Tras la decisión del gobierno nacional de Javier Milei de elevar a ALTO el nivel de seguridad en territorio nacional debido a la guerra en Medio Oriente entre Estados Unidos e Israel contra Irán, la Delegación Argentina ante la Comisión Técnica Mixta de la represa Salto Grande se reunió con autoridades de Gendarmería y Prefectura para planificar un incremento de medidas de seguridad en el complejo ubicado en la frontera entrerriana con Uruguay.

El objetivo del encuentro fue “continuar fortaleciendo las medidas preventivas y los dispositivos de resguardo del Complejo Hidroeléctrico Salto Grande”, se comunicó oficialmente desde la Represa.

De la reuniónp participaron el presidente de la Delegación Argentina, Alejandro Daneri; el vicepresidente, Pedro Galimberti; el gerente General de Salto Grande, Gustavo Araujo; el jefe del Escuadrón 4 Concordia de Gendarmería Nacional, Matías Andrés Pérez; el tiular de Prefectura Concordia, Jorge Horacio Ribinski; y el jefe de Prefectura Salto Grande, Néstor Alfredo Hoffmann.

Al confirmarse la escalada bélica en Irán el fin de semana pasado, el gobierno nacional informó oficialmente que decidió elevar a ALTO el nivel de seguridad en todo el país. Según comunicó la Oficina del Presidente, la medida alcanza a “todos los objetivos sensibles del país, así como a la infraestructura crítica, y la comunidad judía, entre otros, con la finalidad de garantizar la integridad, la vida y la libertad de los habitantes en el territorio nacional”.

La represa hidroeléctrica ubicada sobre el río Uruguay en la frontera de Entre Ríos y Uruguay es uno de esos “objetivos sensibles”, lo que motivó el encuentro entre autoridades locales con Fuerzas Armadas. “Se fortalecerán, de modo preventivo, los dispositivos de protección y seguridad de los objetivos referidos”, señaló el comunicado oficial del Gobierno días atrás.

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La firma del contrato estuvo a cargo del coordinador general de la Unidad Ejecutora Provincial (UEP), Gustavo Cusinato, y constituye una acción concreta en el marco del Programa de Desarrollo e Integración de la Región de Salto Grande, financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). 

La consultoría, impulsada de manera conjunta por la UEP, organismo dependiente de la Secretaría General de la Gobernación a cargo de Mauricio Colello, y el Ministerio de Desarrollo Económico, tiene como objetivo principal relevar, diagnosticar y proponer acciones sobre las cadenas productivas más representativas de la región, con foco en sectores de alta incidencia como frutas y frutos comestibles, preparaciones alimenticias diversas y foresto-industria. La finalidad es facilitar la inserción de empresas locales en el comercio exterior, promover inversiones y generar empleo genuino. 

Respecto al objetivo del estudio a realizar, Cusinato indicó que "la consultoría no sólo se trata de recopilar datos, sino que busca entender mejor cómo están funcionando nuestras cadenas productivas y qué necesitan para crecer. Es una herramienta para tomar buenas decisiones a futuro y acompañar a los sectores que ya vienen mostrando un gran potencial".

El trabajo técnico, que se desarrollará durante seis meses, contempla el relevamiento de empresas con potencial exportador, la identificación de sus capacidades y limitaciones; y la elaboración de un plan de acción específico para cada cadena productiva, con el fin de potenciar su proyección internacional. 

El análisis de cadenas productivas se inscribe en una estrategia más amplia que integra acciones en los sectores de producción, turismo, conectividad y fronteras. A través del Programa de Desarrollo e Integración de la Región de Salto Grande, la provincia apuesta a incrementar la productividad de las economías regionales, posicionar al territorio como destino turístico estratégico y consolidar su conectividad territorial para atraer visitantes y fortalecer el intercambio comercial.

Este pronunciamiento constituye un nuevo avance en el proceso que impulsa el gobierno entrerriano para restituir los derechos económicos y federales establecidos en el acuerdo firmado en 1998 entre la Nación y las provincias de Entre Ríos, Corrientes y Misiones.

Con el dictamen de la Procuración, se despeja el camino para que continúe el trámite ante el máximo tribunal. En el marco de la estrategia procesal, Entre Ríos ya había solicitado la convocatoria a una audiencia de conciliación, cuya realización dependía de esta instancia. Ahora, se aguarda que la Corte fije fecha para dicho encuentro.

Desde el Gobierno provincial destacaron la importancia de este paso: "Es fundamental para que la Corte asuma su competencia y avance en la resolución del conflicto. Estamos reclamando que se cumplan los compromisos asumidos y se restituya lo que le corresponde a Entre Ríos por derecho", señalaron.

El reclamo de Entre Ríos se fundamenta en una serie de resoluciones adoptadas por la Secretaría de Energía de la Nación a partir de 2013, que redujeron unilateralmente el valor de la energía producida en la Represa de Salto Grande. Esta medida afectó los excedentes reparatorios que deben ser distribuidos a las provincias, en abierta violación al pacto vigente. 

Fuente: APFDigital

El gobernador Rogelio Frigerio, junto a la secretaria de Energía, Noelia Zapata, y al síndico de Enersa, Iván Kerr, se reunió en Buenos Aires con el secretario coordinador de Energía y Minería de la Nación, Daniel González. En la oportunidad, requirieron la aplicación de cánones más razonables para obras de gas y se abordó la demanda de la provincia por los excedentes Salto Grande.

"Planteamos dos temas de interés de la Compañía Entrerriana de Gas (Cegsa) de la provincia: Por un lado, la obtención de tarifa y dirimir un problema que tenemos con la empresa Transportadora Gas del Norte SA (TGN) por el canon que nos está cobrando; por el otro, el canon excesivo que nos impone TGN por la unión del gasoducto que estamos construyendo en el norte entrerriano (Cierre Norte)", explicó la titular de la Secretaría de Energía provincial al término del encuentro.

En ese sentido, dijo que solicitaron "la colaboración con la provincia a los efectos de que nos fijen un canon más económico o razonable. También pedimos un cambio para las obras que iban a ser financiadas por la Nación y que actualmente están quedando sin efecto", continuó Zapata.

Respecto a la respuesta recibida, la funcionaria entrerriana informó: "Nos contestaron que analizarán ambos casos. Es probable que no nos financie directamente la Nación, pero sí que nos allane el camino para que Entre Ríos pueda conseguir financiamiento internacional para estas obras. Entendemos que las gestiones han sido positivas".

