la vivienda, Nacional, Provincial o Municipal u otra asistencia promovida por el Estado; contar con ingresos formales de dos (2) a ocho (8) salarios mínimos; ningún integrante del grupo familiar podrá ser propietario de otro bien inmueble de valor equivalente o mayor al valor del crédito solicitado; ningún integrante del grupo familiar podrá haber sido titular de un bien inmueble por el plazo de 2 años anteriores contados a partir de la fecha del sorteo; para empleados en relación de dependencia se considerará situación de revista de Planta Permanente o Contratos de Servicio, con una antigüedad mínima de 1 año; para trabajadores independientes o autónomos, se requerirá la inscripción al monotributo con una antigüedad mínima requerida de 1 año en la categoría que comprenda el monto de ingreso mínimo requerido y último tres pagos; el grupo familiar deberá residir en la localidad donde se ubica el terreno propuesto para construir la vivienda o en su radio de influencia o que desarrolle su actividad laboral en la misma localidad y no se haya podido establecer; y contar con Escritura o Copia simple del Inmueble a nombre del Grupo familiar postulante.

Respecto al financiamiento del programa, el IAPV financiará hasta el 80% del costo de la obra. Los tipos de viviendas (proyectos) para construcción pueden ser monoambiente: Inversión de 26.400 UVI (Superficie Mínima. 30m2 – Máxima. 35 m2); 1 dormitorio: Inversión de 36.400 UVI; Superficie Mínima. 40m2 – Max. 52m2; y 2 dormitorios Inversión de 46.000 UVI Superficie Mínima. 55m2 – Max. 70m2.

El financiamiento para ampliación será de hasta 20.000 UVIs y para refacción/mejora, de hasta 10.000 UVIs.

Sobre la forma de pago, la cuota del crédito de construcción no podrá superar el 20% de los ingresos familiares, con un plazo máximo de hasta 300 cuotas en UVIs, sin intereses; mientras que la cuota del crédito para ampliación o reforma, no puede superar el 20% de los ingresos familiares, con un plazo máximo de hasta 60 cuotas en UVIs, sin intereses.

El Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV) comenzó las obras para construir 42 viviendas en Gualeguaychú, específicamente en la zona del barrio Curita Gaucho. Se estima que estos trabajos demandarán alrededor de 16 meses.

“Está todo pactado para que no haya fallas” declaró en Ahora Cero Radio Pablo Echandi, el responsable del IAPV Regional Sur. 

Una publicación compartida de Ahora ElDía -Gualeguaychú- (@eldiaonline)

Según el funcionario, tras la falta de obras públicas a nivel nacional, la provincia se hará cargo de 37 viviendas adicionales, a través del Instituto.

Hace dos semanas se entregaron 30 viviendas del barrio Vicoer, de las 108 que proponía el proyecto urbanístico presentado por la cooperativa en 2016. Aunque para algunas familias fue el final de una gran espera, otras siguen en la fila para poder realizar el sueño de la casa propia. 

“Vicoer es una cooperativa de vivienda que compró las tierras y después se las vendió a sus clientes diciéndoles que se les iba a construir un barrio por medio de IAPV. Eso no estaba firmado de antemano, ese fue el caso de las 108 viviendas en cuestión. Es importante aclarar que no están todos los terrenos vendidos, es decir que no se trata de 78 familias aunque, si las personas siguen comprando, van a alcanzar ese número. Ahora bien, esto no quiere decir que quienes compraron no tengan la tierra, pero el problema es que no está loteado. Por eso, pedí que me mandaran el proyecto porque la Municipalidad quiere intervenir: abrir las calles, para que esté un poco mejor la zona. Hoy no hay nada firmado para que se vayan a hacer esas 78 viviendas”, detalló Pablo Echandi, director de IAPV Regional Sur. 

No obstante, manifestó sus intenciones de dar una respuesta: “La idea es buscar una solución entre el IAPV y el Municipio, para que de mínima esos terrenos puedan tener servicios. De esta forma, aumentarían su valor y les daría la oportunidad a las personas de construir. Hoy, en las condiciones en las que están esas tierras, no se puede hacer nada”.

