La muerte de Iván Pérez significó un caso emblemático para la ciudad del carnaval, porque tuvo distintos condimentos que la hicieron especial. Se trató de un caso de gatillo fácil, donde el imputado era un policía y la víctima era un joven con antecedentes policiales por hechos de robos y hurtos. Pero además, fue el primer juicio por jurados que se desarrolló en Gualeguaychú y el primero en quedar estancado, porque no hubo un veredicto de unanimidad.

Para el segundo juicio la situación fue diferente: hubo unanimidad y se condenó a Mauricio Gómez a una pena de 17 años de cárcel. Pero allí se inició un proceso recursivo que el abogado defensor Alfredo Vitale llevó a la Cámara de Casación Penal de Concordia en primer término, donde no tuvo aceptación, y más tarde ante el máximo órgano de Justicia de Entre Ríos, donde pasó exactamente lo mismo.

En esta sentencia que se conoció esta semana en torno al caso, Vitale había hecho mención sobre la imposibilidad de usar las filmaciones del primer juicio en marzo de 2021 y/o remitirse a lo que había sucedido en ese debate que se realizó en el centro de Convenciones. En la sentencia del Superior Tribunal de Justicia se señaló que el sistema acusatorio vigente se basa en oralidad, inmediación y contradicción: solo vale la prueba producida ante el jurado del juicio, y que las declaraciones de un juicio anterior “estancado” no son prueba válida ni pueden incorporarse al nuevo debate.

Además, se hizo saber que la defensa tuvo oportunidad de controlar la prueba mediante el contrainterrogatorio y se especificó que admitir esos videos a los que hacía mención Vitale habría violado la inmediación y las reglas del juicio por jurados. Por lo cual, se concluyó que no hubo afectación del derecho de defensa.

En resumen, los integrantes del Tribunal rechazaron el recurso presentado porque entendieron que no se probó violación al derecho de defensa, la exclusión de las filmaciones fue correcta según el sistema de juicio por jurados, la calificación legal aplicada era válida y los agravios a los que hizo mención la defensa se trataron de discrepancias, pero no arbitrariedades.

Gómez se encuentra condenado, pero en libertad y a la espera de la firmeza de la sentencia. Actualmente radicado en Concepción del Uruguay puede iniciar un camino legal ante la Corte Suprema de Justicia, pero debe ser la justicia entrerriana la que otorgue el permiso de hacerlo y si ello no ocurriera puede hacerlo en queja, pero es un camino difícil y costoso, y está más cerca de cumplir con lo dispuesto en el juicio realizado en 2023 en Gualeguaychú.

El Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Entre Ríos declaró la nulidad del trámite que culminó con la destitución de Cecilia Goyeneche como Procuradora Adjunta y Fiscal Anticorrupción de la provincia.

La resolución implica dejar sin efecto el proceso desarrollado ante el Jurado de Enjuiciamiento que, en mayo de 2022, la removió del cargo por supuesto mal desempeño. El tribunal provincial debió dictar este nuevo pronunciamiento para acatar la orden de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que había hecho lugar al recurso extraordinario de la ex fiscal.

En la práctica, la nulidad declarada implica que el trámite debe retrotraerse al momento previo a la conformación del primer órgano juzgador cuestionado. Es decir, el proceso quedó jurídicamente invalidado.

En diciembre de 2024, el máximo tribunal nacional no se pronunció sobre la responsabilidad disciplinaria de Goyeneche, pero se expidió respecto de la legalidad de las reglas del proceso. Señaló que existieron “vicios en la integración del órgano juzgador en sus distintas etapas y en el órgano acusador”, lo que configuró “un grave menoscabo a las reglas del debido proceso y la garantía de defensa en juicio”. Asimismo, la Corte determinó que las fallas detectadas tenían entidad para “variar la suerte de la causa y acarrear la nulidad del procedimiento”.

El nuevo pronunciamiento debió dictarse con una integración distinta. Los vocales que habían rechazado el recurso inicialmente no podían volver a intervenir. Ante esto, el tribunal provincial se recompuso con los jueces: María Alejandra Abud, Marcelo Baridón, Santiago Brugo, Aranzazú Quiroga, Mauricio Mayer y Carina Nassivera. Este cambio responde a que la Corte había cuestionado la falta de tratamiento de las recusaciones originales.

Uno de los ejes de la nulidad fue la decisión del Jury de apartar a los integrantes del Ministerio Público Fiscal (MPF) como órgano acusador y designar un fiscal ad hoc. La Corte descartó un vacío normativo que justificara la medida, recordando que las leyes provinciales asignan esa función al Procurador General, y calificó como “llamativo” el rigor aplicado para apartar al MPF en contraste con el trato dado a los cuestionamientos sobre la imparcialidad de algunos jurados.

El Jurado había destituido a Goyeneche acusándola de no excusarse en la causa “Beckman Flavia y otros s/ Asociación ilícita”, debido a un vínculo con uno de los investigados, el contador Pedro Opromolla. La ex fiscal negó haber afectado la objetividad de la pesquisa.

Goyeneche encabezó investigaciones en Entre Ríos que incluyeron las causas que terminaron con la condena del exgobernador Sergio Urribarri. Sectores judiciales y académicos señalaron que su desplazamiento funcionó como una señal hacia quienes investigan al poder político. La nulidad declarada no define el fondo de las acusaciones, pero establece que los procesos de enjuiciamiento deben ajustarse a las garantías constitucionales del debido proceso.

“Hace 4 años y 3 meses que estoy apartada de mi cargo. Hoy inmediatamente estoy repuesta en las funciones y vuelvo a ejercer”., aseguró Goyeneche.

“Fue un hecho que tuvo que ver con una situación política vinculada a las investigaciones y las causas que llevábamos adelante por delitos de corrupción. Se intentó disciplinamiento y evitar que esas causas prosperaran”, expresó la fiscal.

Valoró el respaldo de todos los procuradores generales del país, recordó que en aquel momento la acompañaron en un encuentro la totalidad de los jefes de Fiscales y aquellos 9 que lograron hacerse presente en el acto de hoy en donde en poco tiempo se convocó a distintos magistrados para celebrar el fallo del STJ.

“Cuando uno trabaja sabiendo para qué está en un lugar, los principios no se conmueven. Estamos seguros qué tenemos que defender algunas pautas básicas de la República y nuestra función de investigar hechos de corrupción es prioritaria, estamos dispuestos a soportar las cosas que haya que soportar, pero no nos van a mover de esa posición que tenemos”. 

Con información de Análisis y Radio Plaza

Hace cuatro días, en una reunión de Acuerdo Especial, los nueve miembros del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos designaron por unanimidad como presidente del Alto Cuerpo al vocal Germán Carlomagno para el período 2026-2027, en reemplazo del gualeguaychuense Leonardo Portela, quien dejará su lugar el próximo 1º de febrero tras culminar su dos años de mandato.

Acerca de este tiempo al frente del principal estamento del Poder Judicial de la Provincia, conversó con Ahora ElDía en exclusiva.

¿Qué balance hace de su presidencia?

En el contexto económico en el cual se desarrolló, en lo personal me queda ese gusto agridulce, son horas y días que uno le dedica a este tema y no logra concretar los proyectos porque en definitiva todo termina traduciéndose en necesidad económica.

Sin embargo pudimos hacer varias cosas, porque obviamente el Presidente no decide solo. Hubo una muy buena relación con los ministerios públicos, donde se logró avanzar en varios protocolos para el abordaje de la adherencia de manera temprana. Hubo también la creación de un área sensible y que va a ser de mucha utilidad para el año que viene, que es la Administración General. A partir de esto, se le quitó al Tribunal el peso de la administración diaria y eso le va a dar mucho más tiempo a quien ejerce la Presidencia para poder dedicarse a proyectar a largo plazo porque hoy el problema que tenemos es que no podemos hacerlo porque la actividad diaria no te da tiempo. Todavía no la pudimos poner en funcionamiento, pero estimo que en febrero el doctor Carlomagno ya va a poder hacerlo.

