En el marco de la 15° Sesión Ordinaria, los senadores dieron sanción definitiva al proyecto en el que se añade artículos a la Ley Nº 9424 de creación del Registro de Deudores Alimentarios.

De acuerdo al texto que obtuvo dictamen, una de las novedades es la incorporación del artículo 12 bis que prohíbe el ingreso de deudores a eventos deportivos y culturales. Para llevar a cabo el procedimiento, los Municipios adheridos a esta ley, informarán a los organizadores de los eventos de éste requisito, quienes deberán solicitar el certificado registral.

El otro cambio es la inclusión del artículo 12 ter que inhabilita el ingreso de deudores a Salas de Juego y Casinos de la provincia. La implementación se hará de forma progresiva y conjuntamente entre el Instituto de Ayuda Financiera a la Acción Social (Iafas)

Además, el cuerpo aprobó el proyecto de Ley de autoría del Poder Ejecutivo, por el que se modifican artículos de la Ley Nº 6.351 de Obras Públicas de la Provincia de Entre Ríos. Cabe informar que pasará a revisión a la Cámara de Diputados.

La iniciativa del Poder Ejecutivo modifica cinco artículos. Entre los principales cambios, amplía los trabajos alcanzados por la normativa, establece condiciones para ejecutar obras en inmuebles que no sean propiedad de la Provincia y actualiza las modalidades de contratación, incluyendo sistemas abiertos para tareas de mantenimiento y conservación.

Además, cambia las excepciones a la obligación de realizar licitaciones públicas y establece nuevos plazos y condiciones para el pago de certificados de obra. En este último punto, fija un plazo de 60 días corridos para abonar los certificados, con excepción de la liquidación final y la redeterminación de precios, y contempla el pago de intereses en caso de mora de la Administración, bajo las condiciones previstas en la ley.

En la sesión, los senadores aprobaron sobre tablas las siguientes iniciativas presentadas por fuera de lista.

El proyecto de Ley de autoría del Poder Ejecutivo en revisión, por el que se autoriza al Superior Gobierno de la Provincia de Entre Ríos a aceptar la donación de la Municipalidad de Villa Elisa de un inmueble destinado al uso exclusivo del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, para la construcción de la sede del Juzgado de Paz (Expediente N° 29.481).

También el proyecto de Ley mediante el cual se autoriza al Superior Gobierno de la Provincia a donar en favor de la Municipalidad de Aranguren las maquinarias y demás bienes de titularidad de la Provincia, que formaban parte de la unidad productiva del ex Frigorífico Aranguren.

Al respecto, el senador Rafael Cavagna (Nogoyá – Juntos por Entre Ríos), destacó el compromiso del intendente de Aranguren y del gobernador Rogelio Frigerio. Argumentó que: “Hace más de 20 años, conforme lo decía el intendente de dicha localidad, esos inmuebles estaban parados y sin funcionamiento. Con esta disposición y esta ley que se está creando en Entre Ríos, la Municipalidad pasa a ser titular registral de dichos bienes muebles, y esto va a dar la posibilidad de reactivar el frigorífico o buscar los inversores correspondientes”.

Asimismo, remarcó que desde el gobierno provincial están “a disposición para que, a través de las distintas herramientas de la provincia, se encuentren los inversores y se genere mano de obra privada”. Cavagna agradeció el trabajo en la comisión de legislación general, y solicitó a sus pares el acompañamiento al proyecto de ley.

Seguidamente, los senadores aprobaron sobre tablas, el proyecto de declaración de autoría senador Cavagna por el que se declara de interés legislativo las 52° Jornadas Nacionales y el 21º Congreso Internacional de Derecho Administrativo.

Fuente: APFDigital

 El Senado mantiene paralizada su actividad por segunda semana consecutiva, a la espera de los acuerdos que pueda alcanzar el Gobierno con los gobernadores para avanzar con la reforma electoral, cuyo punto central es la suspensión de las PASO de cara a las elecciones presidenciales de 2027.

Una de las pocas actividades previstas es la audiencia pública de la Comisión de Acuerdos, convocada para este miércoles, en la que expondrán candidatos a ocupar distintos cargos en la Justicia.

La baja actividad de la Cámara alta también está vinculada con la falta de acuerdos para avanzar con el paquete de proyectos promovidos por el Gobierno y con la cantidad de legisladores que se encuentran de viaje en el exterior.

Varios legisladores ya habían anticipado que tenían viajes previsto y por eso la jefa del bloque de la LLA, Patricia Bullrich, impulsó dos sesiones el 17 y el 24 de Septiembre donde se aprobaron un paquete de leyes propiciados por el Gobierno, como la ley de Inocencia Fiscal, la reforma del Banco Central y se incluyó un proyecto sobre Biocombustibles.

El Senado tiene pendiente la sanción de un conjunto de iniciativas, entre ellas la ratificación del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), que ya fue aprobado con modificaciones por la Cámara de Diputados, además de los proyectos de Ley de Salud Mental y de reforma de la Ley General de Sociedades.

Sin embargo, la iniciativa que más preocupa a la Casa Rosada es la reforma electoral, con eje en la suspensión de las PASO.

Por ese motivo, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, avanza en las negociaciones con los gobernadores aliados, ya que La Libertad Avanza necesita sumar 16 votos de senadores de otros bloques para alcanzar los 37 apoyos requeridos para aprobar la iniciativa.

La presidenta del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, dejó las negociaciones en manos de la Casa Rosada, debido a que las tratativas requieren acuerdos electorales más amplios de cara a las elecciones de gobernadores que se realizarán en 2027.

Uno de los pocos proyectos que avanzará esta semana es el Tratado de Cooperación en materia de Patentes, ya que se convocó a un plenario de las comisiones de Industria y Relaciones Exteriores para el miércoles 14 de octubre, a las 10, con el objetivo de firmar el dictamen.

En esa instancia, se aceptarían las modificaciones introducidas por la Cámara de Diputados, que realizó una reserva sobre el Capítulo II.

Fuente: Agencia NA

El Senado de Entre Ríos aprobó este miércoles por mayoría el proyecto de ley de autoría del Poder Ejecutivo, por el que se establecen un conjunto de medidas tributarias orientadas a aliviar la carga fiscal que recae sobre la actividad comercial en la provincia de Entre Ríos. El justicialismo adoptó la misma posición que en Diputados y no acompañó, dado que consideró que la iniciativa no alcanza a todos los afectados.

Por su parte, el senador Gustavo Vergara (Juntos por Entre Ríos – Diamante) respaldó la iniciativa y reconoció “las dificultades que atraviesan distintos sectores de la economía”. Señaló que las medidas contempladas “seguramente no son las que todos deseamos”, pero consideró: “Responden a las posibilidades del Estado provincial en un contexto que requiere sostener el equilibrio fiscal”.

Para cerrar, el legislador enmarcó estas disposiciones en una política provincial orientada, según expresó, a “hacer menos gravosa la presencia del Estado provincial” y mencionó otras medidas de incentivo a la actividad privada, como el régimen de promoción de inversiones y los beneficios para la economía del conocimiento.

Qué dice la norma

La norma presta especial atención a los pequeños contribuyentes, los emprendimientos de menor escala, los comercios de cercanía y aquellos sectores cuya dinámica económica requiere instrumentos ágiles de acompañamiento.

El proyecto contempla beneficios para las categorías A, B y C del Régimen Simplificado, además de la posibilidad de no abonar el anticipo 12 para quienes hayan cumplido en tiempo y forma con los 11 anticipos anteriores. También otras herramientas, como la facultad del Poder Ejecutivo para disponer medidas transitorias de alivio fiscal ante situaciones particulares que puedan afectar a determinados sectores.

Fuente: AHORA

El senador nacional de La Libertad Avanza por La Rioja, Juan Carlos Pagotto, fue hallado muerto este martes en su domicilio de la capital provincial, según pudo confirmar Infobae. Las primeras actuaciones quedaron a cargo de las autoridades judiciales y policiales, que trabajan para determinar las circunstancias del fallecimiento. Hasta el momento no se informó oficialmente la causa de la muerte, aunque había estado hace dos semanas internado por una afección cardíaca.

Pagotto, de 74 años, había llegado al Senado en diciembre de 2023 como representante de La Rioja por La Libertad Avanza. Abogado de profesión y con antecedentes en la política provincial, durante su paso por la Cámara alta adquirió un rol relevante en temas judiciales y legislativos. Actualmente presidía la Comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado y también la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo, encargada, entre otras funciones, del tratamiento parlamentario de los decretos de necesidad y urgencia.