Salto Grande

La comitiva también trató con el funcionario nacional la demanda que Entre Ríos tiene ante la Nación por compensaciones por excedentes y regalías de la represa hidroeléctrica Salto Grande. "Esto también está en análisis, pero entendemos que fue positivo poner los temas sobre la mesa", resumió Zapata.

En ese marco, acordaron constituir una mesa de trabajo la semana próxima para tratar el tema del precio de los excedentes de Salto Grande y ver la posibilidad de llegar a un acuerdo con la Nación que permita dar solución a la situación que llevó a la provincia a entablar una demanda judicial.

Ante las repercusiones generadas por las gestiones del Municipio de Gualeguaychú para ser incluido entre las ciudades ribereñas beneficiadas por los excedentes de Salto Grande, el presidente de la Comisión Administradora para el Fondo Especial de Salto Grande (Cafesg), Carlos Cecco, aseveró que “por el momento se trata de una propuesta en evaluación”.

“Si bien la Cafesg está al tanto de la situación, sabemos que es una decisión que le compete al Gobernador Rogelio Frigerio y por eso ha mantenido diversas reuniones para analizar esta cuestión y escuchar a todos los actores involucrados, pero aún no hay definiciones", sostuvo.

En este sentido, Cecco recordó que "desde el inicio de nuestra gestión, uno de los principales objetivos ha sido administrar de manera ordenada, transparente y equitativa los excedentes generados por Salto Grande. Durante 2024, hemos llevado adelante una reparación significativa para municipios que históricamente habían quedado relegados".

Asimismo, aseguró que "esa política no va a cambiar. Los departamentos de Federación y Concordia continuarán siendo los principales destinatarios en la distribución de estos fondos".

La labor de la Cafesg es fundamental para el desarrollo de la región, no solo a través de la administración de los excedentes de Salto Grande, sino también mediante inversiones estratégicas en educación y salud para optimizar los servicios públicos provinciales”.

Durante 2024, el organismo llevó adelante 16 licitaciones por un monto total de $1.993.475.599, mientras que para 2025 está prevista la ejecución de 27 obras, que incluyen reparaciones en escuelas y hospitales, además de infraestructura vial como alcantarillas y bacheo, con una inversión total de $3.850.684.418,54. 

Fuente: APFDigital

El Intendente llevó a Paraná un planteo técnico para fundamentar porqué la ciudad debe beneficiarse en esa distribución. “Frigerio lo entendió perfectamente y consideró que el nuestro es un planteo lógico, porque Gualeguaychú está sobre el río Uruguay y los efectos de la fuerza del agua que liberan desde la represa afecta a esta zona”, resaltó Davico y adelantó que en “aproximadamente 20 días vamos a tener una respuesta del gobierno provincial a nuestro reclamo”.

El Intendente se mostró optimista sobre la reunión y aseguró: “una de las primeras obras que se va a hacer con esos fondos es el Acceso Sur” y amplió que “paralelamente estamos gestionando con otros organismos multilaterales, como el Banco Interamericano de Desarrollo”.

“Recibir los excedentes de los fondos de la represa de Salto Grande es un reclamo histórico de Gualeguaychú”,  recordó Davico. 

Al respecto, apuntó que la ciudad “siempre quedó al margen, mientras que se distribuye en obras para diferentes municipios, como Concordia, Federación, Concepción del Uruguay, y otros que no son directamente afectados, como Villaguay, Federal, Feliciano y San Salvador”.

Finalmente, consideró que “hoy Gualeguaychú está a un paso de recibir los excedentes de los fondos de Salto Grande, porque el Gobernador fue muy claro: ‘es lógico el reclamo, hay que trabajarlo y resolverlo’. Coincidimos con él en que esos fondos sean para obras provinciales, ya sean escuelas, hospitales, rutas y, particularmente, en este caso, para hacer el Acceso Sur completo”.

El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, se reunió con la secretaria de Energía de la Nación, María Tettamanti, para tratar cuestiones referentes a la tarifa de la energía de la represa binacional. El encuentro complementó las demandas que el Estado entrerriano ha presentado ante la Corte Suprema de Justicia.

"Estas demandas son en defensa de los derechos de nuestra provincia como productora de energía y exigen que se termine con la discriminación que sufrimos los entrerrianos desde hace décadas", expresó el titular del Poder Ejecutivo luego del encuentro en Buenos Aires.

Entre Ríos presentó ante el Máximo Tribunal nacional dos reclamos. El primero, en abril último, por los fondos previsionales que se adeudan a la provincia, y los pagos de regalías y excedentes de la represa hidroeléctrica Salto Grande. En esa presentación, se detalló que la deuda de la Nación con Entre Ríos era de "alrededor de 4.000 millones de pesos en concepto de excedentes -del segundo semestre de 2023 y todo 2024-" y por regalías del sistema hidroeléctrico se denunció que la remuneración era "muy injusta, casi tres veces menor de la que se recibe por Yacyretá (la otra represa binacional)".

Luego, a principios de noviembre, Entre Ríos volvió a recurrir a la Justicia. Esta vez, pidió "recomponer la ecuación económico-financiera de los acuerdos de 1999 que dieron lugar a los excedentes de Salto Grande", y saldar la deuda que, actualizada, era de "175 millones de dólares". A la vez, solicitó modificar "con la intervención de la provincia, el modo en que la Secretaría de Energía de la Nación establece el precio de la energía para las represas hidroeléctricas binacionales".

A raíz de la demanda histórica que interpuso el gobierno de Entre Ríos ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el mes de abril, el gobierno nacional saldó la deuda que mantenía con la provincia en concepto de excedentes de Salto Grande correspondiente al capital, un total de 4.885.693.566 pesos.

Cabe señalar que en línea con esto, el Estado provincial anunció este miércoles el inicio de una nueva demanda contra la Nación, por discrepancias en las liquidaciones de los excedentes generados por la represa. Ahora se reclama un retroactivo de 175 millones de dólares, dado que el valor reconocido para Salto Grande es el más bajo entre todas las generadoras del país.

De acuerdo al informe proporcionado por la Comisión Administradora para el Fondo Especial de Salto Grande (Cafesg), respecto a la primera demanda que realizó el gobierno provincial en abril de este año, el monto que abonó la Secretaría de Energía de la Nación al organismo de casi 5.000 millones de pesos corresponde al capital adeudado, restando los intereses por pago fuera de término.

