La muerte de Martín Luciano Siegfried, un interno de 26 años que falleció en el Hospital San Martín tras ser herido en una gresca dentro de la Unidad Penal Nº1 de Paraná, desató una jornada de extrema violencia y peligro en las puertas del establecimiento.

En las primeras horas de la tarde de este viernes, un grupo de allegados al fallecido se concentró en el ingreso del penal para exigir justicia, iniciando una quema de neumáticos que rápidamente se salió de control. Durante la protesta, la tensión alcanzó su punto máximo cuando los manifestantes manipularon las gomas encendidas y, en un descuido, "se terminaron prendiendo fuego ellos mismos", según describieron testigos del incidente. Una de las mujeres presentes casi fue consumida por las llamas de forma accidental, logrando apartarse a tiempo sin sufrir lesiones de gravedad.

El fallecimiento de Siegfried, a quien le restaban apenas dos meses para agotar una condena de cuatro años por delitos de estafa, narcomenudeo y amenazas, reavivó viejos conflictos en el entorno penitenciario. El joven contaba con antecedentes vinculados a causas de alto impacto, habiendo sido juzgado y absuelto en el marco del femicidio de Alejandra Silva, ocurrido en 2018, caso por el cual Facundo Siegfried cumple actualmente prisión perpetua.

En el lugar, el despliegue policial intentó contener el avance del fuego y evitar que la situación pasara a mayores, mientras los familiares denunciaban la falta de seguridad dentro de los pabellones.

La investigación judicial se encuentra en manos de la Fiscal de la Unidad de Delitos Complejos, Dra. Patricia Yedro, quien busca esclarecer las circunstancias de la pelea que terminó con la vida del interno.

Fuentes oficiales indicaron a la Agencia Noticias Argentinas que el conflicto se habría originado por "problemas de convivencia y disputas de liderazgo" dentro del pabellón donde se encontraba la víctima. Mientras tanto, las autoridades penitenciarias analizan los videos de seguridad para determinar responsabilidades, en un clima que sigue siendo de total hermetismo y hostilidad en las inmediaciones del penal paranaense.

Fuente: Noticias Argentinas

Gendarmería Nacional, bajo el pedido del fiscal Federal Pedro Rebollo, la orden del juez Federal de Gualeguaychú, Hernán Viri, y la rápida acción del Ministro de Seguridad de Entre Ríos, Néstor Roncaglia, allanó este viernes por la tarde el Pabellón E de la Unidad Penal 9 de Gualeguaychú donde se aloja un poderoso jefe narco de Diamante, que tenía un plan criminal para asesinar al juez Federal de Paraná, Leandro Ríos, y al fiscal Federal de esa misma ciudad, José Ignacio Candiotti.

El principal implicado es un hombre oriundo de Diamante, a quien señalan las fuentes como un narco de mucho poder, que incluso “maneja la cárcel y a los guardias”, que habría pagado 40 mil dólares a uno sicario uruguayo para asesinar a los funcionarios judiciales durante la estadía de ambos en Punta del Este.

El motivo del narco para cometer estos crímenes, por la declaración del testigo, se debe a que el juez Ríos le había “inventado una causa” y Candiotti “tiene todo arreglado para que le de 15 años de condena en un juicio que empieza el martes”.

¿Cómo llega todo esto a oídos de las autoridades? En principio, hay un interno que contó al detalle todo lo que está ocurriendo dentro de la Unidad Penal de Gualeguaychú y el poder que ejerce este capo narco con los demás internos y con el personal penitenciario.

Fue el ministro Néstor Roncaglia quien tomó inmediatamente conocimiento de todas estas acusaciones a través del Director del Servicio Penitenciario de Entre Ríos y del Director de la Unidad Penal 9, Lucas Duffour. El preso relató todo ante el fiscal federal de Gualeguaychú, Pedro Rebollo, y fue este funcionario quien le requirió al juez Federal de Gualeguaychú, Hernán Viri, la orden de allanamiento que se cumplió este viernes por la tarde.

El procedimiento lo llevó adelante el personal del Escuadrón 56 de Gendarmería Nacional con asiento en Gualeguaychú, con la presencia de numerarios de la Policía de Entre Ríos bajo la órbita del ministro Roncaglia. Secuestraron teléfonos, anotaciones, cocaína y documentación, confirmó una alta fuente judicial, y aseguró que se sigue investigando por la gravedad de todo lo denunciado.

La investigación judicial se encuentra a cargo y bajo la dirección del Fiscal Federal, Pedro Rebollo.

Fuente: Carlos Riera para El Argentino

Un interno de la Unidad Penal 9 de Gualeguaychú fue hallado sin vida en la mañana de hoy, cuando personal del establecimiento se disponía a suministrarle la medicación habitual. El fallecimiento fue constatado alrededor de las 8.50, durante una recorrida sanitaria en el sector de alojamiento.

Según se informó, el hombre se encontraba descansando en una celda especial junto a otro interno, quien declaró que se hallaba durmiendo y no advirtió la situación hasta la llegada del personal penitenciario. Al ingresar el enfermero, se constató que el detenido estaba boca abajo y sin signos vitales.

El fiscal interviniente, Jorge Gutiérrez, dispuso una serie de medidas para establecer las formas y circunstancias del deceso. Si bien en una primera instancia no se observaron indicios de violencia y la principal hipótesis apunta a una muerte natural, la causa fue caratulada como “para establecer formas y circunstancias del fallecimiento”.

De acuerdo a la información oficial, el interno fue identificado como Dante Ismael Oroño, de 27 años, quien padecía epilepsia y se encontraba bajo tratamiento médico por esa patología. El joven estaba alojado en la unidad penal en carácter de procesado, tras haber sido trasladado desde la ciudad de Paraná el pasado 24 de diciembre, en el marco de una causa por robo agravado.

Las actuaciones continúan bajo la órbita del Ministerio Público Fiscal, a la espera de los resultados de las diligencias ordenadas para confirmar el motivo del fallecimiento.

Este viernes por la mañana, el ministro de Seguridad y Justicia de Entre Ríos, Néstor Roncaglia, encabezó la inauguración del nuevo Centro Operativo de Monitoreo (COdM) en la Unidad Penal Nº 9 “Granja Penal El Potrero”, un espacio estratégico que busca fortalecer la seguridad integral y optimizar la gestión penitenciaria provincial.

En representación del Gobierno local, acompañaron el acto el jefe de Gabinete, Luciano Garro, y el secretario de Gobierno y Modernización, Manuel Olalde.

El nuevo centro permite monitorear en tiempo real áreas críticas mediante domos de alta definición, cámaras distribuidas en puntos estratégicos y un dron de observación táctica, garantizando trazabilidad y cobertura continua durante las 24 horas. La infraestructura cuenta con sistemas redundantes que aseguran la continuidad operativa y la recuperación ante contingencias.