Y después, el balance es positivo con respecto a lo que son los Poderes Políticos, tuvimos discusiones como siempre y como corresponde, cada uno con sus posturas, limitaciones, necesidades y aspiraciones, pero dentro de un marco de respeto y diálogo.

En dos años de presidencia, desde un punto de vista es poco, pero desde lo personal es mucho, porque es muy desgastante debido a la forma en la está organizado, donde casi toda la presión se concentra en una sola persona, pero en definitiva el balance es positivo.

¿A qué se debió su salida de la presidencia?

La presidencia se renueva cada dos años y quien la ejerce a veces repite y a veces no. En mi caso, hace un mes ya había adelantado a mis colegas que no quería seguir y a Carlomagno le interesaba. Nos parece una buena opción porque es una persona con mucha experiencia, prudente, tiene mucho oficio, tanto en la profesión de juez como en lo que es el juego de la democracia, de los tres poderes, cómo manejarse, conoce perfectamente todos los detalles, así que estamos muy contentos y muy tranquilos con la elección. Ahora vuelvo a mi vocalía.

¿Cuáles son los proyectos que pudo concretar?

Desarrollamos internamente programas de software a costo cero, que nos van a permitir darle un salto de calidad en los procesos de violencia, tanto de género como doméstica. Eso se va a empezar a sentir a partir del año que viene, le va a dar mucho aire a los jueces y juezas de familia para que puedan dedicarse más a la magistratura y no tanto a lo administrativo, porque hoy prácticamente la mitad del trabajo de los juzgados de familia es administrativa. El software, que se llama “detección temprana de riesgo”, les permitirá a los jueces contar con una ayuda de inteligencia artificial al momento de evaluar cada denuncia.

Me interesa también destacar el tema de la administración general, un proyecto que armamos en estos dos años y que entendimos que es un paso de calidad. En 2026, Calomagno la va a poner en funcionamiento, ya la aprobamos y parametrizamos cuáles son las facultades que tiene, la capacidad que tiene esa persona para intervenir en los procesos, lo que podría convertirse en una forma de liberar a quien ejerce la presidencia y así planificar a futuro.

También quiero destacar la buena relación, franca y permanente, que tuvimos con el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Siempre que pedimos una entrevista o una audiencia la tuvimos y viceversa, hemos ido a la Legislatura con proyectos, a defenderlos, a criticarlos. Me queda la sensación de que, en ese sentido, la institucionalidad funciona.

¿Uno de los desafíos pendientes es el edificio de los Tribunales de Gualeguaychú?

Sí, totalmente, y el de Paraná, que es más grande todavía, tiene 18.000 metros cuadrados, mientras que el de Gualeguaychú son 14.000. Recientemente terminamos la segunda etapa en ambos edificios, porque eso se viene tramitando en simultáneo. En esa fase, los arquitectos y los ingenieros hicieron la planimetría de dónde iría cada pared interna, donde iría cada baño, donde iría cada toma de luz, entre otras cuestiones. En total salió alrededor de 300 millones de pesos en cada ciudad. En 2026, seguiremos intentando conseguir los fondos del Ejecutivo para que continuar con la obra que va a ser un salto de calidad importante para las dos ciudades, en cuanto a comodidad para los empleados como para el público.

¿Qué imagen cree que tienen los entrerrianos de la justicia provincial?

Lamentablemente los grandes medios de comunicación instalan una visión de la Justicia que es muy diferente a lo que ocurre en cada provincia que tienen realidades distintas. La nuestra, dentro de lo que es el contexto nacional, es de lo mejor. Tiene los menores plazos. Para que te des una idea, un juicio de primera instancia laboral en la provincia de Buenos Aires tarda cuatro años, mientras que en Entre Ríos sólo uno. Otro ejemplo: en la Cámara de Buenos Aires, un juicio laboral tarda cuatro años y acá entre 6 y 10 meses.

Lo que ocurre es que la sociedad está disconforme con todo lo que es la institucionalidad del país y ahí el Poder Judicial también entra y no digo que sea injusto, es parte de la realidad y los ciudadanos tienen derecho a quejarse si el servicio que recibe le parece que no es el adecuado. Por eso hay que tomar nota y mejorarlo, tenemos la obligación de apuntar al ideal.

Después, las causas que se deciden políticamente en Buenos Aires son las que se imponen en la agenda y nos parece injusto, pero es lo que hay, es también parte de la falta de federalismo que tiene el país.

Además, en Entre Ríos hay muchas personas que ejercieron cargos públicos que están condenadas. El poder judicial, por supuesto, no da respuesta en los tiempos que la ciudadanía exige, pero porque tenemos procedimientos del siglo XIX. Eso es lo que queremos cambiar, pero después ha habido condenas en casos de corrupción de la clase política. Hay estudios que hacen las consultoras sobre qué cantidad de denuncias por corrupción llegaron a juicio y cuántas a condena y el Tribunal de Entre Ríos está entre las primeras tres en ese ranking. En ese sentido, estamos orgullosos de la justicia que tenemos.

¿Y en Gualeguaychú?

Gualeguaychú siempre avanza y es un orgullo para mí decirlo: hay muy buenos jueces, fiscales y asesores. Por supuesto que eso no significa que todo está perfecto, porque tenemos una escasez generalizada de infraestructura y de medios que impiden hacer todo lo que nos gustaría hacer. Pero estamos en esa senda, intentando volcar los pocos recursos que tenemos en culminar con la infraestructura.

El Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos (STJER), designó este martes por unanimidad a sus nuevas autoridades, quienes asumirán sus funciones el próximo 1 de febrero de 2026 y culminarán su mandato el 31 de diciembre de 2027.

En la reunión de Acuerdo Especial celebrada este martes, los nueve miembros del STJER designaron por unanimidad como presidente del Alto Cuerpo al vocal Germán Reynaldo Francisco Carlomagno y como vicepresidente al vocal Carlos Federico Tepsich.

Un jurado popular en Gualeguaychú dictó este viernes un veredicto de “no culpable” contra un hombre acusado de abuso sexual.  El juicio se desarrolló desde el lunes y concluyó ayer en la causa caratulada “R.S.R. abuso sexual con acceso carnal doblemente agravado y corrupción de menores”.

El juez técnico que dirigió el proceso fue el vocal del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Gualeguaychú, Arturo Dumon.

El Ministerio Público Fiscal estuvo representado por el fiscal Jorge Gutiérrez, mientras que la defensa del imputado fue ejercida por el abogado Pablo Ledesma.

Se trata del juicio por jurados número 143 realizado en Entre Ríos desde la implementación de este sistema de juzgamiento penal. Los juicios por jurados permiten que un grupo de ciudadanos participe en la determinación de la culpabilidad o inocencia de un acusado, promoviendo la participación comunitaria en el proceso penal y buscando mayor transparencia en los fallos

Por tratarse de un presunto delito contra la integridad sexual, el desarrollo del juicio se realizó a puertas cerradas.

La organización Rompiendo el Silencio, que acompaña a víctimas de violencia sexual en la infancia y sus familias, convocó a la comunidad a concentrarse frente a los Tribunales de Gualeguaychú durante el juicio oral contra Oscar Alfredo Irigoyen, conocido como “el garrapiñero”, acusado de abuso sexual infantil. La concentración será el martes 26 y el jueves 28 de agosto, desde las 9 de la mañana.

“Este proceso judicial representa un momento clave no solo para la sobreviviente y su familia, sino también para toda la sociedad. La voz de cada persona que se anima a denunciar y exigir justicia abre camino para que otras víctimas puedan ser escuchadas y protegidas”, expresó la organización en un comunicado.

