Este miércoles por la tarde, durante el acto de inauguración de una Oficina Urbana de Seguridad en el barrio 348, el ministro de Seguridad de la provincia, Néstor Roncaglia, adelantó a la prensa que todos los vehículos incautados que actualmente están ubicados en la entrada a la Gualeguaychú serán trasladados al predio de la Unidad Penal N9 “Colonia El Potrero”. Se estima que son alrededor de 500 autos.

“Son vehículos con pedido de secuestro detectados por la policía. Generan contaminación visual y del medio ambiente. A partir de un convenio con el Jefe de la Policía de Entre Ríos, Claudio González, y el director del Servicio Penitenciario de la provincia, Alejandro Miotti, se dispuso su traslado dentro de la Unidad Penal N9, que tiene casi 50 hectáreas”, precisó.Y añadió: “Va a quedar despejado. Esto es algo que en Brazo Largo ya se hizo. En su momento no quedó ninguno, pero todos los días hay autos secuestrados así que ahora hay alrededor de 40. Son autos que vienen robados desde Buenos Aires, son trasladados hacia el Norte y nuestra Policía los detecta”.

En la mañana de este jueves se realizó la autopsia en la Morgue Judicial del Cementerio Norte, al cuerpo del interno Miguel Ángel Magallán, por orden de la fiscal Martina Cedrés para despejar cualquier hipótesis en torno al deceso.

El médico forense del Poder Judicial de la jurisdicción Gualeguaychú, Marcelo Benetti, no encontró anomalías en las placas de cráneo y tórax, y se confirmó que el fallecimiento se debió a una descompensación cardíaca por su cuadro de obesidad mórbida e hipertensión arterial.

Magallán tenía 42 años, era nacido en Gualeguaychú y domiciliado en Palavecino, soltero y había sido empleado municipal.

Cumplía una condena de siete años de prisión por el delito de “abuso sexual con acceso carnal reiterado, en concurso ideal con corrupción de menores agravada por ser la víctima menor de 13 años de edad”. Pero además estaba a la espera de otra condena porque tenía en trámite otra causa por abuso de menores.

Un preso murió este miércoles por la mañana en la Unidad Penal N°9 de Entre Ríos “Granja El Potrero” mientras realizaban el recuento de internos en los pabellones. Sufrió un paro cardíaco y falleció en el establecimiento.

El interno fue identificado por fuentes del Servicio Penitenciario como Sergio Magallán e indicaron que estaba a disposición del Juzgado de Ejecución de Penas de Gualeguaychú.

“Tenía problemas cardiológicos e hipertensión. Estaba medicado. Hoy al realizar el recuento tenía un dolor fuerte en el pecho y momentos después le dio un paro cardiorrespiratorio. Intentaron reanimarlo con personal médico pero el deceso se produjo enseguida”, informaron a AHORA fuentes del Servicio Penitenciario de Entre Ríos.

Según supo Ahora ElDía, el fallecido, domiciliado en la zona de Palavecino, era soltero y había trabajado como empleado municipal. Cumplía una condena de siete años de prisión por el delito de abuso sexual con acceso carnal reiterado, en concurso ideal con corrupción de menores agravada por tratarse de una víctima menor de 13 años. Además, tenía en trámite otra causa judicial por delitos similares.

El fallecido se encontraba alojado en el módulo “C” del establecimiento, sector que alberga a aproximadamente a un centenar de internos.

Por disposición de la Fiscalía, el cuerpo será trasladado a la morgue judicial del Cementerio Norte para la realización de la autopsia correspondiente, con el objetivo de confirmar las causas del deceso y descartar otras hipótesis. No obstante, las primeras evaluaciones apuntan a que una condición de salud preexistente habría derivado en un paro cardíaco.

Hernán Morales fue condenado a 11 años de prisión por el homicidio de Raúl Scherer, ocurrido el 2 de noviembre de 2025 en una estancia de la zona de Las Mercedes. La sentencia se dictó mediante un juicio abreviado, procedimiento al que el acusado accedió al reconocer su responsabilidad en el hecho.

Morales, quien ya se encontraba bajo prisión preventiva desde el momento del crimen, continuará detenido en la Unidad Penal 9 de Gualeguaychú. Al optar por esta modalidad, evitó un juicio oral y público, pero renunció a la posibilidad de apelar la condena.

La decisión de avanzar con un juicio abreviado estuvo vinculada al peso de las pruebas en su contra, que hacían poco probable un resultado favorable en un eventual juicio por jurados.

Una celebración que terminó en tragedia

El crimen ocurrió durante una reunión familiar en la localidad rural de Dos Hermanas, donde se celebraba un cumpleaños y la reciente jubilación de la víctima, de 69 años. Lo que debía ser un festejo terminó de manera violenta en la madrugada del domingo.

Morales, de 29 años, no había sido invitado al evento debido a antecedentes de conflictos con su expareja, quien sí se encontraba presente. A pesar de ello, se presentó en el lugar y protagonizó una fuerte discusión, motivada por celos.

Tras ser expulsado de la vivienda, se retiró amenazando con regresar. Minutos después, volvió armado con una escopeta y una carabina que tomó de la propiedad donde trabajaba su padrastro, ubicada a aproximadamente un kilómetro. Antes de ingresar, comenzó a disparar hacia el lugar, donde había cerca de un centenar de personas.

Uno de los proyectiles impactó en Scherer, provocándole una grave herida en la zona inguinal que derivó en una hemorragia fatal. Aunque fue trasladado de urgencia al hospital de Larroque, los médicos no lograron salvarle la vida.

