Este miércoles comenzó en el Centro de Convenciones “Malvinas Argentinas” la Jornada Provincial “La Trata Existe”, una instancia de reflexión, concientización y formación con especialistas y representantes de organismos nacionales y provinciales vinculados al abordaje de este delito.

El intendente Mauricio Davico acompañó la apertura institucional y destacó la necesidad de visibilizar una problemática que continúa vulnerando la libertad y la dignidad de las personas. “Decir ‘la trata existe’ es el primer paso obligatorio para combatirla. Significa desnaturalizar situaciones, romper con la indiferencia y asumir que este flagelo ocurre cerca de nosotros”, expresó.

Durante su intervención, Davico señaló que estos encuentros permiten avanzar más allá de la reflexión e incorporar herramientas para reconocer señales de alerta y fortalecer la prevención. “Tenemos que, entre todos, darle la mayor cantidad de herramientas a los ciudadanos, transmitirlas, estar cerca y acompañar”, sostuvo.

También remarcó la importancia de involucrar a toda la comunidad frente a situaciones que puedan generar sospechas y de dar aviso a los organismos correspondientes. En ese sentido, insistió en que la prevención requiere información, atención y compromiso colectivo.

Durante la apertura también tomaron la palabra Silvina María Calveyra, coordinadora del Consejo Provincial de Prevención, Protección y Asistencia a las Víctimas y Testigos de la Trata y el Tráfico de Personas, y Claudia Fiorotto, responsable del Área de Género, Diversidad y Protección a Personas Vulnerables del Municipio.

Calveyra puso el foco en la detección temprana y en la necesidad de brindar respuestas coordinadas frente a estas situaciones. “Las víctimas necesitan respuestas, necesitan respuestas ya, en la urgencia, y eso tiene que ver con la restitución de derechos”, afirmó.

Asimismo, destacó la importancia de continuar articulando acciones con los gobiernos locales para generar políticas públicas integrales. “Los municipios son quienes conocen el territorio”, señaló al referirse al trabajo conjunto necesario para intervenir frente a situaciones que involucran a víctimas.

Por su parte, Fiorotto remarcó que el compromiso social requiere, en primer lugar, conocer las características del delito y sus diferentes modalidades. “Cuando hablamos de trata, no estamos hablando de un acto voluntario de la persona de hacer algo; estamos hablando de un ser humano que esclaviza a otro ser humano con fines de lucro”, expresó.

La responsable del Área señaló que la trata no se limita a la explotación sexual y mencionó también la explotación laboral, el tráfico de órganos y las adopciones ilegales. Además, explicó que, al tratarse de un delito federal, desde el ámbito local se trabaja en la detección, el acompañamiento y la protección de las víctimas, para luego dar intervención a las autoridades competentes.

Entre las autoridades municipales presentes estuvieron la viceintendenta Julieta Carrazza, el jefe de Gabinete Luciano Garro y concejales.

Tras la apertura institucional comenzó el primer panel, denominado “La Trata de Personas. Investigación y procesos judiciales”, con la participación del fiscal federal de Gualeguaychú, Pedro Mariano Rebollo; Ramiro Fihman, del Área de Investigaciones de Protex; y el juez federal de Gualeguaychú, Hernán Viri.

En ese marco, Davico entregó un reconocimiento al fiscal federal Pedro Mariano Rebollo al finalizar su exposición.

La actividad es organizada por el Municipio, a través del Área de Género, Diversidad y Protección a Personas Vulnerables, junto al Consejo Provincial de Prevención, Protección y Asistencia a las Víctimas y Testigos de la Trata y el Tráfico de Personas. La Jornada Provincial “La Trata Existe” fue declarada de Interés Legislativo por el Senado de Entre Ríos y de interés por el Gobierno de Gualeguaychú.

A lo largo del día, la programación continuará con seis paneles destinados a profundizar herramientas para la investigación, la intervención en zonas de frontera, la búsqueda de personas, la detección temprana y la restitución de derechos a las víctimas. El encuentro busca fortalecer la articulación entre organismos y ampliar las herramientas disponibles para actuar frente a situaciones de trata.

El Área de Género, Diversidad y Protección de Personas Vulnerables, en conjunto con el Consejo Provincial de Prevención, Protección y Asistencia a las Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas, llevará adelante la Jornada Provincial “La Trata Existe”. El evento tiene lugar este miércoles 30 de septiembre en las instalaciones del Centro de Convenciones “Malvinas Argentinas”.

La propuesta obtuvo el reconocimiento institucional mediante la declaración de Interés Legislativo otorgada por el Senado de Entre Ríos así como también la declaración de Interés por parte del Municipio de Gualeguaychú.

La jornada comenzará a las 9 horas con las acreditaciones y continuará, a las 9.30 h, con la apertura a cargo de autoridades municipales y provinciales. A las 9.45 h se desarrollará el primer panel, “La Trata de Personas, investigación y proceso judicial”, con referentes de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), el Ministerio Público Fiscal Federal de Gualeguaychú, el Juzgado Federal de Gualeguaychú y el Ministerio de Seguridad y Justicia.

Luego de un intervalo previsto para las 11.15 , a las 11.30  tendrá lugar el segundo panel, “Tráfico y Trata de Personas. Protocolo de Intervención en Frontera”, a cargo de la directora nacional de Investigación del Delito de Trata de Personas y contra la Integridad Sexual, Ximena Albornoz, junto a las asesoras Celeste Ambrosía y Daniela Corbalán.

A las 12.15  comenzará el tercer panel, “Búsqueda de Personas. Sistemas. Rastrillaje con canes”, con la participación de Paula Sánchez, coordinadora nacional del Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas (SIFEBU), su equipo de trabajo y el instructor Matías Albornoz. La propuesta permitirá abordar diferentes herramientas y procedimientos vinculados con la búsqueda de personas.

