Una situación de extrema tensión se vivió en las primeras horas de la mañana de este domingo en un conocido local bailable de la ciudad. Alrededor de las 6.30, una mujer se vio obligada a accionar el dispositivo del Botón Antipánico (BAP) al advertir que en el mismo recinto bailable se encontraba su expareja, un hombre de 32 años.

Sobre el individuo pesaban medidas de restricción vigentes, notificadas por la Justicia en el marco de una causa abierta por violencia de género.

Tras el alerta generado por el dispositivo, personal de la Sección Comando Radioeléctrico acudió de inmediato al lugar. Los efectivos procedieron a interceptar y trasladar al sujeto hacia la Jefatura Departamental para su correcta identificación y para informar de lo sucedido a las autoridades judiciales de turno.

Posteriormente, desde la Fiscalía de Género se ordenó la aprehensión formal del hombre, quien quedó alojado en celda a disposición de la Magistratura interviniente bajo la imputación del supuesto delito de desobediencia judicial.

Por su parte, la víctima fue asistida y trasladada a la Comisaría de Minoridad y Violencia Familiar, donde radicó la denuncia correspondiente para dejar asentado el incumplimiento de la medida cautelar.

Argentina registró 192 víctimas fatales de violencia de género durante los primeros nueve meses de 2026, según el informe difundido por el Observatorio de Femicidios en Argentina “Adriana Marisel Zambrano”, dirigido por La Casa del Encuentro. Entre Ríos contabilizó siete femicidios y 11 intentos de femicidio durante el período analizado.

Del total registrado en el país, el relevamiento contabilizó 164 femicidios y femicidios vinculados de mujeres y niñas, nueve transfemicidios y 19 femicidios vinculados de varones adultos y niños.

Otro de los datos que surgió del informe fue que 226 hijas e hijos quedaron sin madre, de los cuales el 55% eran menores de edad.

Siete femicidios y 11 intentos en Entre Ríos

El relevamiento ubicó a Entre Ríos con siete femicidios registrados entre enero y septiembre de 2026, mientras que también contabilizó 11 intentos de femicidio en territorio provincial.

En términos absolutos, Buenos Aires fue la provincia con mayor cantidad de casos del país, seguida por Santa Fe y Córdoba.

A nivel nacional, el Observatorio contabilizó además 401 intentos de femicidio, casos que continuaban bajo seguimiento.

Más de la mitad ocurrió en la vivienda de la víctima

El informe reveló que en el 54% de los casos los agresores eran parejas o exparejas de las víctimas.

Asimismo, el 56% de los femicidios ocurrió en la vivienda de la víctima o en el domicilio que compartía con el agresor.

De acuerdo con el relevamiento, 22 víctimas habían realizado previamente una denuncia, cifra equivalente al 15% de los casos analizados. En otras 11 situaciones, los agresores tenían medidas cautelares de prevención.

La Casa del Encuentro planteó que esos datos evidenciaron dificultades en el acceso a la Justicia y cuestionó la efectividad de las medidas de protección en aquellos casos en los que los agresores continuaron ejerciendo violencia.

Además, el informe indicó que 29 femicidas se suicidaron después de cometer los crímenes.

Los contextos registrados

Entre las víctimas contabilizadas, hubo 15 casos en contextos vinculados con la narcocriminalidad y otros 14 presentaron indicios de abuso sexual.

También se registraron siete víctimas migrantes, cinco embarazadas y una perteneciente a pueblos originarios. Otros tres casos fueron contabilizados en presuntos contextos de prostitución o trata.

El relevamiento señaló, además, que ocho de los femicidas pertenecían o habían pertenecido a fuerzas de seguridad.

“La figura de femicidio no puede retroceder”

En el documento, La Casa del Encuentro también manifestó su preocupación ante la posibilidad de que la Corte Suprema adopte una interpretación que, según la organización, podría restringir el alcance del femicidio como agravante contemplado en el artículo 80, inciso 11, del Código Penal.

La entidad sostuvo que el contexto de violencia de género debía probarse respetando las garantías del debido proceso, pero consideró que exigir una relación de pareja, convivencia o antecedentes previos de violencia podría limitar el alcance de la figura.

“La figura de femicidio no puede retroceder”, expresó La Casa del Encuentro.

La organización recordó que elabora relevamientos desde 2008 y participó del proceso que derivó en la incorporación del femicidio como agravante en la legislación argentina.

Finalmente, reclamó el cumplimiento efectivo de las normas vigentes relacionadas con la prevención y atención de la violencia contra las mujeres, la Ley Micaela, la reparación económica para niñas, niños y adolescentes, la asistencia jurídica a víctimas y la lucha contra la trata de personas.

“No naturalicemos las violencias: no son solo datos, detrás de cada víctima hay cientos de víctimas colaterales”, concluyó la organización.

Fuente: ElOnce

La Fiscalía de Federación dio un paso decisivo en la causa que investiga las circunstancias en las que Luna Silvestri, de 27 años, sufrió diversas heridas cortantes tras atravesar un ventanal en una vivienda del barrio San Cayetano.

En las últimas horas, la fiscal Luciana Hermann confirmó que se dispuso la imputación formal del abogado Andrés Pessolani, pareja de la joven y con quien se encontraba en el domicilio al momento del incidente.

Según supo Ahora, aún Pessolani no declaró, derecho que podrá ejercer una vez que se realice la audiencia. La acusación formal será por Lesiones leves agravadas por el vínculo y por el contexto de violencia de género.

El hecho ocurrió el pasado domingo 20 por la noche. Tras sufrir las lesiones sangrantes en distintas partes del cuerpo, la víctima recibió asistencia inicial en el hospital San José de Federación y posteriormente fue derivada al hospital Delicia Concepción Masvernat de Concordia para una evaluación de mayor complejidad.