Detención y proceso judicial

Tras el ataque, la Policía fue alertada y, en el camino, interceptó el vehículo en el que el padrastro de Morales lo trasladaba al hospital debido a lesiones sufridas durante el incidente. Según se informó, el hombre lo habría golpeado para desarmarlo y detener su accionar.

Morales fue internado en el Hospital Centenario de Gualeguaychú y permaneció algunos días en terapia intensiva. Luego de recibir el alta, fue imputado por homicidio agravado por el uso de arma de fuego y se dispuso su prisión preventiva.

Desde entonces, aguardaba el juicio que finalmente no se llevó a cabo, ya que optó por el procedimiento abreviado. Para ello, debió admitir su culpabilidad y contar con el consentimiento de la familia de la víctima, lo que permitió acelerar el cierre del proceso judicial.

En los Tribunales de Gualeguaychú se realizó la audiencia de prórroga de prisión preventiva y prórroga de la Investigación Penal Preparatoria (IPP) de un caso de abuso sexual agravado por el vínculo que tiene como imputado a un funcionario policial que se encuentra detenido en la UP9 desde el año pasado.

A principios de año, el juez de Garantías Ignacio Telenta había decidido extender la medida por 90 días y al cumplirse la misma, en la mañana del viernes, se volvió a prorrogar por 45 días para que el fiscal Gutiérrez cierre su investigación sin que el sospechoso pueda interceder o persuadir a la familia víctima.

El imputado es un funcionario policial de la Comisaría Tercera que el domingo 5 de octubre de 2025 por la noche fue aprehendido tras una denuncia que realizó su pareja. Poco más de una semana después de estar alojado en la Comisaría del Menor, la Mujer y Violencia Familiar, fue trasladado a la UP9 para continuar en ese lugar su detención hasta la realización del juicio. Por el momento no hay fecha de ello, ya que antes se deberá realizar la audiencia de elevación, que tendría lugar a fines de abril.

El caso fue descubierto por la madre de la niña, que al ingresar al domicilio sorprendió al hombre en una situación comprometida con la menor, y no tardó en identificar al hecho como un caso de abuso.

La mujer, que tiene otros dos hijos en común con este hombre, no dudó en alertar a las autoridades. Lo denunció en la Comisaría del Menor, la Mujer y Violencia Familiar, y fue inmediata la detención para el acusado. Como primera medida, se le secuestró su arma reglamentaria y se lo trasladó a la Jefatura Departamental, donde quedó alojado por unos días hasta que finalmente fue llevado a la Comisaría del Menor, la Mujer y Violencia Familiar. Pero luego, y tras un altercado que mantuvo con otro detenido, fue trasladado a la UP9.

Acusado de múltiples crímenes, Pablo Rodríguez Laurta fue trasladado a Gualeguaychú y quedó alojado bajo estrictas condiciones de seguridad en la Unidad Penal N°9 “Colonia El Potrero”. Laurta es señalado por el doble femicidio de su ex pareja y su ex suegra en Córdoba, además del homicidio de un remisero en Entre Ríos. El operativo de traslado se realizó con un importante despliegue policial y medidas especiales de custodia. Una vez en la cárcel entrerriana, el imputado fue ubicado en una celda individual dentro de un sector de máxima seguridad. El espacio cuenta con vigilancia permanente mediante cámaras y control constante del personal penitenciario, con el objetivo de garantizar su aislamiento.

Según se informó, el detenido permanece bajo monitoreo las 24 horas y con restricciones en sus movimientos dentro del penal, saliendo únicamente bajo custodia para cuestiones básicas como la alimentación.

Previo a su ingreso, fue sometido a los protocolos habituales: revisaciones médicas, evaluaciones psicológicas y trámites administrativos correspondientes al sistema penitenciario.

Laurta había sido detenido en Gualeguaychú tras huir con su hijo luego de los crímenes ocurridos en Córdoba. En paralelo, la Justicia entrerriana le dictó prisión preventiva por el asesinato del remisero, mientras avanzan las investigaciones en ambas provincias.

Esta semana el Gobierno nacional promulgó el nuevo Régimen Penal Juvenil (Ley 27.801). La normativa, oficializada mediante el decreto 138/2026 en el Boletín Oficial, establece la baja de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años y crea un sistema especializado para adolescentes. Sin embargo, mientras la población carcelaria crece en todo el país, los penales sufren limitaciones presupuestarias y de infraestructura que imposibilitan la correcta implementación de esta ley, que establece condiciones diferenciadas para los menores privados de su libertad. Para conocer el panorama en la región e indagar en el rol que ocupa la Unidad Penal Nº9 “Colonia El Potrero” (UP9), de Gualeguaychú, Ahora ElDía conversó con el director del Servicio Penitenciario de Entre Ríos, Alejandro Miotti, quien compartió algunos ejes a considerar para la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil en la provincia.

“Es importante tener en cuenta que el Servicio Penitenciario tiene como rol fundamental, asignado por la Ley de Ejecución 24.660, la custodia y el tratamiento de las personas privadas de su libertad, entendiendo el tratamiento como el proceso mediante el cual el condenado debe adquirir la capacidad de respetar la ley para poder volver a la vida social y comunitaria dentro de los parámetros de convivencia aceptados”, aclaró en primer término.