Los servicios, la gran solución

Para que IAPV pudiera entregar las 30 viviendas a mediados de marzo, requirió que la actual gestión realizara la inversión final en el servicio de luz. El transformador que permitió que las familias puedan obtener su casa costó 120 millones de pesos: “Llevar los servicios a ciertas zonas es muy costoso”, aseguró Echandi. 

En este sentido, el funcionario bosquejó que el “paso a paso” que se podría llevar a cabo consistiría en “comenzar con reuniones entre los vecinos, el Municipio y el IAPV para delinear y plantear algún pago para llevar los servicios. El Municipio podría hacer de garante y los vecinos deberían pagar una cuota para tener los lotes con servicio. Recién ahí se podrían hacer las divisiones de los lotes para que sean de personas individuales. Esto es lo que veo más factible de hacer. No obstante, eso supondría millones de pesos y hoy no hay esa plata para asegurar que eso es lo que se va a hacer, pero puede ser un camino posible”. En este sentido, Echandi dejó muy en claro que “un plan de viviendas a corto plazo no hay para estas familias”. 

En primera persona 

Paola Acosta es una de las vecinas que está esperando junto con su familia poder tener la casa propia y que no resultó adjudicada en la entrega de las 30 viviendas: “Venimos con esto hace tanto tiempo, esperamos poder tener una mínima esperanza, pero la estamos perdiendo. Estamos con el plan de viviendas desde fines de 2016. Estoy en pareja, tengo dos hijos grandes y, en su momento, mi hija era chica cuando arrancamos todo esto. Teníamos nuestro proyecto familiar muy planeado. Pensamos que era confiable y que para determinada fecha íbamos a tener nuestra casa, pero no fue así. Sobre todo porque todos los meses pagábamos una cuota, que se incrementaba mes a mes, buscábamos como sea el dinero para llegar a pagarla, pero hasta el momento no tenemos nuestra casa”. 

En la actualidad, vive con su familia en la parte de atrás del hogar de sus padres porque “la situación económica no da para pagar un alquiler, aunque tengas un buen sueldo”, manifestó. 

“Hemos realizado marchas durante todos estos años para lograr tener una respuesta. Estoy feliz por las 30 familias que ya tienen su casa, aunque los reclamos que hacíamos eran para que las 108 las tuviéramos. Ahora nos dijeron que esta semana íbamos a tener noticias, pero no las tuvimos”, contó desalentada. 

Paola expresó que espera que las personas que están a cargo de las gestiones “nos demuestren que pueden cumplir y que podemos conseguir nuestro sueño. No queremos palabras, sino hechos. Como a nosotros, les debe pasar a muchos otros. Además, somos trabajadores, no queremos que nos regalen la casa”. 

En este sentido, Acosta señaló que el día de la entrega de las 30 viviendas, un grupo de vecinos reclamó por las 78 restantes: “Estamos a la espera para tener una reunión con el Intendente. De hecho, el día de la entrega se habló de la posibilidad de que el Municipio haga un convenio con el IAPV por el tema de las obras de infraestructura para que, al menos, las familias puedan acceder al loteo del terreno. Hay muchas familias que ni siquiera aspiran a la vivienda, sino a tener por lo menos el terreno que ya pagaron y ellos puedan poner alguna casa prefabricada, o en el futuro puedan acceder a algún crédito de IAPV”, dijo.

Eugenia Garbino tiene 57 años y en 2020 compró su terreno a Vicoer, sin saber que era un proyecto que venía gestándose desde 2016. Fue parte del reclamo desde que terminó de pagar su terreno y como parte de las acciones que llevaron a cabo, viajó a Paraná durante la gestión anterior para poder obtener respuestas: “Nos ofrecían hacer todas las casas y nos sacaban un porcentaje de terrenos. Les dijimos que no. Después de que mucho exigir, comenzaron a hacer 30 casas. No sé si cuando lleguen las obras lo voy a vender o si al momento se presentará una forma de hacer la casa. Ya tengo 57 años y me hice la idea hace mucho tiempo de que voy a seguir alquilando”. 

