Por segundo año consecutivo, Francisco “Cisco” Viollaz se pierde La Vuelta Ciclística del Uruguay, debido a una complicación en una lesión de clavícula que sufrió el año pasado en una prueba nocturna en el velódromo de Fray Bentos, la cual ya lo había dejado afuera de la edición anterior.

“Se me levantó una placa y tengo los clavos que se me están saliendo. Me tienen que operar. Sería cortar y volver a sacar los clavos de la clavícula. Pensaba hacerlo esta semana, pero se complicó, así que calculo que será la próxima. Por eso no puedo correr la Vuelta”, explicó en contacto con Ahora ElDía.

Se puso en marcha la competencia

La edición número 81 comenzó con una etapa que se inició frente a la Intendencia de Montevideo y finalizó en San José, con un pelotón de 162 ciclistas. El ganador fue Leonel Rodríguez, del club Náutico Boca del Cufré.

La Fiscalía Federal de Concepción del Uruguay se pronunció a favor de aceptar la competencia de los legisladores nacionales Guillermo Michel, Adán Bahl y Marianela Marclay, quienes presentaron una demanda contra la República Oriental del Uruguay y la empresa HIF. También determinó que el proceso debe tramitar ante el Juzgado Federal de esa ciudad.

Los diputados nacionales Guillermo Michel y Marianela Marclay, y el senador nacional Adán Bahl, lograron un avance en la demanda presentada contra el Estado uruguayo y la empresa HIF Uruguay SA (Expediente 3276/2026) con el objetivo de prevenir los daños ambientales que podría causar la instalación de una planta de combustibles sintéticos en Paysandú (Uruguay), a solo tres kilómetros de Colón, sobre el río Uruguay.

En el marco de esa acción civil, el pasado 18 de marzo la Fiscalía Federal de Concepción del Uruguay se declaró a favor de aceptar la competencia y opinó que el proceso debe tramitar ante el juzgado federal de dicha ciudad.

De esta manera, la justicia está en condiciones de evaluar las medidas preventivas solicitadas por los legisladores, incluyendo un reconocimiento judicial de las costas del río Uruguay y el análisis de las aguas del río.

Para los legisladores la instalación de la planta en cuestión no está cumpliendo con la normativa que debe aplicarse al caso, esto es, la establecida en el Estatuto del Río Uruguay y la jurisprudencia fijada por la Corte Internacional de La Haya en el caso “Botnia-UPM”.

En ese sentido, presentaron la demanda civil de prevención de daños conforme lo previsto por los artículos 1710, 1711 y concordantes del Código Civil y Comercial de la Nación (C.C.C.N), y lo prescripto por el artículo 319 del C.P.C.C.N.

Asimismo, los legisladores del peronismo pusieron a disposición de la ciudadanía el sitio web amigosdelriouruguay.com para acceder a información del expediente. “La transparencia y el acceso a la información son fundamentales en un tema que puede afectar al Río Uruguay y a nuestras comunidades”, expresaron.

El presidente de la República Oriental del Uruguay, Yamandú Orsi, afirmó que conversó con el embajador de Argentina en Uruguay, Alan Béraud, respecto de las nuevas tensiones a un lado y otro del río por la localización de la futura planta de hidrógeno verde.

Ante el resurgimiento de las tensiones entre Argentina y Uruguay generadas por la localización del proyecto de hidrógeno verde que la empresa de capitales chilenos HIF Global avanza en Paysandú, el mismo Orsi tomó cartas en el asunto por las vías diplomáticas. En ese sentido, confirmó que conversó con el embajador argentino al respecto de las recientes críticas del gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio.

La charla se dio en el marco de la Expoactiva Nacional, evento en el que coincidieron: "Sé lo que piensa el gobierno argentino y estamos dispuestos a ayudar. Tiene que ver con decisiones de los privados, a sugerencia del Estado uruguayo. Estamos avanzando”, sostuvo el presidente, que también aseguró que el canciller Mario Lubetkin está en contacto con su par de Argentina.

“Creo que vamos a lograr algunos acuerdos como para disminuir los problemas con los vecinos de Argentina”, agregó, optimista.

El gobierno insiste en las garantías ambientales y apuesta al diálogo

También Lubetkin se refirió las nuevas tensiones con el país vecino, ejemplificadas en dos situaciones concretas: por un lado, la denuncia judicial presentada por tres legisladores nacionales del peronismo en representación de Entre Ríos, por presunto incumplimiento del estatuto del río Uruguay y posibles daños ambientales irreparables; y, por el otro, los comentarios de Frigerio respecto de que su gestión no puede "permitir una nueva Botnia".

"Él dice (que no quiere otra) Botnia, nosotros decimos que nadie quiere que se repita lo de los puentes", señaló el canciller, en referencia al conflicto binacional que tuvo lugar entre 2005 y 2010 por la instalación de la planta de celulosa en Fray Bentos y que, en su momento más álgido, llevó al corte del puente internacional que une esa ciudad uruguaya con Gualeguaychú.

“Nosotros recibimos con enorme placer al ministro de Relaciones Exteriores (Pablo Quirno), al gobernador de Entre Ríos (Frigerio) y al intendente de Colón (José Luis Walser) para explicarles cómo es el proceso que se está desarrollando en la planta en Paysandú. Ellos saben perfectamente cómo son las etapas. Ahora estamos en la etapa de análisis ambiental, estamos en medio de eso: no es que hay negociación, están nuestros equipos técnicos trabajando en el tema. Ellos no pidieron un elemento que nosotros lo cumplimos, que era si se podían incorporar otras preguntas, además de las nuestras, que eran preocupaciones de ellos, y las incorporamos dentro del estudio ambiental que se está haciendo”, afirmó Lubetkin sobre el proceso que se lleva a cabo.

Por su parte, el intendente de Paysandú, Nicolás Olivera, pidió "ser cuidadoso en los tonos y en las formas" ante los comentarios de su par argentino, que insistió en la relocalización de la planta de hidrógeno verde proyectada en el territorio sanducero.

"De aquel conflicto con Botnia en La Haya creo que algo tuvimos que entender, algo nos tuvo que dejar todo ese conflicto. Sobre todo que, cuando la irracionalidad le gana al diálogo, cuando la irracionalidad le gana a procesos que se tienen que dirimir y digerir de otra forma, lamentablemente son las poblaciones las que quedan de rehén. Yo no creo que este sea el caso, acá hay otra forma de relacionamiento, hay otra forma de entenderse y confío en la diplomacia", aseguró el jefe comunal.

Fuente: APFDigital

Se trata de una causa que inició en 2006 caratulada “UPM (ex Botnia) y otro s/ Infracción Ley 24.051 (Art. 55)”, y no es la primera vez que Uruguay se niega a colaborar con la Justicia Federal de Gualeguaychú.

La postura se escuda en la Resolución Nº 2052 que emitió en 2008, el gobierno del entonces presidente de la República Oriental del Uruguay, Tabaré Vázquez, por la cual se niegan por razones de “seguridad” la comparecencia de directivos de la pastera UPM (Botnia en ese entonces) ante la Justicia Federal por el cargo de “tentativa de contaminación”, que impulsó el ex gobernador de Entre Ríos, Jorge Busti.