El importe fue abonado en ocho pagos desde el 14 de mayo de este año hasta el 23 de octubre último, los que fueron imputados a las siguientes deudas: tercer trimestre de 2023 (624.864.909 pesos); marzo de 2024 (606.429.984 pesos); abril de 2024 (810.580.598 pesos); mayo de 2024 (261.720.997 pesos); junio de 2024 (637.769.966 pesos); octubre y noviembre de 2023 (273.571.857 pesos); julio de 2024 (445.787.856 pesos); y diciembre de 2023, enero de 2024 y febrero de 2024 (1.224.967.398 pesos).

Cabe señalar que la demanda del gobierno provincial, por pedido del gobernador Rogelio Frigerio, fue interpuesta con fecha 23 de abril de 2024 y el reclamo ascendió a 2.100.000.000 pesos adeudados en concepto de excedente correspondientes al tercer y cuarto trimestre de 2023; y enero y febrero de 2024. 

Fuente: APFDigital

Entre Ríos vuelve a recurrir a la Corte Suprema de Justicia para que Nación salde una deuda que asciende a los 175 millones de dólares, derivados de los excedentes de la represa hidroeléctrica Salto Grande.

En línea con las presentaciones previas impulsadas por el gobernador Rogelio Frigerio, el Estado provincial ha iniciado una nueva demanda contra el Gobierno nacional por discrepancias en las liquidaciones de los excedentes generados por la represa. Se reclama un retroactivo de 175 millones de dólares, dado que el valor reconocido para Salto Grande es el más bajo entre todas las generadoras del país.

La nueva presentación del Gobierno ante el máximo tribunal argentino se realizó este miércoles, en respuesta a una decisión política del titular del Poder Ejecutivo entrerriano.

El objetivo de esta gestión es “recomponer la ecuación económico-financiera de los acuerdos de 1999 que dieron lugar a los excedentes de Salto Grande” y, al mismo tiempo, “modificar, con la intervención de la provincia, el modo en que la Secretaría de Energía de la Nación establece el precio de la energía para las represas hidroeléctricas binacionales”, explicó el fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, quien ofreció una conferencia de prensa junto a la secretaria de Energía, Noelia Zapata. Cabe destacar que el valor reconocido a Salto Grande por la energía que aporta al país es el más bajo entre todas las generadoras.

Los excedentes generados por la represa Salto Grande son resultado de la diferencia entre el precio que se paga a la hidroeléctrica y los gastos de la Comisión Técnica Mixta (CTM), y estos excedentes se distribuyen entre las provincias de Entre Ríos, Corrientes y Misiones.

Según indicó el fiscal de Estado, la energía proveniente de Salto Grande es “la más barata del país, incluso más que la generada por Yacyretá”, lo cual ocurre porque desde la Secretaría de Energía de la Nación “no se considera el cumplimiento de los acuerdos de 1999”. De este modo, el precio no genera excedentes y “si no hay excedentes, nos quedamos sin acuerdo”, agregó.

Para revertir esta situación que persiste desde hace casi una década y que resulta inequitable, la provincia exige “que se declare inconstitucional las resoluciones emitidas desde 2013 en adelante, que fijaron un precio perjudicial, y se emitan resoluciones que establezcan un precio justo para cumplir con los acuerdos de 1999”.

Además, la presentación incluye el reconocimiento de una deuda “por obras no realizadas, cuyo monto asciende a 175 millones de dólares”, amplió el funcionario.

Por su parte, la secretaria de Energía provincial calificó esta demanda como “fundamental”. Zapata subrayó que “se trata de una acción que valora los intereses de los entrerrianos”.

El Gobierno de Entre Ríos radicó este miércoles en la Corte Suprema de Justicia una demanda contra el Estado Nacional por el perjuicio económico que genera a las arcas provinciales la ecuación económica financiera que determina los excedentes que recibe a cambio de la energía proveída al sistema eléctrico nacional desde la represa de Salto Grande.

Lo anunciaron este jueves en conferencia de prensa el fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, y la secretaria de Energía, Noelia Zapata, quienes informaron que el reclamo incluye una deuda retroactiva de alrededor de 175 millones de dólares desde 2013 a la fecha.

Entre Ríos exige modificar el modo en que se establece el precio de la energía para que ese valor genere excedentes acordes a lo que le corresponde recibir por ser productora de esa energía. Esos montos los determina el Gobierno nacional y, en el entendimiento del Ejecutivo entrerriano, son escasos y perjudiciales para la provincia.

El gobierno central tiene la potestad de fijar el precio de la electricidad a través de la Secretaría de Energía de la Nación. La demanda entrerriana pide a la Corte que declare la inconstitucionalidad de las resoluciones que determinaron cómo se fija el precio de los excedentes.Rodríguez Signes explicó que los excedentes son los fondos que resultan de la diferencia entre el precio de la energía que entrega Salto Grande y los gastos de la Comisión Técnica Mixta de la represa. Los mismos se distribuyen entre Entre Ríos, Corrientes y Misiones. En la provincia los gerencia la Comisión Administradora de los Fondos Excedentes de Salto Grande.

El precio de la energía que entrega la represa es la más barata del país, debajo, por ejemplo, de Yacyretá. Hacia adelante, la Provincia quiere participar de la decisión del precio que se establece para la energía que produce Salto Grande.

Según el cálculo que hacen en la Casa Gris y que informó el fiscal de Estado este jueves, el monto retroactivo desde 2013 que le corresponde recibir a Entre Ríos por el perjuicio que le produjo la Nación escala hasta los 175 millones de dólares.

El fiscal de Estado destacó la decisión política del gobernador Rogelio Frigerio de acudir a la Corte con el reclamo y aclaró que la demanda no tiene términos de prescripción.Además, en la demanda ante la Corte la Provincia exige que se elabore un cálculo de daño ambiental que provocó la represa. Y el planteo reclama también que la Nación cumpla con las obras que se comprometieron a hacer para la región de Salto Grande.

Si el planteo llegara a prosperar y los cortesanos dieran razón a la provincia, los funcionarios adelantaron que los fondos eventualmente restituidos serán destinados a la CAFESG para obras y otras acciones en beneficio de la región. De todos modos, no descartaron que el tema pudiera ser tratado en el marco de un acuerdo político.

