En una sesión caótica e inesperada para La Libertad Avanza, el Senado adelantó la discusión por el pliego de María Verónica Michelli y finalmente fue aprobado hoy con 44 votos a favor, 18 en contra y 2 abstenciones, una de ellas de Patricia Bullrich, quien esta semana contradijo la posición del Gobierno con respecto a la candidata a jueza federal de La Plata.

El futuro del pliego de Michelli debía definirse recién en una semana. Pero la presión de la oposición y otras negociaciones subterráneas lograron convulsionar la sesión de hoy, en la que se iban a tratar solo 50 pliegos, la ley de inviolabilidad de la propiedad privada y un acuerdo con dos holdouts por USD 171 millones.

Sin embargo, cuando comenzó el debate, el oficialismo llevó al recinto 70 nombramientos de jueces y esto despertó la furia del peronismo y algunos aliados, que ya venían descontentos por los manejos con algunas leyes en la Cámara alta. Ante esto, y con una sesión que tuvo riesgo de caerse, se llamó a un cuarto intermedio en el que se reunieron los jefes de bloque. Al regresar, Patricia Bullrich anunció que había acuerdo con dos tercios de los presentes para incluir 74 pliegos judiciales, entre ellos el de Michelli. Victoria de la oposición.

Luego de un debate corto, la votación se dividió en cinco y todos los pliegos fueron aprobados, algunos con más apoyos que otros.

Javier y Karina Milei querían vetar la candidatura de Michelli porque es la cuñada del periodista Hugo Alconada Mon. La semana pasada, la Casa Rosada bajó la orden de quitar el pliego de los que se iban a debatir en el Senado, pero Patricia Bullrich sorprendió con un desplante a esa decisión y anunció que no lo iba a hacer. Esto desató otra interna en el corazón del Gobierno, que hoy sufrió otro revés con la aceleración y posterior aprobación del nombramiento.

De hecho, en las últimas horas, el mandatario tomó una posición pública sobre la situación de Michelli a través de un mensaje que reposteó en sus redes sociales. El mensaje fue escrito por Ricardo Manuel Rojas —exsecretario letrado de la Corte Suprema de Justicia y exjuez en lo criminal de la Ciudad de Buenos Aires— y acumuló más de 9.500 visualizaciones.

“Quien designa a los jueces es el presidente de la República. Así como presenta un pliego al Senado, puede retirarlo. Te puede gustar o no, pero así es la Constitución. Nadie tiene un derecho adquirido antes de su designación formal”, reza el mensaje que Milei eligió amplificar.

En una tensa votación, se aprobó el pliego de Verónica Michelli (Mario Mosca / Comunicación Institucional Senado)

En esa línea, el pliego de Michelli ingresó al Senado el pasado 30 de marzo de 2026 después de las iniciativas que impulsó el Poder Ejecutivo para llenar los cargos vacantes en el Poder Judicial. Siguiendo la línea de tiempo, el 13 de mayo la candidata expuso ante la Comisión de Acuerdos en la audiencia pública convocada para analizar su postulación y obtuvo dictamen con nueve firmas favorables de senadores de La Libertad Avanza (LLA), el PRO, la Unión Cívica Radical (UCR) y algunos bloques provinciales, sobre un total de 14 miembros presentes.

La trayectoria de Michelli en el Poder Judicial se extiende desde el 24 de octubre de 1994, cuando ingresó a la Secretaría Electoral de La Plata. Pasó por distintas funciones hasta convertirse en secretaria de Cámara del Tribunal Oral Federal N.º 1 de esa ciudad, cargo que ocupa desde el 12 de agosto de 2009.

Su formación académica incluye una maestría internacional en Derecho Penal por la Universidad de Sevilla y especializaciones en universidades de Bolonia, del Oeste, del Chaco Austral y en la Universidad Champagnat, entre otras.

Y cuenta con numerosos títulos: es Magíster Internacional en Derecho Penal por la Universidad de Sevilla; Especialista Internacional en Acceso a la Justicia, Derechos Humanos y Estado de Derecho por la Universidad de Bolonia; Diplomada Internacional en Derecho Constitucional y Magistratura por la Universidad Nacional del Oeste; Diplomada en Litigación Oral por la Universidad Nacional del Chaco Austral; y Diplomada en Innovación y Gestión Judicial Tecnológica por la Universidad Champagnat.

En el ámbito académico, se desempeña como profesora adjunta y jefa de trabajos prácticos en la Universidad Católica de La Plata (UCALP). También participa en una mentoría jurídica destinada a personas privadas de la libertad en la Unidad N.º 18 de Gorina, como proyecto de extensión de la UNLP.

Fuente: Infobae

El Senado sesiona este jueves para tratar el proyecto de propiedad privada que elimina las restricciones para que los empresarios extranjeros puedan comprar tierras rurales y contempla los desalojos "exprés" de aquellas viviendas o terrenos que hayan sido usurpadas.

Esta iniciativa es uno de los temas centrales junto al pago de los fondos buitres que La Libertad Avanza acordó hoy con los bloques dialoguistas incluir en la sesión que se realiza desde las 11.

El temario establecido para la sesión de mañana contempla la aprobación de 50 pliegos de los 73 que están en condiciones de ser tratado en el recinto de sesiones, mientras que la postulación rechazada por el Gobierno de Verónica Michelli, se debatirá en una próxima sesión junto con otros 23 candidatos a la justicia.

Y dos proyectos de creación de cámaras federales para Mar Del Plata y Tucumán impulsadas por el radical Maximiliano Abad y las tucumanas Beatriz Avila y Sandra Mendoza.

La lista de candidatos a jueces, defensores y fiscales que se aprobarán mañana recién se definirá antes de la sesión y lo difundirá el presidente de la comisión de Acuerdos, Juan Carlos Pagotto, según informaron fuentes parlamentarias a la Agencia Noticias Argentinas.

Propiedad Privada

Esa iniciativa diseñada por el ministro de Desregulación Federico Sturzenegger tuvo sustanciales modificaciones ya que se eliminó el capítulo sobre cambios en la ley de barrios populares, y se reformaron los capítulos sobre extranjerización, expropiaciones, desalojos y manejo del Fuego

Límite a la compra de tierras

El proyecto elimina  los límites para que los extranjeros puedan adquirir tierras y dispone que las provincias tendrán que autorizar las ventas a extranjeros cuando no participe ningún país extranjero.

Cada provincia conservará la jurisdicción plena sobre el territorio comprendido dentro de sus respectivos límites, de conformidad con lo dispuesto por la Constitución Nacional.

Se prohíbe que puedan comprar tierras estado extranjeros, y otras organizaciones empresariales donde un Estado extranjero tenga participación en el capital o en la formación de las decisiones societarias o fondos fiduciarios integrados total o mayoritariamente con bienes o fondos de un Estado extranjero

Cómo quedan los desalojos

Se aplicará un desalojo exprés solo en los casos de que se traten de inmuebles usurpados, en tanto que en el resto de los casos se mantienen los actuales plazos de intimación.

Habrá un plazo de 10 días para intimar el pago acordado en el contrato de alquiler que se deberá hacer en en forma fehaciente.

La notificación será dirigido al domicilio denunciado en el contrato por el locatario, sea éste real o electrónico, se tiene por válido aún si el locatario se negara a recibir la notificación o no pudiese perfeccionarse por motivos imputables a él.

Ante el incumplimiento del locatario, el locador puede iniciar la acción judicial de desalojo, la que debe sustanciarse por el procedimiento más breve que prevea la ley que son 10 días hábiles.

Las expropiaciones

La declaración de utilidad pública se deberá aplicar de manera restrictiva declaración de “utilidad pública” deberá interpretarse de manera restrictiva y el Estado deberá fundamentar los motivos claramente de esa medida

El dictamen estableció que habrá tope del 30% de indemnización por lucro cesante, ya que en el proyecto original no ponía ningún porcentaje. La tasa de interés que se deberá pagar será la del Índice de precios al Consumidor mas la tasa del Banco Nación a treinta días.

Manejo del fuego

Se deroga el artículo que establecía que en caso de incendio de un predio rural  por 30 años no se podía cambiar el uso sobre superficies incendiadas en zonas agropecuarias, praderas, pastizales, matorrales y áreas periurbanas.

En el caso de incendios de bosques nativos se prohíbe el cambio de uso y destino prevista en la actuales normas, pero se elimina el plazo de 60 años establecidos en la ley promovido por Máximo Kirchner.

Fondos buitres

El Senado debatirá un proyecto que autoriza al Gobierno pagar a dos fondos buitres U$S 171 millones para cerrar un acuerdo con esos bonistas, y evitar que avancen causas contra activos de la Argentina, como las acciones de YPF.

La iniciativa impulsada por el ministro de Economía, Luis Caputo, pide que se pueden pagar  los  Acuerdos de Conciliación celebrados con los tenedores de títulos públicos Bainbridge Ltd. y el grupo de acreedores encabezado por Attestor Value Master Fund LP.

El Gobierno tiene tiene plazo hasta el 30 de junio para pagar esos acuerdos, por lo cual necesita tener aprobada esta ley antes de esa fecha.

Se acuerda con Bainbridge un pago único en efectivo de 67 millones de dólares estadounidenses y de 104 millones con Attestor Value Master Fund LP.

Se acuerda la modalidad entrega contra pago. Los acreedores entregarán los bonos objeto del acuerdo a la Argentina, libres de todo gravamen, mediante acreditación en cuenta.

La Argentina dispondrá la cancelación de los bonos una vez realizada dicha entrega y quedará facultada para presentar la documentación correspondiente ante organismos administrativos, judiciales o cualquiera ante el cual se tramiten litigios, para lograr la desestimación, el archivo y el desistimiento con efecto de cosa juzgada.

Se acuerda una suspensión de los litigios y de los bonos objeto de los mismos, o de cualquier participación en cualquier endeudamiento externo público de la República emitido con anterioridad al 1 de enero de 2002, así como no iniciar nuevas acciones respecto de los bonos.

Fuente: Noticias Argentinas

El Senado sesionará este jueves para tratar el proyecto de propiedad privada que elimina las restricciones para que los empresarios extranjeros puedan comprar tierras rurales y contempla los desalojos "exprés" de aquellas viviendas o terrenos que hayan sido usurpadas.

Esta iniciativa es uno de los temas centrales junto al pago de los fondos buitres que La Libertad Avanza acordó hoy con los bloques dialoguistas incluir en la sesión que se realizará mañana desde las 11.

El temario establecido para la sesión de mañana contempla la aprobación de 50 pliegos de los 73 que están en condiciones de ser tratado en el recinto de sesiones, mientras que la postulación rechazada por el Gobierno de Verónica Michelli, se debatirá en una próxima sesión junto con otros 23 candidatos a la justicia.

Y dos proyectos de creación de cámaras federales para Mar Del Plata y Tucumán impulsadas por el radical Maximiliano Abad y las tucumanas Beatriz Avila y Sandra Mendoza.

La lista de candidatos a jueces, defensores y fiscales que se aprobarán mañana recién se definirá antes de la sesión y lo difundirá el presidente de la comisión de Acuerdos, Juan Carlos Pagotto, según informaron fuentes parlamentarias. 

Esa iniciativa diseñada por el ministro de Desregulación Federico Sturzenegger tuvo sustanciales modificaciones ya que se eliminó el capitulo sobre cambios en la ley de barrios populares, y se reformaron los capítulos sobre extranjerización, expropiaciones, desalojos y manejo del Fuego

Límite a la compra de tierras

El proyecto elimina  los límites para que los extranjeros puedan adquirir tierras y dispone que las provincias tendrán que autorizar las ventas a extranjeros cuando no participe ningún país extranjero.

Cada provincia conservará la jurisdicción plena sobre el territorio comprendido dentro de sus respectivos límites, de conformidad con lo dispuesto por la Constitución Nacional.