Finalmente, los profesionales médicos determinaron que las lesiones revestían carácter leve, por lo que la mujer culminó su recuperación en el nosocomio local sin mayores complicaciones.

La investigación se inició de oficio por intervención directa de la fiscal Hermann, quien desde las primeras horas estuvo presente en la escena e indicó que no era necesaria una denuncia previa de la víctima para actuar.

Tras recolectar elementos de interés, relevar datos e inspeccionar la propiedad, la funcionaria descartó que se tratara de un simple accidente doméstico y avanzó en la imputación contra Pessolani para esclarecer la responsabilidad penal en el hecho.

Con información de Chajari al Día / La Última Campana

Este sábado por la noche, alrededor de las 22:40 horas, efectivos de la Comisaría Novena acudió a la intersección de Juan Esteban Díaz y Río Gallegos, ante un presunto hecho de violencia de género.

Una vez en el lugar, los policías entrevistaron a una mujer de 27 años, quien manifestó que se había hecho presente en el domicilio de su expareja, un hombre de 31 años, con el propósito de retirar sus pertenencias.

Según relató, en el interior de la propiedad se produjo una discusión, durante la cual el hombre la habría golpeado contra una pared y posteriormente amenazado con una cuchilla.

Ante esta situación, el violento fue aprehendido y se procedió al secuestro de una cuchilla, quedando las actuaciones a disposición de la UFI de Género.

Asimismo, intervino personal de la Comisaría de Minoridad y de Comisaría Cuarta.

A poco de inicio de su juicio en los Tribunales de Gualeguaychú y a poco de haber cambiado de abogado defensor, el funcionario policial que hace un año atrás baleó con su arma reglamentaria a su esposa Carolina Huck y luego se disparó en la cabeza, aceptó adecuarse a un proceso abreviado para disminuir su pena, y con el consentimiento de la víctima, recibió una pena que le demandará una década en la cárcel.

Como ya se encontraba preso en la Colonia Penal de El Potrero, el procedimiento ante el juez Tobías Podestá se realizó por videoconferencia y en esa audiencia quedó automáticamente firme la sentencia, renunciando a las demás instancias de apelación.

De esta forma, y a un año del lamentable episodio, se pone fin a un hecho trágico que por poco le costó la vida a la docente, pero que le dejó secuelas físicas irreversibles. Huck aceptó también cerrar este acuerdo abreviado para evitar atravesar por todo el proceso penal en donde debía declarar y exponer además a la hija de ambos como posible testigo.

Todo sucedió el 24 de agosto de 2025 en la vivienda ubicada en Gutenberg y La Rioja. Esa noche, Corvalán le disparó con su arma reglamentaria a Huck y luego llamó al Comando Radioeléctrico contando lo sucedido, requiriendo una ambulancia. Cuando el personal médico arribó al domicilio, él mismo ayudó a cargar a su esposa y antes que llegara el móvil de la Comisaría Cuarta, se disparó en la puerta de su casa.

El panorama era trágico. Los dos estaban vivos, gravemente heridos y parecían tener los minutos contados. Ella tenía una lesión abdominal y Corvalán se había disparado en el mentón. El proyectil ingresó por la parte baja de la mandíbula, en dirección ascendente, con orificio de salida en la parte frontal derecha.

Fueron intervenidos quirúrgicamente y ambos permanecieron en grave estado en Terapia Intensiva. Las expectativas de sobrevida eran pocas y las siguientes 72 horas eran determinantes. El estado de salud del policía y de su esposa de 31 años, era de extrema gravedad. Ella tenía una lesión toracoabdominal. Se le extrajo el bazo y tenía comprometidos los pulmones. En tanto, Corvalán tenía una lesión cerebral, e incluso tuvo pérdida de masa encefálica.

Pero transcurridas las primeras 24 horas, la situación cambió. Los dos mostraron estabilidad dentro de sus críticos diagnósticos. El disparo que se ejecutó Corvalán había roto las meninges en el lóbulo frontal y gracias al trabajo que realizó el neurocirujano en la primera intervención se logró mantenerlo con vida. Estuvo sedado para su adaptación al respirador mecánico y en ese primer día de internación mostró buenos parámetros bioquímicos y signos vitales.

Una semana después del terrible hecho, y contra todos los pronósticos de recuperación, Carolina Huck y Mariano Corvalán, abandonaron la Terapia Intensiva y fueron trasladados a una sala común del Hospital Centenario para seguir con la recuperación. Corvalán perdió un ojo, pero fue Huck la que se llevó la peor parte: durante su internación se confirmó que había sufrido “una sección completa de médula con paraplejia”, que le dejó una parálisis de ambos miembros inferiores.

En septiembre, Carolina inició un proceso de recuperación en un centro de neurología y recuperación psicofísica en Galarza, en el cual tiene depositadas todas sus esperanzas para hacer frente a un futuro completamente diferente al que conocía.

Crónica de un día lamentable

Ese domingo, Corvalán se levantó temprano para ir a trabajar, regresó pasado el mediodía para descansar porque por la noche volvía a trabajar en la Policía, mientras que ella se fue por la tarde a un cumpleaños. Cuando regresó se puso a trabajar en unas tareas de sus alumnos que debía entregar al día siguiente y fue en ese contexto que comenzó la discusión que terminó en tragedia.

Corvalán le recriminaba que ella trabajaba mucho, pero la mujer lo asumía como algo sumamente necesario para cubrir las cuestiones económicas de la familia. Se le hacía imposible trabajar sólo por las mañanas, como el hombre pretendía. Incluso, dos compañeras de trabajo ratificaron que las discusiones giraban en torno a lo económico y la crianza de su hija de 5 años.

