Luego de que el oficialismo resolviera eliminar el capítulo vinculado a la venta de tierras rurales a capitales extranjeros para evitar que el proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada se postergara, el Senado comenzará a debatir el resto de la iniciativa a partir de las 14 horas.

La exclusión del aspecto más controvertido de la iniciativa se precipitó después de una serie de rechazos expresados durante la tarde del martes. Mientras Bullrich ofrecía una conferencia para anunciar modificaciones en la venta de tierras a extranjeros —pasando de la liberalización total a la actualización del tope del 15% al 25%—, al menos cuatro legisladores que se presumía votarían a favor expresaron dudas y negaron haber comprometido su apoyo.

En este contexto, se espera una nueva jornada de tensión en el Congreso de la Nación. Mientras que varios movimientos sociales y organizaciones convocaron a manifestarse en contra de la propuesta oficialista, el inicio de la sesión estará marcado por la votación que definirá si los senadores Anabel Fernández Sagasti (Justicialista - Mendoza) y Flavio Fama (UCR - Catamarca) podrán participar por la vía virtual por complicaciones de salud.

La senadora Juliana Di Tullio presentó una impugnación contra el legislador de La Libertad Avanza, Joaquín Benegas Lynch, por considerar que existía un conflicto de intereses para participar del debate del capítulo de la Ley de Tierras incluido originalmente en el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. El planteo fue dirigido a la presidenta del Senado, Victoria Villarruel, aunque pocas horas después el oficialismo decidió retirar ese apartado de la iniciativa al no reunir los votos necesarios para aprobarlo.

En la presentación, Di Tullio solicitó que Benegas Lynch se abstuviera de debatir y votar las modificaciones a la Ley 26.737, que regula la propiedad de tierras rurales por parte de extranjeros. La senadora argumentó que el legislador mantiene una actividad privada directamente vinculada con ese mercado y que una eventual flexibilización de la norma podría generar un beneficio económico para la empresa de la que forma parte.

A través de sus redes sociales, la dirigente de Unión por la Patria difundió el contenido de la impugnación con fuertes críticas al senador libertario. "¡Mirá vos! Un senador de La Libertad Avanza nos quiere vender la tierra argentina a los extranjeros", escribió. También sostuvo que presentó el planteo porque Benegas Lynch es "socio gerente de una empresa dedicada a venderle tierras argentinas a inversores extranjeros" y afirmó que "no es complicado de entender: juez y parte". Además, aseguró que "usar la banca del Senado para beneficiar el bolsillo propio no solo viola la Constitución y la Ley de Ética Pública, sino que es traición a la Patria".

El eje del planteo apunta a la participación de Joaquín Benegas Lynch en Glocal Terra, una empresa especializada en la tasación, administración y comercialización de campos en distintos países de América Latina. Según la información publicada por la propia compañía, ofrece asesoramiento tanto a propietarios como a inversores extranjeros interesados en adquirir o administrar tierras rurales.

Di Tullio sostiene que esa actividad configura un interés económico incompatible con la discusión parlamentaria sobre una ley que precisamente regula el acceso de extranjeros a la propiedad de tierras en la Argentina. Por ese motivo, invocó la Ley de Ética en el Ejercicio de la Función Pública y reclamó que el senador no participara de la discusión ni de una eventual votación sobre ese capítulo.

La presentación también remarca que la Constitución exige que los funcionarios actúen con imparcialidad y sin utilizar el cargo para favorecer intereses particulares. Bajo ese argumento, la senadora consideró que Benegas Lynch debía apartarse del tratamiento del proyecto para evitar cualquier sospecha sobre su actuación legislativa.

La impugnación coincidió con un cambio de estrategia del oficialismo. Durante la jornada del miércoles, La Libertad Avanza resolvió eliminar del proyecto el capítulo que modificaba la Ley de Tierras, luego de comprobar que no contaba con el respaldo suficiente para aprobarlo en el Senado.

Ese apartado proponía flexibilizar el régimen vigente sobre la compra de tierras rurales por parte de extranjeros, una de las reformas más cuestionadas del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. La resistencia de senadores dialoguistas y de varios gobernadores terminó obligando al Gobierno a dar marcha atrás para preservar el tratamiento del resto de la iniciativa.

De esa manera, la impugnación presentada por Di Tullio quedó referida a un capítulo que finalmente no llegará al recinto. Sin embargo, la legisladora sostuvo que el episodio vuelve a poner sobre la mesa el debate acerca de los conflictos de intereses y los límites que deben respetar los representantes cuando intervienen en proyectos que podrían impactar sobre sus actividades privadas.

Hasta el momento, Joaquín Benegas Lynch no respondió públicamente al planteo. Mientras tanto, el Senado continuará con el tratamiento del resto de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que mantiene las reformas sobre desalojos, expropiaciones, manejo del fuego y modernización de los registros inmobiliarios.

Antes de iniciar el receso invernal los senadores nacionales recibieron una buena noticia. A partir de agosto pasarán a cobrar casi $12 millones en bruto, lo que abrirá un nuevo debate frente a la caída generalizada de los salarios y una tasa de desocupación que se mantiene cerca del 8 %.

Este aumento es consecuencia del acuerdo paritario que la vicepresidenta Victoria Villarruel, como titular del Senado, y Martín Menem, como presidente de Diputados, acordaron con los gremios legislativos. Se trata de un incremento acumulativo del 6,7 % que impacta en las dietas de los senadores gracias a la llamada ley de enganche que los legisladores aprobaron a mano alzada en 2024.

La mejora se aplicará en los sueldos de los legisladores en tres tandas: un retroactivo correspondiente a junio de 2,4%, al que se suma otro de 2,2% de julio y un 1,9% en agosto. La suba se aplicará al menos de que los senadores renuncien o donen el aumento como lo hicieron este año los representantes de La Libertad Avanza, la UCR, el PRO y algunos bloques provinciales.

Este año, los senadores habían conseguido a principios del período ordinario un aumento acumulativo del 12,5%, que se completó en mayo llevando los sueldos de los senadores a más de $11 millones bruto, sin los descuentos por ganancias y otros items. Con los nuevos incrementos llegarán a un 19% de aumento en agosto. Según estimaciones, estarían unos puntos por encima de la inflación proyectada. En total, solo 8 gremios le ganaron a la inflación en el primer semestre del año según un informe oficial. En esa lista aparecen encargados de edificios, camioneros y bancarios.

La dieta de los senadores quedó atada a la paritaria legislativa, en la que la Asociación de Empleados Legislativos (APL) junto a UPCN y ATE negocian con las autoridades del Congreso el valor del módulo, que es la unidad de medida de los salarios.

A partir de la ley aprobada en el recinto, la dieta de los senadores se calcula en base a 2.500 módulos, más un adicional de 1000 módulos por gastos de representación y otros 500 módulos de adicional por desarraigo. De esta manera, el sueldo de los senadores será de unos $11.877.000 millones bruto, sin los descuentos por obra social, jubilación y ganancias.

Con esta suba, los senadores recibieron entre enero y agosto un aumento de $ 1,2 millones y las mejoras superan la inflación acumulada del primer semestre que a junio se ubicó en 16,8%, según datos del INDEC.

A diferencia del Senado, en la Cámara baja no se aplica el enganche paritario y un diputado nacional actualmente cobra $ 6.072.000 en bruto y le quedan $ 4.322.307 en mano. Prácticamente la mitad que el sueldo de un senador, una situación que genera tensiones y malestar con el titular del cuerpo Martín Menem, quien suele sortear su salario por redes sociales.

Más allá del impacto que este incremento tendrá en las dietas de los senadores y la situación de los diputados, el sueldo más alto de un empleado legislativo, la categoría 1, pasará de un haber de $ 2.352.866 de mayo a $2,462.339 en julio y $ 2.509.123 en agosto. Pero la categoría promedio, la 6, pasará de $ 1.119.351 de mayo a $ 1.171.428 de julio y $1.193.538 de agosto.

