El fiscal coordinador, Leandro Dato, le pidió al Superior Tribunal de Justicia (STJ) que le habilite la llegada a la Corte Suprema de Justicia para tratar de revertir el fallo del STJ que le concedió la libertad a Sergio Urribarri y Juan Pablo Aguilera, condenados en el denominado “megajuicio” a penas de prisión efectiva por cinco hechos de corrupción contra la Administración Pública.

Dato presentó lo que se denomina recurso extraordinario federal ante el Superior Tribunal de Justicia (STJ) en feria para que le habilite la llegada a la Corte Suprema. Además, en el escrito de 29 páginas dejó formulada la “reserva de recurso ante la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos”.

Urribarri y Aguilera fueron enviados a prisión el 19 de noviembre por el Tribunal de Casación Penal de Paraná porque consideró que había peligro de fuga. Tanto el exgobernador como su cuñado, que ofició de empresario y operador político durante los ocho años de urribarrismo, quedaron libres tras 50 días detenidos en la cárcel de Paraná. La decisión de excarcelarlos la tomó un tribunal del STJ en Feria en fallo dividido.

Dato atacó jurídicamente la sentencia del Superior Tribunal de Feria del 8 de enero que hizo lugar a los recursos de impugnación extraordinaria interpuesta por los defensores técnicos de los imputados Juan Pablo Aguilera y Sergio Daniel Urribarri y, en consecuencia, dispuso el cese de las prisiones preventivas de los encausados.

Según Dato, la Corte Suprema ha establecido que no es necesario examinar la forma y momento de la cuestión federal cuando se violan flagrantemente principios constitucionales. En este caso, durante la feria judicial y mientras se tramitaba un recurso extraordinario provincial, el Superior Tribunal de Justicia habilitó de manera excepcional y privilegiada una sentencia que revocaba una prisión preventiva. Esta decisión, tomada por la Sala en Feria, se apartó del procedimiento ordinario y vulneró el principio de igualdad ante la ley de las personas en similar situación procesal.

El fiscal coordinador señaló que “la sentencia recurrida que revoca la prisión preventiva es arbitraria en términos de la CSJN al imprimirse un trámite no previsto en las normas procesales, desprovisto de causales efectivas y no fundando en la necesidad de habilitar feria”, y añadió: “Todo ello, además, realizando un apartamiento de los jueces naturales del proceso y violentando de esa manera el debido proceso, con fundamentos aparentes, en franca violación al principio de igualdad ante la ley con respecto a otras personas en similar situación procesal. Violación al principio de igualdad ante la ley, debido proceso, juez natural. Falta de motivación de la sentencia. Habilitación indebida de la feria”.

Por último, Dato sostiene que en la resolución del STJ se violan normas: “Ley orgánica de tribunales, Código Procesal Penal de la provincia de Entre Ríos, Constitución Nacional artículos 16 y 18, la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción artículo 30 inciso 4 y 5, entre otras cuestiones”.

La jueza riojana Norma Abate de Mazzucchelli, vicepresidenta de la Asociación de Mujeres Juezas de Argentina (AMJA), fue denunciada por la presunta solicitud de 8 millones de pesos para reactivar una sucesión familiar.

Según informó el programa Telenoche Investiga (Canal 13), una comerciante de la ciudad de La Rioja denunció que la jueza Norma Abate de Mazzucchelli le pidió dinero para liberar un pago que le corresponde por la herencia de su tío, quien murió hace cuatro años. Esta causa, una sucesión sin testamento, la tramitó en la Cámara Cuarta en lo Civil, Comercial y de Minas del departamento judicial de la capital riojana, que preside la magistrada denunciada.

El informe cuenta con un video determinante en el que se ve cómo la jueza le pide el dinero a Manuela Saavedra, la denunciante, por agilizar el expediente. Abate de Mazzuchelli propone allí que sean ocho millones de pesos para ella: “Lo que cobraron ellos”, dice, con referencia a los abogados que intervinieron en la sucesión.

En tanto, este jueves, Susana Medina, vocal del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos y confirmó en el canal TN que Abate de Mazzucchelli será expulsada de la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina (AMJA). Medina es presidenta de la entidad, mientras que la acusada es vicepresidenta.

"Tenemos que trabajar para recuperar la confianza perdida de la ciudadanía. En menos de 24 horas la asociación decidió apartarla, iniciar el sumario y ponernos a contacto y disposición del Tribunal de La Rioja. Tengo entendido que ya estaban por mandarla a Jury de Enjuiciamiento", sostuvo.

"Sé del dolor de la gente y por eso más me duele que una de una de nuestra asociada haya tenido esta inconducta. Nosotros nunca hubiésemos tenido noticias si no hubiera sido por el periodismo independiente. Porque nadie de la provincia de La Rioja, ni funcionarios, ni magistrados, ni ong, ni socios de nuestra asociación, nos hicieron saber que esto podría estar ocurriendo", completó.

“¿Quién te hizo todo? ¿Quién te manejó todo? Acá no fueron los abogados”, agregó. “Es simple, Manuela. Acá nadie te va a poner un revólver en el pecho”, afirmó luego Abate de Mazzucchellil.

Y añadió: “Voy a regular unos honorarios para tu abogada y esos honorarios van a ser los míos. Vos me entendés, porque sos inteligente”.

Luego de eso, siempre siguiendo el relato de la comerciante riojana, Abate de Mazzucchelli escribió un “8″ en un papel, requiriendo 8 millones de pesos por el proceso y cuestionando el trabajo de los abogados que llevan el expediente. Segundos después, habría intentado negociar otro monto al preguntarle a la comerciante cuánto estaba dispuesta a pagar.

Una vez que trascendió el caso, el gobernador Quintela impulsó el juicio político contra Abate de Mazzucchelli. En ese sentido, la Legislatura provincial emitió un comunicado en el que solicita al Jurado de Enjuiciamiento iniciar el proceso en contra de la magistrada.

Renunció la jueza señalada

Luego del informe presentado por Telenoche, la jueza Abate de Mazzucchelli presentó la renuncia en su cargo como presidenta de la Cámara Cuarta en lo Civil, Comercial y de Minas de la Rioja. Además, se confirmó la suspensión como vicepresidenta primera de la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina.

Recientemente se publicó en medios provinciales y nacionales una foto en la que la vocal del STJ Susana Medina de Rizzo posa junto a Karina Milei y Martín Menem. Los títulos fueron sobre el supuesto apoyo de la hermana del presidente para que la magistrada entrerriana ocupe una de las vacantes de la Corte. Análisis pudo determinar que la imagen se tomó en los primeros días de diciembre en el Hotel Libertador, donde funcionaba el bunker libertario. Y detectó otra foto en el mismo escenario que despierta sospechas de una posible devolución de favores.

La imagen publicada en estos días muestra a la vocal del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Susana Medina, quien hasta el 31 de diciembre de 2023 presidió el alto cuerpo, posando junto a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

Es evidente que la foto sólo pudo salir del teléfono de la propia Medina. Ninguno de sus acompañantes, ni Menem ni Karina Milei (integrantes del gobierno que acababa de anunciar el envío de dos pliegos para cubrir las vacantes de la Corte), pudieron haber promocionado la publicación de la foto. 

Se trata de una imagen con un poder simbólico fuerte, en la que todos están sonrientes. Y para que nadie dude del sentido que se le quiso dar a la difusión, la misma fue acompañada con la afirmación de que Karina Milei, hermana presidencial, apoyaba a la jueza entrerriana para ser propuesta como integrante de la Corte Suprema de Justicia.  La propia Medina salió a desmentir al día siguiente que hubieran propuesto “formalmente” su nombre. También pretendió explicar el contexto de la foto: “El encuentro con Menem y Karina Milei fue para presentar nuestra asociación (en referencia a la Asociación de Mujeres Juezas, que preside), nuestra experiencia y trabajar juntos como lo hacemos con muchos organismos públicos y privados, nacionales y extranjeros”, consignó la agencia APF.

Para cualquier conocedor, es sencillo notar que la foto está sacada en el lobby del Hotel Libertador, ubicado en el barrio de Retiro en la ciudad de Buenos Aires. Es decir, en el bunker libertario que el presidente Javier Milei montó durante su campaña proselitista, en el que incluso pernoctó durante varias semanas.