La actividad continuará a las 13.15 con “Indicadores para la detección temprana del Tráfico y la Trata de Personas”, a cargo de Guillermina Benito y Juan José Capela, de la Dirección Nacional de Migraciones, y Luis Yrigoyen, de ARCA, junto a su equipo regional.

A partir de las 14 h se desarrollará el quinto panel, dedicado al “Acompañamiento y Restitución de Derechos a Víctimas del delito”. Participarán Edhit Leiva, de la Coordinación Nacional de Rescate del Ministerio de Justicia de la Nación; Ramiro Mac Cann, de la Coordinación Nacional de Asistencia y Restitución de Derechos a Víctimas de Trata; y Silvina María Calveyra, coordinadora del Consejo Provincial de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos del Tráfico y la Trata de Personas del Ministerio de Seguridad y Justicia de Entre Ríos.

Uno de los momentos destacados de la jornada será a las 14.45 , con el sexto panel “En voz propia: la trata de personas, un delito de huellas profundas”, encabezado por Sonia Sánchez, sobreviviente de trata de personas con fines de explotación sexual, escritora, educadora y protagonista de documentales. El cierre de la actividad está previsto para las 15.15 .

La convocatoria está dirigida a profesionales, estudiantes, representantes de instituciones comunitarias y público general.

Desde el Área de Género, Diversidad y Protección de Personas Vulnerables del Municipio lanzaron una invitación a la comunidad a participar de la Jornada de Reflexión y Concientización “La Trata Existe”, un espacio de capacitación orientado a la prevención y al abordaje integral de esta problemática organizada junto al Consejo Provincial de Prevención, Protección y Asistencia a las Víctimas y testigos de la Trata y Tráfico de Personas.

“El encuentro busca brindar herramientas teóricas y prácticas para detectar, prevenir y actuar ante situaciones vinculadas a la trata de personas, un delito que atenta contra los derechos humanos fundamentales. La propuesta está dirigida a profesionales, estudiantes, integrantes de instituciones locales y vecinos interesados en la temática”, indicaron.

La convocatoria es para el miércoles 30 de septiembre, de 9 a 15 h, en el Centro de Convenciones “Malvinas Argentinas”.

Según informaron las autoridades, quienes deseen asistir deben completar el formulario de inscripción disponible en el siguiente enlace: https://forms.gle/hvS19oCi1zyLRjQx6.

Un proyecto ingresado el viernes 24 a la Cámara de Diputados propone declarar de interés legislativo el III Congreso Provincial “La Trata Existe”, un encuentro de concientización y formación que se realizará este martes 28 de julio en el auditorio “Mario Alarcón Muñiz” de Gualeguay, en el marco del Mes de Lucha contra la Trata de Personas.

La iniciativa, impulsada por la diputada Noelia Taborda (Juntos por Entre Ríos), resalta la “trascendencia institucional, social y formativa” del evento, organizado por el Ministerio de Seguridad y Justicia provincial a través del Consejo Provincial contra la Trata de Personas. Según fundamentó la legisladora, el congreso constituye un espacio clave para la formación, actualización e intercambio de experiencias entre quienes intervienen en la prevención, detección, investigación y asistencia frente a este delito.

El encuentro reunirá a especialistas de organismos nacionales, provinciales y del Poder Judicial, quienes abordarán la problemática desde una perspectiva interdisciplinaria. El programa prevé exposiciones sobre investigación y persecución penal, protocolos de intervención en zonas de frontera, detección temprana de indicadores, búsqueda de personas, restitución de derechos y acompañamiento integral a las víctimas. La jornada culminará con un panel integrado por sobrevivientes y referentes comprometidos con la visibilización del tema.

En los fundamentos, Taborda advirtió que la trata de personas es una de las formas más graves de criminalidad organizada y una profunda vulneración de los derechos humanos, al afectar la libertad, la dignidad y la integridad de las víctimas. En ese sentido, señaló que su abordaje requiere una respuesta integral del Estado basada en la prevención, la capacitación permanente, la coordinación interinstitucional y la protección efectiva.

Además, destacó que la propuesta promueve la articulación entre distintos niveles del Estado y refuerza el compromiso con políticas públicas orientadas a erradicar la trata y garantizar la protección de las personas afectadas. También subrayó la importancia de la sensibilización social y la capacitación continua como herramientas clave para detectar situaciones de riesgo y fortalecer una respuesta estatal eficiente.

Con información de APFDigital

El delito de la trata de personas dejó de ser una problemática anclada únicamente al terreno físico. Tras la pandemia, las redes de explotación  trasladaron gran parte de su estructura al entorno virtual, mutando sus estrategias hacia el uso de redes sociales, plataformas de contenido pago y videojuegos en línea. Así lo advirtió la Coordinadora del Consejo Provincial de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos del Tráfico y la Trata de Personas del Ministerio de Seguridad de Entre Ríos, Silvina Calveyra, quien analizó el panorama actual de la provincia frente a estos delitos complejos.

"Venimos trabajando incluso con entidades educativas, alertando sobre estas nuevas modalidades que tienen que ver con las primeras fases en el delito de trata que tienen que ver con el ofrecimiento y la captación y en un delito que es totalmente dinámico y que no es estático y que va mutando", explicó Calveyra.

Según la funcionaria, la captación digital se vale del engaño, falsas promesas laborales y el "falso noviazgo virtual" a través de sitios como OnlyFans, Sugar Daddy o Sweet Lady, e incluso mediante plataformas de juego donde se busca endeudar a niños y niñas. "Estamos hablando de delitos muy complejos y donde se vinculan con otros como también el narcotráfico y las víctimas son utilizadas como soldaditos o como mulas", alertó.

Ciberpatrullaje y el vacío normativo

Para combatir esta mutación delictiva, la Provincia implementa tareas de ciberpatrullaje en articulación con investigaciones federales. Calveyra señaló que mediante estos sistemas tecnológicos "se detectaron y hubo procedimientos en nuestra provincia y en distintas localidades vinculadas a otra modalidad de explotación sexual, que es la comercialización de materiales de abuso sexual".