El acuerdo paritario fue firmado por el prosecretario y secretario administrativo del Senado, Lucas Clark y Alejandro Fitzgerald, respectivamente; y la secretaria administrativa y prosecretaria parlamentaria de Diputados, Laura Oriolo y Mercedes Piscitello; junto a. Alejandro Santa en representación de la Biblioteca del Congreso. Por los gremios estuvieron Norberto Di Próspero, por APL; Claudio Britos, por ATE, y Martín Roig, por UPCN.

Durante la reunión, APL pidió la conformación de una comisión para "normalizar, reglamentar y regularizar"  los haberes de los empleados. La polémica se inició a partir de la decisión de Menem de otorgar un plus  a los trabajadores sin plantearlo en paritaria ni conversar con el gremio. La cuestión es que no hay actas de resolución de la mejora y los gremios reclaman "equidad" entre los empleados del Congreso.

Fuente: Clarín

El oficialismo no consiguió acuerdo para avanzar con la ley de Propiedad Privada y pidió levantar la sesión en el Senado. Lo hizo la jefa del bloque libertario, Patricia Bullrich, que reclamó un cuarto intermedio para el 6 de agosto.

El gesto de Bullrich reveló las dificultades del Gobierno para acordar con los bloques aliados la aprobación de la llamada ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que entre otros puntos modifica la Ley de Tierras y la Ley de Manejo del Fuego.

El oficialismo había conseguido abrir la sesión del Senado de este jueves con el quorum justo: con 37 de los 72 senadores en sus bancas. Así logró aprobar pliegos judiciales y ascensos diplomáticos, pero la mayoría simple se le dificultó cuando iba a comenzar el debate sobre el proyecto de Propiedad Privada, que propone eliminar las restricciones para la compra de tierras por parte de extranjeros.

La incertidumbre sobre el quorum había surgido en la noche del miércoles cuando se supo que había diferencias entre el oficialismo y al menos tres radicales y otros bloques aliados. También la tensión estaba marcada por el fuerte cruce en la previa entre la vicepresidenta Victoria Villarruel y Bullrich en un intercambio que tuvieron por mensajes de texto.

Ahora el debate por el proyecto de ley se postergó para después del receso de invierno en el Congreso.

Fuente: TN

El proyecto de reforma de la Ley de Tierras Rurales que impulsa el Gobierno de Javier Milei abriría un cambio profundo en el régimen de compra de campos por parte de extranjeros y colocaría a la Argentina entre los países con menores restricciones de Sudamérica para este tipo de inversiones.

La iniciativa, que el Senado debate este jueves, elimina los límites vigentes para personas y empresas privadas extranjeras, aunque endurece los controles cuando los compradores sean Estados extranjeros, empresas estatales o sociedades bajo su control.

Actualmente, la Ley 26.737 establece que los extranjeros no pueden superar el 15% de las tierras rurales del país, de cada provincia y de cada municipio. Además, fija un límite equivalente a 1.000 hectáreas en la zona núcleo y prohíbe la adquisición de campos ubicados sobre cuerpos de agua permanentes, glaciares y áreas de frontera.

Según datos oficiales, apenas alrededor del 6% de las tierras rurales argentinas están en manos extranjeras, muy por debajo del tope legal.

Brasil: límites por municipio y nacionalidadBrasil mantiene una de las regulaciones más estrictas de la región.

La Ley 5.709/71 limita la propiedad extranjera al 25% del territorio de cada municipio, mientras que una misma nacionalidad no puede concentrar más del 10% de esa superficie.

Además, el Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria (INCRA) controla el registro de esas operaciones.

En comparación, el proyecto argentino elimina los topes para los inversores privados, por lo que el esquema sería considerablemente más flexible que el brasileño.

Uruguay: controles y mayor transparenciaUruguay tampoco impide la compra de campos por extranjeros, pero exige mecanismos de identificación y transparencia.

La legislación obliga a identificar a los accionistas de las sociedades propietarias, registrar la titularidad de las tierras y transparentar la composición de las empresas.

Incluso, el Parlamento uruguayo analiza iniciativas para reforzar los controles sobre las adquisiciones de tierras, especialmente en las zonas fronterizas.

De aprobarse la reforma impulsada por Milei, Argentina pasaría a tener un régimen menos restrictivo que el uruguayo.

Paraguay: alta extranjerización, especialmente brasileñaParaguay presenta uno de los mayores niveles de participación extranjera en la propiedad rural.

Diversos estudios estiman que entre el 14% y el 19% del territorio pertenece a propietarios extranjeros y que, en algunos departamentos fronterizos, esa participación alcanza hasta el 60%, principalmente por inversiones brasileñas.

Sin embargo, ese fenómeno responde a un proceso histórico y no implica un esquema de apertura irrestricta como el que propone la iniciativa argentina.

El cambio que impulsa MileiEl Gobierno sostiene que la ley vigente desalienta inversiones millonarias, especialmente en proyectos forestales, de riego y cultivos permanentes en el NEA, Cuyo y la Patagonia.

Según explicó el vocero presidencial, Adrián Ravier, la reforma busca diferenciar a los inversores privados de los Estados extranjeros: mientras los primeros dejarían de tener restricciones para adquirir tierras, los segundos quedarían sometidos a controles más estrictos y necesitarán autorización específica para concretar operaciones.

Para el Ejecutivo, el objetivo es facilitar el ingreso de capital privado sin resignar mecanismos de control sobre gobiernos extranjeros.

Si el Congreso aprueba la iniciativa, Argentina pasará de uno de los sistemas con mayores limitaciones legales para la compra de tierras rurales por extranjeros a uno de los más abiertos de la región, en contraste con Brasil, que mantiene límites territoriales; Uruguay, que conserva controles de transparencia; y Paraguay, donde la elevada presencia de capital extranjero convive con regulaciones específicas.

Fuente: Noticias Argentinas

Con el quorum justo, el oficialismo logró habilitar la sesión a fin de debatir el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada que propone eliminar las restricciones para la compra de tierras por parte de extranjeros.

La incertidumbre sobre el quorum surgió en la noche del miércoles cuando se supo que, al menos tres radicales, no iban a concurrir este jueves a la Cámara alta, algo que no se concretó, y otros aliados al Gobierno que rechazan aspectos centrales del proyecto.

Tampoco quería que se realizara la sesión la vicepresidenta Victoria Villarruel que mantuvo una fuerte discusión con la jefa del bloque de LLA, Patricia Bullrich, en un intercambio que tuvieron por mensajes de texto.

"¿Cómo vamos a tener sesión después de haber casi ganado el mundial?", le reprochó Villarruel a Bullrich. Sobre el final del intercambio, la Vicepresidenta calificó a la senadora de chupamedias de Karina Milei: "Andá a chuparle las medias a Karina", espetó Villarruel; a lo que Bullrich retrucó: "¡Chau! ¡Chau comienzo y fin de una corta vida política".

Límite a la compra de tierrasUno de los puntos centrales es que el proyecto elimina los límites para que los extranjeros puedan adquirir tierras y dispone que las provincias tendrán que autorizar las ventas a extranjeros.

Se prohibirá la adquisición de tierras rurales por parte de los Estados Extranjeros, y de empresas con participación estatal extranjera, cualquiera sea la forma jurídica que adopten, salvo autorización de la provincia donde se encuentre ubicado el inmueble y del Poder Ejecutivo Nacional.

Cada provincia conservará la jurisdicción plena sobre el territorio comprendido dentro de sus respectivos límites, de conformidad con lo dispuesto por la Constitución Nacional. En los casos de zonas de frontera deberá haber una autorización de los gobiernos nacionales y provinciales.

Si no existe un reparo ni del gobierno nacional ni provincial se reconocerá el silencio administrativo, con lo cual a los 180 días serán propietarios de pleno derecho.

En la versión numero 13 del dictamen se mantuvo la prohibición para que una empresa privada con capital de algún país extranjero pueda adquirir tierras, y el requisito para zonas fronterizas de tener aval de las provincias, el Gobierno y el Congreso Nacional.

Cómo quedarían los desalojosSe aplicará un desalojo exprés solo en los casos en que se trate de inmuebles usurpados o tenedores precarios, donde el juez podrá disponer la inmediata entrega del inmueble si "el derecho invocado fuese verosímil y previa caución juratoria".

