En la jornada de ayer se llevaron adelante dos allanamientos en la ciudad , en el marco de una investigación por una presunta red de trata de personas con fines de explotación sexual.

Las medidas fueron dispuestas por el titular del Juzgado Federal local, Hernán Viri, quien ordenó los procedimientos en dos domicilios donde operaría la organización.

Como resultado de los operativos, se logró rescatar a una mujer que era víctima de explotación. La misma fue puesta a resguardo y quedó bajo la asistencia de profesionales especializados.

Además, se concretó la detención de un hombre vinculado a la causa. Durante los allanamientos, las autoridades también secuestraron documentación de interés para la investigación, material estupefaciente y teléfonos celulares, que serán sometidos a peritajes.

La causa continúa en etapa investigativa y no se descartan nuevas medidas en las próximas horas.

Un empresario que fue condenado el año pasado en el Tribunal Oral Federal de Paraná por el delito de trata laboral con dos víctimas explotadas en la ciudad de Victoria, quedó al borde de la cárcel. La Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal ha rechazado el recurso de casación interpuesto por la defensa de José Abel Venturini, y de este modo confirmó la condena a ocho años de prisión de cumplimiento efectivo y el pago de reparaciones económicas por casi 9 millones de pesos a Mario Alberto Ponce y Héctor Antonio Ponce.

Venturini fue condenado por el delito de trata de personas en su modalidad de acogimiento con fines de explotación laboral, agravado por el aprovechamiento de una situación de vulnerabilidad y por haberse logrado la consumación de la explotación. El Tribunal Oral Federal de Paraná presidido por Roberto López Arango, había dictado la condena inicialmente el 8 de noviembre de 2024, tal como lo había solicitado el fiscal general José Ignacio Candioti.

La causa se originó en una inspección del Ministerio de Trabajo de Entre Ríos el 16 de agosto de 2019, en la localidad de Victoria, en la empresa Centella Marine S.R.L.. Durante esta inspección, se constató que José Abel Venturini empleaba a los hermanos Ponce y Ponce, oriundos de Corrientes, en condiciones laborales y de habitabilidad de extrema precariedad. Los Ponce trabajaban en tareas de montaje y como serenos, pernoctando en un contenedor precario sin las mínimas condiciones de higiene ni seguridad, recibiendo un salario irrisorio por debajo del mínimo legal.

La defensa de Venturini interpuso un recurso de casación basándose en varios agravios: planteó la nulidad de las actuaciones, argumentando que se originaron por una actuación irregular del Ministerio de Trabajo. Afirmó que las declaraciones de los inspectores, Ignacio Lagares y Mónica Vivas, eran contradictorias e inconsistentes, y que no era cierto que los Ponce vivieran en condiciones paupérrimas.

Alegó además que la asistencia técnica anterior de Venturini fue ineficaz al sugerirle no declarar, lo que conllevó un estado de indefensión. A su vez, planteó que en este caso no se comprobó que la autodeterminación de los Ponce se viera acotada, así como que la "ultra finalidad de explotación" no se demostró. Finalmente, entre otros puntos cuestionados, consideró que la sanción impuesta era desproporcionada.

Los camaristas Angela Ledesma, Alejandro Slokar y Guillermo Yacobucci desestimaron cada uno de estos argumentos y confirmaron la sentencia en forma unánime. Por un lado, desestimaron las nulidades planteadas por el defensor, así como la asistencia técnica ineficaz de Ventiruni.

Sobre las pruebas y testimonios, la Cámara Federal consideró que la sentencia se sostuvo en una multitud de elementos de convicción, incluyendo informes periciales médicos y socio-ambientales, informes de ANSES y Gendarmería, y testimonios de los damnificados Ponce, otros trabajadores y abogados, además de vistas fotográficas que fueron “por demás elocuentes” sobre las condiciones inhumanas. Se desmintió la contradicción de los testimonios de Lagares y Vivas, señalando que ambos eran coincidentes en los aspectos medulares sobre las condiciones paupérrimas en la que vivían los damnificados. Las imágenes mostraron que los hermanos Ponce vivían en un contenedor sin aislamiento, ventilación, ventanas, heladera, cama, agua potable ni baño, improvisando un pozo en la tierra para sus necesidades.

La jueza Ledesma destacó que el delito de trata de personas protege la libertad y la dignidad humana, abarcando no solo la libertad física, sino también la libertad psíquica y la capacidad de autodeterminación de la persona.

Remarcó que el delito consiste en la captación, traslado o recepción de personas con fines de explotación (sexual, laboral o extracción de órganos). Se agrava por el engaño, amenaza, intimidación o el abuso de una situación de vulnerabilidad, y cuando se consuma la explotación.

Por ello, los camaristas afirmaron que se comprobó que Venturini se aprovechó de la situación de vulnerabilidad de los hermanos Ponce. Ellos eran personas humildes, sin trabajo en su ciudad natal, y fueron contactados por Venturini quien, a través de un "trabajo psicológico" indirecto, los llevó a naturalizar condiciones análogas a la explotación, debilitando su psiquis y despojándolos de su dignidad.

Se estableció que fueron reducidos a servidumbre, sometidos a jornadas de trabajo de casi 24 horas sin descanso (diurno en montaje y nocturno como serenos, sin poder salir del lugar), con un salario irregular, trato humillante, sin ropa ni elementos de seguridad, y viviendo en el contenedor en condiciones infrahumanas.

La Cámara Federal concluyó que existía una "ultra intención de Venturini de someter a la servidumbre a los Ponce con el fin de obtener una mayor ganancia económica", abaratando costos en un contrato "llave en mano".