Entre sus principales fines se destacan la prevención de incidentes, la gestión en tiempo real de situaciones críticas, la generación de evidencia objetiva para resguardar derechos, la supervisión sanitaria y la vigilancia perimetral.

La puesta en marcha de este espacio fue posible gracias a fondos propios del Servicio Penitenciario de Entre Ríos, a través de lo recaudado por el PVTC (Producción y Ventas de Talleres Carcelarios), sin costo adicional para el Estado.

Luego de la inauguración del centro de monitoreo, las autoridades se trasladaron a la dirección de la Unidad Penal, donde entregaron un reconocimiento al agente penitenciario Matías Giménez, quien salvó la vida de un hombre que se arrojó al río desde el Puente Méndez Casariego. El hecho ocurrió el 12 de octubre, cuando Giménez —que se encontraba de civil— no dudó en lanzarse al agua para rescatarlo, siendo destacado por su valentía y compromiso humano.

La comitiva también recorrió el taller de confección de pelotas de fútbol que funciona en la biblioteca de la Unidad Penal. Según explicó José Santiago Osuna, prefecto director principal de Industria de la provincia, la iniciativa —que surgió a partir del conocimiento de un interno— será replicada en otras cárceles de Entre Ríos y permitirá comercializar pelotas de alta calidad con marca propia.

Finalmente, visitaron la escuela del penal, donde se desarrollan distintas instancias educativas y de capacitación para las personas privadas de libertad.

La Cárcel General Francisco Ramírez, más conocida como Unidad Penal Nº 2, fue inaugurada el 8 de mayo de 1890. Durante más de un siglo funcionó como establecimiento penitenciario, siendo en su época el edificio de mayor altura construido en la provincia. Los muros de ladrillo y amplios pabellones fueron testigos de la historia de Entre Ríos y, en particular, de uno de los períodos más oscuros de la Argentina: la última dictadura militar. Allí estuvieron detenidos presos y presas políticas, incluso algunas con sus hijos pequeños.

El crecimiento de la ciudad, el desgaste del edificio y la necesidad de adecuar el sistema penitenciario, llevaron a su cierre definitivo en diciembre de 2022, tras 162 años de funcionamiento. Desde entonces, el predio fue preservado como Sitio de Memoria y se han planteado varios proyectos para que sea reconvertida.

En ese contexto histórico, una joven gualeguaychuense tomó a la UP2 como objeto de estudio. Se trata de Paula Belén Viera, de 23 años, que vive en Buenos Aires desde hace cuatro años. Estudia Trabajo Social en la UBA —está a pocas materias de recibirse— y trabaja en un centro de inclusión social para familias en situación de calle. Además, es profesora de danza y tiene una fuerte vocación en proyectos con niñeces.

Paula fue distinguida con una mención especial en un concurso de crónicas organizado por la Universidad de José C. Paz junto a Abuelas de Plaza de Mayo. Su texto abordó el rol de la UP2 en la dictadura y la necesidad de resignificar el lugar en clave de memoria colectiva.

“El trabajo lo hice motivada justamente por los espacios de memoria. Desde siempre, desde que tengo recuerdo, me marcó esa temática. El año pasado cursé una materia llamada Políticas de Memoria, que me llevó a visitar sitios como el ex centro clandestino de detención, tortura y exterminio “Olimpo” en Buenos Aires. Ahí descubrí que en Gualeguaychú también había un espacio señalizado, y me sorprendió muchísimo porque yo no lo conocía”, contó Paula en diálogo con Ahora ElDía.

Ese descubrimiento fue clave para tomar la decisión de realizar la investigación: “Viví toda mi vida en Gualeguaychú y no tenía idea de la cárcel como sitio de memoria. Me enteré recién cuando se empezó a abrir al público, y fue un momento clave. Sentí que tenía que escribir sobre eso, visitarlo y dejar un registro, aportar algo desde mi lugar de ciudadana y estudiante”.

El trabajo fue presentado en la categoría estudiantes, y aunque ella no lo esperaba, recibió una mención especial que la llenó de orgullo: “Se coronó súper lindo. Lo importante es que este espacio empiece a ser habitado. Necesita que los vecinos lo visiten, que le pongan el cuerpo, que se empapen de nuestra historia”.

Su crónica recupera datos históricos —como la existencia de 814 centros clandestinos de detención en todo el país, 36 vecinos desaparecidos en Gualeguaychú y al menos dos niños apropiados—, pero también escenas vívidas: la visita guiada por un guardiacárcel, la muestra incipiente con siluetas pintadas y poemas, y hasta algunas frases que resonaron en su cabeza mientras recorría el penal.

“El mismo guardia me dijo que ‘secuestrados no hubo ni uno, todos por algo estuvieron”, cuenta Paula, pero rescata esa frase para declarar que “La memoria no es más que una mera construcción social que cobra sentido en un proceso activo de interpretación, resignificación y transferencia que realizan los sujetos para rememorar ese sentido del pasado”.

Más allá del reconocimiento, Paula se propone seguir vinculada al espacio y acompañar a la Asociación Civil La Lupa, Memoria Colectiva, que impulsa actividades en torno a la recuperación histórica en la ciudad.

Lo que alguna vez fue una cárcel símbolo del disciplinamiento estatal, hoy se abre a la comunidad como un sitio para pensar el pasado y construir futuro. Y en esa transición, el aporte de jóvenes como Paula Viera resulta clave: transformar un lugar de encierro en un espacio de memoria viva.

 “Creo que lo fundamental habitar el espacio. Conocerlo y formar parte de su construcción. No como algo del pasado lejano, sino como una dinámica presente de memoria, verdad y justicia”, concluyó.

En un fallo que sacudió al ámbito penitenciario provincial, la Cámara en lo Contencioso Administrativo Nº1 de Paraná resolvió anular el Decreto N°4424 emitido por el Ministerio de Gobierno y Justicia el 16 de noviembre de 2023, junto con sus antecedentes. La decisión, tomada por los jueces Hugo González Elías, Adriana Acevedo y Marcelo Baridón, da lugar a la demanda promovida por una agente del Servicio Penitenciario conocida por sus iniciales RVLR y obliga al Estado provincial a hacerse cargo de las costas judiciales.

Según el fallo, RVLR, con 26 años de trayectoria en el sistema penitenciario provincial y actualmente asignada a la Unidad Penal Nº6 de Paraná, fue sancionada con 25 días de arresto tras ser considerada responsable por no haber seguido el protocolo de registro en el ingreso del interno Oscar Bertuni, quien horas más tarde se quitó la vida.