Desde Rompiendo el Silencio destacaron la dificultad de llegar a esta instancia: “Sabemos que llegar a esta instancia no es fácil: implica años de lucha, dolor y valentía. Por eso pedimos a la comunidad que se mantenga atenta, que acompañe y que exprese su repudio a cualquier forma de violencia contra las infancias. La justicia necesita también del compromiso social para dejar en claro que estos hechos no son aislados ni deben quedar impunes”.

Finalmente, reiteraron su compromiso en la lucha contra la violencia sexual en las infancias: “Nuestro pedido es simple pero urgente: Justicia. Acompañamiento. Reparación. No están solas, no están solos. La verdad y la justicia se construyen colectivamente”.

Sobre el juicio

El caso tuvo su primer fallo en octubre de 2023, cuando un jurado popular lo declaró culpable del delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo y la convivencia preexistente con la víctima. En ese entonces, el hombre fue condenado y alojado en la UP Nº 9. Sin embargo, esa sentencia no se mantuvo firme. El STJ resolvió anular el fallo por entender que hubo un vicio en el proceso.

Según explicó el fiscal coordinador Lisandro Beherán, en diálogo con Ahora ElDía, el recurso esgrimido en su momento por la defensa tuvo su origen en un verdadero malentendido. Durante el juicio, la jueza consideró momentáneamente la posibilidad de declararlo estanco ante la dificultad del jurado de arribar a una decisión unánime. Sin embargo, la fiscalía instó a que continúe deliberando hasta encontrar una solución, a lo que Vivian inmediatamente accedió, dejando sin efecto la posibilidad de declarar el juicio estancado. Luego, el jurado llegó a un acuerdo y lo terminó declarando culpable, por lo que fue efectivamente condenado.

Tiempo después, en noviembre de 2024 el acusado fue puesto en libertad luego de que el STJ hiciera lugar al pedido de la defensa según la cual, previo a la condena, el juicio habría sido declarado estancado. A casi un año de aquel primer juicio, el proceso deberá repetirse con nueva integración del jurado popular, aunque con las mismas pruebas ofrecidas por las partes.

 Leonardo Portela, presidente del Supremo Tribunal de Justicia se refirió a la impugnación de Mauricio Davico y la posibilidad de que su candidatura haya sido legal. 

“La Justicia nunca le dio la razón a Mauricio Davico. Su situación la resolvió el Tribunal Electoral, que es un tribunal administrativo, no es un tribunal judicial. Cuando lo impugnan, quien resuelve es un Tribunal Electoral, es un tribunal administrativo, que no tiene función jurisdiccional, que es la función atribuida constitucionalmente al poder judicial. Hoy está para resolver en el Poder Judicial, que es quien tiene la última palabra en ese tipo de discusiones. Ahora lo que tiene que resolver el Poder Judicial es si esa decisión del Tribunal Electoral se sostiene o no en el tiempo”, explicó Portela.

El presidente de STJ reconoció que nunca se había dado esta situación en la provincia: “Es la primera vez que ocurre que una candidatura que estaba cuestionada, gane”. 

A modo de balance de gestión del año que finaliza, el presidente del STJ dio a conocer las estadísticas del trabajo realizado en el Poder judicial en el periodo mencionado anteriormente. Las mismas incluyen más de 1 millón de presentaciones digitales de abogados/as (1.001.920).

 Portela aclaró que estas cifras reflejan solamente una parte de las actividades y funciones de este poder del Estado, ya que no incluyen los actos que por sus características de servicio no generan registro electrónico y que representan también formas de atención al justiciable, como las audiencias voluntarias que prestan los funcionarios de los Juzgados de Paz de 2° y 3° categoría.

En todos los fueros e instancias de la provincia se dictaron 47.202 sentencias definitivas y 84.012 sentencias interlocutorias. Estas cantidades se desagregan de la siguiente manera:

- En órganos de primera instancia, en materia no penal (Civil-Comercial, Familia, Paz, Laboral, Contencioso-Administrativo y Constitucional), se dictaron 41.258 sentencias definitivas y 64.459 resoluciones interlocutorias. Esto hace un total de 105.717 sentencias, de las cuales 805 corresponden a sentencias dictadas en Procedimientos Constitucionales (amparos).

- En materia penal se dictaron 5.944 sentencias y 18.947 autos, incluyendo Garantías y Tribunal de Juicio.

- En segunda instancia, en órganos no penales, se dictaron 1.949 sentencias y 2.091 autos, totalizando 4.864 resoluciones.

- En segunda instancia, en órganos penales se dictaron 539 sentencias y 535 autos. Un total de 1.074 resoluciones.

- En última instancia, las Salas del Superior Tribunal de Justicia y el Tribunal en Pleno dictaron 1.099 sentencias y 491 autos: 1.590 en total.

Además, en primera instancia se realizaron 26.824 audiencias, sin contar las voluntarias celebradas ante jueces y juezas de Paz de Segunda y Tercera Categoría, las efectuadas en el marco de procesos de mediación civil o penal y las actuadas por órganos de instancias superiores.

Balance positivo

En base al trabajo indicado, Portela expresó que “sin perjuicio de que resulta difícil dimensionar los datos o ponerlos en contexto para quien no pertenece al Poder Judicial, lo cierto es que el año que termina, pese a que no ha sido sencillo, arroja un balance positivo”.

Pese a que a fines de 2023 se decidió suspender el plan de obra pública previsto para 2024, Portella resalta que la situación permitió desarrollar un plan de gobierno “modesto pero consistente” en el que se logró se logró invertir una suma considerable en tecnología; se llevó a cabo de manera ordenada el concurso más masivo del que se tiene conocimiento –alrededor de 5.000 personas para ingreso al Poder Judicial- ; se realizaron 34 juicios por jurados en toda la provincia, que exigieron el desembolso de casi doscientos millones de pesos; se avanzó en la renovación de la flota automotor sin costo –afectando vehículos decomisados a organizaciones delictivas-, y se comenzó a desconcentrar el área de mantenimiento en las distintas jurisdicciones, para abaratar el costo de traslados y darle inmediatez a la solución de los problemas locales”.

En relación al personal, Portela especificó que se avanzó en la regularización de la planta de agentes; se crearon algunos cargos destinados a coordinar la tarea de áreas específicas –como en los Equipos Técnicos Interdisciplinarios y las Oficinas de Gestión Única (OGU)- y se instaló como una herramienta confiable y muy práctica el portal de subastas electrónicas; entre otros temas.

Por otro lado, desde el Tribunal se impulsaron diversas ideas y proyectos que tienen por objetivo ajustar el servicio de justicia a las necesidades actuales. En ese sentido, se comenzó a implementar por etapas y de manera satisfactoria en el fuero de familia la OGU, cuya función es asistir a las y los magistradas/os en las cuestiones administrativas para que se dediquen únicamente a su función.

También se logró, luego de una ardua gestión comenzada en 2022, que la Legislatura provincial aprobara la ley de creación de 70 cargos para el Poder judicial (el pedido original fue de 152 cargos); se mantuvieron entrevistas permanentes con actores de la sociedad, tales como el Poder Ejecutivo, la Secretaría de Justicia, distintos ministerios, intendentes, Instituto Autárquico Provincial del Seguro de Entre Ríos (IAPSER), Instituto Provincial de Discapacidad (IPRODI), Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (COPNAF), sindicatos y asociaciones profesionales, entre otras.

Proyectos para 2025

Portela dijo que como desafíos quedaron varios temas pendientes para concluir en el próximo año. En materia de tecnología mencionó la implementación del expediente electrónico y la instalación definitiva del software desarrollado por el área de informática propia, que permitirá dejar de abonar el sistema Lex doctor. En cuestiones legales, el dictado de leyes para la creación de Juzgados de Familia en las localidades más grandes de la provincia, “ya que es un fuero en emergencia”; el dictado de la ley denominada “de remanentes financieros”, por la cual el presupuesto subejecutado, siempre y cuando no supere determinado porcentaje, sea mantenido en las partidas propias; y el proyecto de reforma a la ley 6.902, Ley Orgánica del Poder Judicial, para adaptarla a los tiempos que corren, entre otras.