Se prohíbe que puedan comprar tierras estado extranjeros, y otras organizaciones empresariales donde un Estado extranjero tenga participación en el capital o en la formación de las decisiones societarias o fondos fiduciarios integrados total o mayoritariamente con bienes o fondos de un Estado extranjero

Cómo quedan los desalojos

Se aplicará un desalojo exprés solo en los casos de que se traten de inmuebles usurpados, en tanto que en el resto de los casos se mantienen los actuales plazos de intimación.

Habrá un plazo de 10 días para intimar el pago acordado en el contrato de alquiler que se deberá hacer en en forma fehaciente.

La notificación será dirigido al domicilio denunciado en el contrato por el locatario, sea éste real o electrónico, se tiene por válido aún si el locatario se negara a recibir la notificación o no pudiese perfeccionarse por motivos imputables a él.

Ante el incumplimiento del locatario, el locador puede iniciar la acción judicial de desalojo, la que debe sustanciarse por el procedimiento más breve que prevea la ley que son 10 días hábiles.

Las expropiaciones

La declaración de utilidad pública se deberá aplicar de manera restrictiva declaración de “utilidad pública” deberá interpretarse de manera restrictiva y el Estado deberá fundamentar los motivos claramente de esa medida

El dictamen estableció que habrá tope del 30% de indemnización por lucro cesante, ya que en el proyecto original no ponía ningún porcentaje. La tasa de interés que se deberá pagar será la del Índice de precios al Consumidor mas la tasa del Banco Nación a treinta días.

Manejo del fuego

Se deroga el artículo que establecía que en caso de incendio de un predio rural  por 30 años no se podía cambiar el uso sobre superficies incendiadas en zonas agropecuarias, praderas, pastizales, matorrales y áreas periurbanas.

En el caso de incendios de bosques nativos se prohíbe el cambio de uso y destino prevista en la actuales normas, pero se elimina el plazo de 60 años establecidos en la ley promovido por Maximo Kirchner.

Fondos buitres

El Senado debatirá un proyecto que autoriza al Gobierno pagar a dos fondos buitres U$S 171millones para cerrar un acuerdo con esos bonistas, y evitar que avancen causas contra activos de la Argentina, como las acciones de YPF.

La iniciativa impulsada por el ministro de Economía, Luis Caputo, pide que se pueden pagar  los  Acuerdos de Conciliación celebrados con los tenedores de títulos públicos Bainbridge Ltd. y el grupo de acreedores encabezado por Attestor Value Master Fund LP.

El Gobierno tiene tiene plazo hasta el 30 de junio para pagar esos acuerdos, por lo cual necesita tener aprobada esta ley antes de esa fecha.

Se acuerda con Bainbridge un pago único en efectivo de 67 millones de dólares estadounidenses y de 104 millones con Attestor Value Master Fund LP.

Se acuerda la modalidad entrega contra pago. Los acreedores entregarán los bonos objeto del acuerdo a la Argentina, libres de todo gravamen, mediante acreditación en cuenta.

La Argentina dispondrá la cancelación de los bonos una vez realizada dicha entrega y quedará facultada para presentar la documentación correspondiente ante organismos administrativos, judiciales o cualquiera ante el cual se tramiten litigios, para lograr la desestimación, el archivo y el desistimiento con efecto de cosa juzgada.

Se acuerda una suspensión de los litigios y de los bonos objeto de los mismos, o de cualquier participación en cualquier endeudamiento externo público de la República emitido con anterioridad al 1 de enero de 2002, así como no iniciar nuevas acciones respecto de los bonos. 

Fuente: NA

Este miércoles por la mañana se llevó adelante una reunión conjunta de las Comisiones de Presupuesto y Hacienda, y de Asuntos Constitucionales y Acuerdos, donde se trazó un cronograma de trabajo para el análisis del proyecto de ley llamado “Restauración del Equilibrio y Fortalecimiento del Sistema Previsional”. Una veintena de sectores serán convocados durante el mes de junio.

En la Sala de Comisiones de la Cámara de Senadores, ubicada en el segundo piso de Casa de Gobierno, encabezaron la comisión conjunta sus presidentes: de Presupuesto y Hacienda, Gustavo Vergara (Diamante – Juntos por Entre Ríos), y de Asuntos Constitucionales y Acuerdos, Juan Pablo Cosso (Villaguay – Más Para Entre Ríos), junto a los integrantes Nancy Miranda (Federal – Más Para Entre Ríos), Jaime Benedetti (Gualeguaychú – Juntos Por Entre Ríos), Marcelo Berthet (San Salvador – Más Para Entre Ríos), Casiano Otaegui (Gualeguay – Juntos por Entre Ríos), Ramiro Favre (Colón – Juntos Por Entre Ríos), Gladys Domínguez (Feliciano – Peronismo Federal), Rafael Cavagna (Nogoyá – Juntos por Entre Ríos), Patricia Díaz (La Paz – Más para Entre Ríos), Claudia Silva (Paraná – Más para Entre Ríos), Víctor Sanzberro (Victoria – Más Para Entre Ríos) Rubén Dal Molín (Federación – Juntos por Entre Ríos) y Juan Conti (Tala – Más Para Entre Ríos).

El senador Vergara propuso acordar la metodología de trabajo y un cronograma para escuchar a sectores involucrados en el proyecto de ley. Por su parte el senador Cosso, adhirió en que la idea es invitar a los actores involucrados y escuchar en un marco ordenado, para que sea un debate sano y prolijo.

En un esbozo provisorio, se conoció que a partir del 10 de junio se convocará al titular de la Caja de Jubilaciones, Gastón Bagnat, y al ministro de Hacienda y Finanzas, Fabián Boleas.

Posteriormente serán invitados a dar sus aportes representantes de gremios, asociaciones y colegios: Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET), Unión Docentes Argentinos (UDA), Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop), Asociación Trabajadores del Estado (ATE), Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), Asociación Judicial de Entre Ríos (AJER), Asociación del Personal Legislativo de Entre Ríos (Apler), Federación Entrerriana de Sindicatos de Trabajadores Municipales (Festram), Sindicato Unión Obreros y Empleados Municipales (Suoyem), Asociación de la Magistratura, Colegio de la Abogacía, Federación de Jubilados y Pensionados, Liga de Intendentes del Vecinalismo, Partido Justicialista, y Juntos por Entre Ríos, ex presidentes de la Caja de Jubilaciones, especialistas en Derecho previsional, constitucional, y financiero. Así también convocarán a diputados de distintos bloques para escuchar a los expositores.

Fundamentos del Poder Ejecutivo

En los fundamentos del proyecto de ley elaborado por el Poder Ejecutivo, de tres títulos y 46 artículos, se apunta a los objetivos, una serie de medidas coyunturales y estructurales necesarias para la protección integral del sistema previsional, sus aportantes, futuros jubilados o pensionados, y las generaciones futuras de empleados estatales.

En este sentido, ambos órdenes de medidas -coyunturales y estructurales- se conciben en conjunto: las primeras contienen, en lo inmediato, los efectos de la crisis; las segundas atacan sus causas de fondo y comienzan, con el tiempo, a revertirla.

Se indica que la posibilidad de debate y participación no se agota en este proyecto, al contrario, éste invita e interpela a los legisladores a analizar el sistema previsional entrerriano en su estado actual de situación, debiendo tenerse presente que el mismo es sostenido –en mayor medida- por recursos públicos generales provenientes del conjunto de los contribuyentes entrerrianos, muchos de los cuales no resultan beneficiarios directos del régimen previsional provincial.

Se incluye además una breve reseña histórica del tema, y datos sobre el estado de situación de la Caja de Jubilaciones y Pensiones provincial. Sobre esto último se informa que a enero de 2026 hay 66.222 beneficiarios (jubilaciones 52.458 – pensiones 13.140 – beneficiarios de leyes especiales 624), mientras que los aportantes ascienden a 120.592 (34% varones y 66% mujeres).

En relación a los escalafones a los cuales pertenecen los beneficiarios, se observan como principales, los siguientes: 38% sector docente; 27% administración central (siendo predominante los provenientes de Salud); 11,5% Policía; 11,7% Municipales. A enero de 2026, el haber promedio bruto de jubilados/pensionados asciende a $ 1.557.070; mientras que el salario promedio bruto activo (rubros remunerativos) para el mismo período, es de $ 1.387.920. Al respecto, se observa en términos reales, como promedio entre pasividad y salario promedio, una relación de 112.2%, lo que en un contexto de insuficiencia de la relación aportantes activos / beneficiarios pasivos, evidencia una de las facetas más alarmantes del régimen deficitario existente. En este punto se pide observar la magnitud del problema: en el acumulado del primer trimestre de 2026, las contribuciones personales y patronales fueron de $196.266 millones de pesos y las erogaciones por jubilaciones y pensiones $331.867 millones de pesos. El déficit operativo de los tres meses significó para el tesoro provincial $135.601 millones de pesos; es decir $45.200 millones de pesos mensuales. En esa fecha los jubilados/pensionados que cobraron fueron 66.367, con un promedio de haberes de $1.546.874. De esta cifra $681.059 para cada beneficiario, fueron aportadas por el tesoro provincial, es decir, solventada por el millón quinientos mil entrerrianos.

Otro ítem del fundamento hace hincapié en las medidas adoptadas, como las acciones administrativas, institucionales y judiciales que el Poder Ejecutivo Provincial viene desarrollando ante el Estado Nacional. También las medidas legislativas de necesaria implementación, donde se propicia la declaración de la emergencia previsional en el ámbito de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia y se introducen, además, modificaciones relevantes a la Ley Provincial N° 8.732.

Las modificaciones propuestas

En el Título 1 del proyecto de 46 artículos, se declara el estado de emergencia económica y financiera, configurativo de causal de fuerza mayor y con carácter de orden público, del sistema previsional provincial, a los fines de restaurar su equilibrio, resguardar su sustentabilidad y la sostenibilidad de los fondos previsionales, hasta el 31 de diciembre de 2.027, que puede ser prorrogable.

Se aplicará a los tres poderes del Estado provincial, incluyendo entes descentralizados, autárquicos, autónomos, empresas y sociedades del Estado, cualquiera sea su dependencia jerárquica y su conformación jurídica estatutaria, a los Municipios y Comunas adheridos al sistema previsional y los demás sujetos alcanzados por el régimen de la Ley 8.732 y sus modificatorias.  Se autoriza al Poder Ejecutivo a adoptar las medidas necesarias para resguardar la sustentabilidad y sostenibilidad del sistema previsional.

Se establece un aporte personal extraordinario adicional, el cual se calculará sobre el total de la remuneración bruta liquidada al personal en actividad, quedando exceptuados quienes perciban haberes menores a $3.000.000. Por cada millón sobre ese monto se aporta un punto más, hasta llegar al tope de 16 millones con un 8% de aporte. También se incrementan en un tres por ciento (3%), con carácter excepcional, los aportes patronales.

En el Título 2 se estipula el orden público, con su aplicación a los tres poderes del Estado, y las modificaciones a los distintos artículos de la Ley del sistema previsional. Se establecen las funciones de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia de Entre Ríos, y del presidente del organismo.

En el artículo 18 se establece que tendrán derecho a la jubilación ordinaria común los afiliados que: a) Hubieran cumplido sesenta y cinco (65) años de edad. b) Acrediten treinta y cinco (35) años de servicios computables en uno o más regímenes comprendidos en el Sistema de Reciprocidad Jubilatoria. La edad jubilatoria para aquellos afiliados que comiencen a aportar al sistema previsional provincial con posterioridad a la entrada de vigencia de la ley, será de sesenta y ocho (68) años.

En los artículos siguientes se habla del derecho a la jubilación ordinaria especial; Jubilación por edad avanzada; Jubilación por invalidez; Pensión. En cuanto al haber de la jubilación ordinaria, será equivalente al ochenta y dos por ciento (82%) del promedio actualizado de las últimas doscientas cuarenta (240) remuneraciones mensuales brutas y sujetas a aportes que se hubieren efectuado al momento de la cesación en el servicio.