Por último, acerca de la pena impuesta, afirmaron que la sentencia del TOF de Paraná cuenta con fundamentos jurídicos suficientes y necesarios para la imposición de la pena de ocho años de prisión, que se corresponde con el mínimo de la escala penal prevista para el delito atribuido, considerando la magnitud del hecho y las condiciones personales del imputado.

Martín Ku y Nico Grosman, exintegrantes del reality Gran Hermano, generaron polémica en las redes sociales al publicar un video en el que presentan una propuesta laboral destinada a chicas jóvenes interesadas en trabajar en Rusia. En la grabación, ambos explican que se trata de una oportunidad para viajar a Tatarstán, una región de dicho país, donde las seleccionadas recibirían alojamiento y una remuneración en dólares.

Aunque no brindaron demasiados detalles sobre las tareas a realizar, la oferta fue presentada como una experiencia “diferente” y “atractiva” para quienes quieran vivir algo nuevo en el exterior. Sin embargo, el video rápidamente despertó sospechas y encendió las alarmas entre los usuarios, quienes comenzaron a cuestionar el trasfondo de la convocatoria.

En los comentarios, muchos tildaron la propuesta de “rara”, “sospechosa” y hasta “peligrosa”, debido a la falta de información concreta y a los antecedentes de casos de trata de personas bajo engaños similares. La repercusión no tardó en viralizarse, abriendo un debate sobre la responsabilidad de los influencers al promover este tipo de ofertas sin mayor claridad ni garantías.

Martín Ku y Nico Grosman, exparticipantes de Gran Hermano, promocionaron un "programa internacional de empleo en Rusia para chicas de entre 18 y 22 años": "El salario oscila entre 860 y 1.000 dólares". pic.twitter.com/22OpwH6Drw

Martín Ku y Nico Grosman, conocidos por su paso por Gran Hermano, llamaron la atención de sus seguidores al compartir un video en el que presentan una propuesta laboral en el extranjero. En la grabación, los ex hermanitos aparecen desde Tatarstán, una zona ubicada en Rusia, y promueven una llamativa oportunidad dirigida a mujeres jóvenes. “Si sos una chica entre 18 y 22 años y tenés ganas de trabajar en el exterior, escuchá esta propuesta que te va a encantar”, afirma Nico en el mensaje que difundieron en redes sociales.

Por su parte, Martín destacó el atractivo del sitio en el que se encuentran: “Recorrimos todo el lugar y nos pareció muy, pero muy lindo”, comentó, al tiempo que incentivó a las interesadas a postularse mediante un sitio web mencionado al final del video. La publicación no tardó en generar controversia en redes sociales debido al perfil específico de las destinatarias, la escasa información sobre las tareas a realizar y el exótico destino propuesto.

Luego de que el video se hiciera público, numerosos usuarios expresaron inquietud en redes sociales. La propuesta generó dudas por la escasa información brindada, el enfoque exclusivo en mujeres jóvenes y el hecho de que el destino fuera una región poco habitual. “¿Por qué solo chicas jóvenes?”, “La publicidad más turbia” y “¿Qué tipo de trabajo es?”, se preguntaron varios en los comentarios, reflejando la desconfianza generalizada.

Dos hombres y 12 mujeres, gran parte de ellos de nacionalidad rusa, quedaron detenidos en San Carlos de Bariloche, acusados de formar parte de una secta involucrada en una red de trata de personas. Algunos de los miembros del grupo pertenecen a " Ashram Shambala", un culto religioso fundado hace 36 años por Konstantin Rudnev, uno de los aprehendidos, quien ya había sido condenado a 11 años de prisión por abuso sexual en Rusia y está también apuntado por desaparición de personas en Montenegro.

Se trata de un grupo religioso creado durante los últimos años de la Unión Soviética antes de su disolución en 1991, el cual operaba en 18 regiones de Rusia, incluidas Moscú y San Petersburgo. La secta llegó a tener 20 mil adeptos a quienes les pedían obediencia y la entrega de todas sus posesiones. Además, se exigía que sólo se alimentaran de las sobras que dejaba su líder: primero comían las segundas líneas, luego de esos restos lo hacían las terceras y así hasta llegar a mujeres desnutridas y sin pelo.

El líder de la secta se autodenominó "Gurú Sotidanandana" y afirmó que un sabio de Tíbet era su maestro. En 1999 fue detenido por primera vez, logró escapar y luego lo arrestaron nuevamente en 2005 y 2010. En esta última oportunidad, la policía rusa secuestró durante un allanamiento a su casa material audiovisual de los rituales y heroína. En 2013 fue sentenciado a una pena de 11 años por violar a sus discípulas, atentar contra el pudor y por distribuir drogas ilícitas.

Pese a la detención de Rudnev, el grupo continuó con sus trabajos de forma clandestina. Cuando el líder salió de la cárcel, viajó a Europa, donde siguió adelante con los mismos delitos, hasta llegar a América del Sur, donde captó a más personas.

El ruso pedía los dientes de sus seguidores al afirmar: "Estás renaciendo como un hombre de la sexta raza que no necesita dientes, porque se alimenta de energía divina".

El hombre ahora se encuentra detenido en la Argentina junto a otros 14 sospechosos acusados de explotar sexualmente a las víctimas.

La Policía de Seguridad Aeroportuaria informó a la Agencia Noticias Argentinas, se detuvo a nueve personas en el Aeropuerto Internacional Teniente Luis Candelaria de Bariloche, provincia de Río Negro, y otras seis en el Aeroparque Jorge Newbery de la Ciudad de Buenos Aires, todas ellas, la mayoría de nacionalidad rusa, tenían como destino final la ciudad de San Pablo, Brasil, y fueron capturadas en el marco de una causa por posible trata de personas.