Nuevamente, este año la solicitud de “cooperación jurídica internacional” de parte del Juzgado de Primera Instancia de Gualeguaychú, para el “sometimiento ante tribunales argentinos de representantes y titulares de la empresa Botnia SA, Botnia Fray Bentos SA y UPM SA” en relación a “procesos que se vinculan con aspectos medioambientales”, fue rechazada.

La nota con fecha el 11 de febrero de 2026 y firmada por el presidente Yamandú Orsi, a la que tuvo acceso Ahora ElDía, vuelve a basar su posición en el argumento de que los requerimientos “afectan directamente a los intereses esenciales del Estado uruguayo, en tanto refieren a emprendimiento industriales instalados en territorio nacional”.

Al respecto, el juez federal Hernán Viri contó que en “la nota de oficio, firmada por el Presidente de Uruguay, me hizo saber que no iban a contestar todos mis requerimientos porque UPM es una cuestión de interés nacional, por lo que no iban a dar ningún tipo de respuesta. Y, en paralelo a esta cuestión, de manera concomitante, la CARU que es la encargada de llevar el control de la afectación del río Uruguay, nos envió un informe de 2021 y 2022. Esos informes muestran que se superan los parámetros permitidos de contaminación, puntualmente en lo que es materia fecal, fósforo y temperatura del río. Esos son datos científicos”.

De los informes de 2023, 2024 y 2025, Viri señaló que no se tiene ningún dato, a pesar de que la CARU es un órgano binacional de contralor: “Antes de estos datos que nos enviaron, los últimos que teníamos eran de 2019. Se trata de un incumplimiento de parte de la CARU. Después de muchos requerimientos que le fui cursando desde que soy Juez federal acá, hace poco subieron los informes hasta el año 2022”.

La CARU es un órgano binacional y tiene rango diplomático, por lo que el Juez Federal no tiene potestad de allanarlo, ni exigir nada desde el punto de vista penal: “En estas situaciones, encuentro un límite muy firme en la falta de colaboración, normalmente esto se destraba a través de la cancillería, que en nombre nuestro presidente debería hablar con la cancillería uruguaya para pedir esa colaboración. Estoy evaluando sentarme con el canciller Pablo Quirno para plantear esto, porque es la única vía por la que se puede llegar a destrabar. Mi potestad como juez, llega a la mitad del río Uruguay, luego es jurisdicción uruguaya por lo cual no puedo ir a tomar muestras”.

Viri reconoció que la actual postura nacional en torno al Medio Ambiente “conspira a la hora de obtener resultados importantes cuando se llevan a cabo investigaciones para despejar cuestiones ambientales. Hay un límite que me lo fija la autonomía de otro país, y eso podría destrabarse a través de la política, la Cancillería o del propio Presidente. Uno advierte que para este Gobierno hay otras prioridades, no juzgo si está bien o mal, solo digo que es eso lo que ocurre”.

Contaminación con sello local

Hernán Viri tiene a su cargo el caso de contaminación de la Planta de Efluentes Cloacales del Parque Industrial Gualeguaychú y esta semana recibió el plan de acción para resolver la situación: “Recientemente desde la Codegu presentaron un plan en el que nos dijeron que estaban haciendo y cuál es la idea de seguir adelante. Lo quiero analizar bien. El Fiscal Federal también lo hará. Y después, antes de decidir, muy probablemente haga una audiencia pública, no sólo con las partes, sino también con la ciudadanía para luego tomar una decisión respecto al Parque Industrial”. Y agregó: “La pericia que llevó adelante la Policía Federal Argentina arrojó que había una afectación ambiental, los sedimentos encontrados están contemplados en el Anexo 2 de la Ley 24.051”.

El Juez Federal reconoció ser consciente de que una posible “clausura del Parque Industrial puede afectar a muchos trabajadores”. Sin embargo, destacó que “en esta tensión constante que hay entre un bien jurídico y el otro, tiene que tratar de adoptar un temperamento armonioso, porque una vez que se afecta el medio ambiente, es muy difícil la reconstrucción, algunas veces es imposible, y al mismo tiempo, es importante el avance industrial y las fuentes laborales. Por eso, no dispuse directamente la clausura, sino que estoy tratando de arribar a una solución, que las partes comprendan la importancia que tiene esto. Si se llega a un acuerdo, la idea no es como una primera decisión intempestiva clausurar el Parque Industrial, pero sí lo estoy evaluando”.

El problema con la Planta de Tratamientos de Efluentes del PIG es que no da a vasto con todo lo que tiene que procesar, por lo cual la solución estaría dada con la modificación de la misma. Viri barajó que otra alternativa podría ser clausurarla y que cada empresa haga su tratamiento de los desechos, aunque reconoció que sería inviable desde el punto de vista económico.

“Me parece que es más sencillo que se pongan de acuerdo las empresas, la Codegu y la Municipalidad para tratar de readecuar la planta y dar una solución al Medio Ambiente y al barrio que está pegado, porque el olor es insoportable. Hay que abordarlo y dar una solución. Desde la Justicia tenemos que dar respuestas definitivas a este tipo de cuestiones”, concluyó.

El gobernador Rogelio Frigerio ratificó que la provincia recurrirá a la Justicia internacional si es necesario para frenar la instalación de una refinería de combustibles sintéticos e Paysandú frente a Colón, sobre el río Uruguay. “Si no nos queda más remedio en esta lucha, vamos a recurrir a las cortes internacionales, que es donde se dirimen los conflictos entre naciones”, afirmó.

Las declaraciones fueron realizadas este lunes durante una reunión de trabajo que el mandatario encabezó en Colón junto al intendente José Luis Walser, legisladores nacionales y provinciales y representantes de distintos sectores, con el objetivo de actualizar información y analizar las gestiones realizadas en torno al pedido de instalación de la planta, una preocupación que involucra a distintos sectores de la sociedad entrerriana.

Frigerio repasó las gestiones realizadas ante autoridades del vecino país. “Tuve cuatro reuniones con el presidente de Uruguay y con los ministros más importantes involucrados en esta temática, tres en Uruguay y una en Argentina. En dos de ellas estuvimos acompañados por el canciller argentino y el embajador en Uruguay, manifestando claramente cuál es nuestra posición”, explicó.

El gobernador subrayó que se trata de un tema que trasciende a la provincia. “Las relaciones exteriores las maneja el gobierno Nacional, por eso es fundamental que nos acompañe en esta lucha. Es una cuestión de Estado para Entre Ríos”, remarcó.

Junto a las diputadas nacionales Alicia Fregonese y Blanca Osuna, señaló que el estudio de impacto ambiental del proyecto se encuentra en elaboración y que, a pedido de la provincia y del gobierno Nacional, ahora incluye a Colón dentro de su área de análisis. “Estamos siguiendo muy de cerca ese estudio y sus conclusiones serán definitorias para los próximos pasos”, concluyó.