El fallecido estaba imputado por el femicidio de la docente Noemí Suárez ocurrido en Cerrito en octubre de 2021. El femicida ocultó un cordón entre sus ropas que luego utilizó en la autoderminación.

La defensa, liderada por el abogado Eduardo Gerard, solicitó la nulidad del acto administrativo, alegando que la sanción no solo era injustificada, sino también desproporcionada. La Cámara coincidió, destacando que no había elementos concretos que vincularan la omisión de registro con el fatal desenlace.

El fallo fue contundente al señalar que otros agentes, identificados como Donda y Ledesma, tuvieron una responsabilidad más directa en el suicidio del interno, debido a fallas en la requisa y en la revisión de la celda. Sin embargo, recibieron penas menores (20 días), lo que puso de manifiesto la desproporción en el castigo impuesto a RVLR.

La Cámara subrayó que el decreto sancionatorio presentaba vicios jurídicos graves, especialmente por no demostrar una relación de causalidad entre la falta de RVLR y el hecho trágico. El tribunal consideró que el acto violó el principio de juridicidad y el criterio de razonabilidad en la aplicación de sanciones administrativas.

En su conclusión, los jueces remarcaron que el procedimiento seguido contra la funcionaria respetó las garantías constitucionales, pero que la gravedad de la pena impuesta no se correspondía con la falta cometida, lo que llevó a su nulidad absoluta.

Este es el tercer fallo en poco tiempo donde la Cámara Contencioso Administrativo le pone un freno a las decisiones del Estado Provincial, en especial a la Policía y al Servicio Penitenciario. (Fuente: Ahora)

La Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin), a cargo del fiscal general Alberto Gentili, publicó su informe “Muertes en cárceles federales”, en el que detalla que se registraron 22 fallecimientos de personas privadas de la libertad en esos establecimientos entre el 1° de enero y el 30 de junio pasados. De acuerdo con el trabajo, los decesos se produjeron en 13 de las 29 unidades de alojamiento del Servicio Penitenciario Federal (SPF), con el siguiente desglose:

Desglose

Cinco muertes en el Complejo Penitenciario Federal (CPF) I de Ezeiza; tres en el CPF II de Marcos Paz y en la Unidad 34 Campo de Mayo; dos en el CPF VII ex Unidad 31 de Ezeiza;

una en el CPF de Devoto, en el CPF III de Salta, en el CPF IV de Mujeres de Ezeiza, en el CPF VI de Mendoza, en el CPF de Jóvenes Adultos de Marcos Paz, en la Unidad 11 - Colonia Penal de Chaco, en la Unidad15 de Santa Cruz, en la Unidad 30 de Jóvenes Adultos de La Pampa y Unidad 4 - Colonia Penal de La Pampa.

En cuanto a la situación procesal de los reclusos fallecidos, el informe señaló que el 68% (15 casos) correspondió a personas que cumplían condena firme, mientras que los restantes tenían prisión preventiva.

El informe, que publicó Fiscales.gob.ar, precisó que del total de 22 muertes, 16 fueron no traumáticas, tres fueron calificadas como traumáticas y las restantes tres no fueron encuadradas en una categoría por no contarse con información suficiente para ello.

En relación al perfil de las personas fallecidas, el trabajo ofrece el siguiente desglose: 21 varones y una mujer. Una una persona de nacionalidad extranjera: un joven chileno de 21 años alojado en el Complejo de Jóvenes Adultos de Marcos Paz, que falleció como consecuencia de quemaduras. El promedio etario de las personas fallecidas es de 54 años, mientras que en los casos de muertes violentas desciende a 23 y en los no traumáticos alcanza los 63 años.

La Procuvin especificó que, en el período sometido a estudio, presentó una denuncia por el caso de un hombre cuyo fallecimiento fue consecuencia del avance de la enfermedad de Hopkins. Explicó que esa presentación tiene como fin establecer si la muerte pudo haber sido consecuencia de condiciones inadecuadas de la privación de libertad y, específicamente, si el enfermo obtuvo tratamiento médico adecuado y cuál fue su evolución.

La fiscalía especializada indica en el informe que impulsa el inicio de investigaciones en los casos de muertes no traumáticas (en general por padecimientos de salud) en que no se haya verificado una intervención anterior del sistema penal.

Evolución en la última década

El reporte pone en contexto los datos actuales con la evolución de la serie estadística anual de muertes en la última década. Detalla que, mientras en 2015 alcanzó los 40 casos; en 2016 se registraron 36; en 2017 y en 2018, 41; en 2019 trepó a 50; en 2020 -en contexto de pandemia- creció aún más, a 58; en 2021 se registraron 43; en 2022, 42; en 2023, 30; y en 2024, 40.

La procuraduría especializada pone de relieve el “registro inusual” de 2023, donde los casos descendieron a 30 y luego tuvieron un incremento del 33,3% en 2024, cuando llegaron a 40, y sostiene que el registro del año pasado retomó la tendencia observada en 2021 y 2022, que tuvieron 43 y 42 fallecimientos respectivamente.

Metodología del informe

Desde 2013, la Procuvin registra, contabiliza y analiza las muertes de personas detenidas en cárceles del SPF para desplegar series históricas y evolutivas, tanto en términos cuantitativos como también para profundizar en las modalidades y circunstancias en las que se dan los diferentes tipos de fallecimientos.

Para la elaboración del cada informe registran sistemáticamente y analizan los partes de notificación de fallecimientos que le remite el SPF.

La información es ingresada a la base de datos de fallecimientos en contextos de encierro, que es construida y actualizada por el Área de Análisis e Investigaciones Interdisciplinarias de la procuraduría, que para esta tarea cuenta con la colaboración de su Área de Violencia en Instituciones de Encierro. (Fuente: APFDigital)

Otra vez es noticia el hallazgo de estupefacientes en la Unidad Penal Nº 1 de Paraná. En esta oportunidad fue detenido un joven que intentó en la mañana de este lunes ingresar marihuana y pastillas para un interno de la cárcel capitalina.

El joven arrestado tenía previsto visitar a un interno que está alojado en el Pabellón Nº1, pero fue revisado y se le detectó la droga. Por tal motivo, quedó a disposición del Ministerio Público Fiscal, que dispuso el traslado a la Alcaidía de Tribunales.

Durante el procedimiento, el personal del Servicio Penitenciario a cargo realizó una inspección minuciosa, donde se logró detectar un objeto sospechoso. Se constató que dentro del pantalón tenía una toalla envuelta, que al ser revisada contenía una bolsa con diez pastillas de color blanco y una pelota con una sustancia de color verde. Ante este hallazgo, tomó intervención el personal de la Dirección de Drogas Peligrosas.