Según detallaron, la causa había comenzado en el Hospital Zonal Regional de Bariloche cuando "una mujer de nacionalidad rusa, acompañada por otras compatriotas, fue a dar a luz, llamando la atención de los médicos intervinientes el estado de sometimiento en el que se encontraba".

El viernes pasado, en la sala de embarque del aeropuerto de Bariloche, el personal policial advirtió la presencia de un grupo de ciudadanos rusos compuesto por un hombre y seis mujeres, "las cuales presentaban síntomas de malnutrición similares a otras dos que habían sido aprehendidas días antes por la PFA y alojadas en calabozos de la PSA".

En ese momento, Rublev "sacó una hoja de afeitar de su billetera e intentó lesionarse el cuello, lo cual fue impedido por los oficiales", indicaron desde las fuerzas de seguridad.

A su vez, informaron que en sus equipajes encontraron "pastillas que, sometidas a reactivo químico, dieron positivo para clorhidrato de cocaína".

En medio del operativo, también registraron que otras dos mujeres rusas habían llegado al aeropuerto de Bariloche y quedaron detenidas.

Una red de pedofilia fue desbaratada luego de que cinco personas quedaran detenidas acusadas de captar nenas de entre 8 y 14 años a través de las redes sociales, a quienes les proponían “enseñarles a ser sexis”. 

Hay otros 15 acusados que fueron imputados, pero no quedaron arrestados, y serán indagados en los próximos días.   

Durante los allanamientos se secuestraron juguetes sexuales y casi 30 celulares en los que se encontró material de explotación sexual de menores.

Fue denunciado por el Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (Ncmec por sus siglas en inglés) que encontró fotos y videos de menores en distintos perfiles de Instagram y Snapchat, así como también en páginas pornográficas.

Se inició un expediente y al rastrear la IP de esas cuentas se descubrió que la red operaba en esa zona. Las fiscales Lorena Pecorelli y Daniela Sánchez ordenaron hacer un seguimiento. Llegaron a dar con al menos 21 personas que estarían implicadas en la banda.

Cuatro personas, presuntas víctimas de explotación laboral, fueron rescatadas de un campo en provincia, donde realizaban tareas de deforestación. Según informaron las autoridades, los trabajadores vivían en condiciones inhumanas, expuestos a las inclemencias del clima y sin acceso a servicios básicos como energía eléctrica, baños o agua potable.

El operativo de rescate fue realizado en conjunto por Gendarmería Nacional, la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social de la provincia y la DGI. Fuentes allegadas al caso informaron que las cuatro víctimas fueron encontradas en Colonia Yeruá, hacia el noreste de Entre Ríos, en donde vivían en condiciones de “extrema precariedad”.

Los oficiales a cargo del relevamiento detallaron que los trabajadores se encontraban desprotegidos y en condiciones de hacinamiento. Además de los servicios básicos, carecían de ropa adecuada y de los equipos de seguridad necesarios para llevar a cabo las tareas de deforestación. Las víctimas también manifestaron que debían cumplir con jornadas laborales extremadamente largas y que recibían solo la mitad de la remuneración que les había sido prometida.

La investigación por posible trata de personas con fines de explotación laboral se lleva a cabo por orden de la Fiscalía Federal de Primera Instancia de Concordia, a cargo de Josefina Minatta. Participan agentes de la Dirección General Impositiva, personal de la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales de la Gendarmería Nacional Argentina, así como de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social de la provincia de Entre Ríos.

La Cámara Federal de Casación Penal desestimó el recurso presentado por la defensa del youtuber Yao Cabrera y se confirmó su condena a cuatro años de prisión. 

La sentencia fue emitida por el Tribunal Oral Federal N.º 3 de San Martín contra el uruguayo Marcos Ernesto Cabrera Rodríguez y lo declara culpable de los delitos de trata de personas con fines de explotación sexual y reducción a la servidumbre. Con esta resolución, la querella ha solicitado su detención inmediata.

Yao Cabrera enfrenta múltiples denuncias por actividades ilícitas relacionadas con su organización VIRAL/WIFI. Además, en la causa N.º 10007/2020, iniciada por el manager de medios Jorge Zonzini, se incorporaron testimonios de víctimas como Giovanna De Mitole (diseñadora gráfica) y Mariano Fernández (editor), quienes denunciaron ser explotados laboral y sexualmente por Cabrera y su entorno.

Además de esta condena por trata de personas, la jueza federal Nada Flores Vega ordenó abrir una investigación paralela por lavado de activos. 

Este segundo proceso involucra a diferentes miembros del círculo cercano del influencer, entre los que se encuentran Candela Díaz, Kevin Macri, Diego Llamazares y otros. Estos están señalados como parte de una red organizada de influencers que presuntamente encubría estas actividades ilícitas.

Causas pendientes de Yao Cabrera

Mientras tanto, Yao Cabrera también enfrenta un proceso judicial en el Juzgado de Garantías Nº 3 de Escobar por delitos graves como corrupción de menores, facilitación de la prostitución y venta de estupefacientes. 

En estos hechos, según la acusación, ocurrieron en la denominada “Mansión WIFI” ubicada en el barrio San Marco, en Escobar, donde se habrían cometido abusos sexuales durante la pandemia.

El mencionado Zonzini anticipó que esta no será la única condena para Cabrera: “Este mal llamado influencer purgará varios años más en prisión por las múltiples causas federales y provinciales que enfrenta”.

Una mujer y su novio fueron detenidos en Concordia, provincia de Entre Ríos, acusados de un delito atroz: venderle a su hija de 16 años a un almacenero de Corrientes a cambio de una suma de dinero para comprarse una casilla en la cual vivir.