Corvalán fue el primero de ambos en dejar el Hospital Centenario. A la semana de haber sido operado de urgencia y de permanecer las primeras horas en un coma, salió de la Terapia Intensiva y siete días después dejó la sala común donde había sido alojado.

En los albores de la investigación se conoció un dato que sobresalió en todo lo que respecta al trágico hecho. Después de balear a Carolina Huck, Corvalán se sacó una foto selfie con su teléfono, junto a su pequeña hija, y la publicó en su estado de Whatsapp con la leyenda: “Papá siempre va a estar con vos”.

Esta publicación fue subida como historia a las 21.26 del domingo 24 de agosto. No está certificado el horario del momento exacto en que Corvalán le disparó a Carolina Huck, pero lo que si fue confirmado es que a las 21.28, la víctima le envió un audio de Whatsapp a una amiga contándole que su esposo la había baleado.

Desde que salió de su internación en el Hospital Centenario, Corvalán quedó preso con prisión preventiva. Pasó por la Comisaría del Menor y la Mujer y posteriormente fue trasladado a la UP9. Desde allí nunca más abandonó la cárcel y tras esta condena continuará alojado en ese penal por 9 años más.

Alrededor de las 04.50 horas, personal policial de la Comisaría Sexta intervino ante un hecho de violencia de género ocurrido en inmediaciones del Barrio 348.

Al arribar al lugar, los efectivos constataron que un hombre de 30 años, quien se encontraba en estado de ebriedad, había mantenido una discusión con su pareja. Durante el altercado, el individuo rompió una taza, (autolesionándose con un fragmento de la misma), y provocándose un corte en la muñeca.

Ante la urgencia de la situación, el personal policial procedió a trasladarlo al Hospital Centenario, donde recibió atención médica y posteriormente fue dado de alta.

Tras poner en conocimiento de lo sucedido a la UFI de Género, se dispuso la entrevista de ambas partes y que el hombre no regresara al domicilio.

Al ser notificado de dicha medida, el sujeto adoptó una actitud agresiva e intentó dirigirse nuevamente hacia la vivienda, desoyendo las indicaciones impartidas por los funcionarios policiales.Ante su conducta y resistencia al accionar policial, se procedió a su aprehensión, siendo trasladado a la Jefatura Departamental, donde quedó a disposición de la autoridad judicial competente por el delito de Resistencia a la Autoridad.

En horas de la madrugada, personal de la Comisaría Octava, intervino ante un hecho de incumplimiento de medidas judiciales y lesiones leves, ocurrido en el barrio Guevara.

Los efectivos recibieron un llamado al Comando Radioeléctrico que alertó sobre un hombre que se encontraba amenazando con un arma blanca a una mujer. Al arribar, los funcionarios observaron que el sujeto, al advertir la presencia policial, intentó darse a la fuga, pero fue rápidamente interceptado y demorado.

En el lugar, los efectivos entrevistaron a una mujer de 42 años, quien manifestó que el hombre tenía medidas judiciales vigentes y que, momentos antes, se había presentado en su domicilio con intenciones de ingresar. Ante su negativa, la habría empujado y accedido al interior de la vivienda, donde tomó un cuchillo y comenzó a amenazarla. En esas circunstancias, la mujer intentó quitarle el arma blanca, produciéndose un forcejeo durante el cual sufrió un corte en su mano derecha. 

Asimismo, se dio intervención a personal de la Comisaría de Minoridad y Violencia Familiar, quienes trasladaron a la damnificada para recibir atención médica y formalizar la correspondiente denuncia.Por disposición de la Fiscalía de Género, el hombre, de 44 años, quedó detenido y a disposición de la autoridad judicial competente.

Fernando Cerimedo, ex asesor de La Libertad Avanza (LLA), se negó a declarar este martes en el marco de la causa que lo tiene como imputado por ‘tentativa de femicidio’ en perjuicio de su ex pareja, Nadia Beller, en la ciudad boliviana de Santa Cruz de la Sierra.

En consecuencia, el consultor político permanece bajo custodia de la policía local en La Paz, la capital boliviana, donde se desempeñaba como asesor de Rodrigo Paz Pereira, el presidente del país vecino.

Cerimedo está acusado de ser el autor intelectual del ataque a tiros contra Beller, quien este lunes fue abordada por dos desconocidos mientras estaba en la puerta de un hotel en Santa Cruz de la Sierra.

Por su parte, el fiscal general Roger Mariaca aclaró que la responsabilidad por el intento de asesinato contra la abogada -de 33 años- no se limita solamente al ex asesor del presidente Javier Milei, ya que según adelantó podrían haber otros autores intelectuales detrás del atentado.

Ante este panorama, la Justicia del país andino intentará identificar a quienes planificaron el ataque y establecer una relación con los sicarios, quienes le dispararon tres veces a la víctima.

El actual asesor del presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, fue detenido cuando se disponía a abordar un vuelo con destino a Buenos Aires, pocas horas después del ataque.

Una vez detenido, fue trasladado a dependencias de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (FELCC) y quedó a disposición de la Justicia.

El ataque tuvo lugar el lunes por la noche cuando dos hombres vestidos como repartidores llegaron en una moto robada al hotel en el que Beller había sido citada para un supuesto compromiso laboral.

Uno de ellos abrió fuego mientras que los otros dos le robaron, uno la cartera y el otro el celular. Los tres se dieron a la fuga en otro vehículo.

Beller, a raíz de los tres disparos, fue llevada de urgencia a una hospital de Santa Cruz, donde en diálogo con el medio boliviano DTV responsabilizó a Cerimedo por el ataque. “Él (Cerimedo) me mandó a los sicarios, él sabe quiénes son”, afirmó y agregó: “Si no fingía estar muerta, me remataban”.