Por su parte, Noelia Pérez comenzó a pagar el terreno que le ofreció Vicoer en 2017, en ese momento estaba embarazada de su hijo Ciro y era madre soltera. 

“Tenía una gran felicidad porque iban a tener la oportunidad de tener mi casa, para mí y mi hijo. Me dijeron que llevara los papeles cuando naciera mi bebé, y mi recibo de sueldo. Firmé contrato y me afirmaron que en dos o tres años iba a tener la casa. En la actualidad mi nene tiene 8 años, ya terminé de pagar el terreno y no tengo respuestas sobre qué va a pasar”, relató Pérez.

Además, como varias de las familias que están esperando su casa propia, Noelia paga un alquiler: “Quiero mi casa, para mí hijo más que nada, para que el día de mañana tenga su hogar. No queremos que nos regalen nada, hay personas que todavía están pagando y cuesta en la actualidad juntar peso a peso”. ¿Se reanudan las políticas habitacionales? 

Luego de un año con casi nulas políticas habitacionales, 2025 parecería pintar distinto: por un lado, estuvo la entrega de las 30 viviendas de Vicoer y por otro,  IAPV lanzó el programa “Ahora Tu Hogar”, a partir del cual se sortearon 400 préstamos hipotecarios en la provincia. 

Echandi anunció que en los próximos meses “comenzará la construcción de 42 viviendas y 37 a demanda libre. Hoy, la prioridad en políticas de vivienda va a ser esa y, en un año, estarán terminadas”. 

Las propiedades se harán con dinero que se había adelantado en la gestión anterior para la construcción de 42 y 124 viviendas y estarán ubicadas cerca del barrio Curita Gaucho. Aunque  el sorteo para los beneficiarios de estas casas se hará cuando la obra alcance cerca del 70% de avance, quienes estén interesados pueden inscribirse en el Registro de la Propiedad de IAPV de forma online o en Magnasco 52. 

Este viernes 14 de marzo, el Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV), llevará a cabo la entrega de llaves de las 30 viviendas construidas en el marco del programa provincial “Primero Entre Ríos – Primero tu Casa”.

El proyecto, ejecutado a través de la Licitación Pública Nº 59/21, fue adjudicado a la empresa L y C Construcciones S.A. y contó con el financiamiento de la Provincia para la construcción de las viviendas y la infraestructura frentista. Por su parte, la Entidad Intermedia VICOER aportó el terreno y el Municipio se encargó de las obras complementarias y los nexos de servicios esenciales para el grupo habitacional.

Las viviendas, de 51 m², fueron construidas con sistema tradicional de ladrillos cerámicos y cuentan con dos dormitorios, baño universal, estar-comedor y cocina.

El monto de inversión en viviendas asciende a $1.533.262.639,46, mientras que las obras de infraestructura complementaria representaron una inversión de $399.889.685,67.

La entrega de llaves será un momento de gran emoción para las familias beneficiarias, que verán concretado su anhelo de acceder a una vivienda digna.

A través de un comunicado, los concejales de la oposición (PJ) denunciaron la falta de políticas e inversiones que apunten a resolver la problemática habitacional de la ciudad.Desde el bloque de concejales del Partido Justicialista de Gualeguaychú, denunciamos el despilfarro de fondos públicos en sueldos de funcionarios municipales mientras la crisis habitacional se agrava. Más de 40 millones de pesos anuales se destinan a pagar los salarios del director de Vivienda y la directora de Acceso a la Tierra, dos funcionarios que, a pesar de percibir estas elevadas sumas desde hace más de un año, no han generado soluciones concretas a la acuciante demanda de viviendas en nuestra ciudad.

Esta realidad local se enmarca en un contexto de abandono por parte de los gobiernos nacional y provincial que profundiza aún más el problema, agravado por la declaración pública del Director de Vivienda, quien aseguró en un medio local que no se construiría ninguna vivienda durante su gestión. Esta afirmación deja expuesta la falta de voluntad política y la intención de dilapidar recursos públicos. El conocimiento de esta falta de planificación existía desde el inicio de su gestión.