El cuerpo del legislador nacional fue encontrado por sus familiares durante las primeras horas de este martes en su vivienda particular. En el lugar se desplegaron las primeras medidas y pericias para establecer qué ocurrió, mientras la noticia comenzó a generar repercusiones en el ámbito político riojano y nacional.

Según pudo confirmar Infobae, el fallecimiento de Pagotto ya fue comunicado a dirigentes y autoridades de La Libertad Avanza. El senador suplente es el abogado Alejandro Cruz Antúnez.

Se constituyó la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, en la que designó como presidente a Juan Carlos Pagotto (LLA) como presidente, el 19 de diciembre de 2025, en el salón Illia del Senado de la Nación, en Buenos Aires; Argentina.- Fotos: Mario Mosca / Comunicación Institucional Senado.-

Hace pocos días atrás había participado del debate para aprobar la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. El pasado 24 de septiembre el riojano estuvo en el recinto y había pedido aprobar el proyecto del Banco Central y ver “cómo camina”.

Unas semanas antes de su fallecimiento, Pagotto había estado internado en su provincia a causa de una afección cardíaca y se había ausentado de la sesión en la que se aprobó Inocencia Fiscal II, por lo que sorprendió su presencia en la última sesión del Senado de la Nación.

Conocida la noticia comenzaron a aparecer en redes sociales mensajes respecto de su fallecimiento. Una de las primeras fue la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, quien en su cuenta de X escribió “Lamento profundamente el fallecimiento de nuestro senador Juan Carlos Pagotto, un luchador de la libertad de La Rioja y nuestra país. Un cálida abrazo a su familia y seres queridos en este difícil momento”.

La cuenta de la misma red social del Senado de la Nación publicó una una fotografía en el recinto con el año de su nacimiento y el de su fallecimiento.

Fuente: APFDigital / Infobae

El Senado convirtió en ley el proyecto que modifica el régimen de Zona Fría y restringe el subsidio al gas a la Patagonia, Malargüe y la Puna. La medida dejará sin ese beneficio a más de tres millones de usuarios de distintas ciudades del país.

El Gobierno logró la sanción de la iniciativa luego de un acuerdo con provincias del norte para otorgar un subsidio a la electricidad durante los meses de verano. La votación terminó con 38 votos afirmativos y ocho negativos, en medio de la discusión por el esquema de subsidios energéticos.

Antes del debate, el presidente del bloque peronista, José Mayans, anticipó que su bancada se retiraba del recinto. Con esa decisión, el oficialismo debió garantizar el quórum de 37 senadores para avanzar con la votación.

Según los argumentos oficiales, la ley permitirá reducir el déficit energético en unos 400 millones de pesos y ordenar las deudas que las distribuidoras mantienen con CAMMESA, la empresa que administra el mercado mayorista eléctrico.

Qué cambia con la ley de Zona Fría

La iniciativa aprobada afectará a más de tres millones de usuarios, ya que elimina el subsidio para unas 90 ciudades de Buenos Aires, Córdoba, La Pampa y San Luis. El beneficio se mantendrá para la Patagonia, la Puna y Malargüe.

También conservarán el subsidio los hogares inscriptos en el ReNaBaP, los veteranos de Malvinas y las familias que tengan integrantes con Certificado Único de Discapacidad.

En cambio, perderán el beneficio las ciudades que habían sido incorporadas al régimen desde 2021 en Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Mendoza y San Luis.

Otro punto clave es que el descuento se aplicará sobre el precio del gas y no sobre el total de la factura, uno de los aspectos más cuestionados por sectores de la oposición.

Las personas que pierdan el subsidio por Zona Fría podrán gestionar una rebaja tarifaria si acreditan ingresos de hasta tres canastas básicas para un hogar tipo 2, que actualmente equivalen a unos 4,8 millones de pesos.

La ley también prorroga el régimen de incentivos a las energías renovables hasta 2045 e incorpora un mecanismo para regularizar las deudas que las distribuidoras eléctricas mantienen con CAMMESA.

El debate en el Senado

La discusión fue abierta por la presidenta de la Comisión de Minería, Energía y Combustibles, Flavia Royon, quien sostuvo que el sistema actual necesita una revisión. “Tenemos 9.000.000 de usuarios de gas natural. La zona fría histórica son 940.000 usuarios. La zona fría ampliada son 3.360.000 usuarios. Pero fuera de los que tienen el privilegio de tener conexión de gas a redes, tenemos en Argentina 6.210.000 usuarios que dependen de las garrafas”, planteó.

“Tenemos que avanzar hacia un sistema de subsidios mucho más justo en nuestro país, que contemple no solo regiones bioclimáticas, sino también capacidades socioeconómicas, y que se subsidien volúmenes de gas o de energía que sean razonables”, agregó.

Royon explicó que, en la zona fría ampliada, el proyecto pasa de un criterio geográfico a uno que incorpora el nivel socioeconómico de cada familia y un consumo considerado indispensable. De todos modos, aclaró que la norma no retira totalmente los subsidios en esos casos.

El senador radical Maximiliano Abad rechazó la iniciativa y advirtió que 1,3 millones de personas de la provincia de Buenos Aires quedarán sin el subsidio al gas.

Abad cuestionó que la ley provoca “actos de enorme injusticia” y señaló: “Mansiones y hoteles de lujo de la Patagonia van a pagar menos por el gas que una familia de clase media de Mar del Plata, Tandil o Necochea”.

También sostuvo que “los inviernos son más crudos en Bahía Blanca que en Comodoro Rivadavia” y que los bahienses tienen ingresos promedio un 50% inferiores.

El senador santacruceño José Carambia también votó en contra y afirmó que su provincia no puede tolerar “ni una suba del 1%” en las tarifas de gas. Además, pidió contemplar diferencias en el costo de vida patagónico, que estimó cerca de un 20% superior al de la zona centro del país.

En cambio, la senadora chubutense Edith Terenzi respaldó el proyecto y pidió “recuperar un criterio de focalización que contemple las particularidades de cada región del país”. Según planteó, la iniciativa “vuelve a poner el foco en las verdaderas necesidades de cada región”.

Fuente: AHORA

El Senado aprobó en general por 46 contra 22 de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, que prohibe la asistencia financiera al Estado Nacional o las provincias.

El Senado comenzó la discusión en particular donde se introducirán cambios sobre las designaciones de los directores de esa institución, con lo cual la iniciativa deberá ser tratada por la Cámara de Diputados.

El  oficialismo debió ceder en uno de los puntos centrales de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA) para conseguir los votos necesarios para aprobar el proyecto en el Senado y aceptó reducir de dos tercios a mayoría absoluta el requisito para designar y remover al presidente y los directores de la autoridad monetaria.

El cambio implica un retroceso respecto del esquema impulsado por el presidente Javier Milei y aprobado por la Cámara de Diputados, que establecía un fuerte blindaje para las autoridades del Central al exigir el voto de los dos tercios de ambas cámaras del Congreso para desplazarlas.

SESIÓN

La sesión se abrió con quórum reglamentario de 37 senadores, y tras una cuestión de privilegio presentada por el senador radical Maximiliano Abad y un pedido de preferencia del legislador peronista Carlos Linares, comenzó el debate de la reforma del Banco Central.

DEBATE

Al abrir el debate,  el presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda, Agustín Monteverde, ratificó que "por un acuerdo" entre los bloques se modificará el texto votado en diputados para que la elección y remoción de autoridades corresponderá exclusivamente al Senado y que se deberá aprobar con mayoría absoluta.

La Cámara de Diputados estableció que los diez directores se elegirán por mayoría simple, pero para la remoción se requerirán los dos tercios, y que la votación se deberá hacer con el aval de los cuerpos legislativos.

Señaló que es necesario modificar la carta orgánica del Banco Central "por la tragedia en que nos sumió la permeabilidad de la ley orgánica del banco central entre el año 2003 y el año 2023" ya que fueron "20 años de saqueo institucional".

“Esta reforma devuelve al BCRA un mandato único: el de preservar el valor de la moneda y, también, sustituir la discrecionalidad política de los poderes de turno por reglas institucionales de largo plazo”, agregó.

Desde el peronismo, el senador Jorge Capitanich adelantó su rechazo al proyecto y propuso "discutir cuatro reglas en profundidad: una fiscal que tienda al equilibrio, una monetaria que tienda a la estabilidad, una cambiaria que tienda a la competitividad y una institucional que tienda a la calidad”.

En su discurso,  Capitanich acusó al Gobierno de querer "usar las reservas para aumentar la oferta de divisas y mantener el tipo de cambio apreciado, y así tener un escenario electoral más favorable".