Un joven de 19 años fue detenido durante la madrugada de este domingo en Villaguay, acusado de haber agredido a su madre, de 39 años, con una botella de vidrio. La mujer sufrió un corte en el cuero cabelludo y debió ser trasladada al Hospital Santa Rosa.

El hecho ocurrió en las primeras horas de este domingo. Personal de la Jefatura Departamental Villaguay intervino en inmediaciones de la garita policial ubicada sobre avenida Tomás de Rocamora, donde procedió a la aprehensión del joven.

De acuerdo con la información policial, el joven habría atacado físicamente a su madre utilizando una botella de vidrio, provocándole una lesión en la cabeza.

La mujer fue asistida y trasladada en ambulancia al Hospital Santa Rosa para recibir atención médica.

Tras ser informado sobre lo ocurrido, el fiscal en turno dispuso la detención del joven y ordenó continuar con las actuaciones. También intervino la Comisaría de Minoridad y el médico policial.

En la madrugada de este jueves, personal policial de Comisaría Segunda intervino en un procedimiento por el presunto delito de desobediencia judicial, en inmediaciones de las calles Montevideo y Concordia.

El hecho se originó a raíz de la activación de un Botón Antipánico (BAP), por parte de una mujer de 28 años. La denunciante, que se comunico con el Comando Radioeléctrico, informó que su expareja, un hombre de 39 años, se encontraba dentro de su domicilio, por lo que se dispuso el envío de personal policial y motorizados en apoyo.

Al arribar al lugar, los efectivos encontraron al hombre en el interior de la vivienda, en un estado de exaltación, mientras la mujer le solicitaba que se retirara. Al intentar abandonar el domicilio, el mismo fue aprehendido, en comunicación con la fiscalía en turno, dispuso las diligencias de rigor.

Facundo Moyano, hijo del sindicalista, se encuentra demorado tras un amplio operativo policial y del SAME en el barrio porteño de Belgrano por presunta agresión a su novia.

De acuerdo al parte policial, personal de la Comisaría Vecinal 13A de la Policía de la Ciudad acudió pasadas las 05.00hs hasta la avenida Del Libertador al 5414 por una persona sufriendo un ataque y una mujer desnuda que corría en la vía pública.

Los agentes se entrevistaron con el encargado del edificio, quien manifestó que la pareja salió del inmueble, por lo que personal policial logró interceptarlos en el cruce de las calles Virrey Vertiz y Sucre. Según supo este medio, ambos se encontrarían bajo os efectos de estupefacientes.

Acerca de la mujer, se indicó que se trata de Candela Arizaga, de 23 años, quien acusó a Moyano de haberla agredido.

La joven fue trasladada por el SAME al Hospital Pirovano, mientras que el dirigente político fue trasladado a la comisaría 13A en calidad de demorado.

Se realizó consulta con la UFLA Norte y se aguardan las medidas que se deban adoptar. Se ordeno al personal implantar un perímetro extenso.

Fuente: NA

En horas de la noche del miércoles, alrededor de las 23:20, personal de la Comisaría Novena intervino en Plaza del Barrio Vicoer Rioja tras ser comisionado por el Comando Radioeléctrico, por una presunta agresión en el marco de una discusión de pareja.

Al arribar al lugar, los efectivos entrevistaron a una mujer de 24 años y a un joven de 22 años, quienes manifestaron mantener una relación de pareja y que momentos antes habían protagonizado una discusión, presuntamente originada por celos.

Como consecuencia del altercado, la mujer presentaba un golpe en el rostro, que habría sido ocasionado con un casco por parte del masculino.

La victima fue trasladada a la Comisaría de Minoridad y Violencia Familiar con la intención de radicar la correspondiente denuncia. No obstante, una vez en sede policial, desistió de formalizar la misma, dejándose constancia mediante el informe correspondiente.

Por disposición de la autoridad judicial interviniente, el joven quedó aprehendido en el marco de una causa por lesiones en contexto de violencia de género.

En la madrugada de este miércoles, alrededor de las 03:00 horas, personal de Comisaría de Minoridad tomó intervención tras ser informado por personal policial de guardia en el Hospital Centenario sobre el ingreso de una mujer de 28 años con una lesión en la cabeza.

De las primeras averiguaciones surgió que la lesión se habría producido en un contexto de violencia de género, tras un incidente ocurrido con su pareja. La mujer manifestó en un primer momento no tener intenciones de radicar la correspondiente denuncia.

Examinada por el médico de guardia, se constató una herida profunda en el cuero cabelludo, que requirió la aplicación de puntos de sutura.

Puesta en conocimiento la Fiscalía de Género, se dispuso la aprehensión del masculino, de 29 años de edad, y la realización de las diligencias de rigor, quedando alojado en dependencia policial a disposición de la magistratura interviniente.

En la madrugada de este domingo, efectivos de la Policía que se encontraban prestando servicio en un boliche de la Costanera debieron intervenir ante un presunto hecho de violencia de género.

Una joven de 18 años se presentó ante los policías e identificó a un hombre de 25 años, manifestando que momentos antes había sido agredida físicamente por él dentro del local.

Tras recabar la información correspondiente e identificar al señalado, se dio intervención a la Fiscal de Género de turno, quien dispuso la aprehensión del masculino y la recepción de la denuncia de la damnificada.

En consecuencia, personal de la Sección Comando Radioeléctrico procedió al traslado del aprehendido a la Jefatura Departamental, donde quedó a disposición de la autoridad judicial interviniente.

Por su parte, la joven manifestó que se presentaría por sus propios medios para formalizar la correspondiente denuncia.

Las causas por violencia familiar en Gualeguaychú se convirtieron en el principal desafío para los Equipos Técnicos Interdisciplinarios (ETI) del Poder Judicial.

"Las intervenciones que, por gran diferencia, presentan un mayor caudal, son las del fuero de Familia y, dentro de ellas, los trámites pertenecientes a las violencias", explicó Simón Ghiglione psiquiatra del ETI local.

