La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo dejó sin efecto la medida cautelar interpuesta por la CGT que había suspendido la aplicación de más de 80 artículos de la reforma laboral. Así, la ley vuelve a entrar en vigencia y trae cambios en aspectos centrales, como las vacaciones, indemnizaciones y el banco de horas.

El nuevo marco regulatorio incorpora modificaciones en los costos laborales, suma instrumentos para administrar la jornada laboral y actualiza los procedimientos de resolución de conflictos judiciales.

Respecto al banco de horas, la iniciativa autoriza que empleadores y trabajadores pacten por escrito la compensación de horas extraordinarias, bajo registro y dentro de límites definidos.

Los acuerdos pueden contemplar el uso de horas extra, banco de horas o francos compensatorios, y deben ajustarse a los descansos mínimos legales de 12 horas para resguardar la salud del trabajador.

Estos acuerdos también pueden formalizarse con intervención sindical. El esquema permite alternar jornadas más prolongadas con otras más cortas, siempre que no se superen los topes semanales legales o los fijados por convenio colectivo.

Respecto a las vacaciones, se conserva el período habitual de otorgamiento entre octubre y abril, aunque las partes pueden acordar su disfrute fuera de ese lapso. Además, la normativa permite fraccionar las vacaciones en segmentos de al menos siete días consecutivos.

Al mismo tiempo, si se organizan de forma no simultánea en diferentes sectores o grupos de una empresa, el empleador debe garantizar que cada empleado disfrute de su licencia en temporada de verano al menos una vez cada tres años.

La ley redefine la base de cálculo de las indemnizaciones por despido sin causa, limitándola a la remuneración mensual, normal y habitual. Se excluyen del cálculo los pagos no mensuales, como el sueldo anual complementario y las vacaciones.

Además, la indemnización se establece como la única compensación por despido y se implementa un nuevo mecanismo de actualización de créditos laborales, que se ajustarán según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) más un 3% anual.

La norma incorpora el Fondo de Asistencia Laboral (FAL) como complemento al régimen tradicional, destinado a cubrir los costos de las desvinculaciones. El fondo se financiará con aportes mensuales obligatorios de los empleadores.

También se permite que los convenios colectivos creen fondos de cese laboral bajo un sistema de capitalización individual. En este esquema, el empleador realiza aportes mensuales y el trabajador recibe el monto acumulado al finalizar la relación laboral, en sustitución de la indemnización tradicional. Esta alternativa debe definirse en paritarias y no puede afectar derechos adquiridos.

Asimismo, la ley incorpora cambios en la ejecución de sentencias judiciales laborales. Las grandes empresas podrán cancelar condenas firmes en hasta seis cuotas mensuales consecutivas, mientras que las micro, pequeñas y medianas empresas, así como los empleadores individuales, dispondrán de un plazo de hasta doce cuotas mensuales.

Período de prueba extendido

El período de prueba se amplía a seis meses para la mayoría de los trabajadores. En empresas de hasta cinco empleados puede alcanzar los ocho meses. Durante este lapso, la relación laboral puede finalizarse sin indemnización, aunque el empleador debe registrar el vínculo y cumplir con los aportes desde el inicio.

Eliminación de multas por trabajo no registrado

Desaparecen las sanciones de la Ley 24.013 por empleo no registrado o registrado de forma incorrecta. En su lugar, se crea un sistema de incentivos: quienes regularicen trabajadores quedarán exentos de multas, pero deberán abonar las diferencias salariales y previsionales.

Registro digital y pago bancario

El registro laboral ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) será suficiente. Los libros laborales podrán digitalizarse y deberán conservarse durante diez años. El pago de salarios será exclusivamente bancario o a través de entidades oficiales.

Fuente: Infobae

La Justicia del trabajo suspendió la aplicación del artículo 101 de la reforma laboral que declaró a la educación como servicio esencial y, por lo tanto, los sindicatos del sector están obligados a mantener un 75% de prestación normal de la actividad si disponen una huelga.

El planteo judicial contra la aplicación de la ley lo hizo la Unión Docentes Argentinos (UDA), que lidera Sergio Romero, quien anunció la sentencia dictada por el titular del Juzgado Nacional del Trabajo N° 74, José Ignacio Ramonet, y afirmó a Infobae: “La Justicia nos dio la razón y nos garantizan los derechos históricos”.