Y distinguió: “En el caso de los menores imputables la situación difiere en cuanto a que las medidas tomadas no pueden permanecer ajenas a los Tratados Internacionales, que tienen rango constitucional, como la Convención de los Derechos del Niño, la Convención Americana de Derechos Humanos, y la Convención contra la Tortura y otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes. La Ley contempla estos ejes normativos y establece en el artículo 8 medidas complementarias a la sanción penal, mencionando actividades educativas, recreativas, culturales y de salud como indispensables en este proceso punitivo”.

“La nueva ley también establece que la pena privativa de la libertad en los menores es la última instancia de sanción penal, y sólo la prevé para el delito de homicidio o donde la víctima resulte con un grave daño físico o psicológico. Para esta modalidad, la norma no habla específicamente del Servicio Penitenciario como el encargado de la custodia y tratamiento de los menores, sino que menciona institutos especializados”, siguió Miotti.

El director explicó que “la norma sancionada prevé no solo los institutos especializados sino también la prohibición del alojamiento y contacto de los menores con detenidos mayores de edad”. Y pone un énfasis especial en el personal encargado de realizar el abordaje cotidiano de los menores, destacando la formación específica en el trato con adolescentes y jóvenes en conflicto con la ley penal”.

Teniendo en cuenta estos elementos, el funcionario consideró que “el Servicio Penitenciario se encuentra con algunos límites”: “En primera instancia en cuanto a los lugares de alojamiento, dado que no existe un espacio físico que pueda asignarse para albergar menores. Las unidades penales se encuentran en el máximo de su capacidad de alojamiento y no puede garantizarse la premisa de mantener separados adultos y menores”. “En lo que respecta al tratamiento, se debe contar con personal técnico especializado para el abordaje de menores y las problemáticas específicas de la niñez y adolescencia. Por otra parte, se debe considerar como eje fundamental del abordaje el aspecto educativo, atendiendo que se trata de jóvenes en edad escolar y, por ende, deben acceder a espacios educativos formales que permitan finalizar la escolaridad primaria y secundaria”, agregó.Miotti resaltó que “el Servicio Penitenciario no cuenta con la cantidad de profesionales técnicos y de seguridad para enfrentar los nuevos roles que propone la Ley Penal Juvenil”. Además, aclaro que, aunque no hay sobrepoblación en las cárceles entrerrianas, las mismas “están casi al máximo de su capacidad, con una población al día de la fecha de 3.123 internos”.

La principal limitación con que cuenta el Servicio Penitenciario es que las unidades penales de la provincia no tienen posibilidad de ser ampliadas, dado que “son construcciones muy antiguas que datan de fines del siglo XIX y principios del siglo XX”.Sin embargo, a la hora de pensar en una ampliación del sistema, indicó que tanto la UP9 como la Unidad Penal N°8 “Bicentenario de la Revolución de Mayo” (UP8), en la localidad de Federal, constituyen una excepción, ya que “contarían con el espacio para la construcción de nuevos módulos de alojamiento”. Por lo tanto, serían los únicos dos lugares donde, si se dan las condiciones edilicias, se podrían alojar menores.

El funcionario contó que en 2024 se envió a Nación un expediente que contemplaba la construcción de 10 módulos en la UP9, lo que llevaría la capacidad de alojamiento a un aproximado de 900 plazas: “El mismo contenía centros de trabajo y educativos; además se solicitó en 2025 un módulo para una capacidad de 100 internos. Este último expediente está a consideración de la provincia”, señaló.

Al momento, no hay novedades sobre el avance de estos proyectos. En cambio, la UP8 sí se encuentra próxima a ampliar su capacidad, dado que en febrero de este año se realizó la apertura de sobres para adjudicar la obra de finalización de un módulo que permitirá albergar unos 200 internos más.

Otro detalle interesante que comentó Miotti es que se elevaron pedidos de traslados para que la mayoría de internos con causas federales, que son alrededor de 300, sean realojados en la órbita del Servicio Penitenciario Federal, liberando así de manera considerable los cupos de alojamiento.

De este modo, mientras el nuevo Régimen Penal Juvenil establece condiciones especiales para los adolescentes que sean privados de su libertad, la realidad del sistema penitenciario entrerriano expone grandes limitaciones para llevarlo a la práctica. Con unidades penales casi al límite de su capacidad, escasez de personal especializado y falta de infraestructura específica para menores, la implementación efectiva y correcta de la normativa en la provincia se vuelve un desafío central que complica aún más los problemas ya existentes en las cárceles.

El Tribunal Oral Federal de Paraná solicitó de manera urgente que el Servicio Penitenciario Federal (SPF) evalúe el traslado e ingreso de Leonardo Airaldi al régimen de “Alto Perfil” tras el descubrimiento de un presunto plan criminal para asesinar a altos funcionarios judiciales y del gobierno provincial.

La resolución a la que accedió AHORA, firmada este martes por las juezas Noemí Marta Berros y Mariela Emilce Rojas, responde a una solicitud de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR) a cargo de Diego Iglesias y la Fiscalía Federal de Gualeguaychú bajo las órdenes de Pedro Rebollo.

Según las fuentes judiciales, el plan de Airaldi consistía en atentar contra la vida del Juez Federal N° 1 de Paraná, Leandro Ríos; el Fiscal General, José Ignacio Candioti; y el Ministro de Justicia y Seguridad de Entre Ríos, Néstor Roncaglia.

Un plan gestado tras las rejas

La trama delictiva salió a la luz el viernes 20 de febrero a través de una denuncia y declaraciones testimoniales de otros internos alojados en la Unidad Penal N° 9 “El Potrero” de Gualeguaychú. En dichas declaraciones, se alertó sobre la “peligrosidad del detenido”, destacando sus contactos tanto dentro como fuera de la cárcel, además de sus considerables recursos económicos.