Según detalló, el fenómeno creció de manera sostenida durante la última década: “En los diez años que llevo dentro del Poder Judicial se ha visto un incremento exponencial de la cantidad de intervenciones, principalmente en las causas de violencia de género y violencia familiar”.

Ghiglione remarcó que muchas de esas denuncias tienen un origen común: “En el caso del juzgado de familia una importante cantidad de las intervenciones caratuladas como violencias familiares, son situaciones denunciadas que podríamos considerar conductas agresivas desprendidas de la problemática de consumo de sustancia, lo que nos muestra la búsqueda de una resolución de dicha sintomatología, propia del cuadro, en el sistema judicial”.

Esto refleja que numerosas familias recurren a la Justicia porque no encuentran otro ámbito que pueda brindarles respuestas: “Esto ocurre ante la falta de respuesta del sistema de salud y la merma de los dispositivos comunitarios que acompañen a estas personas”.

Sin embargo, aclaró que el Poder Judicial no siempre puede ofrecer la solución que las familias esperan: “La respuesta por medio de imposiciones judiciales dista mucho de lo solicitado. Es una demanda que debería ser brindada por el sistema de salud”, señaló y agregó: “El incremento de las intervenciones de causas de violencias y el consumo problemático de sustancias son dos de las problemáticas más preocupantes y complejas que estamos afrontando como sociedad”.

También advirtió que el volumen de expedientes dificulta el trabajo interdisciplinario previsto por la legislación vigente: “Se exige resolver las intervenciones en tiempos acotados e insuficientes, lo que nos lleva a la automatización del trabajo y a priorizar la cantidad de causas por sobre la profundidad de cada abordaje”.

En ese contexto, valoró la incorporación de nuevos profesionales a los ETI de la jurisdicción: “Es un aliciente para nosotros y que esperamos descomprima el trabajo a los fines de poder sostener modalidades más acordes a la demanda y las normativas vigentes”. Aunque expresó preocupación por otra dificultad: la falta de médicos psiquiatras interesados en cubrir cargos dentro del Poder Judicial. “Los llamados no pueden cubrirse en su totalidad porque no hay inscripciones de profesionales. Muchos optan por la actividad privada”, afirmó.

Ghiglione consideró que el problema excede ampliamente a la Justicia: “El abordaje de la violencia debe ser tomado en un sentido mucho más amplio que la sola intervención judicial. Tiene que involucrar al sistema de salud, las escuelas, los clubes, las organizaciones comunitarias, los medios de comunicación y a toda la sociedad”.

Por último, reflexionó sobre el rol de la crisis en el aumento de la violencia: “En los momentos de crisis sociales y económicas se ve un incremento de la conflictiva dentro de los ámbitos familiares e interpersonales. Esto no sólo lo veo a partir de las intervenciones judiciales, sino también en el incremento de la demanda de consultas dentro de la actividad privada como psiquiatra infanto-juvenil y las necesidades de tratamiento en los diferentes grupos etarios ya que las mencionadas crisis atraviesan a todo el espectro social”.

En la madrugada del sábado, alrededor de las 2:30, personal de Comisaría Segunda intervino en un hecho ocurrido en la intersección de calles Saraví y Troisse, en el marco de una causa por presunta violencia de género.

De acuerdo con las primeras actuaciones, una mujer de 37 años manifestó que se dirigió al domicilio de un amigo donde se encontraba su pareja, un hombre de 47 años. En ese lugar se produjo una discusión durante la cual, según denunció, el sujeto le habría propinado un golpe en la frente, presentando la víctima una lesión visible.

Ante la situación, se realizaron las diligencias de rigor y se procedió a la aprehensión del hombre, quien quedó a disposición de la Fiscalía de Género interviniente.

Asimismo, personal de la Comisaría de Minoridad y Violencia Familiar colaboró con la recepción de la denuncia y las actuaciones correspondientes.

El posteo en el que la sexóloga Cecilia Ce anunció su separación de Nacho Levy, líder de La Garganta Poderosa, y expuso situaciones de violencia de género, sigue generando repercusiones. Su testimonio recibió el apoyo de muchas mujeres que le mandaron mensajes para agradecerle por dar a conocer lo que vivió.

“Así, miles de mensajes. Miles”, escribió en una historia de Instagram junto a la captura de una conversación privada donde valoraban su valentía. En el intercambio se destacaba una frase que se repitió entre muchas de sus seguidoras: “Gracias por hablar”.

El respaldo masivo llegó después del fuerte descargo en el que describió conductas vinculadas al control de las redes sociales, las discusiones nocturnas y la privación del descanso. “Por suerte pude salir”, remarcó al cierre de la historia de Instagram que se volvió viral. Aunque no mencionó directamente a Levy, sus palabras fueron una referencia clara al final de la relación que había hecho pública en noviembre de 2025.

Además de los comentarios de sus seguidores, varias mujeres salieron públicamente a respaldarla y a compartir experiencias o reflexiones relacionadas con el dirigente social.

Una de las primeras en pronunciarse fue una expareja de Levy, que usó su cuenta de X para remarcar cuán necesario era visibilizar las violencias que pueden ejercerse desde posiciones de poder. Además, cuestionó a quienes construyen una imagen pública asociada a la defensa de derechos mientras, según su visión, reproducen conductas dañinas en el ámbito privado.

También calificó a Levy como un “ser nefasto” en su cuenta de X y alentó a otras mujeres a contar sus experiencias.

Otra de las voces que se sumó fue la periodista y también militante popular Julia Eva Saggini, quien trabaja en Crónica. A través de sus redes, aseguró que muchas personas conocían desde hacía tiempo versiones sobre comportamientos similares atribuidos al referente de La Poderosa. “Todas sabíamos quién es y qué hace Nacho Levy con las mujeres y conocemos a sus víctimas”, escribió, al tiempo que explicó que, según su visión, el silencio se sostuvo durante años por miedo o para proteger a quienes no deseaban hablar públicamente.