Por su parte, la senadora de Primeros los Salteños, Flavia Royon, dijo que "en líneas generales apoyo esta reforma de la Carta Orgánica del Banco Central porque compartimos el diagnóstico y camino, pero en la votación en particular no voy a acompañar los artículos 12, 13, 19 y 21 del dictamen"

Argumentó que no puedo acompañar el articulo 13 porque "permite usar las reservas como garantías, incluido el oro, sin ningún tipo de límite, sin especificar qué se puede comprometer y tampoco se obliga a informar al Congreso”.

En el cierre del debate, José Mayans, dijo que "acá se utiliza un relato para justificar este desastre que están por hacer con el Banco Central: la moral como política de Estado, que lo iba a pagar la casta y que iban a destruir el Banco Central. Ese relato cambió totalmente”

Advirtió que con esta reforma se "van usar los depositos de la gente y esto puede producir un corralito y corralón".

"Se van a robar el depósito de la gente", alarmó y vaticinó que "la gente va a comenzar a retirar los depósitos", generando un desbalance en los bancos del país.

DETALLES

El proyecto también plantea eliminar funciones vinculadas con el direccionamiento del crédito y las políticas crediticias diferenciadas, al considerar que esas herramientas exceden las funciones esenciales de una autoridad monetaria.

La iniciativa responde así a la visión del Gobierno de Milei de contar con un Banco Central concentrado en preservar el valor de la moneda y separado de las necesidades de financiamiento del Tesoro.

Se habilita al Banco Central a utilizar sus activos y reservas (como oro, dinero líquido y títulos) como garantía colateral en operaciones propias, tales como la toma de financiamiento internacional o acuerdos de tipo REPO.

Con los cambios introducidos en el Senado las designaciones de los directores serán designados exclusivamente por la cámara alta y deberán tener el aval de una mayoría absoluta de 37 votos.

Se elimina el requisito de los dos tercios para echar a un director del Banco Central.

El Senado de la Nación inició la sesión en la que el oficialismo buscará aprobar la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y las modificaciones a la Ley de Zonas Frías.

La sesión se abrió con quórum reglamentario de 37 senadores, y tras una cuestión de privilegio presentada por el senador radical Maximiliano Abad y un pedido de preferencia del legislador peronista Carlos Linares, comenzó el debate de la reforma del Banco Central.

Al abrir el debate,  el presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda, Agustín Monteverde, ratificó que "por un acuerdo" entre los bloques se modificará el texto votado en diputados para que la elección y remoción de autoridades corresponderá exclusivamente al Senado y que se deberá aprobar con mayoría absoluta.

La Cámara de Diputados estableció que los diez directores se elegirán por mayoría simple, pero para la remoción se requerirán los dos tercios, y que la votación se deberá hacer con el aval de los cuerpos legislativos.

Señaló que es necesario modificar la carta orgánica del Banco Central "por la tragedia en que nos sumió la permeabilidad de la ley orgánica del banco central entre el año 2003 y el año 2023" ya que fueron "20 años de saqueo institucional".

“Esta reforma devuelve al BCRA un mandato único: el de preservar el valor de la moneda y, también, sustituir la discrecionalidad política de los poderes de turno por reglas institucionales de largo plazo”, agregó.

Desde el peronismo, el senador Jorge Capitanich adelantó su rechazo al proyecto y propuso "discutir cuatro reglas en profundidad: una fiscal que tienda al equilibrio, una monetaria que tienda a la estabilidad, una cambiaria que tienda a la competitividad y una institucional que tienda a la calidad”.

En su discurso,  Capitanich acusó al Gobierno de querer "usar las reservas para aumentar la oferta de divisas y mantener el tipo de cambio apreciado, y así tener un escenario electoral más favorable".

Fuente: Noticias Argentinas

El Senado aprobó la reforma de biocombustibles con 41 votos a favor y 25 en contra. La iniciativa eleva los cortes obligatorios de bioetanol del 12% al 15% y de biodiésel del 7% al 10%, porcentajes que comenzarían a aplicarse un año después de la sanción. El proyecto ahora será girado a la Cámara de Diputados para su revisión.

La votación se dio luego de que el Gobierno nacional ya había habilitado un aumento de hasta 15% de bioetanol en las naftas para amortiguar las subas de los combustibles. Con la nueva norma, el Congreso busca darle un marco permanente a los cortes y ordenar cómo se abastecen y cómo se comercializan estos productos.

El proyecto fue respaldado por La Libertad Avanza, el PRO, Independencia, Primero los Salteños, Convicción Federal, el Movimiento por Misiones, la mayoría de la UCR y el senador tucumano Juan Manzur. En tanto, lo rechazaron el bloque justicialista, Movere por Santa Cruz y el radical Maximiliano Abad.

Los cambios que trae la reforma de biocombustibles

La votación se destrabó después de que se superaran las diferencias por la participación de las pymes de biodiésel. Las pequeñas y medianas empresas pretendían mantener su porción del 7,5% del mercado, mientras que el texto original contemplaba una reducción progresiva hasta su eliminación en 2031. Con la nueva propuesta, las firmas no integradas tendrán un piso mínimo del 4% entre el 1° de enero de 2031 y 2036, con lo cual conservarán una porción asegurada del negocio.

El tema tiene peso en la producción agropecuaria: en Entre Ríos, el maíz es una de las principales materias primas para la elaboración de bioetanol, en un contexto en el que la provincia alcanzó un récord histórico de producción agrícola.

La norma también acompaña el avance de otros proyectos de bioenergía en el territorio, como dos plantas de biogás que se impulsan en la provincia.

Qué dijeron los senadores

La presidenta de la comisión de Minería, Energía y Combustibles, Flavia Royón, señaló que el dictamen “busca preservar y dar previsibilidad a las capacidades productivas existentes, pero al mismo tiempo crear una transición hacia un marco más competitivo, más transparente y abierto a nuevas tecnologías”. Agregó que la iniciativa “no solo aumenta los cortes del bioetanol y del biodiésel, sino que también regula cómo se abastecen esos cortes y cómo se comercializan estos productos”.

La senadora de Independencia, Beatriz Ávila, sostuvo que apoya “elevar al 15% el corte obligatorio” por su impacto “en el desarrollo energético, ambiental, industrial y regional”. “Esta ley tiene un sesgo federal en una Argentina desigual, con asimetrías. En el norte tenemos la caña de azúcar y para nosotros es importante que podamos avanzar”, manifestó.

El exgobernador tucumano Juan Manzur afirmó que la ley “pone la mirada en el norte argentino, en una zona pobre, una zona castigada”, y destacó que “va a repercutir muy positivamente en mi provincia, en Tucumán”, sobre todo entre los pequeños productores de la región.

La senadora cordobesa de Provincias Unidas, Alejandra Vigo, señaló que “Córdoba sigue marcando el camino en la industria de biocombustibles”. “Hoy Córdoba lidera el mercado de bioetanol y concentra casi el 70% de la capacidad instalada en la producción de etanol”, aseveró.

El senador peronista Fernando Salino mostró reparos al dictamen de mayoría: “hay muchas cosas que quisiéramos corregir. No podemos permitir todas las cosas que este proyecto delega en la reglamentación y que deberían estar contenidas en la propia ley”.

La presidenta de Convicción Federal, Carolina Moisés, afirmó que votará la ley “pensando en Jujuy, en los productores y en cada familia cuando escucha la sirena del ingenio, que significa trabajo”. “Vengo de San Pedro, rodeada de cañaverales”, agregó.

En el cierre del debate, el presidente del bloque justicialista, José Mayans, dijo: “no podemos acompañar por solidaridad con las provincias que nos están advirtiendo que las industrias se les pueden ir del lugar”.

La jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, señaló que “se está discutiendo algo más grande que un porcentaje de corte. Estamos discutiendo qué reglas queremos para una industria estratégica para la Argentina durante los próximos 15 años”.

El Senado aprobó en general el proyecto de  Inocencia Fiscal II, una iniciativa clave para el Gobierno Nacional, a fin de captar dólares que aún los contribuyentes mantienen fuera del circuito financiero.

La iniciativa fue aprobada por .44 a 23 votos que fueron aportados por la Libertad Avanza, el PRO; la UCR, y bloques provinciales.

La sanción del proyecto es un logró importante del oficialismo para recuperar la iniciativa legislativa, aunque debió ceder ante sus aliados e incorporar el debate del proyecto de biocombustibles.

La reforma de la  Ley de Inocencia Fiscal II, implica que el Gobierno busca incentivar el ingreso al circuito financiero de dólares que permanecen fuera del sistema formal.

