La convocatoria, correspondiente a la 22ª edición de la protesta impulsada por la Asamblea Ambiental Gualeguaychú, comenzó en Arroyo Verde con la tradicional caravana rumbo al puente, donde se realizó el acto central.

Allí se dio lectura a una proclama en la que se insistió con el histórico reclamo en defensa del río Uruguay y los humedales, con críticas dirigidas principalmente a la empresa UPM y a lo que consideran un proceso sostenido de contaminación.

“Nos convoca la urgencia y la responsabilidad hacia el futuro. Sin agua no hay vida”, señalaron en el documento, donde también remarcaron que, pese al paso del tiempo y los cambios de gobierno, “el problema persiste”.

En ese marco, reclamaron controles “reales y transparentes” sobre los vuelcos al río, mayor soberanía en las decisiones ambientales y políticas públicas sostenidas en torno al cuidado de los recursos naturales. Además, reiteraron el pedido de instalación de sistemas de monitoreo de calidad del aire en la ciudad.

La jornada también incluyó cuestionamientos a nuevos proyectos industriales en la región. En particular, se mencionó la posible instalación de una planta de HIF Global frente a Colón, iniciativa que —según expresaron— genera preocupación por su potencial impacto.

La movilización concluyó con un nuevo llamado a sostener el reclamo ambiental, en una protesta que se mantiene vigente a lo largo de los años.

La Asamblea Ambiental de Gualeguaychú convocó a la 22ª Marcha al Puente Internacional General San Martín, que se llevará a cabo el domingo 26 de abril, en una nueva manifestación en defensa del río Uruguay y en rechazo a la actividad de las pasteras instaladas en la orilla vecina.

La movilización, que se ha convertido en un emblema de la lucha ambiental en la región, se realizará este año bajo el lema “Sin agua no hay vida”, una consigna que apunta a reforzar el reclamo histórico y a poner el foco en la protección de nuestros ríos.

Como es habitual, la jornada tendrá como modalidad una caravana de vehículos que partirá desde el paraje Arroyo Verde, sitio emblemático de la protesta, hacia la cabecera del puente internacional que une Argentina con Uruguay. Tras la concentración, los participantes regresarán al mismo punto, donde se llevará adelante el acto central con la lectura de la proclama.

Desde la organización destacaron que la marcha mantiene el espíritu que le dio origen hace más de dos décadas, cuando la comunidad de Gualeguaychú comenzó a movilizarse contra la instalación de plantas de celulosa en la ciudad uruguaya de Fray Bentos. Con el paso de los años, la protesta se consolidó como una referencia a nivel nacional en materia ambiental.

Se espera la participación de vecinos, organizaciones sociales y ambientales, así como también de ciudadanos de distintos puntos del país que cada año se suman a la convocatoria para visibilizar el reclamo. En esta edición, además, no se descarta la realización de acciones complementarias en otras localidades entrerrianas, con el objetivo de amplificar el mensaje en defensa del río Uruguay.

La marcha, que se realiza tradicionalmente el último domingo de abril, volverá a poner en agenda un conflicto que lleva más de veinte años y que continúa movilizando a una parte importante de la comunidad.

Se trata de una causa que inició en 2006 caratulada “UPM (ex Botnia) y otro s/ Infracción Ley 24.051 (Art. 55)”, y no es la primera vez que Uruguay se niega a colaborar con la Justicia Federal de Gualeguaychú.

La postura se escuda en la Resolución Nº 2052 que emitió en 2008, el gobierno del entonces presidente de la República Oriental del Uruguay, Tabaré Vázquez, por la cual se niegan por razones de “seguridad” la comparecencia de directivos de la pastera UPM (Botnia en ese entonces) ante la Justicia Federal por el cargo de “tentativa de contaminación”, que impulsó el ex gobernador de Entre Ríos, Jorge Busti.

Nuevamente, este año la solicitud de “cooperación jurídica internacional” de parte del Juzgado de Primera Instancia de Gualeguaychú, para el “sometimiento ante tribunales argentinos de representantes y titulares de la empresa Botnia SA, Botnia Fray Bentos SA y UPM SA” en relación a “procesos que se vinculan con aspectos medioambientales”, fue rechazada.

La nota con fecha el 11 de febrero de 2026 y firmada por el presidente Yamandú Orsi, a la que tuvo acceso Ahora ElDía, vuelve a basar su posición en el argumento de que los requerimientos “afectan directamente a los intereses esenciales del Estado uruguayo, en tanto refieren a emprendimiento industriales instalados en territorio nacional”.

Al respecto, el juez federal Hernán Viri contó que en “la nota de oficio, firmada por el Presidente de Uruguay, me hizo saber que no iban a contestar todos mis requerimientos porque UPM es una cuestión de interés nacional, por lo que no iban a dar ningún tipo de respuesta. Y, en paralelo a esta cuestión, de manera concomitante, la CARU que es la encargada de llevar el control de la afectación del río Uruguay, nos envió un informe de 2021 y 2022. Esos informes muestran que se superan los parámetros permitidos de contaminación, puntualmente en lo que es materia fecal, fósforo y temperatura del río. Esos son datos científicos”.

De los informes de 2023, 2024 y 2025, Viri señaló que no se tiene ningún dato, a pesar de que la CARU es un órgano binacional de contralor: “Antes de estos datos que nos enviaron, los últimos que teníamos eran de 2019. Se trata de un incumplimiento de parte de la CARU. Después de muchos requerimientos que le fui cursando desde que soy Juez federal acá, hace poco subieron los informes hasta el año 2022”.

La CARU es un órgano binacional y tiene rango diplomático, por lo que el Juez Federal no tiene potestad de allanarlo, ni exigir nada desde el punto de vista penal: “En estas situaciones, encuentro un límite muy firme en la falta de colaboración, normalmente esto se destraba a través de la cancillería, que en nombre nuestro presidente debería hablar con la cancillería uruguaya para pedir esa colaboración. Estoy evaluando sentarme con el canciller Pablo Quirno para plantear esto, porque es la única vía por la que se puede llegar a destrabar. Mi potestad como juez, llega a la mitad del río Uruguay, luego es jurisdicción uruguaya por lo cual no puedo ir a tomar muestras”.

Viri reconoció que la actual postura nacional en torno al Medio Ambiente “conspira a la hora de obtener resultados importantes cuando se llevan a cabo investigaciones para despejar cuestiones ambientales. Hay un límite que me lo fija la autonomía de otro país, y eso podría destrabarse a través de la política, la Cancillería o del propio Presidente. Uno advierte que para este Gobierno hay otras prioridades, no juzgo si está bien o mal, solo digo que es eso lo que ocurre”.

Contaminación con sello local

Hernán Viri tiene a su cargo el caso de contaminación de la Planta de Efluentes Cloacales del Parque Industrial Gualeguaychú y esta semana recibió el plan de acción para resolver la situación: “Recientemente desde la Codegu presentaron un plan en el que nos dijeron que estaban haciendo y cuál es la idea de seguir adelante. Lo quiero analizar bien. El Fiscal Federal también lo hará. Y después, antes de decidir, muy probablemente haga una audiencia pública, no sólo con las partes, sino también con la ciudadanía para luego tomar una decisión respecto al Parque Industrial”. Y agregó: “La pericia que llevó adelante la Policía Federal Argentina arrojó que había una afectación ambiental, los sedimentos encontrados están contemplados en el Anexo 2 de la Ley 24.051”.

