El Gobierno de Javier Milei aceleró su estrategia en el Congreso de la Nación y envió en las últimas horas dos proyectos de ley que introducen cambios de fondo en áreas sensibles. Se trata de modificaciones en el sistema de pensiones por invalidez y la normativa de salud mental.

Las iniciativas ingresaron por el Senado y forman parte de una estrategia oficial para reformar esquemas que, según argumentan, presentan distorsiones y requieren actualización.

El primero de los proyectos apunta a combatir el fraude en las pensiones no contributivas por invalidez. Desde el Ejecutivo sostienen que en las últimas dos décadas hubo un crecimiento “exponencial” de estos beneficios: pasaron de unos 76.000 en 2003 a cerca de 1,2 millones en 2023.

Según se detalla en el mensaje enviado al Congreso, auditorías y diversas investigaciones detectaron irregularidades en el otorgamiento de prestaciones, como beneficiarios sin los requisitos médicos exigidos o incluso domicilios inexistentes. En ese contexto, la iniciativa busca establecer mecanismos más estrictos para prevenir, detectar y sancionar fraudes.

El proyecto propone modificar la ley 13.478 y otras normas vinculadas al sistema de prestaciones para personas con discapacidad. El objetivo central es “garantizar un uso equitativo de los recursos públicos” y asegurar que las pensiones lleguen únicamente a quienes cumplan con las condiciones legales.

Desde el Gobierno advierten que las irregularidades generan un “dispendio injustificable” de fondos y afectan tanto al Estado como a los beneficiarios legítimos.

En paralelo, el Ejecutivo también envió una reforma de la ley nacional de salud mental (26.657), junto con cambios en normas complementarias y artículos del Código Civil y Comercial.

El proyecto propone ampliar el enfoque de la legislación vigente, incorporando no solo la protección de la salud mental, sino también la prevención y el tratamiento. Además, plantea otorgar un rol más relevante al criterio médico, en particular a los especialistas en psiquiatría, en la evaluación y abordaje de los pacientes.

Uno de los puntos más sensibles es la modificación de las condiciones para las internaciones involuntarias. La iniciativa busca reemplazar el concepto actual de “riesgo cierto e inminente” por una definición más amplia: “situación de riesgo grave de daño para la vida o la integridad física de la persona o de terceros”.

Según el Ejecutivo, este cambio apunta a evitar situaciones de duda o inacción por parte de los profesionales de la salud frente a casos críticos.

Además, el texto habilita un mayor margen para la creación de establecimientos destinados al tratamiento de problemáticas de salud mental y adicciones, y refuerza la necesidad de que las inspecciones en estos lugares cuenten obligatoriamente con la participación de un médico psiquiatra dentro de equipos interdisciplinarios.

Ambos proyectos fueron remitidos con pedido de “pronto tratamiento” por parte del Congreso, en un contexto donde el oficialismo busca avanzar con reformas estructurales en distintas áreas del Estado.

El Gobierno Nacional envió hoy al Senado un proyecto de ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada tiene como meta defender el derecho de propiedad, suprimir los límites para que los extranjeros puedan comprar tierras, un mecanismo rápido de desalojo, y reformas en la ley del manejo del Fuego

El proyecto forma parte de las reformas que fueron anunciadas por el presidente Javier Milei en la Asamblea Legislativa del 1 de Marzo, y es la primera que se envía al Congreso como parte del paquete de iniciativas que impulsará el Gobierno.

El oficialismo volvió a elegir como cámara de origen el Senado, donde la jefa del bloque de LLA pudo armar una solida mayoría de unos 40 votos, que le permitieron sancionar con amplio margen las leyes de Presupuesto, Inocencia Fiscal, Régimen Penal Juvenil, Laboral, y reforma de ley de Glaciares.y ratificar el acuerdo Mercosur-Unión Europea.

La iniciativa se estructura sobre el fortalecimiento de las garantías constitucionales en el régimen expropiatorio, la reforma del sistema de desalojo, el régimen de Regularización Dominial, la revisión de la restricciones del régimen de tierras rurales, y la reforma de la ley del manejo del fuego.

Sobre la ley de expropiaciones se establece un mecanismo “sumarísimo” para la restitución de inmuebles con la acreditación exclusiva del titulo, donde se incluye las “garantías del debido proceso y control judicial en todas las etapas”, pero evitando los largos tiempos para entregar la propiedad a su titular.

En el proyecto firmado por Milei, el jefe de Gabinete Manuel Adorni, y todos sus ministros, también reforma elimina los límites para que los extranjeros puedan adquirir tierras como se estableció en una ley aprobada en el 2011 en el Gobierno de Cristina Kirchner.

"Por medio de esta norma se dispusieron limitaciones a la titularidad extranjera sobre la propiedad o posesión de las tierras rurales. Sin embargo, esto implicó una limitación irrazonable que, lejos de constituir una verdadera protección, conllevó un condicionamiento y desincentivo de la inversión internacional, principalmente en el ámbito agropecuario, uno de los principales sectores productivos del país, reconocido internacionalmente por su calidad en todo tipo de productos", señaló el Gobierno.

Destaca que "la reforma propone modificar el enfoque y concentrar los controles en aquellos supuestos en los que se vean involucrados Estados extranjeros o entidades vinculadas a ellos. De este modo, se asegurará un correcto resguardo de la soberanía y la seguridad nacional".

El proyecto elimina artículos de la ley del Manejo del Fuego elimina los artículos centrales de la ley impulsada en el 2020 por Máximo Kirchner que impedía vender en caso de incendio los humedales, bosques nativos, y áreas protegidas por 60 años. y prohibía cambiar el destinado por 30 de las zonas agrícolas incendiadas.

El Gobierno sostiene que modificar el uso de inmuebles en caso de incendios por plazos extremadamente prolongados, bajo el amparo de garantizar la correcta restauración. 

Sin embargo, estas limitaciones son irrazonables y afectan al ejercicio del derecho de propiedad dado que, en los hechos, se ha demostrado que no resultan eficientes para alcanzar la finalidad perseguida".

Fuente: NA

Los senadores pasarán a cobrar en marzo una dieta superior a los 11 millones de pesos porque sus ingresos están acoplados a los aumentos acordados entre las autoridades del Congreso y los gremios legislativos.

Los gremios acordaron este miércoles un aumento salarial progresivo desde diciembre hasta mayo de un 12,5 por ciento acumulado, según supo la Agencia Noticias Argentinas de fuentes legislativas.

Por ese motivo, los senadores que hasta noviembre cobraban 10,2 millones de pesos pasarán a cobrar en marzo 11 millones de pesos en bruto y en mayo 11,5 millones, ya que sus aumentos están ligados a los incrementos de la paritaria legislativa.

Esto es así porque los senadores decidieron en abril del 2024 volver acoplar las dietas a los aumentos salariales que se había suspendido por una resolución de la vicepresidenta Victoria Villarruel y del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

La decisión se tomó a mano alzada y generó polémica ya que algunos senadores plantearon que no estaban de acuerdos con esa medida promovida por la mayoría de los legisladores

En cambio, la Cámara de Diputados no aumenta las dietas de sus legisladores al firmarse una nueva paritaria, sino que esos incrementos los define Menem, y por eso motivo los ingresos de los diputados hoy están ubicados cerca de los 6 millones de pesos en bruto.

Los trabajadores legislativos cobran de acuerdo a la cantidad de módulos y en el caso de los senadores son 2500 módulos por dieta, 1000 por representación y 500 por desarraigo.

El desarraigo no lo cobran los dos tres senadores de la Ciudad de Buenos Aires, los libertarios Patricia Bullrich y Agustín Monteverde, y el kirchnerista Mariano Recalde, ni la legisladora santacruceña Alicia Kirchner, quien no cobra la dieta porque decidió mantener la jubilación como gobernadora.

La Asociación del Personal Legislativo, ATE, UPCN y las autoridades del Congreso acordaron un aumento retroactivo del 2% en diciembre, 2,5% en enero, 2,2 en febrero lo que implica un 6,85% acumulado de aumento, y en marzo un 2%, un 1,7% en abril y un 1,5 % en mayo.

De esta manera, el aumento acumulado desde diciembre a mayo será del 12,5%, según consta en el acta firmado entre los gremios y las autoridades del Congreso.

El acuerdo fue firmado por el secretario general de APL, Norberto Di prospero, de UPCN Martín Roig, y de ATE Claudio Britos, y los secretarios parlamentarios de la Cámara de Diputados, Adrian Pagan, y del Senado Agustín Wenceslao Guistian.

En un comunicado, los dirigentes de los tres gremios señalaron que el acuerdo “no significa la solución a la realidad que atravesamos como personal legislativo, sino que es un alivio a la misma”.

Agregaron que este aumento “de un 12,5 acumulado no es un cierre de las negociaciones, sino un piso desde donde seguir avanzando”.

Fuente: Noticias Argentinas

El exsenador por Entre Ríos, Alfredo De Ángeli, continuará vinculado al Congreso bajo una nueva modalidad. Tras finalizar su mandato en diciembre, el referente del PRO fue solicitado como asesor por su sucesor en la jefatura del bloque, el misionero Martín Göerling Lara.

La designación se oficializó el pasado 26 de enero mediante un decreto firmado por la vicepresidenta Victoria Villarruel. Según trascendió, a De Ángeli se le asignó una planta transitoria categoría A1, el escalafón más alto del cuerpo legislativo. Esta posición implica una remuneración aproximada de 3 millones de pesos, una cifra que despertó críticas internas debido a la brecha salarial con otros sectores públicos.

El dirigente, que saltó a la escena nacional en 2008 como una de las caras visibles de las protestas agropecuarias contra la resolución 125, parece resistirse a abandonar los pasillos parlamentarios. A 18 años de aquellos cortes de ruta en Gualeguaychú que lo catapultaron a la política, su permanencia en la estructura del Estado genera malestar incluso entre sus pares.

Fuente: con información de La Política Online

l filo del cierre de las sesiones extraordinarias y gracias al apoyo de casi todo el arco político de la oposición dialoguista, el oficialismo logró sancionar la controvertida reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei.

La ley fue sancionada por 42 votos a favor, 28 en contra y 2 abstenciones. Tal como ocurrió hace dos semanas, cuando el Senado trató el proyecto por primera vez, además de La Libertad Avanza apoyaron la reforma la UCR, el Pro y bloques independientes y de fuerzas provinciales. En contra votaron las diferentes expresiones en que se divide el peronismo en la Cámara alta.

Con esta votación, el oficialismo del Senado, liderado por Patricia Bullrich (Capital), pudo ofrendarle a Milei su ansiada ley a tiempo para poder exhibirla como un trofeo ante la Asamblea Legislativa del próximo domingo, ante la que el Presidente tiene previsto dar su discurso sobre el estado de la Nación en la inauguración de un nuevo período de sesiones ordinarias del Congreso.