La escritora Zuleika Esnal también publicó un video en Instagram para referirse al tema. Allí aseguró conocer a mujeres que atravesaron experiencias difíciles después de haber mantenido vínculos con Levy y explicó que muchas optaron por no exponer públicamente sus historias.

“Yo intento acompañar cuando la persona no quiere hablar o denunciar públicamente, ¿por qué no quieren? Por miedo”, expuso. Luego, describió el accionar del referente de La Poderosa: “Son vivos y se han rodeado de gente grosa e intachable, entonces hay que pensárselo antes de hablar de estos personajes”. Y completó: “Muchas han callado, yo no; no nací para hacerme la boluda”.

Por último, la actriz Gloria Carrá, expareja de Levy, rompió el silencio en redes sociales y mostró su apoyo a Ce. “Ante los mensajes que estoy recibiendo, quiero decir lo siguiente: me solidarizo con todas las mujeres que atravesamos situaciones de violencia. Sé que no es un camino sencillo y que todas merecemos ser escuchadas, acompañadas y respetadas“, comenzó escribiendo.

Nacho Levy estuvo en pareja con Gloria Carrá. (Foto: Instagram/gloria_carra)

Y concluyó: “Frente a los hechos de público conocimiento, les cuento que, desde el primer momento, me comuniqué en forma privada para brindar mi acompañamiento. “Hoy elijo no hacerlo públicamente. Es la manera que encuentro de cuidarme. También creo que tenemos derecho a elegir cómo atravesar estos momentos. A veces el camino implica hablar, y otras veces implica preservar la propia intimidad. Ambas decisiones merecen respeto”.

Fuente: TN

Cada 3 de junio es una invitación para reflexionar sobre cuáles continúan siendo los “talones de Aquiles” para erradicar de una vez por todas la violencia contra la mujer. En ese contexto, AhoraElDía dialogó en exclusiva con las fiscales de género Carolina Costa, Alejandra Montiel y Eliana Ghiglione.

Uno de los principales obstáculos que mencionaron las fiscales es la escasez de recursos humanos para abordar la magnitud de las denuncias. La fiscal Alejandra Montiel señaló que “la falta de recursos es la traba más importante que tenemos para poder cumplir la función que tenemos y para los proyectos que podamos tener para el abordaje de la problemática”.

Según explicó, actualmente son tres fiscales las que intervienen en causas de violencia de género, con equipos reducidos. “La falta de recursos humanos es fundamental. Si bien somos tres fiscales que nos desempeñamos en violencia de género, tenemos pocos empleados para desempeñar la función”, indicó.

La escasez de personal también atraviesa a otras instituciones que participan en el abordaje de estos casos. “En el Juzgado de Familia, en el Hospital y en la Policía también falta mucho personal. Más allá de la voluntad de los empleados, el recurso humano es insuficiente”, agregó Montiel.

Para la fiscal Eliana Ghiglione, el ingreso de un caso al sistema judicial suele ser el resultado de un problema mucho más amplio. “Cuando un conflicto llega a la Justicia es porque fallaron un montón de otros mecanismos”, sostuvo.

La funcionaria explicó que la violencia de género es una problemática compleja que no puede resolverse exclusivamente desde el ámbito penal. “Es una problemática multifactorial. El problema y la solución vienen de la mano de todas las instituciones que intentamos articular”, afirmó.

Desde el punto de vista judicial, la intervención se centra en investigar delitos y aplicar sanciones cuando corresponde. Sin embargo, Ghiglione reconoció que eso no siempre alcanza para modificar conductas violentas.

“Muchas veces se espera una respuesta de la Justicia que intentamos dar en el marco de nuestra competencia, pero es difícil erradicar en la persona denunciada patrones de violencia sencillamente con una condena”, explicó.

Incluso, advirtió que la reiteración de situaciones violentas es frecuente. “Una vez que obtenemos una condena, después vemos que esa misma persona está con otra causa con otra chica”, señaló.

Cuando se logra una condena, las fiscales piden que se incluyan consultas con un profesional psicológico, y la realización de cursos con perspectiva de género para el imputado.

“El taller que hace la Casa Alas ‘Voces de Cambio’ ha sido un quiebre muy bueno en estos últimos años, porque implica entender que no sólo la victima tiene que ser abordada, sino también el victimario”, resaltó Ghiglione.

“A nosotras lo que más nos importa no es la condena, sino los resultados. Si logramos abordar una persona que ha sido violenta y superar esta situación lograríamos mejores resultados en nuestras víctimas, sería lo ideal. Y ahí volvemos a caer en la falta de recursos, muchas veces acordamos reglas de conducta referentes a un turno en el Hospital, que es donde por lo general van las personas con menos recursos, y los turnos son muy lejanos porque están muy desbordados. Nosotras tenemos que actuar por una condena, pero estaría bueno que lográramos este abordaje con las personas que ejercen este tipo de violencia, para tratar de cambiar la situación a futuro”, agregó Montiel.

Las fiscales también observaron que muchas víctimas vuelven a involucrarse en relaciones violentas. Montiel explicó que estos casos son habituales y están relacionados con historias personales marcadas por la violencia.

Según describió, en muchos casos las personas crecieron en entornos donde la violencia era parte de la dinámica familiar. “En la mayoría de los casos vienen con un patrón de violencia desde la familia y lo van desarrollando a lo largo de sus vidas”, afirmó.

A esa situación se suman otros factores que profundizan la vulnerabilidad. “Muchas veces las relaciones están atravesadas por consumo problemático, falta de trabajo, dependencia emocional y económica absolutas”, explicó la fiscal.