Por su parte, el intendente de Colón, José Luis Walser, agradeció al gobernador por su presencia y destacó su compromiso con la problemática. “Agradecemos que esté comprometido con el territorio y con esta causa que representa, para nuestra comunidad, la microrregión y gran parte de Entre Ríos, una lucha que necesita del acompañamiento de todos”, expresó.

Asimismo, definió la planta de hidrógeno de HIF Global como “un proyecto que amenaza nuestro desarrollo, nuestra calidad de vida, nuestro ambiente, nuestro río y nuestra salud”. Y aseguró que por ese motivo “venimos trabajando para lograr que este proyecto no se localice en ese lugar, que la refinería no se instale sobre el río Uruguay”.

El intendente colonense pidió que se concrete la Mesa de Cancilleres, prometida para este mes en curso, exigió que los gobiernos nacionales de ambos países “tomen cartas en el asunto”. En particular, planteó que el argentino “tenga una postura más firme” y haga respetar lo comprometido en Cancillería respecto a “mantener informados a los gobiernos nacionales, regionales y locales de las acciones que se vayan desarrollando”.

“El Uruguay viene, sistemáticamente, realizando acciones o dando pasos en pos de la instalación de esta refinería de manera inconsulta con la Argentina, y nosotros, como país, lo tenemos que marcar”, reclamó Walser, recordando que “ya tenemos una historia donde Uruguay se manejó de esta manera y después terminó instalándose la pastera Botnia”.

La prueba contará con la participación de más de 1.400 atletas provenientes de 19 países, con un importante número de argentinos. Entre ellos habrá ocho representantes de Gualeguaychú.

La delegación local tiene como principal referente a Ricardo “Pichi” Fariña, quien disputó seis mundiales de esta modalidad. También competirán otros triatletas de experiencia en Ironman 70.3, como Sebastián Daroca, Pablo Glagovsky, Analía Aduco y Pablo Berisso. En tanto, Ezequiel Kroh, Nicolás Nadero y Franco Damasco harán su debut en esta distancia.

La largada será a las 7 desde la Parada 4 de la Playa Mansa. El circuito de natación se desarrollará sobre 1.900 metros en dirección al Muelle Mailhos. Luego los competidores pasarán al área de transición para iniciar los 90 kilómetros de ciclismo por la zona de Punta Ballena.

La etapa final será la media maratón -21,1 kilómetros de pedestrismo- sobre la rambla de Punta del Este, con llegada en la calle 30.

El gualeguaychuense Francisco “Cisco” Viollaz cerró su participación en la 54ª edición de la Rutas de América, una de las competencias más exigentes y tradicionales del calendario uruguayo, representando a Armonía Cycles de Fray Bentos.

La prueba, organizada por el club Club Atlético Fénix, se desarrolló a lo largo de siete etapas más una contrarreloj y culminó el domingo con un recorrido de 151 kilómetros entre Punta del Este y la Rambla de Montevideo.

En la clasificación general individual, el campeón fue Anderson Maldonado (Náutico Boca del Cufré), seguido por su compañero de equipo Pablo Bonilla. El tercer puesto quedó para Ignacio Maldonado, representante de Armonía Cycles y hermano del ganador. Por su parte, Viollaz completó la competencia en el puesto 66°, en su regreso a una de las dos pruebas grandes del ciclismo uruguayo, tras ausentarse de la última edición de “La Vuelta” por una grave lesión.

En la clasificación por equipos, la escuadra de Fray Bentos finalizó en el cuarto lugar, detrás de Náutico Boca del Cufré, Dolores Cycles y Alas Rojas de Santa Lucía, redondeando una actuación sólida en la general.

Tras la última etapa, Viollaz dialogó con Ahora ElDía y realizó un balance positivo: “Las sensaciones en lo personal fueron buenas, aunque siempre tengo en mente ganar una etapa y esta vez no se dio. Pero por los meses que estuve parado el año pasado por la fractura de clavícula, el balance es positivo. Pude brindar toda mi ayuda al equipo, completar la carrera y volver rápido a mi nivel”.

Ahora, el ciclista gualeguaychuense ya pone la mira en la 81ª edición de la Vuelta Ciclista del Uruguay, la prueba más importante del país vecino, que comenzará el 26 de marzo y se extenderá hasta el 4 de abril, con un total de 12 etapas.

Con la aprobación del proyecto en el Parlamento en octubre, gracias al apoyo de legisladores de los tres principales partidos, Uruguay se convirtió en el primer país de la región en sancionar una ley respecto de la regulación del acceso a una "muerte digna". El Poder Ejecutivo no tardó en promulgarla, pero, desde entonces, no hubo mayores novedades respecto de cuándo podría comenzar a implementarse la normativa que permitirá a personas mayores de edad y cursando una enfermedad terminal incurable o irreversible elegir la eutanasia.

Ahora, desde el gobierno afirmaron que una comisión trabaja en los detalles técnicos y administrativos para dicha implementación. Según explicó el diputado del Frente Amplio (FA), Federico Preve, a Telenoche, uno de los objetivos es definir el procedimiento y los formularios que estarán incluidos en el mismo. Otro aspecto que se analiza es el lugar en el que podrá llevarse a cabo la "muerte digna" —por ejemplo, entre el centro hospitalario o el hogar—, que podría ser elegido por el paciente, siempre y cuando se cumplan las condiciones previstas y sea coordinado con el sistema mutualista y con la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE).

Asimismo, también se busca detallar los fármacos y las vías de administración que se utilizarán para los procesos de eutanasia. “Lo primero que queremos dejar en claro es la tranquilidad que los fármacos que se utilizan son ampliamente conocidos por el cuerpo médico, son fármacos que si bien las combinaciones de ellos se utilizan para la letalidad que esto implica”, afirmó Preve.

El protocolo, que estaría listo para reglamentar la ley en abril, incluirá los pasos del procedimiento, mecanismos de seguridad y la conformación de los equipos de salud que participarán en la aplicación. En ese sentido, la reglamentación buscará brindar garantías tanto a los pacientes como a los prestadores de salud.

¿Qué establece la ley de eutanasia?

El artículo 3 de la ley de eutanasia define este procedimiento como aquel "realizado por un médico o por su orden, para provocar la muerte” de una persona en determinadas condiciones de salud.

La normativa establece que podrá acceder toda persona mayor de edad “psíquicamente apta” que esté cursando “la etapa terminal de una patología incurable e irreversible o que, como consecuencia de patologías o condiciones de salud incurables e irreversibles, padezca sufrimientos que le resulten insoportables, en todos los casos con grave y progresivo deterioro de su calidad de vida”.

El paciente deberá entregar una solicitud “personalmente a un médico, por escrito, que firmará en su presencia”; o a través de otra persona mayor de edad, en un acto en el que deben estar todas las partes presentes. El personal de salud proporcionará toda la información sobre tratamientos disponibles alternativos y corroborar que la voluntad de acceder a la eutanasia sea "libre, seria y firme", en un plazo máximo de hasta tres días. Luego, corresponderá la confirmación de un segundo profesional y la eventual ratificación del paciente respecto de su decisión ante dos testigos que no puedan beneficiarse económicamente a causa de su muerte.