Un allanamiento realizado en la celda de Airaldi el mismo día de la denuncia permitió corroborar su perfil de máxima peligrosidad, tras detectarse que el interno contaba con un teléfono celular en su lugar de detención. Según los fiscales, este dispositivo le habría permitido coordinar y organizar las maniobras del plan criminal desde el interior del penal.

Traslado al sistema de “Alto Riesgo”

Ante la gravedad de los hechos, el Tribunal considera que la medida más adecuada es la incorporación de Airaldi al Sistema Integral de Gestión para Personas Privadas de la Libertad de Alto Riesgo (SIGPPLAD). Este sistema busca evitar que líderes de organizaciones criminales sigan dirigiendo actividades delictivas, intimiden a funcionarios o entorpezcan investigaciones desde las prisiones.

El tribunal ha solicitado que se evalúe su traslado a una unidad del Servicio Penitenciario Federal, mencionándose la cárcel de Ezeiza como posible destino, bajo condiciones de seguridad especiales.

Juicio inminente

Leonardo Airaldi se encuentra actualmente procesado por organización y financiamiento de actividades de narcotráfico, así como por almacenamiento de estupefacientes. A pesar de las amenazas develadas, el cronograma judicial sigue en marcha: el inicio del debate oral y público está fijado para el martes 3 de marzo en la sede del Tribunal en Paraná.

Las autoridades han enfatizado la necesidad de resguardar la integridad de los testigos que declararon contra Airaldi, quienes también se encuentran alojados en la misma unidad penal. Ahora, la decisión final sobre su incorporación al régimen de alto perfil queda en manos del Servicio Penitenciario Federal.

La defensa técnica de Leonardo Airaldi, encabezada por la abogada Mariana Barbitta, presentó este lunes un recurso de habeas corpus preventivo y correctivo ante el Tribunal Oral Federal de Paraná. La medida busca frenar de manera urgente el traslado del detenido desde la Unidad Penal N° 9 de Gualeguaychú hacia el Complejo Penitenciario Federal de Ezeiza, en la provincia de Buenos Aires.

El productor agropecuario está acusado de idear una plan criminar para atentar contra la vida del juez federal de Paraná, Leandro Ríos; el fiscal general José Ignacio Candioti; y el ministro de Seguridad de la provincia, Néstor Roncaglia.

La hipótesis es que Airaldi pagó 40.000 dólares a un sicario uruguayo para asesinar a Ríos y Candioti cuando estén de vacaciones. En tanto, a Roncaglia lo iban a atacar en Entre Ríos. El denunciante es otro preso condenado y con causas en trámites, Daniel “Tavi” Celis, que junto a su hijo están alojados en la Unidad Penal N°1 de Paraná.

Incertidumbre y “defensa a ciegas”

Según el escrito, la defensa tomó conocimiento de esta intención de traslado a través de noticias periodísticas publicadas este lunes, que mencionan un pedido del Ministerio Público Fiscal para aplicar “medidas de seguridad extremas”.

Barbitta denunció una situación “extremadamente alarmante”, ya que Airaldi habría sido retirado de su celda durante la noche y, al momento de la presentación, se encontraba incomunicado y con paradero desconocido para sus abogados.

La letrada cuestionó que la fiscalía y el Poder Ejecutivo de Entre Ríos estén actuando “a espaldas de la defensa”, señalando que no existe registro en el sistema informático judicial de tales movimientos. “Se está naturalizando que la defensa tome conocimiento de actuaciones procesales relevantes a través de un portal en lugar de ser notificados formalmente”, fustigó en el documento.

Un juicio en puerta y conflictos de interés

Uno de los puntos centrales del reclamo es la cercanía del juicio oral, programado para el próximo 3 de marzo de 2026. La defensa argumenta que un traslado a 300 kilómetros de distancia anularía el derecho de Airaldi a defenderse adecuadamente, especialmente cuando el tribunal ya notificó que se requerirá su presencia física para la indagatoria.

Asimismo, la denuncia apunta contra el Fiscal José Ignacio Candioti, quien habría impulsado el traslado. La defensa sostiene que el fiscal carece de objetividad, ya que los medios lo señalan como la supuesta víctima del hecho que se investiga en una nueva causa (caratulada como “NN s/a determinar”), la cual habría originado este pedido de seguridad extrema,.

Afectación familiar y de salud

El habeas corpus también hace hincapié en el impacto humanitario. Airaldi padece afecciones de salud como asma y depresión. Su traslado a Buenos Aires lo alejaría de su entorno familiar —incluyendo a sus hijos, madre y pareja—, quienes residen en Entre Ríos y tenían previsto asistir al debate oral.

Además, la abogada advirtió que se está violando el Protocolo de Traslados del Servicio Penitenciario Federal, que exige notificar a la defensa con al menos 72 horas de antelación para permitir el ejercicio del derecho de oposición.

Pedidos al Tribunal

En su petitorio, Barbitta solicitó al Tribunal Oral Federal de Paraná:

• Informar de carácter urgente el paradero actual de Leonardo Airaldi.

• Suspender y dejar sin efecto cualquier orden de traslado fuera de la Unidad 9 de Gualeguaychú.

• Convocar a una audiencia oral virtual para que el detenido pueda ser escuchado.

Finalmente, la defensa formuló reserva de “caso federal”, adelantando que, de no prosperar el reclamo, recurrirá ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación por la gravedad institucional que el caso representa.