Por último en el Título 3 se estipulan las disposiciones finales y normas transitorias. Se establece que la edad prevista en el proyecto comenzará a regir una vez transcurridos cinco (5) años desde el año de entrada en vigencia de esta última, inclusive. Cumplido dicho plazo, la edad jubilatoria se incrementará de manera gradual a razón de seis (6) meses en cada año calendario, hasta alcanzar los sesenta y cinco (65) años. Asimismo, se incrementará a razón de un (1) año de aporte por cada dos (2) años calendarios hasta llegar a los treinta y cinco (35) años de servicio.  

Fuente: APFDigital

El senador nacional por Entre Ríos, Adán Bahl, presentó este jueves en el Senado de la Nación el “Proyecto de Ley Matías Colaprete: Sistema Nacional de Prevención y Actuación ante la Anafilaxia”, una iniciativa orientada a fortalecer la prevención, la concientización y la respuesta temprana frente a emergencias vinculadas a reacciones alérgicas severas.

La propuesta impulsa la creación del Sistema Nacional de Prevención y Actuación ante la Anafilaxia, una política pública nacional basada en protocolos de actuación, herramientas de intervención inmediata, un registro nacional y campañas de capacitación y concientización ante casos de anafilaxia, una condición médica potencialmente mortal que requiere respuestas rápidas y precisas. Toma como base la Ley N° 11.242 de Entre Ríos, donde ya se encuentra vigente. Se trata de la única iniciativa de este tipo en América Latina.

Bahl destacó que el proyecto nace a partir de una tragedia ocurrida en Paraná y remarcó la importancia de que el Estado actúe con previsión y capacitación ante este tipo de emergencias: “Matías era un joven lleno de vida. Lo picó una abeja y nadie supo qué hacer. A los pocos minutos murió. En los casos de anafilaxia, los segundos hacen la diferencia”. Asimos, sostuvo que la iniciativa fue elaborada junto a profesionales de la salud y apuntó a transformar la experiencia desarrollada en Entre Ríos, pionera en contar con la ley, en una política pública nacional.

“No se necesitan grandes recursos, se necesita voluntad política, capacitación y protocolos claros. La adrenalina cuesta muy poco y puede salvar una vida o dar el tiempo necesario para llegar a un hospital”, afirmó.

El proyecto de Restauración del Equilibrio y Fortalecimiento del Sistema Previsional (Expediente 15.711), presentado por el Poder Ejecutivo, fue girado a la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

El senador Marcelo Berthet (PJ) propuso que la iniciativa también sea girada a la Comisión de Legislación General, a la de Asuntos Constitucionales y a la de Relaciones Municipales, en función “del reglamento de la Cámara”.

“No es para obstruir nada, sino que queremos debatir, realizar aportes e invitar a todos los actores involucrados en el sistema previsional, teniendo en cuenta que es una ley trascendental”, sostuvo.

Enseguida pidió la palabra Rubén Dal Molín (Juntos por Entre Ríos), quien propuso que la iniciativa sea debatida en la Comisión de Presupuesto y en la de Asuntos Constitucionales. Aseguró que no es la intención del cuerpo tratar el proyecto de forma “express”, sino que debe abordarse “sin prisa, pero tampoco sin calma”.

“Entendemos que en estas dos comisiones están representados la gran mayoría de los senadores y por eso solicitamos que su tratamiento sea abordados en ambas”, sostuvo.

La presidenta de la Cámara, Alicia Aluani, puso a consideración las dos mociones y resultó ganadora la propuesta de Dal Molín, por lo que el proyecto será abordado por la Comisión de Presupuesto y por la de Asuntos Constitucionales”.

La iniciativa que presentó el Ejecutivo busca sanear el déficit de la Caja de Jubilaciones mediante una declaración de emergencia hasta fines de 2027, la implementación de aportes extraordinarios y una modificación gradual en los requisitos de edad y años de servicio.

El proyecto establece un nuevo esquema de cálculo de haberes basado en el promedio de los últimos 20 años y define condiciones específicas para los nuevos ingresantes al sistema. Cabe destacar que esta iniciativa generó un contundente rechazo por parte de la mayoría de los gremios que representan a los trabajadores del estado provincial desde hace varios meses.

Declaración de emergencia y financiamiento

El proyecto de ley se inicia con la declaración del estado de emergencia económica y financiera del sistema previsional provincial, con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2027, con posibilidad de prórroga por parte del Poder Ejecutivo. El objetivo central es "restaurar su equilibrio, resguardar su sustentabilidad y la sostenibilidad de los fondos previsionales".

Para financiar este proceso, se establece un aporte personal extraordinario para los trabajadores activos que perciban haberes superiores a los $3.000.000. Este aporte es progresivo y oscila entre el 1% y el 8%, dependiendo del nivel de remuneración bruta. Asimismo, se dispone un incremento del 3% en los aportes patronales que deben realizar el Estado provincial, los municipios adheridos y los establecimientos educativos privados.

Nuevos requisitos de edad y años de servicio

Uno de los cambios estructurales más destacados se refiere a la jubilación ordinaria común. El proyecto propone elevar los requisitos a 65 años de edad y 35 años de servicios. No obstante, el texto diferencia claramente dos situaciones:

Nuevos aportantes: Para quienes ingresen al sistema después de la vigencia de la ley, la edad jubilatoria será de 68 años con 35 años de aportes.

Actuales aportantes: Se aplicará una implementación progresiva que comenzará en el año 2031. A partir de allí, la edad subirá seis meses por año y los años de servicio aumentarán un año cada dos años calendario hasta alcanzar el tope en 2046 para las mujeres y 2036 para los hombres.

La situación de los jubilados actuales

Un punto central del proyecto es la definición del estatus de quienes ya integran el sector pasivo. Según el articulado, los beneficiarios que ya ostenten tal carácter a la fecha de entrada en vigencia de la ley “quedarán sometidos al régimen vigente en materia de incompatibilidades y reajustes”. Esto implica que las nuevas reglas de edad o años de servicio no afectan a quienes ya están retirados.

No obstante, en el marco del estado de emergencia, la norma faculta al Poder Ejecutivo a establecer "aportes solidarios previsionales" a cargo de quienes perciban beneficios, siempre que existan circunstancias que evidencien desequilibrios que comprometan la sustentabilidad del sistema. Estos aportes tendrían un carácter excepcional y por tiempo determinado. Asimismo, el proyecto autoriza la fijación de límites máximos para aquellos haberes que superen el equivalente a quince (15) jubilaciones mínimas.

Cálculo del haber y movilidad

El texto modifica la base sobre la cual se determina la jubilación inicial. El haber será equivalente al 82% del promedio actualizado de las últimas 240 remuneraciones mensuales brutas (equivalente a 20 años de aportes). Para las jubilaciones por invalidez y edad avanzada, dicho haber será del 70% de ese mismo promedio.

En cuanto a la movilidad, el proyecto establece que los haberes se actualizarán según las paritarias del Escalafón General de la Administración Pública Provincial. Un detalle relevante de la normativa es que la aplicación de este aumento tendrá una demora administrativa: "La movilidad se aplicará sobre los haberes previsionales a partir de los sesenta (60) días hábiles administrativos al que ingresaron al sistema previsional los aportes" derivados de la variación salarial.

Regímenes especiales y pensiones

Para los regímenes especiales (como docentes, trabajadores de salud mental y servicio penitenciario), se mantienen edades de retiro diferenciadas. Sin embargo, el proyecto introduce una cláusula de solidaridad: "Quienes accedan al beneficio deberán continuar efectuando el aporte personal previsto para los afiliados en actividad, hasta tanto reúnan el requisito de edad establecido para el acceso a la jubilación ordinaria común".

En materia de pensiones, el beneficio por viudez o unión convivencial será temporal, limitado a la duración que tuvo el vínculo legal o la convivencia. Solo será vitalicio si el beneficiario tiene más de 55 años al momento del deceso. Además, se aclara que la pensión es una prestación derivada que "en ningún caso genera, a su vez, derecho a pensión".

Gestión y facultades administrativas

El proyecto también dota de nuevas herramientas a la Caja de Jubilaciones, como la facultad de emitir "Certificaciones de Deuda Previsional", que constituirán título ejecutivo para el cobro de aportes adeudados. Además, se otorga a los empleadores la potestad de intimar al personal que cumpla con los requisitos para jubilarse.

Si tras seis meses de la intimación el agente no inicia el trámite, el organismo podrá extinguir el vínculo laboral sin obligación de indemnización. Finalmente, la norma promueve la digitalización total de los trámites y la transparencia mediante la publicación mensual de datos financieros del organismo.

El Senado de la Nación convirtió en ley este jueves el proyecto de Regularización de Armas de Fuego. La iniciativa, que ya contaba con media sanción de la Cámara de Diputados, fue aprobada con 40 votos afirmativos y 26 negativos durante una sesión ordinaria presidida por la vicepresidente Victoria Villarruel.

La nueva norma establece un marco para la regularización de la tenencia de armas y dispone la prórroga del Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego hasta el 31 de diciembre de 2027. Según se informó, la medida busca incentivar la entrega de armamento de forma anónima para su posterior destrucción, promoviendo la reducción del circulante en la sociedad.

La iniciativa fue apoyada por los legisladores de La Libertad Avanza, PRO, UCR,  Provincias Unidas, Frente de la Concordia de Misiones, Primero los Salteños y la Neuquinidad (40 votos). En tanto, se opusieron a la ley el interbloque del peronismo y Convicción Federal (26 votos).

Durante el debate, la senadora Carolina Losada (UCR), quien actuó como miembro informante, destacó que se trata de una “política pública en seguridad que sirve para prevenir y sacar de la oscuridad muchas armas no regularizadas que hoy circulan en nuestro país”. Subrayó además la importancia de que el Estado recupere el control necesario para prevenir el delito.

En la misma línea, desde el bloque de La Libertad Avanza, la senadora Patricia Bullrich defendió la ley aclarando que no se busca flexibilizar el acceso a las armas, sino “generar una capacidad de fiscalización que nunca existió en un universo enorme de armas que está fuera del sistema”.

Por su parte, el bloque Justicialista manifestó su rechazo a través de la senadora Anabel Fernández Sagasti, quien sostuvo que el proyecto “va en contra de las familias argentinas” y defendió la necesidad de fortalecer una “cultura de la paz” frente a la violencia. Tras la sanción definitiva, la ley queda a disposición del Poder Ejecutivo para su promulgación.

El Gobierno de Javier Milei aceleró su estrategia en el Congreso de la Nación y envió en las últimas horas dos proyectos de ley que introducen cambios de fondo en áreas sensibles. Se trata de modificaciones en el sistema de pensiones por invalidez y la normativa de salud mental.

Las iniciativas ingresaron por el Senado y forman parte de una estrategia oficial para reformar esquemas que, según argumentan, presentan distorsiones y requieren actualización.

El primero de los proyectos apunta a combatir el fraude en las pensiones no contributivas por invalidez. Desde el Ejecutivo sostienen que en las últimas dos décadas hubo un crecimiento “exponencial” de estos beneficios: pasaron de unos 76.000 en 2003 a cerca de 1,2 millones en 2023.

Según se detalla en el mensaje enviado al Congreso, auditorías y diversas investigaciones detectaron irregularidades en el otorgamiento de prestaciones, como beneficiarios sin los requisitos médicos exigidos o incluso domicilios inexistentes. En ese contexto, la iniciativa busca establecer mecanismos más estrictos para prevenir, detectar y sancionar fraudes.

El proyecto propone modificar la ley 13.478 y otras normas vinculadas al sistema de prestaciones para personas con discapacidad. El objetivo central es “garantizar un uso equitativo de los recursos públicos” y asegurar que las pensiones lleguen únicamente a quienes cumplan con las condiciones legales.

Desde el Gobierno advierten que las irregularidades generan un “dispendio injustificable” de fondos y afectan tanto al Estado como a los beneficiarios legítimos.

En paralelo, el Ejecutivo también envió una reforma de la ley nacional de salud mental (26.657), junto con cambios en normas complementarias y artículos del Código Civil y Comercial.