La ley también establece que los médicos pueden rechazar el procedimiento por diferentes razones, como “la objeción de conciencia”, aunque la institución debe siempre garantizar la prestación del servicio. En ese caso, la persona solicitante puede avanzar con un nuevo pedido a otro profesional y, si este rechazara (en un lapso no mayor a tres días), se convocará a una junta médica para evaluar el caso en los próximos cinco días. Dicha junta debe conformarse con un psiquiatra, un especialista en la patología en cuestión y un tercer médico a definir, publicó Ámbito.

La escena podría ser la de una película: policías ingresan al sistema de alcantarillado de Montevideo y encuentran que ladrones estaban construyendo un túnel con la intención de robar un banco en la Ciudad Vieja, el casco histórico de Uruguay. Cuando los delincuentes se acercaban hacia su objetivo, los agentes activaron un plan.

Así lograron evitar lo que, en palabras del ministro del Interior, Carlos Negro, hubiera sido “el robo del siglo”.

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Los policías encontraron un túnel que conectaba un local comercial desocupado con el sistema de alcantarillado, que se presume que fue utilizado por los ahora detenidos para acceder a una entidad bancaria de la zona, informó el Ministerio del Interior. En la Ciudad Vieja está el circuito financiero de Montevideo y hay varias sucursales de bancos alrededor.

Los delincuentes habían alquilado un local comercial a mediados del año pasado, que estaba desocupado. Los investigadores presumen que en ese momento se dieron los primeros contactos para empezar a trabajar.

Un policía grabó cómo fue el operativo a través de una cámara que llevaba en el cuerpo. Allí se ve que los efectivos pasan por el costado de una serie de cajas apiladas hasta que encuentran un hueco sobre el suelo. Por allí ingresaron y se esforzaron por avanzar dentro de la oscuridad, apoyados en todo momento por linternas. Las imágenes muestran cómo los efectivos se arrastran para avanzar hasta que parecen llegar a un espacio más amplio.

La investigación que permitió evitar el “robo del siglo” comenzó el 11 de septiembre, cuando la Policía fue alertada a través de una llamada anónima sobre la posible existencia de una boca de venta de drogas en Neptunia, a 34 kilómetros de la Ciudad Vieja, el barrio en el que se encontraba el objetivo de los delincuentes.

A partir de esa información, se iniciaron las averiguaciones, informó este miércoles el Ministerio del Interior.

Incautaciones en procedimiento que permitió evitar el robo de un banco en Uruguay (Ministerio del Interior)

Incautaciones en procedimiento que permitió evitar el robo de un banco en Uruguay (Ministerio del Interior)

El avance de la investigación permitió identificar a otras personas, tanto uruguayos como extranjeros. Y esto fue lo que los condujo a un local ubicado en la Ciudad Vieja, donde se detectó la construcción de un túnel con dirección a una entidad financiera próxima al lugar. Estos datos fueron puestos a disposición de la Fiscalía, que dispuso las órdenes de allanamiento y detención de los implicados.

La Policía realizó cinco allanamientos en la Ciudad Vieja y en El Pinar –a 30 kilómetros de distancia, también en el departamento de Canelones. En una primera instancia se logró la detención de diez personas, que permitió frustrar el intento de robo a una entidad bancaria.

Incautaciones en procedimiento que permitió evitar el robo de un banco en Uruguay (Ministerio del Interior)

Incautaciones en procedimiento que permitió evitar el robo de un banco en Uruguay (Ministerio del Interior)

Este miércoles, el Ministerio del Interior también mostró las incautaciones que hubo en estos procedimientos.

La Policía incautó dos vehículos, herramientas de trabajo como palas y picos, ropa utilizada para tareas de obra, un dron, cámaras de videovigilancia y dinero en efectivo: había 30.000 pesos uruguayos, USD 800 y 37.000 reales, entre otros objetos utilizados para la planificación del robo.

¿Quiénes son los imputados? En la conferencia de prensa, el Director de Investigaciones de la Policía Nacional, Julio Sena, informó que ocho son hombres y tres mujeres. Siete son ciudadanos paraguayos y brasileños, mientras que el resto son uruguayos.

Incautaciones en procedimiento que permitió evitar el robo de un banco en Uruguay (Ministerio del Interior)

Incautaciones en procedimiento que permitió evitar el robo de un banco en Uruguay (Ministerio del Interior)

El ministro del Interior, Carlos Negro, dijo en conferencia de prensa que la concreción del robo “hubiera ocasionado un duro daño, golpe, al sistema financiero del país. Y, en definitiva, a la economía nacional”, dijo.

Negro expresó ante los medios su “especial reconocimiento” a todos los funcionarios que intervinieron en la operación. “Este es un ejemplo de una banda o un grupo de personas que se organizaron para cometer varios tipos de delitos, entre ellos la tentativa de hurto, la asociación para delinquir y el tráfico de estupefacientes”, expresó.

Fuente: Infobae

Una turista argentina protagonizó un violento episodio de tránsito en la ciudad uruguaya de Punta del Este, donde amenazó con un bate de béisbol a un automovilista en plena vía pública y generó importantes demoras vehiculares. La secuencia fue registrada en video por el acompañante del conductor con el que mantuvo la discusión y se viralizó rápidamente en redes sociales.

El hecho ocurrió el sábado en la intersección de las calles Los Muergos y Calle 20, en el departamento de Maldonado, una zona de alta circulación vehicular. Según informó el portal Montevideo.com.uy, la mujer descendió de una camioneta Audi SUV gris, con matrícula argentina, portando un palo de madera en la mano.

En las imágenes se observó un intercambio de agresiones verbales entre la conductora y el acompañante del vehículo que se encontraba detrás. Fue en ese contexto que el hombre comenzó a grabar la escena, mientras otros automovilistas aguardaban detenidos por la interrupción del tránsito.

De acuerdo con el medio Punta del Este Portal, algunos testigos indicaron que la circulación permaneció totalmente congestionada durante varios minutos, coincidiendo con el momento en que se produjo la discusión. En el video se escuchó al hombre recriminarle que “todo Punta del Este está parado por la señora”, a lo que la conductora respondió con ironías y gestos desafiantes. “Mirá cómo tiemblo”, expresó, mientras continuaba con insultos.

La tensión aumentó cuando la mujer se acercó al hombre levantando el bate y le advirtió: “Vos no me va a decir boluda, ¿entendiste forro?”. Desde el interior de la camioneta, otros ocupantes intentaron calmar la situación.

Finalmente, la conductora regresó a su vehículo, lo estacionó en un parking de la calle y el otro automóvil continuó su marcha. No se registraron personas heridas ni daños materiales como consecuencia del episodio.

Tras la difusión del video, trascendió que el vehículo involucrado acumula un elevado número de infracciones de tránsito en Argentina. Según informó Infobae, el Audi Q7 que conducía la mujer registra 37 multas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y otras 15 en la provincia de Buenos Aires.