El reactivo utilizado para la sustancia verde arrojó un resultado positivo en marihuana, mientras que las pastillas no presentaron inscripción visible.

El personal de Drogas Peligrosas ejecutó un trabajo de campo que corroboró los resultados obtenidos en el análisis, pesando un total de 3.4 gramos de marihuana.

Fuente: Ahora

El Ministerio de Seguridad estableció la obligatoriedad para todos los internos del Servicio Penitenciario Federal de realizar tareas de mantenimiento, limpieza, aseo e higiene en los espacios propios y comunes de los establecimientos donde están alojados. 

Las actividades serán no remuneradas y tendrán una duración de cinco horas diarias, según la Resolución 1346/2024 publicada en el Boletín Oficial. 

La medida apunta a promover la reinserción social y reducir la reincidencia, según lo estipulado en la Ley de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad (Nº 24.660) y la Constitución Nacional.

Además, busca disminuir la ociosidad entre los internos, considerada un factor de incremento de violencia y desorden en los penales.

El Servicio Penitenciario Federal será el encargado de elaborar planes y cronogramas específicos para estas tareas, además de supervisar su cumplimiento.  

La resolución, firmada por la ministra Patricia Bullrich, enfatiza que estas labores constituyen un deber derivado del mandato constitucional de mantener cárceles “sanas y limpias” y contribuyen a una convivencia ordenada dentro de los establecimientos.

En el predio de rugby de Central Entrerriano, en Parada 7, se vivirá este sábado una jornada sin precedentes. Por primera vez un grupo de reclusos de Unida Penal Nº9, conocida también como la Granja Penal de Colonia El Potrero, saldrán por unas horas del lugar donde cumplen sus respectivas condenas para participar de un encuentro deportivo.

La conexión para que se concrete el denominado partido “Extramuros” surgió por el vínculo que existe entre el club rojinegro y el programa de rugby que surgió en la UP9, como medio de inclusión, hace cinco años. Es que los encargados de enseñar este deporte en el penal son Alfonso “Mataco” Casenave y Agustín Barrere, entrenadores en la mencionada institución.

Daniela Goette, representante en el área social de la Reserva El Potrero e impulsora del taller deportivo en la UP9, había adelanto Ahora ElDía sobre el anhelo de poder cerrar el año con la posibilidad de un  amistoso entre los integrantes del equipo los Caranchos (así se autodenomina el equipo de los internos) y un combinado de jugadores de Central Entrerriano, en la cancha que el club posee en Urquiza al Oeste.

Finalmente, el encuentro se concretará este sábado, desde las 14.30, y marcará el primer encuentro Extramuros en Gualeguaychú, que ya aconteció en otras ciudades del país con el fenómeno Los Espartanos, el primer equipo de rugby conformado por presidiarios de la Unidad  Penal Nº48 de la localidad bonaerense de San Martín.

El evento, que no será abierto al público, contará con partido que protagonizarán el grupo de los internos (Los Caranchos), que completarán el equipo con entrenadores y coordinares de Los Espartanos, que vendrán especialmente a la ciudad para vivenciar  el encuentro, y el combinado de jugadores de Central Entrerriano, y luego se llevará a cabo un breve tercer tiempo.

“La idea que nos propusimos fue cerrar el año con este encuentro para demostrar una continuidad del proyecto y que haya una motivación para seguir adelante con el crecimiento de la actividad, porque el objetivo es tener la cancha en el penal para que ellos tengan mejores condiciones para las prácticas”, expresó Daniela Goette.

La Dirección de Toxicología y las Divisiones de Toxicología dependientes de las Jefaturas Departamentales de la PER, juntamente con los Grupos Especiales, realizaron un total del veintiséis allanamientos, en las ciudades de Villaguay y Concordia, como así también en la Unidad Penal de Gualeguaychú y Concepción del Uruguay.

Los operativos se llevaron a cabo luego de una investigación iniciada hace más de cinco meses por la División Toxicología de Villaguay, la cual con la colaboración de su similar de Concordia y de la Dirección de Toxicología, pudieron determinar la comercialización de sustancias estupefacientes en distintos puntos de la ciudad de Villaguay, siendo coordinada esta actividad por un interno de la Unidad Penal N° 4, el cual se encuentra condenado por narcotráfico, como así también se pudo determinar quién era al menos uno  de sus proveedores, siendo el mismo de la ciudad de Concordia, este a su vez era abastecido por una persona, cuyos padres se encuentran alojados en la Unidad Penal N° 9, desde donde coordinaban sus maniobras con su hijo.

De esta manera,  con las pruebas recolectadas, en la fecha se diligenciaron  allanamientos librados por el Juzgado Federal N° 1 de Concepción del Uruguay a cargo del Dr. Pablo Seró y de la Secretaria Criminal y Correccional N° 1 del Dr. José Barraza.

El operativo dio inicio en horas de la madrugada, pudiéndose secuestrar casi medio kilo de cocaína polvorienta (localizado en la Unidad Penal N° 4 gran parte de la sustancia secuestrada); dos ladrillos enteros y varios trozos de marihuana, haciendo un total aproximado de 4 kilos, 43 teléfonos celulares, cinco balanzas digitales de precisión, anotaciones varias de importancia para la causa, la suma próxima de 2.380.000 pesos argentinos, dos carabinas calibre .22; 30 cartuchos del mismo calibre, una escopeta recortada calibre 16, 12 cartuchos calibre 9mm, 1 cartucho calibre 44; un vehículo Volkswagen Gol; 54 personas identificadas entre varones y mujeres; quedando 7 personas detenidas por la Ley Nacional N° 23.737 “Tenencia y tráfico de estupefacientes”.

Dos de las requisas se realizaron en el Penal N° 9 “Granja El Potero”, una en el sector de mujeres, donde la allanada recuperaba su libertad en el día de la fecha, la cual luego de hacerlo fue detenida y trasladada a Comisaria del menor de Gualeguaychú, a esta mujer en su celda del penal se le secuestro un celular y elementos de interés para la causa, el otro allanamiento fue en la misma unidad carcelaria, a la pareja de esta mujer, ambos condenados por narcotráfico.

Al mismo tiempo se allanó la Unidad Carcelaria N° 4 de Concepción del Uruguay, más precisamente en pabellón seis, los investigadores localizaron y secuestraron casi medio kilo de una sustancia blanca, que el reactivo químico arrojó resultado positivo para cocaína.