El Juez Federal reconoció ser consciente de que una posible “clausura del Parque Industrial puede afectar a muchos trabajadores”. Sin embargo, destacó que “en esta tensión constante que hay entre un bien jurídico y el otro, tiene que tratar de adoptar un temperamento armonioso, porque una vez que se afecta el medio ambiente, es muy difícil la reconstrucción, algunas veces es imposible, y al mismo tiempo, es importante el avance industrial y las fuentes laborales. Por eso, no dispuse directamente la clausura, sino que estoy tratando de arribar a una solución, que las partes comprendan la importancia que tiene esto. Si se llega a un acuerdo, la idea no es como una primera decisión intempestiva clausurar el Parque Industrial, pero sí lo estoy evaluando”.

El problema con la Planta de Tratamientos de Efluentes del PIG es que no da a vasto con todo lo que tiene que procesar, por lo cual la solución estaría dada con la modificación de la misma. Viri barajó que otra alternativa podría ser clausurarla y que cada empresa haga su tratamiento de los desechos, aunque reconoció que sería inviable desde el punto de vista económico.

“Me parece que es más sencillo que se pongan de acuerdo las empresas, la Codegu y la Municipalidad para tratar de readecuar la planta y dar una solución al Medio Ambiente y al barrio que está pegado, porque el olor es insoportable. Hay que abordarlo y dar una solución. Desde la Justicia tenemos que dar respuestas definitivas a este tipo de cuestiones”, concluyó.

El ministro de Ambiente de Uruguay, Edgardo Ortuño, dio a conocer definiciones de peso sobre dos de los proyectos industriales más relevantes del país: la planta de HIF Global en Paysandú y la ampliación de la producción de UPM en Fray Bentos. 

Ortuño confirmó que el gobierno uruguayo avanza en ambos procesos bajo una premisa que, subrayó, busca compatibilizar desarrollo productivo, sostenibilidad ambiental y mecanismos de control institucional.

Sobre la negociación con Argentina en torno a la planta de HIF Global, Ortuño remarcó que el proceso se encuentra en una etapa clave. La ubicación planteada por la empresa cuenta con la autorización ambiental de localización, pero es el primer paso administrativo. “Lo más importante viene ahora”, señaló, en referencia al estudio de impacto ambiental, requisito indispensable para que el proyecto avance. 

El Ministerio ya remitió a la empresa los términos de referencia, así como se incorporaron las preocupaciones planteadas por la delegación argentina que visitó el país, en un gesto orientado a sostener un diálogo fluido entre ambos gobiernos. “Nos comprometimos a que los temas promovidos por la delegación argentina fueran estudiados, y así lo hicimos”, afirmó.

Las partes acordaron dar continuidad formal a ese ámbito de intercambio, con un nuevo encuentro previsto en marzo. Allí, Uruguay actualizará la información disponible y escuchará los planteos del gobierno argentino. (El Telégrafo)

Tras varios años de inactividad, la Comisión de Seguimiento de la planta de UPM en Fray Bentos retomará formalmente su funcionamiento en 2026, con un renovado énfasis en el control ambiental, la transparencia y la participación de la sociedad civil. Así lo anunció el ministro de Ambiente de Uruguay, Edgardo Ortuño.

Creada en 2007 para garantizar información pública y prevenir incidentes ambientales vinculados al funcionamiento de la planta de celulosa, la comisión había dejado de reunirse durante un largo período. “Hacía muchos años que no se reunía la comisión de seguimiento del proyecto”, reconoció Ortuño, al confirmar su reactivación. 

En esta nueva etapa, las instancias de trabajo permitirán recoger y debatir las preocupaciones de la sociedad civil, los organismos locales y la intendencia departamental, reforzando así el monitoreo institucional sobre una de las instalaciones industriales más relevantes del país.

El ministro recordó que durante 2025 se realizaron encuentros preliminares que sirvieron como antesala de la reactivación formal prevista para el próximo año. A partir de 2026, la comisión volverá a ser un espacio regular de intercambio y control, con foco en el desempeño ambiental de la planta y en la prevención de posibles impactos sobre el río Uruguay.

En paralelo, el Ministerio de Ambiente avanza en el análisis técnico de la solicitud presentada por UPM Fray Bentos para incrementar la producción de la planta sin aumentar los vertidos al río. La evaluación está a cargo de la Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental (Dinacea), que mantiene un intercambio permanente con la empresa para ajustar estudios y propuestas. Según Ortuño, el objetivo es asegurar que cualquier ampliación productiva cumpla estrictamente con los estándares ambientales vigentes. “En general, el proyecto que se plantea está en condiciones de llevarse adelante”, afirmó, aunque aclaró que el anuncio de las inversiones corresponderá a la empresa.

El fortalecimiento de los controles ambientales también se extiende a otros proyectos estratégicos en la zona. Ortuño se refirió a las negociaciones con Argentina por la instalación de la planta de hidrógeno verde de la empresa HIF Global. La iniciativa ya cuenta con autorización ambiental para su localización, pero aún está pendiente la presentación del estudio de impacto ambiental, requisito clave de la normativa nacional.

Tras un reciente encuentro bilateral, el estudio incorporará además las preocupaciones planteadas por la delegación argentina. Una vez que la empresa entregue la información solicitada, el Ministerio de Ambiente realizará el análisis técnico correspondiente antes de avanzar en nuevas definiciones.

Con la reactivación de la comisión de seguimiento, la evaluación rigurosa de ampliaciones industriales y el control exhaustivo de nuevos emprendimientos energéticos, el gobierno busca reforzar el rol del Estado en la fiscalización ambiental y garantizar que el desarrollo productivo se compatibilice con la protección del río Uruguay y su entorno. (Con información de Caras y Caretas)

El pasado 10 de marzo se produjo un derrame de ácido sulfúrico en el muelle de la planta de celulosa de UPM ubicada en Fray Bentos. El hecho tuvo lugar durante la descarga del producto químico desde un buque, debido a una deficiente conexión que provocó la rotura de la manguera que transportaba el ácido hasta la terminal. En aquel momento, las autoridades del Ministerio de Ambiente que se presentaron en el lugar aseguraron que el derrame había sido “controlado” y que “quedó acotado en el muelle”, según publicó el medio uruguayo Semanario Búsqueda.

En enero, el gobierno del entonces presidente Luis Lacalle Pou había aprobado el Decreto 22/2025, modificando el Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental y Autorizaciones Ambientales, y estableció nuevos rangos de sanciones económicas. De tal forma, el Ministerio de Ambiente quedó habilitado a imponer sanciones que oscilan entre 10 y 100 mil unidades reajustables (UR). Actualmente, cada UR equivale a 1.829,06 pesos uruguayos, 45,53 dólares, un valor que se ajusta mensualmente. Según una resolución del Ministerio de Ambiente aprobada el 17 de julio, se le aplicó a UPM S.A. y UPM Fray Bentos S.A. una multa de 4.000 unidades reajustables (UR), equivalentes a 7.316.240 pesos uruguayos (182.501,76 dólares), “por el incumplimiento al Plan de Gestión Ambiental de Operación (PGAO) aprobado y, en particular, al procedimiento de carga y descarga de sustancias químicas en el puerto, poniendo en riesgo el ambiente debido a la fuga de ácido sulfúrico a través de la red de pluviales, la cual no cumplió la función de estructura de contención”. Asimismo, se sumó una segunda sanción de 1.000 UR —que representan 1.829.060 pesos uruguayos (U$S 45.625,44) adicionales— “por el vertido de ácido sulfúrico en un curso de agua”, en un volumen que podría haber alcanzado los 6.000 litros, “tratándose de una sustancia susceptible de deteriorar el medio receptor”. Es decir: las autoridades uruguayas estimaron que se trató de una infracción leve en ambos casos y, por tal razón, el total que UPM deberá pagar en calidad de sanción alcanza exactamente a 228.127,20 dólares por provocar el derrame de una sustancia extremadamente peligrosa a las aguas del río Uruguay.