Pedro Galimberti asumió como Vicepresidente de la Delegación Argentina de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande tras la propuesta de Rogelio Frigerio de cumplir tal rol. “Se trata de una decisión meditada y acordada con los dirigentes con quienes compartimos proyectos en común y, en particular, con los de la región de Santo Grande, donde la construcción de la represa modificó sustancialmente la vida de la población”, había escrito en su cuenta de X el pasado 10 de septiembre.

El viernes asumí como Vicepresidente de la Delegación Argentina ante la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande.En el Complejo Hidroeléctrico mantuve la primera reunión con el Presidente de la Delegación Argentina, @ACDaneri, y con su par uruguayo, Martín Burutarán. pic.twitter.com/LcTzvupGhx

Cabe recordar que anteriormente debió renunciar a su bancada como diputado nacional de la UCR en representación de Entre Ríos y su lugar fue ocupado por Nancy Ballejos, que pertenece al PRO.

La asunción se produjo este viernes en un encuentro entre el Presidente de la Delegación Argentina, Alejandro Daneri  y su par uruguayo, Martín Burutarán. “Repasamos la agenda de trabajo, los proyectos en marcha y los principales ejes de la gestión. También me interioricé sobre el funcionamiento y operación del Complejo Hidroeléctrico, cuya importancia es estratégica para ambos países”, informó el ahora vicepresidente de la Comisión Mixta de Salto Grande.

El pedido de informes fue sancionado en la sesión de la Cámara de Senadores que se realizó el martes 20. Senadores opositores solicitaron una serie de precisiones del Decreto del Poder Ejecutivo que permitió la cancelación de la deuda de Cammesa con Salto Grande con títulos públicos. Se destacó la preocupación por noticias que indicaron que la empresa “no habría aceptados dichos bonos para la cancelación por parte de la provincia, como pago por la distribución de energía”. A fines de julio tres diputados de distintos bloques formularon un pedido similar.

El Decreto Nº 1729/24 del Poder Ejecutivo que permitió la cancelación de acreencias a favor de la provincia en relación a la venta de energía producida en Salto Grande a la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico SA (Cammesa) sigue sumando pedidos de informes. El martes 20, en una movida sesión en la Cámara de Senadores, se sancionó un pedido de informes al Poder Ejecutivo que ingresó la senadora Claudia Silva con el acompañamiento de sus pares Nancy Miranda, Víctor Sanzberro,  Martín Oliva y Patricia Díaz.

En los fundamentos se resaltó que “… debe quedar debidamente aclarado lo precedentemente expuesto, disipándose de tal modo cualquier interrogante generado en razón de la aceptación por parte de la provincia de Bonos para la cancelación de una deuda, de la que es acreedora, pudiéndose analizar si dicho acto no ocasionaría un perjuicio económico a las arcas provinciales”. Se añadió que los términos del acuerdo generaron “preocupación”, y añadió que “no pueden obviarse los trascendidos mediáticos, acerca de que Cammesa, no habría aceptados dichos bonos para la cancelación por parte de la provincia, como pago por la distribución de energía”.

Bonos

El pedido solicitó que se informe “si en relación al Decreto N° 1729/24 Ministerio de Planeamiento, Infraestructura y Servicios (MPI y S) del 10 de julio de 2024, la provincia de Entre Ríos recibió títulos públicos -Bonos de la República Argentina en Dólares Estadounidenses STEP UP 2038 (Bonos USD 2038 L.A.), para la cancelación acreencias devenidas por las transacciones económicas del Mercado Eléctrico Mayorista, por los meses de diciembre 2023 y enero 2024”.

También requirió que se precise si “en el caso de ser afirmativo el punto anterior, la cantidad de Bonos y a qué valor se recibieron cada uno de ellos. Además, en qué moneda se ha constituido, por qué plazo, si posee tasa fija o variable, tipo de amortización y la periodicidad del pago del interés (si corresponde)”. En este punto, añadió que “en caso de ser afirmativo el punto 1, si los bonos fueron utilizados o no para cancelar distintas deudas de la provincia, como las generadas por la distribución de energía, de ser así a que valor fueron tomados”.

Finalmente, requirió que se informe “si en la actualidad se encuentra cancelada la deuda de febrero 2024, que según consta en el Anexo I del Decreto N° 1729/24 MPI y S, ascendía a la suma de 849.404.835,56 pesos, en tal caso de qué modo se realizó dicha operación”. El pedido sancionado este martes lleva las firmas de la vicegobernadora y presidenta de la Cámara, Alicia Aluani, y del secretario de la Cámara, Sergio Avero.

Fundamentos

Silva fundamentó el pedido “a los fines que sean aclarados algunas cuestiones relacionadas al Decreto N° 1729/24 MPI y S de fecha 10 de julio de 2024”. En este sentido señaló que “el mentado instrumento la provincia ratifica lo actuado por el Ministerio de Hacienda y Finanzas en relación al Acuerdo perfeccionado con la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico SA Cammesa” y precisó que “dicho Acuerdo tiene como objeto la cancelación de las acreencias originadas por transacciones económicas del Mercado Eléctrico Mayorista por los meses de diciembre 2023, enero 2024 y febrero 2024”.

Silva sostuvo que el objeto del Acuerdo fue que “la deuda será cancelada mediante la entrega de títulos públicos -Bonos de la República Argentina en Dólares Estadounidenses STEP UP 2038 (Bonos USD 2038 L.A.)-, no aclarando a qué valor son tomados dichos bonos”. Añadió que “surge del Anexo I del Decreto N°1729/24, que la deuda por los meses de diciembre y enero sería de 933.471.638,55 pesos, que a la fecha de elaboración del presente rondaría el 1.000.000 dólares”.

A fines de julio, los diputados, Carlos Alberto Damasco, del bloque libertario Fe y Libertad;  Juan José Bahillo, de Unión por la Patria-Más para Entre Ríos; y Fabián Rogel, de la Unión cívica Radical-Juntos por Entre Ríos, que luego retiró su firma comunicando la decisión por mail, presentaron un pedido de informes similar en la Cámara Baja. 

Fuente: APFDigital

El pedido de informes fue presentado en la Cámara de Diputados de la provincia este miércoles y lleva la firma de Carlos Alberto Damasco, del bloque libertario Fe y Libertad; y como coautores lo acompañan los legisladores, Juan José Bahillo, de Unión por la Patria-Más para Entre Ríos, y Fabián Rogel, de la Unión cívica Radical-Juntos por Entre Ríos.