Con la colaboración del personal Puesto Caminero de la PER, ubicado en la intercepción de las Ruta 14 y Ruta 22, se realizó la requisa vehicular, donde se obtuvo los resultados esperados, encontrando elementos que lo vinculan a la investigación, y se procedió al secuestro de un automóvil Volkswagen Gol como así también a la detención de dos de sus ocupantes, uno de ellos es hijo de la pareja que se encuentra alojada en el Penal N° 9. Se culminaron los procedimientos con un total de siete detenidos y una cantidad similar de personas supeditadas a la causa.

Fuente: Concordia Policiales

La obra tiene como objetivo mejorar la calidad de vida y salud de los internos y trabajadores de la unidad penal, mediante la construcción de una planta de tratamiento de efluentes. Implica una inversión que supera los 136 millones de pesos y beneficiará a 1650 personas en total.Dentro del plan de sanidad y aguas impulsado por el Gobierno de Entre Ríos, el Ministerio de Planeamiento, Infraestructura y Servicios informó que la construcción de la planta de tratamiento de líquidos cloacales que beneficiará a la Granja Penal “Colonia El Potrero”, ubicada en la homónima localidad del departamento Gualeguaychú, superó el 93 por ciento de ejecución.Las tareas se realizan a través de la Dirección Provincial de Obras Sanitarias y se enmarcan en el Programa Federal de Saneamiento (PROFESA), impulsado por el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA). Asimismo, la obra implica una inversión de 136.077.033,19 pesos.Al respecto, el director de Obras Sanitarias, Luis Trupiano, recordó que la obra “beneficiará a los internos, al personal administrativo, con alojamiento y de tránsito. Estamos hablando de 1.650 personas aproximadamente”.Detalles técnicosEn función de las tareas realizadas en la Granja Penal “Colonia El Potrero”, el proyecto de la planta de tratamiento de aguas servidas considera el aporte de lavado mediante y consiste en la ecualización, aireación, sedimentación secundaria, recirculación y desinfección del agua clarificada, digestión y espesamiento de lodos.Al mismo tiempo, en los talleres de producción no se trabaja con residuos industriales líquidos, como aceites de vehículos, detergentes industriales, pesticidas y otros elementos que pueden ser tóxicos y adversos para el desarrollo del sistema de tratamiento biológico del agua. Además, los detergentes utilizados son del tipo biodegradables.De esta forma, las aguas servidas serán conducidas gravitacionalmente por la red cloacal hasta el pretratamiento, lo cual consiste en una trampa de grasas, una cámara de rejas interceptora de trapos y un desarenador para la retención de los sólidos gruesos que provocan obstrucción en las etapas del tratamiento.Más tarde el agua libre de sólidos gruesos es recibida y acumulada en un estanque de regulación (ecualización) que servirá para absorber las variaciones de caudal y carga propias de la instalación y operación del sistema. En este depósito, el agua es aireada para evitar que se generen olores y sedimentación.Finalmente, el estanque de ecualización estará dotado de un sistema de bombas sumergibles que enviarán el agua servida hacia la planta de tratamiento, a razón de caudal medio. Mediante este mecanismo se proveerá a la maquinaria de condiciones ideales de alimentación, lo que permitirá así un buen nivel de operación.

El hecho sucedió este martes en la guardia del Hospital Centenario, adonde llegó el interno con la custodia del servicio penitenciario. Previamente habría manifestado una dolencia que derivó en su traslado al nosocomio.

Una vez en el hospital, el detenido -de 25 años y con antecedentes penales- solicitó ir al baño. Al notar su demora, el guardia que custodiaba la puerta del baño ingresó y descubrió que se había escapado utilizando una ventana del lugar.Inmediatamente se dio aviso a la policía para solicitar su colaboración en la búsqueda.El joven prófugo fue hallado en una vivienda ubicada en calle Rodó al 400 (zona Norte), en la que pretendía ocultarse y a la que provocó destrozos después de violentar su acceso.Al llegar la policía hubo resistencia e intento de agresión, pero pudieron reducirlo y detenerlo nuevamente. Su recaptura se dio cerca del mediodía. De acuerdo a fuentes policiales, la denuncia de un vecino ayudó a capturarlo y -una vez detenido- se le abrió una causa por los destrozos que efectuó en el domicilio.Se investiga si la fuga contó con la colaboración de alguna persona externa que pudiera haberlo ayudado a desaparecer rápidamente de la zona del hospital. El interno se encuentra procesado a la espera de condena. 

La Sala Penal del Superior Tribunal confirmó en el mes de febrero, las condenas impuestas por la Justicia a 17 policías que se los encontró responsables de la sedición en la Jefatura de Concordia en diciembre de 2013. De esa manera, una vez que finalizó la parte administrativa, se ordenó cumplir con la detención e inicio de la sentencia de los uniformados, trámites que finalmente se comenzó a ejecutar en el mes de mayo de este año.Si bien la orden de detención fue el pasado 5 de mayo y el cumplimiento de la misma se efectivizo tres días más tarde, recién este lunes se supo de esta situación, -intentamos evitar la mediatización de las detenciones-, fue lo que confió el abogado defensor Oscar Bacigaluppe, quien además confirmó que, de los 17 detenidos, la mitad cumple la condena en la cárcel de Paraná y la otra parte en la unidad carcelaria de Gualeguaychú.

Penas

En cuanto al tiempo de la prisión efectiva, se supo que Carlos Daniel Zaragoza, Manuel Leandro Coutinho y José María Biderbos fueron condenados a la pena de cuatro años y seis meses de prisión de cumplimiento efectivo con más la inhabilitación especial para ejercer funciones públicas por el término de nueve años y accesorias legales; y a Juan Manuel Rosas, Daniel Eduardo Chávez, Diego Federico Differding, Luis Alberto Gómez, Juan Pedro Lacuadra y Alfredo Horacio Imaz a la pena de cuatro años de prisión de cumplimiento efectivo con más la inhabilitación especial para ejercer funciones públicas por el término de ocho años y accesorias legales; a Luis Roberto Jesús Carlino, José Orlando Troncoso, Hugo Fabricio Troncoso, Ricardo Hernán Paredes, Luis Alberto Paredes, Andrés Maximiliano Paredes, Carlos Alcides Rosas y Romeo Fabián Valdez a la pena de tres años y seis meses de prisión de cumplimiento efectivo con más la inhabilitación especial para ejercer funciones públicas por el término de siete años y accesorias legales.Bacigaluppe, también hizo conocer a 7Paginas, que están aguardando el recurso presentado en la Suprema corte de la Nación, como último recurso.

Pero a la vez, aventuró que aquellos que deben cumplir 3 años y seis meses, podrían recuperar la libertad o un beneficio de prisión domiciliaria en un tiempo no superior a los seis meses, ya que cumplieron prisiones preventivas, 18 meses en las cárceles de Federal, Paraná y en condición de domiciliarias.