Sin embargo, el entorno digital plantea desafíos legales. En ese sentido, la funcionaria destacó la adhesión de Entre Ríos a la Ley Olimpia contra la violencia digital como un paso positivo para contrarrestar plataformas creadas con "cero perspectiva de género" y basadas en asimetrías de poder.

Asimismo, adelantó que en el último Consejo Federal de Trata se debate una reforma legal profunda: "Se habló de la reforma de la Ley de Trata, en este sentido de que considere estas nuevas modalidades en el marco de el delito de la trata de personas".

Por otra parte, ligó estrechamente la problemática del grooming como antesala de la trata, mencionando que a través de la campaña provincial "En Internet no todo es lo que parece" se constató el aumento de denuncias en los talleres escolares. "La mayoría de los niños y adolescentes atravesó alguna situación", afirmó.

El impacto en la salud mental

Uno de los puntos más alarmantes de la modalidad virtual es la crueldad de la explotación en línea y el severo daño psicológico que inflige a las víctimas.

"Hoy estamos frente a una realidad que la explotación es en línea a través de estos sitios. Incluso es mucho más grave, más riesgosa porque este abuso de poder y estas plataformas las personas que son explotadas incluso no ven muchas veces el rostro del prostituyente", detalló la coordinadora.

Calveyra describió que las personas rescatadas presentan "secuelas muy graves con daños muy profundos, con intento de autolesiones, con intentos de suicidio, con cuestiones vinculadas a su salud mental". La funcionaria ejemplificó el nivel de vulneración con casos de resonancia nacional donde las víctimas eran obligadas mediante streaming a autolesionarse o a registrar situaciones extremas bajo extorsión y chantaje emocional.

Finalmente, respecto al protocolo de asistencia, se precisó que el abordaje inicial y la declaración testimonial se coordinan con los ministerios públicos fiscales, la Protex y el Programa Nacional de Rescate. Posteriormente, el seguimiento y el acompañamiento a largo plazo quedan a cargo de los puntos focales provinciales, rol que en el territorio entrerriano desempeña el Consejo dependiente del Ministerio de Seguridad y Justicia. 

Fuente: APFDigital

La Coordinación Nacional de Asistencia y Restitución de Derechos a Víctimas de Trata del Ministerio de Justicia de la Nación, a cargo de Ramiro M'Cann convocó a un encuentro virtual con los representantes de los puntos focales de las 12 provincias que adhirieron al Programa Nacional.

La Coordinadora del Consejo Provincial de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos del Tráfico de Personas, Punto Focal Provincial, Silvina Calveyra, participó del encuentro que tuvo como objeto la presentación de los requisitos, procedimientos a seguir para la puesta en vigencia, implementación y el acceso por parte de las víctimas rescatadas al Programa a partir del mes de julio de 2025.

El programa tiene por objetivo promover la restitución de derechos a las víctimas del delito de trata de personas mediante la implementación de un circuito de asistencia, fortaleciendo la coordinación interinstitucional con el fin de facilitar la reinserción social y laboral de las víctimas, desde un enfoque de protección de derechos, evitando la revictimización, siendo una herramienta clave para tal fin, explicó Silvina Calveyra

A su vez agregó: "El programa tiene dos líneas la primera el equivalente a un salario mínimo vital y móvil por tres meses, prorrogable por tres meses más, y la otra línea es la mitad de un salario mínimo vital y móvil por igual periodo promoviendo el acceso al empleo digno".

En la jornada de ayer se llevaron adelante dos allanamientos en la ciudad , en el marco de una investigación por una presunta red de trata de personas con fines de explotación sexual.

Las medidas fueron dispuestas por el titular del Juzgado Federal local, Hernán Viri, quien ordenó los procedimientos en dos domicilios donde operaría la organización.

Como resultado de los operativos, se logró rescatar a una mujer que era víctima de explotación. La misma fue puesta a resguardo y quedó bajo la asistencia de profesionales especializados.

Además, se concretó la detención de un hombre vinculado a la causa. Durante los allanamientos, las autoridades también secuestraron documentación de interés para la investigación, material estupefaciente y teléfonos celulares, que serán sometidos a peritajes.

La causa continúa en etapa investigativa y no se descartan nuevas medidas en las próximas horas.

Un empresario que fue condenado el año pasado en el Tribunal Oral Federal de Paraná por el delito de trata laboral con dos víctimas explotadas en la ciudad de Victoria, quedó al borde de la cárcel. La Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal ha rechazado el recurso de casación interpuesto por la defensa de José Abel Venturini, y de este modo confirmó la condena a ocho años de prisión de cumplimiento efectivo y el pago de reparaciones económicas por casi 9 millones de pesos a Mario Alberto Ponce y Héctor Antonio Ponce.

Venturini fue condenado por el delito de trata de personas en su modalidad de acogimiento con fines de explotación laboral, agravado por el aprovechamiento de una situación de vulnerabilidad y por haberse logrado la consumación de la explotación. El Tribunal Oral Federal de Paraná presidido por Roberto López Arango, había dictado la condena inicialmente el 8 de noviembre de 2024, tal como lo había solicitado el fiscal general José Ignacio Candioti.

La causa se originó en una inspección del Ministerio de Trabajo de Entre Ríos el 16 de agosto de 2019, en la localidad de Victoria, en la empresa Centella Marine S.R.L.. Durante esta inspección, se constató que José Abel Venturini empleaba a los hermanos Ponce y Ponce, oriundos de Corrientes, en condiciones laborales y de habitabilidad de extrema precariedad. Los Ponce trabajaban en tareas de montaje y como serenos, pernoctando en un contenedor precario sin las mínimas condiciones de higiene ni seguridad, recibiendo un salario irrisorio por debajo del mínimo legal.

La defensa de Venturini interpuso un recurso de casación basándose en varios agravios: planteó la nulidad de las actuaciones, argumentando que se originaron por una actuación irregular del Ministerio de Trabajo. Afirmó que las declaraciones de los inspectores, Ignacio Lagares y Mónica Vivas, eran contradictorias e inconsistentes, y que no era cierto que los Ponce vivieran en condiciones paupérrimas.