No fueron muchos los entrerrianos que accedieron al lugar que Milei luego dejó para instalarse en la quinta de Olivos. Uno de ellos fue el intendente de Gualeguaychú, Mauricio Davico, que estuvo presente en los festejos de la victoria electoral en noviembre y también en los primeros días de diciembre, según se aprecia en sus redes sociales.

El 5 de diciembre, es decir a cinco días de que Milei asumiera la Presidencia de la Nación, Davico publicó una foto en el hall del Libertador, junto a Karina Milei y a Martín Menem. “Visitando a dos personas que quiero y confío mucho. Gracias por recibirme querida Karina y a mi hermano Martín Menem”, posteó el por entonces intendente electo de Gualeguaychú.

Un vistazo rápido de la foto de Davico permite notar similitudes con la foto de Medina: fueron tomadas en el mismo lugar y el mismo día. Las dos están situadas en el lobby del Hotel Libertador, en ambas están Menem y Karina Milei y los dos están vestidos con la misma ropa. 

Siguiendo a través de los medios nacionales los movimientos de esos días de Martín Menen, es posible determinar que todo sucedió el sábado 2 de diciembre en el Hotel Libertador. El dirigente libertario riojano acudió al lugar para reunirse con el presidente electo.

Dijo Infobae: “El encuentro entre Milei y Menem empezó a las 15.30 en el búnker del líder de La Libertad Avanza. La hermana y principal asesora del jefe de Estado electo, Karina Milei, salió a recibir a Menem a la puerta y le dio un estrecho abrazo ante las cámaras de los medios que aguardaban, en una señal de bienvenida en público para mostrar sintonía. Ninguno hizo declaraciones a los periodistas que intentaron abordarlos, aunque Menem sugirió que hablaría a la salida. Estuvo dentro del edificio de Córdoba y Maipú durante casi tres horas, hasta las 18.20, cuando salió por la puerta giratoria de la esquina.

Las imágenes muestran a Karina Milei con el blazer amarillo y a Martín Menem con la camisa celeste y el pantalón oscuro que lucen en las fotos con Davico y Medina que, se deduce, estuvieron en el hotel en esa franja horaria.

“Esta llamativa coincidencia expresa algo preocupante”, advierten en los Tribunales entrerrianos. “Más allá de si Susana Medina fue a presentarse como presidenta de la Asociación de Mujeres Juezas frente a los futuros funcionarios nacionales, lo alarmante es que la coincidencia en tiempo y espacio con Davico genera la sospecha de un pago de favores”, acotan.

La alusión es al fallo de octubre de 2023 que, con el voto de Medina, permitió oficializar la candidatura de Davico. El dirigente era por entonces intendente de la localidad de Pueblo Belgrano por segundo mandato consecutivo y enfrentaba impugnaciones por pretender una re relección en otro distrito y por el conflicto de domicilio. Incluso el procurador Jorge García había dictaminado que no estaba habilitado a ser candidato.

La obsesión de Susana Medina por acceder a la Corte es de larga data y en ámbitos judiciales alcanza para explicar el interés de la magistrada por conocer tan tempranamente a los futuros funcionarios del riñón presidencial. Los interrogantes que se hacen al otro lado de Plaza Mansilla tienen más que ver con cómo accedió a la reunión. Las fotos habilitan al menos a sospechar un quid pro quo.

Fuente: Análisis digital

Por Daniel EnzA pocos sorprendieron en el ambiente judicial y político los movimientos casi desesperados de la vocal Susana Medina de Rizzo por lograr un lugar en la Corte Suprema de Justicia de Javier Milei. En realidad, ese puesto viene siendo casi una obsesión para la magistrada, desde hace ya varios años y por lo cual, en los últimos tiempos, la vocal del Superior Tribunal de Justicia ha sido lo más parecido a una mujer itinerante en su cargo. Su ocupación pasó más por mostrarse en diferentes lugares del país, como así también en el exterior, presidiendo la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina (AMJA) y, de esa manera, lograr un posicionamiento político nacional. Su rol en el alto cuerpo entrerriano pasó a ser intrascendente y siempre delegado a sus colaboradores más cercanos.

Susana Medina de Rizzo nunca se destacó demasiado por la contundencia de sus resoluciones, ya sea como fiscal o jueza de Instrucción, pero siempre fue una buena operadora judicial, dispuesta a ir generando contactos en diferentes gobiernos, ya sea en la provincia como en la Nación. Medina logró insertarse en la entidad, precisamente por su amistad con la exministra de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Carmen Argibay, ya fallecida. Y ella siempre entendió que era su “sucesora”, aunque estaba claro que nadie nunca se lo creyó ni lo interpretó de esa manera, precisamente por las limitaciones de la jueza paranaense.

Hija de un suboficial retirado del Ejército, comenzó la Facultad de Derecho en 1973, en la UNL de Santa Fe y terminó cinco años después, en plena dictadura. Cuando se recibió tenía 23 años y decidió capacitarse en Capital Federal. Durante casi cinco años trabajó junto al reconocido criminólogo Elías Neumann. Llegó en el momento justo al estudio del letrado: Martín Irurzun había sido nombrado secretario del Juzgado de Instrucción número 5 de Capital Federal y dejó un lugar libre, que ocupó Medina. Apenas retornó a Paraná, a fines de 1983, fue designada abogada de la delegación local de la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (ATSA). El dirigente Omar Duerto era, en esos días, delegado de la obra social y jugaba al fútbol en Atlético Paraná, el club donde el esposo de la abogada, el médico militar Ricardo Rizzo, era directivo. A su vez, durante unos pocos meses, Susana Medina colaboró en el estudio notarial-jurídico de la familia radical Rodríguez Vagaría. No obstante, cuando apareció la Ucedé, de la mano del capitán ingeniero Álvaro Alsogaray, Susana Medina no dudó en transformarse en dirigente de esa agrupación, precisamente por su posición y formación de derecha. Era ella quien gestionaba notas en los medios y hasta llevaba las gacetillas de prensa a los periodistas. Medina de Rizzo era además una seguidora del exobispo castrense y arzobispo de Paraná, monseñor Adolfo Tortolo, y una fiel representante del Opus Dei en la capital provincial. De hecho, cada vez que uno ingresaba en su despacho, la primera fotografía encuadrada que se encontraba en la pared era la de José María Escrivá de Balaguer, fundador del Opus Dei. Medina de Rizzo siempre se mostró cercana a monseñor Estanislao Esteban Karlic y lo propio hizo con los obispos que lo fueron sucediendo, como Mario Maulión o el actual Juan Alberto Puiggari.

Aceptó una suplencia en la Defensoría de Pobres y Menores y también fue nombrada docente de la Escuela de Oficiales de la Policía de Entre Ríos, donde permaneció hasta 1992. Renunció el día en que dictó el procesamiento del entonces titular de la fuerza, el inspector general (R) Eloy Fernando Heinze, quien se desempeñó como primer jefe de la gestión de Mario Moine. Siempre quedó claro que el procesamiento había sido una clara orden del bustismo -a quien respondía la jueza en esos tiempos- para afectarlo a Moine, quien había asumido el 10 de diciembre de 1991. Un tiempo antes, en mayo de 1989 fue requerida por el fiscal de Estado, Raúl Barrandeguy. Se conocían desde la época de la Facultad. Le ofreció el cargo de agente fiscal y el 3 de julio de ese año asumió en la función. Luego ascendió a jueza, antes de la finalización del mandato de Busti. Fue el 19 de julio de 1991.

El caso de las 27.300 cajas alimentos (que se pagaron desde el Estado entrerriano, pero nunca se recibieron, al igual que otras partidas similares, en tiempos del primer gobierno de Jorge Busti) estaba en el Juzgado de Susana Medina de Rizzo. Los diputados implicados en el affaire quedaron preocupados con el tenor de las preguntas que les fueron haciendo en Tribunales, a aquellos que habían terminado el mandato y no disponían de fueros. Del otro lado del escritorio, a la hora de las preguntas, siempre estuvo la misma empleada judicial: Mónica Zunilda Torres, exsubsecretaria de Derechos Humanos de Busti, quien había retornado a su lugar de trabajo en la Justicia tras su paso por la función pública y había sido solicitada especialmente por Susana Medina para trabajar con ella. Por esos días nadie del peronismo quería hablar de su pasado de informante reservado del Batallón 601 -en tiempos de la última dictadura- y menos reconocerlo. Pocos le perdonaron ese error a Busti y en especial a Hernán Orduna, que fue quien la hizo nombrar al frente del área de Derechos Humanos de la provincia. Su rol de espionaje fue determinante en los días previos al secuestro y asesinato de los dirigentes peronistas Osvaldo Cambiasso y Eduardo Pereyra Rossi, tras su paso por Paraná, en mayo de 1983, ante de que fueran ejecutados poco después, en proximidades de Rosario. En 2011 se pudo comprobar oficialmente que Mónica Torres fue personal civil de Inteligencia, dependiendo del Ejército Argentino, entre 1976 y 1983. Medina nunca dijo una palabra al respecto. Tampoco habló jamás de la acusación a su marido ante la Justicia Federal, de parte de soldados del Ejército Argentino, dependientes del Hospital Militar de Paraná, cuando recibía, junto a otros profesionales, a detenidos políticos acribillados o asesinados por la dictadura, a partir de marzo de 1976, en el mencionado nosocomio. Pero bien que se encargó de que jamás existiera imputación alguna en la justicia contra el médico militar Rizzo.