La iniciativa elimina las restricciones para ingresar al régimen simplificado de Ganancias, ya que esta ley establecía que solo podían ingresar a ese régimen aquellos que tengan hasta un patrimonio de 10.000 millones de pesos.

Uno de los puntos claves es que los legisladores, jueces, ministros del Poder Ejecutivo, así como el Presidente de la Nación no podrán acceder a los beneficios del sistema simplificado de ganancias.

El proyecto prohíbe a los funcionarios públicos y aquellos que hayan ocupado cargos durante los cinco años anteriores adherir a este régimen.

El proyecto también redefine el concepto de "discrepancia significativa", que determina en qué circunstancias la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) puede impugnar una declaración simplificada.

Según la iniciativa, será considerada significativa una diferencia que implique un aumento del impuesto determinado o una reducción de quebrantos de al menos 15% respecto de lo declarado por el contribuyente.

DEBATE

La presidenta del bloque de la Libertad Avanza, Patricia Bullrich, dijo que por falta de confianza "los ciudadanos sacaron del circuito" sus ahorros en dólares y dijo Argentina y Rusia son los países con "mas dólares fuera del circuito finaciera porque el Estado fue un enemigo del ahorro".

"El enemigo de los ahorristas ha sido el Estado, que expropió de distintas formas ese dinero: hiperinflación, inflación, cepo, con todo tipo de mecanismos. Y por eso el ciudadano salió de los circuitos legales para ir hacia los informales con el objetivo de proteger sus ahorros", agregó.

Destacó que "hemos incorporado los resguardos para los funcionarios publicos van poder utilizar el mecanismo de la simplificación pero no los beneficios, pero un funcionario no puede mentir en su primera declaración de bienes, y no podrán utilizar este mecanismo", agregó.

Desde el peronismo, el senador José Mayans, aseguró que la reforma de Inocencia Fiscal es "un desastre" como fue la ley aprobada en diciembre y "es un precio a los evasores y los narcotraficantes"

"Esta es una ley hecha para la hermana (Karina Milei), para el narcotráfico, para los Espert y para Manuel Adorni que no presentó su declaración jurada porque está esperando la sanción", apuntó

El debate fue abierto por el libertario Bruno Olivera Lucero, quien aseguró que con este proyecto se busca lograr que la ciudadania tenga confianza en "no vamos a seguir viendo a los contribuyentes como sospechosos de por vida o como lo que realmente son: ciudadanos que trabajan, pagan impuestos y merecen respeto”, 

" Durante muchos años ser contribuyente era una condena. Los trataban a todos como evasores. Así trató el fisco a los contribuyentes durante el kirchnerismo", agregó.

Por su parte, el senador peronista Fernando Salino pidió ampliar la restricción al régimen simplificado para "personas políticamente expuestas", una formulación que "es más amplia que funcionarios públicos, como dice ahora el proyecto".

SESION

La sesión se abrió a las 11:23 con la presencia de quórum estricto de 37 senadores que fueron aportados por la Libertad Avanza, la UCR, el PRO y bloques provinciales.

Al comenzar la sesión, el peronismo recurrió a las cuestiones de privilegio para fustigar el presidente del Banco Central, Santiago Bausille, por el destino del oro del , mientras que desd el oficialismo se defendió al funcionario del BCRA.

Las acusaciones contra Bausille fueron formuladas por  los senadores justicialistas Florencia López y Martín Soria, y fueron rechazadas por el libertario Agustín Monteverde.

El radical Maximiliano Abad presentó una cuestión de privilegio dirigido al secretario de Educación de la Nación, Carlos Torrendel, para que convoque al Congreso Pedagógico para buscar una solución a la situación de la educación, tras el bajo rendimiento de los alumnos en las evaluación PISA.

 “Por eso vengo, a través de esta cuestión de privilegio, a solicitarle formalmente al Secretario de Educación, Carlos Torrendel, que en su carácter de autoridad del Consejo Federal de Educación, ponga en tratamiento la iniciativa que vengo impulsando desde hace tiempo: la convocatoria a un nuevo Congreso Pedagógico Nacional”, expresó Abad.

Tras una ronda de cuestiones de privilegio, comenzará el tratamiento de los pliegos de Juan Pedro Galván Greenway, Alejandro Javier Catania y Juan Manuel Mejuto; además de la transferencia de competencia judiciales a la Ciudad de Buenos Aires.Fuente: Noticias Argentinas

Luego de recibir cambios de los bloques aliados, el oficialismo en el Senado postergó una semana más el dictamen del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), conocido como “super-RIGI”. Un plenario de comisiones se reunió este miércoles pero La Libertad Avanza decidió un cuarto intermedio hasta la semana próxima porque aún no consiguió las firmas necesarias para habilitar su tratamiento en el recinto.

La iniciativa que impulsa el Gobierno ya fue aprobada por la Cámara de Diputados y ahora se discute entre las comisiones de Presupuesto y Hacienda, Economía Nacional e Inversión y Legislación General de la Cámara alta. Este jueves el plenario sesionó desde las 13 hasta las 14.30, momento en que el libertario Agustín Monteverde anunció el cuarto intermedio. “El dictamen aún está circulando, no tiene todavía todas las firmas”, aseveró el senador del PRO Martín Goerling Lara en diálogo con SenadoTV. El oficialismo busca que la sesión sea el próximo 10 de septiembre.

Los cambios que el Gobierno aceptó incorporar al proyecto, por pedido del PRO y la UCR, tienen que ver con que los proyectos de grandes inversiones en data centers cuenten con subestaciones eléctricas propias y que haya un piso de proveedores locales.

“Estamos hablando de grandes inversiones que, sin este tipo de legislación, son difíciles de captar. A su vez, nos van a generar la posibilidad de tener grandes empresas que van a derramar en empresas satélites y van a lograr un círculo virtuoso”, afirmó en el debate el libertario Bartolomé Abdala. “El proyecto tiene muy bajo nivel de empleo y gran uso de recursos naturales de carácter estratégico, como reservas de agua dulce y energía. En la nueva redacción, nada se dice respecto a la certificación de las condiciones ambientales e infraestructura”, cuestionó el senador peronista Jorge Capitanich.

Qué establece el super-RIGI

La iniciativa contempla beneficios fiscales, cambiarios y regulatorios excepcionales, además de garantías de estabilidad por unos 30 años, para inversiones de al menos US$1.000 millones en industrias consideradas “del futuro” o todavía no desarrolladas en el país.

Entre los principales beneficios, el proyecto propone reducir el impuesto a las Ganancias al 15% y establecer una amortización acelerada de las inversiones: 60% durante el primer año y 20% en cada uno de los dos años siguientes.

También contempla certificados de crédito fiscal para cancelar IVA y contribuciones patronales, con una alícuota única del 10%.

Los quebrantos podrán deducirse sin límite temporal, mientras que los dividendos tributarán una alícuota del 7%, que se reducirá al 3,5% luego de cuatro años de adhesión al régimen.

Además, se plantea la exención de derechos de importación, la eliminación de derechos de exportación y la supresión de restricciones y cupos para operar.

En cuanto a las divisas, el proyecto establece una disponibilidad progresiva de los dólares provenientes de las exportaciones. A partir de los tres años, los inversores podrán disponer del 100% de esas divisas.

Los cambios

El proyecto aprobado por Diputados incorporó, a propuesta de la bancada del MID de Oscar Zago y Eduardo Falcone, un programa de desarrollo de proveedores locales. La iniciativa establece que el 20% de la inversión deberá destinarse a contrataciones de bienes o servicios en el país.

Ahora, los senadores incorparon una cláusula para que dentro de las compras nacionales solo sean aceptados los bienes transables.

Otro de los cambios contempla requisitos para los proyectos que requieran un uso extremadamente elevado de energía, como la instalación de centros de datos. En esos casos, cuando el consumo pueda impactar en el servicio energético del municipio o la región donde se instale la empresa, los proyectos deberán contemplar su propio autoabastecimiento energético.Fuente: TN

El Senado de Entre Ríos le dio sanción definitiva al proyecto que crea el nuevo régimen de consorcios camineros, los cuales serán entidades de bien público, de servicios a la comunidad y sin fines de lucro.

La Dirección Provincial de Vialidad (DPV) tendrá a su cargo la promoción y el fomento a la creación y organización de los Consorcios Camineros, de acuerdo a la iniciativa. El gremio que nuclea a los trabajadores de esta dependencia, sin embargo, se opuso con un paro y movilización desarrollado este martes, en lo que entienden que es un avance sobre las facultades de Vialidad.

El objetivo es que se puedan crear este tipo de entidades de participación público-privada, con posibilidad de intervenir en los caminos terciarios, comunales y vecinales de la provincia.