En esta oportunidad, el Senado tuvo que decantarse entre dos posibilidades: aceptar el cambio introducido por la Cámara baja, postura sostenida por el oficialismo y sus aliados de la oposición dialoguista, o insistir con la versión que aprobó hace dos semanas atrás.

En el final del debate, Bullrich realizó una enfática defensa de la reforma laboral, asegurando que viene a crear empleo y a terminar con las rigideces de la legislación que, según su óptica, fomentan la informalidad laboral.

“Estamos discutiendo una ley que va a desmontar una de las mayores mentiras, que es la de la ley de Contrato de Trabajo, un sistema que hace que nadie contrate a nadie”, afirmó Bullrich, quien responsabilizó al peronismo porque “en nombre de los trabajadores se mandó durante años a la informalidad a millones de argentinos”.

En el inicio de la discusión, el kirchnerismo hizo un intento por hacer caer el debate, pero no tuvo éxito. El senador Mariano Recalde (Capital) pidió que el proyecto volviera a comisión a la luz de una disposición contemplada en el acuerdo Mercosur-Unión Europea que impide sancionar leyes regresivas en materia ambiental y laboral. La moción fue rechazada por 43 votos en contra y 29 a favor.

“Rechazamos esto porque afecta derechos de los trabajadores, viola articulo 14 bis de la Constitución Nacional y va a impactar negativamente en el empleo, va a precarizar el trabajo y deteriorar el salario”, denunció, a su turno, el kirchnerista Jorge Capitanich (Chaco).

El peronista pampeano Daniel Bensusán amplió el concepto y explicó que “nuestro sistema constitucional protege los derechos del trabajador con los principios de progresividad y de no regresividad, que significa que el legislador únicamente puede ampliar los derechos que ya tiene el trabajador y el Estado no tiene permitido reformar leyes que hagan retroceder derechos labores”.

Más duro aún fue el jefe de la bancada kirchnerista, José Mayans (Formosa). No conforme con insistir en su inconstitucionalidad, dijo que la reforma “es una ley gorila, hecha por gorilas para perjudicar al trabajador y a los jubilados”.

“Dicen que esta ley es a favor del trabajador. ¡Que dejen de mentir, esta ley perjudica terriblemente al trabajador!“, denunció Mayans en respuesta a los argumentos esgrimidos del oficialismo a favor de la iniciativa.

El texto llegó al Senado para su tratamiento en comisiones en la mañana del 20 de febrero, apenas ocho horas después de que la Cámara de Diputados lo aprobara en revisión introduciendo un cambio en el texto que había salido de la Cámara alta la semana anterior.

La modificación fue, en realidad, una eliminación: el oficialismo aceptó quitar el polémico artículo 44 que modificaba el régimen de licencias médicas, aplicando descuentos en los salarios de los trabajadores según si la enfermedad o la dolencia declarada fuera involuntaria o producto de una actividad extracurricular del empleado.

La controvertida cláusula no estaba en el texto original que envió el Poder Ejecutivo en diciembre último, sino que apareció a último momento, antes de que comenzara la sesión en el Senado del 12 de febrero. Hasta el día de hoy nadie sabe a ciencia cierta quién lo impulsó. Lo cierto es que, como consecuencia de la polémica que generó, el oficialismo aceptó eliminarla en la Cámara baja.

En sus más de 200 artículos, la norma introduce profundos cambios en la legislación laboral, en la relación entre empleado y empleador y hasta en materia fiscal, ya que contempla la reducción de aportes patronales como parte de los beneficios para incentivar la registración de los trabajadores.

Además, tiene un todo un capítulo dedicado a la justicia laboral. Por lo pronto, traspasa el fuero laboral nacional al ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, al ratificar el convenio sellado entre el Poder Ejecutivo y la administración de Jorge Macri. Pero también impone límites a las costas procesales y a los métodos de actualización como forma de desalentar los litigios judiciales por despido o accidentes.

En el tema de la litigiosidad puso énfasis el libertario Juan Cruz Godoy (Chaco), quien señaló que “el empleo formal privado se mantiene constante desde 2012″ y lo contrastó con “los juicios laborales (que) crecieron, de 2010 a 2024, en un 135%”. “Estamos ante un sistema que creó más litigios que empleo formal”, remató.

Las indemnizaciones se actualizarán por inflación más un plus del 3% anual y permite la cancelación de sentencias hasta en 6 cuotas mensuales consecutivas si se trata de grandes empresas. El plan de pagos puede llegar a las 12 cuotas para las pymes.

El texto también reduce las indemnizaciones al acotar la base de cálculo, eliminando la consideración de las vacaciones, propinas, bonos o aguinaldo. Además, establece un tope que no podrá superar tres veces el salario promedio mensual según el convenio colectivo aplicable a la categoría del trabajador.

Otro de los temas más cuestionados de la reforma laboral es la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), en el que las empresas realizarán aportes mensuales que serán del 1% para las grandes empresas y del 2,5% para las pymes. Serán una suerte de reedición de las administradoras de jubilaciones y pensiones, ya que se crearán cuentas inembargables para la cancelación del cese laboral de un empleado que serán manejadas por la Comisión Nacional de Valores.

“Esto es lo que está escondido en la modernización laboral: un curro como el FAL, que va a ir a financia a los amigos del Presidente”, denunció la kirchnerista Ana Marks (Río Negro), quien dijo que con lo que se recaudará de los aportes que se desviarán para esos fondos “podríamos financiar a todas las universidades o pagar 10 millones de jubilaciones anuales”.

La reforma introduce severos cambios en las condiciones laborales. Flexibiliza la jornada laboral, permitiendo turnos de hasta 12 horas con igual plazo para descanso obligatorio antes de retomar las tareas y se crea el banco de horas extra, por el que el trabajador podrá acordar con su empleador la posibilidad de compensarlas con días libres. En la misma línea, se podrá negociar la fragmentación de las vacaciones.

Otro capítulo que mereció críticas fue el de la derogación de una serie de estatutos profesionales que fueron sancionados por ley en su momento. En la lista se encuentran los marcos laborales de peluqueros, periodistas, viajantes de comercio y operadores de radio y telegrafistas.

Fuente: La Nación

El oficialismo logró este jueves aprobar con media sanción la reforma de la ley de Glaciares, resultado que desató el festejo eufórico de los altos funcionarios del Gobierno que presenciaron el desenlace de la sesión desde uno de los palcos del recinto.

La iniciativa se aprobó con 40 votos afirmativos, recibió 31 rechazos y una abstención, y ahora la escena se trasladará a la Cámara de Diputados una vez que comience el periodo de sesiones ordinarias.

En una de las galerías del recinto celebraron con fervor la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, el minsitro de Interior, Diego Santilli, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem.

La aprobación del proyecto era un compromiso asumido por el Gobierno con los gobernadores de provincias cordilleranas que buscaban “una legislación más dinámica y menos rígida para destrabar y multiplicar las inversiones en minería e hidrocarburos”.

Horas antes de que comenzara el debate en el recinto de la Cámara baja se produjeron incidentes en las afueras del Congreso, que terminó con una docena de activistas de Greenpeace detenidos tras saltar las rejas del Palacio con la intención de alterar el desarrollo de la sesión.

Pero el episodio más lamentable ocurrió cuando un camarógrafo de A24 fue reprimido por las fuerzas de seguridad cuando intentaba registrar los ataques con gas pimienta de la policía.

El proyecto de reforma a la ley 26.639 de Presupuestos Mínimos para la Protección de Glaciares y del Ambiente Periglacial busca redefinir el alcance de las zonas protegidas para permitir la explotación económica en determinadas áreas periglaciares que actualmente están blindadas e inhabilitadas para actividades extractivistas e industriales.

La iniciativa oficial introduce una precisión al hablar de las “formas periglaciares”, y alienta a distinguir entre aquellas que cumplen funciones de “reservas estratégicas de recursos hídricos y proveedores de agua para la recarga de cuencas hidrográficas” de aquellas que no necesariamente cumplen dicha finalidad y son aptas para la utilización económica.

Esto significa que con la nueva ley no todo el territorio periglaciar quedaría a salvo de explotación económica, sino solo aquellas formaciones que tengan una función hídrica comprobable.

La normativa actual, que data del 2010, protege tanto los glaciares visibles como las formaciones periglaciares que están constituidas por una mezcla suelos congelados de agua dulce, roca y sedimentos. 

Son ecosistemas muy fríos de alta montaña, reservorios de agua dulce habitualmente cercanos a glaciares, que se caracterizan por tener suelos congelados o saturados de agua y juegan un rol importante en la regulación del equilibrio hídrico y geomorfológico.

Con la modificación propuesta, se mantiene la prohibición para el desarrollo de actividades económicas en glaciares pero se abre una puerta para desarrollar proyectos de inversión en áreas que no tengan una función hídrica fehaciente.

El proyecto crea el Inventario Nacional de Glaciares, cuya confección y funcionamiento estará a cargo del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), con la coordinación de la Secretaría de Energía, que es la autoridad de aplicación.

A través del inventario, el organismo técnico tendrá la función de individualizar glaciares y formas periglaciares en el territorio nacional, y sobre éstas últimas deberá diferenciar entre aquellas que cumplen con la función hídrica de las que no.

Entre las actividades prohibidas, es decir, aquellas que “alteran de modo relevante la condición natural” o el valor hídrico de los glaciares se encuentran aquellas que liberen sustancias contaminantes, residuos o productos químicos; obras de arquitectura o infraestructura; exploración o explotación minera e hidrocarburífera; y actividades industriales.

En cambio, las actividades permitidas son las investigaciones científicas, las tareas de rescate de emergencia, y la práctica de deportes no motorizados como andinismo y escalada.

El senador nacional de la Libertad Avanza Agustín Coto sostuvo que la reforma a la Ley de Glaciares “responde a la necesidad de armonizar la normativa”. 

"Además, se mantienen todas las actividades prohibidas en los glaciares y el ambiente periglaciar. Se está resolviendo un asunto que este mismo Senado planteó desde diferentes espacios políticos", aseguró el oficialista fueguino.

Por su parte, el senador por La Pampa Daniel Pablo Bensusán (Justicialista) reclamó “discutir de cara a la gente” ya que “esto no es una mera norma técnica”. 

"Estamos discutiendo si intereses económicos en unas pocas provincias van a ser superiores al interés que tenemos todos los argentinos en el medio ambiente y en el agua", advirtió.

Su par del bloque Justicialista Carlos Linares también se expresó en contra de la iniciativa propuesta por el oficialismo, y consideró que “sin consenso social no se puede cambiar una ley”.

“La minera trae riqueza para pocos, no para el pueblo argentino. Es necesario que los gobiernos provinciales le hagan sentir el rigor a las empresas porque cuando terminan estos pueblos quedan abandonados”, expresó el chubutense. 