Medina de Rizzo siempre fue una particular e insistente operadora política desde el Superior Tribunal de Justicia. Era capaz de llamar 50 veces en una semana a un gobernador, para lograr un cargo de fiscal o jueza y repetir lo mismo para ser vocal del Superior Tribunal de Justicia, como lo hizo con Jorge Busti en su último mandato. Casualidad o no, Medina casi siempre fue ascendida después del archivo de alguna sonada causa, que rozaba al poder político. Sucedió con el caso de las 27.300 cajas de alimentos o con la “no investigación” de la causa por el enriquecimiento ilícito del exministro de Economía, Eduardo Macri, a quien en 1996 denunció la revista Análisis por sus cuentas en Uruguay y Suiza, países donde movió cerca de 2 millones de dólares. Pero Medina nunca avanzó y el caso terminó archivado después de su ascenso a vocal del STJ.

Medina de Rizzo espera ahora la bendición de Javier Milei. Siente que está preparada para llegar a la Corte Suprema, aunque muchos, quizás demasiados, consideren que todo está en el imaginario de la jueza. Quizás no sepan de sus reuniones en Buenos Aires con encumbrados empresarios, miembros de la Iglesia, gobernadores, el Congreso de la Nación, funcionarios de la Casa Rosada o de su intensa recorrida por las más importantes embajadas extranjeras con sede en el país, pidiendo a todos la bendición. Quizás desconozcan que, en realidad, es lo único que le interesa en la vida. Pasó a ser su única obsesión, por más que algunos no quieran reconocerlo.

Fuente: Análisis

El caso del expresidente municipal de Gilbert se transformó en un caso paradigmático para aquellas personas que deseen observar cómo reacciona el poder cuando se lo cuestiona en su legitimidad de ejercicio.

Nadie pensó que la denuncia de una mujer de esa localidad luego se transformaría en tres acusaciones concretas de abuso sexual agravado por parte de quien se consideraba el “Rey de Gilbert”. 

Menos aún, a nadie se le hubiera ocurrido que, durante casi todo el recorrido judicial hasta la primera sentencia condenatoria, se tuviera que soportar persecuciones y seguimientos del personal de tránsito de aquella ciudad, hostigamiento a las víctimas y sus familiares, el desplazamiento del “distraído comisario” que, en vez de custodiar a las denunciantes, resultó adjudicatario del bufete de la terminal por el mismo Constantino; y menos aún que una persona de la Policía se hiciera pasar por el secretario del viceintendente en ejercicio y se presentaba de esa manera a periodistas para sacarles información. Tal fue la presión sufrida que una de esas mujeres tuvo que mudarse de Gilbert y trasladar a su hijo a Buenos Aires. 

Eso sin dejar de anotar que, en el transcurrir del proceso, se recusaron jueces de garantías y miembros del Ministerio Público Fiscal, hasta que producto de la propia que lo llevó a creerse (dado que se creía rey y, además, sexy) que los dispositivos legales son sólo una “opinión”, violó groseramente una medida perimetral dictada por el Juez de Garantías interviniente y como consecuencia se le dictó la prisión preventiva en su modalidad domiciliaria. 

No es en vano resaltar que sin el apoyo durante todo este proceso de múltiples movimientos destinados a la protección de la mujer, como por ejemplo el de Claudia Fiorotto de “las Juanitas”, diputadas comprometidas con las cuestiones de género como Mariana Farfán y la Red de Concejales Mujeres, integrada por las entonces ediles Selva Chesini y Andrea Noguera promovieron constante y fervientemente la cuestión, junto con el Instituto de la Mujer del Colegio de Abogados de la provincia y periodistas mujeres que no dejaron de amplificar lo que se quería ocultar.

Toda esa suma de esfuerzos, llevó el caso a los medios nacionales de comunicación, aumentando más el interés y haciendo que el mismo Gustavo Bordet, gobernador en ejercicio en aquel entonces, se viera presionado a pedir una sesión extraordinaria en el Senado para solicitar la Intervención de la localidad, logrando por fin que Constantino pidiera licencia con goce de haberes.

Finalmente, en el juicio declararon no sólo las tres víctimas, sino que además se agregó una persona ya mayor de edad que afirmó que cuando tenía 8 años sufrió hechos similares a los denunciados, a los que se sumaron la opinión de al menos cuatro psicólogos y un psiquiatra que ratificaron el trauma vivido por las víctimas. 

Los votos del tribunal de Juicio y Apelaciones de Gualeguaychú, Integrado por los doctores Dumon, Derudi y Vivian, fueron coincidentes en resolver y condenar a Fabian Constantino a catorce años y seis meses de cumplimiento efectivo. 

En igual sentido se expidió la Cámara de Casación de la ciudad de Concordia integrada por los doctores Giorgio, Perroud y Bruzzo, ratificando en un todo las consideraciones del tribunal de Gualeguaychú.

Finalmente, el pasado miércoles 28 de febrero se expuso la causa ante la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia de la provincia los motivos por los que estamos persuadidos Constantino son merecedor de castigo. 

Para todas las personas que intervenimos y otras a quienes no nombro que también han contribuido de manera profunda y son los héroes y heroínas anónimas del “caso Constantino” es todo un acontecimiento que hoy por hoy esta causa haya llegado a la Sala Penal de nuestro Superior Tribunal, quiero decirles que todas ellas estuvieron en mi pensamiento cuando formulé el alegato final pidiendo la condena efectiva de Constantino. De confirmarse las sentencias anteriores sería todo un “hito” en la historia de la lucha por la libertad e integridad sexual de las mujeres entrerrianas.

Es justo considerarlo así porque se demostró que, por primera vez en la historia de la provincia, se encarceló y se está Juzgando a un Intendente en ejercicio, sino que además quedó evidenciado que hay mucho camino por transitar, y que, si bien la fuerza normativa que repele este tipo de acciones todavía no ha permeado lo suficiente, este caso será el que abra un surco donde vendrán más conflictos aún, que nos permitirán entender el rol que ocupa la mujer en nuestra sociedad y los protocolos que se deben cumplir ante la sola posibilidad de un caso de abuso como estos.

El médico traumatólogo Ricardo Rizzo, esposo de la hasta diciembre pasado presidenta del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Susana Medina, volvió a sufrir un revés en su pretensión por obtener una mejora en sus ingresos. Ahora, y a través del decreto Nº 4.307, del 7 de noviembre de 2023 y publicado este viernes 9 en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo rechazó un reclamo administrativo planteado por el profesional y exintegrante de la Comisión Fiscalizadora del Instituto Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (Iosper) -ya jubilado- que buscó el cobro de un adicional por antigüedad instituido en 2014.

Rizzo había reclamado que le abone el adicional por antigüedad instrumentado a través del decreto Nº 1.053 del año 2014, que dispone la liquidación de una bonificación remunerativa en concepto de antigüedad en la Administración Pública a las autoridades superiores y al personal superior fuera de escalafón. Como integrante de la primera Comisión Fiscalizadora de Iosper, creada en 2006, Rizzo pidió que ese adicional también le sea liquidado. Los integrantes de la Fiscalizadora perciben una remuneración equivalente a la de Fiscal de Cuentas del Tribunal de Cuentas de la Provincia, publicó Entre Ríos Ahora.

El decreto N° 3.36, del año 2006, a través del cual se designó a Rizzo en la Comisión Fiscalizadora de Iosper «dejó expresamente establecido que la remuneración de los integrantes de la Comisión (…) comprenderá exclusivamente la asignación básica, sin derecho a percibir remuneración adicional por antigüedad de otro tipo», dice el decreto que firmó al final de su gestión el exgobernador Gustavo Bordet.