El peronismo acompañó la ley en general, que va “a redundar en beneficio de los productores y las familias de zonas rurales”, según explicó el senador de Tala Juan Conti (Más para Entre Ríos) al momento de fundamentar la posición de la bancada. El legislador precisó que el bloque peronista, sin embargo, iba a votar en contra de algunos capítulos, cuestionando el tratamiento que se le daba a los trabajadores de Vialidad en la normativa. El victoriense Víctor Sanzberro hizo otras objeciones, criticando que no se hayan tomado las reformas propuestas en comisión.

El texto es una unificación de los proyectos presentados anteriormente por los exlegisladores Esteban Vitor (Juntos por Entre Ríos) y Néstor Loggio (PJ) y el de la actual diputada libertaria Julia Calleros (Partido Fe).

A este expediente unificado se sumó en el Senado uno similar del senador Rafael Cavagna (Juntos por Entre Ríos), quien presentó el año pasado un proyecto de ley similar. Finalmente, la decisión del oficialismo fue hacer avanzar el proyecto sin cambios, por lo que los aportes de esta iniciativa particular quedaron afuera, ya que si se hubiesen introducido cambios, el proyecto debía volver a Diputados.

El diputado Jaime Benedetti (Juntos por Entre Ríos) remarcó que el proyecto llegó con media sanción por unanimidad, y explicó que después de “trabajar mucho en la comisión” con invitados, se optó por avanzar con el texto tal como llegó de la Cámara baja.

“Con el proyecto de Cavagna se podría haber mejorado, pero a veces lo perfecto es enemigo de lo mejor. Tenemos un proyecto con media sanción que milagrosamente había sido aprobado por unanimidad, así que después de estudiarlo mucho, con la aquiescencia del senador, decidimos darle despacho de mayoría al proyecto tal como vino de Diputados”, expresó.

“En la actualidad hay dificultades para constituir los consorcios, son 13 pasos burocráticos. Esta ley pretende flexibilizar los requisitos de ingreso“, precisó Benedetti.

Fuente: AHORA

El Senado de la Nación sesionó este jueves desde las 11 en un debate de baja intensidad política y en el que, en la previa, no se esperaba grandes sobresaltos.

El temario incluyó el ingreso de 24 nuevos pliegos judiciales que fueron girados a la Comisión y la votación de 67 pliegos judiciales que ya tenían dictamen de la Comisión de Acuerdo y cinco convenios internacionales, en una jornada presidida por la vicepresidenta Victoria Villarruel que marca el regreso de la Cámara alta al recinto tras tres semanas de inactividad.

Aunque la gran mayoría de los pliegos no presentaba demasiadas controversias, a pesar que el peronismo no participa de la Comisión; entre las designaciones, se destacaban los pliegos de Pablo Bertuzzi y Pablo Yadarola, apuntados desde el kirchnerismo.

Ambos magistrados presentados por el Gobierno fueron votados para la Sala I de la Cámara Federal en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, un tribunal llamado a intervenir en expedientes que involucran o pueden afectar políticamente a los hermanos Javier y Karina Milei como ANDIS y criptomoneda Libra.

Las 67 designaciones abarcan cargos en distintos distritos del país y representan una promesa de La Libertad Avanza (LLA) que las bancadas dialoguistas aguardaban para acompañar al oficialismo.

Los pliegos se votaron todos juntos pero en los cierres por bloques el senador del PJ, José Mayans, aprovechó su tiempo para disparar contra el gobierno nacional, el presidente Javier Milei y el equipo económico. En una parábola en donde señaló que todos los temas que están llevando adelante “lo va a tener que investigar la Justicia”.

Sesión ordinaria del Senado de la Nación, el 27 de agosto del 2026

“Estamos con una Justicia altamente ineficiente”, dijo el formoseño. “Este es un tema central, es el poder más desprestigiado, el 90% no cree en el Poder Judicial, es una crisis fenomenal”, dijo.

En ese sentido hizo referencia al rol de la justicia en la investigación del intento de magnicidio de Cristina Fernández de Kirchner.

En el medio la senadora libertaria Nadia Marquez le pidió una interrupción, algo que Mayans no aceptó.

Para finalizar, el jefe del bloque del peronismo dijo que iban a acompañar “salvo un pliego. Nos vamos a oponer expresamente a Pablo Bertuzzi por lo que es de público conocimiento”.

El pliego de Bertuzzi obtuvo 44 afirmativos y 23 negativos .El resto de los pliegos se aprobó por unanimidad con 66 votos.

La sesión fue impulsada por la jefa del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich, quien en la previa a que se voten los pliegos y en medio de las cuestiones de preferencia, adelantó los plazos para otro tema trascendental para el oficialismo.

En medio de un pedido de preferencia de la senadora Edith Terenzi para tratar un proyecto de ficha limpia, la jefa del bloque de La Libertad Avanza adelantó que “se convocará a la comisión para empezar a debatir la reforma electoral”. La senadora dijo que no será la semana que viene “porque tenemos muchas comisiones” sino que lo hará “para la otra semana”.

Hasta ahora el tema que tiene como eje principal la eliminación de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) y el financiamiento de los partidos político; sólo se trató en una jornada y luego el oficialismo decidió no seguir con el debate en comisión frente a la imposibilidad de conseguir un consenso que le asegure los votos.

El kirchnerismo preparó una batería de cuestiones de privilegio para el inicio del debate. Entre los temas previstos figuran el señalamiento al consultor político Fernando Cerimedo, la presencia de un buque inglés atracado en el puerto de Ushuaia con autorización del Gobierno, el recorte en ciencia y tecnología, y la crisis de morosidad en familias y empresas, el mismo eje que dominó la jornada del miércoles en Diputados.

La agenda incluyó también cinco tratados internacionales, cuya fundamentación estuvo a cargo del senador libertario Francisco Paoltroni, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores. Los acuerdos son: el tratado con Ucrania sobre traslado de personas sentenciadas; la enmienda al Protocolo de Montevideo sobre comercio de servicios del Mercosur; el convenio de extradición con Chile; el Tratado de Medellín sobre transmisión electrónica de solicitudes de cooperación jurídica internacional; y el acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC), que agrupa a Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza.

El pleno también trató tres proyectos de ley. El radical Flavio Fama impulsa la declaración del Festival del Membrillo de Las Juntas, Catamarca, como Fiesta Nacional. Su par de bancada Gabriela Valenzuela obtuvo igual distinción para la Fiesta Provincial del Mate y la Amistad de Gobernador Ingeniero Valentín Virasoro, Corrientes. Asimismo, los tres senadores de Tucumán —Beatriz Ávila, Juan Manzur y Sandra Mendoza— promovieron la declaración de Bernabé Aráoz como Héroe Nacional por su rol en la batalla de Tucumán de 1812 y en el Congreso de 1816.

La sesión se produjo en un clima político marcado por la derrota del oficialismo del 7 de agosto, cuando el Senado rechazó la ley de propiedad privada del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger.

En paralelo, el proyecto de Súper RIGI —que prevé beneficios para inversiones desde USD 1.000 millones en “industrias del futuro”— no logró dictamen en el plenario de comisiones del miércoles. Si el Senado le introduce modificaciones en una sesión futura, la iniciativa regresará en segunda revisión a Diputados, donde solo podrá aceptarse o rechazarse la versión modificada sin posibilidad de nuevos cambios.

Fuente: Infobae

El Senado volvió a discutir en comisión este miércoles el proyecto de reforma de la ley de Sociedades, con la participación de especialistas que tuvieron miradas contrapuestas sobre la iniciativa impulsada por el Gobierno, que contempla la creación de sociedades automatizadas mediante algoritmos e inteligencia artificial.

La reunión fue realizada en la comisión de Legislación General, que preside Nadia Márquez, quien ya convocó para la próxima semana para terminar la ronda de consultas a especialistas en derecho societario.

El  abogado y magíster en Derecho Empresario Carlos Molina Sandoval respaldó esta iniciativa al señalar que las herramientas previstas en la iniciativa de ley permiten "abordar los conflictos societarios de manera más rápida y eficiente, con el objetivo de reducir costos transaccionales"

Asimismo, resaltó que el proyecto se estructura sobre "cuatro ejes: flexibilización, autonomía, modernización societaria y seguridad jurídica".

En cambio, Guillermo Rubano, director de Personas Jurídicas y Registro Público de Comercio de La Pampa, advirtió que la propuesta del Gobierno podría avanzar sobre competencias provinciales.

En ese sentido, remarcó que los registros ya trabajan desde 2017 en procesos de simplificación, digitalización y transparencia.