Tanto la pareja como el “comprador”, un hombre identificado como Walter C. (57), fueron arrestados tras una investigación del fiscal federal de Paso de Los Libres, Aníbal Fabián Martínez, y la Unidad de Procedimientos Judiciales local de Gendarmería Nacional . A la víctima, de 16 años, la rescataron.

Fuentes judiciales indicaron que la investigación comenzó el pasado 2 de octubre tras una denuncia telefónica de una mujer a la Policía de Concordia, en la que refirió que la madre “habría cambiado” a su hija por “una casilla” a “un hombre de 56″. Con ese dato, las autoridades entrerrianas localizaron a la denunciante para que ampliara sus dichos.

La mujer aseguró que, tras pasar un tiempo en Entre Ríos, el padrastro aseguró: “Vine a buscarla (a la menor), me la voy a llevar conmigo”. Allí, la testigo le preguntó a la mujer por su hija. La respuesta la estremeció:

 “Se juntó con un viejo, hice un negocio con él, me dijo que le deje la guaina y él me iba a comprar una casilla en Concordia; prefiero que esté allá antes que ande acá en la calle, porque él tiene un almacén y la tiene como una reina, le compra de todo. Igualmente, él me va a pasar plata para los pasajes cuando yo quiera ir; ahora me va a hacer un giro para que me alquile algo porque tengo problemas con mi mama, hasta que me compre la casilla”, le dijo la madre con total frialdad a su amiga.

La denunciante aportó una conversación de WhatsApp con un audio donde la madre le reitera la supuesta oferta de la casilla y los pasajes, y manifestó que le parecía raro que la niña había dejado de tener redes sociales. Para corroborar que la adolescente estaba con su madre, ambas fueron citadas a declarar por ese expediente el 3 de octubre pasado. Sin embargo, sólo se presentó la mujer.

Cuando la fiscalía de Concordia le preguntó por la chica, la mujer dijo que se encontraba en la ciudad correntina de Mercedes con “un conocido suyo” y que no iba a volver a Concordia.

Entonces, la fiscalía le pidió a la madre que se comunicara con su hija frente a la Policía para poder citarla a declarar. Entonces, se comunicó con el almacenero. Las autoridades establecieron a través de Google Maps que efectivamente que la despensa de Walter C. existía en Mercedes.

Al tratarse de un posible delito de trata, se le dio intervención al Juzgado Federal de Paso de Los Libres y la Fiscalía Federal. Fue así que entró en escena personal del Equipo de Investigaciones contra la Trata de Personas que forma parte de la UNIPROJUD de Paso de los Libres, quienes realizaron tareas de seguimiento y de campo para establecer que la chica estaba en el almacén y en qué condiciones.

La investigación posterior reveló que la menor fue vista en el comercio de Walter C., donde trabajaba. Los vecinos aseguraban que, incluso, la adolescente era la novia del almacenero de 57 años.

De acuerdo con documentos del caso, el fiscal Martínez solicitó el allanamiento del lugar y el rescate de la chica. Antes del rescate, y como parte del trabajo encubierto, los agentes se entrevistaron con Walter C., quien les dijo que la menor vivía en otro punto de la ciudad y que ella era su empleada. Al seguirlo, observaron que el comerciante fue a buscarla en su auto. En ese momento, para su sorpresa, subieron al vehículo otras dos menores.

Cuando los detectives los cruzaron y les preguntaron por la situación, Walter se mostró nervioso. La chica de 16 años, además, no supo responder cómo se llamaban las dos chicas que la acompañaban en el auto. Nada cerraba.

Con estos datos, el fiscal ordenó el pasado 5 de octubre el allanamiento en el almacén, el arresto del comerciante y rescate de la menor.

Los gendarmes del Escuadrón Nº7 Paso de Los Libres encontraron a la joven de 16 años y rescataron además salvaron a otras dos chicas, de 16 y 17. La menor entregada por su madre quedó al cuidado de la jueza de familia Marta Ruth Legarreta.

Por su parte, casi en simultáneo, se ordenó la detención de la madre y su novio, en el expediente bajo la firma del Juzgado Federal de Concordia, a cargo de Analía Ramponi.

La División Antidrogas Concordia de la Gendarmería Nacional detuvo este martes de mañana en la vía pública, sobre calle Paula Albarracín de Sarmiento y Lieberman, a una mujer de 47 años por el supuesto de delito de Trata de Personas.

Sobre la mujer se había librado un oficio de detención emitido desde el Juzgado Federal de Paso de Los Libres, Corrientes, ya que estaría sindicada de haber vendido a su hija de 16 años a un hombre de 57 años de Mercedes, Corrientes.

De acuerdo a lo que pudo saber Concordia Policiales, el intercambio de la menor de edad habría sido entre la progenitora y el sujeto de Corrientes, por dinero para la presunta compra de una casilla en Concordia.

En simultáneo a la detención de la mujer de 47 años, Gendarmería procedía a la detención en Mercedes, Corrientes, del hombre que habría “comprado” a la adolescente. De hecho, la menor de edad se encontraba con el sujeto al momento del operativo y logró ser rescata por la fuerza federal.

Fuentes de la investigación comentaron que la causa se originó a raíz de una denuncia anónima y desde ese momento, se realizaron amplias tareas investigativas que culminaron con la menor de edad rescatada. Además, de la detención de su madre y el presunto “comprador”.

El Juzgado Federal de Concordia, a cargo de Analía Ramponi, se encuentra trabajando para  el traslado y alojamiento de la mujer aprehendida, quien quedará a disposición de la justicia interviniente.

La Trata de Personas es un delito que involucra el reclutamiento, transporte, transferencia, alojamiento o recepción de personas, utilizando la fuerza, el engaño o la coerción con el fin de explotarlas.