Y agrega que «tanto la norma de creación de la Comisión Fiscalizadora como el decreto de designación de sus integrantes, constituyen sustento legal suficiente a los efectos de liquidar los haberes del peticionante». Y recuerda que Rizzo «revistaba como personal de planta permanente de la Administración Pública Central, con derecho a una retribución equivalente a la de Fiscal de Cuentas del Tribunal de Cuentas y sin derecho a percibir remuneración adicional en concepto de antigüedad».

En ese marco, y «ante la claridad del texto de las normas mencionadas que no ofrecen dudas al momento de su interpretación, resulta pertinente rechazar el formal reclamo administrativo interpuesto» por Rizzo, dice el decreto de 2023.

La llegada de Rizzo a Iosper

La Ley 9.715, aprobada a mediados del mes de julio de 2006 por la Legislatura creó las figuras de la Comisión Fiscalizadora Permanente y el Gerente General.

La ley fue publicada el miércoles 21 julio de ese año en el Boletín Oficial. La primera fiscalizadora la integraron el médico Ricardo Rizzo, esposo de la vocal del Superior Tribunal de Justicia (STJ) Susana Medina, ahora jubilado; la contadora Graciela Traverso, exsecretaria de Salud, y el abogado Ernesto Denis. Y la primera Gerente General, cargo que después fue opacado, Silvia Negrete.

El texto de la ley 9.715 reformó así la Ley 5.480, de creación de la obra social, e incorporó el artículo 8 bis en el que consigna que “el presidente será asistido por un gerente general, designado por el Poder Ejecutivo, el que se desempeñará en el cargo hasta tanto sea removido por la autoridad que lo designó”.

Fuente: Análisis

Portela confesó: “Me da vergüenza el desprestigio que tiene frente a la comunidad. Entiendo de que, en parte, es ganado. Pero en parte es injusto porque la Justicia entrerriana funciona bien”.Luego, observó: “Los medios de comunicación nacionales han impuesto que «La Justicia» es Comodoro Py. Y la Justicia está lejos de serlo. Comodoro Py son 12 jueces penales y en el Poder Judicial en todo el país hay casi 18 mil jueces que se levantan todos los días y trabajan mucho y bien. No somos Comodoro Py. Estamos lejos de serlo. Prestamos el mejor servicio de justicia que podemos. No es el ideal. Lo tenemos clarísimo. Nos faltan medios, tiempo, estructura y recursos humanos”.La relación intrapoderOtro gesto que pretende dar ante la sociedad es dejar atrás las tensiones entre el STJ y el Ministerio Público Fiscal. Entre el máximo Tribunal, particularmente la Sala Penal, y el Procurador General Jorge García hubo mucha tensión y chisporroteos, particularmente después de que la ex procuradora adjunta Cecilia Goyeneche fuera removida de su cargo por mal desempeño de sus funciones.“No lo voy a ocultar. No tenemos que ocultar nada. Hubo ciertas desavenencias con el Procurador General. La intención que tenemos es la de recomponer los vínculos a la brevedad. No tenemos ningún problema en restablecerlos y tener una relación seria, responsable e institucional. No hay ninguna obligación de ser amigos. Ni con García ni con (el titular del Ministerio de la Defensa, Maximiliano) Benítez. Pero sí la de ser serios y trabajar en común para lograr el mejor servicio de justicia posible”.“Hablo por todos los integrantes del STJ. A nadie le gusta tener una pelea sostenida en el tiempo de manera institucional. Más allá de yo quiera o no a una persona, tenemos una obligación que cumplir”, agregó Portela.Luego resaltó que el deseo del STJ es dar por terminada la grieta que se había formado entre ambos estamentos de la Justicia. “Después puede haber discusiones en algún asunto puntual. Sería infantil pretender que no existan. Todos tenemos intereses distintos, frente a la vida y a cuestiones que van surgiendo en la diaria. Sería arrogante pretender que todo el mundo piense como nosotros.“Estos días han sido una locura. No he tenido tiempo. Pero voy a comunicarme con García en cuanto pueda. Y con Benítez también”, remató.El encuentro con FrigerioLa primera actividad oficial que realizó tras asumir al frente del cuerpo fue cruzarse a Casa de Gobierno para recibir el saludo del Gobernador. En la charla institucional, se colaron temas relacionados con los futuros nombramientos en el STJ y el funcionamiento de la Justicia.“Le adelanté la salida (por jubilación) del Dr. (Martín) Carbonell. Y le dije que el Superior estaba a la espera de si él iba a tomar o no alguna decisión en lo inmediato, porque transcurridos 30 días desde la vacante sin designación, debemos nombrar a alguien en forma interina”, comentó.Luego, anticipó que la respuesta del Gobernador fue que llevaría adelante “un estudio, un sondeo” y que buscaría “consenso” respecto de los “nombres que pudiera haber que cumplan con el perfil que a él le interesa” y que está en consonancia con los postulados que dio en el discurso de asunción: renovación y ética, que son “ejes que a nosotros también nos interesan”, subrayó.Con respecto al reemplazo de Carbonell, confesó: “Somos conscientes de que no tenemos que tener pretensiones sobre lo que es la decisión soberana del Gobernador. Podemos llegar a opinar si nos pregunta”.CambiosEn los últimos meses de la gestión de Gustavo Bordet, el Superior remitió al Ejecutivo un texto con recomendaciones de reforma al Código Procesal Penal de la provincia. “Tenemos mucha expectativa de que ese (cambio al) Código se  sancione porque incorpora muchas modificaciones que se han visto necesarias a partir de la última reforma legislativa”, señaló.Con respecto a la posibilidad de que se retrotraigan cambios en la legislación del Consejo de la Magistratura, marcó: “Nos interesa participar. Nos parece buena lo que se implementó en la ley vigente que es que nos pidan antecedentes de quienes se candidatean. Muchas veces cuando se presenta un candidato, pone todas sus virtudes. Pero en el legajo personal tiene las ausencias, sanciones, pérdida de jurisdicción por retraso. Queremos que eso se sepa y se tome en cuenta”.Sin embargo, puso de relieve: “Los legisladores harán la ley que crean mejor. Después nos quedará la facultad de revisarla. No es fácil la relación entre poderes. Pero es el juego de la democracia. Y hay que jugarlo sin miedo”.La presidenciaSer presidente del Tribunal superior fue algo que se generó a partir de conversaciones “con algunos integrantes del cuerpo con la intención de dar una vuelta de rosca, tratar de mostrar que hay un cambio generacional y que se note. No porque estuviésemos disconformes con nada en especial, sino que sentíamos que esa era la intención, el interés del resto de la judicatura de la provincia”, consignó Portela.“No digo que lo que haya estado haya sido malo, si no que la idea es que haya cambios. Había en el aire una sensación de cambio de época. Y eso también arrastró al Poder Judicial”, sentenció.“En algunas cuestiones tenemos visiones similares y en otras distintas Todos los colegas son personas sensatas, prudentes y con todas hablo. Hoy (por el martes) tuvimos acuerdo y no hay disidencias en hacia dónde va el STJ”, remarcó.No hay plata“La realidad impone las condiciones con las que te tenés que manejar. Somos conscientes de que hay una crisis económica importante. Y de incertidumbre. Obviamente vamos a adaptar nuestra conducta a eso”, reflexionó en diálogo con esta Agencia.Al respecto, prosiguió: “Somos conscientes de que hay que ajustar. De hecho, en noviembre del año pasado suspendimos toda la obra nueva. De 48 nos quedamos con 16, que son las que están en la etapa final de concreción”.Además “estamos achicando un montón de gastos. Como cualquiera en su casa: cuando llega la crisis, se da cuenta de que puede achicar donde antes no se le ocurría. Estamos en esa gimnasia cotidianamente”, evaluó.Portela narró que en la charla con Frigerio acordó que la Justicia tendrá un “flujo de fondos constante” que le permita atender emergencias como cuando la tormenta en Villaguay causó destrozos en la sede de Tribunales.CasualidadesSu llegada al Superior Tribunal “fue de rebote”, confesó. “Yo estaba en la Cámara Civil. Por gente cercana al gobernador (por entonces, Gustavo Bordet) le hice llegar el interés de toda la judicatura de Gualeguaychú de que designen (en el STJ) a alguien de la ciudad. Tenía entendido que correspondía que se nombre a una mujer. Por eso intenté impulsar a dos colegas. Pero a la larga se terminó cambiando de eje la conversación y terminé siendo yo, sin haberlo pensado ni planeado”, comentó.“Quería que Gualeguaychú tuviera  representación en el Superior. No la tenía hacía 80 años ¿Por qué? Porque es una ciudad importante, es la tercera de la provincia y tiene mucho movimiento judicial, académico, cultural y político y genera mucho ingreso para Entre Ríos. Creo que es una ciudad que tiene que tener esa representación en uno de los poderes del Estado”, concluyó.