Desaprobamos la desidia del gobierno nacional en materia de políticas de vivienda, incluyendo el reciente cierre de la Secretaría de Hábitat.

La falta de inversión y de programas concretos, sumado a la inacción del gobierno provincial, deja a miles de familias a la deriva, sin posibilidades de acceder a una vivienda digna.

La insuficiencia en la articulación entre la provincia y el municipio, más que una cuestión de carencia de diálogo, refleja la inacción manifiesta de ambas partes. 

Sin embargo, la situación en el municipio es particularmente crítica: 60 viviendas, con un 98% de obra finalizada, permanecen sin ser entregadas, a lo que se suma un panorama desolador de obras truncas, paradas y abandonadas. ¿Dónde está la planificación? ¿Dónde está la gestión? La inacción del gobierno municipal, lejos de excusarse en la herencia recibida, demuestra una estrategia deliberada para ocultar su propia ineficacia. 

Esta falta de acción en la planificación y ejecución de viviendas se suma a la eliminación del programa "Tu Primer Terreno", y junto a la ausencia de políticas de mejoramientos habitacionales, demuestran  un vacío en  políticas públicas municipales en materia de vivienda.

La Municipalidad de Gualeguaychú, a través del Registro Único de Necesidad Habitacional, conoce la magnitud de esta problemática. La pandemia expuso con crudeza la vital importancia de la vivienda para la salud y la vida.

Ante esta situación, es imperativo que todos los niveles del Estado destinen los recursos de manera eficiente y transparente, priorizando las necesidades de las familias. El derecho a la vivienda es un derecho humano fundamental.

En contraste con la inacción actual, recordemos que, durante el gobierno de Martin Piaggio, se implementó el programa "Hago Mi Casa" con fondos municipales, demostrando que con voluntad política se pueden lograr resultados concretos. 

Es alarmante que, con un presupuesto anual de aproximadamente $40.000.000 destinados a los sueldos de funcionarios, solo se hayan ejecutado $2.000.000 en lo que va del año en políticas habitacionales. 

Esta gestión se limita a la actualización del registro habitacional existente con solo dos trabajadoras sociales. Exigimos al gobierno de Davico, al gobierno provincial y al gobierno nacional que dejen de lado la inacción y la opacidad, y que se pongan a trabajar para garantizar el acceso a la tierra y a una vivienda digna para todos los gualeguaychuenses.

 ¿Hasta cuándo seguirán priorizando otros intereses por encima del derecho a la vivienda?

El Gobierno nacional oficializó la disolución de la Secretaría de Desarrollo Territorial, Hábitat y Vivienda, del Ministerio de Economía. La gestión de los programas y proyectos que dependían de esta cartera pasarán a estar en manos de la Secretaría de Obras Públicas.

Desde principios de febrero, el Ejecutivo analizaba la posibilidad de cerrar esta área del Gabinete económico. Ahora, la decisión se concretó mediante la publicación del decreto 70/2025, publicado esta madrugada en el Boletín Oficial.

De esta manera, la estructura organizativa del Ministerio de Economía quedó conformada por 14 secretarías y 31 subsecretarías.

Con esta reorganización del equipo de la cartera ministerial, el Gobierno readecuó los objetivos de varias dependencias. Según lo dispuesto, la Secretaría de Obras Públicas absorberá parte de las funciones de lo que fue Desarrollo Territorial, Hábitat y Vivienda.

En ese sentido, son ahora objetivos de Obras Públicas, los siguientes:

-Entender en todo lo relativo a la finalización, cierre y trasferencia de programas y proyectos en materia de desarrollo territorial, hábitat y vivienda.

-Asistir al Ministro, en orden a sus competencias, en todo lo inherente a las políticas de integración socio-urbana, así como entender en el diseño de estrategias, planes y programas en el ámbito de su competencia.