El proyecto propone ampliar el enfoque de la legislación vigente, incorporando no solo la protección de la salud mental, sino también la prevención y el tratamiento. Además, plantea otorgar un rol más relevante al criterio médico, en particular a los especialistas en psiquiatría, en la evaluación y abordaje de los pacientes.

Uno de los puntos más sensibles es la modificación de las condiciones para las internaciones involuntarias. La iniciativa busca reemplazar el concepto actual de “riesgo cierto e inminente” por una definición más amplia: “situación de riesgo grave de daño para la vida o la integridad física de la persona o de terceros”.

Según el Ejecutivo, este cambio apunta a evitar situaciones de duda o inacción por parte de los profesionales de la salud frente a casos críticos.

Además, el texto habilita un mayor margen para la creación de establecimientos destinados al tratamiento de problemáticas de salud mental y adicciones, y refuerza la necesidad de que las inspecciones en estos lugares cuenten obligatoriamente con la participación de un médico psiquiatra dentro de equipos interdisciplinarios.

Ambos proyectos fueron remitidos con pedido de “pronto tratamiento” por parte del Congreso, en un contexto donde el oficialismo busca avanzar con reformas estructurales en distintas áreas del Estado.

El Gobierno Nacional envió hoy al Senado un proyecto de ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada tiene como meta defender el derecho de propiedad, suprimir los límites para que los extranjeros puedan comprar tierras, un mecanismo rápido de desalojo, y reformas en la ley del manejo del Fuego

El proyecto forma parte de las reformas que fueron anunciadas por el presidente Javier Milei en la Asamblea Legislativa del 1 de Marzo, y es la primera que se envía al Congreso como parte del paquete de iniciativas que impulsará el Gobierno.

El oficialismo volvió a elegir como cámara de origen el Senado, donde la jefa del bloque de LLA pudo armar una solida mayoría de unos 40 votos, que le permitieron sancionar con amplio margen las leyes de Presupuesto, Inocencia Fiscal, Régimen Penal Juvenil, Laboral, y reforma de ley de Glaciares.y ratificar el acuerdo Mercosur-Unión Europea.

La iniciativa se estructura sobre el fortalecimiento de las garantías constitucionales en el régimen expropiatorio, la reforma del sistema de desalojo, el régimen de Regularización Dominial, la revisión de la restricciones del régimen de tierras rurales, y la reforma de la ley del manejo del fuego.

Sobre la ley de expropiaciones se establece un mecanismo “sumarísimo” para la restitución de inmuebles con la acreditación exclusiva del titulo, donde se incluye las “garantías del debido proceso y control judicial en todas las etapas”, pero evitando los largos tiempos para entregar la propiedad a su titular.

En el proyecto firmado por Milei, el jefe de Gabinete Manuel Adorni, y todos sus ministros, también reforma elimina los límites para que los extranjeros puedan adquirir tierras como se estableció en una ley aprobada en el 2011 en el Gobierno de Cristina Kirchner.

"Por medio de esta norma se dispusieron limitaciones a la titularidad extranjera sobre la propiedad o posesión de las tierras rurales. Sin embargo, esto implicó una limitación irrazonable que, lejos de constituir una verdadera protección, conllevó un condicionamiento y desincentivo de la inversión internacional, principalmente en el ámbito agropecuario, uno de los principales sectores productivos del país, reconocido internacionalmente por su calidad en todo tipo de productos", señaló el Gobierno.

Destaca que "la reforma propone modificar el enfoque y concentrar los controles en aquellos supuestos en los que se vean involucrados Estados extranjeros o entidades vinculadas a ellos. De este modo, se asegurará un correcto resguardo de la soberanía y la seguridad nacional".

El proyecto elimina artículos de la ley del Manejo del Fuego elimina los artículos centrales de la ley impulsada en el 2020 por Máximo Kirchner que impedía vender en caso de incendio los humedales, bosques nativos, y áreas protegidas por 60 años. y prohibía cambiar el destinado por 30 de las zonas agrícolas incendiadas.

El Gobierno sostiene que modificar el uso de inmuebles en caso de incendios por plazos extremadamente prolongados, bajo el amparo de garantizar la correcta restauración. 

Sin embargo, estas limitaciones son irrazonables y afectan al ejercicio del derecho de propiedad dado que, en los hechos, se ha demostrado que no resultan eficientes para alcanzar la finalidad perseguida".

Fuente: NA

Los senadores pasarán a cobrar en marzo una dieta superior a los 11 millones de pesos porque sus ingresos están acoplados a los aumentos acordados entre las autoridades del Congreso y los gremios legislativos.

Los gremios acordaron este miércoles un aumento salarial progresivo desde diciembre hasta mayo de un 12,5 por ciento acumulado, según supo la Agencia Noticias Argentinas de fuentes legislativas.

Por ese motivo, los senadores que hasta noviembre cobraban 10,2 millones de pesos pasarán a cobrar en marzo 11 millones de pesos en bruto y en mayo 11,5 millones, ya que sus aumentos están ligados a los incrementos de la paritaria legislativa.

Esto es así porque los senadores decidieron en abril del 2024 volver acoplar las dietas a los aumentos salariales que se había suspendido por una resolución de la vicepresidenta Victoria Villarruel y del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

La decisión se tomó a mano alzada y generó polémica ya que algunos senadores plantearon que no estaban de acuerdos con esa medida promovida por la mayoría de los legisladores

En cambio, la Cámara de Diputados no aumenta las dietas de sus legisladores al firmarse una nueva paritaria, sino que esos incrementos los define Menem, y por eso motivo los ingresos de los diputados hoy están ubicados cerca de los 6 millones de pesos en bruto.

Los trabajadores legislativos cobran de acuerdo a la cantidad de módulos y en el caso de los senadores son 2500 módulos por dieta, 1000 por representación y 500 por desarraigo.

El desarraigo no lo cobran los dos tres senadores de la Ciudad de Buenos Aires, los libertarios Patricia Bullrich y Agustín Monteverde, y el kirchnerista Mariano Recalde, ni la legisladora santacruceña Alicia Kirchner, quien no cobra la dieta porque decidió mantener la jubilación como gobernadora.

La Asociación del Personal Legislativo, ATE, UPCN y las autoridades del Congreso acordaron un aumento retroactivo del 2% en diciembre, 2,5% en enero, 2,2 en febrero lo que implica un 6,85% acumulado de aumento, y en marzo un 2%, un 1,7% en abril y un 1,5 % en mayo.

De esta manera, el aumento acumulado desde diciembre a mayo será del 12,5%, según consta en el acta firmado entre los gremios y las autoridades del Congreso.

El acuerdo fue firmado por el secretario general de APL, Norberto Di prospero, de UPCN Martín Roig, y de ATE Claudio Britos, y los secretarios parlamentarios de la Cámara de Diputados, Adrian Pagan, y del Senado Agustín Wenceslao Guistian.

En un comunicado, los dirigentes de los tres gremios señalaron que el acuerdo “no significa la solución a la realidad que atravesamos como personal legislativo, sino que es un alivio a la misma”.

Agregaron que este aumento “de un 12,5 acumulado no es un cierre de las negociaciones, sino un piso desde donde seguir avanzando”.

Fuente: Noticias Argentinas

El exsenador por Entre Ríos, Alfredo De Ángeli, continuará vinculado al Congreso bajo una nueva modalidad. Tras finalizar su mandato en diciembre, el referente del PRO fue solicitado como asesor por su sucesor en la jefatura del bloque, el misionero Martín Göerling Lara.

La designación se oficializó el pasado 26 de enero mediante un decreto firmado por la vicepresidenta Victoria Villarruel. Según trascendió, a De Ángeli se le asignó una planta transitoria categoría A1, el escalafón más alto del cuerpo legislativo. Esta posición implica una remuneración aproximada de 3 millones de pesos, una cifra que despertó críticas internas debido a la brecha salarial con otros sectores públicos.

El dirigente, que saltó a la escena nacional en 2008 como una de las caras visibles de las protestas agropecuarias contra la resolución 125, parece resistirse a abandonar los pasillos parlamentarios. A 18 años de aquellos cortes de ruta en Gualeguaychú que lo catapultaron a la política, su permanencia en la estructura del Estado genera malestar incluso entre sus pares.

Fuente: con información de La Política Online

l filo del cierre de las sesiones extraordinarias y gracias al apoyo de casi todo el arco político de la oposición dialoguista, el oficialismo logró sancionar la controvertida reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei.

La ley fue sancionada por 42 votos a favor, 28 en contra y 2 abstenciones. Tal como ocurrió hace dos semanas, cuando el Senado trató el proyecto por primera vez, además de La Libertad Avanza apoyaron la reforma la UCR, el Pro y bloques independientes y de fuerzas provinciales. En contra votaron las diferentes expresiones en que se divide el peronismo en la Cámara alta.

Con esta votación, el oficialismo del Senado, liderado por Patricia Bullrich (Capital), pudo ofrendarle a Milei su ansiada ley a tiempo para poder exhibirla como un trofeo ante la Asamblea Legislativa del próximo domingo, ante la que el Presidente tiene previsto dar su discurso sobre el estado de la Nación en la inauguración de un nuevo período de sesiones ordinarias del Congreso.

En esta oportunidad, el Senado tuvo que decantarse entre dos posibilidades: aceptar el cambio introducido por la Cámara baja, postura sostenida por el oficialismo y sus aliados de la oposición dialoguista, o insistir con la versión que aprobó hace dos semanas atrás.

En el final del debate, Bullrich realizó una enfática defensa de la reforma laboral, asegurando que viene a crear empleo y a terminar con las rigideces de la legislación que, según su óptica, fomentan la informalidad laboral.

“Estamos discutiendo una ley que va a desmontar una de las mayores mentiras, que es la de la ley de Contrato de Trabajo, un sistema que hace que nadie contrate a nadie”, afirmó Bullrich, quien responsabilizó al peronismo porque “en nombre de los trabajadores se mandó durante años a la informalidad a millones de argentinos”.

En el inicio de la discusión, el kirchnerismo hizo un intento por hacer caer el debate, pero no tuvo éxito. El senador Mariano Recalde (Capital) pidió que el proyecto volviera a comisión a la luz de una disposición contemplada en el acuerdo Mercosur-Unión Europea que impide sancionar leyes regresivas en materia ambiental y laboral. La moción fue rechazada por 43 votos en contra y 29 a favor.

“Rechazamos esto porque afecta derechos de los trabajadores, viola articulo 14 bis de la Constitución Nacional y va a impactar negativamente en el empleo, va a precarizar el trabajo y deteriorar el salario”, denunció, a su turno, el kirchnerista Jorge Capitanich (Chaco).

El peronista pampeano Daniel Bensusán amplió el concepto y explicó que “nuestro sistema constitucional protege los derechos del trabajador con los principios de progresividad y de no regresividad, que significa que el legislador únicamente puede ampliar los derechos que ya tiene el trabajador y el Estado no tiene permitido reformar leyes que hagan retroceder derechos labores”.

Más duro aún fue el jefe de la bancada kirchnerista, José Mayans (Formosa). No conforme con insistir en su inconstitucionalidad, dijo que la reforma “es una ley gorila, hecha por gorilas para perjudicar al trabajador y a los jubilados”.

“Dicen que esta ley es a favor del trabajador. ¡Que dejen de mentir, esta ley perjudica terriblemente al trabajador!“, denunció Mayans en respuesta a los argumentos esgrimidos del oficialismo a favor de la iniciativa.

El texto llegó al Senado para su tratamiento en comisiones en la mañana del 20 de febrero, apenas ocho horas después de que la Cámara de Diputados lo aprobara en revisión introduciendo un cambio en el texto que había salido de la Cámara alta la semana anterior.

La modificación fue, en realidad, una eliminación: el oficialismo aceptó quitar el polémico artículo 44 que modificaba el régimen de licencias médicas, aplicando descuentos en los salarios de los trabajadores según si la enfermedad o la dolencia declarada fuera involuntaria o producto de una actividad extracurricular del empleado.