“Esencial es garantizar salarios dignos y condiciones adecuadas para el proceso educativo y no restringir derechos colectivos que justamente buscan resguardar esas condiciones”, dijo el sindicalista, que además es secretario de Políticas Educativas de la CGT.

En un comunicado de prensa, el gremio informó que “la Justicia Nacional del Trabajo resolvió que la acción promovida por la UDA continúe su trámite dentro del proceso colectivo que se encuentra radicado ante el Juzgado Nacional del Trabajo N° 63, donde ya se había dictado una medida cautelar de alcance general".

“La resolución judicial dejó expresamente establecido que dicha medida cautelar resulta plenamente aplicable al caso del sector docente, manteniéndose suspendida, en esta etapa del proceso, la aplicación de la Ley 27.802 en cuanto califica a la educación como servicio esencial y exige la cobertura obligatoria del 75% del plantel durante medidas de acción sindical”, sostuvo la UDA.

De este modo -agregó-, y hasta tanto exista una decisión definitiva sobre el fondo de la cuestión, continúa resguardado el ejercicio del derecho constitucional de huelga y la plena vigencia de los principios de libertad sindical y negociación colectiva".

“Desde UDA destacamos la importancia institucional de esta decisión judicial, que preserva el equilibrio del sistema de relaciones laborales y evita que se consoliden restricciones que podrían afectar el núcleo esencial de los derechos colectivos de los trabajadores de la educación”, concluye el comunicado.

El artículo 101 de la Ley de Modernización Laboral reglamenta el derecho de huelga imponiendo servicios mínimos obligatorios (75% y 50%) en actividades consideradas “esenciales” y “trascendentales” de un amplio listado que incluye al transporte, la salud y la educación, entre otras, para evitar la paralización total de los servicios. Ya figuraba en el DNU 70 dictado por Milei apenas asumió su gobierno y luego en el decreto 340, y en ambos casos fueron suspendidos por la Justicia.

En concreto, el primer inciso del artículo, al detallar las actividades que deberán mantener el 75% de la actividad normal en caso de huelga, dice: “El cuidado de menores y educación de niveles guardería, preescolar, primario y secundario, así como la educación especial”. Fuente: APFDigital / Infobae

El Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N° 63 resolvió este lunes suspender de manera provisoria la aplicación de 83 artículos de la Ley 27.802 de Modernización laboral, a partir de una acción impulsada por la CGT contra el Estado Nacional.

Según consta en el fallo, la CGT, representada por sus cotitulares Jorge Sola, Octavio Argüello y Cristian Jerónimo, cuestionó la constitucionalidad de una amplia cantidad de artículos de la nueva ley laboral, publicada en el Boletín Oficial el 6 de marzo de 2026, en donde argumentó que los cambios introducidos afectan principios y derechos fundamentales establecidos en la Constitución Nacional y en tratados internacionales ratificados por Argentina, como el derecho a la protección laboral, la libertad sindical, la no discriminación, la tutela judicial efectiva y la progresividad de los derechos sociales.

La demanda de la CGT solicita una declaración de inconstitucionalidad para artículos que modifican leyes históricas del trabajo en Argentina, entre ellas la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744 y diversas normas vinculadas con jornadas, vacaciones, representación sindical, negociación colectiva y estatutos sindicales. Entre los puntos objetados se encuentran la reducción del ámbito de la Ley de Contrato de Trabajo, nuevas regulaciones para las plataformas tecnológicas, la limitación de responsabilidad solidaria de empleadores, la eliminación del principio “in dubio pro operario”, cambios en estatutos de huelga y representatividad sindical, así como la derogación de la ley de teletrabajo (N° 27.555).

El Gobierno consiguió un éxito político con la sanción de la reforma laboral (Foto: Tomás Cuesta/AFP)

El Estado Nacional, representado por la Secretaría de Trabajo, así como por la Procuración del Tesoro de la Nación, respondió al planteo oponiendo una serie de cuestionamientos formales y sustanciales.

Entre los argumentos presentados por el Estado figuran la falta de legitimación activa de la CGT para representar a todos los trabajadores de manera directa, la inexistencia de un “caso o controversia” concreta respecto a los derechos invocados y la defensa de la presunción de legitimidad de la actividad legislativa, señalando que la suspensión provisional de una ley afecta el interés público y la división de poderes establecida por la Constitución.