Además, el estudio e implementación de un rediseño de la estructura administrativa del Poder Judicial, para darle autonomía a las áreas técnicas dentro de su incumbencia.

Reconocimiento al personal

Fundamentalmente, reconoció la entrega y el compromiso de los/as empleados/as del Poder Judicial. “Es cierto que en comparación con algunas áreas del resto de la administración pública, no toda, esto también es cierto, tenemos algunas ventajas; pero hay que tener en cuenta que vivimos intentando solucionar conflictos en una sociedad fragmentada y en permanente crisis. Es una actividad que agota física y mentalmente, por lo que no es casualidad que sea casi normal la presencia de afecciones sicológicas. Sin embargo, los empleados siguen poniendo el cuerpo y llevando a sus comunidades el fruto de su trabajo de manera sostenida”, agregó. 

De conformidad a lo dispuesto por Resolución del Tribunal de Superintendencia del Superior Tribunal de Justicia Nº193/24,se procedió al llamado a Concurso de Antecedentes Nº01/24.

El objeto fue la "contratación de servicios profesionales para la elaboración del proyecto de obra: “2° etapa Nuevo Edificio Tribunales Gualeguaychú”.

El Presupuesto oficial para la obra es de $216.000.000,00 ( Doscientos dieciséis millones de pesos).

La apertura de las propuestas se realizará el 23 de Diciembre de 2024 a las 10:00 horas en el Superior Tribunal de Justicia.

El ex intendente de Gilbert Fabián Constantino, quien fue condenado a 14 años y 6 meses por violación, sigue con prisión domiciliaria pese a que la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ) lo obligó a ir a la cárcel tras confirmar su pena.

Fue a fines de agosto cuando el STJ confirmó la condena establecida en 2023 pese a las diversas apelaciones que presentó el ex intendente de Gilbert. En el escrito se solicitaba el inmediato traslado de Constantino a prisión, pero por el momento sigue en su casa.

En este contexto, Mario Arcusín, abogado del acusado, explicó en declaraciones a UNO que su cliente sigue bajo prisión domiciliaria porque presentaron ante la Corte Suprema, una “queja por recurso denegado” y que el máximo tribunal lo aceptó, motivo por el cual están a la espera de saber la resolución final.

En este marco, el defensor de Constantino afirmó que no está firme todavía la condena, pese al fallo de la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia. “Hasta tanto no se pronuncie la Corte, la sentencia no quedará firme. La policía no fue a buscarlo ni nada”, sostuvo.

Sin embargo, desde Fiscalía afirmaron a Ahora ElDía que el hecho de que Constantino siga aún en su casa y que no haya sido trasladado a un penal responde a los tiempos lógicos que tiene la Justicia con estos procesos.

“El expediente tiene que quedar radicado en la Cámara de Gualeguaychú, pero estamos en el plazo de los tiempos normales. Tiene que bajar el expediente desde el Superior Tribunal de Justicia, que llega acá de manera física, y es entonces cuando la secretaria de la Cámara comienza a controlar el cómputo de la pena. Esto es así porque al tiempo que pasará Constantino en prisión domiciliaria se le descuenta de la pena el tiempo que estuvo en domiciliaria, y con ese cómputo de pena –que es un poquito más complejo–, se le pide la presentación o directamente se pide el traslado”, explicó la fiscal Martina Cedrés, quien agregó que “lo cierto es que por ahora a nosotros en Fiscalía no nos han notificado nada de la Cámara”.

“Una vez realizado todo esto se envía la sentencia más el cómputo de la pena al Juzgado de Ejecución de Pena, a cargo del juez Carlos Rossi, donde después van a hacerse ahí los tratamientos de la pena”. 

Al mismo tiempo, Cedrés sostuvo que está al tanto de la versión sobre el recurso de la Defensa ante la Corte, pero que nadie había notificado de manera oficial algo al respecto. “Una de las víctimas me alertó que había escuchado al abogado de Constantino ir por la queja ante la Corte, algo que no es tan fácil. Pero bueno, si eso no sucede se notificará a la Defensa de que se lo va a trasladar o que tiene que empezar a cumplir la pena, y si la defensa interpuso alguno de esos recursos, tendrá que hacerlo saber al Tribunal de Gualeguaychú”, concluyó.

En el acto, realizado en el Salón de Acuerdos del STJER, se concretó la donación de 12 armas secuestradas por el Poder Judicial, cumpliendo lo dispuesto por el Alto Cuerpo en la reunión de Acuerdo General del 28 de mayo pasado. Además, se donaron 1.358 cartuchos calibre 9 milímetros.

La cesión del armamento se llevó a cabo bajo custodia segura y con la debida elaboración de acta videoregistrada, para dejar constancia de que, a partir de la entrega, la gestión, asignación, uso y control de las armas identificadas son de exclusiva responsabilidad del destinatario.

El objeto de la entrega de las armas fue para que sean utilizadas por la fuerza de seguridad para la prevención de delitos y para la práctica de grupos especiales. Se trata de seis pistolas, una pistola ametralladora y cinco fusiles con mira telescópica que serán utilizados por francotiradores.

El material entregado al Ministerio de Seguridad y Justicia, llegó al Depósito Judicial, por haber sido producto de diversos delitos en diferentes puntos de la provincia y que la autoridad jurisdiccional dispuso su decomiso.

Las armas se encontraban en una bolsa de seguridad cerrada con precinto identificable y fueron entregadas junto al responsable de la Sección Depósito y Guarda de Efectos Secuestrados y Decomisos del STJER, Héctor Peralta.

A partir del 1 de febrero, Leonardo Portela, juez gualeguaychuense, es la máxima autoridad del Poder Judicial de Entre Ríos y desde entonces dejó en claro que no llegó a ese lugar para ocupar una silla detrás de un escritorio. “Quiero darle una vuelta de tuerca al Poder Judicial, acercarlo a la gente y que recupere la confianza”, aseguró al consultarle por su objetivo como Presidente del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos.

Portela indicó que el contexto social “está marcado por una grave crisis de confianza en las instituciones, y el Poder Judicial no es ajeno a este desprestigio; no podemos ni debemos ignorarlo. Es por eso que me parece sumamente importante que la gente conozca lo que hace el Poder Judicial y que dimensionen lo presente que está en su vida. Históricamente ha estado sometido a silencio sin salir hablar o de mostrar públicamente lo que hace, ya sea por motivos históricos, culturales, políticos… Por lo general, la Justicia resuelve casos concretos y mi intención es incorporarla a la vida de las instituciones y de la sociedad como un poder del estado que no es ajeno a los vaivenes de la realidad y de las crisis. Queremos que la gente sepa qué es el Poder Judicial y cómo funciona, dónde y cómo puede defender sus derechos, para eso también estamos promocionando varios programas en la primaria y en la secundaria, los chicos a los 17 años pueden votar y no pueden firmar un contrato… Hay que hacer docencia, hay que enseñarles todas esas responsabilidades; va a ser muy interesante, hay muchos aspectos para abordar. Mi objeto es trabajar por una justicia cercana a la gente y conocer a las personas sobre quienes nuestras decisiones repercuten. Creo que cuando la distancia se hace irreductible corremos el riesgo de olvidarnos de que detrás de cada expediente hay alguien de carne y hueso esperando una sentencia y, de esa manera, nuestro trabajo pierde su sentido, que es servir al valor justicia para colaborar con la pacificación social”, detalló.