El pedido se presentó “en ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 117 de la Constitución Provincial”, y solicita “al Poder Ejecutivo se sirva informar: Primero: Para que tenga a bien clarificarnos y enumerar las deudas que posee la empresa Cammesa con la provincia de Entre Ríos, en relación a las regalías que produce Salto Grande, por el período Diciembre 2023 y Enero de 2024”.

El segundo pedido consistió en que “teniendo presente la sanción del Decreto 1729/2024, qué cantidad de bonos se han recibido desde el Estado Nacional, y a qué valor cada uno de ellos. Además, en qué moneda se ha constituido, por qué plazo, si posee tasa fija o variable, tipo de amortización, y de corresponder, la peridiocidad del pago del interés”.

Respecto de la emisión de los bonos que el Estado provincial percibiría por dicha forma, se solicitó que se “tenga a bien informar la modalidad en que se han percibido dichos bonos como a los plazos y que amortización”. Tercero, respecto de dichos bonos, se precise “cuál sería el valor estimativo de los mismos”.

Finalmente, en el punto cuarto que se indique “si se ha podido avanzar hasta el momento en lo que a la compensación por las regalías de Salto Grande, percibe la provincia de Entre Ríos; y cuál sería la forma de lograr que la nación reconozca el desfasaje entre lo que se percibe y lo que se genera al respecto”. 

Fuente: APFDigital

La Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico S.A. -CAMMESA- y el gobierno de Entre Ríos, llegaron a un acuerdo respecto del pago de regalías adeudadas por Nación a la provincia. La disposición 1729/24 del Ministerio de Planeamiento Infraestructura y Servicios (MPIyS), publicada el pasado 25 de julio, sostiene: “El Acuerdo contempla que la Provincia de Entre Ríos como acreedor acepta que las transacciones económicas de los meses de diciembre de 2023 y enero de 2024 serán pagadas mediante la entrega de títulos públicos - Bonos de la República Argentina en Dólares Estadounidenses STEP UP 2038 (BONO USD 2038 L.A.) dentro de los diez (10) días hábiles contados a partir de la firma del Acuerdo y que las correspondientes a la transacción económica del mes de febrero de 2024 serán pagadas con los fondos disponibles en las cuentas bancarias habilitadas en CAMMESA a efectos de las cobranzas y con aquellos disponibles por las transferencias realizadas por el Estado Nacional al Fondo Unificado con destino al Fondo de Estabilización dentro de las 48 horas, contadas a partir de la firma de dicho Acuerdo”.

En los considerandos, según publicó El Entre Ríos,  se explica que “la Secretaría de Energía de la Nación estableció un Régimen de pagos excepcional, transitorio y único para el saldo de las transacciones económicas del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) de diciembre de 2023, enero de 2024 y febrero de 2024, correspondiente a los acreedores del MEM con el objeto de reestablecer la cadena de pago de las transacciones económicas corrientes y con ello preservar el abastecimiento del servicio público de electricidad”.

En tal contexto, CAMMESA remitió al Ministerio de Hacienda y Finanzas de la Provincia de Entre Ríos la “Propuesta de Acuerdo para la cancelación de la deuda acumulada respecto a las transacciones económicas de los meses de diciembre de 2023 y enero de 2024 - vencidas en los meses de febrero y marzo 2024 respectivamente - y las correspondientes al mes de febrero de 2024 - con vencimiento en el mes de abril de 2024, informando que dicha propuesta quedaría aceptada en caso de que dicho Ministerio comunique a CAMMESA de forma fehaciente los datos de la persona de contacto a los fines del Acuerdo dentro del plazo de 48 horas desde la recepción de la misma”, lo cual ya ocurrió.

Las acreencias corresponden a la Provincia de Entre Ríos según el Artículo 43° de la Ley N° 15.336 modificada por Ley N° 23.164 en concepto de “Regalías derivadas de la explotación de la Central Hidroeléctrica de Salto Grande”.Fuente: Análisis Digital

En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio Plaza), Kueider admitió que le “molesta” que lo califiquen cercano a La Libertad Avanza más que al peronismo: “Me molesta todo lo que tiene que ver con cosas que no son ciertas o que son injustas como calificarme de traidor y querer pedir mi expulsión del partido, o cuando se hacen ese tipo de acusaciones porque estuviste charlando con los pibes libertarios. Pero son cosas de la política, son especulaciones propias de ese tipo de circunstancias”.

Como ejemplo, criticó que “cuando hace un año y pico Rogelio Frigerio fue a mi despacho para charlar sobre la ley de tarifa eléctrica, algo que en toda la provincia estaban demandando y con asambleas de vecinos reclamaban a las cooperativas eléctricas y a Enersa en Paraná por el aumento desmedido del consumo eléctrico, la noticia no fue esa, sino que especulaban sobre qué estarán tramando o qué acuerdo estará haciendo Kueider con Frigerio. Todas especulaciones menores propias de quienes están únicamente pensando en la cuestión política, electoral, o están con el chip puesto de la política y no de lo que le pasa a la sociedad”.

Sobre la posibilidad de presidir la comisión bicameral de Inteligencia, explicó: “Las Cámaras se van turnando para presidir la comisión bicameral, estaba Leopoldo Moreau por Diputados y ahora le corresponde al Senado proponer al presidente; y si se mira en la página del Senado está publicado que hay cuatro miembros designados de distintos partidos: uno del PRO, uno del radicalismo y otro propuesto por el bloque Unidad Federal, que soy yo. Había trascendido y es vox populi que la vicepresidenta Victoria Villarruel quería proponer al misionero Martín Goerling. A mí hace 10 días atrás me llamó el presidente del bloque oficialista, (Ezequiel) Atauche, diciéndome que tenía instrucciones de la Casa Rosada de hablar conmigo para ver si me interesaba presidir la comisión de Inteligencia dado que pensaban que debería ser alguien de la oposición, pero con una postura racional, responsable y no podían dársela a alguien que esté especulando políticamente y que utilice la comisión para hacer politiquería. Yo le respondí que no tenía problemas, que podía presidir la comisión pero que tuvieran en cuenta que mis posiciones son de oposición: yo promoví el rechazo del DNU, cuando se trató la Ley Bases promoví que se eliminen todos los puntos lesivos para la comunidad como el RIGI que lo voté en contra, que se excluyan los organismos de la cultura de la ley para la intervención y que se excluyan organismos para la privatización. Me contestaron que se aceptaba mi postura porque era racional y constructiva y que la sociedad estaba demandando ese tipo de acciones. Eso quedó ahí, no hablé nunca más con nadie y es el gobierno quien está en este momento resolviendo una cuestión más bien interna con esta cuestión”.