El tribunal consideró que la acción cumple con los requisitos procesales necesarios para habilitar una “acción declarativa” prevista en el artículo 322 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, y reconoció la legitimación colectiva de la CGT para representar los intereses involucrados, de acuerdo con la jurisprudencia y las regulaciones vigentes.

Los cotitulares de la CGT Octavio Argüello, Jorge Sola y Cristian Jerónimo

Asimismo, examinó el alcance de la vía cautelar y determinó que en este contexto corresponde dictar una medida innovativa que mantenga el “status quo” con el fin de evitar eventuales daños irreparables hasta tanto se resuelva el fondo de la cuestión.

En el análisis de los artículos impugnados, el tribunal puntualizó que las objeciones planteadas refieren, entre otros aspectos, a la exclusión de trabajadores de plataformas tecnológicas de la protección general, la eliminación de la presunción de relación laboral por prestación de servicios, la reducción de garantías en casos de tercerización, la flexibilización en materia de jornada y vacaciones, la restricción de atribuciones sindicales, la modificación de mecanismos de extinción y cálculo indemnizatorio, así como la creación de nuevos fondos de asistencia laboral que, según la parte actora, podrían afectar la financiación de la seguridad social.

En relación al peligro en la demora para justificar la medida, el juez indicó que la posible aplicación de las normas atacadas, antes de que una sentencia definitiva determine su validez constitucional, podría causar “daños irreparables” a los derechos individuales y colectivos protegidos por la norma anterior. Además, destacó que la suspensión cautelar es de carácter provisional y no afecta el debate de fondo, señalando que “la suspensión urgente de los efectos de las normas atacadas brindará mayor seguridad jurídica para todas las personas e instituciones involucradas”.

La CGT se movilizó hacia el Palacio de Tribunales para acompañar su impugnación contra la reforma laboral

El Estado Nacional también sostuvo que las reformas legislativas obedecen a una política pública dirigida a la inserción internacional, la atracción de inversiones y el fomento del empleo formal, pero el tribunal consideró que tales argumentos corresponden a debates de índole política que exceden la jurisdicción y concluyó que el análisis judicial deberá centrarse en la compatibilidad constitucional de la nueva legislación.

De acuerdo con lo dispuesto, la suspensión alcanza una serie de artículos detallados en la resolución judicial, los cuales incluyen modificaciones al ámbito de aplicación, condiciones salariales, protección ante despidos, nuevos marcos para jornadas laborales, licencias y protección sindical, así como la derogación de la ley de teletrabajo y otros estatutos sectoriales. Además, la medida es aplicable a todos los trabajadores y empleadores cuyas relaciones estén regidas por la Ley de Contrato de Trabajo y legislaciones complementarias.

El secretario adjunto de la CGT, Andrés Rodríguez (UPCN), afirmó que el fallo es “algo grato para el movimiento obrero ya que la justicia laboral declaró muchos artículos, incluso más de los que habíamos presentado nosotros, como inconstitucionales”.

Andrés Rodríguez: "El fallo es un gran paso adelante"

“Ahora tiene que tramitarse la cuestión de fondo -agregó-, pero de cualquier manera es un gran paso adelante, como decíamos y sosteníamos en el movimiento obrero, que toda esta seudo-modernización laboral claramente no responde a los derechos constitucionales y vulnera muchísimos derechos individuales y colectivos de los trabajadores”.

Por su parte, el secretario de Interior de la CGT, Héctor Daer (Sanidad), publicó en su cuenta de X: “Celebramos que la Justicia Nacional del Trabajo haya puesto un límite constitucional a la Reforma Laboral. El dictado de la medida cautelar permite analizar el derecho de fondo mientras se preserva la paz social. Los trabajadores y trabajadoras deben gozar de la protección de las leyes: la progresividad de los derechos sociales y laborales es la razón última del desarrollo económico de las naciones. Fuerza, compañeros".

El viernes pasado, el Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo N° 2 de San Martín ordenó la suspensión provisional de los artículos 131 y 133 de la Ley 27.802 de Modernización Laboral en el ámbito de los convenios colectivos del sector de comercio y servicios, luego de una acción presentada por el Sindicato de Empleados de Comercio de San Martín.