El senador de La Libertad Avanza Bruno Olivera remarcó que “es enemigo de una buena práctica ambiental tener una ambigüedad jurídica como la que tenemos con la actual Ley de Glaciares”. 

"Esta ley viene a terminar con esa ambigüedad, vamos a proteger mejor el agua y así habilitar el desarrollo de las provincias", explicó el libertario sanjuanino.

A su turno, Alicia Kirchner (Justicialista) sostuvo que “con este proyecto hay retroceso institucional”. 

"El agua es un recurso estratégico, si quieren hacer las cosas bien, el proyecto tiene que volver a comisión porque no tiene seguridad jurídica", apuntó la ex ministra de Desarrollo Social de Néstor y Cristina Kirchner.

El senador rionegrino Enzo Fullone (La Libertad Avanza) señaló que “esta ley transmite el federalismo que necesitamos para que las provincias se desarrollen y tengan mayores ingresos”. 

"El agua está protegida y esta ley no cambia eso, al contrario, se integra un principio precautorio para que no se toque el inventario", dijo.

En tanto, su coprovinciano Martín Soria (Justicialista) afirmó que este no es un proyecto técnico, que tenga fines ambientales" sino “una reforma ideológica, totalmente servil”.

“Por eso ya venía escondida en la Ley Bases. También fue parte de la discusión del Pacto de Mayo con algunos gobernadores. Hay desesperación de atrás de todo esto”, apuntó el ex ministro de Justicia del Frente de Todos.

“Lo que el oficialismo pretende a través de esta reforma totalmente ideológica es una Argentina reducida a la exportación de recursos naturales en bruto. Lo que pretende Milei es un modelo de país primarizado donde se exportan recursos naturales de todos los argentinos y de las futuras generaciones totalmente subordinados a los intereses del mercado global”, advirtió. 

Para Soria, “estamos ante una avanzada del oficialismo bajo el disfraz de que quieren aggiornar la ley porque supuestamente le falta claridad”. 

“Más clara que la ley de Glaciares no hay. No hay nada que aclarar salvo negocios turbios que seguramente los habrá para desguazar glaciares que son recursos naturales y abrirle la puerta a la producción minera en zonas donde hoy por suerte no pueden poner un pie”, continuó.

Según alertó, las zonas periglaciares que quedarían sin protección si avanza la iniciativa representan “entre el 25 y el 50% del recurso hídrico cuencas abajo de estos glaciares en provincias patagónicas que vienen de 15 años de incendiarse”.

La también rionegrina Ana Marks (Justicialista) denunció que con la reforma planteada por el oficialismo “quieren seguir profundizando este país que entrega y permite que se saqueen sus recursos en función de los intereses de las corporaciones”. 

"Sin agua no hay vida, no hay economías regionales, no hay posibilidad de producción y tampoco hay seguridad sanitaria", expresó la senadora kirchnerista.

“Tenemos un gobierno flexibilizador, entreguista, que busca el saqueo, que le interesan más los bolsillos de las corporaciones que nuestros pibes tomen agua sin contaminar cuando abran la canilla”, disparó.

En insistió en que el objetivo es “flexibilizar para responder a los intereses del saqueo de empresas foráneas”.

Maximiliano Abad (UCR) reconoció que alrededor del tema existe una natural "tensión entre la preservación de ecosistemas y el progreso económico",

"Los países con alto nivel de desarrollo la solucionaron con instituciones sólidas, controles eficaces y reglas que cumplen, puntualizó.

Y concluyó que “el proyecto no ofrece una mirada de equilibrio”, por lo que anticipó su voto “no positivo”.

El entrerriano Adán Bahl (Justicialista) también se manifestó en contra y sostuvo que “la Argentina necesita generar trabajo y un desarrollo productivo real y para eso tiene que crecer de manera sustentable, cuidando los recursos para no eliminar esos activos”. 

"Si queremos seguridad jurídica necesitamos una norma técnicamente robusta", agregó el senador opositor.

En la misma sintonía, la cordobesa Alejandra Vigo (Provincias Unidas) aseguró que este proyecto de ley que modifica la Ley de Glaciares ”está signado por la improvisación" y “carece de un enfoque centrado en el paradigma de la protección ambiental y en el cambio climático que hoy ya ningún país es capaz de negar, y omite el rol adaptativo que tienen nuestros glaciares".

El senador nacional de La Libertad Avanza Luis Juez explicó hoy la razón por la cual votará este jueves la reforma a la Ley de Glaciares de modo diametralmente opuesto a cómo lo había hecho en 2010 cuando se sancionó la iniciativa, y aclaró que no se considera a sí mismo “un falso, un cínico ni un hipócrita”.

“Esta ley no vulnera ninguna de las garantías que en aquel momento se consagraron. Digo esto para los que hacen terrorismo ecológico”, lanzó el cordobés, recientemente incorporado a las filas libertarias.

“No soy un falso, un cínico ni un hipócrita. Hace 16 años yo levantaba la mano y lográbamos tener un estándar básico y mínimo. 16 años después, sin borrar el codo lo que escribía con la mano, apoyo esta ley que le devuelve a las provincias la autonomía que le corresponde respecto a sus recursos naturales y hacerlo con arreglo a lo que votamos en el 2010”, argumentó.

Juez recordó que aquella votación se ganó 35 a 33 y que apuntó que la mayoría de los senadores del peronismo habían “votado decididamente en contra”. 

“Hoy pareciera que vivieran en un iglú en medio de un glaciar, rodeados de pingüinos. Todos defensores de los glaciares y de los periglaciares pero en aquel momento votaron decididamente en contra. Esto parece un campeonato de hipocresía y de cinismo”, comentó durante la sesión en la Cámara alta.

Edith Terenzi (Despierta Chubut) sostuvo que “impulsar una reforma regresiva con estos visos de inconstitucionalidad no va a generar seguridad juridica que es lo que el gobierno está persiguiendo sino todo lo contrario: va a generar más incertidumbre”.

“El proyecto presenta vicios inconstitucionales muy importantes. Desconoce la doctrina de la Corte Suprema, compromisos internacionales de Escazú y ahora Mercosur-Unión Europea, y resulta incluso incompatible con la legislación ambiental vigente”, completó.

El catamarqueño de la UCR Flavio Fama apoyó la reforma y señaló que el objetivo es “compatibilizar la protección ambiental con el desarrollo productivo y las competencias provinciales”. 

"Es una irresponsabilidad declamar bandera sin conocer la norma, ni las realidades en donde convive la actividad minera", enfatizó el senador radical.

Anabel Fernández Sagasti (Justicialista) advirtió que "la decisión que se tome respecto de esta ley es irreversible para el futuro de los argentinos".

"Esto no es una modificación técnica a la Ley de Glaciares. Esta es una ley que flexibiliza estándares ambientales, es un retroceso y un cambio de paradigma. Pasamos de un paradigma científico, técnico y rígido a un criterio discrecional y político", recalcó.

La camporista aseveró que la iniciativa “pone a competir a las provincias en un dumping flexibilizador para ver cuál trae más inversiones”. 

“En lugar de cooperar las provincias, empiezan a competir”, alertó la legisladora mendocina.

“Hay muchísimos minerales por fuera de los ambientes glaciales y periglaciales que no están explotados. Entonces esto no es minería sí o minería no”, apuntó.

Para Fernández Sagasti, "la necesidad de dólares urgentes no nos puede llevar a rifar riquezas naturales que no vamos a poder recuperar ni con todo el oro del mundo".

El último discurso estuvo a cargo de la jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, quien pidió terminar con la “falsa dicotomía” entre protección del medio ambiente y creación de trabajo y producción.

“Terminemos con la falsa elección. No es agua o trabajo”, enfatizó, y señaló que “no se toca la columna vertebral de la ley” ya que los glaciares siguen siendo considerados bienes de interés público y reservas estratégicas de recursos hídricos con total protección.

“Esa confusión ha paralizado una cantidad importantísima de inversiones”, lamentó la ex ministra de Seguridad, que dijo que a partir de una mejor delimitación de las zonas que no contienen reservas hídricas se van a poder atraer proyectos de inversión que generarán trabajo y producción local.

“La historia no está golepando la puerta. No dejemos pasar esta oportunidad”, exhortó antes de que se procediera a la votación. 

“El verdadero ambientalismo del siglo XXi no es un ambientalismo que prohíba. E suin ambientalismo que tenga tecnologia, controles, transparencia y previsibilidad. Es un ambientalismo responsable, no el ambientalismo extremo que lo único que hace es impedir todo”, diferenció Bullrich.

La ex ministra de Seguridad aclaró que “el capitalismo no le teme al control” sino a “la arbitrariedad, al clientelismo, a la discrecionalidad, al feudalismo”.

“El control es intrínseco del capitalismo porque necesita seguriad jurídica”, esgrimió.

Fuente: Noticias Argentinas

En medio de una fuerte expectativa del Gobierno, el Senado convirtió este jueves en ley el proyecto que ratifica el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea por 69 votos afirmativos y 3 negativos.

El consenso fue casi total ya que hasta el bloque Justicialista había anticipado su apoyo a la iniciativa, que ya había tenido un amplio respaldo en la Cámara de Diputados.

El oficialismo cantó victoria pero la alegría no fue total porque en la previa a la sesión, en Casa Rosada y en Cancillería se aferraban a la ilusión de que el Senado convalidaría el acuerdo antes que el Parlamento uruguayo, algo que al final no sucedió porque hacia el mediodía el Congreso del vecino país ganó la carrera.

De todos modos, hubo expresiones de satisfacción y altos funcionarios del Gobierno como el ministro de Interior, Diego Santilli, monitorearon in situ el desarrollo de la sesión y el resultado final.

El acuerdo bilateral entre el Mercosur y la Unión Europea fue firmado el 17 de enero pasado en Asunción, en el marco de una ceremonia que tuvo la participación del presidente Javier Milei y de sus pares de Paraguay, Santiago Peña, y de Uruguay, Yamandú Orsi, y a la que se ausentó el mandatario de Brasil, Lula da Silva.

El tratado comercial, uno de los mayores acuerdos birregionales del planeta, aún no puede implementarse porque el Parlamento Europeo decidió con la mayoría de los votos de sus integrantes la revisión por parte del Tribunal de Justicia de Europa para que analice su impacto y decida sobre su puesta en vigencia.

Según sus promotores, la implementación del acuerdo comercial entre los dos bloques económicos regionales permitirá bajar aranceles al 92% de las exportaciones del Mercosur, otorgará acceso preferencial al restante 7,5% y recortará las barreras de acceso para bienes industriales provenientes del Viejo Continente.

Entre otras implicancias, se suprimen los aranceles de productos químicos, farmacéuticos, maquinaria, ropa y bebidas.