La respuesta de UPM

La resolución ministerial explica que el 10 de marzo se registró una contingencia ambiental durante la operación de descarga de ácido sulfúrico desde un buque hacia la planta industrial, que provocó el derrame del producto sobre la explanada del muelle. Parte del ácido llegó al sistema de drenaje pluvial y desde allí se vertió al curso de agua.

Al día siguiente, personal del ministerio uruguayo realizó una inspección en el lugar con el propósito de verificar las condiciones ambientales, las causas del evento y la “aplicación del Plan de Contingencias”.

Una semana después, la cartera solicitó a UPM S.A. y a UPM Fray Bentos S.A. información complementaria sobre el evento, la implementación de “medidas correctivas” y la revisión de los “procedimientos operativos” para “minimizar la ocurrencia de eventos similares y mitigar sus impactos”, y se les otorgó un mes de plazo para presentar una “propuesta de alcance y términos de referencia” para la contratación de una auditoría técnica que permitiera hacer “una evaluación objetiva y exhaustiva del estado de las instalaciones y estructuras civiles involucradas en operaciones de trasvase, almacenamiento, transporte interno y sistemas de contención de sustancias químicas peligrosas, así como los procedimientos internos asociados”.

El 1 de abril, la multinacional finlandesa presentó información parcial y el Ministerio de Ambiente determinó que los datos brindados “no permitían esclarecer la contingencia ambiental ocurrida en su totalidad” e instó a las compañías a presentar la información completa bajo la advertencia de eventuales sanciones. También solicitó que actualizara los procedimientos de manejo de sustancias químicas peligrosas y presentara una propuesta de alcance de auditoría, agregó la resolución, insumos que fueron efectivamente presentados por UPM y UPM Fray Bentos, junto con una serie de descargos.

La empresa manifestó el malestar por las posibles multas que se le podían aplicar y solicitó la modificación del plazo para presentar los resultados de la auditoría. Entre los argumentos esgrimidos, alegaron que ante el evento ocurrido en marzo pasado “cumplieron con los procedimientos del PGAO, pero falló el funcionamiento de la válvula de cierre dispuesta al final de la cañería, lo que permitió el pasaje de una cantidad limitada de ácido sulfúrico hacia el río” y agregaron que “la situación estaba siendo abordada con medidas correctivas concretas, y que el accionar inmediato para interrumpir el bombeo minimizó la afectación ambiental”. 

El Ministerio de Ambiente uruguayo rechazó los descargos, tal como explica en la resolución: “Del análisis posterior surgen elementos que evidencian deficiencias en el sistema de contención”, al verificarse que el ácido sulfúrico no solo llegó al curso de agua a través de la falla en la válvula de cierre, sino que “se identificó un segundo punto de fuga en una pieza del sistema de recolección pluvial” que había sufrido una deformación térmica “previsible e impidió que el sistema funcionara como una barrera de contención eficaz”.

Las autoridades uruguayas consideraron que el derrame de ácido sulfúrico que se provocó “no excluye el incumplimiento al Código de Aguas”, lo cual “configura por el simple hecho de introducir en un cuerpo de agua una sustancia susceptible de deteriorarlo”, independientemente de la magnitud del daño. Y concluye afirmando la resolución ministerial que el derrame efectivamente existió “y tuvo lugar como resultado de fallas técnicas previsibles”.

Pilar Quijano, directora general de ambiente de la Intendencia de Río Negro, Uruguay, abordó la creciente preocupación de la población respecto a los episodios de olor provenientes de la planta de UPM.

La directora explicó que, tras los episodios de olor, el intendente se comunicó de inmediato con su equipo y con las autoridades nacionales competentes. Quijano subrayó que el monitoreo y seguimiento de las industrias es responsabilidad del Ministerio de Ambiente, y que la Intendencia está colaborando con las tareas que este ministerio está llevando a cabo. «El Ministerio cuenta con la capacidad técnica especializada para evaluar lo que está sucediendo y exigir soluciones», afirmó.

Además, Quijano hizo hincapié en la necesidad de reactivar una comisión de seguimiento integrada por varias instituciones. Aclaró que la planta está siendo monitoreada permanentemente por sensores que evalúan la calidad del aire en tiempo real, y aunque no pudo proporcionar detalles sobre los compuestos específicos, confirmó que se ha determinado una pérdida en la calidad del aire, lo cual es un tema de gran preocupación para la administración.

La directora concluyó enfatizando que la calidad del aire es un derecho fundamental que debe ser protegido, y que están trabajando activamente para abordar esta situación y garantizar un ambiente saludable para la comunidad.

Fuente: Río Negro Ahora

Vecinos de diversos barrios del este y centro de la ciudad, además de Pueblo Belgrano, manifestaron haber percibido en horas de la mañana y el mediodía fuerte olor “como a podrido” o “repollo hervido”. El evento coincide con el anuncio de la empresa que adelantó la posibilidad de los mismos. 

El comunicado: 

Actividades de mantenimiento en UPM Fray Bentos(UPM, Fray Bentos, 3 de julio de 2025 17:00 GMT-3) – UPM informa a la comunidad que se están realizando actividades de mantenimiento en el área de recuperación de la planta UPM Fray Bentos. Las tareas se extenderán por aproximadamente 72 horas.

En este período y de forma eventual, podrían generarse episodios de olor en las cercanías de la planta que en ningún caso afectan la salud de las personas.

En diálogo con Ahora ElDía, Ivana Zecca, Subsecretaria de Ambiente y Seguridad Alimentaria de la Municipalidad de la Municipalidad de Gualeguaychú, confirmó que por la mañana recibieron una denuncia y fueron a constatar de que efectivamente los olores provenían del procedimiento en ejecución por parte de la empresa finlandesa. 

El pedido ingresó este martes a la Cámara de Diputados. Insta al Poder Ejecutivo que informe en un plazo perentorio de 40 días sobre los pasos que se siguieron y se sostuvo que “la salud de nuestra población y la integridad de nuestros ecosistemas no pueden quedar supeditadas a la incertidumbre ni a la falta de información transparente y accesible”.

Así, se requirió que la Secretaría de Ambiente de la Provincia de Entre Ríos precise: “a. Qué acciones específicas, protocolos de actuación y tareas de monitoreo se activaron y ejecutaron inmediatamente después de tomar conocimiento del incidente. b. Qué tipo de muestras (aire, agua, suelo, etc.) fueron tomadas en las zonas afectadas de la provincia, indicando puntos de muestreo, fechas y horarios”.

La diputada justicialista Lorena Arrozogaraya, autora del pedido de informes, también solicitó que se precise en el punto “c. Qué informes técnicos y resultados analíticos ha producido el Área de Laboratorio de Concepción del Uruguay, o cualquier otro organismo técnico dependiente de la Secretaría, en relación con las muestras recolectadas y la calidad del aire y agua en las áreas impactadas por el olor y los posibles contaminantes. Detallar los parámetros medidos y los niveles detectados. d. Si se ha establecido comunicación oficial con autoridades de la República Oriental del Uruguay o con la empresa UPM para solicitar información sobre la naturaleza, magnitud y composición del derrame, y en caso afirmativo, cuál ha sido la respuesta obtenida. e. Qué medidas de prevención, mitigación o alerta a la población se implementaron o se prevén implementar”.