El juez podrá intimar dentro de las 72 horas la devolución del inmueble si así lo pide el propietario, que deberá mostrar con prueba documental que es el dueño de este terreno, vivienda o campo.

Los inquilinos que adeudan el pago de sus contratos deberán recibir de parte del propietario una carta documento y otorgar un plazo de al menos 10 días corridos para ponerse al día, que se contarán desde que reciben la respectiva notificación.

La notificación se deberá realizar en el domicilio denunciado en el contrato o también por correo electrónico y deberá precisar el lugar exacto del pago. Si se mantiene el incumplimiento del inquilino, el propietario puede iniciar la acción de desalojo que se efectuará en un plazo de 10 días hábiles.

Otro punto es que el propietario no puede negarse a recibir las llaves ni poner condiciones para aceptarlas, aunque puede dejar asentado por escrito que quedan deudas pendientes por reclamar después.

En el caso de que haya menores o adultos en situación de desamparado, el juez deberá darle intervención obligatoria a los organismos de protección locales y al Ministerio Público Tutelar, disponiendo un plazo prudencial que no excederá de 10 días para asegurar una alternativa habitacional transitoria, sin perjuicio de la continuidad del proceso.

Pliegos judicialesLa Libertad Avanza también quiere aprobar una treintena y seis de pliegos, entre los que figura una prórroga por cinco años del mandato del camarista Víctor Pesino, quien debe tener el aval del Senado para continuar en su cargo antes de cumplir los 75 años el 27 de julio.

Pesino ya se adelantó a una posible postergación del debate de su pliego y presentó un recurso de amparo para continuar en su cargo después de cumplir los 75 años.

También en la lista se encuentra el funcionario judicial y ex secretario del juez Ariel Lijo, Juan Rodríguez Ponte, para el juzgado de Lomas de Zamora, que tendrá la causa del ex intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, y la modelo Jésica Cirio.

Con la aprobación de estos pliegos, ya habrá conseguido designar en los últimos meses 110 cargos para cubrir las 300 vacantes que hay en la Justicia.

Villarruel cruzó a Bullrich por la Ley de TierrasEl enfrentamiento ocurrió a través de WhatsApp, luego del triunfo de la Selección argentina ante Inglaterra y la clasificación a la final del Mundial 2026, cuando Villarruel planteó la posibilidad de postergar la sesión prevista para este jueves.

“¿Cómo vamos a tener sesión después de haber casi ganado el Mundial?”, preguntó la titular del Senado, según la conversación a la que accedió la Agencia Noticias Argentinas.

Bullrich rechazó la propuesta y sostuvo que el objetivo del oficialismo era avanzar con la sesión. Villarruel respondió entonces que pretendían reunirse “para vender el país” y afirmó que ningún legislador quería permanecer en el Senado para votar “una ley que es indignante por el capítulo de tierras”.

“Para vos. Para nosotros, cambiar el país es el desafío”, replicó la senadora libertaria.

La vicepresidenta redobló sus cuestionamientos: “Y lo cambiás vendiendo tierras. Cómo se nota que la integridad territorial no les importa nada”.

Bullrich negó que la iniciativa implique la venta indiscriminada del territorio nacional y aseguró: “No se venden tierras. Se desarrolla el país”.

El intercambio escaló cuando Villarruel vinculó el debate legislativo con la situación económica y social. “No se desarrolla nada, están cerrando pymes todos los días y ustedes están en Narnia”, afirmó.

También sostuvo que “la gente no tiene para comer” y se encuentra endeudada, y reclamó a los dirigentes oficialistas que recorran los pueblos “en vez de digitar todo desde un despacho”.

Bullrich contestó que los argentinos quieren progresar y dejar de ser “subdesarrollados, populistas y pobres”. La vicepresidenta, en tanto, acusó a la bancada libertaria de querer “rifar” el país y aseguró que ella había tomado “partido por Argentina”.

La discusión derivó luego en reproches personales. Bullrich le planteó a Villarruel que renunciara si no estaba de acuerdo con el rumbo del Gobierno, mientras que la vicepresidenta respondió que también había sido elegida por el voto popular.

“A mí también me votaron. Y no te votaron a vos. Así que agua y ajo”, contestó Villarruel, quien calificó a Bullrich de “obsecuente” por impulsar la iniciativa.

El diálogo terminó con fuertes descalificaciones. Villarruel le reclamó a la senadora que fuera a “chuparle las medias a Karina”, en referencia a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Bullrich respondió: “Chau, chau. Comienzo y fin de una corta vida política”.

Fuente: NA

El Senado de Entre Ríos aprobó por mayoría el proyecto de “Restauración del Equilibrio y Fortalecimiento del Sistema Previsional”. La iniciativa del Poder Ejecutivo obtuvo 10 votos afirmativos contra 7 votos negativos, lo que permitió obtener la media sanción. Ahora, pasará a la Cámara de Diputados para continuar su tratamiento legislativo.

La aprobación tuvo lugar este miércoles al mediodía, tras un largo debate entre los distintos espacios y en medio de un clima tenso, con manifestación en Casa de Gobierno. Luego de la votación en general, con apoyo de peronistas, se procedió a votar de manera particular. Se realizó por títulos y, en los tres casos, el recuento de votos finalizó 10 a 7, supo AHORA.

La Cámara de Senadores de Entre Ríos le dio ingreso este miércoles en sesión ordinaria a los dos dictámenes de comisiones relacionados con cambios en el sistema jubilatorio provincial: el de Juntos por Entre Ríos –la Reforma Previsional enviada por el Poder Ejecutivo– y la iniciativa delineada por el peronismo, que apunta también a paliar el déficit de la Caja de Jubilaciones, pero con otros métodos distintos a los propuestos por el oficialismo. Ambos serán discutidos en la próxima sesión, que se espera sea el miércoles próximo.

El senador Rubén Dal Molín (Federación- Juntos por Entre Ríos) solicitó el tratamiento preferencial en la próxima sesión de los dos dictámenes de mayoría de las mencionadas comisiones. La moción fue aprobada por mayoría.

Antes de la votación del cuerpo, el senador Juan Pablo Cosso (Villaguay- Más para Entre Ríos), pidió la palabra para hacer una modificación a los artículos 81 (Régimen docente) y 82 (Régimen de educación especial y especial de desgaste psicosocial) del dictamen presentado ayer por su bloque. “Luego de que se socializaran los dictámenes, hemos recibido un aporte de los gremios docentes y también de aquellos que trabajan con personas con discapacidad”, explicó el legislador aclarando que los cambios pretenden evitar vulnerar normas nacionales e internacionales. Tras la lectura de las modificaciones incorporadas, Cosso informó que la redacción final será enviada como corresponde a la Secretaria de la Cámara de Senadores.

Cabe mencionar que durante la reunión conjunta de comisiones, que se realizó este martes, los senadores consensuaron la firma de dos dictámenes de mayoría: uno por la Comisión de Presupuesto y Hacienda (con mayoría del oficialismo); y otro por la Comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos (con mayoría de la oposición).

Fuente: AHORA

El senado sesionará el próximo jueves 16 de julio para tratar una treintena de pliegos judiciales, y el proyecto de propiedad privada que tiene como ejes centrales la eliminación de restricciones para que los extranjeros puedan comprar tierras y los desalojos "exprés" las casas o tierras ocupadas.

La decisión se adoptó en una reunión de Labor Parlamentaria, y tuvo el acuerdo del grupo de los 44 que conforma el oficialismo y bloques dialoguistas y de Convicción Federal, una escisión del interbloque peronista.

También se decidió que el 6 de agosto habrá otra sesión donde se tratará los proyectos de ley de Hojarasca, Salud Mental, falsa denuncias, según informó la jefa del bloque de la Libertad Avanza, Patricia Bullrich.

Fuente: Noticias Argentinas

El proyecto de reforma previsional impulsado por el gobierno de Entre Ríos afrontará esta semana una instancia clave en el Senado provincial. Este martes volverán a reunirse en forma conjunta las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Asuntos Constitucionales y Acuerdos. El oficialismo tiene el objetivo de emitir dictamen y dejar la iniciativa en condiciones de ser debatida en el recinto.