Fuente: Ahora

Con el correr de las horas y de la investigación que lleva adelante la Justicia Federal de Gualeguaychú, han surgido nuevos elementos que obligaron a una nueva presencia de la Justicia Federal en la cárcel de El Potrero, donde se encuentra alojado Leonardo Airaldi, un hombre que fue presidente de la Sociedad Rural de Diamante y que está acusado de ser el líder de una organización narco que habría tratado de quitar del medio a los funcionarios que debían juzgarlo en los próximos días.

Según la acusación, este preso de 44 años que se presentaba como productor agropecuario, está vinculado con el descubrimiento de 30 kilos de cocaína que se resguardaban en una vivienda de Puerto Gaboto que alquilaba, una localidad costera santafesina ubicada en el departamento San Jerónimo, sobre la Ruta 11, a 120 kilómetros de Santa Fe. Tenía logística para recibir estupefacientes en un establecimiento rural de su propiedad ubicado en el sector de islas, jurisdicción de Diamante, y trasladarla por el río Paraná para abastecer redes narcos en el litoral.

Airaldi tiene dos causas por narcotráfico y una de ellas se tramita en Entre Ríos. Casualmente, este martes debía comenzar el juicio en su contra, luego de sufrir un revés a un planteo realizado por su abogada Mariana Barbitta ante el Juzgado Federal de Paraná, que tiene como juez a Leandro Ríos y como fiscal a José Ignacio Candiotti: las dos supuestas víctimas a las que se pensaba asesinar mediante el pago de 40 mil dólares a un sicario uruguayo mientras los funcionarios vacacionaban en Punta del Este.

Pero al parecer, con el correr de las horas se habría podido establecer que el ministro de Seguridad de Entre Ríos, Néstor Roncaglia, también era una de las personas que se debía asesinar y esto estaría dentro de una de las nuevas declaraciones que consiguió el fiscal Federal de Gualeguaychú, Pedro Rebollo, en el procedimiento que se realizó este sábado por la tarde en la Unidad Penal Nº 9.

Todo el plan se logró desbaratar gracias a las declaraciones de dos presos, que durante los últimos días habían pasado algunas de sus horas con Airaldi en la celda, a quienes les habría dado detalles sobre el plan que tenía para asesinar a los funcionarios federales Ríos y Candiotti.

El primero de ellos, de 48 años, relató que Airaldi tiene mucho poder dentro de la Unidad Penal y que ese poder lo ejerce con los internos y el personal penitenciario. Este condenado le relató al fiscal Rebollo que Airaldi estaba molesto porque le habían “caminado” 40 mil dólares que le había pagado a un sicario uruguayo para que matara a Ríos y Candiotti mientras vacacionaban en Punta del Este.

El supuesto asesino a sueldo recibió el pago de los miles de dólares, pero no cumplió nunca con el encargo y al parecer eso tenía molesto a Airaldi que el próximo martes debía enfrentar el juicio en su contra por la causa de narcotráfico. En su declaración, el preso relató que Airaldi sentía que el juez Ríos le había “inventado una causa” y Candiotti tenía “todo arreglado para que le de 15 años de condena”.

Todo esto originó el primer procedimiento del viernes por la tarde. Personal del Escuadrón 56 de Gendarmería Nacional con asiento en Gualeguaychú allanó el Pabellón E y secuestraron teléfonos, anotaciones, cocaína y documentación. Pero en las últimas horas surgió una nueva declaración, que tomó este sábado por la tarde el fiscal Rebollo a otro interno de la Unidad Penal 9, que sumó al ex jefe de la Policía Federal y actual ministro de Seguridad de Entre Ríos, Néstor Roncaglia, dentro de las supuestas víctimas que tenía este plan criminal. Lo que aún resta esclarecer son los motivos que tenía el jefe narco para tenerlo dentro de la lista de enemigos a quienes debía eliminar.

La investigación sigue su curso y habría fuertes denuncias por partes de ambos presos sobre el poder que ejerce Airaldi dentro de la cárcel, pero principalmente las palabras de uno de ellos comprometen al personal del Servicio Penitenciario por la connivencia dentro de la institución.

En paralelo, fuentes judiciales señalaron que se evalúan medidas de protección adicionales para los funcionarios mencionados y que no se descartan nuevas imputaciones a partir del análisis del material secuestrado en los procedimientos. Los teléfonos celulares y la documentación incautada serán sometidos a pericias técnicas para determinar el alcance real de los contactos y la eventual existencia de otros involucrados.

El expediente, que combina causas por narcotráfico y presuntas maniobras para entorpecer el accionar judicial, quedó bajo estricta reserva mientras avanzan las diligencias. En los próximos días podrían definirse nuevas audiencias y resoluciones procesales que marcarán el rumbo de una investigación que suma capítulos y mantiene en alerta al ámbito judicial y político de la región.

A través de la red X, el diputado nacional por Entre Ríos se refirió al trabajo del Juzgado Federal de Gualeguaychú en la investigación iniciada por el testimonio de un recluso de la Unidad Penal Nº9 que  reveló un complot ideado por un capo narco que incluía la contratación de un sicario extranjero y el pago de sumas importantes de dinero.

Días atrás, en declaraciones radiales, Michel había asegurado que “sin el juez Federal y el fiscal Federal, Gualeguaychú sería una mini Rosario”.