-Dirigir la formulación, elaboración y ejecución de la política nacional en todas las materias relacionadas con la integración socio-urbana, atendiendo a las diversidades, demandas y modos de habitar de las diferentes regiones del país.

-Entender en el diseño de proyectos de conservación, preservación, mantenimiento, construcción y reciclaje tanto edilicios como de infraestructura y espacio público, y de obras específicas solicitadas por los organismos o reparticiones del Estado nacional.

-Entender, articulando con los organismos nacionales, provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con competencia en la materia, en el relevamiento de suelos vacantes o disponibles, como así también en la actualización, adecuación, homogenización de los sistemas de inventario de los mismos y en la definición e implementación de criterios, metodologías, herramientas y plataformas de gestión de información.

-Celebrar, en el ámbito de su competencia, convenios relativos a la finalización, cierre y transferencia de proyectos con gobiernos provinciales y municipales, entidades empresarias, organizaciones gubernamentales y no gubernamentales y universidades, en coordinación con las áreas con competencia en la materia de la Secretaría Legal y Técnica.

-Asistir al ministro en la formulación, elaboración y ejecución de la política nacional relacionada con obras de infraestructura habitacionales.

-Asistir al ministro en la formulación, desarrollo y coordinación de políticas de regularización del suelo y dominial, en su ámbito de competencia.

Por otro lado, los gremios afirman que esto implicaría el despido de alrededor de 500 trabajadores. Al respecto, la normativa aclara que aquellos empleados de planta permanente quedarán sujetos a lo dispuesto por el decreto 1421/02.

El 13 de noviembre del año pasado, el Ejecutivo decidió eliminar el fondo fiduciario del Procrear, que había sido creado en 2012. La medida se oficializó a través del decreto 1018/2024, publicado en el Boletín Oficial con la firma del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Guillermo Francos y Luis Caputo.

El Gobierno sostiene que el acceso a la vivienda propia debe gestionarse de manera privada mediante créditos personales. En esa normativa, argumentaron que “la financiación para la construcción de viviendas es una función propia y fundamental de los bancos comerciales, tanto privados como públicos, y, por lo tanto, no se justifica la intervención estatal en esta área”.

Fuente: Infobae

"Tal y como lo conocemos dejará de existir", afirmó hace algunos días el vocero presidencial Manuel Adorni cuando anunció el final del programa ProCreAr, una de las principales iniciativas que hubo durante los últimos años para poder acceder a la casa propia. 

Desde la Casa Rosada ya venían afirmaban ante de la disposición que la intención es que las casas que están en obra serían puestas a la venta, pero para avanzar con la iniciativa el oficialismo deberá dar de baja el fondo fiduciario que dio origen a ese programa.

Si desaparece el Programa de Crédito Argentino del Bicentenario para la Vivienda Única Familiar (ProCreA), que actualmente depende del Ministerio de Economía que encabeza Luis Caputo, y cuya coordinación la realiza la secretaría de Desarrollo Territorial, Hábitat y Vivienda, que lidera Rodrigo Aybar, las 17.000 casas a lo largo y ancho del país que aún no estén finalizadas se subastarían.

Es en este contexto donde comienza a peligrar la construcción en Gualeguaychú de un complejo habitacional de 88 viviendas que habían comenzado a edificarse mediante el programa Desarrollo Urbanístico Procrear II. El mismo iba a ser construido en el predio delimitado por las calles Brasil, San Juan, Ituzaingó y Misiones, comúnmente conocido como el ex predio del Gas, cedido a través del Banco de Tierras Municipal para poder llevar adelante esta obra.

El complejo habitacional, que ahora está en un limbo, iba a conta con 88 viviendas multifamiliares, locales comerciales, estacionamiento y espacios verdes, y se iba a emplazar en un terreno de más de 7.700 m2. La inversión estimada por parte del Gobierno Nacional era de más de $1.500 millones.

En este contexto, ahora todas las miradas están puestas en cómo se podría continuar con este proyecto habitacional, y los especialistas en el tema afirman que es muy posible que la integridad de la iniciativa termine caída, aunque también rescatan alternativas para poder lograr que las 88 viviendas algún día puedan ser construidas y habitadas.