Alegó además que la asistencia técnica anterior de Venturini fue ineficaz al sugerirle no declarar, lo que conllevó un estado de indefensión. A su vez, planteó que en este caso no se comprobó que la autodeterminación de los Ponce se viera acotada, así como que la "ultra finalidad de explotación" no se demostró. Finalmente, entre otros puntos cuestionados, consideró que la sanción impuesta era desproporcionada.

Los camaristas Angela Ledesma, Alejandro Slokar y Guillermo Yacobucci desestimaron cada uno de estos argumentos y confirmaron la sentencia en forma unánime. Por un lado, desestimaron las nulidades planteadas por el defensor, así como la asistencia técnica ineficaz de Ventiruni.

Sobre las pruebas y testimonios, la Cámara Federal consideró que la sentencia se sostuvo en una multitud de elementos de convicción, incluyendo informes periciales médicos y socio-ambientales, informes de ANSES y Gendarmería, y testimonios de los damnificados Ponce, otros trabajadores y abogados, además de vistas fotográficas que fueron “por demás elocuentes” sobre las condiciones inhumanas. Se desmintió la contradicción de los testimonios de Lagares y Vivas, señalando que ambos eran coincidentes en los aspectos medulares sobre las condiciones paupérrimas en la que vivían los damnificados. Las imágenes mostraron que los hermanos Ponce vivían en un contenedor sin aislamiento, ventilación, ventanas, heladera, cama, agua potable ni baño, improvisando un pozo en la tierra para sus necesidades.

La jueza Ledesma destacó que el delito de trata de personas protege la libertad y la dignidad humana, abarcando no solo la libertad física, sino también la libertad psíquica y la capacidad de autodeterminación de la persona.

Remarcó que el delito consiste en la captación, traslado o recepción de personas con fines de explotación (sexual, laboral o extracción de órganos). Se agrava por el engaño, amenaza, intimidación o el abuso de una situación de vulnerabilidad, y cuando se consuma la explotación.

Por ello, los camaristas afirmaron que se comprobó que Venturini se aprovechó de la situación de vulnerabilidad de los hermanos Ponce. Ellos eran personas humildes, sin trabajo en su ciudad natal, y fueron contactados por Venturini quien, a través de un "trabajo psicológico" indirecto, los llevó a naturalizar condiciones análogas a la explotación, debilitando su psiquis y despojándolos de su dignidad.

Se estableció que fueron reducidos a servidumbre, sometidos a jornadas de trabajo de casi 24 horas sin descanso (diurno en montaje y nocturno como serenos, sin poder salir del lugar), con un salario irregular, trato humillante, sin ropa ni elementos de seguridad, y viviendo en el contenedor en condiciones infrahumanas.

La Cámara Federal concluyó que existía una "ultra intención de Venturini de someter a la servidumbre a los Ponce con el fin de obtener una mayor ganancia económica", abaratando costos en un contrato "llave en mano".

Por último, acerca de la pena impuesta, afirmaron que la sentencia del TOF de Paraná cuenta con fundamentos jurídicos suficientes y necesarios para la imposición de la pena de ocho años de prisión, que se corresponde con el mínimo de la escala penal prevista para el delito atribuido, considerando la magnitud del hecho y las condiciones personales del imputado.

Martín Ku y Nico Grosman, exintegrantes del reality Gran Hermano, generaron polémica en las redes sociales al publicar un video en el que presentan una propuesta laboral destinada a chicas jóvenes interesadas en trabajar en Rusia. En la grabación, ambos explican que se trata de una oportunidad para viajar a Tatarstán, una región de dicho país, donde las seleccionadas recibirían alojamiento y una remuneración en dólares.

Aunque no brindaron demasiados detalles sobre las tareas a realizar, la oferta fue presentada como una experiencia “diferente” y “atractiva” para quienes quieran vivir algo nuevo en el exterior. Sin embargo, el video rápidamente despertó sospechas y encendió las alarmas entre los usuarios, quienes comenzaron a cuestionar el trasfondo de la convocatoria.

En los comentarios, muchos tildaron la propuesta de “rara”, “sospechosa” y hasta “peligrosa”, debido a la falta de información concreta y a los antecedentes de casos de trata de personas bajo engaños similares. La repercusión no tardó en viralizarse, abriendo un debate sobre la responsabilidad de los influencers al promover este tipo de ofertas sin mayor claridad ni garantías.

Martín Ku y Nico Grosman, exparticipantes de Gran Hermano, promocionaron un "programa internacional de empleo en Rusia para chicas de entre 18 y 22 años": "El salario oscila entre 860 y 1.000 dólares". pic.twitter.com/22OpwH6Drw

Martín Ku y Nico Grosman, conocidos por su paso por Gran Hermano, llamaron la atención de sus seguidores al compartir un video en el que presentan una propuesta laboral en el extranjero. En la grabación, los ex hermanitos aparecen desde Tatarstán, una zona ubicada en Rusia, y promueven una llamativa oportunidad dirigida a mujeres jóvenes. “Si sos una chica entre 18 y 22 años y tenés ganas de trabajar en el exterior, escuchá esta propuesta que te va a encantar”, afirma Nico en el mensaje que difundieron en redes sociales.

Por su parte, Martín destacó el atractivo del sitio en el que se encuentran: “Recorrimos todo el lugar y nos pareció muy, pero muy lindo”, comentó, al tiempo que incentivó a las interesadas a postularse mediante un sitio web mencionado al final del video. La publicación no tardó en generar controversia en redes sociales debido al perfil específico de las destinatarias, la escasa información sobre las tareas a realizar y el exótico destino propuesto.