Además, se propuso “no perder el impulso respecto de algunas cuestiones que estamos llevando adelante como es la igualdad de género, la defensa de los más vulnerables y de la salud mental… hay muchos procesos dando vueltas sobre eso que no se conocen porque uno resguarda la intimidad de las personas, pero en eso el Poder Judicial interviene mucho. También la Justicia resguarda el derecho de la propiedad, es la última valla de defensa de este derecho y todo el mundo acude a él cuando tiene un problema de este tipo; entonces son todas situaciones que tenemos que seguir cuidando y no acostumbrarnos a que nada funciona. Tenemos que ser conscientes de que somos servidoras y servidores públicos con una tarea esencial para la vigencia del Estado de derecho, y que nuestra prioridad debe ser el interés de la ciudadanía. Este principio rector de todo sistema democrático es lo que nos obliga a mantener un vínculo fluido y respetuoso con todos los actores institucionales”, resumió el juez.

Respecto a la participación de la Justicia en la presentación del proyecto de reforma política y electoral para la provincia por parte del gobernador Rogelio Frigerio, Portela dijo que “fueron en calidad de órgano de aplicación de la ley ya que tenemos que resolver todas las cuestiones que se van presentando, no solamente organizar la elección, sino también correr con la logística y resolver los cuestionamientos que hacen los partidos. Nos convocaron para que demos nuestra visión y nos pareció muy bien la iniciativa, una buenísima idea”. Asimismo, reveló que junto a otras provincias pretenden un sistema más federal y algunas reformas importante a nivel nacional: “Queremos llevar también a la Nación un mensaje desde las provincias: necesitamos que el federalismo se respete”. Sobre la igualdad de género añadió que “en el Poder Judicial existe el cupo de género y debe cumplirse: las mujeres tienen que ocupar lugares importantes en la toma de decisiones”, argumentó.

El edificio es impactante, y eso que sólo está terminada la obra gris. Está ubicado entre Perito Moreno, bulevar Montana, Nogoyá y Puerto Argentino. El terreno abarca unos 13.412 metros cuadrados y la obra planificada posee una superficie total de 10.160 y un desarrollo en subsuelo, planta baja y cuatro niveles superiores. 

La idea, allá por diciembre de 2020 cuando comenzó la obra, era concentrar todos los destacamentos judiciales que hoy están dispersos por la ciudad, afrontando el gasto mensual de alquiler. Sin embargo, ante la paralización de la obra pública y el no envío de fondos a las provincias, sumado al ajuste que lleva la Provincia, el edificio de Tribunales está destinado a ser durante varios años un nuevo elefante blanco.

“Se terminó hace un par de meses la primera etapa, que era la obra gris, el grueso de la estructura. Eso en octubre del año pasado se frenó porque intuimos desde el STJ que iba a ver un parate en el flujo de fondos, que fue lo que después sucedió. Por suerte pudimos frenar antes de asumir los otros compromisos para la segunda y la tercera etapa, que está planeado hacerlas de manera conjunta. Para llevarlas a cabo, estábamos hablando en febrero de unos 14 o 15 mil millones de pesos, hoy deben ser unos 20”, detalló acerca del estado de la obra Leonardo Portela, presidente del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos.

El juez gualeguaychuense reveló a Ahora ElDía que “La Provincia no nos está entregando plata para obra pública, desde que asumió (Rogelio) Frigerio no ha llegado un peso. Nosotros tenemos un presupuesto que se divide en tres partes: funcionamiento, obras públicas y bienes de uso. Solamente nos están dando la parte de funcionamiento, y con eso más algunos ahorros estamos pagando todo lo que es mantenimiento edilicio”, explicó. 

A su vez, Portela adelantó que “lo que si tenemos es el compromiso del Gobernador para la semana que viene de empezar a liberar algo de dinero para obra pública; esperemos que se pueda concretar, pero no tenemos certeza de los montos ni de la regularidad que van a tener, por eso no podemos proyectar”, sostuvo, y ejemplificó: “Si nos darían mil millones de pesos por mes podríamos arrancar con el edificio de Gualeguaychú y en 20 meses lo terminamos, pero esa proyección no la podemos hacer porque la Provincia no la puede hacer, no sabe que fondos tiene ni que va a tener, entonces lo que vamos a poder hacer son obras muy chicas o mantenimiento”.

De esta manera, la obra está muy lejos de reanudarse. Tal es así, que Ahora ElDía fue hasta el lugar y se encontró con que los trabajadores estaban retirando todos los elementos de construcción de la empresa.

“Estamos levantando campamento, tenemos que llevar todo esto a la empresa y listo”, comentó uno de los albañiles, que no tiene una buena sensación con respecto a lo que ocurrirá. “Esto va a estar parado mucho tiempo; ya se quedaron sin trabajo un grupo grande de compañeros”, expresó el trabajador.

Con respecto a la primera etapa de la obra, el presidente del STJ marcó que fue financiada íntegramente por la Provincia. “Siempre las obras públicas nuestras pasan por la Provincia, luego el Gobierno a veces consigue créditos del Banco Interamericano o del Banco de Desarrollo, pero nosotros no tenemos arreglos directos con gente ajena a la Provincia, siempre son ellos los que gestionan y lo derivan al Poder Judicial”, detalló, y agregó que “lo que podemos hacer es ir a pedir que se gestione para continuar esta obra, pero no se advierte como una cuestión urgente, ya que hay algunas jurisdicciones en Entre Ríos que están sin edificio propio, compartiendo oficinas con otras reparticiones, y están en una necesidad mucho más acuciante que la de Gualeguaychú, que tarde o temprano la obra se va a hacer, pero no es algo urgente, ya que hay un edificio propio, que es viejo (tiene 130 años) y que se alquilan otros, que la idea es justamente dejar de alquilar, pero en lo inmediato no se puede”.

Consultado acerca de la repercusión de la postura del Gobierno nacional sobre la obra pública, Portela planteó que “entiendo que sí, han retirado un montón de fondos que giraban de distintos programas de Nación a Provincia, que con ese dinero cubría algunos sectores de la economía y le quedaban disponibles fondos de la recaudación para obras públicas, ahora está destinando todo lo que recauda a mantenimiento, lamentablemente la Provincia está envejecida en lo que es infraestructura, en caminos, escuelas y hospitales”, aseveró.  

Finalmente, sobre el impacto de los fondos que no ha recibido el Poder Judicial y si esto repercute en los procesos (demoras) de los juicios y demás trámites administrativos, el juez aclaró que “el dinero para el funcionamiento lo estamos recibiendo, para pagar la luz, para comprar biromes, papeles… no para bienes de uso importante como podría ser un vehículo para transportar detenidos y no lo estamos recibiendo para las obras”, concluyó.

Leonardo Portela, presidente del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos (STJER), aseguró que el Poder Judicial debe lograr “una gestión abierta y accesible”, pidió empatía a la magistratura y llamó a trabajar por la celeridad de los procesos judiciales. Además, admitieron su desprestigio: "Se palpa en la calle", afirmó.Así lo expresó al dejar inaugurado el Año Judicial 2024 con un discurso que brindó hoy en el Salón de Actos de los Tribunales de Paraná, al que asistió el gobernador de la provincia Rogelio Frigerio. Portela también se refirió al uso de las tecnologías en la administración de justicia, anunció un Código de Ética y reconoció la labor del personal.

El presidente del STJER estuvo acompañado por la vicepresidenta del Alto Cuerpo, vocal Laura Mariana Soage; los vocales Daniel Carubia y Germán Carlomagno; las vocales Susana Medina y Claudia Mizawak; el vocal Miguel Ángel Giorgio; y la vocal Gisela Schumacher. Además asistieron el Procurador General de la provincia, Jorge Amílcar García y el Defensor General, Maximiliano Benítez.