El germen en la historia

La primera versión del ProCreAr fue como una oleada en Gualeguaychú: se otorgaba un crédito y los beneficiarios tenían que aportar el terreno, que en muchos casos también eran adquiridos con parte de los fondos que habían sido destinados para construir.

Luego, los estados municipales aportaron los terrenos con los servicios básicos, los cuales terminaban siendo barrios enteros a los cuales las personas podían construir sus viviendas al mismo tiempo que abonaban las tierras al Estado. Un ejemplo de esto es el barrio ProCrear ubicado en la zona norte, cerca de la Ruta Internacional Nº 136.

El problema con esta dos opciones es que era muy beneficiosa para el interior del país por la gran cantidad de tierras disponibles, pero no funcionaba en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires, donde la disponibilidad de suelo es casi nula. La única opción en estas metrópolis era la adquisición de un gran terreno y construir allí un complejo habitacional, algo que muy pocos particulares pueden hacer, pero sí las empresas constructoras.

Este última opción fue la que se tomó con el complejo habitacional “88 Viviendas”: Nación decidió financiar a la constructora Neltec S.A. para que se encargue de la edificación de la estructura, mientras que el Municipio sólo se encargó de ceder el terreno.

Ahora, con el fin del ProcreAr, la opción más viable y posible para que este conjunto de apartamentos sea una realidad es dejar todo en manos de los constructores y los bancos privados. 

“Lo lógico, a partir de ahora, es que la constructora gestione con un banco la edificación y que después recupere con la venta de los inmuebles la inversión. Sin embargo, para que esto sea posible primero hay que hacer caer todos los convenios. La letra chica es bastante complicada con el tema de las responsabilidades que tiene cada una de las partes y los tiempos técnicos. Si no se da un marco jurídico claro, esto puede ser un desastre legal”, afirmó un especialista en el tema relacionado con el Colegio de Arquitectos de Gualeguaychú. 

Es acá donde entra en juego la segunda parte del anuncio de Adorni: “Además de esto, se comenzarán a permitir las 'hipotecas divisibles' para proyectos inmobiliarios en desarrollo”. Pero… ¿qué son las hipotecas divisibles?

Es un sistema de financiamiento para inmuebles sujetos a proyectos inmobiliarios que serán subdivididos en unidades funcionales o parcelas individuales, como en el caso de las 88 Viviendas de Gualeguaychú. Estas hipotecas pueden ser transferidas a los adquirentes de las unidades resultantes, junto con la deuda hipotecaria correspondiente.

“Lo razonable en todo el mundo es que los bancos pongan la plata y los grandes proyectos inmobiliarios se construyan con crédito. Lo que está dado de baja ahora es el fideicomiso que financiaba el ProCreAr. Ya no existe más la caja desde donde salía la plata, por lo que hay que buscar otras opciones por fuera del Estado para avanzar con estos proyectos”, apuntó a Ahora ElDía la fuente consultada.

Otra opción es que el Estado Municipal, al igual que realizaron otros Municipios del país, es que pida la cesión de esas obras y continúe la puesta en marcha del proyecto con fondos locales. Sin embargo, esto último encuentra un obstáculo con el proyecto que estaba en marcha en Gualeguaychú debido a que su nivel de avance fue escaso en los meses que estuvo en marcha hasta la paralización de la obra pública que hizo Milei en diciembre pasado. 

De hecho, cuando el ProCrear estaba en marcha convocaba a los interesados a anotarse cuando ya había un avance significativo, pero en el caso de las 88 Viviendas ni siquiera se llegó a abrir la inscripción. 

La crisis habitacional no es ajena a nuestra ciudad, y el hecho de que se esfume la posibilidad de que en un futuro haya 88 departamentos disponibles no ayuda en nada. Habrá que ver cuál es la mejor opción para que la conocida como la Manzana del Gas no termine como una hectárea abandonada y desaprovechada en el medio del casco urbano.