Luego de que el video se hiciera público, numerosos usuarios expresaron inquietud en redes sociales. La propuesta generó dudas por la escasa información brindada, el enfoque exclusivo en mujeres jóvenes y el hecho de que el destino fuera una región poco habitual. “¿Por qué solo chicas jóvenes?”, “La publicidad más turbia” y “¿Qué tipo de trabajo es?”, se preguntaron varios en los comentarios, reflejando la desconfianza generalizada.

Dos hombres y 12 mujeres, gran parte de ellos de nacionalidad rusa, quedaron detenidos en San Carlos de Bariloche, acusados de formar parte de una secta involucrada en una red de trata de personas. Algunos de los miembros del grupo pertenecen a " Ashram Shambala", un culto religioso fundado hace 36 años por Konstantin Rudnev, uno de los aprehendidos, quien ya había sido condenado a 11 años de prisión por abuso sexual en Rusia y está también apuntado por desaparición de personas en Montenegro.

Se trata de un grupo religioso creado durante los últimos años de la Unión Soviética antes de su disolución en 1991, el cual operaba en 18 regiones de Rusia, incluidas Moscú y San Petersburgo. La secta llegó a tener 20 mil adeptos a quienes les pedían obediencia y la entrega de todas sus posesiones. Además, se exigía que sólo se alimentaran de las sobras que dejaba su líder: primero comían las segundas líneas, luego de esos restos lo hacían las terceras y así hasta llegar a mujeres desnutridas y sin pelo.

El líder de la secta se autodenominó "Gurú Sotidanandana" y afirmó que un sabio de Tíbet era su maestro. En 1999 fue detenido por primera vez, logró escapar y luego lo arrestaron nuevamente en 2005 y 2010. En esta última oportunidad, la policía rusa secuestró durante un allanamiento a su casa material audiovisual de los rituales y heroína. En 2013 fue sentenciado a una pena de 11 años por violar a sus discípulas, atentar contra el pudor y por distribuir drogas ilícitas.

Pese a la detención de Rudnev, el grupo continuó con sus trabajos de forma clandestina. Cuando el líder salió de la cárcel, viajó a Europa, donde siguió adelante con los mismos delitos, hasta llegar a América del Sur, donde captó a más personas.

El ruso pedía los dientes de sus seguidores al afirmar: "Estás renaciendo como un hombre de la sexta raza que no necesita dientes, porque se alimenta de energía divina".

El hombre ahora se encuentra detenido en la Argentina junto a otros 14 sospechosos acusados de explotar sexualmente a las víctimas.

La Policía de Seguridad Aeroportuaria informó a la Agencia Noticias Argentinas, se detuvo a nueve personas en el Aeropuerto Internacional Teniente Luis Candelaria de Bariloche, provincia de Río Negro, y otras seis en el Aeroparque Jorge Newbery de la Ciudad de Buenos Aires, todas ellas, la mayoría de nacionalidad rusa, tenían como destino final la ciudad de San Pablo, Brasil, y fueron capturadas en el marco de una causa por posible trata de personas.

Según detallaron, la causa había comenzado en el Hospital Zonal Regional de Bariloche cuando "una mujer de nacionalidad rusa, acompañada por otras compatriotas, fue a dar a luz, llamando la atención de los médicos intervinientes el estado de sometimiento en el que se encontraba".

El viernes pasado, en la sala de embarque del aeropuerto de Bariloche, el personal policial advirtió la presencia de un grupo de ciudadanos rusos compuesto por un hombre y seis mujeres, "las cuales presentaban síntomas de malnutrición similares a otras dos que habían sido aprehendidas días antes por la PFA y alojadas en calabozos de la PSA".

En ese momento, Rublev "sacó una hoja de afeitar de su billetera e intentó lesionarse el cuello, lo cual fue impedido por los oficiales", indicaron desde las fuerzas de seguridad.

A su vez, informaron que en sus equipajes encontraron "pastillas que, sometidas a reactivo químico, dieron positivo para clorhidrato de cocaína".

En medio del operativo, también registraron que otras dos mujeres rusas habían llegado al aeropuerto de Bariloche y quedaron detenidas.

Una red de pedofilia fue desbaratada luego de que cinco personas quedaran detenidas acusadas de captar nenas de entre 8 y 14 años a través de las redes sociales, a quienes les proponían “enseñarles a ser sexis”. 

Hay otros 15 acusados que fueron imputados, pero no quedaron arrestados, y serán indagados en los próximos días.   

Durante los allanamientos se secuestraron juguetes sexuales y casi 30 celulares en los que se encontró material de explotación sexual de menores.

Fue denunciado por el Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (Ncmec por sus siglas en inglés) que encontró fotos y videos de menores en distintos perfiles de Instagram y Snapchat, así como también en páginas pornográficas.

Se inició un expediente y al rastrear la IP de esas cuentas se descubrió que la red operaba en esa zona. Las fiscales Lorena Pecorelli y Daniela Sánchez ordenaron hacer un seguimiento. Llegaron a dar con al menos 21 personas que estarían implicadas en la banda.

Cuatro personas, presuntas víctimas de explotación laboral, fueron rescatadas de un campo en provincia, donde realizaban tareas de deforestación. Según informaron las autoridades, los trabajadores vivían en condiciones inhumanas, expuestos a las inclemencias del clima y sin acceso a servicios básicos como energía eléctrica, baños o agua potable.

El operativo de rescate fue realizado en conjunto por Gendarmería Nacional, la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social de la provincia y la DGI. Fuentes allegadas al caso informaron que las cuatro víctimas fueron encontradas en Colonia Yeruá, hacia el noreste de Entre Ríos, en donde vivían en condiciones de “extrema precariedad”.

Los oficiales a cargo del relevamiento detallaron que los trabajadores se encontraban desprotegidos y en condiciones de hacinamiento. Además de los servicios básicos, carecían de ropa adecuada y de los equipos de seguridad necesarios para llevar a cabo las tareas de deforestación. Las víctimas también manifestaron que debían cumplir con jornadas laborales extremadamente largas y que recibían solo la mitad de la remuneración que les había sido prometida.