Respecto de la participación de la Provincia en la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU), que se informe “a. Qué acciones, informes o actuaciones ha impulsado o producido la delegación argentina ante la CARU a raíz del incidente. b. Si la CARU ha realizado monitoreos específicos en el cuerpo de agua del Río Uruguay en la zona de influencia de la planta UPM con posterioridad al 16 de mayo de 2025, y cuáles han sido los resultados preliminares o finales de dichos estudios. c. Qué medidas se han solicitado o se solicitarán a la CARU para asegurar el cumplimiento del Estatuto del Río Uruguay y prevenir futuros incidentes de contaminación”.

Asimismo, respecto de la Guardia Ambiental de Gualeguaychú, se requirió: “a. Detalle de las acciones, intervenciones y constataciones realizadas por la Guardia Ambiental de Gualeguaychú desde el momento en que se detectaron los olores y se tomó conocimiento del incidente ambiental del 16 de mayo de 2025. b. Si se labraron actas, se tomaron muestras o se emitieron informes como resultado de su intervención, y en caso afirmativo, proveer copia de los mismos. c. Qué tipo de comunicación y coordinación se mantuvo con otros organismos provinciales o nacionales”.

Fundamentos

En los fundamentos, Arrozogaray contextualizó que “el incidente ambiental ocurrido el día 16 de mayo de 2025, originado por un presunto derrame químico en la planta de UPM (ex Botnia), ubicada en Fray Bentos, República Oriental del Uruguay, cuyos efectos se extendieron a localidades de nuestra provincia interpela el compromiso ambiental irrenunciable e impostergable de este cuerpo y del estado provincial y municipal para con los entrerrianos y entrerrianas”.

Ante aquella situación, sostuvo que “este tipo acontecimientos nos impulsa a accionar desde todos los ámbitos, gubernamentales y no gubernamentales, ante incidentes donde la sociedad no cuenta con información certera y oportuna acerca de la calidad del aire y del agua, tanto durante como después de eventos tan nocivos para el ambiente como el acaecido”.

Destacó que “como consecuencia del mencionado derrame, un olor putrefacto alcanzó las ciudades de Gualeguaychú, Pueblo General Belgrano y áreas aledañas, generando una notoria preocupación y afectando la salud y el normal desenvolvimiento de las actividades cotidianas de nuestros ciudadanos”. Así, entendió que “es imperativo y urgente contar con información adecuada y fehaciente, proveniente de los organismos institucionales con competencia específica, para determinar la naturaleza y composición de las emanaciones y vertidos, y en particular, para establecer si estos pudieron contener Sulfuro de Hidrógeno, Metilmercaptano y Sulfuro de Metilo, compuestos químicos sulfurosos que, según es de público conocimiento, son utilizados por la empresa UPM en su proceso de fabricación de pasta celulosa”. 

Fuente: APFDigital

El exjuez de instrucción de Gualeguaychú Eduardo García Jurado presentó en las últimas horas una denuncia ante olores nauseabundos que se registraron en la localidad de Pueblo Belgrano, donde reside. El abogado y ex magistrado marcó la coincidencia con emanaciones de materiales que se usan en la producción de Botnia y pidió que se investigue el origen.

Según el texto de la presentación, García Jurado comenzó a sentir un olor nauseabundo este viernes alrededor de las 16 horas. “Advertí que estaba en la atmósfera y supuse que éramos víctimas nuevamente de Botnia, ubicada en Fray Bentos, en la República Oriental del Uruguay”, expuso.

García Jurado relató que por la tarde tuvo una consulta física con un profesional y que la pudo realizar a medias puesto que en la parte final incluía una serie de ejercicios de respiración que no pudo realizar al verse afectado su aparato respiratorio y su sentido del olfato.

“He tomado conocimiento de que este daño ambiental con implicancias para la salud afectaba a todo Pueblo Belgrano, gran parte de Gualeguaychú y hasta la zona de la ruta 20 y de la ruta internacional 136”, precisó.

“Este daño ambiental debe ser investigado por la justicia federal”, consideró García Jurado, al tiempo que mencionó que las emanaciones pueden provenir de sulfuro de hidrógeno, sulfuro de metilo y otros compuestos químicos que usa Botnia en el proceso de fabricación de celulosa, que pueden afectar el sistema respiratorio y causar otros inconvenientes en la salud.

Dijo también que ya hay un trámite al respecto “que no logra avanzar por la imposibilidad de notificación a la causante del daño y del estado controlante”. También señaló la responsabilidad de la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU), que debe vigilar el cumplimiento del Estatuto del Río Uruguay y es la autoridad administrativa binacional encargada de cumplimentar el fallo de 2010 que declaró ilegal la actividad de Botnia.

García Jurado señaló que en caso de incumplimiento se debe acudir a la Corte Internacional de Justicia. “Ante el daño en la salud de los habitantes de la zona es que vengo a denunciar por daño ambiental a la empresa”, finalizó el exjuez.

El hecho repercutió en los medios de Fray Bentos ya que muchos operarios de dicha instalación son oriundos de la ciudad. Al respecto, el portal impacto989 informó que los mismos fueron atendidos por personal médico por precaución, pero no presentaban heridas de cosideración. 

El video de la explosión:

Rápidamente la empresa envió un comunicado oficial en donde se explicó el origen y las consecuencias del suceso: "Se produjo una pérdida por una junta de la Línea de Fibra de la planta Paso de los Toros, mientras se realizaba una maniobra de reinicio del proceso, luego de un disturbio eléctrico de la red de UTE.

Esta situación provocó el escape de vapor y salpicaduras de líquido con químicos del proceso. Personal de una empresa contratista que se encontraba trabajando en el área, fue alcanzado por las salpicaduras, recibieron asistencia en el lugar y se encuentran en buen estado de salud.

Una de ellas fue derivada a un sanatorio local para evaluación oftalmológica. El evento fue rápidamente controlado y el líquido contenido en el área de proceso, sin generar impactos en el ambiente"

El lugar de los hechos: 

En simultaneo con el Superclásico del fútbol argentino entre Boca y River, que paralizó a gran parte del país, Gualeguaychú volvió a marchar al Puente Internacional contra Botnia UPM, como se hace desde hace 21 años.

Esta vez, bajo el lema “Sin agua, no hay vida”, la concentración reunió a un centenar de personas en Arroyo Verde, el histórico acampe a la vera de Ruta 136, además de funcionarios municipales y provinciales, ligados a Gualeguaychú, con la presencia de efectivos de la Policía de Entre Ríos y Gendarmería Nacional.

Durante el encuentro hubo diferentes lecturas, pero sin duda la más importante fue la proclama, en la que se ratificó la denuncia sobre la contaminación “progresiva e irreversible” por la planta de UPM en el río Uruguay, además de fuertes criticas a la CARU (Comisión Administradora del Río Uruguay) y a los gobiernos naciones de Argentina y Uruguay.

LA PROCLAMA COMPLETA

Marcha número 21 de la ASAMBLEA

CIUDADANA AMBIENTAL DE GUALEGUAYCHÚ, como siempre todos los años, gritando al mundo que no aceptamos la contaminación traída por Finlandia a esta región, avalada por los Estados Argentino y Uruguayo.