En tanto, el inspector general de Justicia de La Rioja, Jacob Saúl,  señaló que nadie se opone a la modernización ni la digitalización y simplificación de trámites, pero rechazó que "bajo ese argumento, se avance sobre competencias que la Constitución Nacional reserva a las provincias".

El titular de Derecho Societario de la Universidad Nacional del Sur, Diego Duprat, valoró las herramientas previstas para resolver conflictos societarios.

Señaló que el proyecto introduce una concepción moderna y equilibrada, amplía la autonomía societaria y brinda mecanismos para atender los distintos intereses involucrados.

En cambio, Patricia Fernández Andreani, abogada y profesora titular de la Universidad Nacional del Comahue, cuestionó que la iniciativa "no incorpore obligaciones para las grandes empresas vinculadas con criterios ESG, relacionados con compromisos medioambientales, derechos humanos y equilibrio de género"

En la misma línea se expresó el abogado Eduardo Favier Dubois, quien pidió que se "rechace esta reforma en el Senado", y propuso "debería avanzarse en una reforma y actualización de la normativa vigente, pero no en una nueva ley"

PRINCIPALES PUNTOS

Participación del Estado

El proyecto diseñado por Sturzenegger tiene como uno de sus principales objetivos reducir la tutela del Estado sobre la forma en que los socios organizan sus negocios.

Para ello, establece que las disposiciones de la ley tendrán carácter supletorio y que, en principio, prevalecerá lo establecido en el estatuto de cada sociedad.

La propuesta también plantea que las restricciones estatales sean excepcionales y de interpretación restrictiva.

En ese marco, los registros públicos no podrían dictar resoluciones que limiten aquello que la ley permite y se busca eliminar distintas trabas burocráticas vinculadas con la inscripción y funcionamiento de las empresas.

Además, el objeto social podrá ser amplio y plural, sin necesidad de que exista conexidad entre las distintas actividades que desarrolle una sociedad.

Sociedades automatizadas

Uno de los aspectos novedosos del proyecto es la incorporación de la figura de la “Sociedad Automatizada”, concebida para operar mediante algoritmos o sistemas de inteligencia artificial sin requerir empleados para su funcionamiento ordinario.

La reforma también contempla a las organizaciones autónomas descentralizadas (DAO), estructuras que pueden funcionar de manera total o parcialmente autónoma y utilizar participaciones representadas mediante tokens y registros asentados en tecnología blockchain.

De esta manera, la iniciativa busca incorporar al régimen societario herramientas y modelos de organización surgidos a partir de la transformación tecnológica y de la economía digital.

Arbitraje

Otro de los cambios propuestos consiste en permitir que las sociedades puedan someter sus conflictos internos al derecho extranjero o al derecho mercantil internacional, de acuerdo con las condiciones previstas en el proyecto.

Asimismo, los estatutos podrán incorporar cláusulas arbitrales para resolver controversias entre los integrantes de una sociedad sin recurrir necesariamente a la Justicia ordinaria.

Digitalización

El proyecto también avanza sobre la digitalización integral del funcionamiento societario.

Entre otras medidas, incorpora el domicilio electrónico y la sede electrónica, además de habilitar libros y registros digitales, asambleas a distancia y la constitución de sociedades mediante firma digital o electrónica.

También se prevé la creación de un legajo digital público para cada empresa.

Según los fundamentos de la iniciativa, estas herramientas permitirán adaptar el régimen societario a empresas que operan mediante plataformas digitales, estructuras remotas o equipos distribuidos, donde la presencia física dejó de ser el único mecanismo de funcionamiento empresarial.

La reforma amplía, además, las alternativas para realizar aportes al capital de las sociedades.

El proyecto contempla la posibilidad de aportar bienes, derechos, créditos, activos digitales, prestaciones susceptibles de valoración económica y obligaciones de dar o hacer, de acuerdo con el tipo societario y la normativa aplicable.

El objetivo es reconocer el valor económico de activos intangibles, tecnológicos y digitales que pueden resultar fundamentales para el desarrollo de determinados emprendimientos.

El debate en comisión continuará este martes con la exposición de especialistas y funcionarios, en una discusión que apunta a modificar de manera integral el marco legal que regula la creación y funcionamiento de las sociedades comerciales en la Argentina.

Fuente: NA

El Senado de Entre Ríos desarrolló este miércoles la 11ª Sesión Ordinaria correspondiente al 147º Período Legislativo, donde se aprobaron distintos proyectos y se oficializó la salida de una legisladora de la bancada peronista.

Se trata de la senadora por el departamento La Paz, Patricia Díaz, quien al inicio de la sesión oficializó su renuncia al bloque “Más para Entre Ríos” y anunció la conformación del monobloque “Hacer Futuro”. Díaz es pareja del intendente de Santa Elena, Domingo Daniel Rossi, quien fue expulsado del Partido Justicialista (PJ) y anunció que será candidato a gobernador por otra fuerza.

Tras solicitar permiso para leer, Díaz expresó: “De mi mayor consideración, por la presente, comunico mi renuncia a partir de la fecha al bloque Más para Entre Ríos de esta Honorable Cámara de Senadores. Asimismo, informo la constitución del bloque Hacer Futuro y solicito que se adopten las medidas administrativas y reglamentarias necesarias para su reconocimiento y funcionamiento”.

“Agradezco a mis compañeras, mis compañeros de bancada el trato recibido, el trabajo compartido y el respeto que he mantenido y hemos tenido durante este tiempo”, sostuvo Díaz al mismo tiempo que argumentó: “Esta decisión responde a la voluntad de continuar mi labor legislativa desde un espacio propio, preservando el diálogo y la cooperación institucional. En ese sentido, reafirmo mi pertenencia al espacio Hacer Futuro que tiene como referente al señor Daniel Rossi. Considero un hecho inédito su expulsión, como fue de público conocimiento en su momento, tratándose de quién fue vicegobernador de Entre Ríos, seis veces intendente de la localidad de Santa Helena, y acompañó a distintos gobernadores aportando con su trabajo y a numerosos triunfos electorales. La decisión resulta aún más difícil de comprender, porque en esta oportunidad Rossi ni siquiera fue candidato. Sin embargo, entiendo que esta situación también puede abrir una nueva etapa”.

Y cerró: “Asumo este paso con serenidad y con la esperanza de seguir construyendo, convencida de que este tiempo es el tiempo de hacer futuro. Sin otro particular, saludos a ustedes con atenta consideración”.

Sanción del proyecto de ley de desarrollo al norte entrerriano

De conformidad al artículo 145° del Reglamento, se confeccionó el plan de trabajo y orden del día N° 9 para la fecha. En ese marco, el cuerpo aprobó por unanimidad el proyecto de ley de autoría de la senadora Gladys Domínguez (Feliciano – Peronismo Federal) y los senadores Patricia Díaz y Rubén Dal Molín (Federación – Juntos por Entre Ríos), en segunda revisión, por el que se crea el marco institucional y normativo que fomente el desarrollo del norte entrerriano.

Al respecto, senadora Domínguez, autora de la iniciativa, fundamentó: “Este proyecto busca generar que se establezca una ley que pueda trascender las distintas gestiones y así, entre los cuatro departamentos: Federación, Feliciano, Federal y La Paz, y sus respectivos municipios y comunas, donde se pueden pensar, diseñar y gestionar y ejecutar políticas públicas que incentiven la generación de inversiones y el desarrollo del norte entrerriano. Detalló que “se crea la Mesa Coordinadora para el desarrollo del norte entrerriano, integrada por organismos del estado provincial, representantes de la Honorable Cámara de Senadores, también la Honorable Cámara de Diputados, representantes municipales, organizaciones no gubernamentales y sectores privados. Tenemos la experiencia la experiencia salvando las distancias, la Región Centro, la Región de Salto Grande, la Microrregión Crespo y la de Aldea, todas con resultados positivos”.

“Es hora de que el norte entrerriano se una bajo una misma premisa, aunar esfuerzos para generar las condiciones que atraigan inversiones que se necesitan para nuestros departamentos, y diseñar así políticas públicas que necesitan para crecer y generar desarrollo, puestos de trabajo e inversiones”, remarcó Domínguez.

Fuente: AHORA

En el marco del artículo 17º del reglamento del Senado entrerriano, el martes desde las 13 se llevará a cabo una sesión especial para poner a votación el proyecto de ley del Poder Ejecutivo sobre Transparencia y Ética Pública.

La iniciativa tiene como finalidad brindar publicidad, transparencia y “ficha limpia” de las personas humanas y de sus actos jurídicos.

