La iniciativa busca dejar atrás un esquema normativo fragmentado y adaptarlo a una realidad que cambió con la incorporación de las plataformas digitales. El objetivo es establecer reglas claras para todas las modalidades, con la seguridad de pasajeros y conductores, la protección de los usuarios y la transparencia como ejes centrales.

Los concejales Maximiliano Lesik y Micaela Rodríguez presentaron hoy un proyecto de ordenanza que propone actualizar y unificar el marco normativo aplicable al transporte individual de pasajeros dentro del ejido municipal de Gualeguaychú. La iniciativa contempla en un mismo régimen a taxis, remises y servicios contratados mediante plataformas electrónicas o aplicaciones digitales, frente a las transformaciones tecnológicas que modificaron sustancialmente las formas de solicitar, contratar, abonar y calificar estos servicios.

El proyecto parte de una premisa concreta: la utilización de una nueva tecnología para contratar un viaje no puede significar que desaparezcan las responsabilidades ni los controles sobre quienes prestan el servicio, los vehículos utilizados y las condiciones en las que viajan los pasajeros. Por eso, propone un marco integral, moderno y tecnológicamente neutral, que permita incorporar innovación sin resignar las responsabilidades municipales en materia de seguridad vial, transporte y defensa de los usuarios.

Entre sus principios centrales se encuentran la seguridad de pasajeros y conductores, la legalidad y habilitación municipal, la identificación y trazabilidad de los viajes, la transparencia en la contratación y determinación del precio y la protección de los usuarios, además de la accesibilidad, inclusión y protección de los datos personales. La propuesta establece así un piso mínimo común de seguridad y calidad para todas las modalidades, sin desconocer las características particulares de taxis, remises y servicios contratados mediante plataformas.

En este sentido, la iniciativa también apunta a ordenar las condiciones en las que se desarrolla la actividad, estableciendo requisitos para titulares, conductores, vehículos, agencias y empresas de plataformas. La habilitación municipal, los seguros, las inspecciones, la capacitación y la identificación de quienes prestan el servicio forman parte de los requisitos comunes previstos por el proyecto.

Para los usuarios, el proyecto incorpora derechos concretos: recibir un servicio seguro, conocer previamente la tarifa o precio estimado, identificar al vehículo y al conductor, recibir un comprobante del viaje, viajar en condiciones adecuadas de higiene y seguridad y contar con mecanismos para formular reclamos y denuncias. En el caso de las plataformas, además, se establece que deberán informar antes del inicio del viaje datos como la identificación del conductor, vehículo, dominio, precio estimado o tarifa aplicable y medio para realizar reclamos.

Otro de los puntos centrales es la creación de un Registro Único Municipal de Transporte Individual de Pasajeros, que integrará información sobre titulares, vehículos, conductores, agencias, plataformas, licencias y habilitaciones. La herramienta busca fortalecer la trazabilidad y los controles, permitiendo determinar quién es el titular de cada vehículo, quién conduce, qué licencia posee y bajo qué modalidad presta el servicio.

De esta manera, Lesik y Rodríguez plantean una actualización normativa que no busca regular una tecnología determinada, sino establecer reglas para una actividad que debe garantizar condiciones de seguridad, transparencia y protección independientemente del medio utilizado para contratarla. El proyecto propone así unificar criterios y generar un marco común para una actividad que ocupa un lugar relevante en la movilidad urbana y en la vida cotidiana de los vecinos.