Hoy nos embarga una gran congoja por la muerte de nuestro PAPA FRANCISCO, quien se manifestó permanentemente por un mundo sin pobreza, en favor de los humildes, condenando las guerras y contra todas las empresas contaminantes, esto

último plasmado en la encíclica LAUDATO SI. La ASAMBLEA CIUDADANA AMBIENTAL DE GUALEGUAYCHÙ, siguiendo sus enseñanzas siempre “arma lío” y reclama por un ambiente sano para todo el mundo.

BOTNIA UPM FRAY BENTOS, sigue contaminando y nosotros seguiremos reclamando ¡¡¡. Ratificamos una vez más nuestro compromiso de defender el Rio Uruguay. BOTNIA – UPM Fray Bentos siempre burló los controles y desconoció los tratados internacionales. Fueron documentados emisiones clandestinas de efluentes, su dilución y aumento de temperatura de los mismos a través del difusor, y 14 eventos contaminantes en menos de un año. Como hechos nuevos muy graves se han producido derrames de ácido sulfúrico tanto en el puente internacional Gral. San Martín como también en el muelle de BOTNIA que se dispersó tanto en la zona de estacionamiento de camiones, como en el Río Uruguay, con consecuencias gravísimas para la biota de la región.

Hace más de un año comenzó a funcionar UPM 2 en Paso de los Toros República Oriental del Uruguay con una producción mayor a dos millones de toneladas al año una de las más grandes del mundo. Ya han tenido varias paradas Técnicas por desperfectos y un derrame de soda caustica que quisieron ocultar, dio como resultado el exterminio de la flora y fauna del Arroyo el Sauce, afluente del río Negro que desemboca en el Rio Uruguay frente a nuestra zona de pesquerías en Costa Uruguay sur.

Otra alarma, Se ha determinado por trabajos científicos, el estado de hidrofobia de los suelos de nuestro litoral Argentino – Uruguayo, por la saturación de los suelos con la intensificación de plantaciones de Pinos (taeda) y Eucaliptus (grandis).

Este hecho condiciona, por la acumulación de compuestos orgánicos, la no penetración de agua de lluvias a las napas, provocando sequias de las mismas con falta de pasturas para la producción agropecuaria, y el aumento de la escorrentía y la erosión, provocando corrientes de aguas sin freno que van a cañadas, arroyos y ríos provocando violentas inundaciones. 

Tras la expansión forestal el pastizal natural, no se regenera, tal cual lo afirman estudios de la Facultad de Agronomía de Universidad de la República ROU. Sigue realizándose un monitoreo a la empresa Botnia UPM viciado de nulidad, se le aceptan “condiciones” que no cumplen con las normas del Digesto del Rio Uruguay, y siguen sin ser publicados los resultados de los mismos. Todo esto agravado por la modificación del digesto del Rio Uruguay, otorgando mayores niveles de contaminación, para favorecer el funcionamiento de estas Empresas, permitiendo un aumento de temperatura de los efluentes y mayor emisión de contaminantes a nuestro rio y a nuestro aire, hecho prohibido, - “puede modificarse el Digesto, para disminuir los factores contaminantes, nunca para aumentarlos” a la medida de la necesidad de BOTNIA. Exigimos que los resultados de los muestreos se hagan públicos, para que sepamos qué futuro tendrá la calidad del agua del Rio Uruguay, y que aire estamos respirando.}

Reiteramos que se siguen gastando millones de dólares para mantener un grupo de funcionarios de la CARU, sin haber logrado ninguna mejora medio ambiental, siendo testigos de su deterioro día a día. Otro año más esperando que se cumpla lo publicado en abril 2022, afirmando, en que ese mes, se colocarían los sensores de contaminación de aire, un VIEJO anhelo de esta Asamblea. Seguimos esperando saber que aire respiramos.

El paraje histórico y cultural ARROYO VERDE, Decreto provincial Nº 6676/03. Está desprotegido, sin guardia policial alguna y frecuentemente sin luz, lo que ha originado un desmantelamiento por robos de todos los muebles, puertas ventanas y sanitarios. Estando documentados los hechos con cuatro denuncias policiales.

Hoy alertamos, que en Fray Bentos ya fue autorizada y se está construyendo una planta de producción de hidrogeno verde para abastecer combustible a camiones transportadores de madera para la Pastera Montes del Plata.

Paradójicamente se transportarán rollizos de madera proveniente de una “mal llamada reserva natural”, de nuestro departamento. Ya fueron aprobados préstamos por treinta millones de euros para su construcción. Rechazamos este proyecto, como así también el de Paysandú que afectará toda la región de la costa del Rio Uruguay.

NO CLAUDIQUEMOS, ya dijimos ESTA LUCHA SERÁ LARGA. LA NATURALEZA NOS PIDE A GRITOS QUE REFLEXIONEMOS, SIGAMOS LUCHANDO JUNTOS, Por Ríos limpios y sanos, aire puro, y una tierra fértil, SIN CONTAMINACION.

“POR EL AGUA Y LA VIDA”

 San José de Gualeguaychú 27 de abril de 2025.

ASAMBLEA CIUDADANA AMBIENTAL DE GUALEGUAYCH

Lejos del fervor popular que despertaban las marchas al Puente Internacional San Martín en los años previos a la instalación de la pastera e incluso durante los primeros años de funcionamiento de UPM 1, este domingo se realizará una nueva movilización, tal vez más austera, aunque no por ello menos importante. Sin duda, la manifestación de la población es una herramienta vital para seguir manteniendo vivo el reclamo de “No a las Papeleras”, sobre todo en tiempos donde el Gobierno y, sobre todo, los mandatarios de las principales potencias mundiales le restan importancia al Cambio Climático y a las políticas ambientales. 

Sin embargo, por la decreciente popularidad de la causa, las esperanzas de impulsar reclamos internacionales cada vez son menores y la única ilusión parece radicar en el Juzgado Federal de Gualeguaychú. Allí está la causa penal por contaminación contra los representantes de la empresa finlandesa. Recordemos que se trata de una causa que se inició en 2006 por la denuncia del entonces gobernador de Entre Ríos Pedro Busti y que contó con el acompañamiento de miles de gualeguaychuenses, caratulada "Busti, Jorge Pedro y otros S/ Denuncia Art. 55 de la Ley 24.051 en grado de tentativa (N° 56.204)”. En ese entonces, era por tentativa de contaminación, mientras que actualmente directamente es por contaminación consumada y tiene una pena que va desde los 3 a los 10 años de prisión.

Lo último que se supo de esta causa, es que el Juez Federal Hernán Viri llevó a cabo una audiencia pública hace tres años, de la que participaron el intendente de ese entonces Martín Piaggio, el exdelegado argentino en la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) Hernán Orduna, miembros de la Asamblea Ciudadana Ambiental y funcionarios del Ministerio de Medioambiente de Nación y de la Secretaría de Ambiente provincial. Luego de ello, no hubo mayores avances, aunque el Juez continúa investigando e intentando recabar información. Así y todo, y según el exabogado de la Asamblea Ambiental y actual funcionario de la Provincia Osvaldo Fernández, es la posibilidad “más realista”.