La reunión de comisiones está prevista para este martes a las 9.30 horas y se produce luego de un mes de exposiciones de funcionarios del Poder Ejecutivo, representantes gremiales de trabajadores de la administración pública, profesionales, organizaciones de jubilados, especialistas en regímenes previsionales y distintos sectores vinculados al sistema jubilatorio.

Desde el oficialismo anticiparon que el proyecto llegará a esta instancia con modificaciones respecto del texto enviado originalmente por el Poder Ejecutivo. El objetivo de Juntos por Entre Ríos es votar la ley esta misma semana en el recinto. Hay sesiones convocadas para este mismo martes por la tarde, a las 18, y para este miércoles a la mañana, a las 11.

En caso de recibir media sanción, la propuesta pasará a la Cámara de Diputados para continuar su recorrido legislativo.

El peronismo, por su parte, le pedirá al oficialismo más tiempo para analizar y debatir el proyecto entre los senadores en las comisiones, luego de un extenso período de presentaciones en las que los legisladores escucharon todo tipo de opiniones.

Según indicaron desde el bloque de Juntos, los cambios que admitiría el texto apuntan principalmente a reforzar la seguridad jurídica de algunos artículos, ya que incluso el fiscal de Estado de la Provincia, Julio Rodíguez Signes, admitió que el proyecto podría impugnaciones por inconstitucionalidad en la Justicia.

Podría haber alguna modificación en aspectos sustanciales de la reforma, como las edades jubilatorias, el cálculo del 82% móvil y los regímenes especiales.

La última exposición en el marco del tratamiento en comisión estuvo a cargo de Rodríguez Signes, quien defendió la constitucionalidad de la iniciativa y sugirió revisar algunos puntos para reducir el riesgo de futuras impugnaciones judiciales.

La iniciativa, denominada “Restauración del Equilibrio y Fortalecimiento del Sistema Previsional”, forma parte de la estrategia del gobierno de Rogelio Frigerio para modificar el funcionamiento de la Caja de Jubilaciones de Entre Ríos y reducir el déficit del organismo, en un debate que generó fuertes cuestionamientos por parte de gremios y sectores de trabajadores estatales.

Con el sorpresivo apoyo del bloque del PRO, la oposición intentó en el recinto de la Cámara de Diputados forzar la inclusión en el temario de la sesión de los proyectos de ley que plantean la interpelación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, pero no alcanzó.

La moción de apartamiento de reglamento formulada por el diputado de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro recibió 122 respaldos y 108 votos negativos, lo que determinó su rechazo ya que se requería una mayoría agravada.

Valiéndose de este resultado, desde la bancada que preside Cristian Ritondo salieron a reinvindicar el acuerdo al que llegaron días atrás con el oficialismo para tratar los expedientes vinculados a Adorni en la comisión de Asuntos Constitucionales, a cambio de dejar sin quórum la sesión opositora del martes en la que se preparaba una ofensiva contra el jefe de Gabinete.

A raíz de ese pacto, al que también adhirieron los diputados de la UCR, el MID e Innovación Federal, desde Unión por la Patria, el Frente de Izquierda, la Coalición Cívica y un sector de Provincias Unidas salieron a denunciar una complicidad de estos sectores "dialoguistas" con los delitos de corrupción que se le adjudican al ministro coordinador.

Para el PRO, el resultado de la votación de este miércoles le da la razón a quienes negociaron abrir la comisión de Asuntos Constitucionales para que la Cámara baja aborde el tema Adorni.

"LOS NÚMEROS HABLARON: DATO MATA RELATO. Hoy quedó confirmado lo que advertimos desde el primer día: no estaban los votos para aprobar el apartamiento de reglamento y forzar la interpelación sin pasar por comisión. Fueron 122 votos a favor y 108 en contra, lejos de los necesarios. El PRO votó a favor. Aun así, no alcanzó", indicaron.

"Por eso ayer no bajamos al recinto: no para defender a Adorni, sino porque el resultado iba a ser exactamente este. Un show político sin consecuencias", agregaron en un comunicado difundido en las redes sociales del bloque de diputados nacionales que preside Ritondo.

Señalaron asimismo que "mientras algunos apostaban a la puesta en escena" desde el PRO y otros bloques se logró que "la Comisión de Asuntos Constitucionales se convoque para el próximo martes con todos los expedientes en temario". 

Fuente: Noticias Argentinas

Después de una reunión de labor parlamentaria y tras varios días de negociación, La Libertad Avanza consiguió suspender la sesión prevista para mañana y postergar la interpelación al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, para el 25 de junio.

Presionado por sus principales aliados parlamentarios, el oficialismo no pudo evitar que la oposición incluyera en el temario el proyecto para convocar al ministro coordinador e iniciar el proceso de moción de censura. Sin embargo, logró comprar tiempo y que el tema se discuta el próximo jueves en una sesión donde también se debatirá la ley de propiedad privada, el nombramiento de jueces y dos tratados internacionales.

En caso de que la interpelación a Adorni sea aprobada, el funcionario deberá acudir al recinto a dar explicaciones el 2 de julio, el mismo día en que presentará su segundo informe de gestión ante la cámara alta.

Fuente: TN

La iniciativa sancionada por la Cámara de Diputados se debatirá este miércoles a 15 horas en un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General, que presiden los libertarios Agustín Coto y Nadia Marquez.

Voceros parlamentarios señalaron a la Agencia de Noticias Argentinas que el objetivo es firmar el despacho sin modificaciones de esta iniciativa, con el fin de que se pueda convertir en ley antes de fin de mes.

El proyecto deroga unas 70 iniciativas consideradas obsoletas o ya perdieron vigencia como los avances tecnológicos.

Una de las normas que se busca eliminar es la ley 20.120 de la gestión de Lanusse que "obliga a los organizadores de reuniones públicas en lugares cerrados a dar previo aviso, y autoriza a la policía a ingresar a los mismos. Representa una violación flagrante de la libertad personal".

También se intenta eliminar la ley 20.983 de 1975 que obligaba a los medios de difusión radial y televisiva a destinar un mínimo de 60 minutos diarios a temas de interés turístico nacional.

Este martes, las comisiones de Presupuesto y Hacienda, y de Asuntos Constitucionales y Acuerdos de la Cámara de Senadores recibirán por la mañana a la secretaria general de la Asociación del Personal Superior de la Ciudad de Paraná (APS), Alejandra Levrand, y al secretario general de la Unión del Personal Civil de la Nación, Seccional Entre Ríos (UPCN), José Ángel Allende.

Mientras tanto, por la tarde será el turno del secretario general de la Federación Entrerriana de Sindicatos de Trabajadores Municipales (Festram), Mario Rafael Barberan; del secretario general del Sindicato Unión de Obreros y Empleados Municipales (Suoyem), Jesús Núñez; y de la secretaria general de la Federación de Jubilados y Pensionados de la Provincia de Entre Ríos, María Angélica Hermosi.

Reunión del miércoles

Al día siguiente está programada la reunión de ambas comisiones a las 9. Para esta oportunidad, están citados el presidente de la comisión directiva de la Asociación de la Magistratura y la Función Judicial de la Provincia de Entre Ríos, Alejandro Cánepa; el presidente del Consejo Directivo del Colegio de la Abogacía de la Provincia de Entre Ríos, Santiago Esquivel; y el presidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Entre Ríos, Julio Cesar Fochesatto.

Cabe recordar que la semana pasada los senadores recibieron a otros representantes gremiales de estatales. En ese narco , el titular de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Oscar Muntes, advirtió que la iniciativa prevé un “brutal ajuste a las condiciones de vida” de los futuros jubilados.

Mientras que la representante de la Asociación Judicial de Entre Ríos (AJER), Mabel Pedrero, criticó el uso del término “emergencia” tras indicar que el déficit de la Caja es un problema crónico de antigua data and no una circunstancia "súbita o imprevista".

En una sesión caótica e inesperada para La Libertad Avanza, el Senado adelantó la discusión por el pliego de María Verónica Michelli y finalmente fue aprobado hoy con 44 votos a favor, 18 en contra y 2 abstenciones, una de ellas de Patricia Bullrich, quien esta semana contradijo la posición del Gobierno con respecto a la candidata a jueza federal de La Plata.