A poco de cumplirse nueve meses de su detención, el ciudadano iraní identificado en septiembre pasado como Keifi Mojtaba, intentó fugarse este jueves por la tarde de la Unidad Penal N° 9 de Gualeguaychú, ubicada a escasos metros de la ruta internacional que conduce al paso fronterizo con la República Oriental del Uruguay.

Mojtaba saltó el perímetro de la granja penal e intentó fugarse del predio alrededor cerca de las 16, cuando el personal del Servicio Penitenciario que se encontraba en la guardia, advirtió la maniobra y realizó disparos de advertencia al aire. "Rápidamente pudimos recapturarlo y actualmente se encuentra alojado en una celda individual, apartado de la población carcelaria común", señaló el Alcaide Mayor Valentín Polito en diálogo con Radio 2820.

La situación judicial del ciudadano iraní se mantenía en la más absoluta reserva, hasta que hace algunas horas trascendió que la causa de Mojtaba -detenido en Concepción del Uruguay el 24 de junio de 2022, al ser sorprendido en la Terminal de La Histórica, intentando comprar pasajes con documentos de terceras personas- será elevada a juicio en los próximos días. El expediente tramita en el juzgado federal de Concepción del Uruguay -a cargo del Dr. Pablo Sero- desde donde se dispuso la prisión preventiva en la UP 9 luego de ser procesado en el pasado mes de julio.

El caso del misterioso iraní llamó la atención de toda la comunidad, ya que se registró en momentos de mucha confusión, a partir de la llegada de un avión venezolano, con ciudadanos iraníes a Ezeiza, por lo que se temía su vinculación, con alguna red terrorista.

Derechos Humanos y otras organizaciones reclamaron por su liberación, ya que se estaba ante un delito evidentemente menor -utilización de documentación de terceros) y que (por ese caso) no ameritaba una prisión preventiva, pero el hecho fue considerado una cuestión de seguridad nacional y Keifi Mojtaba, continuó detenido en la Comisaría Primera de La Histórica hasta ser trasladado al establecimiento carcelario del que hoy quiso fugarse.

El Servicio Penitenciario se comunicó esta madrugada con el Servicio 911 de la capital entrerriana, debido a que dos internos que estaban en las celdas de aislamiento, se habían escapado de la Unidad Penal Nº1.

Por tal motivo, el personal policial, montó un operativo y horas después, lograron recapturarlos en un barrio cercano a la cárcel paranaense.Según indicaron fuentes policiales, uno de los evadidos, fue localizado por un móvil de la División 911, en la zona de Torres de Niuremberg y calle Pronunciamiento de la ciudad de Paraná. Mientras que el segundo de los internos fugados, fue encontrado por uniformados de la Guardia Especial, en los pasillos de calle Espejo y la cortada el entubado del arroyo.

Minutos después, los sujetos que se habían fugado, fueron trasladados devueltos a la Unidad Penal N°1.

Luego de mucho tiempo, el legendario edificio de la Unidad Penal N° 2 quedó vacío. Lo que para muchos parecía una utopía, finalmente se convirtió en una realidad. Los casi 280 reclusos que se alojaban en la vieja unidad carcelaria que fue inaugurada en 1860, fueron trasladados a la Unidad Penal N° 9 ubicada en la Ruta Internacional 136, ocupando en su mayoría los nuevos pabellones que se construyeron en la unidad, que ya contaba con una población de casi 100 reclusos.

En rigor de verdad, el viernes se trasladaron los últimos cuatro presos que permanecían alojados en la UP 2. Se trata de reclusos que gozan de salidas transitorias y, al momento de retornar a la unidad, fueron derivados a la UP 9 de El Potrero, quedando de esta forma totalmente vacía la vieja cárcel, que mantendrá guardias mínimas en los próximos días.

El Director del Servicio Penitenciario de Entre Ríos, Marcelo Sánchez, en diálogo con AHORA ElDia, expresó que “el cierre de la UP2 es algo histórico y nosotros institucionalmente le damos la magnitud que corresponde. Entendemos que en la comunidad de Gualeguaychú marca un hito, un antes y un después”. 

Consultado sobre si la UP2 llegó a ser en su momento una cárcel de máxima seguridad, Sánchez respondió que “lo fue en su momento por la arquitectura que tiene. El título o la calidad de máxima seguridad se basa en el muro de contención que tiene y que la hacía única. Una infraestructura del siglo 19, mientras que hoy tenemos otros parámetros que marcan la máxima seguridad. La cárcel de Gualeguaychú cumplió en su momento, con los stándares de seguridad, pero el paso de los años se hacía cada vez más evidente, y para el propio personal era muy complicado trabajar, dado que iba de la mano con las actividades del presente”.

Sobre la UP9 ubicada en El Potrero, Sánchez indicó que “en los nuevos pabellones, se tomaron como modelo los que se construyeron en Paraná, que se hicieron de la misma manera en Concordia. Se trata de pabellones de dos plantas, pabellones colectivos, celdas con capacidad para cuatro internos, todo bajo un monitoreo de circuito de videovigilancia. Una unidad donde los internos van a estar sectorizado. Un pabellón va a estar destinado a los internos que dependan de la Justicia Federal, uno para prisiones preventivas. Nuevas instalaciones que a nosotros nos permiten cumplir con la pena, el régimen de la misma e ir avanzando por etapas”.

Sobre las actividades que se realizan en la UP9, el funcionario explicó que “la Unidad lleva el nombre de Granja Penal y en la misma se realizan distintas tareas productivas. Cuenta con una sala de faena para pequeños y medianos animales, además de una cámara de frío que se ha readecuado. Contamos con una habilitación desde el área de fiscalización y veterinaria de la Provincia”.

Actualmente, la UP9 alberga a 368 internos, de los cuales solamente 8 son mujeres y cuenta con 265 funcionarios en lo que es la unificación de las dos unidades penales.

Finalmente, Sánchez enfatizó que “La Granja Penal pasa a ser una guía dentro del Servicio Penitenciario de Entre Ríos, porque es el modelo a seguir”.

Acto de cierre

El próximo martes, con la presencia de autoridades nacionales y provinciales, se realizará en la explanada de la UP2 un acto que marcará el cierre oficial de la unidad carcelaria. De acuerdo a lo informado a AHORA ElDia, estarán presentes el gobernador Gustavo Bordet, el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Martín Soria, la ministra de Gobierno de la provincia, Rosario Romero, el intendente Martín Piaggio y otras autoridades provinciales, nacionales y locales. 

Al respecto, el ministro de Planeamiento, Marcelo Richard, indicó que “los trabajos se están ejecutando en tiempo y forma, cumpliendo con los plazos, y es de destacar que van más adelantados de lo que estaba previsto.”