El acuerdo supone la creación de una zona de libre comercio con un mercado de más de 800 millones de consumidores, que representa el 25% del PBI mundial.

La Unión Europea es el segundo mayor socio comercial del Mercosur después de China y por delante de Estados Unidos.

Además, la Unión Europea es una de las principales fuentes de Inversión Extranjera Directa, y es el segundo mayor importador global de bienes.

El debate

El miembro informante del oficialismo, el formoseño Francisco Paoltroni, celebró la firma del acuerdo comercial y señaló que va a permitir potenciar el perfil exportador de minerales, hidrocarburos y de la producción de las economías regionales.

"Ha llegado el día de tan ansiado momento para nuestro país. Después de 25 años de tratamiento, hoy se convertirá en ley este acuerdo UE-Mercosur. Esto significa el camino al desarrollo de nuestra república y del interior profundo eternamente postergado", señaló.

“Creo que poner en marcha al sector energético, de los hidrocarburos, y el sector minero van a ayudar al tan castigado campo argentino a traer las divisas que siempre fueron escasas en nuestro país”, sostuvo el senador de La Libertad Avanza.

Y agregó: “Sacarle el pie a la cabeza del campo va a significar incrementar la producción a lo largo y ancho del país generando empleo en el primer eslabón de la cadena”.

Por su parte, Jorge Capitanich (Justicialista) anunció que su bloque “acompañará la votación” con “observaciones” de algunos de sus miembros “debido a la heterogeneidad del impacto de estas cuestiones”.

“Queremos expresar que todo acuerdo de carácter comercial requiere acompañamiento de medidas de carácter complementario, por ejemplo un sistema de negociación que esté enmarcado en un sistema de consultas previas con evaluación de impacto ambiental y de los mecanismos que implican medidas compensatorias para resolver los problemas y asimetrías de productividad que esto produce”, planteó el ex gobernador chaqueño.

El también ex jefe de Gabinete reclamó que a partir del inicio del período ordinario de sesiones se pueda trabajar en un proyecto para crear una comisión bicameral de seguimiento de acuerdos comerciales.

“Efectivamente Argentina puede tener oportunidades muy importantes. Hay sectores que pueden verse perjudicados. Es muy importante generar las condiciones para ensanchar e incrementar estos acuerdos”, analizó Capitanich.

El senador opositor recordó que el acuerdo fue remitido por la Comisión Europea a un tribunal de Justicia que podrá tomarse hasta 18 meses para revisarlo, y además existen objeciones de países de la euro región, especialmente de Francia.

“Y también objeciones de establecimientos de carácter industrial en la República Argentina por eventuales perjuicios que estos signifique, especialmente conurbano bonaerense y provincia de Buenos Aires”, subrayó.

De cualquier forma, Capitanich enfatizó que es “muy importante fortalecer el Mercosur en las alianzas estratégicas internacionales”.

“Este acuerdo es clave para el equilibrio económico de base mundial porque tenemos una puja de dos gigantes, Estados Unidos y China. Y tenemos serios problemas que tiene que ver con apertura indiscriminada de importaciones a través de plataformas como Amazon, Temu y Shein que afectan sustancialmente el comercio, que destruye empleos e industrias”, advirtió.

Por la UCR, Gabriela Valenzuela pidió “tomar dimensión de lo que significa para Corrientes y también para Argentina la trascendencia de apoyar el acuerdo UE-Mercosur, ya que profundiza la inserción internacional, dinamiza la economía y genera más oportunidades de empleo y desarrollo”.

Por La Libertad Avanza, Pablo Cervi remarcó que “es un gran desafío ser el primer país que pueda aprobar este tratado que nos permitiría llegar a un acuerdo de libre comercio con el 30% del PBI mundial".

"Estamos ante la gran oportunidad de tener una Argentina prospera nuevamente”, añadió el senador de la provincia de Neuquén.

El pampeano Daniel Pablo Bensusan (Justicialista) opinó que “el acuerdo entre Unión Europea y Mercosur presenta una gran oportunidad para la Argentina, por eso creo con estos acuerdos vamos a fortalecer la capacidad de negociación”.

"Argentina solo negocia desde la debilidad, el Mercosur negocia con mucha más fuerza regional", explicó el senador peronista.

Adrián Bahl (Fuerza Entre Ríos) admitió que “existen tensiones” alrededor de “un acuerdo de esta magnitud” y que “existen situaciones disimiles en distintas industriales”, pero afirmó que el acuerdo tiene previsibilidad en el tiempo".

“No hay que dejar a esas economías libradas al azar. Tiene que estar el Estado acompañando para atender esas divergencias y para poder aprovechar esta oportunidad histórica”, culminó el senador entrerriano.

“Necesitamos crecer, expandir los mercados y reglas claras para invertir con seguridad y en este contexto el acuerdo con la Unión Europea es muy importante porque fortalece al Mercosur y, también, fundamentalmente, a nuestras provincias que exportan”, analizó.

Marcelo Lewandowski (Justicialista) destacó que "el proyecto es transversal a distintos gobiernos y que es una política de Estado de todo el Mercosur".

"Este acuerdo solo tendrá sentido si sirve para exportar trabajo argentino, industrializar nuestra producción y no primarizarla. Sin industria no hay nación, sin trabajo no hay justicia y sin justicia social no hay una patria en donde la gente tenga dignidad", resaltó el santafesino.

Belén Monte de Oca (La Libertad Avanza) apuntó que este acuerdo comercial “se da en un camino de reformas que lleva adelante este Gobierno, que le da un mensaje al mundo diciendo que Argentina es un socio abierto y confiable”.

“Abrirnos al mundo es crecer y vamos en ese camino con la aprobación de este acuerdo”, manifestó la representante de la provincia de Tierra del Fuego.

"Este acuerdo con la Unión Europea nos consolida como un actor económico comercial y nos referencia desde el punto de vista político internacional. Es un acuerdo moderno y ventajoso que nos otorga reglas claras, previsibilidad e institucionalidad”, aseguró.

A su turno, el radical bonaerense Maximiliano Abad también respaldó el proyecto de ley al señalar que “esta asociación estratégica” birregional “es una ventana de oportunidad” para el país.

“Este acuerdo nos garantiza competir. Lo que no va a garantizar a la Argentina es ganar, por eso debemos profundizar esta senda”, aseveró.

El legislador subrayó que la apertura de nuevos mercados representa una oportunidad concreta para los sectores productivos bonaerenses: “Van a crecer los sectores que trabajen con reglas claras y previsibles. La provincia de Buenos Aires tiene el potencial productivo y exportador para aprovechar esta nueva etapa”.

Durante su intervención, Abad enmarcó el acuerdo en una perspectiva histórica: “Treinta años después de la Declaración de Iguazú, estamos a punto de ratificar el acuerdo más importante de la historia del Mercosur. Aquel primer entendimiento entre Argentina y Brasil no fue sólo económico. Fue una decisión estratégica”.

“Más allá de los beneficios comerciales, estamos ratificando una alianza entre bloques democráticos que comparten reglas, estándares y valores. Más que un tratado, hoy estamos convalidando un rumbo para las próximas décadas: un rumbo de integración inteligente y ambición productiva que puede generar más oportunidades para todos los argentinos”, finalizó.

En el discurso de cierre del oficialismo, la jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, destacó que el propósito del Gobierno es “ dialogar de igual a igual con las economías grandes del mundo”.

La ex ministra de Seguridad recordó que el proceso de discusiones de este convenio bilateral lleva 26 años.

“Hemos avanzado muchísimo con grandes dificultades pero estamos cambiando la Argentina. Estamos en un momento en que el país decidió cambiar el retraso por la prosperidad”, resaltó.

Según dijo, “durante mucho tiempo Argentina giró bajo una lógica proteccionista donde prácticamente se miraba al mundo como un enemigo”.

Bullrich reafirmó que la mirada filosófica del Gobierno de La Libertad Avanza es que “el comercio aumenta la libertad”.

"Las barreras comerciales generan un modelo corporativo, donde los precios son mas altos y el poder adquisitivo se destruye”, apuntó.

“Para nosotros el comercio es la manera más importante en la que crecen los pueblos”, consideró.

En ese sentido, indicó que lo que se propone el Gobierno “es recuperar un lugar trascendente de la Argentina en el mundo, un país que vuelve a ser mirado, escuchado, tenido en cuenta”.

“Volver a ser mirados implica volver a entrar en una comunidad internacional que nos relegaba porque Argentina estaba en la insignificancia”, opinó.

En otro pasaje de su discurso, Bullrich aclaró que desde el oficialismo “reivindican el Mercosur”, y admitió que “al principio” eso no se decía.

Agregó que también reivindican la posibilidad de “tener otros amigos comerciales” como pone de manifiesto el tratado con Estados Unidos.

Por último, la senadora de La Libertad Avanza aseguró que la firma de este tratado comercial “va a traer confianza y eso va a bajar el riesgo país” y en consecuencia va a reducir el costo del crédito.

Fuente: NA

Con la presencia del canciller Pablo Quirno en los palcos, el Senado debate el acuerdo Mercosur - Unión Europea. Por propuesta de la UCR, se intentó achicar la lista de oradores para anticiparse a la votación uruguaya, pero el país vecino se impuso y fue el primero en ratificarlo. Al comienzo de la jornada, se aprobó el pliego del exdiputado, Fernando Iglesias como embajador en Bélgica y ante la Unión Europea. Su candidatura despertó fuertes críticas, que incluyeron adjetivos como "misógino", "pedante", "delirante" y "más cerca del lumpenaje". Además, la Cámara prevé aprobar y girar a Diputados la reforma a la Ley de Glaciares.

Pasadas las 11, con 40 senadores presentes en el recinto, se puso en marcha la sesión que fue inaugurada por la vicepresidenta Victoria Villarruel. A diferencia de otras oportunidades, y luego de quedarse sin autoridades en la Cámara alta, el peronismo que conduce José Mayans habilitó el quorum reglamentario. La sesión arrancó con el pliego del exdiputado Fernando Iglesias como embajador, quien ya se encuentra viviendo en Bruselas, a la espera de este trámite parlamentario, que finalmente prosperó, tras reunir 38 votos a favor, 31 en contra y una abstención, de la salteña Flavia Royón. Como pocas veces, el exprofesor de vóley recibió fuertes críticas por parte de los senadores.

José María Carambia, de Santa Cruz, rechazó el nombramiento. "Nosotros vamos a votar negativo, es un pedante, soberbio e incapacitado. Votamos en contra de ese delirante".

Fernando Salino, de Justicialista Social Federal, también rechazó el pliego. Entre sus argumentos, citó fragmentos de un libro escrito por él en el año 2002 llamado La cuestión Malvinas. Crítica del nacionalismo argentino. "Cualquier idea de soberania argentina sobre los kelpers se me hace impasable", leyó el senador.