Establece un conjunto de deberes, prohibiciones, inhabilidades e incompatibilidades aplicables, sin excepción, a todas las personas que se desempeñen en cualquiera de los tres poderes del Estado provincial, sin perjuicio de las normas especiales que otras leyes dispongan para determinados funcionarios y empleados públicos.

En el último encuentro de la Comisión de Legislación, los integrantes incorporaron una serie de modificaciones.

En la oportunidad también se debatirá el proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el que se reglamenta el efecto derogatorio previsto en el Artículo 60.

La iniciativa busca reglamentar el último párrafo del Artículo 60 de la Constitución provincial, que fija el mecanismo mediante el cual una ley, decreto u ordenanza pierde vigencia en toda la provincia tras acumular tres fallos de inconstitucionalidad por parte del Superior Tribunal de Justicia (STJ).

El objetivo central de la propuesta es poner fin a un vacío procedimental y dar certeza jurídica. Para ello, establece requisitos estrictos: solo computarán las sentencias dictadas por el STJ en pleno, dictadas en el marco de acciones directas de inconstitucionalidad y fundadas exactamente en el mismo vicio constitucional y sobre la misma norma. De este modo, se busca evitar interpretaciones ambiguas y garantizar un trámite transparente.

Para transparentar el proceso, el texto crea el Registro de Sentencias Firmes de Inconstitucionalidad, una plataforma pública y digital dentro del ámbito del STJ donde se inscribirán de oficio los fallos computables dentro de los cinco días de quedar firmes.

Una vez constatada la tercera sentencia sobre un mismo precepto, el tribunal en pleno emitirá una resolución declarativa que se notificará a la autoridad correspondiente y se publicará en el Boletín Oficial. La norma cuestionada quedará sin efecto con alcance general a partir del octavo día de su publicación, operando únicamente hacia el futuro y sin carácter retroactivo. 

Fuente: APF

El Senado aprobó este jueves el proyecto de Inviolabilidad de la propiedad privada, aunque sin el capítulo de la ley de Tierras, sin consenso para tratarlo. El proyecto incluye una gran cantidad de reformas, entre las que se encuentran cambios al Código Civil y Comercial sobre desalojos. Ahora el proyecto deberá ser tratado en Diputados donde el Gobierno espera convertirlo en ley.

Los 37 votos afirmativos se conformaron con los 20 libertarios y el acompañamiento de legisladores de la UCR, el PRO y otros espacios provinciales. Los 33 rechazos se alcanzaron con el peronismo y sus aliados y algunos sectores dialoguistas que esta vez decidieron no acompañar la iniciativa.

Los tres votos entrerrianos no sorprendieron: Romina Almeida y Joaquín Benegas Lynch se alinearon dentro del bloque La Libertad Avanza y votaron a favor, mientras que el peronista Adán Bahl (bloque Justicialista) lo hizo en contra.

Carmen Á. Rivero (La Libertad Avanza)Bartolomé Abdala (La Libertad Avanza)(La Libertad Avanza)Ivanna Arrascaeta (La Libertad Avanza)Ezequiel Atauche (La Libertad Avanza)Vilma Bedia (La Libertad Avanza)Patricia Bullrich (La Libertad Avanza)Pablo Cervi (La Libertad Avanza)Agustín Coto (La Libertad Avanza)Enzo Fullone (La Libertad Avanza)Juan Cruz Godoy (La Libertad Avanza)Gonzalo Guzmán Coraita (La Libertad Avanza)Nadia Marquez (La Libertad Avanza)Belén Monte De Oca (La Libertad Avanza)Agustín Monteverde (La Libertad Avanza)Bruno Olivera (La Libertad Avanza)M. Emilia Orozco (La Libertad Avanza)J. Carlos Pagotto (La Libertad Avanza)Francisco Paoltroni (La Libertad Avanza)Maximiliano Abad (UCR – Unión Cívica Radical)Eduardo Galaretto (UCR – Unión Cívica Radical)Mariana Juri (UCR – Unión Cívica Radical)Daniel Kroneberger (UCR – Unión Cívica Radical)Carolina Losada (UCR – Unión Cívica Radical)Silvana Schneider (UCR – Unión Cívica Radical)Rodolfo Suárez (UCR – Unión Cívica Radical)Gabriela Valenzuela (UCR – Unión Cívica Radical)Eduardo Vischi (UCR – Unión Cívica Radical)Andrea Cristina (PRO)Martín Goerling (PRO)Victoria Huala (PRO)Luis Juez (PRO)Carlos Arce (Encuentro Misionero)Sonia R. Decut (Encuentro Misionero)Carlos Espínola (Provincias Unidas)Edith Terenzi (Despierta Chubut)

Alejandra Vigo (Provincias Unidas)Julieta Corroza (La Neuquinidad)Daniel Bensusán (Partido Justicialista)Jorge Capitanich (Partido Justicialista)Lucía Corpacci (Partido Justicialista)Eduardo De Pedro (Partido Justicialista)Juliana Di Tullio (Partido Justicialista)Celeste G. Navarro (Partido Justicialista)M. Teresa González (Partido Justicialista)Alicia Kirchner (Partido Justicialista)Marcelo Lewandowski (Partido Justicialista)Carlos Linares (Partido Justicialista)Cristina López (Partido Justicialista)Florencia López (Partido Justicialista)Juan Manzur (Partido Justicialista)Ana Inés Marks (Partido Justicialista)José Mayans (Partido Justicialista)José Emilio Neder (Partido Justicialista)Mariano Recalde (Partido Justicialista)Flavia Royón (Primero los Salteños)Guillermo Andrada (Convicción Federal)Sandra Mendoza (Convicción Federal)Carolina Moisés (Convicción Federal)Beatriz Ávila (Independencia)Martín Soria (Partido Justicialista)Sergio Uñac (Partido Justicialista)Gerardo Zamora (Frente Cívico por Santiago)Elia Esther Moreno (Frente Cívico por Santiago)Fernando Rejal (Justicia Social Federal)Fernando Salino (Justicia Social Federal)José Carambia (Moveré por Santa Cruz)Natalia Gadano (Moveré por Santa Cruz)AusentesAnabel F. Sagasti (Partido Justicialista)Flavio Fama (UCR – Unión Cívica Radical)

La Libertad Avanza consiguió sancionar en general el proyecto que agiliza los desalojos y limita las expropiaciones, pero el Gobierno tuvo un revés con la Ley del Manejo del Fuego, ya que debió eliminar ese capítulo porque no tuvo los votos de sus aliados dialoguistas.

La iniciativa fue sancionada por 37 a 33 votos que fueron aportados por la Libertad Avanza, UCR, PRO, y los senadores provinciales de Misiones, Chubut, Neuquén y un legislador de Provincias Unidas. El Gobierno ya había eliminado ayer el capítulo 3 sobre extranjerización de la tierra y hoy debió excluir los artículos sobre la Ley del Manejo del Fuego.

Ese respaldo se obtuvo con los 21 votos de La Libertad Avanza, 9 de la UCR, 3 del PRO, los dos senadores misioneros Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, el correntino Carlos "Camau" Espínola  y la chubutense Edith Terenzi.

En contra estuvieron 24 senadores del interbloque justicialista, 3 de Convicción Federal, Beatriz Avila de Independencia, Flavia Royon de Primero los Salteños, Alejandra Vigo de Provincias Unidas, la neuquina Julieta Corroza y los santacruceños José Carambia y Natalia Gadano.

Sin embargo, el oficialismo fracasó en su propósito de cambiar para la reforma de la Ley de Manejo del Fuego, ya que había senadores dialoguistas que rechazaban esta propuesta.

Los radicales Maximiliano Abad y Daniel Kroneberger, además de Terenzi, Royón, Alejandra Vigo, los santacruceños Carambia y Gadano, la tucumana Beatriz Oliva y los dos representantes misioneros, rechazaron los cambios a la ley promovida por Máximo Kirchner.

La ley vigente, impulsada en 2020, prohíbe modificar durante 60 años el uso de bosques nativos y humedales afectados por incendios y durante 30 años en el caso de tierras agropecuarias. El Gobierno busca flexibilizar ese régimen al considerar que castiga a los propietarios de los inmuebles incendiados.

En el capitulo sobre desalojos el oficialismo junto a los aliados tuvo 36 votos ya que la chubutense Edith Terenzi decidió abstenerse.

Luego de que el oficialismo resolviera eliminar el capítulo vinculado a la venta de tierras rurales a capitales extranjeros para evitar que el proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada se postergara, el Senado comenzará a debatir el resto de la iniciativa a partir de las 14 horas.