Las infracciones incluyen exceso de velocidad, circulación por lugares prohibidos, maniobras peligrosas y estacionamiento indebido. En CABA, las multas ascienden a un total de 6.647.595 pesos, mientras que en territorio bonaerense suman 4.427.150 pesos.

En total, el vehículo acumula 52 penalizaciones por un monto aproximado de 11.074.745 pesos. Entre las faltas más reiteradas se encuentran el exceso de velocidad y la circulación por espacios no habilitados, como bicisendas, además de infracciones por no respetar semáforos.

El episodio ocurrido en Punta del Este generó una amplia repercusión pública tras la viralización del video, mientras que las autoridades locales no informaron la adopción de medidas adicionales vinculadas al incidente.

¿Nació en Argentina, en Uruguay o en Francia? Una vez más, el hallazgo de un documento reavivó la histórica controversia sobre el lugar de nacimiento de Carlos Gardel, ícono del tango y de la música rioplatense. La nueva prueba data de 1920 y fue emitida por el Consulado de Uruguay en Buenos Aires.

La Comisión Gardel Rioplatense (CGR), integrada por investigadores y gestores culturales de Uruguay y Argentina, informó que el acta —encontrada en noviembre de 2025— certifica que Gardel nació en Tacuarembó el 11 de diciembre de 1887, como hijo de ciudadanos uruguayos. El documento, divulgado por el semanario Búsqueda, lo registra además como artista y soltero al momento de la tramitación.

Según la CGR, el acta fue gestionada por Gardel el 8 de octubre de 1920 ante un cónsul uruguayo y dos testigos, y funcionó como una partida de nacimiento provisoria que le permitió tramitar la ciudadanía argentina, en un contexto en el que se encontraba indocumentado. Para la comisión, el hallazgo podría saldar definitivamente la controversia sobre su origen, al aportar un registro oficial que respalda la versión uruguaya.

No obstante, el anuncio fue recibido con cautela por especialistas argentinos, quienes advierten que el documento refleja “un testimonio de un momento puntual”, es decir, lo que una persona declaró ante un funcionario en circunstancias determinadas, sin constituir necesariamente una constatación directa del hecho biográfico que declara. Para estos expertos, la vida de Gardel estuvo marcada por traslados, múltiples documentos y necesidades laborales que lo llevaron a adaptar su identidad.

También se plantearon dudas sobre la autenticidad y procedencia del acta, que deberá someterse a peritajes técnicos y archivísticos, incluyendo análisis de papel, tinta, filigranas, caligrafía, sellos y anotaciones, además de comparaciones con otros registros consulares de la época.

El proceso de validación comenzó con un acta notarial y continuará con un peritaje oficial a cargo de la Presidencia de la República Oriental del Uruguay. El historiador Gustavo Colman, especialista en la vida del cantor, explicó que el hallazgo fue posible gracias a la labor de un funcionario consular y sostuvo que el documento prueba que Gardel se asumía como ciudadano rioplatense, “nunca francés”.

En contraposición, otras investigaciones sostienen la hipótesis de un nacimiento en Toulouse, donde habría sido registrado como Charles Romuald Gardes, según consta en el libro El padre del Gardel. Colman afirmó que esa documentación estuvo vinculada a disputas por la herencia tras la muerte del artista.

Más allá de la polémica, Gardel creó el tango-canción y eligió ser símbolo del ser argentino y porteño, con obras inmortales como “Mi Buenos Aires querido”. Como escribió Osvaldo Sosa Cordero en 1931: “Casi me atrevería a afirmar que cada porteño lleva en sí un Gardel”.

El debate sobre el origen de Gardel se remonta a décadas atrás y atraviesa fronteras, pasiones nacionales y disputas académicas. A lo largo del tiempo, distintos documentos oficiales, testimonios y reconstrucciones biográficas alimentaron versiones contrapuestas que, lejos de clausurarse, se reactivan con cada nuevo hallazgo. En ese marco, el cantor se convirtió también en una figura simbólica disputada por países y tradiciones, más allá de su propia obra artística.

Para muchos investigadores, la persistencia de la controversia revela tanto las zonas grises de la documentación de comienzos del siglo XX como la magnitud cultural que alcanzó Gardel con el paso del tiempo. Su identidad, señalan, terminó siendo tan múltiple y cambiante como el mundo rioplatense que ayudó a narrar y a cantar.

Desde el mediodía de este miércoles 12 de noviembre comenzó a funcionar un nuevo sistema de control migratorio en el paso internacional que une Concordia con Salto a través del complejo hidroeléctrico de Salto Grande.

Con la implementación de este esquema renovado, los conductores ya no deben descender de sus vehículos para realizar los trámites migratorios. El procedimiento puede completarse directamente desde el interior del auto, tanto para quienes ingresan a la Argentina como para los que cruzan hacia territorio uruguayo.

Según confirmaron fuentes del área de Migraciones, el nuevo mecanismo consiste en la atención a través de cabinas instaladas en ambos sentidos del tránsito. Hay cuatro de cada lado del corredor, acompañadas por un puesto de control de Gendarmería Nacional del lado argentino y un control de Aduanas de Uruguay, respectivamente.

En Uruguay el trámite se realiza también desde el vehículo, entregando la documentación personal de todos los ocupantes y los papeles del rodado a través de la ventanilla.

Las autoridades indicaron que la puesta en marcha del nuevo sistema forma parte de una serie de obras en ejecución en distintos sectores del paso fronterizo. Los trabajos se concentran en el área donde antes funcionaban las oficinas tradicionales de Migraciones y podrían extenderse hasta diciembre o enero próximos, registró Diario Río Uruguay.

Además, se prevé la instalación de cartelería y semáforos para ordenar la circulación vehicular y facilitar el tránsito en ambos sentidos. Estos elementos complementarán la operatividad completa del nuevo esquema.

Como parte de las mejoras en el complejo del lado argentino, también se habilitó un mini-market que ya presta servicio al público que circula por la zona.

Meses atrás, el Gobierno de Entre Ríos había anunciado la adquisición de equipamiento tecnológico para el Centro de Frontera Concordia-Salto. Incluía sistemas de vigilancia con captación de imágenes en tiempo real y respaldo fílmico, lectoras de patentes con cotejo de información, escáneres con plataformas de control de DNI, reconocimiento facial y dactilar, semáforos para los carriles de acceso, barreras con lectoras de tarjetas TVF y sistema TFF, además de software y hardware para el procesamiento de información.

El Papa León XIV le comentó al presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, su intención de visitar la Argentina y Uruguay en 2026.

“La intención la tiene. Me quedó claro que el año próximo piensa empezar con ese peregrinar que tienen los papas, no todos, pero sí los últimos”, reveló el mandatario uruguayo a la prensa tras un encuentro que mantuvieron en el Vaticano.

Según contó, el Sumo Pontífice analizó la posibilidad de realizar el viaje de Francisco que quedó pendiente, destaca el sitio Newsweek Argentina.