Portela indicó que el contexto social “está marcado por una grave crisis de confianza en las instituciones, y el Poder Judicial no es ajeno a este desprestigio; no podemos ni debemos ignorarlo. Negarlo –continuó- es pretender tapar el sol con la mano. Nuestro desprestigio no es solamente una sensación personal; se palpa en la calle y circulan encuestas que lo reflejan”.

Luego de mencionar el impacto que la difusión de noticias ejerce sobre la opinión pública, el presidente del STJER precisó: “Hay un dato de la realidad que también contribuye al desprestigio del Poder Judicial y es que, en los últimos años, afortunadamente, se ha producido una explosión de derechos, a partir de la cual diferentes colectivos, históricamente relegados, han visto por fin reivindicadas sus demandas. El problema es que el Estado, en muchas ocasiones, luego del tratamiento legislativo, no brinda las condiciones para que esos derechos puedan hacerse valer”.

En ese sentido, entre los obstáculos para el ejercicio de derechos ciudadanos enumeró motivos estructurales como la carencia de Juzgados de Familia y otros coyunturales, como la falta de cargos y de presupuesto suficientes para seguir los casos de violencia de género. “En ocasiones una persona acude al Poder Judicial y plantea una situación que necesita abordaje urgente pero se frustra porque tenemos el grave problema de que se nos asignaron responsabilidades sin recursos”, detalló Portela.

Tras mencionar que la falta de formación ciudadana afecta el ejercicio de derechos, el presidente del STJER sostuvo que la demora en la resolución de conflictos “conspira contra la credibilidad del Poder Judicial y, en ese sentido, estamos analizando modificar e incorporar figuras procesales para agilizar los juicios y dar respuestas más rápidas sin que se resienta la calidad del servicio”.

Y añadió: “Creemos que nuestro deber es responder con humildad y transparencia porque somos empleados públicos y la rendición de cuentas es uno de los principios básicos del sistema republicano de gobierno. Es una de las reglas elementales de la democracia y abre el camino para la madurez institucional”.

Además propuso “una gestión abierta y accesible, pero fundamentalmente empática. Tenemos que ser conscientes de que somos servidoras y servidores públicos con una tarea esencial para la vigencia del Estado de derecho, y que nuestra prioridad debe ser el interés de la ciudadanía. Este principio rector de todo sistema democrático –detalló- es lo que nos obliga a mantener un vínculo fluido y respetuoso con todos los actores institucionales aunque tengamos diferencias personales”.

Por eso llamó a la magistratura “a buscar el equilibrio permanente“ e instó a “trabajar por una justicia cercana a la gente y conocer a las personas sobre quienes nuestras decisiones repercuten. Creo que cuando la distancia se hace irreductible corremos el riesgo de olvidarnos de que detrás de cada expediente hay alguien de carne y hueso esperando una sentencia y, de esa manera, nuestro trabajo pierde su sentido más sublime, que es servir al valor justicia para colaborar con la pacificación social”.

También valoró que la ciudadanía propicie la resolución de conflictos en los tribunales y que los casos de justicia por mano propia “sean casi inexistentes”. Por eso se mostró optimista y consideró que Entre Ríos tiene condiciones y posibilidades para superar la crisis que la afecta “porque las instituciones funcionan”.

Además Portela expresó su preocupación por la cuestión ambiental. Reconoció la necesidad del desarrollo económico, “pero ello no puede concretarse al costo de aniquilar el ambiente. Las generaciones pasadas se aseguraron de que estemos hoy aquí y nosotros tenemos la obligación de transmitir a las generaciones futuras un planeta habitable”.

Según el presidente del Alto Cuerpo “hay que animarse a proyectar y soñar un futuro al margen de las propias convicciones, superar el miedo a la diferencia y construir colectivamente. Esto no implica improvisación, sino capacidad de gestionar la complejidad, debatir con madurez, salir de los pensamientos estancos e inamovibles y transformar el miedo en estímulo”.

Una justicia del siglo XXI en Entre RíosPortela recordó que el STJER, a cargo del gobierno del Poder Judicial, tiene 411 dependencias y 2.700 empleados. “Ejercer ese gobierno lleva implícita la obligación de fijar lo que se conoce como política judicial. Obviamente que la palabra política no la empleo en la ocasión en el sentido de política partidaria, sino en el otro sentido, el que tiene que ver con la proyección de una idea sostenida en el tiempo con el objetivo de lograr ciertos fines”.

Entre sus objetivos enumeró el fortalecimiento del fuero de Familia “porque sufre una saturación que roza lo inmanejable: por ejemplo, el año pasado se dictaron en la provincia más de 28.800 medidas. Por eso dedicaremos una parte importante de los recursos a la primera instancia en general, ya que allí se da el contacto inicial con el conflicto a resolver”.

Además dijo que se buscará “lograr la contención de los usuarios del sistema de justicia y poder dar un encuadre adecuado a los casos desde su nacimiento, para evitar demoras en las instancias siguientes. Con esto esperamos ganar en eficiencia y credibilidad”, sirviendo a la comunidad “con compromiso, eficiencia y consciencia de la realidad imperante”. Fue tras enumerar que “se llevaron y llevan adelante varios programas de gestión en Juzgados o Tribunales que demuestran verse afectados por algún problema puntual y se dictan cursos de capacitación permanentemente desde el Instituto Alberdi”.

El presidente del STJER advirtió que “los principios de transparencia, sencillez y humildad, donde ser y parecer sean lo mismo” guiarán la adecuación del Poder Judicial al siglo XXI. Y anticipó: “Proponemos una fórmula de austeridad para los gastos y distribución eficiente de recursos, enfocada en las asimetrías territoriales para conocer, priorizar y resolver las necesidades”.

Según Portela eso “permitirá posicionarnos como una institución moderna y confiable, y creemos que son necesarios al menos tres elementos. El primero, ya mencionado, la capacitación, y los otros dos son la innovación tecnológica y una ética irreprochable”. En ese sentido reivindicó el ingreso por concurso a cargos técnicos y administrativos: “Creemos que es un mérito de nuestra institución que permite la selección de los mejores perfiles y garantiza la igualdad de oportunidades. Somos conscientes de que existe una deuda en los plazos para realizar concursos y cubrir las vacantes que en la emergencia se cubren de modo interino. Asumimos el compromiso de llevarlos a cabo con la mayor celeridad y transparencia”.

Al referirse a la innovación tecnológica y su impacto en el procesamiento de datos, llamó a no desaprovechar “las ventajas que ofrece la tecnología para ser más eficientes y transparentes. Es impostergable –precisó- llevar a cabo un plan de transformación tecnológica, sistematización de procesos, digitalización de trámites y trabajo en redes colaborativas”.

Ética judicial y cuidado del personalDurante su discurso Portela anunció que el STJER se propone dictar un Código de Ética que permita fijar los principios que deben regir la función judicial. “De esta forma podremos tener un marco de previsibilidad, codificar conductas deseables y especificar sanciones para los casos de incumplimiento. Todo esto sin perjuicio de las facultades sancionatorias del Superior Tribunal de Justicia, la competencia específica del jurado de enjuiciamiento y del poder legislativo en lo que tiene que ver con el juicio político”, detalló el presidente del Alto Cuerpo.

También consideró que “darle a la ética la importancia que tiene colaborará con la calidad del servicio de justicia y aportará mayor legitimidad a nuestras decisiones”.

Luego de valorar el trabajo del personal del Poder Judicial, Portela admitió sobrecarga en las labores y situaciones de estrés que se ven agravadas por la creciente complejidad y conflictividad de los procesos. “Es por eso que nos comprometemos a tomar medidas concretas, orientadas a prevenir los riesgos psicosociales propios de la labor y promover un clima laboral seguro y sano para proteger la salud mental. Trabajaremos con los gremios en ese sentido”, anticipó.