La controvertida cláusula no estaba en el texto original que envió el Poder Ejecutivo en diciembre último, sino que apareció a último momento, antes de que comenzara la sesión en el Senado del 12 de febrero. Hasta el día de hoy nadie sabe a ciencia cierta quién lo impulsó. Lo cierto es que, como consecuencia de la polémica que generó, el oficialismo aceptó eliminarla en la Cámara baja.

En sus más de 200 artículos, la norma introduce profundos cambios en la legislación laboral, en la relación entre empleado y empleador y hasta en materia fiscal, ya que contempla la reducción de aportes patronales como parte de los beneficios para incentivar la registración de los trabajadores.

Además, tiene un todo un capítulo dedicado a la justicia laboral. Por lo pronto, traspasa el fuero laboral nacional al ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, al ratificar el convenio sellado entre el Poder Ejecutivo y la administración de Jorge Macri. Pero también impone límites a las costas procesales y a los métodos de actualización como forma de desalentar los litigios judiciales por despido o accidentes.

En el tema de la litigiosidad puso énfasis el libertario Juan Cruz Godoy (Chaco), quien señaló que “el empleo formal privado se mantiene constante desde 2012″ y lo contrastó con “los juicios laborales (que) crecieron, de 2010 a 2024, en un 135%”. “Estamos ante un sistema que creó más litigios que empleo formal”, remató.

Las indemnizaciones se actualizarán por inflación más un plus del 3% anual y permite la cancelación de sentencias hasta en 6 cuotas mensuales consecutivas si se trata de grandes empresas. El plan de pagos puede llegar a las 12 cuotas para las pymes.

El texto también reduce las indemnizaciones al acotar la base de cálculo, eliminando la consideración de las vacaciones, propinas, bonos o aguinaldo. Además, establece un tope que no podrá superar tres veces el salario promedio mensual según el convenio colectivo aplicable a la categoría del trabajador.

Otro de los temas más cuestionados de la reforma laboral es la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), en el que las empresas realizarán aportes mensuales que serán del 1% para las grandes empresas y del 2,5% para las pymes. Serán una suerte de reedición de las administradoras de jubilaciones y pensiones, ya que se crearán cuentas inembargables para la cancelación del cese laboral de un empleado que serán manejadas por la Comisión Nacional de Valores.

“Esto es lo que está escondido en la modernización laboral: un curro como el FAL, que va a ir a financia a los amigos del Presidente”, denunció la kirchnerista Ana Marks (Río Negro), quien dijo que con lo que se recaudará de los aportes que se desviarán para esos fondos “podríamos financiar a todas las universidades o pagar 10 millones de jubilaciones anuales”.

La reforma introduce severos cambios en las condiciones laborales. Flexibiliza la jornada laboral, permitiendo turnos de hasta 12 horas con igual plazo para descanso obligatorio antes de retomar las tareas y se crea el banco de horas extra, por el que el trabajador podrá acordar con su empleador la posibilidad de compensarlas con días libres. En la misma línea, se podrá negociar la fragmentación de las vacaciones.

Otro capítulo que mereció críticas fue el de la derogación de una serie de estatutos profesionales que fueron sancionados por ley en su momento. En la lista se encuentran los marcos laborales de peluqueros, periodistas, viajantes de comercio y operadores de radio y telegrafistas.

Fuente: La Nación

El oficialismo logró este jueves aprobar con media sanción la reforma de la ley de Glaciares, resultado que desató el festejo eufórico de los altos funcionarios del Gobierno que presenciaron el desenlace de la sesión desde uno de los palcos del recinto.

La iniciativa se aprobó con 40 votos afirmativos, recibió 31 rechazos y una abstención, y ahora la escena se trasladará a la Cámara de Diputados una vez que comience el periodo de sesiones ordinarias.

En una de las galerías del recinto celebraron con fervor la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, el minsitro de Interior, Diego Santilli, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem.

La aprobación del proyecto era un compromiso asumido por el Gobierno con los gobernadores de provincias cordilleranas que buscaban “una legislación más dinámica y menos rígida para destrabar y multiplicar las inversiones en minería e hidrocarburos”.

Horas antes de que comenzara el debate en el recinto de la Cámara baja se produjeron incidentes en las afueras del Congreso, que terminó con una docena de activistas de Greenpeace detenidos tras saltar las rejas del Palacio con la intención de alterar el desarrollo de la sesión.

Pero el episodio más lamentable ocurrió cuando un camarógrafo de A24 fue reprimido por las fuerzas de seguridad cuando intentaba registrar los ataques con gas pimienta de la policía.

El proyecto de reforma a la ley 26.639 de Presupuestos Mínimos para la Protección de Glaciares y del Ambiente Periglacial busca redefinir el alcance de las zonas protegidas para permitir la explotación económica en determinadas áreas periglaciares que actualmente están blindadas e inhabilitadas para actividades extractivistas e industriales.

La iniciativa oficial introduce una precisión al hablar de las “formas periglaciares”, y alienta a distinguir entre aquellas que cumplen funciones de “reservas estratégicas de recursos hídricos y proveedores de agua para la recarga de cuencas hidrográficas” de aquellas que no necesariamente cumplen dicha finalidad y son aptas para la utilización económica.

Esto significa que con la nueva ley no todo el territorio periglaciar quedaría a salvo de explotación económica, sino solo aquellas formaciones que tengan una función hídrica comprobable.

La normativa actual, que data del 2010, protege tanto los glaciares visibles como las formaciones periglaciares que están constituidas por una mezcla suelos congelados de agua dulce, roca y sedimentos. 

Son ecosistemas muy fríos de alta montaña, reservorios de agua dulce habitualmente cercanos a glaciares, que se caracterizan por tener suelos congelados o saturados de agua y juegan un rol importante en la regulación del equilibrio hídrico y geomorfológico.

Con la modificación propuesta, se mantiene la prohibición para el desarrollo de actividades económicas en glaciares pero se abre una puerta para desarrollar proyectos de inversión en áreas que no tengan una función hídrica fehaciente.

El proyecto crea el Inventario Nacional de Glaciares, cuya confección y funcionamiento estará a cargo del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), con la coordinación de la Secretaría de Energía, que es la autoridad de aplicación.

A través del inventario, el organismo técnico tendrá la función de individualizar glaciares y formas periglaciares en el territorio nacional, y sobre éstas últimas deberá diferenciar entre aquellas que cumplen con la función hídrica de las que no.

Entre las actividades prohibidas, es decir, aquellas que “alteran de modo relevante la condición natural” o el valor hídrico de los glaciares se encuentran aquellas que liberen sustancias contaminantes, residuos o productos químicos; obras de arquitectura o infraestructura; exploración o explotación minera e hidrocarburífera; y actividades industriales.

En cambio, las actividades permitidas son las investigaciones científicas, las tareas de rescate de emergencia, y la práctica de deportes no motorizados como andinismo y escalada.

El senador nacional de la Libertad Avanza Agustín Coto sostuvo que la reforma a la Ley de Glaciares “responde a la necesidad de armonizar la normativa”. 

"Además, se mantienen todas las actividades prohibidas en los glaciares y el ambiente periglaciar. Se está resolviendo un asunto que este mismo Senado planteó desde diferentes espacios políticos", aseguró el oficialista fueguino.

Por su parte, el senador por La Pampa Daniel Pablo Bensusán (Justicialista) reclamó “discutir de cara a la gente” ya que “esto no es una mera norma técnica”. 

"Estamos discutiendo si intereses económicos en unas pocas provincias van a ser superiores al interés que tenemos todos los argentinos en el medio ambiente y en el agua", advirtió.

Su par del bloque Justicialista Carlos Linares también se expresó en contra de la iniciativa propuesta por el oficialismo, y consideró que “sin consenso social no se puede cambiar una ley”.

“La minera trae riqueza para pocos, no para el pueblo argentino. Es necesario que los gobiernos provinciales le hagan sentir el rigor a las empresas porque cuando terminan estos pueblos quedan abandonados”, expresó el chubutense. 

El senador de La Libertad Avanza Bruno Olivera remarcó que “es enemigo de una buena práctica ambiental tener una ambigüedad jurídica como la que tenemos con la actual Ley de Glaciares”. 

"Esta ley viene a terminar con esa ambigüedad, vamos a proteger mejor el agua y así habilitar el desarrollo de las provincias", explicó el libertario sanjuanino.

A su turno, Alicia Kirchner (Justicialista) sostuvo que “con este proyecto hay retroceso institucional”. 

"El agua es un recurso estratégico, si quieren hacer las cosas bien, el proyecto tiene que volver a comisión porque no tiene seguridad jurídica", apuntó la ex ministra de Desarrollo Social de Néstor y Cristina Kirchner.

El senador rionegrino Enzo Fullone (La Libertad Avanza) señaló que “esta ley transmite el federalismo que necesitamos para que las provincias se desarrollen y tengan mayores ingresos”. 

"El agua está protegida y esta ley no cambia eso, al contrario, se integra un principio precautorio para que no se toque el inventario", dijo.

En tanto, su coprovinciano Martín Soria (Justicialista) afirmó que este no es un proyecto técnico, que tenga fines ambientales" sino “una reforma ideológica, totalmente servil”.

“Por eso ya venía escondida en la Ley Bases. También fue parte de la discusión del Pacto de Mayo con algunos gobernadores. Hay desesperación de atrás de todo esto”, apuntó el ex ministro de Justicia del Frente de Todos.

“Lo que el oficialismo pretende a través de esta reforma totalmente ideológica es una Argentina reducida a la exportación de recursos naturales en bruto. Lo que pretende Milei es un modelo de país primarizado donde se exportan recursos naturales de todos los argentinos y de las futuras generaciones totalmente subordinados a los intereses del mercado global”, advirtió. 

Para Soria, “estamos ante una avanzada del oficialismo bajo el disfraz de que quieren aggiornar la ley porque supuestamente le falta claridad”. 

“Más clara que la ley de Glaciares no hay. No hay nada que aclarar salvo negocios turbios que seguramente los habrá para desguazar glaciares que son recursos naturales y abrirle la puerta a la producción minera en zonas donde hoy por suerte no pueden poner un pie”, continuó.

Según alertó, las zonas periglaciares que quedarían sin protección si avanza la iniciativa representan “entre el 25 y el 50% del recurso hídrico cuencas abajo de estos glaciares en provincias patagónicas que vienen de 15 años de incendiarse”.

La también rionegrina Ana Marks (Justicialista) denunció que con la reforma planteada por el oficialismo “quieren seguir profundizando este país que entrega y permite que se saqueen sus recursos en función de los intereses de las corporaciones”. 

"Sin agua no hay vida, no hay economías regionales, no hay posibilidad de producción y tampoco hay seguridad sanitaria", expresó la senadora kirchnerista.

“Tenemos un gobierno flexibilizador, entreguista, que busca el saqueo, que le interesan más los bolsillos de las corporaciones que nuestros pibes tomen agua sin contaminar cuando abran la canilla”, disparó.

En insistió en que el objetivo es “flexibilizar para responder a los intereses del saqueo de empresas foráneas”.

Maximiliano Abad (UCR) reconoció que alrededor del tema existe una natural "tensión entre la preservación de ecosistemas y el progreso económico",

"Los países con alto nivel de desarrollo la solucionaron con instituciones sólidas, controles eficaces y reglas que cumplen, puntualizó.

Y concluyó que “el proyecto no ofrece una mirada de equilibrio”, por lo que anticipó su voto “no positivo”.

El entrerriano Adán Bahl (Justicialista) también se manifestó en contra y sostuvo que “la Argentina necesita generar trabajo y un desarrollo productivo real y para eso tiene que crecer de manera sustentable, cuidando los recursos para no eliminar esos activos”. 

"Si queremos seguridad jurídica necesitamos una norma técnicamente robusta", agregó el senador opositor.

En la misma sintonía, la cordobesa Alejandra Vigo (Provincias Unidas) aseguró que este proyecto de ley que modifica la Ley de Glaciares ”está signado por la improvisación" y “carece de un enfoque centrado en el paradigma de la protección ambiental y en el cambio climático que hoy ya ningún país es capaz de negar, y omite el rol adaptativo que tienen nuestros glaciares".