En caso de información sobre cualquier forma de explotación de personas está a disposición la Línea 145 atendida por operadoras especializadas (psicólogas y trabajadoras sociales) quienes están disponibles para tomar denuncias, orientar y brindar asistencia.

Allí podrá denunciar cualquier persona que sospeche o tenga certezas sobre el delito de trata las 24 horas del día todo el año, la cual es de carácter anónima, gratuita y universal y va directo a la fiscalía.

Fuente: Concordia Policiales

La Policía Federal Argentina capturó a una mujer en el parador de ómnibus “El Tagüe”, ubicado sobre la Ruta Nacional 14, a pedido de la Justicia Federal de Ushuaia, por el delito de trata de personas. 

El procedimiento lo realizó el personal federal con asiento en Gualeguaychú, por orden del Juzgado Federal de Ushuaia, a cargo de Federico Calvete. 

Para lograr la captura, la fuerza de seguridad trabajó con inteligencia de Interpol, y mediante esta labor se pudo determinar que la mujer de 50 años, oriunda de Paraguay, estaba viajando hacia su país de origen. Ç

Localizaron el micro de larga distancia en el Parador “El Tagüe”, sobre la Ruta nacional 14, y allí se produjo la detención.

Con información que aportó Interpol, se pudo establecer que la mujer de 50 años viajaba en un colectivo de larga distancia, pero no se tenía conocimiento exacto del lugar del trayecto por el cual transitaba el colectivo. Por lo cual se realizó un operativo que permitió establecer e identificar el rodado y la detención de la mujer.

La detenida fue trasladada a la División Unidad Operativa Federal (DUOF) de Gualeguaychú, ubicada en calle San Martin, y luego de una serie de medidas ordenadas por el magistrado actuante, la detenida recuperó su libertad, pero quedó supeditada a la causa.

Gendarmería Nacional realizó seis allanamientos y desarticuló una banda que sometía a jóvenes para hacer contenido erótico para streaming y redes sociales. Los procedimientos se llevaron a cabo en la provincia de San Juan.

Luego de llevar a cabo arduas tareas de investigación criminal sobre una banda con conexiones internacionales, lograron rescatar a tres víctimas de una red de trata de personas y detener a tres principales investigados.

Las personas eran captadas mediante ofertas laborales engañosas valiéndose de las necesidades económicas que padecían.

Efectivos de la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales “San Juan”, en conjunto con otras Unidades de Gendarmería Nacional destacadas en la provincia de San Juan y con la asistencia del personal de la Subsecretaría de Trabajo del Gobierno provincial y del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Víctimas de Trata de Personas, se realizaron seis allanamientos que se cumplimentaron como resultado de dos años de tareas de investigación sobre una banda que constituía delitos de explotación sexual y laboral en distintas plataformas digitales, en infracción a la Ley 26.842.

Como resultado de las requisas, se lograron a detener a los principales investigados (tres ciudadanos de nacionalidades argentina, colombiana y venezolano) a quienes también se les inhibieron sus bienes, e incautar dos automóviles y elementos de interés para la causa valuados aproximadamente en 120.000.000 millones de pesos argentinos.

Los involucrados habían establecido una red de trata con conexión internacional, en especial en Colombia. Captaban a sus víctimas, especialmente mujeres, a través de redes sociales mediante ofertas laborales destinadas a aquellas que se encontraban en situación de vulnerabilidad y luego configuraban el traslado. En principio hacia la provincia de La Rioja y luego hasta Colombia (en este último caso se solicitó apoyo de la Dirección de Cooperación Policial Internacional de la Fuerza).

El entrecruzamiento de la información y el análisis de datos públicos existentes en distintas redes sociales, permitió recopilar información difundida en Internet, y utilizada por la organización, para la difusión de contenidos eróticos y explícitos cuyas conexiones se establecían vía streaming, casillas de mensajería y servicios exclusivos a los que los usuarios lograban acceder abonando un canon que pagaban con tarjeta de crédito, criptoactivos o medios de pago internacionales.

Asimismo, las víctimas eran sometidas a desempeñar las actividades ordenadas, bajo condiciones de vulnerabilidad, en las que eran privadas de calefacción, agua caliente y obligadas a compartir habitaciones, baño y objetos sexuales sin higienizar, además de carecer de obra social o servicio de asistencia médica.

Intervino el Juzgado Federal Nº2 de San Juan que dispuso el secuestro de elementos de interés para la causa, la detención de los involucrados y paralelamente, en relación al rédito económico proveniente de la actividad ilícita, orientó el levantamiento del secreto fiscal y bancario de los investigados, a los fines de iniciar una investigación financiera y patrimonial por parte del Grupo de Delitos Económicos, que permita establecer la trazabilidad del dinero a través de distintas cuentas y billeteras virtuales.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, finalmente viajará este martes a la ciudad correntina de Goya y no a Paraguay como se había anunciado, para avanzar en la búsqueda de Loan Danilo Peña, el niño de 5 años que se encuentra desaparecido desde hace más de 11 días en Corrientes.

Bullrich cambió su agenda a último momento y tiene que ver con la reunión que mantuvo este lunes con Nimio Cardoso, jefe de Departamento Antisecuestro de la Policía Nacional paraguaya y ex director de Inteligencia del Ministerio del Interior de ese país.

Cardoso viajó exclusivamente a la Argentina para reunirse con la funcionaria nacional por el caso Loan.

Luego de este encuentro, Bullrich entendió que por ahora no era necesario viajar a Paraguay, por lo que se trasladará hacia Goya, donde están los tribunales federales que ahora investigan la causa.