Fuente: APF

El pedido está dirigido al procurador general, Jorge García, quien deberá responder sobre “la existencia y el estado de una denuncia recibida en el Ministerio Público Fiscal referida al doctor Marcelo Baridón”, según hicieron saber a través del Servicio de Información y Comunicación.

El vocal de la Cámara en lo Contencioso Administrativo de Paraná fue denunciado de abuso sexual por su propio hijo, Agustín Baridón, quien recurrió a la Justicia y dio testimonio en sus redes sociales.

“La solicitud (a la Procuración) es presentada ante las noticias difundidas por los medios de comunicación desde el pasado viernes 1º de septiembre hasta la fecha”, dieron a conocer desde el alto cuerpo.

En el encuentro, que se desarrolló en el Salón de Acuerdos del STJ, se dialogó sobre el funcionamiento del Poder Judicial, su volumen de trabajo diario y se analizó el mapa laboral en los diferentes fueros.

Susana Medina afirmó que la reunión, de carácter institucional, permitió hacerle conocer a Frigerio diferentes temas en materia judicial y saber sus propuestas para la Justicia de Entre Ríos.

En la reunión, Frigerio garantizó su respeto y la defensa de la independencia del Poder Judicial y propuso, en caso de acceder al gobierno en las elecciones generales de octubre, "un diálogo permanente con todos los sectores. Una mesa Interinstitucional que nos permita alcanzar las soluciones", dijo.

Entre otros temas, también se conversó sobre el funcionamiento de los Juzgados de Familia; el acceso a Justicia; la seguridad ciudadana; la Fiscalía Anticorrupción y el Consejo de la Magistratura.

Y, sobre la necesidad de impedir el avance del narcotráfico en Argentina.

La medida fue adoptada a raíz del incidente público en el que el magistrado se vio involucrado días pasados con un grupo de menores que celebraba una fiesta de cumpleaños en una vivienda cercana a la suya, oportunidad en la que habría increpado violentamente a un joven por un supuesto daño a su vehículo, generándose un altercado con otras personas que estaban en el lugar.

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El pedido de informe se realizó en el marco de la reunión de Acuerdo celebrada el martes pasado en Gualeguaychú, durante la cual la presidenta del Alto Cuerpo, Susana Medina, enterada de lo sucedido, convocó con carácter urgente al magistrado, a quien requirió el informe que deberá presentar antes del próximo martes.

Del encuentro participaron la presidenta del STJ, Susana Medina; los y las vocales Daniel Carubia, Claudia Mizawak, Miguel Giorgio, Martín Carbonell, Gisela Schumacher, Leonardo Portela y Laura Soage.En la oportunidad, el STJ recibió a la presidenta de la Sala Civil y Comercial, Ana Clara Pauletti; a la presidenta del Tribunal de Juicios, Alicia Vivian; al presidente de la Sala Laboral, Fabián Arturo Ronconi, a las representantes de Asociación Judicial de Entre Ríos, Juana María del Pilar Toller y Victoria Funes y a las autoridades del Colegio de la Abogacía, Victoria Giménez y María Marta Simón.Las autoridades del STJ, también recorrieron las obras del nuevo edificio de Tribunales en Gualeguaychú y observaron el estado de avance de las mismas. Asimismo visitaron las instalaciones de la morgue judicial en la ciudad, oportunidad en que se interiorizaron sobre el trabajo que realizan los profesionales y de los inconvenientes que atraviesan debido a problemas en materia edilicia.Los Acuerdos en distintas jurisdicciones de la provincia se desarrollan a partir de su aprobación, dispuesta durante la reunión de Acuerdo General Nº 2/12, del 14 de febrero de 2012.Desde 2013 se vienen realizando en distintas jurisdicciones, con el objetivo de mantener contacto con la realidad judicial de toda la provincia.

Nuevos funcionarios judicialesAsimismo,  se realizó el acto de juramento y toma de posesión del cargo de los vocales titulares de la Sala I de la Cámara Civil y Comercial de Gualeguaychú, Mariano Morahan y Marcelo José Arnolfi.Ambos funcionarios  fueron nombrados por el Poder Ejecutivo provincial, mediante los decretos N° 1.798 y 1.799, respectivamente, y con acuerdo de la Cámara de Senadores, luego de efectuado el correspondiente concurso a través del Consejo de la Magistratura, conforme el mecanismo previsto por la Constitución de Entre Ríos.De la ceremonia de jura participaron la Presidente y demás vocales del STJ y otras autoridades e integrantes de la magistratura provincial en presencia de familiares, amigos y compañeros y compañeras de trabajo. 

El Superior Tribunal de Justicia (STJ) remitió el jueves a la Cámara de Senadores de la provincia tres proyectos de ley: uno, para la creación de cuatro Juzgados de Familia y Penal de Niños, Niñas y Adolescentes en las jurisdicciones de Concordia, Gualeguaychú, Paraná y Concepción del Uruguay; otro para un nuevo Juzgado de Garantías en Concordia; y el restante para crear tres Juzgados de Familia Especializados en Violencia de Género, dos con asiento en Paraná y otro en Concordia.

El alto cuerpo informó que cumplió con lo dispuesto en el punto 2º) del Acuerdo General Nº 13/23, celebrado el 30 de mayo pasado. Fue así que presentó la propuesta para la creación de cuatro Juzgados de Familia y Penal de Niños, Niñas y Adolescentes en Concordia, Gualeguaychú, Paraná y Concepción del Uruguay, en base al aumento sostenido del trabajo de los Juzgados de Familia, consecuencia de la ampliación de competencias dispuesta a través de la Ley Procesal de Familia. "Eso hace que se encuentren desbordados de causas sensibles y que requieren una respuesta jurisdiccional con más celeridad y calidad", afirmaron desde el STJ.

En ese sentido indicaron que durante el período febrero-diciembre de 2022 se iniciaron en los tres Juzgados de Familia de Concordia 3.039 causas (en promedio, 276 por mes); en los dos Juzgados de Gualeguaychú 1.903 causas (173 por mes); en los cuatro de Paraná, 6.699 causas (609 por mes); y en los dos Juzgados de Concepción del Uruguay, 2.173 (197 por mes).

Asimismo, se destacaron que, del total de las causas iniciadas en las jurisdicciones, gran cantidad de ellas corresponden a denuncias y redenuncias de violencia familiar o contra la mujer; durante febrero-diciembre de 2022, en Concordia hubo 1.986, en Gualeguay 821, en Paraná 3.431 y en Concepción del Uruguay 986. Además, mencionaron el aumento demográfico en las cuatro jurisdicciones.

"La propuesta se funda en la imperiosa necesidad de fortalecer el tratamiento de la familia y especialmente la atención de los niños, niñas y adolescentes", señalaron dese el STJ..

Violencia de Género

En los fundamentos del último proyecto, el STJ sostuvo que el volumen de causas de violencia que se tramitan en la provincia es considerable, principalmente en el fuero de Familia, con un alto impacto en la cantidad de expedientes que se tramitan. Según el Registro Judicial de Causas y Antecedentes de Violencia (Rejucav), en 2022 se recibieron casi 12.000 denuncias y redenuncias. Las jurisdicciones de Paraná (3.431 denuncias y redenuncias en 2022), Concordia (1.986 en 2022), Uruguay (994 en 2022), Gualeguaychú (821 en 2022) y Victoria (805 en 2022), son las que cuentan con mayores índices.

De los índices del Rejucav se desprende que el aumento exponencial de las causas en el sistema de Justicia se manifiesta en la sobresaturación del fuero de Familia, que además de los procesos de violencia, debe atender otras problemáticas que también requieren de una respuesta pronta y eficaz.

Durante 2022, en los Juzgados de Familia de Paraná se recepcionaron 3.431 denuncias de violencia (inicios de expedientes y redenuncias), el doble que en 2021. A eso se suman 4.422 demandas en otros procesos, en tanto que las denuncias de violencia representaron el 44% de los procesos tramitados en dichos Juzgados. Eso implica la atención de 285 causas de violencias al mes y 14 por día.