El senador nacional de La Libertad Avanza Luis Juez explicó hoy la razón por la cual votará este jueves la reforma a la Ley de Glaciares de modo diametralmente opuesto a cómo lo había hecho en 2010 cuando se sancionó la iniciativa, y aclaró que no se considera a sí mismo “un falso, un cínico ni un hipócrita”.

“Esta ley no vulnera ninguna de las garantías que en aquel momento se consagraron. Digo esto para los que hacen terrorismo ecológico”, lanzó el cordobés, recientemente incorporado a las filas libertarias.

“No soy un falso, un cínico ni un hipócrita. Hace 16 años yo levantaba la mano y lográbamos tener un estándar básico y mínimo. 16 años después, sin borrar el codo lo que escribía con la mano, apoyo esta ley que le devuelve a las provincias la autonomía que le corresponde respecto a sus recursos naturales y hacerlo con arreglo a lo que votamos en el 2010”, argumentó.

Juez recordó que aquella votación se ganó 35 a 33 y que apuntó que la mayoría de los senadores del peronismo habían “votado decididamente en contra”. 

“Hoy pareciera que vivieran en un iglú en medio de un glaciar, rodeados de pingüinos. Todos defensores de los glaciares y de los periglaciares pero en aquel momento votaron decididamente en contra. Esto parece un campeonato de hipocresía y de cinismo”, comentó durante la sesión en la Cámara alta.

Edith Terenzi (Despierta Chubut) sostuvo que “impulsar una reforma regresiva con estos visos de inconstitucionalidad no va a generar seguridad juridica que es lo que el gobierno está persiguiendo sino todo lo contrario: va a generar más incertidumbre”.

“El proyecto presenta vicios inconstitucionales muy importantes. Desconoce la doctrina de la Corte Suprema, compromisos internacionales de Escazú y ahora Mercosur-Unión Europea, y resulta incluso incompatible con la legislación ambiental vigente”, completó.

El catamarqueño de la UCR Flavio Fama apoyó la reforma y señaló que el objetivo es “compatibilizar la protección ambiental con el desarrollo productivo y las competencias provinciales”. 

"Es una irresponsabilidad declamar bandera sin conocer la norma, ni las realidades en donde convive la actividad minera", enfatizó el senador radical.

Anabel Fernández Sagasti (Justicialista) advirtió que "la decisión que se tome respecto de esta ley es irreversible para el futuro de los argentinos".

"Esto no es una modificación técnica a la Ley de Glaciares. Esta es una ley que flexibiliza estándares ambientales, es un retroceso y un cambio de paradigma. Pasamos de un paradigma científico, técnico y rígido a un criterio discrecional y político", recalcó.

La camporista aseveró que la iniciativa “pone a competir a las provincias en un dumping flexibilizador para ver cuál trae más inversiones”. 

“En lugar de cooperar las provincias, empiezan a competir”, alertó la legisladora mendocina.

“Hay muchísimos minerales por fuera de los ambientes glaciales y periglaciales que no están explotados. Entonces esto no es minería sí o minería no”, apuntó.

Para Fernández Sagasti, "la necesidad de dólares urgentes no nos puede llevar a rifar riquezas naturales que no vamos a poder recuperar ni con todo el oro del mundo".

El último discurso estuvo a cargo de la jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, quien pidió terminar con la “falsa dicotomía” entre protección del medio ambiente y creación de trabajo y producción.

“Terminemos con la falsa elección. No es agua o trabajo”, enfatizó, y señaló que “no se toca la columna vertebral de la ley” ya que los glaciares siguen siendo considerados bienes de interés público y reservas estratégicas de recursos hídricos con total protección.

“Esa confusión ha paralizado una cantidad importantísima de inversiones”, lamentó la ex ministra de Seguridad, que dijo que a partir de una mejor delimitación de las zonas que no contienen reservas hídricas se van a poder atraer proyectos de inversión que generarán trabajo y producción local.

“La historia no está golepando la puerta. No dejemos pasar esta oportunidad”, exhortó antes de que se procediera a la votación. 

“El verdadero ambientalismo del siglo XXi no es un ambientalismo que prohíba. E suin ambientalismo que tenga tecnologia, controles, transparencia y previsibilidad. Es un ambientalismo responsable, no el ambientalismo extremo que lo único que hace es impedir todo”, diferenció Bullrich.

La ex ministra de Seguridad aclaró que “el capitalismo no le teme al control” sino a “la arbitrariedad, al clientelismo, a la discrecionalidad, al feudalismo”.

“El control es intrínseco del capitalismo porque necesita seguriad jurídica”, esgrimió.

Fuente: Noticias Argentinas

En medio de una fuerte expectativa del Gobierno, el Senado convirtió este jueves en ley el proyecto que ratifica el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea por 69 votos afirmativos y 3 negativos.

El consenso fue casi total ya que hasta el bloque Justicialista había anticipado su apoyo a la iniciativa, que ya había tenido un amplio respaldo en la Cámara de Diputados.

El oficialismo cantó victoria pero la alegría no fue total porque en la previa a la sesión, en Casa Rosada y en Cancillería se aferraban a la ilusión de que el Senado convalidaría el acuerdo antes que el Parlamento uruguayo, algo que al final no sucedió porque hacia el mediodía el Congreso del vecino país ganó la carrera.

De todos modos, hubo expresiones de satisfacción y altos funcionarios del Gobierno como el ministro de Interior, Diego Santilli, monitorearon in situ el desarrollo de la sesión y el resultado final.

El acuerdo bilateral entre el Mercosur y la Unión Europea fue firmado el 17 de enero pasado en Asunción, en el marco de una ceremonia que tuvo la participación del presidente Javier Milei y de sus pares de Paraguay, Santiago Peña, y de Uruguay, Yamandú Orsi, y a la que se ausentó el mandatario de Brasil, Lula da Silva.

El tratado comercial, uno de los mayores acuerdos birregionales del planeta, aún no puede implementarse porque el Parlamento Europeo decidió con la mayoría de los votos de sus integrantes la revisión por parte del Tribunal de Justicia de Europa para que analice su impacto y decida sobre su puesta en vigencia.

Según sus promotores, la implementación del acuerdo comercial entre los dos bloques económicos regionales permitirá bajar aranceles al 92% de las exportaciones del Mercosur, otorgará acceso preferencial al restante 7,5% y recortará las barreras de acceso para bienes industriales provenientes del Viejo Continente.

Entre otras implicancias, se suprimen los aranceles de productos químicos, farmacéuticos, maquinaria, ropa y bebidas.

El acuerdo supone la creación de una zona de libre comercio con un mercado de más de 800 millones de consumidores, que representa el 25% del PBI mundial.

La Unión Europea es el segundo mayor socio comercial del Mercosur después de China y por delante de Estados Unidos.

Además, la Unión Europea es una de las principales fuentes de Inversión Extranjera Directa, y es el segundo mayor importador global de bienes.

El debate

El miembro informante del oficialismo, el formoseño Francisco Paoltroni, celebró la firma del acuerdo comercial y señaló que va a permitir potenciar el perfil exportador de minerales, hidrocarburos y de la producción de las economías regionales.

"Ha llegado el día de tan ansiado momento para nuestro país. Después de 25 años de tratamiento, hoy se convertirá en ley este acuerdo UE-Mercosur. Esto significa el camino al desarrollo de nuestra república y del interior profundo eternamente postergado", señaló.

“Creo que poner en marcha al sector energético, de los hidrocarburos, y el sector minero van a ayudar al tan castigado campo argentino a traer las divisas que siempre fueron escasas en nuestro país”, sostuvo el senador de La Libertad Avanza.

Y agregó: “Sacarle el pie a la cabeza del campo va a significar incrementar la producción a lo largo y ancho del país generando empleo en el primer eslabón de la cadena”.

Por su parte, Jorge Capitanich (Justicialista) anunció que su bloque “acompañará la votación” con “observaciones” de algunos de sus miembros “debido a la heterogeneidad del impacto de estas cuestiones”.

“Queremos expresar que todo acuerdo de carácter comercial requiere acompañamiento de medidas de carácter complementario, por ejemplo un sistema de negociación que esté enmarcado en un sistema de consultas previas con evaluación de impacto ambiental y de los mecanismos que implican medidas compensatorias para resolver los problemas y asimetrías de productividad que esto produce”, planteó el ex gobernador chaqueño.

El también ex jefe de Gabinete reclamó que a partir del inicio del período ordinario de sesiones se pueda trabajar en un proyecto para crear una comisión bicameral de seguimiento de acuerdos comerciales.

“Efectivamente Argentina puede tener oportunidades muy importantes. Hay sectores que pueden verse perjudicados. Es muy importante generar las condiciones para ensanchar e incrementar estos acuerdos”, analizó Capitanich.

El senador opositor recordó que el acuerdo fue remitido por la Comisión Europea a un tribunal de Justicia que podrá tomarse hasta 18 meses para revisarlo, y además existen objeciones de países de la euro región, especialmente de Francia.

“Y también objeciones de establecimientos de carácter industrial en la República Argentina por eventuales perjuicios que estos signifique, especialmente conurbano bonaerense y provincia de Buenos Aires”, subrayó.

De cualquier forma, Capitanich enfatizó que es “muy importante fortalecer el Mercosur en las alianzas estratégicas internacionales”.

“Este acuerdo es clave para el equilibrio económico de base mundial porque tenemos una puja de dos gigantes, Estados Unidos y China. Y tenemos serios problemas que tiene que ver con apertura indiscriminada de importaciones a través de plataformas como Amazon, Temu y Shein que afectan sustancialmente el comercio, que destruye empleos e industrias”, advirtió.

Por la UCR, Gabriela Valenzuela pidió “tomar dimensión de lo que significa para Corrientes y también para Argentina la trascendencia de apoyar el acuerdo UE-Mercosur, ya que profundiza la inserción internacional, dinamiza la economía y genera más oportunidades de empleo y desarrollo”.

Por La Libertad Avanza, Pablo Cervi remarcó que “es un gran desafío ser el primer país que pueda aprobar este tratado que nos permitiría llegar a un acuerdo de libre comercio con el 30% del PBI mundial".

"Estamos ante la gran oportunidad de tener una Argentina prospera nuevamente”, añadió el senador de la provincia de Neuquén.

El pampeano Daniel Pablo Bensusan (Justicialista) opinó que “el acuerdo entre Unión Europea y Mercosur presenta una gran oportunidad para la Argentina, por eso creo con estos acuerdos vamos a fortalecer la capacidad de negociación”.

"Argentina solo negocia desde la debilidad, el Mercosur negocia con mucha más fuerza regional", explicó el senador peronista.

Adrián Bahl (Fuerza Entre Ríos) admitió que “existen tensiones” alrededor de “un acuerdo de esta magnitud” y que “existen situaciones disimiles en distintas industriales”, pero afirmó que el acuerdo tiene previsibilidad en el tiempo".

“No hay que dejar a esas economías libradas al azar. Tiene que estar el Estado acompañando para atender esas divergencias y para poder aprovechar esta oportunidad histórica”, culminó el senador entrerriano.

“Necesitamos crecer, expandir los mercados y reglas claras para invertir con seguridad y en este contexto el acuerdo con la Unión Europea es muy importante porque fortalece al Mercosur y, también, fundamentalmente, a nuestras provincias que exportan”, analizó.

Marcelo Lewandowski (Justicialista) destacó que "el proyecto es transversal a distintos gobiernos y que es una política de Estado de todo el Mercosur".

"Este acuerdo solo tendrá sentido si sirve para exportar trabajo argentino, industrializar nuestra producción y no primarizarla. Sin industria no hay nación, sin trabajo no hay justicia y sin justicia social no hay una patria en donde la gente tenga dignidad", resaltó el santafesino.

Belén Monte de Oca (La Libertad Avanza) apuntó que este acuerdo comercial “se da en un camino de reformas que lleva adelante este Gobierno, que le da un mensaje al mundo diciendo que Argentina es un socio abierto y confiable”.