La dependencia económica es uno de los elementos que más condiciona las decisiones de las víctimas. Ghiglione lo resumió en una frase que suele repetir en audiencias: “Cuando no podés darle de comer a tus hijos, no podés pensar en tu propia seguridad”

Ese contexto explicó por qué algunas mujeres piden levantar medidas de protección o se retractan de las denuncias. Montiel señaló que “el sostenimiento de la familia hace que pidan que se levanten las medidas y muchas veces justifican la violencia que reciben”.

Estas situaciones también dificultan las investigaciones judiciales. Sin embargo, el sistema penal permite continuar con el proceso aun cuando la víctima decida no avanzar, siempre que existan pruebas suficientes.

“Hemos ido a juicio incluso cuando la víctima no quería continuar, y hemos logrado condenas”, explicó Ghiglione. Y agregó: “Esto es posible porque la violencia de género es un problema público, entonces cuando se pone en marcha el mecanismo es decisión del Estado seguir adelante si hay elementos”.

Al respecto, Costa reflexionó: “El mundo sigue siendo machista, y sería bueno que no sólo hubiera una fiscalía de género, sino también un tribunal de género, y jueces que juzguen con perspectiva de género. Y en eso la inversión pública es muy importante, invertir en herramientas para erradicar la violencia de género, en espacios de acompañamiento psicólogos, dotar al área de Salud Mental, no solo con un consultorio, sino con un seguimiento en lo que podría ser un hospital o centro de día, entre otras herramientas que se pueden plantear”.

Otro de los desafíos es la recolección de pruebas. Montiel explicó que muchos hechos ocurren en ámbitos privados. “Son los llamados delitos de alcoba, que ocurren en la intimidad de la casa”, detalló.

En esos casos, las fiscalías recurren a otras herramientas de investigación. “Hacemos pericias e intentamos buscar testimonios de amigas, familiares o vecinos que hayan escuchado algo”, indicó.

También recordó que la mayoría de las denuncias se realizan después de años de violencia.

Las fiscales aclararon que no todas las situaciones de violencia constituyen delitos penales. Ghiglione explicó que para que intervenga la Justicia debe existir una conducta prevista en el Código Penal. “Para que haya un juicio tiene que haber un delito”, afirmó.

Entre los más frecuentes aparecen amenazas, lesiones, daños materiales, violación de domicilio, hurtos o abusos. También es habitual el delito de desobediencia judicial.

“Cuando pedimos una medida como una perimetral o una exclusión y el agresor la viola, ahí tenemos el delito de desobediencia judicial”, explicó.

Para la fiscal Carolina Costa, este tipo de conductas son especialmente graves. “El victimario demuestra que nada lo frena, ni siquiera la medida de un juez”, señaló.

En la mayoría de los casos, el detonador de la violencia suelen ser los celos. Además, el consumo de alcohol y drogas aparece como un factor recurrente en las denuncias. Costa remarcó que “el componente de la droga y el alcohol es tremendo”, mientras que Ghiglione agregó que “es muy común que una víctima diga que su pareja empezó a tomar y ese fue el disparador de la situación más álgida”.

Montiel también señaló que el consumo no sólo atraviesa a los agresores. “Las víctimas también están atravesadas por el consumo y eso potencia cualquier peligro”, advirtió.

La responsable del Área de Género municipal y del dispositivo de protección Alas Desatadas, Claudia Fiorotto, coincidió en que el consumo problemático se volvió cada vez más frecuente en las situaciones de violencia.

“Que una persona consuma no necesariamente quiere decir que sea violenta, pero una persona que es violenta y está en consumo lo potencia”, destacó.

Según detalló, en los últimos años el fenómeno se profundizó. “Cuando empecé a trabajar con esta problemática, hace unos diez años, uno o dos de cada diez casos involucraban al consumo. Hoy son once de diez porque hasta los hijos están en consumo”, afirmó.

En muchos casos, las mujeres que denuncian no pueden volver a su casa. Para esas situaciones funciona el dispositivo municipal Alas Desatadas.

La fiscal Carolina Costa destacó su importancia, ya que no existe en todas las localidades. “Hoy sabemos que algunas mujeres no pueden volver a su domicilio, y hasta que no llegan al dispositivo no nos quedamos tranquilas”, señaló.

El espacio ofrece alojamiento temporal, acompañamiento psicológico y talleres con salida laboral. Según Fiorotto, el objetivo es promover la independencia económica de las mujeres.

“Nuestro lema es que volver con el violento no es una opción, y para que eso ocurra tenemos que mostrar otro camino: el de la autosustentabilidad”, explicó.

Para Fiorotto, uno de los mayores desafíos sigue siendo cultural. Muchas situaciones de violencia comienzan con conductas que la sociedad tiende a minimizar.

“Estamos tan acostumbrados a normalizar las microviolencias que cuando llegamos a la macroviolencia todos nos asustamos”, sostuvo.

La referente también destacó que la violencia atraviesa todas las clases sociales. “En las clases altas los muros son gruesos y los gritos no se escuchan; en las clases bajas los muros son finos y se escucha todo”, graficó.

Es por esto que el lunes 9 de marzo realizarán una jornada de reflexión y concientización en el Centro Cultural “Luis María Lujan” a las 17.30 horas.

Las fiscales coincidieron en que la respuesta judicial es sólo una parte del problema. Para Ghiglione, el trabajo preventivo es clave.

“Tiene que haber políticas públicas que empiecen desde las infancias. Por eso es tan importante la educación sexual integral”, señaló.

También destacaron el rol de la comunidad. Hoy la ley permite que vecinos o terceros denuncien situaciones de violencia. “Tenemos muchos vecinos que denuncian lo que pasa al lado de su casa”, explicó Ghiglione.

