Las compañías Molinos Agro S.A. y Louis Dreyfus Company (LDC) formalizaron una propuesta conjunta para adquirir Vicentin S.A.I.C., empresa agroindustrial santafesina que se encuentra en proceso de reestructuración judicial, ofreciendo un pago inmediato del 80% de la deuda verificada en dólares a los 30 días de la homologación judicial, con posibilidad de alcanzar una recuperación de hasta el 90% en un plazo de tres años.

La oferta, que será sometida a evaluación judicial y de los acreedores en el marco del proceso de salvataje, contempla distintas alternativas de pago según el monto de la deuda, incluyendo una opción de capitalización en acciones preferidas rescatables.

“Nuestra propuesta refleja el compromiso de ambos grupos con la estabilidad del sistema agroexportador y con una solución definitiva para Vicentin, justa y sostenible”, afirmaron las empresas a través de un comunicado conjunto.

En detalle, las deudas de hasta USD 130.000 podrían cobrarse en un 80% en 30 días o un 90% en tres años, con un 4% de interés anual. Para las deudas entre USD 130.000 y 400.000, se propone un pago del 50% inmediato, 55% en tres años o hasta un 70% en 10 años. En el caso de montos superiores, se ofrece un 40% a diez años, con otras opciones a elección de los acreedores.

La iniciativa, impulsada por dos de los actores más relevantes del sector agroexportador, busca preservar la operatividad de Vicentin, el empleo asociado y la estabilidad del complejo agroindustrial argentino, tras años de crisis en la firma radicada en Avellaneda, Santa Fe.

“Creemos que esta alternativa representa una oportunidad real para recuperar la confianza, proteger el empleo y asegurar el futuro de una de las compañías más importantes del sector”, remarcaron ambas empresas.

Molinos Agro, nacida en 2016 tras la escisión de Molinos Río de la Plata, es una de las principales exportadoras de harinas y aceites del país, con más del 90% de su producción destinada al comercio exterior. Louis Dreyfus, por su parte, es una compañía global con presencia en más de 100 países y operaciones en toda la cadena agroalimentaria. Ambas buscan reforzar su posición estratégica en el mercado argentino con esta operación.

Fuente: NA

La crisis que arrastra Vicentín desde fines de 2019 sumó este sábado un nuevo capítulo dramático: el directorio decidió frenar toda actividad industrial y cerrar sus dos plantas, ubicadas en Ricardone y Avellaneda, al no contar con recursos para pagar los sueldos ni contratos activos de fazón que permitan sostener la operación.

“Nos vemos obligados a ordenar el cierre seguro de todas las plantas en operación”, informó la empresa en un comunicado. En él justificó la decisión como “una medida de protección de los activos” ante un escenario financiero asfixiante y la falta de respuestas de los inversores estratégicos.

El mensaje dejó en claro que no hay caja ni horizonte: la nómina de marzo aún no fue abonada y no hay garantías de que pueda cubrirse en los plazos legales. En paralelo, los contratos por los cuales Vicentín industrializaba granos ajenos –su única vía de ingresos desde que dejó de operar con mercadería propia– se encuentran paralizados.

La situación es crítica ya que sin granos, sin ingresos y sin fondos líquidos, la firma decidió detener toda actividad mientras intenta renegociar acuerdos. Esta semana, el juez del concurso había convocado a los principales inversores (ACA y Bunge-Viterra) para reactivar los fasones. Pero la audiencia fue un fracaso: nadie se presentó.

La empresa ha perjudicado al Estado nacional, en especial durante la gestión de Mauricio Macri: Bajo la conducción de Javier González Fraga, el Banco Nación entregó a Vicentín casi 800 millones de dólares y más de 2000 millones de pesos entre agosto y diciembre de 2019 cuando la empresa ya no podía pagar.

En la actualidad hay cuatro exdirectivos acusados de asociación ilícita, para quienes se dictó prisión preventiva por 120 días.

Presión empresaria

En el sector agroindustrial, la decisión fue interpretada como una jugada de presión directa hacia los inversores estratégicos y también hacia la Justicia santafesina, que no homologó el acuerdo concursal alcanzado con más del 70% de los acreedores. La compañía apuesta a que la parálisis total precipite definiciones clave. Por ahora, la Corte Suprema de la Nación podría convertirse en el próximo escenario del expediente.

A su vez, el freno de la operación deja en vilo a más de 1.000 empleados directos y a otros 3.000 puestos indirectos vinculados a la cadena productiva. El gremio aceitero ya está en alerta máxima y anticipó que, si no se paga lo adeudado en los próximos días, se podrían activar medidas de fuerza de alto impacto en toda la industria.

A esto se suma una deuda millonaria con la Cooperativa de Servicios Públicos de Avellaneda, que podría derivar en la interrupción del suministro eléctrico en una de sus plantas. Según fuentes del sector, la empresa mantiene una deuda de más de $400 millones por consumo eléctrico, lo que pone en riesgo la continuidad operativa, incluso si se resolvieran otros aspectos financieros.