En diálogo con Ahora ElDía, el letrado explicó todas las alternativas de reclamo que existen en la lucha contra la exBotnia: “A diferencia de UPM2 que está en el interior de Uruguay, UPM1 está en el Río Uruguay, compartido por dos países, que tiene un tratado y un estatuto, y un órgano de gobierno que es la CARU. Cualquier acción en este caso necesita del acuerdo de los dos países, ya que está compuesta por una delegación argentina y una uruguaya, y en todo lo que hagan tienen que estar de acuerdo ambas. Son situaciones distintas; de hecho, la CARU no aplica multas, todas las impuestas a UPM2 han sido por parte del Gobierno uruguayo, Argentina no tiene jurisdicción para aplicarles multas. Entonces, ¿qué puede hacer nuestro país? Dentro de la CARU puede hacer planteos, pero, como dije, necesitan del acuerdo con Uruguay que es el encargado de hacer el monitoreo, cuya publicación viene atrasada”, sostuvo. De hecho, según el propio sitio oficial de la Comisión, el último publicado es de 2021. 

“Otras herramientas que tiene el país son los reclamos en el Mercosur y, eventualmente, demandas de estado a estado ante la Corte de la Haya”, detalló Fernández y añadió: “Ante situaciones nuevas, Argentina podría ir nuevamente a la Haya o al Mercosur”.

Tras dejar en claro las vías administrativas, aseveró que hoy las esperanzas están puestas en la Justicia Federal. “La otra vía es la causa penal que se está tramitando en el Juzgado Federal de Gualeguaychú. Si avanza puede haber una imputación penal a los responsables de UPM, ya estaríamos hablando de que el Juez tendría que citar a los responsables de UPM. El exhorto se tramita a través de la Cancillería: el Juez lo manda a la Cancillería argentina, de ahí a la uruguaya y luego a las personas citadas para que comparezcan”, describió.

“Hablando simplemente como abogado y vecino, prescindiendo de mi cargo público en la Provincia y de mi relación con la Asamblea Ambiental, estoy dando una respuesta técnica, porque estoy convencido que el camino del Juzgado Federal es el adecuado. Es una respuesta realista. La denuncia es por contaminación y ese es el camino. Si nos ponemos a mirar casos a nivel Internacional de resonancia, cómo fue el derrame químico en la India, el de petróleo en Alaska o en Ecuador, fue la vía penal la que logró resultados”.Durante el último año, UPM1 tuvo 14 eventos contaminantes

Hace un mes, la empresa sufrió el derrame de ácido sulfúrico en las aguas del Río Uruguay. Al respecto, el referente de la Asamblea Ambiental Martín Alazard denunció que “fue el quinto derrame de ácido sulfúrico, todas esas cosas se van sumando y nadie se hace cargo”.

En diálogo con Ahora Cero Radio, manifestó que “ya no esperamos que alguien la saque, porque han pasado todos los gobiernos y ninguno tuvo la intención de hacerlo, pero al menos queremos que no siga avanzando. UPM arrancó con 900 mil toneladas de producción y ahora está en 1.300.000 toneladas”.

Aseveró que “Fray Bentos es la peor planta y en el peor lugar, un río playo y de andar lento, donde los contaminantes se mantienen suspendidos durante varios días, y hay un derrame gigantesco de contaminantes”.

Finalmente, cuestionó que “la Cancillería argentina no hace nada, hacen pedidos de informes que quedan en la nada. Los gases de las chimeneas los estamos respirando y ni siquiera podemos poner un sensor”.

La persistencia de la ciudadanía de Gualeguaychú en sostener este reclamo, aún con menos visibilidad y apoyo que en los años de mayor fervor, demuestra que la defensa del medio ambiente no puede depender de modas ni de agendas políticas. La causa penal en el Juzgado Federal se convierte así en una bandera de esperanza, pero también en una advertencia: sin compromiso real de las autoridades nacionales e internacionales, el daño ambiental seguirá profundizándose silenciosamente.

Hoy, más que nunca, la movilización social y la acción judicial deben ir de la mano para evitar que el reclamo caiga en el olvido. Defender el río Uruguay no es sólo un acto de memoria histórica, sino también una responsabilidad hacia las futuras generaciones que merecen heredar un ambiente sano. 

Sin agua, no hay vidaLa Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú (ACAG) llevará adelante la vigésima primera marcha al puente internacional General San Martín. La movilización es este domingo 27 de abril, con concentración a las 15 horas en Arroyo Verde, sobre la Ruta Internacional Nº 136. Desde allí partirá una caravana de vehículos hasta el óvalo de Gendarmería Nacional, para luego regresar al punto de partida, donde se dará lectura a la proclama.

Este año, el lema elegido es "Sin agua, no hay vida", un reflejo del eje central de la protesta: la urgencia de preservar los recursos hídricos y proteger los humedales frente a las amenazas industriales.

La Cámara de Diputados de la provincia abordará un proyecto de ley que propone declarar de “interés la realización de la 21° Marcha al Puente General San Martín a realizarse el domingo 27 de abril del corriente año, en repudio a la contaminación causada por la fábrica de pasta de celulosa UPM (Ex Botnia) en Fray Bentos”.

Argentina y Uruguay protagonizaron un alongado conflicto entre 2005 y 2010, por la instalación en territorio uruguayo de dos plantas de celulosa autorizadas por el gobierno uruguayo sobre las aguas binacionales del río Uruguay, cerca de las poblaciones uruguaya de Fray Bentos y argentina de Gualeguaychú. En 2013 el conflicto se reavivó por la autorización del gobierno uruguayo para aumentar la producción de las plantas.

El proyecto de la diputada justicialista, Lorena Arrozogaray, precisó que este “27 de abril de este año, tendrá lugar una nueva edición de la Marcha al Puente General San Martín, popularmente conocida como la ‘marcha de las papeleras’, evento tan significativo para la comunidad de la ciudad de Gualeguaychú y alrededores”.

Consigna

Arrozogaray indicó que “este año, la consigna ‘sin agua no hay vida’, nos invita a apoyar fuertemente una vez más esta lucha”. Así, solicitó a los diputados de todos los bloques a que “acompañen la presente declaración de interés, reafirmando el llamado a nuestras autoridades nacionales a priorizar la protección ambiental en la agenda política y a tomar medidas concretas para prevenir y mitigar la contaminación de nuestros recursos hídricos, asegurando así un futuro saludable para las generaciones venideras”.

Fronteriza

Añadió que “desde hace más de dos décadas, la ciudad de Gualeguaychú ha sido escenario de una lucha incansable contra la instalación y operación de la fábrica de pasta de celulosa UPM (Ex Botnia) en Fray Bentos, Uruguay, la cual ha sido identificada como fuente de contaminación y daño ambiental para el Río Uruguay y sus afluentes. Por ser Gualeguaychú una ciudad fronteriza con el Uruguay, cualquier daño ocasionado al ambiente o a la salud del Río Uruguay repercute indiscutiblemente en nuestra ciudad, por lo tanto la presente marcha es en defensa también de la salud de las familias de nuestra región”.

La diputada destacó la “persistente movilización de los vecinos y del Movimiento Ambiental Autoconvocado”, que “ha transcendido fronteras nacionales, sirviendo de inspiración y modelo para otras comunidades en la lucha por la preservación del ambiente y uno de nuestros recursos naturales más importantes: el agua”.

También resaltó que “si bien en el artículo 41 de nuestra Constitución de la Nación Argentina está prevista la protección del derecho al ambiente sano para el desarrollo humano y las actividades productivas, fue la Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú quien instaló y resinificó en el ámbito político los términos ‘ambiente’, ‘ambiente sano’, ‘cuidar el ambiente’, ‘agua limpia’, ‘aire limpio’ en reclamo al legítimo derecho a un medio ambiente sano” y añadió que “a partir del conflicto de la instalación de las pasteras y de las primeras marchas al puente internacional General San Martín es que estas definiciones comenzaron a instalarse y considerarse fuertemente también a nivel nacional”.