Durante la tarde, la idea de la ministra era reunirse en el país vecino con autoridades policiales locales, luego de que pudiera acceder a la causa judicial. "Es una hipótesis que el chico esté allí", aseguró la titular de la cartera de Seguridad.

Bullrich mantuvo informado del caso al presidente Javier Milei, quien regresa desde la República Checa, tras la gira europea que llevó a cabo.

Fuentes oficiales señalaron que Milei le pidió a su ministra que "pongan todo" para encontrar a Loan "lo antes posible".

Dos mujeres mayores de edad que eran víctimas de trata de personas fueron rescatadas de una casa en el sur del Gran Buenos Aires, donde eran inducidas a ejercer la prostitución de manera ilegal.

Fuentes cercanas a la investigación informaron a cronica.com.ar que el operativo consistió en tres allanamientos realizados en un departamento donde estaba montado el "prostibulo" clandestino, ubicado en Avenida Espora 30.

Además, registraron un estudio jurídico e inmobiliario, situado en Máximo Paz al 200, donde se secuestró documentación de interés para la investigación, tales como contratos de alquiler, recibos de pagos de servicios y demas.

En simultáneo, allanaron también la vivienda la imputada, identificada como M. J. S, domiciliada en Roger Balet, entre 654 y 671. Sin embargo, la mujer solo estuvo demorada algunas horas, hasta que fue liberada, aunque sigue involucrada en el caso y deberá declarar en fiscalía.

Los investigadores determinaron que las damnificadas tenían que pagar una suma importante de dinero en efectivo a la dueña del lugar, para poder "atender" a los clientes que asistían allí.

Por ahora, no descartan que haya más implicados, y que sean parte de una banda que operaba bajo esa modalidad delictiva.

Según precisaron los voceros oficiales a cronica.com.ar, la investigación fue originada por la denuncia de los vecinos, que alertaron a las autoridades sobre la actividad irregular que se llevaba a cabo allí.

La causa se encuentra a cargo del Juzgado de Garantías 8 y la UFI 9 de esa jurisdicción.

Detectaron indicios de trata laboral en un campo dedicado a la producción de paja, en la provincia de Entre Ríos. Fue durante un operativo de la Administración Federal de Ingresos Públicos en el que constataron que tres trabajadores cumplían jornadas laborales de 14 horas y vivían en condiciones infrahumanas en el acoplado de un camión dentro del predio. 

Las graves irregularidades fueron denunciadas por el organismo conducido por Carlos Castagneto ante la justicia federal de Gualeguaychú.

En el operativo desarrollado por AFIP, a través de la Dirección General de Recursos de la Seguridad Social (DGSESO), también participaron miembros del área local de Trabajo.

Agentes de la DGSESO, que dirige Mara Ruiz Malec, llevaron adelante una fiscalización presencial en una finca entrerriana. El procedimiento permitió constatar la presencia de tres personas cuya actividad consistía en cortar paja y luego atarla en forma de mazos, por los que recibían 100 pesos por cada unidad. Las labores comenzaban a las 6 de la mañana y se prolongaban hasta las 20 horas, de lunes a viernes. Ninguna de las presuntas víctimas se encontraba registrada formalmente ante la AFIP.Entre los evidentes indicios de explotación laboral, también se encontraron las condiciones inhumanas en la que vivían. Los trabajadores dormían en el acoplado de un camión en desuso, hacinados y sin luz, agua potable ni baños. Para bañarse, utilizaban baldes y entibiaban el agua previamente con leña. Además, sufrían descuentos por los alimentos que consumían y las propias herramientas de trabajo.

A raíz de los numerosos indicios compatibles con el delito de trata de personas con fines de explotación laboral por parte de los presuntos empleadores, se radicó una denuncia ante el Juzgado Federal de Gualeguaychú.La AFIP posee una línea de atención gratuita 0800-999-3368 (opción 3) para denunciar indicios de trata laboral, reducción a la servidumbre, trabajo infantil y contratación de migrantes irregulares y el mail tratalaboral@afip.gob.ar. La denuncia puede ser anónima.

El Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Personas fue designado por la Conferencia Mundial de la Coalición contra el Tráfico de Personas en coordinación con la Conferencia de Mujeres en 1999 en Daca, Bangladesh.

La trata de personas de personas es el ofrecimiento, captación, traslado, recepción o acogida de personas con fines de explotación, ya sea dentro del territorio nacional, desde o hacia otros países. Como tal, puede darse a través de la prostitución, los trabajos o servicios forzados, esclavitud, matrimonio forzado y servidumbre y/o extracción de órganos. Según la ONU, se estima que 2,5 millones de personas son víctimas de la trata, pero se calcula que por cada víctima de la trata de personas identificada existen 20 más sin identificar.

En Argentina, a principios de 1900, funcionaban dos grandes redes de traficantes en Buenos Aires. Por un lado, Zwi Migdal, compuesta por delincuentes mayormente polacos que prostituían a mujeres judías que traían de Europa del este. Por el otro, la MILIEU, una organización no jerárquica integrada por marginales y delincuentes procedentes de Francia.

En 1913, la primera ley contra la “Trata de blancas, la prostitución de niñas y adolescentes y el proxenetismo” fue promulagada en el Congreso. Fue la primera norma del mundo que penalizó la explotación sexual.

La Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional firmó su Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente mujeres y niños, recién en 2001. Al año siguiente adquirió jerarquía constitucional en Argentina. De esta manera, hasta la actualidad obliga a prevenir y combatir la trata de personas y proteger y ayudar a las víctimas respetando sus derechos.

Desde 2016 en Argentina, la semana del 23 al 30 de septiembre se organiza la campaña “Se trata de no más trata” para luchar contra la explotación de personas mediante la prostitución. 