La investigación por posible trata de personas con fines de explotación laboral se lleva a cabo por orden de la Fiscalía Federal de Primera Instancia de Concordia, a cargo de Josefina Minatta. Participan agentes de la Dirección General Impositiva, personal de la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales de la Gendarmería Nacional Argentina, así como de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social de la provincia de Entre Ríos.

La Cámara Federal de Casación Penal desestimó el recurso presentado por la defensa del youtuber Yao Cabrera y se confirmó su condena a cuatro años de prisión. 

La sentencia fue emitida por el Tribunal Oral Federal N.º 3 de San Martín contra el uruguayo Marcos Ernesto Cabrera Rodríguez y lo declara culpable de los delitos de trata de personas con fines de explotación sexual y reducción a la servidumbre. Con esta resolución, la querella ha solicitado su detención inmediata.

Yao Cabrera enfrenta múltiples denuncias por actividades ilícitas relacionadas con su organización VIRAL/WIFI. Además, en la causa N.º 10007/2020, iniciada por el manager de medios Jorge Zonzini, se incorporaron testimonios de víctimas como Giovanna De Mitole (diseñadora gráfica) y Mariano Fernández (editor), quienes denunciaron ser explotados laboral y sexualmente por Cabrera y su entorno.

Además de esta condena por trata de personas, la jueza federal Nada Flores Vega ordenó abrir una investigación paralela por lavado de activos. 

Este segundo proceso involucra a diferentes miembros del círculo cercano del influencer, entre los que se encuentran Candela Díaz, Kevin Macri, Diego Llamazares y otros. Estos están señalados como parte de una red organizada de influencers que presuntamente encubría estas actividades ilícitas.

Causas pendientes de Yao Cabrera

Mientras tanto, Yao Cabrera también enfrenta un proceso judicial en el Juzgado de Garantías Nº 3 de Escobar por delitos graves como corrupción de menores, facilitación de la prostitución y venta de estupefacientes. 

En estos hechos, según la acusación, ocurrieron en la denominada “Mansión WIFI” ubicada en el barrio San Marco, en Escobar, donde se habrían cometido abusos sexuales durante la pandemia.

El mencionado Zonzini anticipó que esta no será la única condena para Cabrera: “Este mal llamado influencer purgará varios años más en prisión por las múltiples causas federales y provinciales que enfrenta”.

Una mujer y su novio fueron detenidos en Concordia, provincia de Entre Ríos, acusados de un delito atroz: venderle a su hija de 16 años a un almacenero de Corrientes a cambio de una suma de dinero para comprarse una casilla en la cual vivir.

Tanto la pareja como el “comprador”, un hombre identificado como Walter C. (57), fueron arrestados tras una investigación del fiscal federal de Paso de Los Libres, Aníbal Fabián Martínez, y la Unidad de Procedimientos Judiciales local de Gendarmería Nacional . A la víctima, de 16 años, la rescataron.

Fuentes judiciales indicaron que la investigación comenzó el pasado 2 de octubre tras una denuncia telefónica de una mujer a la Policía de Concordia, en la que refirió que la madre “habría cambiado” a su hija por “una casilla” a “un hombre de 56″. Con ese dato, las autoridades entrerrianas localizaron a la denunciante para que ampliara sus dichos.

La mujer aseguró que, tras pasar un tiempo en Entre Ríos, el padrastro aseguró: “Vine a buscarla (a la menor), me la voy a llevar conmigo”. Allí, la testigo le preguntó a la mujer por su hija. La respuesta la estremeció:

 “Se juntó con un viejo, hice un negocio con él, me dijo que le deje la guaina y él me iba a comprar una casilla en Concordia; prefiero que esté allá antes que ande acá en la calle, porque él tiene un almacén y la tiene como una reina, le compra de todo. Igualmente, él me va a pasar plata para los pasajes cuando yo quiera ir; ahora me va a hacer un giro para que me alquile algo porque tengo problemas con mi mama, hasta que me compre la casilla”, le dijo la madre con total frialdad a su amiga.

La denunciante aportó una conversación de WhatsApp con un audio donde la madre le reitera la supuesta oferta de la casilla y los pasajes, y manifestó que le parecía raro que la niña había dejado de tener redes sociales. Para corroborar que la adolescente estaba con su madre, ambas fueron citadas a declarar por ese expediente el 3 de octubre pasado. Sin embargo, sólo se presentó la mujer.

Cuando la fiscalía de Concordia le preguntó por la chica, la mujer dijo que se encontraba en la ciudad correntina de Mercedes con “un conocido suyo” y que no iba a volver a Concordia.

Entonces, la fiscalía le pidió a la madre que se comunicara con su hija frente a la Policía para poder citarla a declarar. Entonces, se comunicó con el almacenero. Las autoridades establecieron a través de Google Maps que efectivamente que la despensa de Walter C. existía en Mercedes.

Al tratarse de un posible delito de trata, se le dio intervención al Juzgado Federal de Paso de Los Libres y la Fiscalía Federal. Fue así que entró en escena personal del Equipo de Investigaciones contra la Trata de Personas que forma parte de la UNIPROJUD de Paso de los Libres, quienes realizaron tareas de seguimiento y de campo para establecer que la chica estaba en el almacén y en qué condiciones.

La investigación posterior reveló que la menor fue vista en el comercio de Walter C., donde trabajaba. Los vecinos aseguraban que, incluso, la adolescente era la novia del almacenero de 57 años.

De acuerdo con documentos del caso, el fiscal Martínez solicitó el allanamiento del lugar y el rescate de la chica. Antes del rescate, y como parte del trabajo encubierto, los agentes se entrevistaron con Walter C., quien les dijo que la menor vivía en otro punto de la ciudad y que ella era su empleada. Al seguirlo, observaron que el comerciante fue a buscarla en su auto. En ese momento, para su sorpresa, subieron al vehículo otras dos menores.

Cuando los detectives los cruzaron y les preguntaron por la situación, Walter se mostró nervioso. La chica de 16 años, además, no supo responder cómo se llamaban las dos chicas que la acompañaban en el auto. Nada cerraba.