El futuro del pliego de Michelli debía definirse recién en una semana. Pero la presión de la oposición y otras negociaciones subterráneas lograron convulsionar la sesión de hoy, en la que se iban a tratar solo 50 pliegos, la ley de inviolabilidad de la propiedad privada y un acuerdo con dos holdouts por USD 171 millones.

Sin embargo, cuando comenzó el debate, el oficialismo llevó al recinto 70 nombramientos de jueces y esto despertó la furia del peronismo y algunos aliados, que ya venían descontentos por los manejos con algunas leyes en la Cámara alta. Ante esto, y con una sesión que tuvo riesgo de caerse, se llamó a un cuarto intermedio en el que se reunieron los jefes de bloque. Al regresar, Patricia Bullrich anunció que había acuerdo con dos tercios de los presentes para incluir 74 pliegos judiciales, entre ellos el de Michelli. Victoria de la oposición.

Luego de un debate corto, la votación se dividió en cinco y todos los pliegos fueron aprobados, algunos con más apoyos que otros.

Javier y Karina Milei querían vetar la candidatura de Michelli porque es la cuñada del periodista Hugo Alconada Mon. La semana pasada, la Casa Rosada bajó la orden de quitar el pliego de los que se iban a debatir en el Senado, pero Patricia Bullrich sorprendió con un desplante a esa decisión y anunció que no lo iba a hacer. Esto desató otra interna en el corazón del Gobierno, que hoy sufrió otro revés con la aceleración y posterior aprobación del nombramiento.

De hecho, en las últimas horas, el mandatario tomó una posición pública sobre la situación de Michelli a través de un mensaje que reposteó en sus redes sociales. El mensaje fue escrito por Ricardo Manuel Rojas —exsecretario letrado de la Corte Suprema de Justicia y exjuez en lo criminal de la Ciudad de Buenos Aires— y acumuló más de 9.500 visualizaciones.

“Quien designa a los jueces es el presidente de la República. Así como presenta un pliego al Senado, puede retirarlo. Te puede gustar o no, pero así es la Constitución. Nadie tiene un derecho adquirido antes de su designación formal”, reza el mensaje que Milei eligió amplificar.

En una tensa votación, se aprobó el pliego de Verónica Michelli (Mario Mosca / Comunicación Institucional Senado)

En esa línea, el pliego de Michelli ingresó al Senado el pasado 30 de marzo de 2026 después de las iniciativas que impulsó el Poder Ejecutivo para llenar los cargos vacantes en el Poder Judicial. Siguiendo la línea de tiempo, el 13 de mayo la candidata expuso ante la Comisión de Acuerdos en la audiencia pública convocada para analizar su postulación y obtuvo dictamen con nueve firmas favorables de senadores de La Libertad Avanza (LLA), el PRO, la Unión Cívica Radical (UCR) y algunos bloques provinciales, sobre un total de 14 miembros presentes.

La trayectoria de Michelli en el Poder Judicial se extiende desde el 24 de octubre de 1994, cuando ingresó a la Secretaría Electoral de La Plata. Pasó por distintas funciones hasta convertirse en secretaria de Cámara del Tribunal Oral Federal N.º 1 de esa ciudad, cargo que ocupa desde el 12 de agosto de 2009.

Su formación académica incluye una maestría internacional en Derecho Penal por la Universidad de Sevilla y especializaciones en universidades de Bolonia, del Oeste, del Chaco Austral y en la Universidad Champagnat, entre otras.

Y cuenta con numerosos títulos: es Magíster Internacional en Derecho Penal por la Universidad de Sevilla; Especialista Internacional en Acceso a la Justicia, Derechos Humanos y Estado de Derecho por la Universidad de Bolonia; Diplomada Internacional en Derecho Constitucional y Magistratura por la Universidad Nacional del Oeste; Diplomada en Litigación Oral por la Universidad Nacional del Chaco Austral; y Diplomada en Innovación y Gestión Judicial Tecnológica por la Universidad Champagnat.

En el ámbito académico, se desempeña como profesora adjunta y jefa de trabajos prácticos en la Universidad Católica de La Plata (UCALP). También participa en una mentoría jurídica destinada a personas privadas de la libertad en la Unidad N.º 18 de Gorina, como proyecto de extensión de la UNLP.

Fuente: Infobae

El Senado sesiona este jueves para tratar el proyecto de propiedad privada que elimina las restricciones para que los empresarios extranjeros puedan comprar tierras rurales y contempla los desalojos "exprés" de aquellas viviendas o terrenos que hayan sido usurpadas.

Esta iniciativa es uno de los temas centrales junto al pago de los fondos buitres que La Libertad Avanza acordó hoy con los bloques dialoguistas incluir en la sesión que se realiza desde las 11.

El temario establecido para la sesión de mañana contempla la aprobación de 50 pliegos de los 73 que están en condiciones de ser tratado en el recinto de sesiones, mientras que la postulación rechazada por el Gobierno de Verónica Michelli, se debatirá en una próxima sesión junto con otros 23 candidatos a la justicia.

Y dos proyectos de creación de cámaras federales para Mar Del Plata y Tucumán impulsadas por el radical Maximiliano Abad y las tucumanas Beatriz Avila y Sandra Mendoza.

La lista de candidatos a jueces, defensores y fiscales que se aprobarán mañana recién se definirá antes de la sesión y lo difundirá el presidente de la comisión de Acuerdos, Juan Carlos Pagotto, según informaron fuentes parlamentarias a la Agencia Noticias Argentinas.

Propiedad Privada

Esa iniciativa diseñada por el ministro de Desregulación Federico Sturzenegger tuvo sustanciales modificaciones ya que se eliminó el capítulo sobre cambios en la ley de barrios populares, y se reformaron los capítulos sobre extranjerización, expropiaciones, desalojos y manejo del Fuego

Límite a la compra de tierras

El proyecto elimina  los límites para que los extranjeros puedan adquirir tierras y dispone que las provincias tendrán que autorizar las ventas a extranjeros cuando no participe ningún país extranjero.

Cada provincia conservará la jurisdicción plena sobre el territorio comprendido dentro de sus respectivos límites, de conformidad con lo dispuesto por la Constitución Nacional.

Se prohíbe que puedan comprar tierras estado extranjeros, y otras organizaciones empresariales donde un Estado extranjero tenga participación en el capital o en la formación de las decisiones societarias o fondos fiduciarios integrados total o mayoritariamente con bienes o fondos de un Estado extranjero

Cómo quedan los desalojos

Se aplicará un desalojo exprés solo en los casos de que se traten de inmuebles usurpados, en tanto que en el resto de los casos se mantienen los actuales plazos de intimación.

Habrá un plazo de 10 días para intimar el pago acordado en el contrato de alquiler que se deberá hacer en en forma fehaciente.

La notificación será dirigido al domicilio denunciado en el contrato por el locatario, sea éste real o electrónico, se tiene por válido aún si el locatario se negara a recibir la notificación o no pudiese perfeccionarse por motivos imputables a él.

Ante el incumplimiento del locatario, el locador puede iniciar la acción judicial de desalojo, la que debe sustanciarse por el procedimiento más breve que prevea la ley que son 10 días hábiles.

Las expropiaciones

La declaración de utilidad pública se deberá aplicar de manera restrictiva declaración de “utilidad pública” deberá interpretarse de manera restrictiva y el Estado deberá fundamentar los motivos claramente de esa medida

El dictamen estableció que habrá tope del 30% de indemnización por lucro cesante, ya que en el proyecto original no ponía ningún porcentaje. La tasa de interés que se deberá pagar será la del Índice de precios al Consumidor mas la tasa del Banco Nación a treinta días.

Manejo del fuego

Se deroga el artículo que establecía que en caso de incendio de un predio rural  por 30 años no se podía cambiar el uso sobre superficies incendiadas en zonas agropecuarias, praderas, pastizales, matorrales y áreas periurbanas.