La situación judicial también escaló. La semana pasada, la Justicia de Rosario dictó la prisión preventiva para cuatro exdirectivos de Vicentín: Omar Scarel, Alberto Macua, Roberto Gazze y Daniel Buyatti. Están acusados de asociación ilícita, estafa y administración fraudulenta por un monto estimado en más 600 millones de dólares, a partir de una maniobra que incluyó falsificación de balances, simulación de operaciones y desvío sistemático de fondos, incluso después de que la empresa ya estuviera en concurso.

Según la fiscalía, los imputados formaron parte de una red que funcionó de manera coordinada para perjudicar a acreedores, entidades financieras y socios estratégicos. Se los acusa de haber montado una “estructura organizativa destinada a cometer delitos de manera sistemática” durante los años más críticos de la cerealera.

En este contexto, la industria aceitera nacional observa con extrema preocupación el desenlace del caso Vicentín. No solo está en juego la continuidad de una compañía histórica, que supo representar el 10% de la capacidad de molienda del país, sino también la estabilidad de uno de los sectores más dinámicos del complejo agroexportador.

El escándalo de Vicentin sumó un nuevo capítulo con una serie de allanamientos que sacudieron el norte de Santa Fe. La Justicia provincial, en el marco de una causa por presunta estafa y delitos económicos, ordenó más de 20 operativos en simultáneo en las ciudades de Reconquista, Avellaneda y Ricardone. La investigación busca esclarecer las maniobras financieras que llevaron a la empresa a una cesación de pagos multimillonaria en 2019, afectando a productores, cooperativas y entidades bancarias.

El fiscal Sebastián Narvaja, de la Unidad de Delitos Económicos del Ministerio Público de la Acusación, lideró la acción judicial con el objetivo de obtener pruebas sobre la presunta administración fraudulenta de la compañía. Se allanaron domicilios particulares y oficinas comerciales, donde se incautaron documentos contables, computadoras y dispositivos de almacenamiento. Además, se emitieron órdenes de detención para al menos cuatro personas allegadas a la familia fundadora de la empresa, incluyendo a Daniel Buyatti, ex presidente de Vicentin, y a Roberto Gazze, integrante del directorio.

Los allanamientos son derivaciones de la causa que llevan adelante Narvaja y su colega Miguel Moreno desde 2020. Según explican fuentes judiciales, los fiscales reunieron abundante evidencia sobre maniobras fraudulentas en la operatoria de la compañía.

Lo cierto es que la causa que involucra a Vicentin es una de las investigaciones económicas más relevantes de los últimos años. La empresa, que llegó a ser una de las principales agroexportadoras del país, se declaró en "estrés financiero" a finales de 2019, dejando un pasivo superior a los u$s1.300 millones. El default golpeó especialmente a pequeños y medianos productores, quienes todavía esperan respuestas. Mientras tanto, el concurso de acreedores llegó en 2020 y hasta el momento el proceso continúa abierto ante presentaciones judiciales de gran parte de los acreedores damnificados.

Por su parte, la investigación en la justicia hoy se centra en posibles fraudes cometidos por los exdirectivos de Vicentin en perjuicio de sus acreedores. La causa se nutre principalmente de información proporcionada por bancos extranjeros, que denuncian una estafa superior a los u$s500 millones, así como por acreedores comerciales. El consorcio de acreedores financieros externos de la agroexportadora incorporó 39 anexos a su denuncia, destacándose un informe firmado por Roberto Gazze, entonces director financiero de la compañía. Según los bancos, en ese documento se evidencia el falseamiento de información para obtener préstamos, presentando un ratio de liquidez que no reflejaba la verdadera situación financiera de la empresa.

En este marco, en octubre de 2021, los fiscales Narvaja y Moreno imputaron a trece ex miembros del directorio de Vicentin por estafa contra productores, acopios y bancos, así como por acciones de defraudación y la aprobación de balances falsos. Las acusaciones detallaron y ampliaron imputaciones formuladas previamente, resaltando la planificación y comisión de una pluralidad de delitos, entre los que se encuentran defraudación, estafas y administración infiel. Según la fiscalía, la asociación ilícita habría operado desde 2017, simulando una solvencia financiera que les permitió obtener líneas de crédito y captar granos, mientras se administraban infielmente los recursos de la empresa.

Además, en abril de 2022, la Fiscalía de Delitos Económicos de Rosario imputó a directivos de Vicentin y de Renova por administración fraudulenta en perjuicio de la empresa Commodities SA. La investigación se centró en el destino de 55.000 toneladas de granos que Commodities entregó en 2019 a la planta de Renova en Timbúes, las cuales fueron traspasadas sin autorización, generando un perjuicio estimado en u$s23,7 millones.

La cerealera Vicentín no para de acumular problemas: A los varios fallos judiciales en contra que recibió en los últimos días, la empresa que consumó un default millonario se enfrenta ahora a un conflicto laboral que amenaza extenderse a todo el país. Esto gatilló la posible convocatoria a un paro nacional en toda la cadena de valor aceitera fue que la empresa admitió que no está en condiciones de pagar los sueldos de febrero, que deben hacerse efectivos en los primeros días de marzo.