“Su antecesor se quedó con aquella aspiración de ir al Río de la Plata, en Argentina, y no se pudo concretar. Él quizá vaya al Río de la Plata, a Buenos Aires, y le gustaría ir a Uruguay”, advirtió.

En ese sentido, remarcó que a León y los otros papas “no les queda otra opción” que visitar estos países porque “la gente los espera”.

“En Uruguay hace tiempo que estamos esperando, teníamos mucha expectativa con Francisco, porque era de ahí, de Buenos Aires, pero no se dio, pero este papa manifiesta toda su intención, veremos. Tiene todo un mundo para recorrer también”, expresó.

Fuente: Noticias Argentinas

La referente de la Fundación Empatía, Florencia Salgueiro, destacó la histórica aprobación de la ley de eutanasia en Uruguay y sostuvo que se trata de un acto de “justicia” para quienes transitan padecimientos irreversibles: “Mi papá murió pidiéndolo, y hoy se hizo justicia con quienes vendrán”. Salgueiro, cuya lucha personal estuvo motivada por la experiencia de su padre, Pablo Salgueiro, fallecido de ELA, afirmó: “Lo acompañamos en su sufrimiento, pero su muerte no fue como él quería. Ahora otros tendrán la libertad de decidir”.

Estas declaraciones fueron realizadas en diálogo con Infobae en Vivo, durante el programa de la mañana, que cuenta con la conducción de Gonzalo Sánchez, Ramón Indart y Cecilia Boufflet. En este contexto, Salgueiro profundizó en cómo la legislación pone en el centro la autonomía y la dignidad de los pacientes con enfermedades terminales o deterioros irreversibles, al tiempo que explicó los obstáculos atravesados hasta la sanción final. El avance legislativo en Uruguay también cobró relevancia por el contraste con otros países de la región, como la Argentina, donde el debate sobre la eutanasia permanece aún relegado.

A lo largo de la entrevista, Salgueiro puso el foco en la importancia que tuvo su historia personal en la militancia por la ley de eutanasia. “Mi padre vivió tres años con esclerosis lateral amiotrófica. Ya conocíamos la enfermedad porque de eso también fallecieron mi abuelo y mi tío. Pese a los mejores cuidados médicos y paliativos, el desgaste fue enorme. Su vida era de sufrimiento, sentía que no le quedaba calidad de vida. Incluso, luego de meditarlo, un día nos sentó y nos dijo: ‘Hasta acá llegué, esto ya no es vida. Quiero poder elegir cómo y cuándo terminar’”, relató.

El pedido, sin embargo, chocó con la legalidad vigente. “Les planteó a los médicos su voluntad, pero le dijeron: ‘No, lo que vos estás pidiendo no se puede’. Y así fue que él murió sin poder decidir. Haber tenido que acompañarlo de esa manera fue durísimo”, recordó Salgueiro, quien evidenció el vacío legal que afectó a cientos de uruguayos hasta este 2025.

La familia de Pablo Salgueiro, un paciente que falleció enfermo de ELA (@fepreco)

El recorrido parlamentario también estuvo marcado por la persistencia de familiares, activistas y referentes sociales. “Una semana antes de la partida de mi padre, se presentó el primer proyecto de ley de eutanasia. Él llegó a saber que existía, aunque era evidente que no iba a llegar a tiempo —evocó—. Después vinieron propuestas alternativas, negociaciones entre partidos, incluso algún estancamiento por diferencias internas. Pero finalmente, en este nuevo período, logramos el consenso necesario: el proyecto fue desarchivado, votado nuevamente en Diputados y, ayer, aprobado en el Senado. Estamos felices de haberlo conseguido”.

Consultada sobre los desafíos políticos y sociales que enfrentó la iniciativa, Salgueiro describió un escenario de avance y retrocesos. “Hubo bastantes obstáculos; en 2024, cuando el proyecto quedó encajonado, sentimos frustración. La oposición llegó principalmente desde alguna autoridad religiosa —explicó—, aunque incluso mucha gente creyente apoyaba la medida, como reflejaron varias encuestas. Lo que hubo fue una clara voluntad política, y el resultado superó las barreras partidarias: dos tercios del Senado votaron a favor, en un ejemplo de consenso muy necesario para derechos tan sensibles”.

Sobre el corazón de la ley y su implementación, la activista destacó los requisitos estrictos previstos para evitar abusos y priorizar la libertad individual. “La ley está pensada para mayores de edad, ciudadanos o residentes en Uruguay —precisó—. La persona debe estar psíquicamente apta, atravesar una enfermedad terminal que le provoque sufrimientos insoportables o una condición que deteriore progresivamente su calidad de vida, siempre sin esperanza de recuperación. El proceso no es inmediato: debe intervenir un equipo de al menos dos médicos que corroboren la situación. Si hay desacuerdo, se convoca una junta médica, que incluye psiquiatras y especialistas", expuso.

“Tras el aval profesional, se abre un período de diez días para garantizar que la decisión fue bien reflexionada. En ese tiempo se revisa la voluntad del paciente y se exige la presencia de dos testigos, que no sean beneficiarios de la herencia. Si tras todos estos pasos se confirma el pedido, recién entonces se autoriza el procedimiento. Pero la fecha final siempre la decide el paciente”, detalló. Toda esta estructura, advirtió Salgueiro, busca asegurar que cada quién pueda ejercer la máxima soberanía sobre su propio final.

Al ahondar sobre posibles interpretaciones erróneas, la entrevistada aclaró: “La ley es restrictiva: únicamente habilita la eutanasia para personas que puedan expresar su voluntad en forma lúcida y autónoma. No está previsto que terceros decidan por quien no puede manifestarlo, y tampoco se admite la eutanasia por voluntad anticipada o en casos de demencia severa. Para esos escenarios, lo que corresponde son otros cuidados”.

Uno de los temores recurrentes que surgieron durante el debate parlamentario giró en torno al rol del dolor y el acceso a cuidados paliativos. “Hay sociedades médicas que sostienen que con cuidados adecuados muchos pacientes pueden tener mejor calidad de vida —señaló—. Pero la ley no obliga a nadie: hay quienes desean seguir hasta el último momento, y otros a quienes el deterioro les resulta intolerable. La clave es que el dolor no es solo físico; también hay un sufrimiento psíquico y emocional que debe ser respetado”.

Respecto de la posibilidad de que extranjeros accedan a este derecho en Uruguay, fue enfática: “No queremos que se transforme en turismo eutanásico, como puede pasar en Suiza. Para acceder al procedimiento, hay que ser residente o ciudadano uruguayo. El requisito de residencia implica, si no me equivoco, al menos un año en el país, o tener la nacionalidad. Eso cierra la puerta a quienes solo busquen la ley desde el exterior”.

Florencia Salgueiro

Por su experiencia y la polémica que suscitó el aborto en los últimos años, también fue consultada por los resguardos legales para profesionales del sistema de salud. Salgueiro explicó: “Se incorporó un artículo fundamental: la eutanasia no es contraria a la ética médica. Esto exonera judicialmente y ante el colectivo profesional a médicos u otros integrantes del equipo de cualquier pena, siempre que respeten los procedimientos. Además, está habilitada la objeción de conciencia: cualquier integrante del equipo de salud, ya sean médicos, enfermeros o administrativos, pueden excusarse de participar por razones filosóficas, personales o religiosas”.