En los Juzgados de Familia de Concordia, durante 2022, se recepcionaron 1.986 denuncias de violencia (inicios de expedientes y redenuncias), sumadas a otras 1.961 demandas en otros procesos. Las denuncias de violencia representaron el 50,3% de los procesos tramitados en dichos Juzgados, implicando la atención de 165,5 causas de violencia al mes y 8,2 por día.

El STJ sostuvo que, del análisis de la estadística comparada con las demás jurisdicciones, es prioritario comenzar con implementación en Paraná y en Concordia.

Susana Medina estuvo acompañada por la vicegobernadora María Laura Stratta: el vicepresidente del STJER, Daniel Carubia; y los y las vocales Germán Carlomagno, Claudia Mizawak, Miguel Ángel Giorgio, Martín Carbonell y Gisela Schumacher.

Leonardo Portela, que venía desempeñándose en el cargo de manera transitoria, fue designado con acuerdo del Senado y a través del decreto 863/23, emitido el 13 de abril pasado por el Ministerio de Gobierno y Justicia (MGJ) de la provincia. El juez de Gualeguaychú juró “por la Patria”, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo para el que fue designado.

El nombramiento de Laura Soage, que también contó con acuerdo del Senado, fue mediante el decreto 864/23 MGJ, del 13 de abril último. La magistrada, que ejercía la Presidencia de la Cámara de Apelaciones de Concordia, juró “por Dios y la Patria” desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo para el que fue designada.

Luego de las respectivas juras y de la firma del acta, la presidenta Susana Medina invitó a al vocal Leonardo Portela y a la vocal Laura Soage a ocupar sus lugares en el estrado. “Se trata de jueces con una impecable trayectoria y buenas personas”, señaló. Además la presidenta del STJER felicitó a sus familias “porque nadie llega a estos lugares sin ese apoyo”.

Estuvieron el ex vocal Juan Ramón Smaldone; el ministro de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, Rafael Gutiérrez; el defensor general de la provincia, Maximiliano Benítez; la presidenta de al Cámara Federal de Apelaciones de Paraná, Beatriz Aranguren; la procurada adjunta Mónica Carmona; el presidente de la Cámara de Diputados, Ángel Giano; la ministra de Gobierno y Justicia, Rosario Romero; el fiscal de Estado de la provincia, Julio Rodríguez Signes; el intendente de Paraná, Adán Bahl; autoridades del Consejo de la Magistratura; de la Brigada Blindada; de la Policía de Entre Ríos; de la Subprefectura Naval Argentina; del Colegio de la Abogacía de Entre Ríos; de la Caja Forense de Entre Ríos; integrantes de los poderes Ejecutivo provincial y municipal; legisladores, miembros del Poder Judicial de la Nación y de la provincia; directivos de la Asociación de la Magistratura y la Función Judicial de Entre Ríos;  de Colegios y Asociaciones Profesionales; y empleadas y empleados judiciales. 

"Tengo tres hijos, soy divorciado, trabajé en el ámbito privado y eso creo me permitió incorporar un enfoque distinto, y tener empatía con sectores que no pertenecen al ámbito público. Mi padre era médico y ejerció en La Plata y por eso nací ahí, pero desde chico me fui a vivir con mi familia a Gualeguaychú”, dijo al iniciar la audiencia ante la Comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos del Senado.

Al recinto asistió buena parte del STJ. Portela expresó ideas sobre el funcionamiento del Poder Judicial en Entre Ríos, en relación a otros poderes judiciales provinciales, reconoció el descrédito social sobre la imagen pública del Poder Judicial y diferenció el concepto mediático y social de “la Justicia” respecto de “los doce jueces de Comodoro Py”. Aseguró que los jueces del fuero de Familia están “desbordados” y que están trabajando en condiciones “inhumanas”. “De mañana llevan adelante cinco o seis audiencias y de tarde dictan sentencias, entre otras tareas. En los pueblos más chicos las personas saben que los jueces de familia van sábados y domingos a trabajar”, manifestó.

“Tuve la suerte de conocer otros poderes judiciales. El Poder Judicial de Entre Ríos es una isla, un paraíso. Se trabaja muchísimo, se trabaja bien. He visto en el STJ una cantidad de trabajo impresionante. Uno no imagina tanto volumen de trabajo. Hay que diferenciar la carga del gobierno judicial y la parte jurisdiccional del trabajo”, marcó y reafirmó: “Creo que el Poder Judicial de Entre Ríos funciona muy bien, siempre se está en necesidad, eso es algo inevitable. Pero la administración pública nos responde muy bien en cuanto a pedidos y planteos, no todos los problemas se solucionan con dinero”.

El fuero de Familia, desbordado

Así lo subrayó Portela. “El fuero de familia está desbordado por cuestiones de familia, por cuestiones de salud mental, de consumo”, dijo, en referencia a problemáticas sociales frecuentes.

Refirió a un proyecto de “apoyo para deslindar lo administrativo de lo jurisdiccional”. “Los jueces de Familia tienen cinco o seis audiencias por la mañana y de tarde dictan sentencias, más otras cuestiones. Habría que lograr (no lo plantee a los colegas porque soy interino), deslindar en el STJ lo que es administración de la cuestión jurisdiccional también”, consideró.

“Me preocupa mucho el descrédito del Poder Judicial”

“Una de las cosas que me motiva a trabajar es el descrédito del Poder Judicial, es mi mayor preocupación. Cada dos o tres meses se presentan encuestas sobre la imagen y siempre está el Poder Judicial a la cabeza, por lejos. Eso me preocupa mucho. Quiero modificar eso, involucrarme con gente que esté en la misma sintonía que yo. Quiero que la gente vea que se trabaja mucho y bien. No somos Suiza, pero hacemos lo que podemos con lo que tenemos. Y el Poder Judicial de Entre Ríos es de lo mejorcito que tenemos en el país. Hay provincias que son desoladas en el tema justicia, esa confianza que tiene el ciudadano entrerriano depositada en la justicia, es un capital que no podemos desperdiciar”, opinó.

“Otro aspecto es que veo con tristeza es la idea de la Justicia, se engloba todo bajo el concepto de Justicia y no es lo mismo que Comodoro Py. Hay 17 mil jueces en todo el país. Lo que causa tristeza es ver cómo se habla de la Justicia como si todo fuera Comodoro Py que son sólo doce jueces”, diferenció.

“Entre Ríos es un ejemplo porque no hay pueblito donde no haya servicio de Justicia. En Las Cuevas ahora están pidiendo un Juzgado de Paz y lo estamos viendo, es una cuestión que se analiza. Me causa tristeza ver eso porque soy consciente de que hay gente que se levanta todos los días a tratar y hacer lo mejor posible. Entre Ríos está cerca de ser un ejemplo en el concierto de poderes judiciales del país”, subrayó.

“Al momento de dictar sentencia, se hace un cuello de botella”

Portela respondió una consulta del senador Armando Gay (Frente Creer – Concordia) sobre la oralidad en el fuero de familia. “La oralidad es un sistema virtuoso, es el juicio por audiencia. Se reciben declaraciones de testigos, se reciben pericias, las partes alegan y el juez puede dictar sentencias sencillas, sin muchas citas, lo puede hacer de forma oral pero tiene un plazo de diez días y, al momento de dictar sentencia, se hace un cuello de botella muy grande en el cargo de juez”, describió.

“Esa crítica que hice en 2018 se palpa hoy en día. El juez de Familia está toda la mañana tomando audiencia y de tarde dicta sentencia. No es raro ver a los jueces de Familia trabajando los sábados y domingos, es inhumano ver hoy a los jueces de Familia trabajando. No estoy en contra de la oralidad pero debe venir soportada por más infraestructura, más jueces”, remarcó. “Esa es mi opinión de la oralidad, no estoy en contra”, acotó.

También refirió a la a virtualidad y dijo que “ayudó mucho”. “La veo con buenos ojos porque favoreció la profesión. Antes todos los abogados debían ir a las oficinas a presentar escritos ahora se envía de modo virtual y hasta las audiencias son virtuales. El sistema es bueno, falta infraestructura”, subrayó.