Y sobre el final de su discurso aseveró: “En síntesis, asumimos la responsabilidad de ejercer nuestra función con consciencia del tiempo en que vivimos, así como asumimos el compromiso de trabajar con especial dedicación por quienes peor la están pasando a causa de la crisis económica y social que atraviesa nuestro país. Tenemos la firme decisión de enfrentar el descrédito institucional gestionando con humildad y transparencia, con apertura y cercanía, focalizando en el consenso para obtener confianza y recuperar nuestra legitimidad”.

Presencias en el salónComo invitados también estuvieron presentes la vicegobernadora, Alicia Aluani; la intendenta de Paraná, Rosario Romero; el arzobispo de Paraná, monseñor Juan Alberto Puiggari; el exvocal del STJER, Miguel Augusto Carlín; la procuradora adjunta, Claudia Carmona; el presidente de la Cámara de Diputados de la provincia, Gustavo Hein; magistradas y magistrados provinciales y nacionales; autoridades provinciales y municipales; representantes de la Asociación de la Magistratura y la Función Judicial de Entre Ríos; autoridades del Colegio de la Abogacía de Entre Ríos y de seccionales de la provincia; autoridades de fuerzas de seguridad; representantes de organizaciones intermedias; y trabajadoras y trabajadores del Poder Judicial de Entre Ríos.

El acto fue transmitido, en vivo y en directo, vía streaming, a través del canal de YouTube del Servicio de Información y Comunicación del STJER. La transmisión contó la traducción a la Lengua de Señas Argentinas (LSA) realizada por el equipo del Instituto Provincial de Discapacidad (IProDi). 

“Lamento que nuestra primera comunicación tenga el tenor de la presente, pero quiero que sepan cuanto antes, de manera clara y directa, la dimensión del crítico estado de situación presupuestaria y financiera que atraviesa nuestro Poder Judicial”, expresa el texto dirigido a los integrantes de la magistratura.

Portela informó a continuación que durante 2023 “los técnicos de la Contaduría del Poder Judicial proyectaron el presupuesto anual para el 2024 en casi $129.112.048.320. Emplearon, a tal fin, una inflación anual estimada de 120%. Al momento de aprobarse el presupuesto provincial (Ley 11.125), el nuestro se fijó en $65.718.311; esto es un 50% menos aproximadamente”.

“En la actualidad y sin tener en cuenta la inflación de enero 2024 (20,6%), el Poder Judicial de Entre Ríos necesita la suma de $335.000.000 mensuales para afrontar gastos de funcionamiento y de bienes de uso”, precisó Portela y añadió que "de esa cifra recibimos $145.358.416,67 en enero 2024 y $60.000.000,00 en febrero”. En el comunicado, se indicó que el desfasaje comenzó antes de que asuma la gestión actual de gobierno.

En esta línea, Portela expresó en Ahora Cero Radio que esta situación es transversal a los tres poderes del estado. 

“Somos plenamente conscientes de que no es una decisión antojadiza del gobernador Frigerio, es una cuestión generalizada y todas las provincias están igual, están todas atravesando un momento crítico. La Provincia no tiene el presupuesto que debería tener para afrontar los gastos que hay que afrontar”, enfatizó. 

Por otra parte, el presidente del Superior Tribunal detalló que de las 46 obras que estaban en vigencia en Entre Ríos, solo se continuará con 16.

 “Todo lo que era nuevo a partir del año pasado se resolvió suspenderlo porque hay muchas obras para reiniciar y todo eso se decidió suspenderlo ya desde el año pasado en diciembre. Son obras iniciadas que están algunas con un 20% de avance otras en un 50%, otras en un 80% y otro un 90%. Esas 16  que se continuarán son obras estrictamente de mantenimiento o reparación de cuestiones urgentes. Desde principio de enero hasta acá, ya se terminaron”, ilustro.

En tanto, en relación al nuevo edificio de Tribunales que estaba en construcción en la ciudad, Portela afirmó que está entre las obras suspendidas y que se finalizó el primer tramo.

La pausa en la construcción que venía a responder a la situación edilicia de la justicia local, obliga a que se deba seguir sosteniendo el alquiler de siete inmuebles que se utilizan como anexo. 

“Los empleados no están trabajando cómodamente,  en algunos lugares están apiñados y en otros lugares estamos pagando alquileres que son siderales. Porque ustedes saben mejor que nadie que la cercanía con Uruguay generó una demanda importante de inmuebles y a nosotros se nos complica muchísimo conseguir lugares en alquiler y cuando los conseguimos estamos pagando fortunas por inmuebles que en otro lugar de la provincia se paga mucho menos, no solamente afecta en la diaria al trabajador sino que también afecta al presupuesto entonces queremos dejar de pagar todos esos alquileres”, especificó. 

Entre las dependencias que funcionan en los lugares arrendados se encuentran: el Juzgado de Trabajo número dos y tres, el Juzgado de Paz, el Juzgado de Ejecución de Pena y la Cámara de Apelaciones.

“Lamento que nuestra primera comunicación tenga el tenor de la presente, pero quiero que sepan cuanto antes, de manera clara y directa, la dimensión del crítico estado de situación presupuestaria y financiera que atraviesa nuestro Poder Judicial”, expresa el texto dirigido a los integrantes de la magistratura.

Portela informó a continuación que durante 2023 “los técnicos de la Contaduría del Poder Judicial proyectaron el presupuesto anual para el 2024 en casi $129.112.048.320. Emplearon, a tal fin, una inflación anual estimada de 120%. Al momento de aprobarse el presupuesto provincial (Ley 11.125), el nuestro se fijó en $65.718.311; esto es un 50% menos aproximadamente”.

“Pese a que el Poder Ejecutivo de la Nación informó un índice menor para la elaboración de presupuestos a sus dependencias (67%), y este suele tomarse por las provincias como referencia, la Legislatura de Entre Ríos aplicó una inflación proyectada del 88% al presupuesto de 2023 para elaborar el de 2024. Finalmente, según el Indec, la inflación de 2023 fue del 211,40”, indicó el presidente del STJ.

“En la actualidad y sin tener en cuenta la inflación de enero 2024 (20,6%), el Poder Judicial de Entre Ríos necesita la suma de $335.000.000 mensuales para afrontar gastos de funcionamiento y de bienes de uso”, precisó Portela y añadió que "de esa cifra recibimos $145.358.416,67 en enero 2024 y $45.000.000,00 en febrero (a la fecha, a una semana de fin de mes)". En el comunicado, se indicó que el desfasaje comenzó antes de que asuma la gestión actual de gobierno.

"Ahora bien, dentro de las decisiones más importantes que se tomaron para paliar esta situación está la que tomó el STJ por Acuerdo a fines de 2023. Ante la incertidumbre, se resolvió suspender el inicio de obras nuevas; tanto de las adjudicadas como de las que no habían llegado a ese punto. Respecto de las iniciadas, se optó por continuar con las que estaban en un grado de avance importante, casi culminadas, en el entendimiento de que su detención podría ser antieconómica. A fin de ponderar esa circunstancia se tuvo en cuenta el costo del tramo final y las eventuales consecuencias legales. En síntesis; de 46 obras en curso, se continuó con 16. Repito, las nuevas obras, algunas imprescindibles, otras necesarias y otras optativas, se dejaron sin efecto. También hay otros proyectos que se encuentran en estudio para recuperar gastos que son afrontados por este poder del Estado", señaló Portela.

“Es importante hacerles saber que hay un diálogo fluido con el señor Gobernador (Rogelio Frigerio) y el señor secretario de Justicia (Martín Acevedo Miño), y en las charlas que sostuvimos se nos explicó que los fondos requeridos iban a ser transferidos al Poder Judicial a medida que se vayan recibiendo de Nación”, expresó seguidamente.

“Como es evidente y quiero señalar enfáticamente, el cuadro de situación es crítico y no permite relajarse en ningún ámbito ni momento. Debemos extremar los gastos y procurar el cobro de cualquier suma que este Poder deba percibir, ya que las tasas actuales de plazo fijo son las que permiten que fondos pertenecientes al Poder Judicial -por tratarse de `rentas afectadas`- solventen, actualmente, los costos de funcionamiento”, indicó.