Con estos datos, el fiscal ordenó el pasado 5 de octubre el allanamiento en el almacén, el arresto del comerciante y rescate de la menor.

Los gendarmes del Escuadrón Nº7 Paso de Los Libres encontraron a la joven de 16 años y rescataron además salvaron a otras dos chicas, de 16 y 17. La menor entregada por su madre quedó al cuidado de la jueza de familia Marta Ruth Legarreta.

Por su parte, casi en simultáneo, se ordenó la detención de la madre y su novio, en el expediente bajo la firma del Juzgado Federal de Concordia, a cargo de Analía Ramponi.

La División Antidrogas Concordia de la Gendarmería Nacional detuvo este martes de mañana en la vía pública, sobre calle Paula Albarracín de Sarmiento y Lieberman, a una mujer de 47 años por el supuesto de delito de Trata de Personas.

Sobre la mujer se había librado un oficio de detención emitido desde el Juzgado Federal de Paso de Los Libres, Corrientes, ya que estaría sindicada de haber vendido a su hija de 16 años a un hombre de 57 años de Mercedes, Corrientes.

De acuerdo a lo que pudo saber Concordia Policiales, el intercambio de la menor de edad habría sido entre la progenitora y el sujeto de Corrientes, por dinero para la presunta compra de una casilla en Concordia.

En simultáneo a la detención de la mujer de 47 años, Gendarmería procedía a la detención en Mercedes, Corrientes, del hombre que habría “comprado” a la adolescente. De hecho, la menor de edad se encontraba con el sujeto al momento del operativo y logró ser rescata por la fuerza federal.

Fuentes de la investigación comentaron que la causa se originó a raíz de una denuncia anónima y desde ese momento, se realizaron amplias tareas investigativas que culminaron con la menor de edad rescatada. Además, de la detención de su madre y el presunto “comprador”.

El Juzgado Federal de Concordia, a cargo de Analía Ramponi, se encuentra trabajando para  el traslado y alojamiento de la mujer aprehendida, quien quedará a disposición de la justicia interviniente.

La Trata de Personas es un delito que involucra el reclutamiento, transporte, transferencia, alojamiento o recepción de personas, utilizando la fuerza, el engaño o la coerción con el fin de explotarlas.

En caso de información sobre cualquier forma de explotación de personas está a disposición la Línea 145 atendida por operadoras especializadas (psicólogas y trabajadoras sociales) quienes están disponibles para tomar denuncias, orientar y brindar asistencia.

Allí podrá denunciar cualquier persona que sospeche o tenga certezas sobre el delito de trata las 24 horas del día todo el año, la cual es de carácter anónima, gratuita y universal y va directo a la fiscalía.

Fuente: Concordia Policiales

La Policía Federal Argentina capturó a una mujer en el parador de ómnibus “El Tagüe”, ubicado sobre la Ruta Nacional 14, a pedido de la Justicia Federal de Ushuaia, por el delito de trata de personas. 

El procedimiento lo realizó el personal federal con asiento en Gualeguaychú, por orden del Juzgado Federal de Ushuaia, a cargo de Federico Calvete. 

Para lograr la captura, la fuerza de seguridad trabajó con inteligencia de Interpol, y mediante esta labor se pudo determinar que la mujer de 50 años, oriunda de Paraguay, estaba viajando hacia su país de origen. Ç

Localizaron el micro de larga distancia en el Parador “El Tagüe”, sobre la Ruta nacional 14, y allí se produjo la detención.

Con información que aportó Interpol, se pudo establecer que la mujer de 50 años viajaba en un colectivo de larga distancia, pero no se tenía conocimiento exacto del lugar del trayecto por el cual transitaba el colectivo. Por lo cual se realizó un operativo que permitió establecer e identificar el rodado y la detención de la mujer.

La detenida fue trasladada a la División Unidad Operativa Federal (DUOF) de Gualeguaychú, ubicada en calle San Martin, y luego de una serie de medidas ordenadas por el magistrado actuante, la detenida recuperó su libertad, pero quedó supeditada a la causa.

Gendarmería Nacional realizó seis allanamientos y desarticuló una banda que sometía a jóvenes para hacer contenido erótico para streaming y redes sociales. Los procedimientos se llevaron a cabo en la provincia de San Juan.

Luego de llevar a cabo arduas tareas de investigación criminal sobre una banda con conexiones internacionales, lograron rescatar a tres víctimas de una red de trata de personas y detener a tres principales investigados.

Las personas eran captadas mediante ofertas laborales engañosas valiéndose de las necesidades económicas que padecían.

Efectivos de la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales “San Juan”, en conjunto con otras Unidades de Gendarmería Nacional destacadas en la provincia de San Juan y con la asistencia del personal de la Subsecretaría de Trabajo del Gobierno provincial y del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Víctimas de Trata de Personas, se realizaron seis allanamientos que se cumplimentaron como resultado de dos años de tareas de investigación sobre una banda que constituía delitos de explotación sexual y laboral en distintas plataformas digitales, en infracción a la Ley 26.842.

Como resultado de las requisas, se lograron a detener a los principales investigados (tres ciudadanos de nacionalidades argentina, colombiana y venezolano) a quienes también se les inhibieron sus bienes, e incautar dos automóviles y elementos de interés para la causa valuados aproximadamente en 120.000.000 millones de pesos argentinos.

Los involucrados habían establecido una red de trata con conexión internacional, en especial en Colombia. Captaban a sus víctimas, especialmente mujeres, a través de redes sociales mediante ofertas laborales destinadas a aquellas que se encontraban en situación de vulnerabilidad y luego configuraban el traslado. En principio hacia la provincia de La Rioja y luego hasta Colombia (en este último caso se solicitó apoyo de la Dirección de Cooperación Policial Internacional de la Fuerza).