Más adelante, Salino citó un fragmento escrito por Iglesias en el que afirmaba: “Si las Malvinas debían seguir la línea del virreinato, deberían ser uruguayas porque el apostadero estaba en Montevideo, no en Buenos Aires”.

Quien también cuestionó con dureza la designación de Iglesias fue la jujeña Carolina Moisés. La senadora, que acaba de romper con Popular señaló: "Es un hombre misógino, violento e ignorante".

Más adelante, le advirtió al Gobierno que "va a tener problemas" con esta designación. "El Gobierno está cometiendo un error", dijo la jujeña y aseguró que está "más cerca del lumpenaje" que de ocupar un cargo diplomático.

Por el oficialismo, fue Juan Carlos Pagotto el encargado de defender la postulación. "Es un puesto de capital importancia y creo que el postulante está capacitado para llevarlo adelante", dijo el riojano.

Acuerdo Mercosur - Unión Europea: intento fallidoSaldado el debate por el pliego de Iglesias, comenzó el tratamiento por el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea conforma uno de los tratados comerciales más relevantes a nivel global. Ambos bloques representan en conjunto más del 30% del PBI mundial y cerca del 35% del comercio global, lo que daría lugar a un mercado integrado de más de 700 millones de personas.

"Ha llegado el día de tan ansiado momento para nuestro país. Después de 25 años de tratamiento, hoy se convertirá en ley este acuerdo Unión Europea-Mercosur. Esto significa el camino al desarrollo de nuestra república y del interior profundo eternamente postergado", afirmó Francisco Paoltroni, senador de LLA que ofició como miembro informante. Durante el debate del acuerdo, el Canciller se hizo presente en uno de los palcos, para seguir los discursos.

En primer momento, el tema esta previsto para la sesión del viernes. Pero, para "primerear" a Uruguay y ser el primer país de la región se anticipó para la sesión prevista para este jueves. A ese acelere se le sumó que, durante el debate, el radical Maximiliano Abad interrumpió los discursos y pidió la palabra para proponer que, primero, se vote el acuerdo y, saldada esta instancia, se retomen los discursos. La intención del marplatense era "lograr el efecto simbólico de ser el primer país del Mercosur en votar el acuerdo".

La propuesta fue rechazada por Popular. Los senadores insistieron con que "primero se dan los discursos y después se vota". Por eso, Mayans propuso que los oficialistas se bajen de la lista de oradores. La propuesta fue aceptada por la jefa de bloque oficialista, Patricia Bullrich.

De todas maneras, las intenciones de Abad cayeron en saco roto. Mientras tanto, Uruguay sancionaba el acuerdo y se convertía, efectivamente, en el primer país del Mercosur en ratificar el acuerdo. Ratificado el acuerdo, la sesión siguió su curso: la lista de oradores se mantuvo intacta.

En términos generales, el tratado prevé una fuerte reducción de aranceles y barreras comerciales. Según las estimaciones, las exportaciones de la Unión Europea al Mercosur podrían aumentar un 39%, mientras que las exportaciones del Mercosur hacia Europa crecerían un 17%. En ese marco, la UE eliminaría el 92% de los aranceles aplicados a las exportaciones del Mercosur y otorgaría preferencias adicionales al 7,5% restante. En el sector agrícola, se liberalizaría el 99% del comercio, eliminando restricciones que afectan a productos clave como frutas, vegetales, aceites, pescados, vinos y alimentos procesados.

Para Argentina, el acuerdo permitiría recuperar exportaciones en sectores como biodiésel, aceites, langostinos, cítricos y pesca, además de otorgar ventajas inmediatas en productos donde el país es particularmente competitivo. La eliminación o reducción acelerada de aranceles beneficiaría directamente a bienes como soja procesada, aceites, maní, frutas del Alto Valle, cítricos y pesca, además de impulsar a la agroindustria y a la cadena cárnica.

En Diputados, el acuerdo Mercosur-Unión Europea que podría implicar un incremento en el intercambio comercial en torno a los u$s 60.000 millones para la región, fue apoyado con 203 votos afirmativos, 42 negativos y 4 abstenciones.

La Ley de Glaciares divide aguasEl otro plato fuerte de la jornada es la reforma a la Ley de Glaciares. La propuesta del oficialismo -que fue dictaminada en diciembre- busca establecer cambios en los regímenes de presupuestos mínimos para la preservación de glaciares y el ambiente periglacial (Ley 26.639), diferenciando a las "áreas periglaciares" de las "geoformas periglaciales".

Asimismo, el texto sujeta su pertenencia al Inventario Nacional de Glaciares (ING) a ser reconocidas como "reservas estratégicas" por estudios de la "autoridad con competencia ambiental de la jurisdicción" local.

La reforma a la Ley de Glaciares divide aguas en todos los bloques. En la previa a la sesión, se daba por descontado que los principales aliados de LLA, el PRO y la UCR votarían de manera dividia. Lo mismo se espera de Popular, espacio que conduce José Mayans. Es que, al menos hasta el inicio de la sesión, no se descartaba que algunos senadores de provincias mineras acompañen la iniciativa con su voto.

Frente a este panorama, si bien el Gobierno se mostraba confiado con los números, se espera una votación ajustada. De ser aprobada, la iniciativa será girada a Diputados para su sanción definitiva.

En la previa a la sesión, un grupo de activistas ambientales irrumpieron en el Congreso saltaron las rejas e ingresaron a la explanada del Palacio, en protesta contra la Ley de Glaciares. La policía intervino y detuvo a los manifestantes que se presentaron con pancartas y consignas en defensa del medio ambiente.

Fuente: Ámbito

Dos meses y medio después de haber dejado el bloque Pro, que integró desde que asumió como senador a través de las listas de Juntos por el Cambio, el cordobés Luis Juez decidió sumarse al bloque de La Libertad Avanza del Senado, que conduce Patricia Bullrich. Así dio un paso más en su alineamiento con el oficialismo, que ya integraba desde el 10 de diciembre pasado, cuando anunció que dejaba el bloque Pro para formar un monobloque que sería parte de un interbloque con La Libertad Avanza.

Dicho monobloque se llamó Frente Cívico, en referencia al partido que Juez lidera en su provincia, pero la experiencia como interbloque se extendió hasta esta última semana, cuando aceptó sumarse directamente al bloque LLA, que queda oficialmente con 21 integrantes, en vísperas de la sesión preparatoria.

Con este número, La Libertad Avanza tiene la misma cantidad de senadores que el bloque Justicialista, que encabeza José Mayans, y que forma un interbloque cruzado por internas con Convicción Federal (5 senadores) y el Frente Cívico por Santiago (2).

Juez es senador nacional desde 2021, y en 2023 había asumido la presidencia del bloque Pro, en reemplazo de Humberto Schiavoni, a pesar de no ser parte del partido amarillo. Dejó ese cargo el 19 de enero del año pasado, luego de diferencias con Mauricio Macri. El cordobés sostenía que su deber era “acompañar al Gobierno y darle herramientas”, recalcando que no había “doble comando”, respaldando abiertamente a Milei en ese contexto. El fundador del Pro, en cambio, buscaba contener a su partido y evitar una subordinación total al mileísmo.

El objetivo de Luis Juez es ser el candidato a gobernador de Javier Milei en Córdoba, tal cual él lo confesó abiertamente. “La primera vez que hablamos, en marzo del año pasado (2024), comiendo en Olivos, yo le dije: ‘Cuando vos vayas por tu reelección el 10 de diciembre del 2027 yo voy a terminar mi mandato de senador y voy a trabajar con un honor increíble para tu reelección’”, reveló en una entrevista. 

La Libertad Avanza (LLA) apretó el acelerador en el Senado y este viernes, en un trámite exprés, emitió dictamen de la reforma laboral, con el fin de convertir en ley la próxima semana esa iniciativa  clave del gobierno de Javier Milei.

.El plenario de las comisiones de Trabajo y Previsión Social y Presupuesto estuvo atravesado por acusaciones cruzadas entre la LLA y el peronismo, que vaticinó que el oficialismo terminará su gobierno escapándose en helicóptero, como le pasó al expresidente de la UCR Fernando de la Rúa.

De todos modos, el Gobierno ya tiene asegurados los votos, luego de la emisión del dictamen, para cumplir el deseo del presidente Javier Milei de tener sancionada la ley de reforma laboral antes de que inaugure el domingo 1 de marzo.

La presidenta de la comisión de Legislación del Trabajo, Patricia Bullrich, abrió la reunión con el anuncio de que se aceptará el proyecto aprobado por la Cámara de Diputados que eliminó el artículo 44  señaló que “con esa modificación lograríamos este dictamen para tratarlo en sesión el viernes que viene”.

El artículo 44 establecía que el empleador solo debía pagar por espacio de tres meses la mitad del sueldo al empleado que faltaba por tener una enfermedad o accidentes de trabajo, o del 75% si tenía cargas de familia.

Si bien se eliminó ese artículo se mantuvo el espíritu de la ley que introduce fuertes modificaciones en la ley de contrato de trabajo sobre ultraactividad, indemnizaciones, vacaciones, horas extras, rebaja aportes patronales para incentivar la toma de empleo, y limita el derecho de huelga en lo que considera “servicios esenciales”

El ambicioso plan del oficialismo es conseguir que el próximo viernes se aprueben en el Senado  las leyes de reforma laboral, del Régimen Penal Juvenil, y darle media sanción a la ley de Glaciares.

Como sucedió el 11 de febrero y ayer en Diputados, el Gobierno ya tiene garantizado contar con el respaldo de los gobernadores aliados de Chubut, Ignacio Torres , de Mendoza Alfredo Cornejo, de Corrientes Juan Pablo Valdes, de San Juan Marcelo Orrego, de Neuquén Rolando Figueroa, de Misiones, Hugo Passalacqua y de los peronistas de Tucumán Osvaldo Jaldo, y de Salta Gustavo Sáenz.

La reunión que parecía y solo parecía ser un trámite terminó siendo una fuerte pelea donde cruzaron acusaciones, Bullrich y los senadores peronistas, que denunciaron coimas, que Luis Caputo se quedará con los fondos de los jubilados y hasta pronosticaron que Milei deberá fugarse en un helicóptero como le sucedió a Fernando de la Rúa.

El primer round se desató cuando la senadora riojana Florencia López, disparó " el pueblo se va a despertar y no van a alcanzar los helicópteros para que se fuguen como lo hicieron antes”, en alusión a la caída del gobierno de la Alianza en diciembre del 2001

En forma veloz, Bullrich interrumpió a la senadora López para decirle que  esa afirmación  era “golpista” y  le pidió que “pare” con esas afirmaciones

Pero esa no fue la única pelea ya que produjo otro cruce entre senador de la agrupación “La Campora” Mariano Recalde y Bullrich, cuando el legislador planteó que “en muchas ocasiones se comprobó que había coimas” y recordó que al tiempo que se aprobó la ley Bases apareció se detuvo con dinero al senador Eduardo Kueider con 200 mil dólares sin declarar.