En el caso de incendios de bosques nativos se prohíbe el cambio de uso y destino prevista en la actuales normas, pero se elimina el plazo de 60 años establecidos en la ley promovido por Máximo Kirchner.

Fondos buitres

El Senado debatirá un proyecto que autoriza al Gobierno pagar a dos fondos buitres U$S 171 millones para cerrar un acuerdo con esos bonistas, y evitar que avancen causas contra activos de la Argentina, como las acciones de YPF.

La iniciativa impulsada por el ministro de Economía, Luis Caputo, pide que se pueden pagar  los  Acuerdos de Conciliación celebrados con los tenedores de títulos públicos Bainbridge Ltd. y el grupo de acreedores encabezado por Attestor Value Master Fund LP.

El Gobierno tiene tiene plazo hasta el 30 de junio para pagar esos acuerdos, por lo cual necesita tener aprobada esta ley antes de esa fecha.

Se acuerda con Bainbridge un pago único en efectivo de 67 millones de dólares estadounidenses y de 104 millones con Attestor Value Master Fund LP.

Se acuerda la modalidad entrega contra pago. Los acreedores entregarán los bonos objeto del acuerdo a la Argentina, libres de todo gravamen, mediante acreditación en cuenta.

La Argentina dispondrá la cancelación de los bonos una vez realizada dicha entrega y quedará facultada para presentar la documentación correspondiente ante organismos administrativos, judiciales o cualquiera ante el cual se tramiten litigios, para lograr la desestimación, el archivo y el desistimiento con efecto de cosa juzgada.

Se acuerda una suspensión de los litigios y de los bonos objeto de los mismos, o de cualquier participación en cualquier endeudamiento externo público de la República emitido con anterioridad al 1 de enero de 2002, así como no iniciar nuevas acciones respecto de los bonos.

Fuente: Noticias Argentinas

El Senado sesionará este jueves para tratar el proyecto de propiedad privada que elimina las restricciones para que los empresarios extranjeros puedan comprar tierras rurales y contempla los desalojos "exprés" de aquellas viviendas o terrenos que hayan sido usurpadas.

Esta iniciativa es uno de los temas centrales junto al pago de los fondos buitres que La Libertad Avanza acordó hoy con los bloques dialoguistas incluir en la sesión que se realizará mañana desde las 11.

El temario establecido para la sesión de mañana contempla la aprobación de 50 pliegos de los 73 que están en condiciones de ser tratado en el recinto de sesiones, mientras que la postulación rechazada por el Gobierno de Verónica Michelli, se debatirá en una próxima sesión junto con otros 23 candidatos a la justicia.

Y dos proyectos de creación de cámaras federales para Mar Del Plata y Tucumán impulsadas por el radical Maximiliano Abad y las tucumanas Beatriz Avila y Sandra Mendoza.

La lista de candidatos a jueces, defensores y fiscales que se aprobarán mañana recién se definirá antes de la sesión y lo difundirá el presidente de la comisión de Acuerdos, Juan Carlos Pagotto, según informaron fuentes parlamentarias. 

Esa iniciativa diseñada por el ministro de Desregulación Federico Sturzenegger tuvo sustanciales modificaciones ya que se eliminó el capitulo sobre cambios en la ley de barrios populares, y se reformaron los capítulos sobre extranjerización, expropiaciones, desalojos y manejo del Fuego

Límite a la compra de tierras

El proyecto elimina  los límites para que los extranjeros puedan adquirir tierras y dispone que las provincias tendrán que autorizar las ventas a extranjeros cuando no participe ningún país extranjero.

Cada provincia conservará la jurisdicción plena sobre el territorio comprendido dentro de sus respectivos límites, de conformidad con lo dispuesto por la Constitución Nacional.

Se prohíbe que puedan comprar tierras estado extranjeros, y otras organizaciones empresariales donde un Estado extranjero tenga participación en el capital o en la formación de las decisiones societarias o fondos fiduciarios integrados total o mayoritariamente con bienes o fondos de un Estado extranjero

Cómo quedan los desalojos

Se aplicará un desalojo exprés solo en los casos de que se traten de inmuebles usurpados, en tanto que en el resto de los casos se mantienen los actuales plazos de intimación.

Habrá un plazo de 10 días para intimar el pago acordado en el contrato de alquiler que se deberá hacer en en forma fehaciente.

La notificación será dirigido al domicilio denunciado en el contrato por el locatario, sea éste real o electrónico, se tiene por válido aún si el locatario se negara a recibir la notificación o no pudiese perfeccionarse por motivos imputables a él.

Ante el incumplimiento del locatario, el locador puede iniciar la acción judicial de desalojo, la que debe sustanciarse por el procedimiento más breve que prevea la ley que son 10 días hábiles.

Las expropiaciones

La declaración de utilidad pública se deberá aplicar de manera restrictiva declaración de “utilidad pública” deberá interpretarse de manera restrictiva y el Estado deberá fundamentar los motivos claramente de esa medida

El dictamen estableció que habrá tope del 30% de indemnización por lucro cesante, ya que en el proyecto original no ponía ningún porcentaje. La tasa de interés que se deberá pagar será la del Índice de precios al Consumidor mas la tasa del Banco Nación a treinta días.

Manejo del fuego

Se deroga el artículo que establecía que en caso de incendio de un predio rural  por 30 años no se podía cambiar el uso sobre superficies incendiadas en zonas agropecuarias, praderas, pastizales, matorrales y áreas periurbanas.

En el caso de incendios de bosques nativos se prohíbe el cambio de uso y destino prevista en la actuales normas, pero se elimina el plazo de 60 años establecidos en la ley promovido por Maximo Kirchner.

Fondos buitres

El Senado debatirá un proyecto que autoriza al Gobierno pagar a dos fondos buitres U$S 171millones para cerrar un acuerdo con esos bonistas, y evitar que avancen causas contra activos de la Argentina, como las acciones de YPF.

La iniciativa impulsada por el ministro de Economía, Luis Caputo, pide que se pueden pagar  los  Acuerdos de Conciliación celebrados con los tenedores de títulos públicos Bainbridge Ltd. y el grupo de acreedores encabezado por Attestor Value Master Fund LP.

El Gobierno tiene tiene plazo hasta el 30 de junio para pagar esos acuerdos, por lo cual necesita tener aprobada esta ley antes de esa fecha.

Se acuerda con Bainbridge un pago único en efectivo de 67 millones de dólares estadounidenses y de 104 millones con Attestor Value Master Fund LP.

Se acuerda la modalidad entrega contra pago. Los acreedores entregarán los bonos objeto del acuerdo a la Argentina, libres de todo gravamen, mediante acreditación en cuenta.

La Argentina dispondrá la cancelación de los bonos una vez realizada dicha entrega y quedará facultada para presentar la documentación correspondiente ante organismos administrativos, judiciales o cualquiera ante el cual se tramiten litigios, para lograr la desestimación, el archivo y el desistimiento con efecto de cosa juzgada.

Se acuerda una suspensión de los litigios y de los bonos objeto de los mismos, o de cualquier participación en cualquier endeudamiento externo público de la República emitido con anterioridad al 1 de enero de 2002, así como no iniciar nuevas acciones respecto de los bonos. 

Fuente: NA

Este miércoles por la mañana se llevó adelante una reunión conjunta de las Comisiones de Presupuesto y Hacienda, y de Asuntos Constitucionales y Acuerdos, donde se trazó un cronograma de trabajo para el análisis del proyecto de ley llamado “Restauración del Equilibrio y Fortalecimiento del Sistema Previsional”. Una veintena de sectores serán convocados durante el mes de junio.