Mi solidaridad con el Dr. Leandro Ríos, el Dr. José Ignacio Candioti y el Ministro Roncaglia.También quiero destacar la actuación del juez Dr. Viri y del fiscal Dr. Rebollo.El trabajo que realizan el Juzgado Federal y el Ministerio Público Fiscal en Gualeguaychú y en nuestra… pic.twitter.com/Ik54fehA9u

En su mensaje, Michel dijo: “Mi solidaridad con el Dr. Leandro Ríos, el Dr. José Ignacio Candioti y el Ministro Roncaglia. También quiero destacar la actuación del juez Dr. Viri y del fiscal Dr. Rebollo. El trabajo que realizan el Juzgado Federal y el Ministerio Público Fiscal en Gualeguaychú y en nuestra provincia es clave para la seguridad y la tranquilidad de nuestros vecinos”.

El encuentro se llevará a cabo a las 14 horas, en el predio de Parada 7 de la entidad rojinegra, y será parte de las actividades que forman parte del proceso de partidos fuera del ámbito penitenciario, una etapa que comenzó tiempo atrás y que busca consolidar vínculos sociales saludables a través del deporte.

Luego del partido, se compartirá el tradicional tercer tiempo, con el objetivo de fortalecer relaciones, promover valores y generar un espacio de intercambio humano, donde se destacan la superación personal, la recuperación y el compañerismo. Desde la organización remarcan que este tipo de prácticas fomenta amistades y vínculos sólidos entre los participantes.

Durante todo el año, el proyecto mantuvo entrenamientos regulares dos veces por semana, los días martes y jueves, con una gran participación de voluntarios y profesores, además de un importante respaldo del Servicio Penitenciario, que facilita los permisos  para los encuentros Extramuros y el cumplimiento de los horarios para el desarrollo de las actividades.

Si bien las prácticas continuarán durante diciembre, este encuentro busca funcionar como un cierre formal del año, a modo de balance y celebración del camino recorrido, destacando el valor motivacional que representa para los internos y para todos los involucrados en el proyecto.

Pablo Lauta se encuentra alojado sólo en una celda en la Unidad Penal N°9 en Gualeguaychú, a la espera de ser trasladado a Córdoba para declarar por el doble femicidio contra su expareja Luna Giardina y exsuegra Mariel Zamudio.

El también acusado de asesinar al Martín Sebastián Palacio, al Norte de Entre Ríos, se encuentra sólo en una habitación con una cama, mientras que, en otro lugar contiguo, está baño que cuenta  un inodoro, una ducha y un lavatorio.

El acusado aguarda ser trasladado a la provincia de Córdoba para declarar por los crímenes de Luna Giardina y Mariel Zamudio.

Una publicación compartida por Ahora ElDía -Gualeguaychú- (@eldiaonline)

Con información de NA.

En el predio de Parada 7 del club Central Entrerriano, se vivió este sábado una jornada para el recuerdo, marcada por el deporte, la emoción y los valores. Hasta allí se trasladó el equipo de Los Caranchos, conformado por internos de la UP9, quienes animaron un partido especial, dividido en tres tiempos de 20 minutos cada uno, frente a un combinado de jugadores de la escuadra local.

El resultado fue anecdótico y lo que sobresalió fue el ambiente de compañerismo, respeto y humanidad, a través del rugby, en el marco  del programa social impulsado hace seis años por la Reserva El Potrero, en articulación con la Fundación Espartanos, que busca fomentar la reinserción social a través del rugby, el acompañamiento espiritual y el trabajo en equipo.

Caranchos jugó con firmeza, valentía y entrega, acompañado en todo momento por personal del Servicio Penitenciario, a quienes desde Central Entrerriano expresaron su agradecimiento por su compromiso, acompañamiento respetuoso y por cumplir su valiosa labor, al hacer posible esta experiencia significativa.

Además, de la Reserva El Potero y Central  también contribuyeron a este evento el club Rowing de Paraná, quien donó las camisetas para el equipo de Los Caranchos y la Unión Entrerriana de Rugby (UER), que facilitó los shorts y la media.

Fue el segundo encuentro “Extramuros” que se celebró en Gualeguaychú, tras el desarrollado en diciembre del año pasado,  también entre los mismos protagonistas. 

Fotos: Gentileza Paloma Basaldúa.

Central Entrerriano y los Caranchos UP9, como se denomina el equipo conformado por internos de la Unidad Penal Número 9, de Colonia El Potrero, animarán un nuevo encuentro “Extramuros”, tal como aconteció en diciembre pasado. 

Este evento forma parte de un proyecto iniciado en 2019, impulsado por la Reserva El Potrero, en articulación con la Fundación Espartanos, que busca fomentar la reinserción social a través del rugby, el acompañamiento espiritual y el trabajo en equipo. La actividad se desarrolla dentro del marco de un voluntariado gratuito, sostenido por el compromiso de profesionales del Club Central Entrerriano y el acompañamiento constante de la Reserva El Potrero.

Caranchos UPN9 entrena de forma regular dentro del penal, y este será su segundo partido fuera de la unidad, luego de una primera experiencia en diciembre pasado. Esta modalidad “Extramuros” permite vivir el deporte en libertad, fortalecer vínculos con la comunidad y avanzar en el camino hacia nuevas oportunidades.

El equipo también participa activamente en las Convenciones Internacionales organizadas por la Fundación Espartanos, junto a otros equipos del país y del mundo que comparten esta misma visión transformadora a través del deporte.

Este domingo, internos de dos pabellones de la Unidad Penal N°9 “Colonia El Potrero”, ubicada en las afueras de Gualeguaychú, comenzaron una huelga de hambre en reclamo de mejoras en su dieta y atención sanitaria. En ese sentido, aseguraban que su alimentación era de mala calidad y que nunca comían carne.