Además señaló que en el 2003 al asumir el expresidente Néstor Kirchner arregló “ese desastre” de la reforma laboral aprobada en el gobierno de la Alianza y  señaló que sucederá lo mismo cuando el peronismo vuelva al poder.

“Si ganan las elecciones lo arreglarán ”, lo cruzó Bullrich.

Para cerrar, Recalde le apuntó a la jefa del oficialismo y le recordó que durante su gestión de ministra de Trabajo durante el Gobierno de Fernando de la Rúa cuando la Argentina registró el índice más alto de desempleo. "Ese desastre vinimos a arreglar los peronistas y este desastre también", resaltó.

Bullrich no tardó en responder y con una sonrisa picarona le devolvió al senador K. "Si ganan las elecciones lo arreglarán", cerró la ex ministra, que no fue su único cruce con el peronismo.

Pero la polémica subió de tono cuando la senadora peronista Juliana Di Tullio, quien denunció que “le armaron la caja al ministro Luis Caputo para  que haga la campaña, que saque de ahí...Con la guita de los jubilados. Se la va a 'chorear' a la guita de los futuros y actuales jubilados”.

La jefa del bloque de senadores de la Libertad Avanza, Patricia Bullrich, reconoció que fue “un error” no haber diferencias las enfermedades graves y leves en el proyecto de reforma laboral, donde se rebajaron el pago de las licencias por enfermedad o accidentes y reiteró que se modificará ese artículo en la discusión en diputados.

Bullrich dijo que tuvieron “un error porque la ley original no distingue entre enfermedades” al no haber realizado una división al disponer que en caso de accidente o enfermedad ajenas al trabajo se iban a pagar entre el 50 y el 75% del sueldo que cobra cada trabajador.

La modificación de ese artículo obligará a que el proyecto vuelva de nuevo al Senado ya que los bloques dialoguistas no aceptaron que se pueda hacer por una ley complementaria o la reglamentación como aspiraba el oficialismo.

En declaraciones a TN, Bullrich dijo que “el error no fue haber aclarado las enfermedades severas, degenerativas o irrecuperables. Nos faltó eso y lo vamos a arreglar”.

Señaló que “eso puede pasar cuando tenés más de 200 artículos” y agregó que el problema surgió porque la actual ley que “no distingue entre un esguince y un cáncer”.

El artículo 44 establece que se pagará el 50% del sueldo en caso de las licencias por enfermedades o accidentes ajenas al ámbito laboral y del 75% cuando se trate de personas con familiares a cargo.

El Gobierno aceptaría las modificaciones de la Cámara de Diputados en el proyecto de reforma laboral para aprobarlo este jueves 19 de febrero y devolverlo a la Cámara alta un día después. En ese sentido, el objetivo final sería convertirlo en ley el viernes 27 de febrero. 

Desde el riñón de la mesa política oficialista piensan que, luego de sesionar el próximo jueves, como estará estipulado en el cronograma libertario, el texto sería remitido al Senado rápidamente para que la senadora y jefa de bloque LLA, Patricia Bullrich, consiga dictaminarlo el viernes 20 en comisión. 

Si bien el lunes por la mañana los libertarios habían barajado la posibilidad modificar el polémico artículo de reducción del pago de las licencias a través de una reglamentación o de una ley complementaria, esta posibilidad no tendría el visto bueno de un sector de los dialoguistas.  

La modificación del artículo 208 de la Ley de Contrato de Trabajo establece que, ante una enfermedad o accidente no vinculado a la tarea laboral, luego de los tres meses cobrará un 50% del salario, sin detallar qué pasa en los casos de enfermedad grave y del 75% si tiene personas a cargo. 

Bullrich dijo que la idea es mantener para el pago de enfermedades graves el 100% del pago de los salarios, pero que se exigirá certificado “fehaciente” o una junta médica. 

El artículo, que pasó por debajo del radar en el Senado, fue puesto bajo la lupa tras las declaraciones del ministro de Modernización, Federico Sturzenegger. 

Fuente: Agencia NA

El Gobierno resolvió extender el plazo de las sesiones extraordinarias al sábado 28 de febrero. Un día más de lo planeado para cumplir con el período legal correspondiente de los proyectos tratados antes de la Apertura de Sesiones Ordinarias, programada para el 1° de marzo.

Se trataba de un debate que maduró en la mesa política y que finalmente resolvió con la intención de completar el tratamiento legislativo ante el ajustado calendario electoral marcado por los feriados de Carnaval. De esta forma, el presidente Javier Milei deberá emitir un nuevo decreto que materializará la prórroga prevista para un día más, es decir el sábado 28 de febrero.

El problema que mantienen hasta entonces reside en la emisión del dictamen, que en el escenario ideal debiera estar listo antes del 18 a raíz de los feriados del lunes 16 y martes 17, plan que se complejiza por las posibles salidas de los diputados a sus provincias durante el receso.

La ingeniería en el calendario se debe a la norma expresa en el reglamento de la Cámara de Diputados que establece que si faltan 10 días, o menos, para que termine el período de sesiones, sacar un dictamen carece de efecto práctico. Si bien el trámite solo requiere de un nuevo decreto, en Balcarce 50 admiten el error inicial a la hora del diseño de la hoja de ruta legislativa.

La reunión de Mesa Política con Karina Milei, Luis Caputo, Diego Santilli, Patricia Bullrich, Lule Menem, Martín Menem, Santiago Caputo, Ignacio Devitt y Manuel Adorni (Presidencia)

Con la postergación, la administración libertaria apuesta a concluir el debate por la reforma laboral, una de las principales obsesiones del libertario, que iniciará este miércoles en la Cámara de Senadores, con intención de ser convalidada en Diputados días más tarde, sin modificaciones.

Un escenario similar ocurrió el pasado diciembre, cuando el Congreso trataba el Presupuesto 2026 y la Ley de Inocencia Fiscal, cuando se pensó ampliar el plazo para tratar el proyecto de “Modernización” Laboral que diseñó el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. Sin embargo, la postura fue resistada por quienes calificaban de compleja la tarea de convecer a los legisladores de sesionar durante en el período vacacional.

El proyecto que modificaría el esquema laboral configura una de las principales claves en la agenda del mandatario. Para su sanción, habilitó a sus alfiles negociadores a dar lugar a más 20 de modificaciones en el articulado, pero resiste la eliminación de la reducción en el Impuesto a las Ganancias, fuertemente cuestionado por los gobernadores, incluso los aliados, que ven afectada la recaudación de sus provincias.

Asimismo, además de la sesión de este miércoles, la Cámara Baja tratará el próximo jueves la Ley Penal Juvenil, con intención de reducir la baja de la edad de imputabilidad a los 14 años, y el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur, otro aspecto clave del temario.

Diego Santilli, Patricia Bullrich y Martín Menem en el Congreso tras la sanción del Presupuesto 2026

El objetivo central es llegar al 1° de marzo, domingo en el que el mandatario libertario pronunciará su habitual discurso inaugural de sesiones, donde develará las prioridades del Ejecutivo durante el año legislativo, con los principales proyectos tratados. Bajo esta lógica, y ante el ajustado cronograma, algunos temas fueron pensados para tratar más adelante como el acuerdo comercial con los Estados Unidos y la Ley de Glaciares.

El tema de los plazos formó parte de la reunión de mesa política que tuvo lugar esta mañana en las oficinas del Ministerio del Interior que ocupa el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, bajo la supervisión directa de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Fueron parte de la misma los ministros Luis Caputo (Economía) y Diego Santilli (Interior), pero también el asesor presidencia, Santiago Caputo; la jefa de bloque de LLA en el Senado, Patricia Bullrich, y el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem junto al armador Eduardo “Lule” Menem.

Fuente: Infobae 

Con el período de sesiones extraordinarias en marcha, La Libertad Avanza se prepara para atravesar dos pruebas de fuego al hilo. En el Senado, el miércoles el oficialismo buscará darle media sanción a la reforma laboral impulsada por el presidente Javier Milei. La versión final del texto se conocerá recién al momento de la votación. Al día siguiente será el turno de la Cámara de Diputados, donde se debatirá el nuevo Régimen Penal Juvenil, que tiene a la senadora Patricia Bullrich como principal impulsora.

Los tiempos apremian y el oficialismo quiere anotarse algunos puntos antes de que llegue el feriado XXL de Carnaval. Esa semana, se da por perdida en el ámbito legislativo. Por eso, La Libertad Avanza puso un pie en el acelerador en la Cámara de Diputados. De manera sorpresiva, el miércoles pasado las autoridades de los bloques “afines” al Gobierno aceptaron la propuesta que les hizo el presidente de la Cámara, Martín Menem. Esta fue avanzar con la aprobación del nuevo Régimen Penal Juvenil.

Según destaca Ambito.com, se trata del texto que reflotó Bullrich tras el asesinato de Jeremías Monzón en Santa Fe, que involucra a menores de edad que, por ser inimputables, quedaron libres de toda pena. Luego de tantear el terreno, los intentos de la ahora senadora por llevar la edad de imputabilidad a los 13 años cayeron en saco roto. Ni siquiera el PRO se mostró dispuesto a ceder. Así fue que La Libertad Avanza optó por retomar el texto que había sido dictaminado en mayo del año pasado, que lleva a 14 la edad de imputabilidad.

Asimismo, establece una pena máxima de 15 años de prisión para delitos graves y un sistema escalonado donde la privación de la libertad quedaba reservada para casos de alta gravedad, con alojamiento en institutos especializados sin contacto con adultos.

El presidente Javier Milei calificó la aprobación del Presupuesto 2026 y la Ley de Inocencia Fiscal como un “hito histórico”. "Se terminó la estafa de la política a los argentinos de bien", sentenció el mandatario y destacó que el nuevo presupuesto garantiza el déficit cero como norma inquebrantable.

Tras ocho horas de debate, el proyecto obtuvo 46 votos a favor y 25 en contra. El respaldo fue contundente incluso en los artículos más sensibles, como el referido a las partidas educativas, otorgándole al mercado una señal de gobernabilidad y previsibilidad fiscal.

Milei afirmó que la norma "restaura un principio constitucional básico". Según el Presidente, el sistema anterior trataba a los contribuyentes como "culpables hasta que demostraran lo contrario", una dinámica que esta ley busca revertir para facilitar, entre otras cosas, la circulación de los "dólares del colchón".

“La política había llegado a un nivel de perversión donde había vulnerado una cuestión constitucional básica en el derecho, que era la presunción de inocencia y por eso adopta un ribete verdaderamente histórico que los argentinos hayamos recobrado el principio de inocencia”, enfatizó.