En la Sala de Comisiones de la Cámara de Senadores, ubicada en el segundo piso de Casa de Gobierno, encabezaron la comisión conjunta sus presidentes: de Presupuesto y Hacienda, Gustavo Vergara (Diamante – Juntos por Entre Ríos), y de Asuntos Constitucionales y Acuerdos, Juan Pablo Cosso (Villaguay – Más Para Entre Ríos), junto a los integrantes Nancy Miranda (Federal – Más Para Entre Ríos), Jaime Benedetti (Gualeguaychú – Juntos Por Entre Ríos), Marcelo Berthet (San Salvador – Más Para Entre Ríos), Casiano Otaegui (Gualeguay – Juntos por Entre Ríos), Ramiro Favre (Colón – Juntos Por Entre Ríos), Gladys Domínguez (Feliciano – Peronismo Federal), Rafael Cavagna (Nogoyá – Juntos por Entre Ríos), Patricia Díaz (La Paz – Más para Entre Ríos), Claudia Silva (Paraná – Más para Entre Ríos), Víctor Sanzberro (Victoria – Más Para Entre Ríos) Rubén Dal Molín (Federación – Juntos por Entre Ríos) y Juan Conti (Tala – Más Para Entre Ríos).

El senador Vergara propuso acordar la metodología de trabajo y un cronograma para escuchar a sectores involucrados en el proyecto de ley. Por su parte el senador Cosso, adhirió en que la idea es invitar a los actores involucrados y escuchar en un marco ordenado, para que sea un debate sano y prolijo.

En un esbozo provisorio, se conoció que a partir del 10 de junio se convocará al titular de la Caja de Jubilaciones, Gastón Bagnat, y al ministro de Hacienda y Finanzas, Fabián Boleas.

Posteriormente serán invitados a dar sus aportes representantes de gremios, asociaciones y colegios: Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET), Unión Docentes Argentinos (UDA), Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop), Asociación Trabajadores del Estado (ATE), Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), Asociación Judicial de Entre Ríos (AJER), Asociación del Personal Legislativo de Entre Ríos (Apler), Federación Entrerriana de Sindicatos de Trabajadores Municipales (Festram), Sindicato Unión Obreros y Empleados Municipales (Suoyem), Asociación de la Magistratura, Colegio de la Abogacía, Federación de Jubilados y Pensionados, Liga de Intendentes del Vecinalismo, Partido Justicialista, y Juntos por Entre Ríos, ex presidentes de la Caja de Jubilaciones, especialistas en Derecho previsional, constitucional, y financiero. Así también convocarán a diputados de distintos bloques para escuchar a los expositores.

Fundamentos del Poder Ejecutivo

En los fundamentos del proyecto de ley elaborado por el Poder Ejecutivo, de tres títulos y 46 artículos, se apunta a los objetivos, una serie de medidas coyunturales y estructurales necesarias para la protección integral del sistema previsional, sus aportantes, futuros jubilados o pensionados, y las generaciones futuras de empleados estatales.

En este sentido, ambos órdenes de medidas -coyunturales y estructurales- se conciben en conjunto: las primeras contienen, en lo inmediato, los efectos de la crisis; las segundas atacan sus causas de fondo y comienzan, con el tiempo, a revertirla.

Se indica que la posibilidad de debate y participación no se agota en este proyecto, al contrario, éste invita e interpela a los legisladores a analizar el sistema previsional entrerriano en su estado actual de situación, debiendo tenerse presente que el mismo es sostenido –en mayor medida- por recursos públicos generales provenientes del conjunto de los contribuyentes entrerrianos, muchos de los cuales no resultan beneficiarios directos del régimen previsional provincial.

Se incluye además una breve reseña histórica del tema, y datos sobre el estado de situación de la Caja de Jubilaciones y Pensiones provincial. Sobre esto último se informa que a enero de 2026 hay 66.222 beneficiarios (jubilaciones 52.458 – pensiones 13.140 – beneficiarios de leyes especiales 624), mientras que los aportantes ascienden a 120.592 (34% varones y 66% mujeres).

En relación a los escalafones a los cuales pertenecen los beneficiarios, se observan como principales, los siguientes: 38% sector docente; 27% administración central (siendo predominante los provenientes de Salud); 11,5% Policía; 11,7% Municipales. A enero de 2026, el haber promedio bruto de jubilados/pensionados asciende a $ 1.557.070; mientras que el salario promedio bruto activo (rubros remunerativos) para el mismo período, es de $ 1.387.920. Al respecto, se observa en términos reales, como promedio entre pasividad y salario promedio, una relación de 112.2%, lo que en un contexto de insuficiencia de la relación aportantes activos / beneficiarios pasivos, evidencia una de las facetas más alarmantes del régimen deficitario existente. En este punto se pide observar la magnitud del problema: en el acumulado del primer trimestre de 2026, las contribuciones personales y patronales fueron de $196.266 millones de pesos y las erogaciones por jubilaciones y pensiones $331.867 millones de pesos. El déficit operativo de los tres meses significó para el tesoro provincial $135.601 millones de pesos; es decir $45.200 millones de pesos mensuales. En esa fecha los jubilados/pensionados que cobraron fueron 66.367, con un promedio de haberes de $1.546.874. De esta cifra $681.059 para cada beneficiario, fueron aportadas por el tesoro provincial, es decir, solventada por el millón quinientos mil entrerrianos.

Otro ítem del fundamento hace hincapié en las medidas adoptadas, como las acciones administrativas, institucionales y judiciales que el Poder Ejecutivo Provincial viene desarrollando ante el Estado Nacional. También las medidas legislativas de necesaria implementación, donde se propicia la declaración de la emergencia previsional en el ámbito de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia y se introducen, además, modificaciones relevantes a la Ley Provincial N° 8.732.

Las modificaciones propuestas

En el Título 1 del proyecto de 46 artículos, se declara el estado de emergencia económica y financiera, configurativo de causal de fuerza mayor y con carácter de orden público, del sistema previsional provincial, a los fines de restaurar su equilibrio, resguardar su sustentabilidad y la sostenibilidad de los fondos previsionales, hasta el 31 de diciembre de 2.027, que puede ser prorrogable.

Se aplicará a los tres poderes del Estado provincial, incluyendo entes descentralizados, autárquicos, autónomos, empresas y sociedades del Estado, cualquiera sea su dependencia jerárquica y su conformación jurídica estatutaria, a los Municipios y Comunas adheridos al sistema previsional y los demás sujetos alcanzados por el régimen de la Ley 8.732 y sus modificatorias.  Se autoriza al Poder Ejecutivo a adoptar las medidas necesarias para resguardar la sustentabilidad y sostenibilidad del sistema previsional.

Se establece un aporte personal extraordinario adicional, el cual se calculará sobre el total de la remuneración bruta liquidada al personal en actividad, quedando exceptuados quienes perciban haberes menores a $3.000.000. Por cada millón sobre ese monto se aporta un punto más, hasta llegar al tope de 16 millones con un 8% de aporte. También se incrementan en un tres por ciento (3%), con carácter excepcional, los aportes patronales.

En el Título 2 se estipula el orden público, con su aplicación a los tres poderes del Estado, y las modificaciones a los distintos artículos de la Ley del sistema previsional. Se establecen las funciones de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia de Entre Ríos, y del presidente del organismo.

En el artículo 18 se establece que tendrán derecho a la jubilación ordinaria común los afiliados que: a) Hubieran cumplido sesenta y cinco (65) años de edad. b) Acrediten treinta y cinco (35) años de servicios computables en uno o más regímenes comprendidos en el Sistema de Reciprocidad Jubilatoria. La edad jubilatoria para aquellos afiliados que comiencen a aportar al sistema previsional provincial con posterioridad a la entrada de vigencia de la ley, será de sesenta y ocho (68) años.

En los artículos siguientes se habla del derecho a la jubilación ordinaria especial; Jubilación por edad avanzada; Jubilación por invalidez; Pensión. En cuanto al haber de la jubilación ordinaria, será equivalente al ochenta y dos por ciento (82%) del promedio actualizado de las últimas doscientas cuarenta (240) remuneraciones mensuales brutas y sujetas a aportes que se hubieren efectuado al momento de la cesación en el servicio.

Por último en el Título 3 se estipulan las disposiciones finales y normas transitorias. Se establece que la edad prevista en el proyecto comenzará a regir una vez transcurridos cinco (5) años desde el año de entrada en vigencia de esta última, inclusive. Cumplido dicho plazo, la edad jubilatoria se incrementará de manera gradual a razón de seis (6) meses en cada año calendario, hasta alcanzar los sesenta y cinco (65) años. Asimismo, se incrementará a razón de un (1) año de aporte por cada dos (2) años calendarios hasta llegar a los treinta y cinco (35) años de servicio.  