“Abrirnos al mundo es crecer y vamos en ese camino con la aprobación de este acuerdo”, manifestó la representante de la provincia de Tierra del Fuego.

"Este acuerdo con la Unión Europea nos consolida como un actor económico comercial y nos referencia desde el punto de vista político internacional. Es un acuerdo moderno y ventajoso que nos otorga reglas claras, previsibilidad e institucionalidad”, aseguró.

A su turno, el radical bonaerense Maximiliano Abad también respaldó el proyecto de ley al señalar que “esta asociación estratégica” birregional “es una ventana de oportunidad” para el país.

“Este acuerdo nos garantiza competir. Lo que no va a garantizar a la Argentina es ganar, por eso debemos profundizar esta senda”, aseveró.

El legislador subrayó que la apertura de nuevos mercados representa una oportunidad concreta para los sectores productivos bonaerenses: “Van a crecer los sectores que trabajen con reglas claras y previsibles. La provincia de Buenos Aires tiene el potencial productivo y exportador para aprovechar esta nueva etapa”.

Durante su intervención, Abad enmarcó el acuerdo en una perspectiva histórica: “Treinta años después de la Declaración de Iguazú, estamos a punto de ratificar el acuerdo más importante de la historia del Mercosur. Aquel primer entendimiento entre Argentina y Brasil no fue sólo económico. Fue una decisión estratégica”.

“Más allá de los beneficios comerciales, estamos ratificando una alianza entre bloques democráticos que comparten reglas, estándares y valores. Más que un tratado, hoy estamos convalidando un rumbo para las próximas décadas: un rumbo de integración inteligente y ambición productiva que puede generar más oportunidades para todos los argentinos”, finalizó.

En el discurso de cierre del oficialismo, la jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, destacó que el propósito del Gobierno es “ dialogar de igual a igual con las economías grandes del mundo”.

La ex ministra de Seguridad recordó que el proceso de discusiones de este convenio bilateral lleva 26 años.

“Hemos avanzado muchísimo con grandes dificultades pero estamos cambiando la Argentina. Estamos en un momento en que el país decidió cambiar el retraso por la prosperidad”, resaltó.

Según dijo, “durante mucho tiempo Argentina giró bajo una lógica proteccionista donde prácticamente se miraba al mundo como un enemigo”.

Bullrich reafirmó que la mirada filosófica del Gobierno de La Libertad Avanza es que “el comercio aumenta la libertad”.

"Las barreras comerciales generan un modelo corporativo, donde los precios son mas altos y el poder adquisitivo se destruye”, apuntó.

“Para nosotros el comercio es la manera más importante en la que crecen los pueblos”, consideró.

En ese sentido, indicó que lo que se propone el Gobierno “es recuperar un lugar trascendente de la Argentina en el mundo, un país que vuelve a ser mirado, escuchado, tenido en cuenta”.

“Volver a ser mirados implica volver a entrar en una comunidad internacional que nos relegaba porque Argentina estaba en la insignificancia”, opinó.

En otro pasaje de su discurso, Bullrich aclaró que desde el oficialismo “reivindican el Mercosur”, y admitió que “al principio” eso no se decía.

Agregó que también reivindican la posibilidad de “tener otros amigos comerciales” como pone de manifiesto el tratado con Estados Unidos.

Por último, la senadora de La Libertad Avanza aseguró que la firma de este tratado comercial “va a traer confianza y eso va a bajar el riesgo país” y en consecuencia va a reducir el costo del crédito.

Fuente: NA

Con la presencia del canciller Pablo Quirno en los palcos, el Senado debate el acuerdo Mercosur - Unión Europea. Por propuesta de la UCR, se intentó achicar la lista de oradores para anticiparse a la votación uruguaya, pero el país vecino se impuso y fue el primero en ratificarlo. Al comienzo de la jornada, se aprobó el pliego del exdiputado, Fernando Iglesias como embajador en Bélgica y ante la Unión Europea. Su candidatura despertó fuertes críticas, que incluyeron adjetivos como "misógino", "pedante", "delirante" y "más cerca del lumpenaje". Además, la Cámara prevé aprobar y girar a Diputados la reforma a la Ley de Glaciares.

Pasadas las 11, con 40 senadores presentes en el recinto, se puso en marcha la sesión que fue inaugurada por la vicepresidenta Victoria Villarruel. A diferencia de otras oportunidades, y luego de quedarse sin autoridades en la Cámara alta, el peronismo que conduce José Mayans habilitó el quorum reglamentario. La sesión arrancó con el pliego del exdiputado Fernando Iglesias como embajador, quien ya se encuentra viviendo en Bruselas, a la espera de este trámite parlamentario, que finalmente prosperó, tras reunir 38 votos a favor, 31 en contra y una abstención, de la salteña Flavia Royón. Como pocas veces, el exprofesor de vóley recibió fuertes críticas por parte de los senadores.

José María Carambia, de Santa Cruz, rechazó el nombramiento. "Nosotros vamos a votar negativo, es un pedante, soberbio e incapacitado. Votamos en contra de ese delirante".

Fernando Salino, de Justicialista Social Federal, también rechazó el pliego. Entre sus argumentos, citó fragmentos de un libro escrito por él en el año 2002 llamado La cuestión Malvinas. Crítica del nacionalismo argentino. "Cualquier idea de soberania argentina sobre los kelpers se me hace impasable", leyó el senador.

Más adelante, Salino citó un fragmento escrito por Iglesias en el que afirmaba: “Si las Malvinas debían seguir la línea del virreinato, deberían ser uruguayas porque el apostadero estaba en Montevideo, no en Buenos Aires”.

Quien también cuestionó con dureza la designación de Iglesias fue la jujeña Carolina Moisés. La senadora, que acaba de romper con Popular señaló: "Es un hombre misógino, violento e ignorante".

Más adelante, le advirtió al Gobierno que "va a tener problemas" con esta designación. "El Gobierno está cometiendo un error", dijo la jujeña y aseguró que está "más cerca del lumpenaje" que de ocupar un cargo diplomático.

Por el oficialismo, fue Juan Carlos Pagotto el encargado de defender la postulación. "Es un puesto de capital importancia y creo que el postulante está capacitado para llevarlo adelante", dijo el riojano.

Acuerdo Mercosur - Unión Europea: intento fallidoSaldado el debate por el pliego de Iglesias, comenzó el tratamiento por el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea conforma uno de los tratados comerciales más relevantes a nivel global. Ambos bloques representan en conjunto más del 30% del PBI mundial y cerca del 35% del comercio global, lo que daría lugar a un mercado integrado de más de 700 millones de personas.

"Ha llegado el día de tan ansiado momento para nuestro país. Después de 25 años de tratamiento, hoy se convertirá en ley este acuerdo Unión Europea-Mercosur. Esto significa el camino al desarrollo de nuestra república y del interior profundo eternamente postergado", afirmó Francisco Paoltroni, senador de LLA que ofició como miembro informante. Durante el debate del acuerdo, el Canciller se hizo presente en uno de los palcos, para seguir los discursos.

En primer momento, el tema esta previsto para la sesión del viernes. Pero, para "primerear" a Uruguay y ser el primer país de la región se anticipó para la sesión prevista para este jueves. A ese acelere se le sumó que, durante el debate, el radical Maximiliano Abad interrumpió los discursos y pidió la palabra para proponer que, primero, se vote el acuerdo y, saldada esta instancia, se retomen los discursos. La intención del marplatense era "lograr el efecto simbólico de ser el primer país del Mercosur en votar el acuerdo".

La propuesta fue rechazada por Popular. Los senadores insistieron con que "primero se dan los discursos y después se vota". Por eso, Mayans propuso que los oficialistas se bajen de la lista de oradores. La propuesta fue aceptada por la jefa de bloque oficialista, Patricia Bullrich.

De todas maneras, las intenciones de Abad cayeron en saco roto. Mientras tanto, Uruguay sancionaba el acuerdo y se convertía, efectivamente, en el primer país del Mercosur en ratificar el acuerdo. Ratificado el acuerdo, la sesión siguió su curso: la lista de oradores se mantuvo intacta.

En términos generales, el tratado prevé una fuerte reducción de aranceles y barreras comerciales. Según las estimaciones, las exportaciones de la Unión Europea al Mercosur podrían aumentar un 39%, mientras que las exportaciones del Mercosur hacia Europa crecerían un 17%. En ese marco, la UE eliminaría el 92% de los aranceles aplicados a las exportaciones del Mercosur y otorgaría preferencias adicionales al 7,5% restante. En el sector agrícola, se liberalizaría el 99% del comercio, eliminando restricciones que afectan a productos clave como frutas, vegetales, aceites, pescados, vinos y alimentos procesados.

Para Argentina, el acuerdo permitiría recuperar exportaciones en sectores como biodiésel, aceites, langostinos, cítricos y pesca, además de otorgar ventajas inmediatas en productos donde el país es particularmente competitivo. La eliminación o reducción acelerada de aranceles beneficiaría directamente a bienes como soja procesada, aceites, maní, frutas del Alto Valle, cítricos y pesca, además de impulsar a la agroindustria y a la cadena cárnica.

En Diputados, el acuerdo Mercosur-Unión Europea que podría implicar un incremento en el intercambio comercial en torno a los u$s 60.000 millones para la región, fue apoyado con 203 votos afirmativos, 42 negativos y 4 abstenciones.

La Ley de Glaciares divide aguasEl otro plato fuerte de la jornada es la reforma a la Ley de Glaciares. La propuesta del oficialismo -que fue dictaminada en diciembre- busca establecer cambios en los regímenes de presupuestos mínimos para la preservación de glaciares y el ambiente periglacial (Ley 26.639), diferenciando a las "áreas periglaciares" de las "geoformas periglaciales".

Asimismo, el texto sujeta su pertenencia al Inventario Nacional de Glaciares (ING) a ser reconocidas como "reservas estratégicas" por estudios de la "autoridad con competencia ambiental de la jurisdicción" local.

La reforma a la Ley de Glaciares divide aguas en todos los bloques. En la previa a la sesión, se daba por descontado que los principales aliados de LLA, el PRO y la UCR votarían de manera dividia. Lo mismo se espera de Popular, espacio que conduce José Mayans. Es que, al menos hasta el inicio de la sesión, no se descartaba que algunos senadores de provincias mineras acompañen la iniciativa con su voto.

Frente a este panorama, si bien el Gobierno se mostraba confiado con los números, se espera una votación ajustada. De ser aprobada, la iniciativa será girada a Diputados para su sanción definitiva.

En la previa a la sesión, un grupo de activistas ambientales irrumpieron en el Congreso saltaron las rejas e ingresaron a la explanada del Palacio, en protesta contra la Ley de Glaciares. La policía intervino y detuvo a los manifestantes que se presentaron con pancartas y consignas en defensa del medio ambiente.

Fuente: Ámbito

Dos meses y medio después de haber dejado el bloque Pro, que integró desde que asumió como senador a través de las listas de Juntos por el Cambio, el cordobés Luis Juez decidió sumarse al bloque de La Libertad Avanza del Senado, que conduce Patricia Bullrich. Así dio un paso más en su alineamiento con el oficialismo, que ya integraba desde el 10 de diciembre pasado, cuando anunció que dejaba el bloque Pro para formar un monobloque que sería parte de un interbloque con La Libertad Avanza.

Dicho monobloque se llamó Frente Cívico, en referencia al partido que Juez lidera en su provincia, pero la experiencia como interbloque se extendió hasta esta última semana, cuando aceptó sumarse directamente al bloque LLA, que queda oficialmente con 21 integrantes, en vísperas de la sesión preparatoria.

Con este número, La Libertad Avanza tiene la misma cantidad de senadores que el bloque Justicialista, que encabeza José Mayans, y que forma un interbloque cruzado por internas con Convicción Federal (5 senadores) y el Frente Cívico por Santiago (2).