Para el lunes, tres pabellones más se sumaron a la protesta, que alcanzó una adhesión de alrededor de 250 internos, prácticamente la mitad de la población carcelaria de El Potrero.Sin embargo, luego de 48 horas de sostener la medida de fuerza y tras el diálogo con las autoridades penitenciarias, los reclusos dieron por levantada la huelga el martes a las 14:30hs.

Según contó a Ahora ElDía Lucas Duffour, director de la Unidad Penal Nº9, “finalizada la jornada administrativa, ingresé como director junto a otro oficial e inicie el diálogo”: “Tocamos punto por punto cada requerimiento que ellos planteaban, y que en muchos casos era una cuestión de logística, elementos de higiene personal cada 15 dias, transporte de familiares desde la ciudad hasta la unidad penal, etc. Lo que inició como un planteo de racionamiento teminó como un requerimiento de cuestiones más bien de logística. Finalizada la charla ellos decidieron dar por concluida la medida de fuerza”, precisó.

El vocal del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Concordia, Aníbal Lafourcade, impuso este miércoles la pena de 12 años de prisión de cumplimiento efectivo a R.O., a quien un jurado popular reunido el 20 de marzo pasado en San Salvador declaró culpable por considerarlo penalmente responsable de los delitos de “Abuso sexual gravemente ultrajante agravado por la situación de convivencia reiterado”, “Abuso sexual simple agravado por la situación de convivencia” y “Abuso sexual simple agravado por la situación de convivencia”.

La sentencia, cuya lectura se realizó en los Tribunales de Concordia, corresponde al 116° juicio por jurados realizado en Entre Ríos desde la entrada en vigencia de este sistema de juzgamiento penal.

Según lo dispuesto por el magistrado, hasta que la sentencia quede firme, la prisión preventiva del imputado será en la Unidad Penal Nº9, de Gualeguaychú.

Durante la audiencia de cesura, celebrada el 28 de marzo último, el fiscal Fernando Méndez solicitó una condena de 20 años de prisión para el imputado, mientras que el defensor oficial José Luis Legarreta pidió para su asistido –que cumplía prisión preventiva en la Alcaidía de Concordia desde que se conoció el veredicto del jurado popular-, una condena de 8 años de prisión.

Un operativo conjunto de la Policía Federal Argentina y la Fiscalía Federal, a cargo de Josefina Minatta, desarticuló una red de desvío y comercialización de fentanilo en Concepción del Uruguay. Dos hermanos fueron detenidos en el marco de la investigación: uno, empleado del Hospital Justo José de Urquiza, y el otro, integrante del Batallón de Ingenieros Blindados 2 de la ciudad, según publicó el portal digital de noticias La Calle de Concepción del Uruguay.

La investigación, que contó con la colaboración de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR), reveló que el enfermero del hospital extraía ilegalmente fentanilo del sector de terapia. Los agentes federales interceptaron al principal implicado en el momento en que se disponía a realizar una entrega de fentanilo y otros psicofármacos controlados bajo receta médica.

Tras la detención, se realizaron allanamientos en el Hospital Urquiza, un departamento en Barrio La Higuera, una casa en Barrio La Rural y una vivienda/comercio de comestibles en la zona del puerto. En los procedimientos se secuestraron más de 60 ampollas de fentanilo, gran cantidad de psicofármacos controlados, más de 4 millones de pesos, teléfonos celulares y otros elementos de interés para la causa.

Los detenidos prestaron declaración indagatoria este viernes y fueron trasladados a las Unidades Penales Nº 4 y Nº 9 de la provincia de Entre Ríos. Esta última, es conocida como Granja Penal Colonia El Potrero, y está emplazada en sobre la Ruta Internacional 136, a pocos kilómetros de la ciudad de Gualeguaychú.

Este procedimiento es el primero de su tipo a nivel país en el que la Justicia y una fuerza federal intervienen para desarticular una red de comercialización de fentanilo.

El fentanilo, conocido como la droga «zombie» por sus graves efectos en la salud, ha causado estragos en otras regiones, como California, y su incautación representa un importante golpe al narcotráfico en la región.

Luego de que el martes fuera trasladado a la Jefatura Departamental y el miércoles se le haya realizado el cómputo de pena, finalmente el exintendente de Gilbert, Fabián Constantino, fue llevado esta mañana a la Unidad Penal Nº9.

El traslado lo realizó el propio personal del Servicio Penitenciario en medio de un importante operativo que lo único que trató de hacer es burlar sin sentido la presencia de algunos medios de comunicación de Gualeguaychú que esperaban la salida del ex Intendente condenado.

Al llegar a la Unidad Penal N°9 "El Potrero", el condenado fue alojado en el pabellón C para causas de delitos contra la integridad sexual, sector que compartirá con un centenar de internos. Entre las pocas pertenencias que tenía se destacaron dos bolsos pequeños y un colchón.

La práctica del deporte es una de las herramientas que se impulsan en diversas cárceles del país para bajar la tasa de reincidencia delictiva en los internos.

El rugby es una disciplina que históricamente estuvo vinculado a la clase media alta, al menos en Argentina, y alejada de los contextos de vulnerabilidad social. 

Pero en 2009 ese paradigma cambió, a partir de una iniciativa que se gestó en la Unidad  Penal Nº48 de la localidad bonaerense de San Martín. 

Allí nació el equipo de rugby Los Espartanos, impulsado por Eduardo “Coco” Oderigo, con el objetivo de bajar la reincidencia delictiva de los internos y de las personas cuando salen en libertad, a través de la promoción de valores mediante el deporte.