Grito blanco

En los fundamentos del proyecto, Arrozogaray recordó y destacó “la participación de las familias gualeguaychuenses en las marchas se desprendió el llamado ‘Grito Blanco’ con diferentes consignas como ‘no a la contaminación, sí a la vida, un ambiente limpio y un planeta sano’ que alumnas y alumnos de las escuelas primarias y secundarias visibilizan con diferentes carteles, disfraces y banderas”.

Fuente: APFDigital

“Es imposible que no haya habido una afectación ambiental”, afirman desde la organización Movus sobre el incidente ocurrido hace dos semanas atrás en la planta ubicada en Fray Bentos, frente a Gualeguaychú.

Un nuevo derrame de productos químicos en UPM (ex Botnia) en Fray Bentos motivó al Movimiento por un Uruguay Sustentable (Movus) a advertir por la falta de transparencia por parte de la empresa, que ha optado por no brindar información al respecto. 

El vocero de la organización, Raúl Viñas, adelantó que es muy probable que la descarga haya sido mayor a la declarada. Además, cuestionó el monitoreo de las instalaciones y la falta de control sobre los productos químicos en tránsito, y aseguró que las autoridades han sido cómplices al ocultar incidentes anteriores similares.

“El principal desafío es que no hay información real de lo sucedido. Lamentablemente, desde el punto de vista simbólico es un hecho importante, como fue la presencia del ministro de Ambiente, el subsecretario y el director de la Dinacea (Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental) en el lugar a 24 horas del derrame, técnica y políticamente no agrega nada o termina siendo contraproducente”, remarcó Viñas. 

“Desde el Movus vemos que al momento no tenemos ningún informe del Ministerio sobre el derrame y que la comunicación de la empresa no se reflejó en la web de UPM Uruguay hasta al menos 48 horas después del derrame. Tenemos información de personas que participaron en la limpieza y que nos dicen que el derrame sucedió a partir de la rotura de un caño y que la bomba del barco siguió trabajando, o sea, arrojando ácido sulfúrico, por un período superior a 10 minutos. Así, el volumen derramado sería mucho mayor a lo declarado por la empresa”, advirtieron los ambientalistas.

“Antes de que el ministro concurriera al lugar, le aconsejamos que pidiera o exigiera las grabaciones de video de las cámaras que UPM tiene en el muelle donde supuestamente sucedió el derrame. También le pedimos al ministro que solicitara el manifiesto de carga del barco. El barco atracó en el puerto de UPM el lunes a las 10 de la mañana, comenzando con las descargas de diferentes productos y, para las 17 horas, cuando estaba realizando la de ácido sulfúrico, se produjo el derrame. Vemos con preocupación que, sin un informe del Ministerio, el ministro se apresuró a decir lo que la empresa le dijo: que el derrame había sido totalmente controlado, que habían sido 1000 litros y que se habían recuperado 500. Agregó que lo preocupaba un ‘goteo’ que se habría producido de una válvula defectuosa. Si eso se comprobara, yo me preocuparía más por los 500 litros de los cuales no se sabe qué pasó”, afirmaron.

“Este tipo de situaciones son fuertes llamados de alerta sobre aquellas cosas que no se están haciendo correctamente. En Movus le damos importancia a que estas cosas se sepan. Ya hemos tenido experiencia del ocultamiento de situaciones similares por parte de UPM. Así, más allá de procurar la información más fidedigna, trabajamos en su divulgación y difusión para que se conozcan los hechos reales y no solamente las edulcoradas versiones que dan las empresas”, sostuvieron.

“En cuanto a ser escuchados por las autoridades, en Movus desde hace más de 15 años tenemos una relación fluida con las autoridades, especialmente las ambientales. Eso no quiere decir que sea una buena relación, ya que muchas veces operamos con puntos de vista diferentes y tenemos discusiones francas”, concluyeron.

El Ministerio de Ambiente analiza los efectos del derrame de UPM (ex Botnia) registrado hace diez días. En este sentido, el titular de la cartera, Edgardo Ortuño, advirtió que, en caso de detectar incumplimientos, las multas “van a ser más severas” que durante la gestión de Luis Lacalle Pou.

Ortuño confirmó que se realizará una auditoría acerca de la instrumentación y el funcionamiento del plan gestión ambiental de operación y los planes de contingencia que la empresa finlandesa tiene que tener activos.

El ministro destacó lo que consideró “la inédita presencia en territorio dentro de las 24 horas ocurrido el hecho” en Fray Bentos, mientras indicó que aguarda los informes de los equipos técnicos y el plazo que tiene UPM para brindar información sobre el evento para después “realizar una evaluación sobre el tema”.

En la misma línea, evitó fijar un plazo determinado: “Tendremos novedades cuando procesemos las dos cuestiones fundamentales, como lo son el insumo de nuestros equipos técnicos del ministerio y los descargos que tiene que hacer la empresa", insistió.

A la par, anticipó que la aplicación de multas “no es la apuesta central” de su gestión, pero aclaró que, de ser necesarias, “en este período van a ser más severas, porque nos preocupa la historia reciente de eventos con químicos peligrosos”.

El regreso de la Comisión de Seguimiento de UPM

Por otra parte, Ortuño confirmó el regreso de la Comisión de Seguimiento de UPM. “Para nosotros es clave que se controle, fiscalice y trabaje en la prevención, en consulta y con participación de la sociedad y de la academia”, explicó.

Sobre la instancia creada en 2007 y que dejó de funcionar en la administración anterior, advirtió que “la UdelaR y la UTEC tuvieron un desarrollo que no estaba presente y ahora se tienen que incorporar”, al analizar la evolución de la formación académica en los últimos años.

La decisión de retomar el ente asesor se debe a múltiples faltas de UPM, que derivaron en un total de siete multas en menos de un año, que rondaron los 270.000 dólares.

El ambientalista local Martín Alazard se refirió al derrame de ácido sulfúrico en el muelle de acceso a la planta de UPM Fray Bentos (exBotnia) y fue muy crítico con el rol de los políticos. 

“No queremos acostumbrarnos a vivir con la contaminación. Es muy triste que periódicamente sigan existiendo estos episodios y no se haga nada. Porque el hecho de pedir informes no sirve, porque si la Cancillería, Secretaria de Medio Ambiente no exige respuestas reales, no se llega a nada. Tenemos que luchar juntos. En cualquier lugar de Europa, esto no podría ocurrir”, expresó enfático. 

Además, criticó el papel que han jugado los políticos a lo largo del conflicto y apuntó “no hacen nada, porque les conviene seguir con el status quo mientras puedan seguir el negocio de la política. Acá nos estamos conformando con una multa, que son vueltos para estas empresas, y los que nos comemos la contaminación somos la población. Los que más van a verse perjudicadas son las generaciones futuras”.

También llamó la atención sobre la necesidad de que el tema se siga de cerca: “Ahora es un boom, y después se olvidan. La lucha tiene que ser continua y permanente. Todos debemos luchar por nuestro futuro y el de nuestros hijos”

La Cámara de Diputados de la Provincia analizará un pedido de informes que presentaron legisladores de los bloques La Libertad Entre Ríos y Unión por la Patria-Más para Entre Ríos, para que, a través del organismo que corresponda, “la Comisión Administradora del Río Uruguay informe si se ha producido el volcado de ácido sulfúrico en el río Uruguay”.

También requiere que se precise “si se han producido accidentes en las plantas que realizan el volcado en el río Uruguay en los últimos 15 días”.