La exclusión del aspecto más controvertido de la iniciativa se precipitó después de una serie de rechazos expresados durante la tarde del martes. Mientras Bullrich ofrecía una conferencia para anunciar modificaciones en la venta de tierras a extranjeros —pasando de la liberalización total a la actualización del tope del 15% al 25%—, al menos cuatro legisladores que se presumía votarían a favor expresaron dudas y negaron haber comprometido su apoyo.

En este contexto, se espera una nueva jornada de tensión en el Congreso de la Nación. Mientras que varios movimientos sociales y organizaciones convocaron a manifestarse en contra de la propuesta oficialista, el inicio de la sesión estará marcado por la votación que definirá si los senadores Anabel Fernández Sagasti (Justicialista - Mendoza) y Flavio Fama (UCR - Catamarca) podrán participar por la vía virtual por complicaciones de salud.

La senadora Juliana Di Tullio presentó una impugnación contra el legislador de La Libertad Avanza, Joaquín Benegas Lynch, por considerar que existía un conflicto de intereses para participar del debate del capítulo de la Ley de Tierras incluido originalmente en el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. El planteo fue dirigido a la presidenta del Senado, Victoria Villarruel, aunque pocas horas después el oficialismo decidió retirar ese apartado de la iniciativa al no reunir los votos necesarios para aprobarlo.

En la presentación, Di Tullio solicitó que Benegas Lynch se abstuviera de debatir y votar las modificaciones a la Ley 26.737, que regula la propiedad de tierras rurales por parte de extranjeros. La senadora argumentó que el legislador mantiene una actividad privada directamente vinculada con ese mercado y que una eventual flexibilización de la norma podría generar un beneficio económico para la empresa de la que forma parte.

A través de sus redes sociales, la dirigente de Unión por la Patria difundió el contenido de la impugnación con fuertes críticas al senador libertario. "¡Mirá vos! Un senador de La Libertad Avanza nos quiere vender la tierra argentina a los extranjeros", escribió. También sostuvo que presentó el planteo porque Benegas Lynch es "socio gerente de una empresa dedicada a venderle tierras argentinas a inversores extranjeros" y afirmó que "no es complicado de entender: juez y parte". Además, aseguró que "usar la banca del Senado para beneficiar el bolsillo propio no solo viola la Constitución y la Ley de Ética Pública, sino que es traición a la Patria".

El eje del planteo apunta a la participación de Joaquín Benegas Lynch en Glocal Terra, una empresa especializada en la tasación, administración y comercialización de campos en distintos países de América Latina. Según la información publicada por la propia compañía, ofrece asesoramiento tanto a propietarios como a inversores extranjeros interesados en adquirir o administrar tierras rurales.

Di Tullio sostiene que esa actividad configura un interés económico incompatible con la discusión parlamentaria sobre una ley que precisamente regula el acceso de extranjeros a la propiedad de tierras en la Argentina. Por ese motivo, invocó la Ley de Ética en el Ejercicio de la Función Pública y reclamó que el senador no participara de la discusión ni de una eventual votación sobre ese capítulo.

La presentación también remarca que la Constitución exige que los funcionarios actúen con imparcialidad y sin utilizar el cargo para favorecer intereses particulares. Bajo ese argumento, la senadora consideró que Benegas Lynch debía apartarse del tratamiento del proyecto para evitar cualquier sospecha sobre su actuación legislativa.

La impugnación coincidió con un cambio de estrategia del oficialismo. Durante la jornada del miércoles, La Libertad Avanza resolvió eliminar del proyecto el capítulo que modificaba la Ley de Tierras, luego de comprobar que no contaba con el respaldo suficiente para aprobarlo en el Senado.

Ese apartado proponía flexibilizar el régimen vigente sobre la compra de tierras rurales por parte de extranjeros, una de las reformas más cuestionadas del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. La resistencia de senadores dialoguistas y de varios gobernadores terminó obligando al Gobierno a dar marcha atrás para preservar el tratamiento del resto de la iniciativa.

De esa manera, la impugnación presentada por Di Tullio quedó referida a un capítulo que finalmente no llegará al recinto. Sin embargo, la legisladora sostuvo que el episodio vuelve a poner sobre la mesa el debate acerca de los conflictos de intereses y los límites que deben respetar los representantes cuando intervienen en proyectos que podrían impactar sobre sus actividades privadas.

Hasta el momento, Joaquín Benegas Lynch no respondió públicamente al planteo. Mientras tanto, el Senado continuará con el tratamiento del resto de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que mantiene las reformas sobre desalojos, expropiaciones, manejo del fuego y modernización de los registros inmobiliarios.

Antes de iniciar el receso invernal los senadores nacionales recibieron una buena noticia. A partir de agosto pasarán a cobrar casi $12 millones en bruto, lo que abrirá un nuevo debate frente a la caída generalizada de los salarios y una tasa de desocupación que se mantiene cerca del 8 %.

Este aumento es consecuencia del acuerdo paritario que la vicepresidenta Victoria Villarruel, como titular del Senado, y Martín Menem, como presidente de Diputados, acordaron con los gremios legislativos. Se trata de un incremento acumulativo del 6,7 % que impacta en las dietas de los senadores gracias a la llamada ley de enganche que los legisladores aprobaron a mano alzada en 2024.

La mejora se aplicará en los sueldos de los legisladores en tres tandas: un retroactivo correspondiente a junio de 2,4%, al que se suma otro de 2,2% de julio y un 1,9% en agosto. La suba se aplicará al menos de que los senadores renuncien o donen el aumento como lo hicieron este año los representantes de La Libertad Avanza, la UCR, el PRO y algunos bloques provinciales.

Este año, los senadores habían conseguido a principios del período ordinario un aumento acumulativo del 12,5%, que se completó en mayo llevando los sueldos de los senadores a más de $11 millones bruto, sin los descuentos por ganancias y otros items. Con los nuevos incrementos llegarán a un 19% de aumento en agosto. Según estimaciones, estarían unos puntos por encima de la inflación proyectada. En total, solo 8 gremios le ganaron a la inflación en el primer semestre del año según un informe oficial. En esa lista aparecen encargados de edificios, camioneros y bancarios.

La dieta de los senadores quedó atada a la paritaria legislativa, en la que la Asociación de Empleados Legislativos (APL) junto a UPCN y ATE negocian con las autoridades del Congreso el valor del módulo, que es la unidad de medida de los salarios.

A partir de la ley aprobada en el recinto, la dieta de los senadores se calcula en base a 2.500 módulos, más un adicional de 1000 módulos por gastos de representación y otros 500 módulos de adicional por desarraigo. De esta manera, el sueldo de los senadores será de unos $11.877.000 millones bruto, sin los descuentos por obra social, jubilación y ganancias.

Con esta suba, los senadores recibieron entre enero y agosto un aumento de $ 1,2 millones y las mejoras superan la inflación acumulada del primer semestre que a junio se ubicó en 16,8%, según datos del INDEC.

A diferencia del Senado, en la Cámara baja no se aplica el enganche paritario y un diputado nacional actualmente cobra $ 6.072.000 en bruto y le quedan $ 4.322.307 en mano. Prácticamente la mitad que el sueldo de un senador, una situación que genera tensiones y malestar con el titular del cuerpo Martín Menem, quien suele sortear su salario por redes sociales.

Más allá del impacto que este incremento tendrá en las dietas de los senadores y la situación de los diputados, el sueldo más alto de un empleado legislativo, la categoría 1, pasará de un haber de $ 2.352.866 de mayo a $2,462.339 en julio y $ 2.509.123 en agosto. Pero la categoría promedio, la 6, pasará de $ 1.119.351 de mayo a $ 1.171.428 de julio y $1.193.538 de agosto.

El acuerdo paritario fue firmado por el prosecretario y secretario administrativo del Senado, Lucas Clark y Alejandro Fitzgerald, respectivamente; y la secretaria administrativa y prosecretaria parlamentaria de Diputados, Laura Oriolo y Mercedes Piscitello; junto a. Alejandro Santa en representación de la Biblioteca del Congreso. Por los gremios estuvieron Norberto Di Próspero, por APL; Claudio Britos, por ATE, y Martín Roig, por UPCN.

Durante la reunión, APL pidió la conformación de una comisión para "normalizar, reglamentar y regularizar"  los haberes de los empleados. La polémica se inició a partir de la decisión de Menem de otorgar un plus  a los trabajadores sin plantearlo en paritaria ni conversar con el gremio. La cuestión es que no hay actas de resolución de la mejora y los gremios reclaman "equidad" entre los empleados del Congreso.

Fuente: Clarín