La comunidad espartana se extendió por diferentes cárceles del territorio argentino y unas de los penales alcanzados por el proyecto fue la Granja Penal Nº9 – Colonia El Potero en Gualeguaychú.

La iniciativa se gestó en 2019 y la propulsora fue Daniela Goette, representante de la Reserva El Potrero en el área social, quien a través de contactos con el proyecto Los Espartanos, pudo compartir experiencias, interiorizarse y capacitarse hasta la inclusión en la unidad penal.

“Estamos con este proyecto desde 2019, antes de la pandemia, y desde la Reserva El Potrero, trazamos vinculas con la conducción espartana, con el objetivo de hacer un aporte a la comunidad penal número 9, para mejorar la calidad de vida de los reclusos y brindarle herramientas para una segunda oportunidad en la sociedad”, indicó Goette, a modo de presentación, en comunicación con Ahora ElDía.

“Al principio costó encontrar las personas adecuadas para la enseñanza y los profesores  que quisieran comprometerse, voluntarios en definitiva, y ser parte del proyecto de Los Espartanos, porque esta iniciativa se tiene que sostener en el tiempo, ya que a los internos se le vas a ofrecer un bien, no podés soltarlo imprevistamente, porque podes afectar su vulnerabilidad emocional”, contextualizó  y agregó.

“Lamentablemente al poco tiempo de iniciar el proyecto, tuvimos que frenar por la pandemia. Pero cuando nos habilitaron de nuevo, gracias a Dios encontré a (Alfonso) “Mataco” Casenave y a Agustín Barrere, entrenadores de rugby Central Entrerriano, que muy generosamente se sumaron al proyecto y son los encargados de llevar adelante las prácticas semanas, que se dictan todos los jueves en la Unidad Penal”.

“Son muy respetuosos y cuidan su grupo”

Alfonso “Mataco” Casenave es uno de los profesores a cargo de brindarles las prácticas de rugby a los internos de la UP9 y en diálogo con este medio compartió sus vivencias como parte fundamental del proyecto.

El entrenador de rugby de Central Entrerriano reconoció que cuando Daniel Gaette le propuso sumarse al proyecto, tuvo más dudas que certezas, pero decidió comprometerse con la causa.

“No sabíamos con qué nos íbamos a encontrar y si podríamos brindarles lo que ellos esperaban de nosotros. Pero desde el primer día nos cambió la vida por completo y nos enseñó a ver la realidad de otra manera, a través de muchos aspectos positivos con los que nos encontramos en el año que llevamos compartiendo con ellos”, expresó Casenave sobre sus primeras impresiones como entrenador de “Los Caranchos”, como se hace llamar el equipo de rugby de la UP9.

Y agregó: “Son muy respetuosos y cuidan su grupo, proyecto y la hora y media de rugby para no perderla. Entonces, a mí como entrenador me da mucha satisfacción trabajar con ellos, porque te prestan mucha atención y son muy agradecidos con lo poco o mucho que uno le puede enseñar”.

Las prácticas de rugby en la Granja Penal son abiertas para cualquier interno que cumple su condena en esa unidad, aunque deben cumplir normas de conductas para ser parte de las clases que se dictan todos los jueves. 

“Llegamos a tener en un entrenamiento de entre 25 y 30 internos. Pero el número varía  porque a veces por cuestiones de indisciplina no pueden salir o porque trabajan, estudian o les coincide con las visitas. Entonces, por ahí la cantidad muta, pero el grupo es casi siempre el mismo, entre 20 y 23 personas”, contextualizó Casenave, quien profundizó y destacó el comportamiento durante la hora y media que dura la clase.

“Nunca tuvimos problemas de conducta. Es más se han golpeado feo, por lo brusco que es este deporte, pero entienden que es la dinámica del juego y además son un grupo afianzado y abierto a que se sumen nuevos integrantes, pero bajo normas de comportamiento y convivencia que deben respetar. Sino ellos mismo los apartan de su círculo”.

“Creo que la inclusión del rugby en la cárcel es muy útil por los valores que pregona, como el respeto, la unión del grupo y la solidaridad con los compañeros, no solo en el deportivo sino en la vida”, añadió.

En el cierre de la entrevista, “Mataco” compartió una reflexión que argumentó a partir de sus vivencias con los internos de la UP9 y la participación en la convención de la comunidad espartana que se llevó a cabo hacer un par de semanas Mendoza, con visitas a penales de aquella provincia incluida.

“Muchas veces se habló de reinserción de los internos en la sociedad, pero en la actualidad hay que hacer focos foco en casos de ‘inserción’, porque hay gente que nunca estuvo inserta en la sociedad y nacieron en un contexto adverso, del cual nosotros no tenemos idea. Entonces la opinión popular es, “él eligió llevar esa vida delictiva y por eso está preso”, pero en muchos casos no tuvieron otra elección, nadie les enseñó otro camino. Entonces, creo que con este tipo de programas, como el rugby en el sistema penitenciario, ayuda a que puedan mejorar mientras cumplan la condena y no salgan en libertad peor de lo que entraron”.

“Extramuros”, el anhelo que está cerca de hacerse realidad

“El desafío más grande que nos propusimos es poder realizar el primer partido Extramuros, es decir, que los reclusos participen de un encuentro de rugby fuera del penal”, reveló Daniela Goette. “Estamos tramitando los permisos y las autorizaciones de Paraná, pero si Dios quiere sería el 7 de diciembre en la cancha de Central, contra un combinado de jugadores locales”, agregó Casenave.