El informe se presentó en el marco de la Comisión Bicameral del Defensor del Niño, Niña y Adolescente ante Senadoras y Diputadas, autoridades del Poder ejecutivo nacional, jueces y defensores del Poder Judicial de la Nación. 

400 millones de niñas, niños y adolescentes son víctimas de explotación y abuso sexual en el mundo. La prevalencia es similar independientemente del grado de desarrollo de los países, lo que cambia es lo que están haciendo los países frente a este flagelo creciente. 

“Este es el primer esfuerzo internacional para evaluar cómo están los países previniendo y respondiendo al abuso y la explotación sexual de NNA, lo que arroja mucha claridad sobre cuál es la agenda pendiente a nivel internacional, regional y nacional”, dice Paula Wachter, directora ejecutiva de Red por la Infancia. 

“Se necesita construir un sistema de respuesta que aborde todas las dimensiones del problema: buenas leyes que protejan a los niños, políticas públicas que aumenten los factores de protección, compromiso de los gobiernos para elaborar un plan nacional para prevenir y abordar la violencia sexual en la infancia con presupuestos adecuados.

 También necesitamos sistemas de apoyo y recuperación a los niños víctimas y un proceso de justicia amigable a los niños que sancione a sus agresores en un tiempo razonable”, agregó Wachter. Argentina se destaca por tener buenas leyes de protección a las víctimas: los delitos no prescriben, las víctimas de trata no son criminalizadas y se garantiza el acceso a la ILE y a la salud pública. Además, se contempla un plus de protección para los casos con discapacidad.

 Sin embargo, debería tipificarse como delito la compra y venta de niños y revisarse la edad de consentimiento, ya que el Comité de los derechos del niño considera que los 13 años es “muy baja”. La media en la región es de 15 años y en Europa de 18 años. “Al igual que en el resto del mundo, Argentina enfrenta los mayores desafíos en la elaboración de un plan nacional de lucha contra el abuso sexual y en la producción de estadísticas confiables sobre los casos de violencia en la infancia y cómo los mismos se resuelven en el proceso judicial.

 También hay que fortalecer el acceso a programas de salud mental que garanticen la recuperación de las víctimas”, agregó Wachter y destacó que la labor del Centro de Información Judicial con el Ministerio Publico Fiscal de CABA, ICMEC y la red federal de jueces y fiscales es un modelo de buena práctica regional en el abordaje de los ciberdelitos y la difusión de imágenes explotación sexual de niños por internet. 

Esta serie de materiales consta de un informe global elaborado por Ignite Philanthropy, desarrollado por Economist Impact y un informe regional y nacional elaborado por Fundación Red por la Infancia con el apoyo de Ignite Philanthropy, New Venture Fund (NVF) y Fundación IRSA.

En un tambo lechero en San Vicente, un dueño trataba los empleados como si fuera el siglo XIX. Según la acusación en su contra, José Luis S. los sometía a jornadas de más de 15 horas y les incumplía los pagos convenidos. Hartos de las vejaciones, muchos se fueron. Un matrimonio de Entre Ríos, con tres hijos menores de edad -entre ellos un bebé-, siguieron bajo sus órdenes.

Esta semana, el Departamento Trata de Personas de la Policía Federal -que depende de la Superintendencia de Delitos Federales- los rescató en un allanamiento. Lo que encontraron: vivían en una casilla de madera, sin baño ni agua corriente, ni estufas para el invierno, porque José Luis, supuestamente, no se los permitía. Solo podían salir los domingos, entre las 9 y las 15, para abastecerse de alimentos.

La investigación comenzó en mayo a partir de una denuncia anónima. Durante ese tiempo, los detectives inspeccionaron en distintos días y horarios al establecimiento. Corroboraron con tomas fotográficas y videos que en el tambo trabajaban entre 13 y 15 empleados sin elementos de seguridad. José Luis, el dueño, dejaba que los niños ayudaran a los mayores en su tareas por fuera de todo límite legal.

Cuando la Policía avanzó en el allanamiento, con drones y camionetas, los efectivos descubrieron a dos empleados. Era una pareja nacida en Entre Ríos. La mujer estaba en el sector de ordeñe, trabajando. Tenía a uno de sus hijos de ocho meses de vida a upa, mientras desarrollaba sus labores. Los otros dos chicos, de 3 y 5 años, dormían en una vivienda precaria. El peón recorría el campo donde se encontraba el ganado vacuno distribuido.

El procedimiento ordenado este lunes por el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N°2 de Lomas de Zamora, subrogado por Ernesto Kreplak, confirmó las sospechas. El personal del Programa Nacional de Rescate entrevistó al matrimonio y reveló que hasta hace una semana trabajaban no menos de trece empleados. Ya no había nadie, porque decidieron irse por el nivel de explotación laboral. Entre las distintas vejaciones, sin contar servicios públicos, el matrimonio dijo que tampoco podían escolarizar al menor de 5 años porque lo impedía el dueño.

El propietario no estaba en el momento del ingreso al establecimiento. Mientras se realizaba el allanamiento, el personal interventor observó una camioneta modelo Renault Máster, de color blanca que circulaba lentamente frente al perímetro del campo. Lo hizo varias veces. Cuando la Policía Federal intentó identificarlo, aceleró tratando de darse a la fuga hasta que fue alcanzado a 500 metros del lugar. Terminó detenido.

En las tareas de investigación se incautaron un teléfono celular y documentación del establecimiento para su análisis.

Pese al allanamiento y la situación de vulnerabilidad, el matrimonio rescatado no se acogió a los beneficios del Programa de Rescate, que implica una asistencia de alojamiento temporal, apoyo material, psicosocial, médica o jurídica.