Consejo de la Magistratura

Opinó favorablemente sobre las reformas en el Consejo de la Magistratura. “Creo que las universidades públicas tienen que ser locales. Además la cuestión de género es muy buena, la paridad y que se tengan en cuenta las tareas domésticas y de cuidado que hacen las mujeres. También el banco de casos es muy interesante y va a transparentar ciertas cuestiones. Nos está costando armar el banco de casos. Pero bueno, se hará”.

“Fui primero en el Concurso 251 del Consejo de la Magistratura. No llegué a ocupar el cargo porque me llamaron por la jubilación del querido doctor Juan Ramón Smaldone. El Consejo de la Magistratura es una joyita que debemos cuidar. Las reformas están bien y si hay que corregirlas, se corregirán”, cerró.

El Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, resolvió hoy por mayoría establecer que no existe nulidad y rechazar el recurso de apelación interpuesto por el Gobierno provincial contra la resolución del 30 de enero pasado que ordenó la suspensión de nuevas habilitaciones para la extracción de arenas silíceas en el Delta hasta tanto se cuente con los resultados del Estudio de Impacto Ambiental.

La medida es en el marco del legajo “Fundación Cauce: Cultura Ambiental-Causa Ecologista y otro c/Gobierno de la Provincia de Entre Ríos y otros s/ Acción de amparo (ambiental)”.De esta manera se ratificó la resolución del juez de Feria, Hugo González Elias que ordena al Estado provincial suspender toda tramitación administrativa que tenga por finalidad obtener una autorización de emprendimientos de canteras y/o plantas de lavado de arenas silíceas en el Delta entrerriano, al hacer lugar a la medida de prohibición de innovar solicitada por la Fundación Cauce: Cultura Ambiental-Causa Ecologista.

Durante más de 20 minutos, Medina repasó datos estadísticos de las distintas áreas del Poder Judicial, destacando que con la generación de nuevos juzgados de Paz habrá uno cada 60 km en la provincia, que durante el año pasado se realizaron 23 juicios por jurados, que el STJ se convocó en muchas ciudades de Entre Ríos y que recorrió 14 mil km y que la Justicia presentó al Ejecutivo tres proyectos de ley: las reformas de los códigos de procedimiento en lo penal y laboral y el esquema de equiparación salarial.

En cuanto a obras, señaló que hubo un “importante acompañamiento” del gobernador Gustavo Bordet y de su gabinete, que habilitaron fondos extras para atender las necesidades de infraestructura y funcionamiento de distintos juzgados.

“Vamos a profundizar las relaciones institucionales para profundizar el acceso a la Justicia de toda la ciudadanía, para que obtenga respuestas y no dejar a nadie atrás”, adelantó Medina.

El lugar en que queremos estar mañana “no es ni más ni menos que una sociedad libre de violencia, con igualdad, con equidad y sin estereotipos. Que sea una realidad eso que nos dice la Constitución: que todos somos iguales ante la ley”, definió.

Para lograr ese objetivo “trabajaremos de manera colaborativa, no confrontativa, construyendo redes que nos permita promover, consolidar y garantizar derechos. Es importante construir desde la moderación, la sensatez, el respeto y la prudencia, dejando los egos y los intereses personales o sectarios de lado”, sostuvo.

“La gente es la destinataria de nuestras resoluciones. El derecho de los demás es nuestro deber. Por eso queremos construir desde el diálogo y la interacción y contribuir al buen funcionamiento del Poder Judicial. Se trata de pasar de un círculo vicioso a un círculo virtuoso que beneficie a la gente. No olvidemos que nosotros también somos potenciales destinatarios de estar inmerso en un proceso judicial”, acotó, interpelando al funcionariado judicial presente.

Además, razonó que quienes ejercen el poder, como jueces y juezas, son “doblemente responsables: por nosotros y por los demás, sobre todo por los que menos tienen, por los más sufren, por los que quedaron atrás en la vida mientras nosotros seguíamos avanzando, por los más vulnerables, por aquellos que, a veces, no tienen más que su propia vida y la ponen en nuestras manos para resolver sobre sus más elementales derechos humanos”, dijo en un hilo de voz, quebrada por la emoción.

El público reaccionó a sus palabras con un fuerte aplauso que aprovechó para recuperarse. “Buenas leyes y buenos jueces. Esa es la combinación necesaria para lograr una judicatura de calidad”, resumió.

En esta “nueva judicatura con un rostro más humano” que Medina postula es central “un lenguaje claro que permita la lectura fácil. Las personas que llegan a los tribunales muchas veces no saben leer ni escribir. Y nosotros les hablamos con eufemismos, con altisonancias, con rimbombancia. Eso no tiene que ocurrir más”, reclamó.

Jueces y juezas deben hablar “con prudencia, buscar y encontrar la palabra justa. No solo es cuestión de decir desde el convencimiento personal sino desde la responsabilidad social”, abundó.

“Expliquemos a las personas las razones en las que se funda nuestra resolución con claridad. Les estamos quitando la casa, el trabajo y no entienden lo que les estamos diciendo en nuestras sentencias cada vez más extensas. Escribamos para expresar, no para impresionar”, cuestionó.

Además del gobernador Gustavo Bordet, estuvieron presentes en la apertura del año judicial la vice Laura Stratta; el intendente de Paraná, Adán Bahl; gran parte de la primera plana del gabinete provincial y las principales referencias judiciales de la vida judicial de toda la provincial

Sorprendió la ausencia del titular del Ministerio Público Fiscal, Jorge García, quien ha tenido una relación tirante con el STJ desde hace años. El Procurador envió una nota formal y fue representado por una de sus adjuntas, Mónica Carmona. Sí asistió Maximiliano Benítez, cabeza del Ministerio Público de la Defensa. (APF Digital)

La presentación se realizó en la Policía como denuncia penal porque se trató de hechos constitutivos de violencia, pero no hubo delito. Por lo que desde Fiscalía se le dio intervención al Juzgado de Garantías, a cargo de Ramón Arturo Lell, para que dicte medidas de tutela anticipada como prohibición de acercamiento y de actos molestos. Aunque desde ahí se dio intervención a la jueza civil y Comercial N°2, Silvia Vega.

Según la información brindada, se denunció un “hecho violento en su sustancia”: el reclamo a un colegio privado de La Paz porque el hijo no estaba entre los elegidos para la Bandera, realizado en términos que no corresponden. Las medidas que se pidieron son las habituales en este tipo de situaciones, coinciden con las medidas de protección que se tiene en el marco del Código Procesal Penal, pero el marco jurídico es otro porque tienen un sustento en la ley provincial de violencia de género.

Hace un año y medio aproximadamente, el vocal Castrillón protagonizó un vergonzoso episodio violento en un kiosco de La Paz, en las inmediaciones de su domicilio particular, por el que también fue denunciado. El local comercial tenía música alta y Castrillón pidió que la bajen. Ante la negativa todo se fue de las manos y los empleados del kiosco llamaron a la Policía.

Por el episodio se abrió una investigación penal que terminó en una conciliación entre las partes. Como no se aplicó una medida alternativa al proceso como una suspensión de juicio a prueba, pese a la postura del Ministerio Público Fiscal (MPF), el hecho no puede tenerse en cuenta como antecedente.

Un año antes de lo ocurrido en el kiosco de La Paz, Castrillón fue denunciado por la actual presidenta del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Susana Medina de Rizzo, también por actos de violencia. La jueza hizo la presentación formal tras un cruce por un grupo de WahtsApp del que participaban todos los vocales y donde se delineaban políticas de trabajo durante la pandemia. El proceso cerró con un pedido de disculpas públicas por parte del paceño.

No fueron los únicos actos de violencia que se conocieron públicamente y que involucraron a Castrillón. De hecho, en la Legislatura de la provincia hasta hubo un pedido de juicio político que no llegó a tratarse porque el vocal se jubiló.

Fuente: Análisis Digital

Con las jubilaciones de Bernardo Salduna y Juan Ramón Smaldone, el gobernador eleva los pliegos de una jueza y un juez respetando la ley de Paridad Integral. 

En una nota dirigida a la vicegobernadora Laura Stratta, presidenta de la Cámara Alta, y por su intermedio a los senadores provinciales, Bordet solicita que “presten acuerdo para el nombramiento de ambos profesionales como jueces vocales del Superior Tribunal de Justicia”. A la presentación se adjuntan los antecedentes académicos y profesionales de la magistrada propuesta.

Laura Soage es oriunda de Concepción del Uruguay, tiene una larga trayectoria en derecho laboral y procesal, y perspectiva de género con numerosas publicaciones académicas sobre las temáticas, además de ser vicepresidenta de la Asociación de la Magistratura y de la función judicial.