La nueva ley penal tributaria busca simplificar trámites, reducir la carga administrativa en el Impuesto a las Ganancias y redefinir el vínculo entre el Estado y el sector privado.

El oficialismo logró articular una mayoría que superó los pronósticos iniciales, sumando voluntades de sectores dialoguistas y dejando a la oposición dura en una posición de clara minoría (25 votos).

Con este avance, el equipo económico liderado por Luis Caputo y el asesor Santiago Caputo logra blindar el plan de gastos e ingresos para el próximo año, enviando un mensaje de fortaleza política tanto al frente interno como a los organismos internacionales de crédito.

Fuente: Noticias Argentinas

El Senado formalizó la sesión para el viernes al mediodía donde la Libertad Avanza buscará convertir en ley los proyectos de Inocencia Fiscal y de Presupuesto 2026, que fueron aprobados por diputados en la madrugada del jueves pasado.

La presidenta del Senado, Victoria Villarruel, motorizó la citación tras la emisión de los despachos en base al acuerdo alcanzado en la reunión de Labor Parlamentaria del 16 de diciembre.

De acuerdo al cronograma de citación, primero se debatirá el Presupuesto 2026 y posteriormente el proyecto sobre Inocencia Fiscal, que permite a los ahorristas poder incorporar al mercado los dólares comprados en el sistema informal.

El oficialismo decidió impulsar el dictamen de comisión sobre el presupuesto con los cambios introducidos por la Cámara de Diputados, donde se rechazó el capítulo XI que contemplaba en su artículo 75 la derogación de las leyes de discapacidad y Universidades.

Si bien el Gobierno había planteado el viernes pasado que quería volver a incluir ese capítulo, el rechazo de los radicales y provinciales fueron determinantes para qu LLA propicie un despacho sin realizar ninguna reforma respecto del texto votado en diputados, según reconocieron fuentes parlamentarias.

Incluso este domingo hubo un ultimo intento por seducir a los senadores aliados y lograr así introducir el Capítulo XI al Presupuesto 2026, pero también fracasó, con lo cual el Gobierno podrá tener la ley pero sin la inclusión de la derogación de las leyes de Discapacidad, Universidades, la restricción de la ley de Zona Fría y las deudas entre Cammesa y las distribuidoras eléctricas, además de la coparticipación federal para la ciudad de Buenos Aires.

La última negociación que fracasó se realizó este domingo en una reunión virtual que encabezó la jefa de la bancada de LLA, Patricia Bullrich, según pudo consignar la Agencia Noticias Argentinas con fuentes parlamentarias. 

Por ese motivo, el presidente Javier Milei destacó en la noche del domingo que "logramos que se vote por capítulos y logramos media sanción, que me parece muy importante. Ese Presupuesto está construido sobre la base del déficit cero”, afirmó.

Dijo que, al no aprobarse la derogación de las leyes sobre discapacidad y Universidades, "lo que sí vamos a hacer es acomodar las partidas: lo vamos a corregir por la vía de la reasignación de gastos en el resto del presupuesto o de la reformulación de los recursos en las propias áreas”, en un reportaje con la señal La Nación+.

La decisión de mantener el texto votado en diputados le permitirá contar con el radicalismo que puede aportar una decena de votos, el PRO, los dos misioneros del Frente de la Concordia y las senadoras de Tucumán, de Salta y Neuquén.

De esta manera, el oficialismo tendrá 21 votos propios, 10 de la UCR, dos del PRO y cinco provinciales a los cuales puede sumarse el correntino Carlos “Camau” Espínola, de Provincias Unidas, señalaron voceros parlamentarios.   

En tanto, el peronismo buscará plasmar reformas para anular el artículo 30, que establece la derogación de los artículos que establecen una inversión del 6% del PBI para el sistema educativo, del 1% del PBI para el sistema Nacional de Ciencia y del 0,2% de los gastos del Sector Público para los colegios técnicos.

Si bien votará en contra del Presupuesto, el interbloque peronista buscará incluir algunas reformas que fueron solicitados por sectores educativos para eliminar la anulación del financiamiento educativo, confiaron fuentes legislativas a la 

Fuente: Agencia NA

El presidente Javier Milei se refirió al proyecto de Presupuesto 2026 que fue aprobado en la Cámara de Diputados el último miércoles, donde el oficialismo sufrió un traspié ya que no logró evitar que se respete el texto original, que incluía la derogación de las leyes de emergencia en discapacidad y financiamiento universitario. Las dos medidas, reclamadas por el Gobierno para garantizar la regla de déficit cero, estaban contempladas en el capítulo 11, al que finalmente la mayoría en el recinto decidió dejar afuera.

En diálogo con La Cornisa, conducido por Luis Majul, el jefe de Estado dijo que no vetará la norma y señaló: “Lo que sí vamos a hacer es acomodar las partidas, lo vamos a corregir por la vía de la reasignación de gastos en el resto del presupuesto o de la reformulación de los recursos en las propias áreas", ratificando así que que desde la Casa Rosada ahora apuestan por aprobar como está el proyecto en el Senado, sin modificaciones.

“Ese presupuesto está construido sobre la base del déficit cero”, valoró el presidente. “Vamos a buscar la forma, por todos los medios, de conseguir el déficit cero sin subir impuestos”, insistió,

A pesar de que la normativa obtuvo media sanción con 132 votos afirmativos, 97 negativos y 19 abstenciones en la general, la exclusión del Capítulo XI de la ley de leyes representó una derrota para el oficialismo por el desequilibrio que resulta, de acuerdo a los cálculos de Presidencia, con la norma tal cuál como salió de la Cámara de Diputados.

“El déficit es inmoral”, reiteró el presidente Milei y dijo que garantizará una presupuesto equilibrado “sin subir impuestos”.

En otro fragmento de su exposición, el libertario aseguró que al llegar al gobierno la pobreza en el país afectaba al 57% de la población y estimó que con las mediciones actuales esa situación bajó 20 puntos, ubicándose en el 27%.

Por otro lado, el jefe de Estado enfatizó que el gobierno honrará sin sobresaltos el vencimiento de deuda previsto para el 9 de enero, que supera los 4.200 millones de dólares. “Vamos a pagar, estamos tranquilos”, expresó Milei.

Milei también se refirió a la ex presidenta Cristina Kirchner, quien sufrió en las últimas horas una peritonitis y fue operada con éxito, y le deseó una pronta recuperación. “Yo separo las cuestiones políticas de lo importante, y deseo que se recupere pronto”, expresó el mandatario nacional.

Además, el presidente hizo mención a las denuncias que pesan contra la conducción de la Asociación del Fútbol Argentino, evitando abrir un foco de polémica. “Es un tema de la Justicia. No me meto en cómo se organiza la AFA, no tengo porqué hacerlo”, indicó.

Fuente: Infobae

Luego del sabor agridulce que le quedó al oficialismo y el cisma que generó en Casa Rosada la media sanción del Presupuesto 2026 que culminó con la caída del Capítulo XI en el recinto de la Cámara baja, el oficialismo comenzó el debate en Comisión en el Senado con dos objetivos claros. El primero era el de dictaminar hoy para poder ir al recinto, el segundo, subsanar la relación con los socios políticos y la promesa de introducir modificaciones para tener quórum y votos.

El primero de los puntos, conseguir dictamen, lo consiguió a las dos horas de debate con 11 de las 19 firmas. Y lo hizo sin plantear modificaciones respecto de la media sanción de la Cámara de Diputados.

La comisión comenzó con una explicación de Carlos Guberman, secretario de Hacienda del Ministerio de Economía de la Nación, como uno de los invitados que el Ejecutivo habilitó para el debate. “Este año estamos planteando un proyecto de presupuesto que, en 2026, se mantenga en línea con lo que estamos haciendo estos últimos dos años, es decir, con un superávit financiero de alrededor de un 0,3% del PBI. ” El presupuesto que estamos enviando tiene 45 % destinado a previsión social; 16% a asistencia social; 11% en salarios del sector público; 9% es la cuenta de intereses de la deuda exterior. Solo la suma de esas cuatro cosas significan el 82% del Presupuesto”, explicó.

El proceso de preguntas comenzó con el pedido de la senadora del bloque Justicialista, María Teresa Margarita González, quien reclamó la presencia de los funcionarios de las áreas que se debaten en el presupuesto. La respuesta llegó de parte de la libertaria Patricia Bullrich quien dijo que el secretario “dio todas las explicaciones necesarias, la propuesta es que con estos funcionarios creemos que alcanza para debatir este presupuesto”. La formoseña insistió con el pedido pero la comisión continuó con la presencia de Guberman, y los subsecretarios Claudia Balestrini, Valeria Sánchez y Rodrigo Cabado.

El primero en hacer preguntas fue el chaqueño Jorge Capitanich quien se centró en los ingresos que prevé el Presupuesto. Primero cuestionó las “asimetrías” entre el tipo de cambio y la inflación que plantea el Presupuesto y lo que señalan el Relevamiento de Expectativas Macroeconómicas del Banco Central. Luego cuestionó la caída de la recaudación y “su impacto en la coparticipación” que tiene el paquete impositivo “de más de 12.000 millones de dólares, 1,5% del PBI, que trae el proyecto de Reforma Laboral”.

Guberman comenzó a responder señalando que sus estimaciones están en línea con lo que se prevé en el mercado y evitó hacer referencias respecto de la reforma laboral.

En este momento, el senador de LLA Ezequiel Atauche, anunció que pasaban el dictamen a la firma. Esto generó  el reclamo del peronismo porque “se hace en medio del debate”. En realidad, lo que mostró fue que el oficialismo contaba con las firmas necesarias para poder avanzar con el dictamen para llevarlo al recinto el viernes 26 de diciembre.

Guberman mostró gráficos y respondió respecto de las deudas con las cajas previsionales, pero el oficialismo avanzó con su idea. Tanto es así que poco afecto a las declaraciones políticas, el Secretario señaló que “la nueva composición del Senado muestra que la gente cuando fue a votar entendió y vio los datos de mejora y crecimiento que mostramos son reales”.

En el caso del último punto Guberman señaló que se van a concentrar en “obras públicas nacionales, pero el enfoque es que en el caso de que la obra pueda ser 100% privado nos vamos a enfocar en eso”. 

El problema que enfrentó es que hay un porcentaje alto de senadores de provincias patagónicas que le señalaron que una ruta en esa zona del país no es un negocio para los privados. “De eso nos vamos a ocupar. De las 240 obras de las que nos vamos a hacer cargo, el 90% son viales. Estamos empezando a trabajar en esto”, dijo el funcionario de Economía.

El senador Wado de Pedro le consultó por la eliminación de la ley de presupuesto universitario. “Me genera incomodidad hablar de Educación cuando tenemos que llevar delante un plan de alfabetización por el resultado que dejaron. La Educación crece en términos reales. Las leyes de presupuesto se aprobaron con posterioridad y por eso no están contempladas y sabemos que es una discusión política esa ley”.