Los diputados solicitaron que “se dé intervención a los organismos competentes en la materia de nivel nacional, brindando la información detallada, que también se solicita en este informe”.

El autor del proyecto, el diputado libertario, Carlos Alberto Damasco, pidió que se informe “si se han realizado los relevamientos necesarios como así las tomas de muestras del río, más aún cerca del puente San Martín y UPM Botnia”. Acompañaron a Damasco los diputados peronistas, Lorena Arrozogaray y Juan José Bahillo.

Los legisladores, todos oriundos de Gualeguaychú, pidieron que se precise si “para el caso de accidentes dentro de los últimos 15 días, si se han tomado los recaudos necesarios para la preservación de las especies que habitan el ecosistema” y finalmente que “asimismo, informe si se ha intimado a las empresas responsables a la reparación del daño causado”.

Fundamentos

Los legisladores manifestaron su “preocupación ante las noticias en varios medios periodísticos de la posibilidad de volcado de ácido sulfúrico en el Rio Uruguay”, por lo que solicitaron “los informes sobre si se han tomado los recaudos necesarios ya que según el sitio español merca2.es, su principal característica lo identifica como ‘una sustancia muy corrosiva y muy reactiva, por lo cual requiere un manejo muy cuidadoso. En el caso de contacto con tejidos corporales, provoca efectos directos aún en bajas concentraciones, pudiendo provocar quemaduras profundas’”.

Además, se resaltó la “alta reactividad frente a muchos compuestos lo hace peligroso por la generación de calor, por el potencial de explosión o por la generación de vapores tóxicos o inflamables. Por ejemplo, el ácido sulfúrico reacciona violentamente con el agua y compuestos orgánicos con desprendimiento de calor”.

Fuente: APFDigital

El ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, aseguró que el derrame de UPM "fue controlado y quedó en una zona puntual del muelle", mientras que el total de ácido sulfúrico fue de una tonelada, al expresarse en rueda de prensa tras una visita a la zona para verificar cuáles fueron las consecuencias del accidente.

"Queríamos tomar conocimiento de primera mano sobre lo ocurrido y plantear la preocupación del ministerio y la vocación de esta nueva administración que es estar cerca de estos temas, aumentar los controles y trabajar junto a la empresa y los operadores", aseguró Ortuño en diálogo con la prensa, tras recorrer el lugar junto al subsecretario Leonardo Herou y el director Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental, Alejandro Nario.

El jerarca consideró que es fundamental “la prevención de estos acontecimientos” y sobre este caso particular aclaró: “Queremos transmitir la tranquilidad de que fue controlado. Es un derrame puntual que quedó acotado en el muelle, más allá de una pérdida de una válvula que nos preocupa”.

Finalmente, Ortuño precisó que se definió “avanzar en la solicitud de una auditoría sobre la instrumentación y el funcionamiento del plan gestión ambiental de operación y los planes de contingencia", mientras puso el foco en la voluntad de "mantener permanentemente informada a la población, retomando el funcionamiento de la comisión de seguimiento".

La pérdida fue contenida

Al ser consultado por los daños, consideró que se estima una pérdida de una tonelada, pero aclaró que “se ha recuperado la mayoría”, en momentos donde los técnicos del MA y de la empresa siguen trabajando en la zona.

Finalmente, destacó: “El grueso quedó contenido en el muelle por los procedimientos que estableció la empresa y utilizando los planes de contingencia en una respuesta rápida”.

El episodio se produjo este lunes por la tarde en la planta de Fray Bentos y la compañía advirtió sobre el derrame, que está lejos de ser el primero que afronta, que fue “un incidente con la descarga del barco de ácido sulfúrico”, producto de una pérdida en la manguera de descarga.

En tanto, desde OSE desviaron preventivamente la toma de agua de Fray Bentos, pese a que la jefa técnica de la empresa estatal en Río Negro, María Arman Ugón, aseguró que “el agua está en perfectas condiciones”.

Así, utilizaron agua de un caño alternativo, construido por UPM, que sirve para abastecer a OSE en casos de emergencia o situaciones extraordinarias.

Fuente: APFDigital

Más de 10 años pasaron desde el pico del conflicto internacional entre Uruguay y Argentina por las plantas de celulosa a orillas del río Uruguay, la cual llevó a denuncias recíprocas entre ambos países en la Corte Internacional de Justicia: el país vecino por la presunta violación del procedimiento establecido en el Estatuto del Río Uruguay luego de que la planta de UPM —en ese entonces, Metsa-Botnia— se instalara en Fray Bentos, frente a la ciudad de Gualeguaychú; y el gobierno uruguayo por la utilización de los cortes de ruta y la violación al principio de libre circulación por parte de la administración argentina como factor de presión en las negociaciones por las pasteras.

El conflicto parece haber quedado atrás aunque, de vez y en cuando y frente a sucesos puntales, resurgen los cuestionamientos desde el país vecino. Y así ocurre ahora, luego de que se conociera que hubo un derrame de ácido sulfúrico en el muelle de acceso a la planta de UPM en Fray Bentos el lunes por la tarde.

Pese a que la empresa de origen finlandés rápidamente informó sobre el incidente y aseguró haber contenido el derrame sin que éste tuviera efectos sobre el ambiente o el personal que se encontraba trabajando, organizaciones ambientales y vecinales como, por ejemplo, la Asamblea Ciudadana Ambiental Gualeguaychú (ACAG), ya han manifestado su intención de exigir informes detallados sobre las consecuencias del derrame, así como de las medidas adoptadas para mitigar cualquier posible daño.

El informe de UPM y la reacción del gobierno

UPM publicó un comunicado el lunes sobre el "incidente con la descarga del barco de ácido sulfúrico en el muelle de la planta de UPM Fray Bentos a raíz de una pérdida en la manguera de descarga". "La situación fue controlada rápidamente y contenida en el lugar con la brigada propia de la empresa que actuó de acuerdo con los protocolos definidos para estos casos. Tanto Prefectura como Bomberos de Fray Bentos al igual que las autoridades ambientales fueron debidamente informadas de la situación que no generó afectaciones al ambiente ni a las personas que trabajaban en el lugar. Al momento de esta comunicación, se está trabajando en la limpieza y recolección del material en el muelle”, informó la empresa finlandesa.

Por su parte, el ministro de Ambiente Edgardo Ortuño viaja a Fray Bentos para tomar conocimiento personal sobre la situación, y dará una conferencia de prensa al respecto a las 14.

“En el Ministerio de Ambiente tomamos conocimiento de que ocurrió un accidente en el Puerto Fray Bentos, en la descarga de ácido sulfúrico para ser utilizado por la planta de UPM”, comunicó Ortuño en X en la mañana del martes, publicó Ámbito Web.

“Ante esta situación, hemos dispuesto el envío de un equipo técnico inspectivo y me haré presente junto al subsecretario Leonardo Herou y el director nacional de Calidad y Evaluación Ambiental, Ing. Alejandro Nario, para conocer de primera mano lo sucedido y recibir el informe de la empresa al respecto, que adelantó en su comunicado que la situación fue controlada rápidamente y contenida en el lugar”, agregó el ministro.

Este incidente está lejos de ser el primero que tiene UPM en Uruguay: de hecho, solo desde la inauguración de la segunda planta Paso de los Toros hasta mediados de agosto de 2024 —un período de, aproximadamente, un año—, la empresa finlandesa acumuló siete multas aplicadas por el Ministerio de Ambiente por derrames en los afluentes uruguayos, que superaron los 270.000 dólares.

Fuente: APFDigital