Unas 1.581 denuncias sobre posibles hechos de trata de personas se recibieron en 2022 a través de la atención telefónica gratuita de la Línea 145, mientras que la explotación sexual y la explotación laboral fueron los delitos más alertados en las llamadas, que contabilizaron 628 víctimas, según un nuevo informe publicado este lunes por la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex).

Del total de las denuncias, que fueron unas 86 menos que en 2021, 1.147 fueron enviadas para intervención de la Protex y otras 424 fueron enviadas a la procuraduría tras la intervención de una fuerza de seguridad, detalló la fiscalía especializada.

"Durante 2022, casi el 80% de las denuncias fueron formuladas de modo anónimo, es decir, unas 1.231 de las 1.581 totales. En 43 de ellas, la persona denunciante de la explotación manifestó la existencia de algún tipo de connivencia policial, judicial, política y/o administrativa", aclaró el informe del organismo a cargo de Marcelo Colombo y Alejandra Mángano, que coadministran el Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento de Víctimas Damnificadas por el Delito de Trata.

El relevamiento efectuado por la Protex también evidenció que la jurisdicción a la que se derivó mayor cantidad de denuncias fue Capital Federal (111), seguida por San Martín (83), La Plata (59), Tucumán (58) y Córdoba (53).

En comparación con informes previos, señaló que "La Plata y Córdoba figuran de modo constante entre las cinco jurisdicciones con más elevados porcentajes de casos recibidos", señaló la Procuraduría.

En relación al tipo de ilícito involucrado en las denuncias, el listado está encabezado por los casos de explotación sexual (699), seguido por la explotación laboral (398), la posible captación u oferta laboral engañosa (148) y la desaparición de personas (126).

"Se registraron además otras 210 denuncias que engloban casos de privación de la libertad, publicidad de oferta sexual, abuso sexual y material de abuso y explotación de niños, niñas y adolescentes, entre otros", advirtieron desde la procuraduría.

El relevamiento indicó que prevalece la existencia de un "acceso diferencial" por parte de las víctimas o denunciantes de trata sexual por sobre la laboral y que esa brecha se fundamenta en la propia dinámica de la explotación laboral.

"La explotación laboral se desarrolla a grandes rasgos en lugares cerrados, aislados o en zonas rurales muy alejadas de centros urbanos o de lugares con alta circulación de gente, a lo que se suma que las víctimas son en general migrantes que atraviesan situaciones de extrema vulnerabilidad", indicaron. En relación a las víctimas involucradas en las denuncias, durante 2022 se contabilizaron 628.

De esa cifra, 412 (65,6%) se identificaron como mujeres cis, 207 (33%) como varones cis, 4 como transgénero y, en un 0,8% de los casos no se brindó información como para categorizar con relación al género.

"El reducido número registrado de víctimas trans no se debe a que ellas estén siendo menos vulneradas, sino a que siguen repercutiendo diferentes prejuicios a la hora de considerar la vulneración de sus derechos y que existe una invisibilización de sus casos", enfatizó el informe.

La Protex resaltó, además, la importancia y consolidación de la Línea 145 como canal de denuncia para la población y como puerta de acceso de casos de trata y delitos conexos al sistema de administración de justicia federal y local.

TELAM

El personal de Gendarmería Nacional registró inmuebles en Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos, Mendoza y Córdoba por infracción a la Ley 26.364.

Como resultado de los operativos, secuestraron dispositivos de almacenamiento de información, aparatos electrónicos, teléfonos celulares, dinero en efectivo y demás elementos de interés para la causa.

El Magistrado interviniente dispuso la prohibición de salida del país y de acercamiento a los lugares allanados, a siete ciudadanos.

Efectivos del Escuadrón de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales "Buenos Aires" y de las Unidades de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales "Sur", "Campo de Mayo", "Rosario", Santa Fe", "Paraná", "Mendoza", "Córdoba" y "Río Cuarto", dieron cumplimiento a 32 órdenes de allanamiento emitidas por el Juzgado Federal de San Luis, con la intervención de la Fiscalía Federal y la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), vinculadas a la granja de rehabilitación de adicciones "Remar".

El registro de los domicilios, en el día de ayer, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos, Mendoza y Córdoba, resultó en el rescate de 403 presuntas víctimas de trata de personas con fines de explotación laboral, siendo hombres y mujeres adultos, como así también menores de edad.

Asimismo, el personal de la Fuerza decomisó dispositivos de almacenamiento de información, teléfonos celulares, 1.919.520 pesos argentinos, 9.140 dólares estadounidenses, notebooks y documentación pertinente para la causa.

Por disposición del Magistrado interviniente, las víctimas quedaron a cargo del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento de Víctimas Damnificadas por el Delito de Trata de Personas del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, mientras que siete ciudadanos involucrados fueron notificados de prohibición de salida del país y de acercamiento a los lugares allanados.

Intervino la Subdirección de Trata y Tráfico Ilegal de Personas de la Fuerza.

Un establecimiento ubicado en Los Charrúas, departamento Concordia, albergaba a diez trabajadores en condiciones que configuraron el delito de trata de personas. En razón de ello, continuará el trámite de las actuaciones la Justicia Federal de la ciudad Concordia.

La inspección fue impulsada tras una denuncia realizada por el encargado de la agencia mencionada, Mario López. El allanamiento contó con la participación del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a Víctimas de Trata del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, la División de Investigaciones de AFIP, la Dirección Nacional de Migraciones, el Programa Defender de la Secretaría de Trabajo y Empleo de la Provincia de Entre Ríos, el Departamento de Investigaciones Complejas NEA de la Policía Federal, y las Agencias Concepción del Uruguay y Concordia de RENATRE.