El encargado de comunicar esa posibilidad de los representantes sindicales fue el gerente de recursos humanos de Vicentín, Carlos Iglesias, en una reunión en la cual también participaron el gerente de Recursos Humanos, Mario Ferreyra, y otros directivos de la compañía como Daniel Buyatti y Eduardo Gazze. 

Iglesias incluso llego a mencionar la posibilidad de “frenar la producción o cerrar las puertas de la empresa", informaron los gremialistas.

Frente a esta posibilidad, dirigentes de los gremios involucrados confirmaron que resolvieron convocar a un paro nacional de toda la industria aceitera si Vicentín entra en un “default salarial”.

"Vicentín se encuentra concursada y si realizara una cesación de pagos generaría una deuda del tipo post-concursal que la llevaría a la quiebra, porque una empresa concursada no puede tomar nuevas deudas, según lo establece la Ley de Concursos y Quiebras. Si eso sucede, pondrá en peligro unos 1.300 empleos directos y unos 1.700 empleos indirectos", expresaron los gremios en el comunicado.

La decisión de aplicar medidas de fuerza fue tomada por representantes del Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros del Departamento de San Lorenzo (SOEA San Lorenzo), del Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros y Desmotadores de Algodón de los Departamentos General Obligado y San Javier (SOEAD), de la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina (FTCIODYARA) y los cuerpos de delegados de todas las plantas de la empresa.

"Si no pagan los salarios de febrero iniciaremos un plan de lucha que paralizara todas las plantas aceiteras del país", en una medida que podría afectar la normal liquidación de divisas por exportaciones en caso de aplicarse y extenderse por varios días.

En el mismo comunicado, los gremios dijeron: "No seremos simples testigos de la liquidación de la empresa Vicentín, cuyos principales responsables son sus propietarios, empresarios que la llevaron a esta situación de cuasi quiebra. No permitiremos el desguace de la misma, ni en manos de las multinacionales ni de grupos locales que especulan con su quiebra y liquidación".

Gualeguaychú: Numerosa movilización contra la expropiación de Vicentín Productores rurales, vecinos de la ciudad y el campo, y buena parte del arco opositor se manifestaron en la ciudad en el marco del banderazo nacional contra la expropiación de la empresa santafesina. La caravana terminó en la puerta de la Municipalidad.

Una publicación compartida de ElDia de Gualeguaychu (@eldiaonline) el 20 Jun, 2020 a las 1:16 PDT Las palabras de Delgado chocaron nuevamente contra el kirchnerismo de paladar negro, con base en el Instituto Patria, desde donde impulsan la expropiación sin condicionamientos. Graciana Peñafort, abogada de la vicepresidenta Cristina Kirchner y directora de Asuntos Jurídicos del Senado, sostuvo que "sino funciona la alternativa de Perotti", el gobierno nacional irá "por la expropiación" de la cerealera. "Lo dijo con claridad el sábado el Presidente, si la alternativa Perotti funciona, y es la forma, vamos por esa vía. Pero no sabemos si esa vía va a funcionar. Hoy está superditada a la decisión judicial. Y me parece importante rescatar la empresa, porque hay muchos puestos de trabajo en juego", sostuvo la abogada, elegida el año pasado por la vicepresidenta en el Senado para sus batallas jurídicas. Después de rechazar el decreto con la intervención que dispuso el Presidente, ahora el juez federal de Reconquista debe resolver el planteo que formuló el gobierno santafecino, que postula la intervención judicial de la empresa, pero con los mismos interventores que designó el gobierno nacional. Es decir, sin los actuales directivos de Vicentin. Embed Ver esta publicación en Instagram

Movilización contra el gobierno nacional Es en rechazo a la expropiación de la empresa Vicentin. Se da en muchos puntos del país y en #Guleguaychú manifestantes recorren las calles de la ciudad y frenaron frente al municipio donde desplegaron una bandera y cantaron el himno nacional.

Una publicación compartida de ElDia de Gualeguaychu (@eldiaonline) el 20 Jun, 2020 a las 12:47 PDT "Estamos esperando una respuesta del juez. Somos respetuosos de la voluntad de Lorenzini, y vamos a seguir buscando alternativas para tratar de salvar las fuentes de trabajo, para tratar de salvar las exportaciones y para tratar de salvar el interés de los acreedores", explicó Delgado. Desde la provincia consideraron que la presentación que hicieron el último viernes es el camino para "rescatar a Vicentin para poder cumplir con los compromisos asumidos, sostener su actividad y generar flujos de fondos para que sea sustentable". Según el secretario de Justicia de la provincia, Gabriel Somaglia, el "acompañamiento de la provincia será dentro del proceso concursal". Desde la empresa, en tanto, rechazaron el "Plan Perotti" e insistieron en que todo debe seguir en el marco del actual concurso de acreedores que lleva adelante el juez Lorenzini. Según Máximo Padoán, accionista y director de la compañía, la propuesta del mandatario de Santa Fe es "mucho peor" porque pretende, dijo, "una intervención sin límite de tiempo".]]>

"El Presidente no va a avanzar en ninguna medida que divida a los argentinos", dijo Gabriel Delgado, el hombre que designó Alberto Fernández para desembarcar en Vicentin.]]>