“Si se da el caso de una objeción institucional, como ocurre con clínicas vinculadas a credos religiosos, igual están obligadas a garantizar el acceso al procedimiento —explicó—. Deben derivar a los pacientes o subcontratar el servicio, porque deben cumplir con la normativa si forman parte del sistema nacional de salud”, precisó al distinguir la robustez de los resguardos legales.

Analistas y columnistas remarcaron en Infobae en Vivo, durante el programa de la mañana, que Uruguay vuelve a mostrar capacidad de diálogo y acuerdos sobre temas sensibles, en contraste con la postergación del tema en la Argentina. Allí se presentaron algunos proyectos, pero la cuestión sigue paralizada por la falta de consensos y la profundidad del debate público.

Florencia Salgueiro concluyó la entrevista con un mensaje que combinó la memoria de su padre con una convicción personal: “Hoy siento que esta ley es justicia para quienes no pudimos acompañar a los nuestros de la forma que deseaban, pero sobre todo para quienes vendrán. Nadie debería ser obligado a vivir un final que no desea. Debemos confiar en la autonomía y la capacidad de decisión de las personas”.

La reciente sanción de la ley de eutanasia en Uruguay constituye un paso trascendental en América Latina y promueve la discusión a nivel regional sobre los derechos individuales al final de la vida, la ética médica y el respeto a la autodeterminación. Aunque todavía resta la reglamentación por parte del Poder Ejecutivo, el mensaje de Salgueiro y quienes acompañaron este proceso es claro: se abrió la puerta para que cientos de uruguayos tengan una muerte digna, acorde a sus deseos.

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• De 9 a 12: Gonzalo Sánchez, Carolina Amoroso, Ramón Indart y Cecilia Boufflet.

• De 18 a 21: Jesica Bossi, Diego Iglesias, María Eugenia Duffard y Federico Mayol.

Uruguay se convirtió en el primer país de América Latina en legalizar la eutanasia. Tras años de debate y más de 12 horas de sesión, el Senado sancionó este miércoles la llamada “Ley de Muerte Digna”, con 20 votos afirmativos sobre un total de 31.

De esta forma, el país dio un paso histórico en la región: mientras que en Colombia y Ecuador la práctica está despenalizada, allí ocurrió por fallos judiciales, no por decisión legislativa.

El proyecto, impulsado en 2020 por el exdiputado colorado Ope Pasquet, había sido aprobado en junio en la Cámara de Diputados por 64 votos a favor y 29 en contra. En la votación definitiva, el oficialismo del Frente Amplio contó con el respaldo de legisladores del Partido Colorado y del Partido Nacional.

Según una encuesta de Cifra, el 62% de los uruguayos apoya la eutanasia, mientras que un 24% está en desacuerdo. En dos años, el respaldo social aumentó siete puntos porcentuales, reflejo de un cambio cultural y de una mayor apertura al debate sobre el final de la vida.

La nueva norma reconoce el derecho a “transcurrir dignamente el proceso de morir”, al despenalizar la eutanasia en personas mayores de edad, psíquicamente aptas, que atraviesen enfermedades incurables e irreversibles, o sufran dolores insoportables y un deterioro progresivo de su calidad de vida. Podrán acogerse a ella los ciudadanos uruguayos y los extranjeros con residencia habitual comprobada.

El procedimiento exigirá la valoración de dos médicos, y en caso de discrepancias, intervendrá una junta médica. Podrán ofrecer el servicio las mutualistas, la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), los seguros privados, Sanidad Militar y Policial y el Hospital de Clínicas. En cambio, las clínicas privadas no estarán habilitadas.

La muerte producida por esta vía será considerada natural a efectos legales, y todos los casos deberán reportarse ante una comisión de revisión anual.

Inspirada en los modelos de Bélgica y Países Bajos, la ley uruguaya establece un plazo máximo de seis meses para su reglamentación, momento en que se definirán los detalles del llamado “acto eutanásico”.

Qué pasa en el resto de América Latina con la eutanasia

En América Latina, el panorama es dispar.

En Argentina, la ley 26.742 de “muerte digna”, sancionada en 2012, permite rechazar tratamientos o hidratación artificial, pero no autoriza la eutanasia activa.

Ecuador despenalizó la eutanasia en 2024 tras un fallo de la Corte Constitucional, aunque aún carece de una ley específica.

En México, veinte estados cuentan con leyes de “voluntad anticipada”, aunque la eutanasia sigue prohibida por la Ley General de Salud.

En Brasil, en cambio, la práctica continúa penada como homicidio.

El Senado vota este miércoles el proyecto de ley de eutanasia, que ya fue aprobado en agosto en Diputados, con 64 votos a favor en 93 legisladores presentes.

Este proyecto, que lleva varios años de discusión y modificaciones, ahora se llama “ley de muerte digna”, y regula el procedimiento de eutanasia en casos especiales de enfermedades terminales o incurables, y cuando el paciente así lo resuelve en el uso pleno de sus facultades.

En Diputados fue aprobado con el voto del Frente Amplio y varios legisladores del Partido Nacional y el Partido Colorado, que votaron divididos. También lo hizo el diputado del Partido Independiente.

Votaron en contra varios diputados blancos y colorados, así como los de Cabildo Abierto e Identidad Soberana.

El proyecto llega finalmente al Senado para su aprobación definitiva, lo que convertirá a Uruguay en uno de los pocos países en legalizar la eutanasia.

Para ello, un médico deberá certificar que se dan las condiciones previstas en la ley, en cuanto a la enfermedad incurable, en etapa terminal, o con un sufrimiento tal que no se puede reducir ni eliminar.

Si ese médico no está convencido de que el paciente reúne las condiciones para habilitar la eutanasia, se puede convocar a un segundo profesional para que evalúe la situación.

En caso de opiniones divergentes entre los dos médicos ya citados, entonces se habilita la consulta a un ateneo médico para que resuelva si corresponde o no el procedimiento de muerte asistida.

La ley establece la objeción de conciencia del médico, esto significa que el profesional convocado para resolver y aplicar la eutanasia puede negarse si así lo desea, publicó Subrayado.

El candidato nacional argentino Guillermo Michel expresó  su preocupación por la instalación de una planta de hidrógeno verde en las costas del Río Uruguay, a la altura de las ciudades de Colón (Argentina) y Paysandú (Uruguay).

A través de su cuenta de X (ex Twitter), Michel se dirigió directamente al presidente uruguayo Yamandú Orsi, solicitando la apertura de una mesa de diálogo entre autoridades de ambos países, en el marco del Estatuto del Río Uruguay y el Convenio sobre facilitación del turismo vigente entre Argentina y Uruguay.