Fuente: APFDigital

El senador nacional por Entre Ríos, Adán Bahl, presentó este jueves en el Senado de la Nación el “Proyecto de Ley Matías Colaprete: Sistema Nacional de Prevención y Actuación ante la Anafilaxia”, una iniciativa orientada a fortalecer la prevención, la concientización y la respuesta temprana frente a emergencias vinculadas a reacciones alérgicas severas.

La propuesta impulsa la creación del Sistema Nacional de Prevención y Actuación ante la Anafilaxia, una política pública nacional basada en protocolos de actuación, herramientas de intervención inmediata, un registro nacional y campañas de capacitación y concientización ante casos de anafilaxia, una condición médica potencialmente mortal que requiere respuestas rápidas y precisas. Toma como base la Ley N° 11.242 de Entre Ríos, donde ya se encuentra vigente. Se trata de la única iniciativa de este tipo en América Latina.

Bahl destacó que el proyecto nace a partir de una tragedia ocurrida en Paraná y remarcó la importancia de que el Estado actúe con previsión y capacitación ante este tipo de emergencias: “Matías era un joven lleno de vida. Lo picó una abeja y nadie supo qué hacer. A los pocos minutos murió. En los casos de anafilaxia, los segundos hacen la diferencia”. Asimos, sostuvo que la iniciativa fue elaborada junto a profesionales de la salud y apuntó a transformar la experiencia desarrollada en Entre Ríos, pionera en contar con la ley, en una política pública nacional.

“No se necesitan grandes recursos, se necesita voluntad política, capacitación y protocolos claros. La adrenalina cuesta muy poco y puede salvar una vida o dar el tiempo necesario para llegar a un hospital”, afirmó.

El proyecto de Restauración del Equilibrio y Fortalecimiento del Sistema Previsional (Expediente 15.711), presentado por el Poder Ejecutivo, fue girado a la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

El senador Marcelo Berthet (PJ) propuso que la iniciativa también sea girada a la Comisión de Legislación General, a la de Asuntos Constitucionales y a la de Relaciones Municipales, en función “del reglamento de la Cámara”.

“No es para obstruir nada, sino que queremos debatir, realizar aportes e invitar a todos los actores involucrados en el sistema previsional, teniendo en cuenta que es una ley trascendental”, sostuvo.

Enseguida pidió la palabra Rubén Dal Molín (Juntos por Entre Ríos), quien propuso que la iniciativa sea debatida en la Comisión de Presupuesto y en la de Asuntos Constitucionales. Aseguró que no es la intención del cuerpo tratar el proyecto de forma “express”, sino que debe abordarse “sin prisa, pero tampoco sin calma”.

“Entendemos que en estas dos comisiones están representados la gran mayoría de los senadores y por eso solicitamos que su tratamiento sea abordados en ambas”, sostuvo.

La presidenta de la Cámara, Alicia Aluani, puso a consideración las dos mociones y resultó ganadora la propuesta de Dal Molín, por lo que el proyecto será abordado por la Comisión de Presupuesto y por la de Asuntos Constitucionales”.

La iniciativa que presentó el Ejecutivo busca sanear el déficit de la Caja de Jubilaciones mediante una declaración de emergencia hasta fines de 2027, la implementación de aportes extraordinarios y una modificación gradual en los requisitos de edad y años de servicio.

El proyecto establece un nuevo esquema de cálculo de haberes basado en el promedio de los últimos 20 años y define condiciones específicas para los nuevos ingresantes al sistema. Cabe destacar que esta iniciativa generó un contundente rechazo por parte de la mayoría de los gremios que representan a los trabajadores del estado provincial desde hace varios meses.

Declaración de emergencia y financiamiento

El proyecto de ley se inicia con la declaración del estado de emergencia económica y financiera del sistema previsional provincial, con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2027, con posibilidad de prórroga por parte del Poder Ejecutivo. El objetivo central es "restaurar su equilibrio, resguardar su sustentabilidad y la sostenibilidad de los fondos previsionales".

Para financiar este proceso, se establece un aporte personal extraordinario para los trabajadores activos que perciban haberes superiores a los $3.000.000. Este aporte es progresivo y oscila entre el 1% y el 8%, dependiendo del nivel de remuneración bruta. Asimismo, se dispone un incremento del 3% en los aportes patronales que deben realizar el Estado provincial, los municipios adheridos y los establecimientos educativos privados.

Nuevos requisitos de edad y años de servicio

Uno de los cambios estructurales más destacados se refiere a la jubilación ordinaria común. El proyecto propone elevar los requisitos a 65 años de edad y 35 años de servicios. No obstante, el texto diferencia claramente dos situaciones:

Nuevos aportantes: Para quienes ingresen al sistema después de la vigencia de la ley, la edad jubilatoria será de 68 años con 35 años de aportes.

Actuales aportantes: Se aplicará una implementación progresiva que comenzará en el año 2031. A partir de allí, la edad subirá seis meses por año y los años de servicio aumentarán un año cada dos años calendario hasta alcanzar el tope en 2046 para las mujeres y 2036 para los hombres.

La situación de los jubilados actuales

Un punto central del proyecto es la definición del estatus de quienes ya integran el sector pasivo. Según el articulado, los beneficiarios que ya ostenten tal carácter a la fecha de entrada en vigencia de la ley “quedarán sometidos al régimen vigente en materia de incompatibilidades y reajustes”. Esto implica que las nuevas reglas de edad o años de servicio no afectan a quienes ya están retirados.

No obstante, en el marco del estado de emergencia, la norma faculta al Poder Ejecutivo a establecer "aportes solidarios previsionales" a cargo de quienes perciban beneficios, siempre que existan circunstancias que evidencien desequilibrios que comprometan la sustentabilidad del sistema. Estos aportes tendrían un carácter excepcional y por tiempo determinado. Asimismo, el proyecto autoriza la fijación de límites máximos para aquellos haberes que superen el equivalente a quince (15) jubilaciones mínimas.

Cálculo del haber y movilidad

El texto modifica la base sobre la cual se determina la jubilación inicial. El haber será equivalente al 82% del promedio actualizado de las últimas 240 remuneraciones mensuales brutas (equivalente a 20 años de aportes). Para las jubilaciones por invalidez y edad avanzada, dicho haber será del 70% de ese mismo promedio.

En cuanto a la movilidad, el proyecto establece que los haberes se actualizarán según las paritarias del Escalafón General de la Administración Pública Provincial. Un detalle relevante de la normativa es que la aplicación de este aumento tendrá una demora administrativa: "La movilidad se aplicará sobre los haberes previsionales a partir de los sesenta (60) días hábiles administrativos al que ingresaron al sistema previsional los aportes" derivados de la variación salarial.

Regímenes especiales y pensiones

Para los regímenes especiales (como docentes, trabajadores de salud mental y servicio penitenciario), se mantienen edades de retiro diferenciadas. Sin embargo, el proyecto introduce una cláusula de solidaridad: "Quienes accedan al beneficio deberán continuar efectuando el aporte personal previsto para los afiliados en actividad, hasta tanto reúnan el requisito de edad establecido para el acceso a la jubilación ordinaria común".

En materia de pensiones, el beneficio por viudez o unión convivencial será temporal, limitado a la duración que tuvo el vínculo legal o la convivencia. Solo será vitalicio si el beneficiario tiene más de 55 años al momento del deceso. Además, se aclara que la pensión es una prestación derivada que "en ningún caso genera, a su vez, derecho a pensión".

Gestión y facultades administrativas

El proyecto también dota de nuevas herramientas a la Caja de Jubilaciones, como la facultad de emitir "Certificaciones de Deuda Previsional", que constituirán título ejecutivo para el cobro de aportes adeudados. Además, se otorga a los empleadores la potestad de intimar al personal que cumpla con los requisitos para jubilarse.

Si tras seis meses de la intimación el agente no inicia el trámite, el organismo podrá extinguir el vínculo laboral sin obligación de indemnización. Finalmente, la norma promueve la digitalización total de los trámites y la transparencia mediante la publicación mensual de datos financieros del organismo.