Juez es senador nacional desde 2021, y en 2023 había asumido la presidencia del bloque Pro, en reemplazo de Humberto Schiavoni, a pesar de no ser parte del partido amarillo. Dejó ese cargo el 19 de enero del año pasado, luego de diferencias con Mauricio Macri. El cordobés sostenía que su deber era “acompañar al Gobierno y darle herramientas”, recalcando que no había “doble comando”, respaldando abiertamente a Milei en ese contexto. El fundador del Pro, en cambio, buscaba contener a su partido y evitar una subordinación total al mileísmo.

El objetivo de Luis Juez es ser el candidato a gobernador de Javier Milei en Córdoba, tal cual él lo confesó abiertamente. “La primera vez que hablamos, en marzo del año pasado (2024), comiendo en Olivos, yo le dije: ‘Cuando vos vayas por tu reelección el 10 de diciembre del 2027 yo voy a terminar mi mandato de senador y voy a trabajar con un honor increíble para tu reelección’”, reveló en una entrevista. 

La Libertad Avanza (LLA) apretó el acelerador en el Senado y este viernes, en un trámite exprés, emitió dictamen de la reforma laboral, con el fin de convertir en ley la próxima semana esa iniciativa  clave del gobierno de Javier Milei.

.El plenario de las comisiones de Trabajo y Previsión Social y Presupuesto estuvo atravesado por acusaciones cruzadas entre la LLA y el peronismo, que vaticinó que el oficialismo terminará su gobierno escapándose en helicóptero, como le pasó al expresidente de la UCR Fernando de la Rúa.

De todos modos, el Gobierno ya tiene asegurados los votos, luego de la emisión del dictamen, para cumplir el deseo del presidente Javier Milei de tener sancionada la ley de reforma laboral antes de que inaugure el domingo 1 de marzo.

La presidenta de la comisión de Legislación del Trabajo, Patricia Bullrich, abrió la reunión con el anuncio de que se aceptará el proyecto aprobado por la Cámara de Diputados que eliminó el artículo 44  señaló que “con esa modificación lograríamos este dictamen para tratarlo en sesión el viernes que viene”.

El artículo 44 establecía que el empleador solo debía pagar por espacio de tres meses la mitad del sueldo al empleado que faltaba por tener una enfermedad o accidentes de trabajo, o del 75% si tenía cargas de familia.

Si bien se eliminó ese artículo se mantuvo el espíritu de la ley que introduce fuertes modificaciones en la ley de contrato de trabajo sobre ultraactividad, indemnizaciones, vacaciones, horas extras, rebaja aportes patronales para incentivar la toma de empleo, y limita el derecho de huelga en lo que considera “servicios esenciales”

El ambicioso plan del oficialismo es conseguir que el próximo viernes se aprueben en el Senado  las leyes de reforma laboral, del Régimen Penal Juvenil, y darle media sanción a la ley de Glaciares.

Como sucedió el 11 de febrero y ayer en Diputados, el Gobierno ya tiene garantizado contar con el respaldo de los gobernadores aliados de Chubut, Ignacio Torres , de Mendoza Alfredo Cornejo, de Corrientes Juan Pablo Valdes, de San Juan Marcelo Orrego, de Neuquén Rolando Figueroa, de Misiones, Hugo Passalacqua y de los peronistas de Tucumán Osvaldo Jaldo, y de Salta Gustavo Sáenz.

La reunión que parecía y solo parecía ser un trámite terminó siendo una fuerte pelea donde cruzaron acusaciones, Bullrich y los senadores peronistas, que denunciaron coimas, que Luis Caputo se quedará con los fondos de los jubilados y hasta pronosticaron que Milei deberá fugarse en un helicóptero como le sucedió a Fernando de la Rúa.

El primer round se desató cuando la senadora riojana Florencia López, disparó " el pueblo se va a despertar y no van a alcanzar los helicópteros para que se fuguen como lo hicieron antes”, en alusión a la caída del gobierno de la Alianza en diciembre del 2001

En forma veloz, Bullrich interrumpió a la senadora López para decirle que  esa afirmación  era “golpista” y  le pidió que “pare” con esas afirmaciones

Pero esa no fue la única pelea ya que produjo otro cruce entre senador de la agrupación “La Campora” Mariano Recalde y Bullrich, cuando el legislador planteó que “en muchas ocasiones se comprobó que había coimas” y recordó que al tiempo que se aprobó la ley Bases apareció se detuvo con dinero al senador Eduardo Kueider con 200 mil dólares sin declarar.

Además señaló que en el 2003 al asumir el expresidente Néstor Kirchner arregló “ese desastre” de la reforma laboral aprobada en el gobierno de la Alianza y  señaló que sucederá lo mismo cuando el peronismo vuelva al poder.

“Si ganan las elecciones lo arreglarán ”, lo cruzó Bullrich.

Para cerrar, Recalde le apuntó a la jefa del oficialismo y le recordó que durante su gestión de ministra de Trabajo durante el Gobierno de Fernando de la Rúa cuando la Argentina registró el índice más alto de desempleo. "Ese desastre vinimos a arreglar los peronistas y este desastre también", resaltó.

Bullrich no tardó en responder y con una sonrisa picarona le devolvió al senador K. "Si ganan las elecciones lo arreglarán", cerró la ex ministra, que no fue su único cruce con el peronismo.

Pero la polémica subió de tono cuando la senadora peronista Juliana Di Tullio, quien denunció que “le armaron la caja al ministro Luis Caputo para  que haga la campaña, que saque de ahí...Con la guita de los jubilados. Se la va a 'chorear' a la guita de los futuros y actuales jubilados”.

La jefa del bloque de senadores de la Libertad Avanza, Patricia Bullrich, reconoció que fue “un error” no haber diferencias las enfermedades graves y leves en el proyecto de reforma laboral, donde se rebajaron el pago de las licencias por enfermedad o accidentes y reiteró que se modificará ese artículo en la discusión en diputados.

Bullrich dijo que tuvieron “un error porque la ley original no distingue entre enfermedades” al no haber realizado una división al disponer que en caso de accidente o enfermedad ajenas al trabajo se iban a pagar entre el 50 y el 75% del sueldo que cobra cada trabajador.

La modificación de ese artículo obligará a que el proyecto vuelva de nuevo al Senado ya que los bloques dialoguistas no aceptaron que se pueda hacer por una ley complementaria o la reglamentación como aspiraba el oficialismo.

En declaraciones a TN, Bullrich dijo que “el error no fue haber aclarado las enfermedades severas, degenerativas o irrecuperables. Nos faltó eso y lo vamos a arreglar”.

Señaló que “eso puede pasar cuando tenés más de 200 artículos” y agregó que el problema surgió porque la actual ley que “no distingue entre un esguince y un cáncer”.

El artículo 44 establece que se pagará el 50% del sueldo en caso de las licencias por enfermedades o accidentes ajenas al ámbito laboral y del 75% cuando se trate de personas con familiares a cargo.

El Gobierno aceptaría las modificaciones de la Cámara de Diputados en el proyecto de reforma laboral para aprobarlo este jueves 19 de febrero y devolverlo a la Cámara alta un día después. En ese sentido, el objetivo final sería convertirlo en ley el viernes 27 de febrero. 

Desde el riñón de la mesa política oficialista piensan que, luego de sesionar el próximo jueves, como estará estipulado en el cronograma libertario, el texto sería remitido al Senado rápidamente para que la senadora y jefa de bloque LLA, Patricia Bullrich, consiga dictaminarlo el viernes 20 en comisión. 

Si bien el lunes por la mañana los libertarios habían barajado la posibilidad modificar el polémico artículo de reducción del pago de las licencias a través de una reglamentación o de una ley complementaria, esta posibilidad no tendría el visto bueno de un sector de los dialoguistas.  

La modificación del artículo 208 de la Ley de Contrato de Trabajo establece que, ante una enfermedad o accidente no vinculado a la tarea laboral, luego de los tres meses cobrará un 50% del salario, sin detallar qué pasa en los casos de enfermedad grave y del 75% si tiene personas a cargo. 

Bullrich dijo que la idea es mantener para el pago de enfermedades graves el 100% del pago de los salarios, pero que se exigirá certificado “fehaciente” o una junta médica. 

El artículo, que pasó por debajo del radar en el Senado, fue puesto bajo la lupa tras las declaraciones del ministro de Modernización, Federico Sturzenegger. 

Fuente: Agencia NA

El Gobierno resolvió extender el plazo de las sesiones extraordinarias al sábado 28 de febrero. Un día más de lo planeado para cumplir con el período legal correspondiente de los proyectos tratados antes de la Apertura de Sesiones Ordinarias, programada para el 1° de marzo.

Se trataba de un debate que maduró en la mesa política y que finalmente resolvió con la intención de completar el tratamiento legislativo ante el ajustado calendario electoral marcado por los feriados de Carnaval. De esta forma, el presidente Javier Milei deberá emitir un nuevo decreto que materializará la prórroga prevista para un día más, es decir el sábado 28 de febrero.

El problema que mantienen hasta entonces reside en la emisión del dictamen, que en el escenario ideal debiera estar listo antes del 18 a raíz de los feriados del lunes 16 y martes 17, plan que se complejiza por las posibles salidas de los diputados a sus provincias durante el receso.

La ingeniería en el calendario se debe a la norma expresa en el reglamento de la Cámara de Diputados que establece que si faltan 10 días, o menos, para que termine el período de sesiones, sacar un dictamen carece de efecto práctico. Si bien el trámite solo requiere de un nuevo decreto, en Balcarce 50 admiten el error inicial a la hora del diseño de la hoja de ruta legislativa.

La reunión de Mesa Política con Karina Milei, Luis Caputo, Diego Santilli, Patricia Bullrich, Lule Menem, Martín Menem, Santiago Caputo, Ignacio Devitt y Manuel Adorni (Presidencia)

Con la postergación, la administración libertaria apuesta a concluir el debate por la reforma laboral, una de las principales obsesiones del libertario, que iniciará este miércoles en la Cámara de Senadores, con intención de ser convalidada en Diputados días más tarde, sin modificaciones.

Un escenario similar ocurrió el pasado diciembre, cuando el Congreso trataba el Presupuesto 2026 y la Ley de Inocencia Fiscal, cuando se pensó ampliar el plazo para tratar el proyecto de “Modernización” Laboral que diseñó el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. Sin embargo, la postura fue resistada por quienes calificaban de compleja la tarea de convecer a los legisladores de sesionar durante en el período vacacional.

El proyecto que modificaría el esquema laboral configura una de las principales claves en la agenda del mandatario. Para su sanción, habilitó a sus alfiles negociadores a dar lugar a más 20 de modificaciones en el articulado, pero resiste la eliminación de la reducción en el Impuesto a las Ganancias, fuertemente cuestionado por los gobernadores, incluso los aliados, que ven afectada la recaudación de sus provincias.

Asimismo, además de la sesión de este miércoles, la Cámara Baja tratará el próximo jueves la Ley Penal Juvenil, con intención de reducir la baja de la edad de imputabilidad a los 14 años, y el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur, otro aspecto clave del temario.

Diego Santilli, Patricia Bullrich y Martín Menem en el Congreso tras la sanción del Presupuesto 2026

El objetivo central es llegar al 1° de marzo, domingo en el que el mandatario libertario pronunciará su habitual discurso inaugural de sesiones, donde develará las prioridades del Ejecutivo durante el año legislativo, con los principales proyectos tratados. Bajo esta lógica, y ante el ajustado cronograma, algunos temas fueron pensados para tratar más adelante como el acuerdo comercial con los Estados Unidos y la Ley de Glaciares.

El tema de los plazos formó parte de la reunión de mesa política que tuvo lugar esta mañana en las oficinas del Ministerio del Interior que ocupa el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, bajo la supervisión directa de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Fueron parte de la misma los ministros Luis Caputo (Economía) y Diego Santilli (Interior), pero también el asesor presidencia, Santiago Caputo; la jefa de bloque de LLA en el Senado, Patricia Bullrich, y el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem junto al armador Eduardo “Lule” Menem.

Fuente: Infobae