En tal sentido, consideró que “deberían resolverlo rápidamente porque querían constituir la comisión en agosto”.

Consultado por el control de los recursos de la Secretaría de Inteligencia (SIDE) y sus gastos reservados, sostuvo que “la comisión bicameral está justamente para controlar eso, es una comisión que no fue creada por el Congreso sino por la propia ley de Inteligencia y todos los pedidos de informes que haga la bicameral son obligatorios de responder para la comisión de Inteligencia y tiene sanciones muy graves. Incluso, si se cita a asistir a la comisión a reuniones que generalmente son secretas, tienen la obligación de ir todos los funcionarios que la integran, bajo pena de ir preso. Por eso es importante el control de la bicameral porque en los últimos tiempos no hemos tenido buenas noticias del trabajo de algunos organismos de inteligencia o, en realidad, de algunos funcionarios del gobierno que la han usado para otra cosa”.

Admitió que ante la complejidad e importancia del trabajo “el desafío es muy grande y de ahí que, para mí es un halago que me propongan integrar esa comisión y que me hayan manifestado que uno de los motivos para esa propuesta es que hemos demostrado en el Congreso que trabajamos con seriedad y responsabilidad y no nos dedicamos a hacer politiquería. Me parece importante este tipo de propuestas, fundamentalmente porque es un organismo que ha ido utilizado por algunos dirigentes para otras cosas, y es ahí donde el control se hace necesario e importante”. Recordó asimismo que “a la comisión la integran 14 miembros, siete diputados y siete senadores”.

Kueider aclaró que, “por ley de Inteligencia y reglamento, hasta que no se elijan las nuevas autoridades de esta comisión continúan a cargo las autoridades actuales, como el caso de Leopoldo Moreau que la preside hasta que se resuelva una nueva integración” y también refirió que “la comisión tiene la potestad de investigar todo lo vinculado al funcionamiento de los organismos de inteligencia, adónde gastan la plata, y demás; e incluso ya debería estar consultando si se están tomando medidas de precaución frente a las amenazas de Irán. Es un organismo importante que tiene que controlar absolutamente todo”.

Por otra parte, sobre su relación con Santiago Caputo, quien lo habría propuesto para presidir la bicameral, reveló: “Hablé una o dos veces con él en función de la Ley Bases cuando estábamos trabajando con el tema de Salto Grande. Las cosas que se han charlado con él han tenido la firma del Presidente, por lo tanto, es un operador válido claramente, y es archi conocido por todo el mundo que en el gobierno hay poca gente que rodea al Presidente y que tienen influencia o determinación a la hora de la toma de decisiones”.

La situación provincial

Sobre su propuesta para que Juan Carlos Chagas integre la delegación argentina de la Comisión Técnica Mixta (CTM) de Salto Grande y el acuerdo logrado con Frigerio, Kueider indicó: “Cuando logramos sacar ese decreto –que algunos le quisieron bajar el precio pero que forma parte de otra jugada mucho más importante en el tema de la energía, aunque algunos no la alcanzan a ver- recibí un llamado del gobierno provincial para que proponga algunos nombres, sin compromiso de designación. No sé si lo de Chagas va a prosperar o no, está en manos del gobernador que tiene la potestad y la libertad de decidir y aceptar sugerencias o no”.

Acotó: “Sugerí el nombre de Chagas y de varios más, porque Chagas tiene experiencia en el tema, ya fue presidente de la delegación, estuvo en Enersa y conoce el tema energético, no es ningún improvisado en la materia y puede aportar”. Y se negó a difundir los demás nombres que propuso.

En cuanto a la “jugada más grande” que mencionó, explicó que “hay un programa de desregulación del gobierno, una parte que se aprobó en la ley que se votó y determinaba en su parte energética que por la desregulación las distribuidoras iban a poder comprar directamente la energía a las generadoras. La parte tres es que, cuando eso se reglamente o cuando la desregulación esté afinada y se sepa cómo va a ser ese procedimiento y qué rol van a cumplir las binacionales que son Salto Grande y Yaciretá, y como acá hay una Comisión Técnica Mixta que administra y gerencia la represa de Salto Grande, la gestión que estamos realizando es que en el marco de la desregulación sea la Comisión Técnica Mixta la que venda la energía a las distribuidoras. Eso significa que va a tener un rol preponderante a la hora de negociar el precio de la energía con las distribuidoras”.

“La parte dos tiene que ver con las partes uno y tres, porque si nosotros somos los que designamos los gerentes vamos a tener un rol más que importante a la hora de determinar el precio de la energía y por primera vez en la historia vamos a poder hablar de energía más barata para los entrerrianos, lo que permitiría fomentar la producción, la industria, y potenciar el crecimiento y desarrollo económico de Entre Ríos. Sería un despegue fenomenal y una oportunidad histórica que no debemos desaprovechar. Esa es la negociación por Salto Grande, algunos le bajan el precio porque piensan que es para nombrar algún delegado, cosa que se podría haber logrado de otras mil maneras y no haciendo semejante quilombo (sic). Algunos están para bajarle el precio a las cosas porque cuando tuvieron la oportunidad de resolver no lo han resuelto ni han hecho nada”, explicitó.

En otro orden de cosas, sobre la causa Securitas que investiga a los hermanos paranaenses Claudio y Marcelo Tórtul aseguró: “Me enteré por los medios de esa causa, no tenía idea del tema ni sé quiénes son. Nunca tuve relación, no los conozco ni de vista. Hubo publicaciones falsas que hizo un periodista de Paraná, pero no tengo inversiones en el edificio de los Tórtul, es falso”.

Consultado por su futuro político, Kueider señaló que “por ahora, pienso en terminar mi mandato y dejarles a los entrerrianos cosas importantes, como las que estoy peleando permanentemente, muchas veces en soledad; una vez que culmine mis objetivos principales por los cuales ocupo este cargo, evaluaré oportunamente si corresponde o no, si hay voluntad en la sociedad de seguir apoyando a un senador que pelea por los intereses de ellos y lo ha demostrado cuando se ha enfrentado hasta con el Presidente de la Nación para pelear por el federalismo y por los derechos que le corresponden a los entrerrianos. Será una evaluación oportuna”.