"Los entrerrianos estamos muy preocupados por la instalación de la planta de hidrógeno verde en las costas del Río Uruguay, a la altura de las ciudades de Colón y Paysandú", escribió Michel, quien también mencionó al intendente de Paraná y ex candidato a gobernador Adán Bahl, como parte de la iniciativa.

Estimado presidente @OrsiYamandu,Los entrerrianos estamos muy preocupados por la instalación de la planta de hidrógeno verde en las costas del Río Uruguay, a la altura de las ciudades de Colón y Paysandú.Es por ello que en virtud del espíritu de fraternidad y compromisos… pic.twitter.com/QFx1a7jQ40

La solicitud apunta a intercambiar puntos de vista con funcionarios del gobierno uruguayo designados por Orsi, con el objetivo de abordar la situación en un marco de fraternidad y cooperación binacional.

Preocupación por el impacto ambiental y turístico

El proyecto de hidrógeno verde del lado uruguayo ha despertado inquietud en sectores sociales, ambientales y políticos de Entre Ríos, especialmente en lo que respecta al potencial impacto sobre el ecosistema del río y la actividad turística en la zona.

Una multisectorial de organizaciones sociales, políticas, gremiales y ambientales de Colón se autoconvocaron el pasado domingo en el puerto local. Fue para evaluar las últimas noticias que llegan desde el Uruguay. Las informaciones confirman la instalación de un mega complejo industrial de refinería de combustibles no convencionales en base metanol y captura de hidrógeno a unos 3.500 metros de distancias de las playas entrerrianas. Según se indicó a ERA Verde, se realizó una marcha de repudio al grito contra la empresa desarrolladora “HIF, escucha, Colón está en la lucha”, en el que se manifestó la preocupación la falta de compromiso de las autoridades orientales a las promesas de relocalización y revisión del lugar de emplazamiento de la planta de e-combustibles. Se analizan vías judiciales internacionales.

El encuentro, desarrollado en el Auditorio Municipal Presidente Arturo Illia de Concepción del Uruguay, contó con la presencia de intendentes de Argentina, Uruguay y Brasil, quienes abordaron temas relevantes para la región, vinculados a las perspectivas y objetivos en la gestión de la cuenca del río Uruguay.

Davico había recibido la invitación la semana pasada, de manos del intendente de la vecina ciudad, Eduardo Lauritto, con quien se reunió en la Municipalidad local.

En su alocución, Davico manifestó la importancia que tiene el trabajo del Comité para el Desarrollo de la Cuenca del Río Uruguay: “Queremos seguir participando activamente, porque el recurso hídrico del río Uruguay es fundamental. En Entre Ríos estamos ‘al final de la fila’, por eso nos interesa trabajar en conjunto con todos los intendentes de la cuenca”, ratificó.

Acto seguido, hizo mención a la importancia del dragado del río Gualeguaychú: “Hace más de treinta años que no se draga ese río, y recién ahora se está trabajando para hacerlo. El dragado es esencial para la navegabilidad, la productividad y el escurrimiento natural del río, como se hace en cualquier parte del mundo”, enfatizó.

Luego de destacar que la cuestión ambiental “es clave”, Davico hizo hincapié en que “hay que cuidar el ambiente. Pero también hay que generar trabajo y recursos genuinos. Sin navegabilidad y puertos activos eso es imposible”.

En ese sentido, recordó que la Municipalidad de Gualeguaychú trabaja, no solo con los comités de cuenca, sino también con ONG e instituciones. “Hay ONG que aportan mucho, aunque otras tienden a politizar y a contradecir, por lo cual, también hay que discernir lo importante”, sostuvo.

Finalmente, el Intendente adelantó su decisión de “seguir trabajando y profundizando esta línea, como ya lo hemos hecho con convenios y proyectos de turismo, cultura y otras áreas”, a la vez que puntualizó que “lo central debe ser el cuidado del río Uruguay, su navegabilidad y la productividad que genera, cuidándolo entre todos, con la responsabilidad que nos corresponde”.

Del encuentro participaron además, los intendentes Francisco Ascué, de Concordia; José Luis Walser, de Colón; Gustavo Bastián, de San José; Maher Haber, de Barra do Quaraí (Brasil), Carlos Albisu, de Salto (Uruguay); la presidenta de Delegación uruguaya de CARU, Cecilia Bottino; el senador provincial, Martín Oliva; representantes de Paysandú, Pueblo de Belén, Bella Unión, Artigas, Fray Bentos y Colonia de la República Oriental del Uruguay; Villa del Rosario, Federación, Yeruá, Liebig y autoridades de la Universidad de Concepción del Uruguay (UCU), Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER); Universidad Tecnológica Nacional (UTN) y de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER).

En una exitosa operación, agentes de la Policía Federal de Concepción del Uruguay lograron la captura y posterior extradición de un ciudadano uruguayo, quien estaba bajo una alerta roja emitida por Interpol Uruguay. La alerta se originó en el contexto de una investigación por abuso sexual agravado, iniciada el 7 de julio de este año.

La investigación se intensificó tras recibir la notificación de Interpol, lo que llevó a los agentes a localizar al fugitivo en un complejo de departamentos en la ciudad de Colón. La relevancia del caso motivó la intervención del Juzgado Federal de Concepción del Uruguay Nº1, dirigido por el juez subrogante Dr. Hernán Sergio Viri.

Tras su captura, el detenido fue trasladado a la División Unidad Operativa Federal de Concepción del Uruguay, donde permaneció durante los trámites de extradición. Finalmente, el 15 de agosto, se completaron los procedimientos administrativos y diplomáticos necesarios, permitiendo su entrega formal a las autoridades de Interpol Uruguay en el Puente Internacional “General José Gervasio Artigas”.

Este caso no solo destaca la efectividad de las alertas rojas de Interpol, sino también la importancia de la colaboración entre países en la lucha contra delitos graves, asegurando que los responsables enfrenten la justicia.

Fuente: La Piramide

Durante su estadía, Belbei recorrió el Polideportivo Norte, conoció las ligas municipales de deportes y el Curso y Reválida de Guardavidas, además de interiorizarse sobre los planes y programas de las escuelas municipales de la ciudad.

La visita se enmarca en gestiones impulsadas por el intendente Mauricio Davico a comienzos de este año, orientadas a consolidar la cooperación con localidades de la región y países vecinos.

El director de Deportes local, Raymundo Legaria, destacó la importancia del encuentro: “Recibir a colegas de otros países nos permite mostrar nuestro trabajo y, al mismo tiempo, aprender y enriquecernos mutuamente. El deporte es un lenguaje universal que nos une y nos inspira a mejorar día a día nuestras escuelas y programas municipales”.

Durante la visita, Belbei y su equipo aceptaron participar de los torneos locales de ajedrez y newcom, mientras que el equipo de Gualeguaychú recibió la invitación de conocer la metodología de trabajo uruguaya, abriendo la posibilidad de intercambiar ideas y estrategias entre ambos países.

Este encuentro confirma que el deporte puede funcionar como un puente de cooperación internacional, facilitando el intercambio de conocimientos y fortaleciendo los vínculos entre comunidades de la región.