El entrecruzamiento de la información y el análisis de datos públicos existentes en distintas redes sociales, permitió recopilar información difundida en Internet, y utilizada por la organización, para la difusión de contenidos eróticos y explícitos cuyas conexiones se establecían vía streaming, casillas de mensajería y servicios exclusivos a los que los usuarios lograban acceder abonando un canon que pagaban con tarjeta de crédito, criptoactivos o medios de pago internacionales.

Asimismo, las víctimas eran sometidas a desempeñar las actividades ordenadas, bajo condiciones de vulnerabilidad, en las que eran privadas de calefacción, agua caliente y obligadas a compartir habitaciones, baño y objetos sexuales sin higienizar, además de carecer de obra social o servicio de asistencia médica.

Intervino el Juzgado Federal Nº2 de San Juan que dispuso el secuestro de elementos de interés para la causa, la detención de los involucrados y paralelamente, en relación al rédito económico proveniente de la actividad ilícita, orientó el levantamiento del secreto fiscal y bancario de los investigados, a los fines de iniciar una investigación financiera y patrimonial por parte del Grupo de Delitos Económicos, que permita establecer la trazabilidad del dinero a través de distintas cuentas y billeteras virtuales.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, finalmente viajará este martes a la ciudad correntina de Goya y no a Paraguay como se había anunciado, para avanzar en la búsqueda de Loan Danilo Peña, el niño de 5 años que se encuentra desaparecido desde hace más de 11 días en Corrientes.

Bullrich cambió su agenda a último momento y tiene que ver con la reunión que mantuvo este lunes con Nimio Cardoso, jefe de Departamento Antisecuestro de la Policía Nacional paraguaya y ex director de Inteligencia del Ministerio del Interior de ese país.

Cardoso viajó exclusivamente a la Argentina para reunirse con la funcionaria nacional por el caso Loan.

Luego de este encuentro, Bullrich entendió que por ahora no era necesario viajar a Paraguay, por lo que se trasladará hacia Goya, donde están los tribunales federales que ahora investigan la causa.

Durante la tarde, la idea de la ministra era reunirse en el país vecino con autoridades policiales locales, luego de que pudiera acceder a la causa judicial. "Es una hipótesis que el chico esté allí", aseguró la titular de la cartera de Seguridad.

Bullrich mantuvo informado del caso al presidente Javier Milei, quien regresa desde la República Checa, tras la gira europea que llevó a cabo.

Fuentes oficiales señalaron que Milei le pidió a su ministra que "pongan todo" para encontrar a Loan "lo antes posible".

Dos mujeres mayores de edad que eran víctimas de trata de personas fueron rescatadas de una casa en el sur del Gran Buenos Aires, donde eran inducidas a ejercer la prostitución de manera ilegal.

Fuentes cercanas a la investigación informaron a cronica.com.ar que el operativo consistió en tres allanamientos realizados en un departamento donde estaba montado el "prostibulo" clandestino, ubicado en Avenida Espora 30.

Además, registraron un estudio jurídico e inmobiliario, situado en Máximo Paz al 200, donde se secuestró documentación de interés para la investigación, tales como contratos de alquiler, recibos de pagos de servicios y demas.

En simultáneo, allanaron también la vivienda la imputada, identificada como M. J. S, domiciliada en Roger Balet, entre 654 y 671. Sin embargo, la mujer solo estuvo demorada algunas horas, hasta que fue liberada, aunque sigue involucrada en el caso y deberá declarar en fiscalía.

Los investigadores determinaron que las damnificadas tenían que pagar una suma importante de dinero en efectivo a la dueña del lugar, para poder "atender" a los clientes que asistían allí.

Por ahora, no descartan que haya más implicados, y que sean parte de una banda que operaba bajo esa modalidad delictiva.

Según precisaron los voceros oficiales a cronica.com.ar, la investigación fue originada por la denuncia de los vecinos, que alertaron a las autoridades sobre la actividad irregular que se llevaba a cabo allí.

La causa se encuentra a cargo del Juzgado de Garantías 8 y la UFI 9 de esa jurisdicción.

Detectaron indicios de trata laboral en un campo dedicado a la producción de paja, en la provincia de Entre Ríos. Fue durante un operativo de la Administración Federal de Ingresos Públicos en el que constataron que tres trabajadores cumplían jornadas laborales de 14 horas y vivían en condiciones infrahumanas en el acoplado de un camión dentro del predio. 

Las graves irregularidades fueron denunciadas por el organismo conducido por Carlos Castagneto ante la justicia federal de Gualeguaychú.

En el operativo desarrollado por AFIP, a través de la Dirección General de Recursos de la Seguridad Social (DGSESO), también participaron miembros del área local de Trabajo.

Agentes de la DGSESO, que dirige Mara Ruiz Malec, llevaron adelante una fiscalización presencial en una finca entrerriana. El procedimiento permitió constatar la presencia de tres personas cuya actividad consistía en cortar paja y luego atarla en forma de mazos, por los que recibían 100 pesos por cada unidad. Las labores comenzaban a las 6 de la mañana y se prolongaban hasta las 20 horas, de lunes a viernes. Ninguna de las presuntas víctimas se encontraba registrada formalmente ante la AFIP.Entre los evidentes indicios de explotación laboral, también se encontraron las condiciones inhumanas en la que vivían. Los trabajadores dormían en el acoplado de un camión en desuso, hacinados y sin luz, agua potable ni baños. Para bañarse, utilizaban baldes y entibiaban el agua previamente con leña. Además, sufrían descuentos por los alimentos que consumían y las propias herramientas de trabajo.

A raíz de los numerosos indicios compatibles con el delito de trata de personas con fines de explotación laboral por parte de los presuntos empleadores, se radicó una denuncia ante el Juzgado Federal de Gualeguaychú.La AFIP posee una línea de atención gratuita 0800-999-3368 (opción 3) para denunciar indicios de trata laboral, reducción a la servidumbre, trabajo infantil y contratación de migrantes irregulares y el mail tratalaboral@afip.gob.ar. La denuncia puede ser anónima.