“Esta obra demanda un trabajo articulado permanentemente con otras áreas de gobierno, y debo destacar el compromiso y excelente articulación que se lleva adelante desde la Subsecretaría de Arquitectura”, concluyó Richard.

Se trata de un proyecto planteado en dos tramos. En la primera etapa, próxima a finalizar, se construyeron dos edificios por una inversión actual de 177.068.366,70 pesos; en la segunda etapa los tres restantes, que presentan un avance del 63,47 por ciento e implican hasta el momento una inversión de 250.987.821,76 pesos. El financiamiento de las obras proviene de fondos del erario provincial.

Las obras tienen lugar en el sector de seguridad de la unidad penal y ocupan una superficie total de 2.857,45m2. Cada unidad se plantea de igual manera. La infraestructura será de dos plantas, los edificios de la primera etapa ocupan una superficie cubierta de 575,41m2 cada uno y, los de la segunda etapa abarcan un espacio de 572,21m2 cada uno.

La ampliación permitirá alojar 54 personas por pabellón, distribuidos en 18 celdas. Cada edificio se estructura en torno a un patio central, de doble altura y techado. La planta baja está compuesta por ocho celdas de alojamiento, dos sectores sanitarios separados, una garita de control, un espacio común, el patio al aire libre y un cerco perimetral. La planta alta cuenta con 10 celdas de alojamiento.

Por Amilcar Nani

Cuando en 1860 abrió por primera vez sus puertas la Unidad Penal Nº2 “General Francisco Ramírez”, esa zona era un completo páramo alejado de todo. No había vecinos, no había Corsódromo y la ciudad de Gualeguaychú era un punto diferenciado. Pero como todo en la vida, los años pasan, y por supuesto, las poblaciones crecen. Y 160 años más tarde, la cárcel de máxima seguridad quedó en el corazón urbano.

Finalmente, hace un par de años se anunció finalmente que el elefante blanco de hormigón, ladrillo y cemento será desalojado y cerrado. Esto quiere decir que el barrio de Pueblo Nuevo tendrá algo que muchos vecinos por generaciones han anhelado: dejar de vivir pegado a un presidio.

Hace unos días, el objetivo del desarme se puso en marcha y desde hace un tiempo se sabe que el edificio de la UP2 de Gualeguaychú será destinado a oficinas públicas y espacio de recreación. Y tal y cómo se hizo durante la visita de la ministra de Gobierno Rosario Romero días atrás, se señalizó el lugar para no olvidar los crímenes que se cometieron allí durante la última dictadura cívico militar.

En la Unidad Penal Nº 2 de Gualeguaychú estuvieron detenidos presos políticos, y la señalización forma parte del relevamiento que lleva a cabo la Dirección Nacional de Sitios y Espacios de Memoria, a través de la Secretaría de Derechos Humanos de Nación en conjunto con las áreas correspondientes de la provincia y el Municipio.

“Como todos saben durante la dictadura militar allí estuvieron presas muchas personas por cuestiones políticas y se señalizó ese sitio, al par que venimos haciendo un trabajo con el intendente y los legisladores, entre el gobierno provincial y el local para el cierre de la UP2 de Gualeguaychú, que es una de las cárceles más antiguas del país y en la reubicación de los internos en distintas partes de la provincia. En ese proceso la señalización del sitio tendrá que ver con que una vez adoptado otro destino, uno vinculado a la recreación y otro al centro cívico, quede señalizado lo que pasó allí durante la dictadura”, explicó la ministra Romero luego del acto.

Sin embargo, por fuera del período de la dictadura militar, la cárcel de Gualeguaychú tuvo episodios nefastos, sangrientos y crueles, los cuales, como a modo de ejemplo, se resumen en crímenes horrendos, motines que pudieron ser masacres y presos célebres que transitaron sus murallas.

Los motines del ’87 y el ‘91

Ambos comparten una particularidad: fueron cometidos en el mes de septiembre, y ambos casos volvieron a poner en la mesa la necesidad de trasladar el presidio hacia un lugar menos urbano. 

El primero de ellos, acontecido a las nueve de la noche del 29 de septiembre, comenzó como un intento de fuga cuando los internos del pabellón 2 –donde se alojaban los internos más peligrosos– invadieron el Pabellón 1. El intento de fuga fue abortado por los guardiacárceles que se encontraban apostados en los muros y por la guardia interna que se encontraba cumpliendo con su turno. 

Pero si bien la fuga había sido neutralizada, eso no puso final al episodio. Inmediatamente se comenzó con la quema de absolutamente todos los colchones del penal, y los disparos mantuvieron en vilo a la barriada de Pueblo Nuevo, el Munilla, la zona del Molino y la avenida del Valle. El temor hizo presa en los vecinos, quienes temían que algún fugado terminara en sus casas. 

El saldo trágico de esa revuelta fue la muerte de uno de los internos, que en medio del descontrol y el caos había sido agredido y revestía un estado de gravedad, por las heridas recibidas, a las que no pudo sobrevivir falleciendo a las tres de la mañana en el Hospital Centenario. A esa hora, el control había vuelto a la Unidad Penal Nº2.

El segundo motín reciente, el de la noche del 11 de septiembre del 91, no tuvo el grado de violencia que el anterior, pero las seis horas que duró fueron de total incertidumbre y la situación estuvo a punto de salirse de control en varias oportunidades debido a que tres guardiacárceles quedaron como rehenes, quienes durante este tiempo temieron, en más de una oportunidad, por sus vidas. 

Esa noche, un grupo de presos tomó la guardia interna, redujo a los celadores e intentó fugarse, cometido que no lograron por el rápido accionar de los guardias en el muro. Tres celadores fueron tomados como rehenes poco después de las nueve de la noche y liberados a las cuatro de la mañana. El penal fue recuperado por el personal del Servicio a las siete de la mañana.

Una muerte innecesaria

Eran pareja desde hacía más de un año. Ella lo conoció cuando ya estaba en prisión, condenado a 13 años. Lo iba a ver cuándo podía a la Unidad Penal Nº2, pero nunca imaginó que terminaría asesinada, delante de su beba de un año y medio.

Todo sucedió en febrero de 2013, cuando Jessica Ocampo de 23 años llegó con su hija para ver a su novio, Marcelo Schiaffino, de 38. El recluso cumplía en la cárcel de Gualeguaychú una condena a 13 años de prisión por promoción a la prostitución y privación ilegítima de la libertad de una adolescente de 15 años.

Jessica había llegado el sábado 9 de febrero a la prisión con su beba (que era hijo de otro hombre), y tenía autorización judicial en el marco de las 96 horas mensuales previstas para visitas íntimas. Luego se supo que el crimen había sido cometido el lunes a la noche en el sector conocido como “Unidad Familiar”, donde se reducen la vigilancia y el control porque se preserva la intimidad de los presos y sus parejas. 