Ante la posibilidad de que Milei le ofrezca ser candidato por LLA, definió: “Yo soy peronista y jamás traicioné al peronismo como han hecho muchos otros, salvo que me quieran echar por alguna otra cuestión vinculada a la falta de conducción que hay. Pero yo soy peronista y siempre voy a ser peronista”. En cuanto a las posibles sanciones que analizaba el PJ entrerriano, aseguró: “A mí no me notificaron nunca de nada, ni antes ni después. Todo fueron declaraciones mediáticas, pero a mí, personalmente, nadie me notificó de nada; y muchos de los que hicieron declaraciones tampoco me llamaron antes para preguntarme qué pensaba”.

En referencia a un posible armado disidente, sostuvo: “No estamos trabajando en ningún pacto con Milei ni con nadie. Acá hay que pensar en cómo reseteamos al peronismo, el peronismo tiene que resetearse, ha quedado en una posición muy vetusta, hoy está en una cacería de brujas, no tiene conducción ni a nivel provincial ni a nivel nacional y está a la deriva. Hay que construir otro peronismo, no buscar otro partido”.

“Hasta el 10 de diciembre Gustavo Bordet fue el presidente del partido y ejerció la conducción, estuvo en el armado electoral el año pasado junto con el candidato que fue Beto Bahl. En diciembre se terminó, hoy hay otras autoridades partidarias, pero no está reflejándose eso en una conducción. Me parece que hoy, el rol de conducción del partido podría asumirlo más bien Rosario Romero, la intendenta de Paraná, que tiene la fortaleza de ser intendenta de la ciudad más importante de la provincia y tiene una posición mucho más amplia del peronismo que algunos dirigentes actuales”, planteó.

Por otra parte, sobre su relación con Bordet apuntó: “Gustavo ha manifestado una distancia, pero yo no he tenido ningún problema con él, no hemos tenido ninguna discusión, ningún desencuentro. Entiendo que él ha manifestado que está distanciado, pero yo no le he hecho nunca, y ya expliqué que eso se debe a que, cuando me toca tomar decisiones en las cuales él no está de acuerdo toma esa actitud de distanciarse o decir que no es parte de mi decisión; lo cual es totalmente cierto”.

Fuente: Análisis Digital

La secretaria de Energía de Entre Ríos, Noelia Zapata, reveló que el gobierno nacional pretende dejar afuera de la desregulación que planea para el sector eléctrico a las dos hidroeléctricas binacionales, con lo cual Salto Grande no estaría en condiciones de vender directamente a las distribuidoras.

Dijo que, en el sector, no hay precisiones de los planes de la administración Milei en la materia ni han sido convocados para participar de la adecuación del Marco Regulatorio Eléctrico que habilita la Ley Bases y advirtió que la Secretaría de Energía de la Nación históricamente ha concentrado las decisiones.

En este contexto, la secretaria de Energía de Entre Ríos, Noelia Zapata, reveló que "el secretario de Energía lo manifestó en dos o tres oportunidades, que las dos centrales eléctricas binacionales no iban a ser desreguladas, no dice claramente en los artículos que yo leí, no dice claramente si las binacionales también van a ser desreguladas".

Resaltó que no abundan las precisiones sobre los planes del gobierno nacional en la materia, pero aclaró que "suponemos que eso va a ser materia de conversación y de diálogo de nuestra provincia con la Secretaría de Energía seguramente y será nuestra provincia que se sentará a analizar los temas".

Dijo que “lo que yo había leído y escuchado era que Nación a eso se lo quería guardar como de propiedad de la Nación, que no iba a liberar la comercialización de Salto Grande o de Yacyretá. Eso fue una expresión que se dio no hace mucho tiempo y lo manifestó con firmeza (el secretario de Energía de la Nación Eduardo Rodríguez) Chirillo”.

Ventajas de una compra directa

Además, agregó que “hay muchos cambios y va a haber muchísimos cambios en Energía, así que acá nosotros como entrerrianos tenemos que, y nuestro gobernador lo va a hacer sin duda, defender los intereses de los entrerrianos”.

Expresó que “por supuesto que si se comprara a Salto Grande las condiciones económicas serían muy ventajosas para la compra, porque acá uno dice desregulo el mercado, puedo vender a quien me quiera comprar y puedo comprar al que mejor esté en condiciones de venderme. Entonces la ventaja que tendríamos los entrerrianos sería en el tema del transporte, que no es lo mismo pagar transporte de una energía que viene de miles de kilómetros que la que tenemos acá al lado”.

"No es de la noche a la mañana, van a ser procesos"

Advirtió que “esto no es de la noche a la mañana. Yo quiero eso dejarlo bien claro, todos tenemos que entender que estos van a ser procesos, con puertas que se abren, con posibilidades que se abren, pero van a ser procesos, no es todo de la noche a la mañana, van a haber muchísimos cambios, tenemos también que todos entender que la energía nos cuesta mucho, nos va a seguir costando mucho y producir energía tiene su costo”, remarcó.

Agregó que “el estar desregulado va a permitir que pueda entrar en vigencia la competencia, pero no olvidemos que producir energía tiene su costo” y afirmó que “los años anteriores, la energía no estaba al valor que correspondía y eso hace que nos duela a todos el aumento, al que produce, a la familia”. 

Fuente: Oíd Mortales Radio

El miércoles por la mañana, el presidente Javier Milei sacó un decreto de urgencia mediante el cual creó tres puestos en el directorio de la Comisión Técnica Mixta (CTM) de Salto Grande destinados para Entre Ríos. El objetivo es garantizar el voto del senador peronista Edgardo Kueider.

En este contexto, el delegado argentino en la (CTM) afirmó que lo negociado por el senador entrerriano ya existe y que el Presidente no otorgó nada nuevo a Entre Ríos en ese acuerdo.

“Me llama la atención que se diga que se acordó eso, porque eso ya existe y está en la Ley 29.954 que aprobamos en el año 98. Yo me imagino que esto debe ser o un error o una falsa información y que esto no tiene nada que ver con el acuerdo de Kueider. Además, sería absurdo”, sostuvo Maya en declaraciones a Ahora ElDía.

“Están manoseando tanto la situación de Salto Grande que al final Salto Grande se ha convertido en un pulmón para otros lugares y no para el desarrollo entrerriano”, agregó.