Por su parte, Leonardo Portela, oriundo de Gualeguaychú, se ha especializado en derecho civil y comercial e integra la Asociación Argentina de derecho procesal, de la Asociación Argentina de derecho constitucional. 

Portela desarrolló sus estudios primarios en la Escuela N° 1 “Guillermo Rawson”, los secundarios en el colegio Nacional Luis Clavarino, y universitarios en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UBA. 

Trabajó en el rubro de seguros en el sector privado y en entidades bancarias, se desempeñó como secretario del Honorable Concejo Deliberante, de la Junta Electoral del distrito; y de la Junta de Admisión, Calificación y Disciplina de la Municipalidad de Gualeguaychú. 

También ejerció como secretario del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Nº 2 de esa ciudad, titularizando el cargo por concurso, como juez a cargo del despacho del Juzgado Civil y Comercial Nº 3 de Concepción del Uruguay. 

Desde julio de 2015 a octubre de 2018 se desempeñó como juez a cargo del despacho del Juzgado Civil y Comercial N° 3 de Gualeguaychú, en tanto que desde noviembre de 2018 a mayo de 2019 fue juez titular del Juzgado Civil y Comercial N° 3 de Gualeguaychú al haber ganado el concurso N° 194. Desde mayo de 2019 hasta agosto de 2022 fue vocal a cargo del despacho de la sala civil de la Cámara de Apelaciones de Gualeguaychú.  Desde agosto de 2022 a la actualidad es vocal interino del Superior Tribunal de Justicia de la provincia. Es miembro de la Asociación Argentina de Derecho Procesal, de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional, participó en la comisión directiva de la Asociación de la Magistratura y de la Función Judicial desde 2013 a 2020. Ejerció los cargos de vocal, subtesorero y secretario.

En el marco de la política institucional del STJER de visitar las distintas jurisdicciones y establecer contacto directo con las y los operadores judiciales, en esta oportunidad se analizaron aspectos vinculados al funcionamiento de los organismos en la ciudad del sur entrerriano. Asimismo se escucharon propuestas e inquietudes de todos los sectores involucrados en la prestación del servicio de justicia.

El Alto Cuerpo recibió al presidente de la Sala Laboral y titular de la Superintendencia, vocal Fabián Arturo Ronconi; en pleno a Sala Civil, integrada por Ana Clara Pauletti, Leonardo Portela y Valeria Barbiero de Debeheres y a la vocal del Tribunal de Juicio y Apelaciones, Alicia Vivian.

Además se reunió con la presidenta de la Delegación Gualeguaychú del Colegio de la Abogacía, Victoria Giménez, y en representación de la Asociación de la Magistratura y Función Judicial a Tobías Podestá y Martina Cedrés.

También dialogó con la representante de la Asociación Judicial de Entre Ríos (AJER), Pilar Toller.

Recorrido de obra

Finalizado el Acuerdo se realizó una visita al nuevo edificio de Tribunales, que se encuentra en construcción y registra un avance del 72 por ciento en su ejecución.

En esta primera etapa se construye la estructura portante completa del edificio, que presenta una superficie total de 10.160 metros cuadrados y que tendrá un desarrollo en subsuelo, planta baja y cuatro niveles superiores. Los trabajos están a cargo de la empresa CEMYC, que resultó adjudicada vía licitación pública por un monto de 198.453.793,15 pesos y tiene un plazo de ejecución de 840 días.

La obra comenzó en diciembre de 2020 y significa un avance para concentrar en un predio propio los distintos organismos judiciales de la jurisdicción que hoy se encuentran dispersos en la ciudad.

En Gualeguaychú hubo pleno consenso en la necesidad de llevar adelante la obra que se inscribe en el “Masterplan para la reconversión edilicia del Poder Judicial de la provincia”, que tiene a su cargo la Dirección de Arquitectura Judicial.

El proyecto arquitectónico fue elaborado por profesionales de ese organismo que contaron con la colaboración de especialistas del Ministerio de Planificación, Infraestructura y Servicios de la provincia y de la Unidad Ejecutora Provincial (UEP).

A través de un decreto firmado por el gobernador Gustavo Bordet fueron afectados al STJER los terrenos ubicados entre las calles Perito Moreno, bulevar Nicolás Montana, Nogoyá y Puerto Argentino para uso exclusivo de los organismos dependientes del Poder Judicial.

Los votos en contra de la petición de la procuradora adjunta fueron de los vocales Fabiola Bogado Ibarra, Guillermo Federik, Emilio Matorras y Gabriela López Arango. En cambio, Bernardo Salduna, que había sido recusado por la Fiscalía de Estado por haber integrado el tribunal que ya le había hecho lugar a Goyeneche en el recurso extraordinario, consideró ahora que debía confirmarse el fallo de primera instancia que declaraba la ilegitimidad del apartamiento del Ministerio Público Fiscal.

Solo el vocal Federik fue al fondo de la cuestión. En su voto consideró que la intervención del procurador Jorge Amílcar Luciano García o cualquier otro integrante del Ministerio Público Fiscal en el jury afectaría la imparcialidad y objetividad del órgano acusador en el proceso.

Goyeneche había presentado un recurso de amparo en el que planteó la ilegalidad de la decisión del Jurado de Enjuiciamiento en ese sentido y tuvo un fallo favorable en primera instancia con la sentencia de la jueza Elena Albornoz, que consideró ilegítima la decisión de separar al Ministerio Público Fiscal del proceso y devolvió el rol de acusador al procurador García. Sin embargo, el STJ revocó ese fallo por considerar que el amparo no era la vía adecuada para hacer el planteo y la suspendida procuradora adjunta llevó el caso hasta la Corte Suprema, que rechazó la formalidad del alto cuerpo entrerriano e instó a que se dicte un nuevo pronunciamiento.

La argumentación del juez Guillermo Federik se sostiene en dos argumentos: que el procurador García también había sido denunciado por los abogados Rubén Pagliotto y Guillermo Mulet en la misma presentación que cuestionaba la actuación de Goyeneche y la estructura verticalista piramidal que tiene el Ministerio Público Fiscal.

En ese sentido, el magistrado señaló que, “frente a una situación excepcional”, el Jurado de Enjuiciamiento tomó la decisión de apartar al Ministerio Público Fiscal “haciendo uso de esas facultades propias discrecionales, en un marco de una clara situación excepcionalmente grave, y en una muestra de transparencia y objetividad, ante la carencia de una lista de fiscales ad-hoc, se tomó como parámetro posible de postulantes atendiendo a su idoneidad y probidad, a los nombres que habían sido oportunamente propuestos como conjueces del STJ, no porque fuera la lista indicada, sino por la probidad y honorabilidad que significaba haber sido designados oportunamente para suplir a los integrantes del máximo tribunal provincial”.

Incluso Federik no eludió mencionar que durante el proceso que se le sigue a Goyeneche por presunto mal desempeño y por haber tenido una conducta pública y privada incompatible con las funciones a su cargo, más de un centenar de fiscales expresaron su apoyo a la suspendida procuradora adjunta. “Estas conductas (…) por ser públicas, notorias y de acceso absolutamente irrestricto y de constante bombardeo en los medios televisivos cada vez que se hablaba de algún tema de corrupción, revelan que existía un fundado temor de falta de objetividad de los integrantes del Ministerio Público Fiscal para sumir la acusación ante el jury, en función de las propias manifestaciones y declaraciones públicas de sus integrantes”, expresó.

En ese sentido, agregó que “quien ejerció finalmente el rol de acusador en el jury (el abogado Gastón Justet) no fue seleccionado por el mismo Jurado de Enjuiciamiento, sino que fue quien –en definitiva– aceptó el cargo en cuestión al momento en que le fue notificada la designación, no existiendo en dicho acto discrecionalidad –ni mucho menos arbitrariedad– alguna” e insistió en que la falta de objetividad que se presumía de los fiscales terminó acreditándose “a través de la conducta pública de sus miembros”.

Federik resaltó además que esta situación expone “la imperiosa necesidad de una reforma legislativa a la ley de jury, con el objeto de impedir la formación de lagunas de impunidad para funcionarios públicos sometidos a dicho control”. De hecho, la Constitución Provincial reformada en 2008 impone a la Legislatura la obligación de dictar una ley que incorpore la representación de la sociedad civil en el organismo, algo que está pendiente y que también ha sido objetado por Goyeneche.