Sin embargo, el hecho fue descubierto recién a la mañana siguiente, cuando Schiaffino salió de aquel sector con heridas leves en el cuello y confesó el asesinato. Los guardiacárceles, que dijeron que no escucharon ni vieron nada, acudieron al sector reservado para las visitas íntimas y encontraron a Jessica estrangulada, tirada en el piso. A su lado estaba su beba, quien estaba ilesa.

Schiaffino había cumplido los primeros años de condena en la Unidad Penal N° 7 de Gualeguay, pero luego lo derivaron a Gualeguaychú. Por su mala conducta había sido trasladado en numerosas ocasiones a distintas cárceles de la provincia, sobre todo por problemas de convivencia con los otros reclusos. Luego del crimen, fue trasladado a la Unidad Penal N°8 de Federal, donde aún sigue encerrado.

El “cheto” de la cárcel

Dentro del historial criminal de la Argentina, no se registran muchos casos de asesinos seriales en nuestro país. Sin embargo, aunque pocos, los hubo. Uno de ellos fue Guillermo Antonio Álvarez, alias “El Concheto”, quien fue el jefe de la banda de “los nenes bien”.

Había matado a cuatro personas a sangre fría entre 1998 y 1999. Admiraba a Carlos Eduardo Robledo Puch, el ángel de la muerte que asesinó, entre 1971 y 1972, a 11 persona mientras dormían o por la espalda.

Vivía en un chalet en esa zona y había estudiado en los institutos secundarios San Patricio y Nuestra Señora de Fátima, donde lo echaron cuando pasó el límite de 24 amonestaciones. Además de encontrarle una manopla de hierro, un día revoleó un cortaplumas sobre el pizarrón, antes de que entrara el profesor. Fue demasiado y lo expulsaron.

La banda de “nenes bien” era particular. No iba detrás de los blindados ni de los bancos. El punto eran los restaurantes de alta gama. Una de las primeras víctimas fue el miembro del directorio de la petrolera Esso, a quien le robaron un Rolex, el celular, dinero y su Honda Accord.

El primer asesinado de la banda fue Bernardo Loitegui (h), hijo de Bernardo Loitegui, ex ministro de Obras Públicas de la Nación durante el gobierno de facto de Alejandro Agustín Lanusse. Según refieren los hechos, Álvarez y un compinche le robó a Loitegui (h) su Mercedes Benz. Aunque el hombre no se resistió, El Concheto lo liquidó dos dos balazos delante de su hija.

Entonces continuó el raid delictivo con su banda. El 28 de julio de 1996 Álvarez llegó al pub Company. Entró y se mezcló entre los clientes. Sus secuaces, Oscar “el Osito” Reinoso, César Mendoza y Walter Ramón Ponce, alias “Oaky”, una vez llegada la señal el Concheto, ingresaron armados y les exigieron a todos los clientes que entregaran los objetos de valor.

Pero entre la gente estaba el subinspector de la Federal, Fernando Aguirre, de franco. Al verlos, dio la voz de alto y comenzó el tiroteo. Álvarez aprovechó que el policía cayó al piso y lo remató. Una estudiante que festejaba un cumpleaños, Andrea Carballido, también murió asesinada.

El cuarto asesinato de El Concheto ocurrió en un pabellón de la vieja cárcel de Caseros, donde mató a facazos al de Elvio Aranda.

Para los peritos que lo trataron era “un narcisista, un psicópata perverso”. La misma calificación que recibió su admirado Robledo Puch.

El Concheto fue condenado a reclusión perpetua más la accesoria por tiempo indeterminado por cuatro homicidios, pero en diciembre de 2015 salió de la cárcel y abandonó el penal de Gualeguaychú. Lo esperaba su pareja, con quien afirmó que se iba a quedar a vivi en Entre Ríos. Sin embargo, cuando recuperó su libertad, tiempo más tarde volvió a delinquir en Buenos Aires y fue enviado a Devoto por haberle robado 67 mil pesos a una persona que salía de un prestamista. 

Apostó a ser el heredero de su admirado Robledo Puch, pero terminó nuevamente encerrado por ser un simple ratero. 

Quedó señalizada la Unidad Penal 2 "Francisco Ramírez" de Gualeguaychú como Sitio de Memoria del terrorismo de Estado. La señalización fue organizada por la secretaría de Derechos Humanos de la Nación, a través de la Dirección Nacional de Sitios y Espacios de Memoria, junto con el ministerio de Gobierno y la Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia de Entre Ríos y el Municipio de Gualeguaychú.

El acto que se desarrolló en la esquina de Av. Eva Perón y Goldaracena y contó con la presencia del intendente Martín Piaggio, el secretario de Derechos Humanos de la Nación Horacio Pietragalla Corti, la ministra de Gobierno y Justicia de Entre Ríos, Rosario Romero, demás autoridades nacionales, provinciales y locales, legisladores y legisladoras, ex detenidos y detenidas por razones políticas, vecinas y vecinos.

En esta unidad penal hombres y mujeres permanecieron detenidos por razones políticas desde 1974 y, con mayor intensidad, durante la última dictadura cívico-militar (1976-1983). Fueron 186 los detenidos por razones políticas, que pasaron por la UP 2, entre 1974 y 1983.

Este penal se convierte así en el primer sitio señalado de la ciudad, cabe destacar que en todo el país ya se han realizado más de 200 señalizaciones.

El intendente Piaggio agradeció a todas las personas presentes en particular a quienes lo precedieron en la palabra, Daniel Irigoyen y Aldo Bachetti. Destacó el trabajo del equipo municipal, a Matías Ayastuy director de Derechos Humanos, por llegar a este momento, valorando "el compromiso para que esta señalización tenga sentido y sea una reparación de todos. Que esta historia sea reconocida". 

"Tenemos el desafío de poder cerrar el penal para abrirlo a la comunidad como un nuevo espacio de encuentro, de desarrollo del arte y la cultura de nuestra ciudad”, concluyó.

Por su parte, Rosario Romero señaló que "hemos envejecido con una historia dolorosa pero con mucho trabajo el Servicio Penitenciario ha evolucionado hacia la democracia reconociendo que cárceles como esta tan antigua no cumple con lo que establece la Constitución Nacional y por eso se trabaja para su traslado".

Y finalmente, Horacio Pietragalla Corti destacó que “seguimos impulsando en todo el país la visibilización de estos lugares que fueron escenario del terrorismo de Estado para que nunca más tengan lugar en nuestro país” y afirmó que en "septiembre será el día que le pongamos candado a esta Unidad Penal”.