“No me interesa indicar puntualmente gastos, aunque todos sabemos que resulta posible reducirlos significativamente en rubros tales como toner, papel, energía eléctrica, etc. Seamos conscientes de que no siempre es necesario imprimir y que, en ocasiones, olvidamos luces o algún aire acondicionado prendido. Cuidemos de incurrir en gastos fácilmente evitables”, subrayó.

Portela confesó: “Me da vergüenza el desprestigio que tiene frente a la comunidad. Entiendo de que, en parte, es ganado. Pero en parte es injusto porque la Justicia entrerriana funciona bien”.Luego, observó: “Los medios de comunicación nacionales han impuesto que «La Justicia» es Comodoro Py. Y la Justicia está lejos de serlo. Comodoro Py son 12 jueces penales y en el Poder Judicial en todo el país hay casi 18 mil jueces que se levantan todos los días y trabajan mucho y bien. No somos Comodoro Py. Estamos lejos de serlo. Prestamos el mejor servicio de justicia que podemos. No es el ideal. Lo tenemos clarísimo. Nos faltan medios, tiempo, estructura y recursos humanos”.La relación intrapoderOtro gesto que pretende dar ante la sociedad es dejar atrás las tensiones entre el STJ y el Ministerio Público Fiscal. Entre el máximo Tribunal, particularmente la Sala Penal, y el Procurador General Jorge García hubo mucha tensión y chisporroteos, particularmente después de que la ex procuradora adjunta Cecilia Goyeneche fuera removida de su cargo por mal desempeño de sus funciones.“No lo voy a ocultar. No tenemos que ocultar nada. Hubo ciertas desavenencias con el Procurador General. La intención que tenemos es la de recomponer los vínculos a la brevedad. No tenemos ningún problema en restablecerlos y tener una relación seria, responsable e institucional. No hay ninguna obligación de ser amigos. Ni con García ni con (el titular del Ministerio de la Defensa, Maximiliano) Benítez. Pero sí la de ser serios y trabajar en común para lograr el mejor servicio de justicia posible”.“Hablo por todos los integrantes del STJ. A nadie le gusta tener una pelea sostenida en el tiempo de manera institucional. Más allá de yo quiera o no a una persona, tenemos una obligación que cumplir”, agregó Portela.Luego resaltó que el deseo del STJ es dar por terminada la grieta que se había formado entre ambos estamentos de la Justicia. “Después puede haber discusiones en algún asunto puntual. Sería infantil pretender que no existan. Todos tenemos intereses distintos, frente a la vida y a cuestiones que van surgiendo en la diaria. Sería arrogante pretender que todo el mundo piense como nosotros.“Estos días han sido una locura. No he tenido tiempo. Pero voy a comunicarme con García en cuanto pueda. Y con Benítez también”, remató.El encuentro con FrigerioLa primera actividad oficial que realizó tras asumir al frente del cuerpo fue cruzarse a Casa de Gobierno para recibir el saludo del Gobernador. En la charla institucional, se colaron temas relacionados con los futuros nombramientos en el STJ y el funcionamiento de la Justicia.“Le adelanté la salida (por jubilación) del Dr. (Martín) Carbonell. Y le dije que el Superior estaba a la espera de si él iba a tomar o no alguna decisión en lo inmediato, porque transcurridos 30 días desde la vacante sin designación, debemos nombrar a alguien en forma interina”, comentó.Luego, anticipó que la respuesta del Gobernador fue que llevaría adelante “un estudio, un sondeo” y que buscaría “consenso” respecto de los “nombres que pudiera haber que cumplan con el perfil que a él le interesa” y que está en consonancia con los postulados que dio en el discurso de asunción: renovación y ética, que son “ejes que a nosotros también nos interesan”, subrayó.Con respecto al reemplazo de Carbonell, confesó: “Somos conscientes de que no tenemos que tener pretensiones sobre lo que es la decisión soberana del Gobernador. Podemos llegar a opinar si nos pregunta”.CambiosEn los últimos meses de la gestión de Gustavo Bordet, el Superior remitió al Ejecutivo un texto con recomendaciones de reforma al Código Procesal Penal de la provincia. “Tenemos mucha expectativa de que ese (cambio al) Código se  sancione porque incorpora muchas modificaciones que se han visto necesarias a partir de la última reforma legislativa”, señaló.Con respecto a la posibilidad de que se retrotraigan cambios en la legislación del Consejo de la Magistratura, marcó: “Nos interesa participar. Nos parece buena lo que se implementó en la ley vigente que es que nos pidan antecedentes de quienes se candidatean. Muchas veces cuando se presenta un candidato, pone todas sus virtudes. Pero en el legajo personal tiene las ausencias, sanciones, pérdida de jurisdicción por retraso. Queremos que eso se sepa y se tome en cuenta”.Sin embargo, puso de relieve: “Los legisladores harán la ley que crean mejor. Después nos quedará la facultad de revisarla. No es fácil la relación entre poderes. Pero es el juego de la democracia. Y hay que jugarlo sin miedo”.La presidenciaSer presidente del Tribunal superior fue algo que se generó a partir de conversaciones “con algunos integrantes del cuerpo con la intención de dar una vuelta de rosca, tratar de mostrar que hay un cambio generacional y que se note. No porque estuviésemos disconformes con nada en especial, sino que sentíamos que esa era la intención, el interés del resto de la judicatura de la provincia”, consignó Portela.“No digo que lo que haya estado haya sido malo, si no que la idea es que haya cambios. Había en el aire una sensación de cambio de época. Y eso también arrastró al Poder Judicial”, sentenció.“En algunas cuestiones tenemos visiones similares y en otras distintas Todos los colegas son personas sensatas, prudentes y con todas hablo. Hoy (por el martes) tuvimos acuerdo y no hay disidencias en hacia dónde va el STJ”, remarcó.No hay plata“La realidad impone las condiciones con las que te tenés que manejar. Somos conscientes de que hay una crisis económica importante. Y de incertidumbre. Obviamente vamos a adaptar nuestra conducta a eso”, reflexionó en diálogo con esta Agencia.Al respecto, prosiguió: “Somos conscientes de que hay que ajustar. De hecho, en noviembre del año pasado suspendimos toda la obra nueva. De 48 nos quedamos con 16, que son las que están en la etapa final de concreción”.Además “estamos achicando un montón de gastos. Como cualquiera en su casa: cuando llega la crisis, se da cuenta de que puede achicar donde antes no se le ocurría. Estamos en esa gimnasia cotidianamente”, evaluó.Portela narró que en la charla con Frigerio acordó que la Justicia tendrá un “flujo de fondos constante” que le permita atender emergencias como cuando la tormenta en Villaguay causó destrozos en la sede de Tribunales.CasualidadesSu llegada al Superior Tribunal “fue de rebote”, confesó. “Yo estaba en la Cámara Civil. Por gente cercana al gobernador (por entonces, Gustavo Bordet) le hice llegar el interés de toda la judicatura de Gualeguaychú de que designen (en el STJ) a alguien de la ciudad. Tenía entendido que correspondía que se nombre a una mujer. Por eso intenté impulsar a dos colegas. Pero a la larga se terminó cambiando de eje la conversación y terminé siendo yo, sin haberlo pensado ni planeado”, comentó.“Quería que Gualeguaychú tuviera  representación en el Superior. No la tenía hacía 80 años ¿Por qué? Porque es una ciudad importante, es la tercera de la provincia y tiene mucho movimiento judicial, académico, cultural y político y genera mucho ingreso para Entre Ríos. Creo que es una ciudad que tiene que tener esa representación en uno de los poderes del Estado”, concluyó.

Fuente: APF