Efectivamente como afirmó Maya, la Ley 29.954 de “Aprovechamiento hidroeléctrico de Salto Grande” del año 1998 dispone en el punto 4º del ACTA ACUERDO ENTRE LA NACION Y LAS PROVINCIAS DE ENTRE RIOS Y CORRIENTES POR SALTO GRANDE que “El Poder Ejecutivo de la Provincia de Entre Ríos, propondrá al Poder Ejecutivo Nacional, tres (3) personas para ser designadas Delegados Nacionales ante la Comisión Técnica Mixta Salto Grande (CTM) conforme a las disposiciones legales vigentes”.

Por último, Maya volvió a protestar debido a la actitud del Gobierno nacional a la hora de no aceptar su renuncia como delegado de la CTM: “Llevo tres veces renunciado y no me aceptan la renuncia. Es insólito eso, Héctor. Casi que están limitando mis derechos porque me citan con la Cancillería para votar, para no dejar en inferioridad de condiciones la Argentina. Es un desgaste que me resulta insoportable, indigno y molesto”, concluyó.

Javier Milei sacó un decreto de urgencia que le da el control de Salto Grande a la provincia de Entre Ríos para garantizar el voto del peronista Edgardo Kueider y abrió un foco de tensión con Misiones y las provincias patagónicas.Por medio del decreto que se conoce mientras se vota la ley bases, el presidente creó tres puestos en el directorio de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande.Milei accedió entonces a que el gobernador entrerriano se reparta los puestos con el senador, que es opositor en la provincia pero jugó en tándem para facilitar la aprobación de la ley.Frigerio pondría a su cuñado como presidente de la comisión de Salto Grande y Kueider pondría a los otros dos directores.Las provincias de Neuquén, Rio Negro, Chubut pedían lo mismo para las represas del sur, mientras que Misiones y Corrientes no lograron lo mismo para Yaciretá. Estas provincias, que tienen la llave para la aprobación de la ley este miércoles, ahora piden el mismo tratamiento antes de votar. Fuente: La Política Online

A partir de ayer a la tarde comenzó a bajar el nivel del río Uruguay en Concordia y Salto, pues la actual creciente se encuentra en su fase final. Para hoy y los siguientes días este descenso será a mayor ritmo. Se prevé que en pocas jornadas se ubique por debajo del nivel de evacuación.

A medida que el río vuelva a su cauce, se podrá normalizar las actividades en las zonas liberadas; siguiendo las pautas que establezcan las autoridades locales.

Aguas arriba de la represa, el nivel del embalse ya está descendiendo, y continuará esa tendencia hasta alcanzar niveles más habituales hoy.

La reducción del nivel del río también será evidente la próxima semana en las localidades ubicadas más al sur.

Se recomienda mantenerse informado a través del comunicado diario oficial de Salto Grande; el mismo se actualiza todos los días aproximadamente a las 13:30 horas, tanto en la web del organismo (www.saltogrande.org) como en la App de Salto Grande. O consultar con las respectivas Prefecturas Nacionales o autoridades locales, con quienes Salto Grande está en contacto permanente.

Continúa en alza el río Uruguay y en las últimas horas de este martes desde el Área de Hidrología de la Represa de Salto Grande emitieron un nuevo parte de prensa en el que destacaron que el nivel sobre el puerto de Concordia no superaría los 12,20 metros hasta este miércoles. En la tarde de este martes el río estaba en 11,97 metros.

En los días posteriores, el nivel podría continuar incrementándose, sin que puedan descartarse valores cercanos a los 12,80 metros hacia el fin de semana. En cuanto al nivel del embalse hasta la hora 8 de este martes se encontraba en 31,28 metros, pero que con el transcurso del día tenderá a 31. En tanto que los vertederos permanecerán abiertos. En las localidades más al sur del complejo hidroeléctrico, tales como Colón, Paysandú, Concepción del Uruguay, el nivel del río puede verse incrementado por el viento sur, que el miércoles soplará con fuerza.

Por su parte, el río Gualeguaychú se mantiene en 3,16 metros en el Puerto Local, y según los especialistas la situación podría complicarse en la ciudad en caso de que se levante sudestada.

El río Uruguay tendrá un marcado ascenso la semana próxima

De acuerdo al último reporte por parte del Centro de Operaciones de Emergencias se han evacuado un total de 12 familias, de las cuáles 11 de ellas, integradas por 20 mayores y 14 menores, fueron trasladadas a domicilios particulares. La restante familia, integrada por dos adultos, fue alojada en el Centro de Evacuados “El Refugio”, de barrio Carretera La Cruz. El total de personas evacuadas hasta el momento es de 36.

Destacaron que el pico de la creciente actualmente se encuentra entre las localidades de Garrucho y Santo Tomé, en la provincia de Corrientes, donde las condiciones meteorológicas han sido favorables en las últimas horas, quedando claro que las mismas pueden variar.

Por otra parte se solicitó a las familias que están en zonas que se pueden ver inundadas en las próximas horas, que vayan tomando los recaudos necesarios para que en el caso de ser evacuadas, dicha acción se realice sin el agua en el interior de las viviendas, de manera preventiva, para cuidado de la integridad física y de los bienes.

Por otra parte, en las zonas más complicadas, se superaron los niveles de alerta, incluso aproximándose a los de evacuación en varias secciones. El pico se presenta en Chapecó (estado de Santa Catarina, Brasil), con un caudal de 20K m³/s, mientras que un aumento significativo tiene lugar en el tramo San Javier (provincia de Misiones) - Monte Caseros (Corrientes).

El tiempo de retorno de este fenómeno se estima entre seis y 15 días, lo que indica la gravedad de la situación actual. Ante esto, el Gobierno de Entre Ríos destaca la importancia del monitoreo constante llevado a cabo por la Dirección de Hidráulica y Obras Sanitarias, en coordinación con el Ministerio de Planeamiento, Infraestructura y Servicios (MPIyS).

La Red Hidrológica y Pluviométrica de Entre Ríos, que cuenta con 198 pluviómetros atendidos por la Policía provincial, proporciona informes diarios y mensuales sobre las precipitaciones en el territorio, permitiendo una vigilancia precisa de la situación.

El director general de Hidráulica y Obras Sanitarias, Oscar Pintos, hizo un llamado a la población para que "esté atenta a las recomendaciones de las autoridades locales, especialmente ante la persistencia de las lluvias y las proyecciones de nuevos pulsos de crecida".

"En esta situación de emergencia hidrológica, la prioridad absoluta es la seguridad y el bienestar de los ciudadanos y residentes de las áreas afectadas. Se insta a la población a mantenerse informada y seguir las indicaciones de las autoridades para garantizar una respuesta efectiva y coordinada ante esta situación", se destacó.