Mientras tanto, las denuncias continúan creciendo. “En sólo dos semanas de febrero hicimos 30 aperturas de legajos”, contó la fiscal.

Para Montiel, ese número refleja la dimensión del problema. “El nivel de violencia que hay es mucho. Aun con todos los avances, sigue siendo enorme el trabajo que tenemos por delante”, concluyó.

Por su parte, Ghiglione remarcó que “la Educación Sexual Integral es fundamental para erradicar los patrones de violencia porque involucra trabajar las infancias. Es importante entender que sin un Estado presente que aborde la temática en toda su amplitud y que empieza siempre desde las infancias, es imposible terminar con este problema”.

A su vez, Costa hizo hincapié en la necesidad de que haya un espacio de asistencia a la víctima, porque cuando el denunciado es excluido a la mujer le quedan otros temas pendientes, como la cuota alimentaria, el régimen de visita si tiene hijos, entre otros aspectos.

“Nosotros la podemos asesorar, pero es tanta la información que recibe cuando vienen a hacer una denuncia, que estaría bueno que exista un espacio donde se le ayude a transitar esas otras situaciones que tiene, a dónde ir, cómo hacerlo, debería estar mucho más aceitado ese mecanismo”, resaltó.

Referentes del movimiento feminista Ni Una Menos se pronunciaron tras el asesinato de la adolescente de Córdoba Agostina Vega (14). Al respecto, sostuvieron que "hay un montón de subregistro de femicidios" en el Gobierno de Javier Milei y vincularon este hecho con "la idea de que la violencia no tiene género" para la gestión libertaria.

"Dijeron que no eran femicidios sino 'homicidios de mujeres'. Eso implica una torsión cognitiva sobre el modo de leer esa violencia que desestructura un acumulado político de mucho tiempo", sostuvo en diálogo con Futurock la socióloga Lucía Cavallero.

A su vez, sostuvo que "hay una intencionalidad política que no puede hacernos descansar en la cuenta matemática de la cifra de los femicidios": "Hicieron una conferencia diciendo que bajaron los 'homicidios de mujeres' al mismo tiempo en que nosotras decíamos que Agostina había sido asesinada con un ensañamiento propio de los femicidios", reflexionó la mujer.

La socióloga aclaró que "el feminismo no habla solamente de las mujeres" sino de un "lazo social" y que las relaciones sociales en la Argentina "se están reorganizando a partir de la aplicación de este ajuste en todos los ámbitos".

A su vez, destacó que "la cifra de femicidios es una tendencia que tiene muy pocas variaciones y expresa fenómenos estructurales". En esa línea, aclaró que existe un subregistro de esta clase de crímenes sucedidos durante este Gobierno "porque está la idea de que la violencia no tiene género".

"Dijeron que bajaron los 'homicidios de mujeres' mientras decíamos que Agostina fue asesinada con un ensañamiento propio de los femicidios", reflexionó Cavallero.

La organización Ni Una Menos cuestionó este lunes el accionar del Poder Judicial en el caso de Agostina Vega, apuntó contra el fiscal Raúl Garzón y criticó a la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, al denunciar una “desidia organizada desde el Estado” y advertir sobre un contexto de violencia de género desatendida.

Durante una conferencia de prensa, la referente Lucía Cavallero sostuvo que “este gobierno ejerce un antifeminismo de Estado” y definió el femicidio como “una desidia organizada desde el Estado”, en referencia a la actuación judicial en la búsqueda de la adolescente.

La socióloga también remarcó que el caso evidenció fallas estructurales y apuntó a las condiciones sociales de la víctima: aseguró que “la opción por la desidia está directamente relacionada con las condiciones de la víctima” y cuestionó que se haya vuelto a poner el foco sobre ella.

Durante la madrugada de este domingo, personal policial intervino en dos episodios de violencia de género ocurridos en diferentes puntos de la ciudad, que culminaron con la detención de dos hombres y la intervención de la Fiscalía de Género.

El primero de los procedimientos estuvo a cargo de efectivos de Comisaría Sexta y tuvo lugar en una vivienda del Barrio Quijano. La Policía fue comisionada al lugar tras una alerta por una presunta situación de violencia de género. Al arribar, los uniformados se entrevistaron con una mujer, quien relató haber mantenido una discusión con su ex pareja, un hombre de 27 años. Según indicó, sobre el involucrado pesaban medidas judiciales de prohibición de acercamiento que se encontraban vigentes.

Ante esta situación, se dio intervención a las autoridades judiciales competentes, que dispusieron la aprehensión del sujeto por el supuesto delito de desobediencia judicial. El hombre fue trasladado a la Jefatura Departamental, donde quedó alojado a disposición de la Fiscalía de Género.

Por otra parte, alrededor de las 3:50 de la madrugada, personal de Comisaría Segunda intervino en una vivienda ubicada en la calle José Ingenieros al 700, también a raíz de una denuncia por violencia de género.

En el lugar, los efectivos se entrevistaron con la víctima, quien manifestó que mantenía una relación de pareja con el agresor desde hacía varios meses y que, desde tiempo atrás, le venía solicitando que abandonara la vivienda, sin obtener una respuesta favorable.

De acuerdo con el relato de la mujer, durante una discusión originada por esta situación el hombre se tornó violento y la habría agredido físicamente. Según denunció, fue zamarreada en distintos sectores de la casa y golpeada con un casco. Además, durante el episodio se produjeron daños materiales dentro del inmueble.

Frente a los hechos denunciados, los funcionarios policiales procedieron a la aprehensión del presunto agresor, un hombre de 39 años, quien fue trasladado a dependencias policiales y quedó alojado a disposición de la Fiscalía de Género interviniente.

Ambos casos quedaron bajo investigación judicial mientras avanzan las actuaciones correspondientes.