“Me parece una falta de respeto a los senadores decir que están invirtiendo en educación cuando todos conocemos la caída del 45% en términos reales. Es una falta de respeto a la inteligencia del cuerpo o es una forma de mentir. La ley de universidades contó con 58 votos, usted le falta el respeto a senadores de distintos bloques que creen que el financiamiento universitario es parte necesaria. Este Senado votó dos veces el financiamiento universitario”, señaló De Pedro.

Por el lado del oficialismo o sus aliados una de las pocas senadoras que tomó la palabra fue la cordobesa Cármen Álvarez Rivero. “Estoy convencida de que la disciplina presupuestaria nos permite generar confianza, es, prácticamente, condición del desarrollo porque establece esa base de confianza entre nación, las provincias, los sectores y con los ciudadanos”, señaló.

Por último, y aunque estaban presente el subsecretario, el presidente de la comisión Atauche agradeció su presencia y dio por terminada la reunión.

Con el dictamen ya resuelto, se espera que el bloque de La Libertad Avanza presente el pedido para sesión el viernes 26 de diciembre. Y se especula que se apruebe pero con modificaciones para que Diputados vuelva a sesionar y aprobar definitivamente el Presupuesto 2026. 

El oficialismo libertario conseguiría esta tarde un dictamen sobre la reforma laboral que quiere el Gobierno, pero la discusión en el recinto se estirará a febrero próximo, según pudo saber Infobae. De hecho, mientras transcurría dicha confirmación, la propia Patricia Bullrich lo anunció en el plenario de las comisiones de Trabajo; y de Presupuesto y Hacienda de la Cámara alta.

De esta manera, lo que sí avanzaría mañana es el despacho del Presupuesto 2026, junto a la ley de inocencia fiscal. Ambas iniciativas se sancionarían el viernes 26, para cerrar el período extraordinario convocado por el Ejecutivo hasta el martes 30 de diciembre.

Lo ocurrido en Diputados con el Presupuesto 2026 y la repartija de las butacas en la Auditoría General de la Nación (AGN) movió con fuerza la estantería en la Cámara alta. La tensión escaló tanto que, para el mediodía de hoy, las conversaciones estaban casi rotas entre oficialismo y dialoguista. Bullrich se fue de urgencia a la Casa Rosada.

Tras regresar, primó la calma y, en una cumbre que tuvo lugar en el bloque de la Unión Cívica Radical (UCR), se decidió rubricar la reforma laboral -con algunos cambios-, y tomarse todo enero y los primeros días de febrero para pulir la iniciativa en cuestión.

“Se notó la experiencia de Patricia. Estaba todo muy mal hace cuatro o cinco horas. Te diría, al borde del quiebre. Hubiese sido un desastre. Lo más importante es que nadie atropelló y la convivencia de los 44 -43, hasta que jure el rionegrino Enzo Fullone- que nos juntamos días atrás sigue en pie”, sentenció a este medio un importante legislador al tanto de las negociaciones.

La relación con el sector dialoguista se resintió durante la madrugada de hoy en Diputados, tras la accidentada aprobación del Presupuesto 2026 -sin un capítulo clave que pretendía el Ejecutivo- y una estrategia libertaria que no trastabilló. A esto se le sumó la distribución de las tres butacas de la AGN, en un claro acuerdo del oficialismo con el kirchnerismo y el gobernador salteño, Gustavo Sáenz. Este último punto es el que, por ahora, nadie entiende en el Congreso.

 “Me encanta que haya terminado así. Ya estaba haciendo demasiado ruido esto de votar todo de forma exprés”, sentenció un senador dialoguista a Infobae. Era la preocupación principal de varias bancadas que se muestran predispuestas a ayudar al Gobierno libertario. Pero no a cualquier costo.

 El plenario que lidera Bullrich aún se encuentra activo y con varios legisladores en uso de la palabra. Sólo resta saber, una vez que finalicen los oradores, las rúbricas del dictamen de mayoría. Los dialoguistas lo harían en disidencia. No obstante, en febrero aterrizarán nuevas modificaciones.

Trabajo; y Presupuesto y Hacienda están integradas por 17 senadores: cinco del oficialismo, cinco del kirchnerismo -no envió sus nombres, no puede firmar despachos y busca judicializar, ante lo que considera un “atropello” del oficialismo y Victoria Villarruel para repartir las comisiones- y siete dialoguistas.

Para sellar este tema, La Libertad Avanza necesita que, en cada una, haya un mínimo de nueve legisladores dispuestos. La mitad más uno. Entonces, el Gobierno precisa cuatro más de los siete “dialoguistas”, en cada una, para que se unan a sus cinco.

En Trabajo, esos nombres apuntan hacia el jefe radical en la Cámara alta, Eduardo Vischi (Corrientes) y sus colegas de bancada Rodolfo Suarez (Mendoza) y Silvana Schneider (Chaco); el titular del PRO, Martín Goerling Lara (Misiones); el peronista disidente Carlos Espínola (Corrientes-Provincias Unidas); la ex secretaria de Energía Flavia Royón (Primero los Salteños); y la misionera renovadora Sonia Elizabeth Rojas Decut, que se hizo conocida por declararse a favor de Ficha Limpia para luego ser la encargada de matar al proyecto en pleno recinto, con una voltereta de último segundo.

Para Presupuesto y Hacienda, el Gobierno debe ir a pescar a cinco desparramados entre los radicales Flavio Fama (Catamarca), Mariana Juri (Mendoza) y la chaqueña Schneider; Andrea Cristina (PRO-Chubut); los peronistas disidentes Espínola (Corrientes) y Alejandra Vigo (Provincias Unidas-Córdoba), y la ex macrista y ahora “jaldista” Beatriz Ávila (Tucumán).

Fuente: Infobae.

El período extraordinario quedó formalmente inaugurado el 10 de diciembre, en coincidencia con el recambio legislativo. Sin embargo, los primeros días estuvieron concentrados casi exclusivamente en el análisis del proyecto de Modernización Laboral, presentado finalmente el jueves 11, lo que relegó la puesta en marcha de otras comisiones, pese a que inicialmente se preveía un inicio más amplio del trabajo parlamentario.

En ese marco, se estimaba que durante la segunda mitad de la primera semana de extraordinarias se activarían al menos las comisiones de Diputados para comenzar el tratamiento del Presupuesto 2026 y la ley de Inocencia Fiscal, dos iniciativas centrales de la agenda oficialista para diciembre. Con dictámenes emitidos, el objetivo era llevar los proyectos al recinto entre martes y miércoles y, de ese modo, habilitar el debate en el Senado a partir del jueves siguiente.

No obstante, el Gobierno optó sobre la marcha por priorizar también la activación de la Cámara alta, no solo para la discusión de la ley de leyes, sino para intentar avanzar en paralelo con la reforma laboral. Una estrategia ambiciosa, que en los hechos terminó demorando ambos frentes: ni se avanzó con el Presupuesto en Diputados ni se logró iniciar el debate laboral, pese a la expectativa que había generado la ministra Patricia Bullrich, quien había anticipado un tratamiento acelerado del proyecto.

Con ese escenario, toda la actividad se concentra ahora en la semana que comienza. Este lunes, la Cámara baja intentará recuperar el tiempo perdido con dos reuniones clave: a las 16 se constituirá la Comisión de Legislación Penal, presidida por la diputada de La Libertad Avanza Laura Rodríguez Machado, y a las 17 hará lo propio la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que continuará bajo la conducción de Bertie Benegas Lynch. En ambos casos se trata de reuniones constitutivas, en las que se definirán los cronogramas para tratar el Presupuesto 2026 y la ley de Inocencia Fiscal, con la intención de avanzar rápidamente hacia la firma de los dictámenes, posiblemente ya al día siguiente.

En paralelo, el oficialismo también tiene en carpeta el proyecto de ley de Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria, que establece la obligación de presentar presupuestos equilibrados o superavitarios y exige financiamiento explícito para toda norma que implique nuevos gastos. Se trata de una iniciativa que promete generar controversia, aunque por el momento aún no ingresó formalmente al Congreso.

La hoja de ruta de La Libertad Avanza contempla llevar al recinto los proyectos con dictamen el martes 16, para sesionar el miércoles 17 y jueves 18, o bien concentrar el debate en una única sesión maratónica el miércoles. De concretarse ese esquema, los diputados cerrarían su actividad legislativa del año ese mismo jueves y quedarían a la espera del avance del Senado, con la mirada puesta ya en el receso de verano.

En la Cámara alta, el primer paso será una reunión de jefes de bloque prevista para este martes 16 a las 11 en el Salón Gris de la Presidencia, donde se buscará ordenar el trabajo legislativo para lo que resta del período extraordinario, atravesado además por los feriados de las fiestas de fin de año.

Uno de los puntos centrales será la integración de las comisiones. Para el tratamiento de la Modernización Laboral deberán constituirse Presupuesto y Hacienda y Trabajo y Previsión Social. En el primer caso, por el componente impositivo incluido en el proyecto, un aspecto que ya despertó cuestionamientos de la oposición, que sostiene que esa característica obliga a que la iniciativa ingrese por Diputados. La discusión abre un flanco jurídico que incluso podría derivar en planteos judiciales, y que llevó a evaluar la posibilidad de desdoblar el texto, opción que por ahora fue descartada.

Para los proyectos que lleguen desde la Cámara baja también se conformará la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, y se avanzará además con la constitución de Minería, Energía y Combustibles, de cara al futuro debate sobre la reforma de la Ley de Glaciares.

El debate de la Modernización Laboral será uno de los ejes de la semana. El interbloque de Unión por la Patria, encabezado por José Mayans, buscará extender el tratamiento mediante la realización de reuniones informativas, algo que el oficialismo inicialmente pretendía evitar. Finalmente, deberá concederlas, aunque intenta reducir la lista de expositores: mientras la oposición reclama alrededor de cien invitados, La Libertad Avanza acepta un número cercano a treinta.

Con ese esquema, el oficialismo aspira a cerrar el debate en comisión entre miércoles y jueves y emitir dictamen el lunes siguiente, ya en la antesala de Navidad. Otra posibilidad es que la firma se concrete entre jueves y viernes, respetando el plazo reglamentario de siete días antes de llegar al recinto, lo que llevaría la eventual sesión al lunes o martes 29 y 30 de diciembre.

En esas mismas fechas debería tratarse también el Presupuesto 2026, un cronograma que aparece como un objetivo de máxima. No se descarta, en ese contexto, que parte de la discusión quede postergada para después del receso, con una nueva convocatoria a sesiones extraordinarias que, todo indica, se extenderá durante enero y febrero.

Fuente: APF Digital