Armando Cavalieri, titular del Sindicato de Comercio, logró un fallo que suspendió la reforma laboral en sus convenios

La medida cautelar alcanza al Convenio Colectivo de Trabajo N° 130/75, además de otros convenios suscriptos por la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS), como el CCT 781/20 y el CCT 547/08. En consecuencia, el Estado Nacional deberá abstenerse de aplicar las disposiciones cuestionadas hasta que exista una sentencia definitiva.

El sindicato había solicitado la declaración de inconstitucionalidad —o, en su defecto, la inaplicabilidad— de esas normas, argumentando que introducen modificaciones en el régimen de ultraactividad de los convenios y establecen límites a las cuotas solidarias de los sindicatos. (Infobae)

Luego de que el Gobierno cerrara el período de sesiones extraordinarias en el Congreso de la Nación con la aprobación de la reforma laboral, este viernes se promulgó la denominada Ley de Modernización Laboral. Después de una semana puliendo detalles, la medida fue publicada en el Boletín Oficial.

La norma, que fue registrada como Ley Nº 27.802, comenzó a regir esta madrugada, apenas se emitió el Decreto 137/2026, que contó con las firmas del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.

“En uso de las facultades conferidas por el artículo 78 de la Constitución Nacional, promúlgase la Ley Nº 27.802 sancionada por el H. Congreso de la Nación en su sesión del día 27 de febrero de 2026″, dictaminaron al ordenar que la medida también quede asentada en la Dirección Nacional del Registro Oficial.

De la misma manera, los detalles de la Ley de Modernización Laboral quedaron disponibles en el sitio oficial del Boletín Oficial. La norma fue publicada con un total de 25 capítulos luego de que fuera sometida a una serie de revisiones que resultaron en la eliminación de los artículos que planteaban una modificación en el régimen de licencias médicas.

En este sentido, la mayor cantidad de cambios se daría en materia de indemnizaciones, salario, vacaciones, duración de la jornada laboral, los derechos colectivos y el funcionamiento de los sindicatos. Además, se incluirán beneficios para formalizar empleo y un régimen para inversiones medias.

Indemnizaciones y salario

A partir de la modificación del sistema de indemnizaciones por despido, se introdujo una batería de modificaciones en la legislación laboral, con el propósito de abaratar los despidos y garantizar el pago de indemnizaciones. Este nuevo esquema excluyó del cálculo conceptos como vacaciones, aguinaldo, propinas y premios, a la vez que estableció un piso mínimo y un máximo.

El rediseño del régimen estableció que la indemnización por despido no podrá superar el equivalente a tres veces el salario promedio mensual fijado en cada convenio colectivo de la actividad correspondiente. Para el mínimo, fijó un piso del 67% de la remuneración habitual. Si la aplicación del tope convencional reduce la base salarial a una cifra inferior, dicha reducción no podrá superar el 33%.

Otra de las modificaciones prevé que las grandes empresas puedan abonar las sumas derivadas de sentencias de despidos en hasta seis cuotas mensuales, mientras que las pymes contarán con la posibilidad de extenderse hasta 12 cuotas. Además, se incorporó un esquema de actualización de las indemnizaciones judiciales solo por inflación, con un adicional del 3% anual.

También se crearán los Fondos de Asistencia Laboral (FAL), financiados de manera obligatoria con el 1% de las contribuciones patronales en el caso de grandes empresas y el 2,5% para pymes. Estos fondos garantizarán el pago de las indemnizaciones a través de cuentas inembargables, bajo control directo de la Comisión Nacional de Valores.

Respecto a los salarios, la reforma incorporó el “salario dinámico”, que puede ser pactado en los convenios colectivos y que ata la remuneración al rendimiento o mérito individual. Asimismo, se estableció que el pago deberá realizarse exclusivamente por vía bancaria.

Vacaciones y jornada laboral

En materia de vacaciones, la nueva norma sostiene la obligatoriedad de otorgarlas entre el 1 de octubre y el 30 de abril. No obstante, permite que ambas partes acuerden su fraccionamiento, siempre y cuando el período no sea inferior a siete días corridos.

Por otro lado, se habilitó la extensión del horario de jornada laboral diaria de hasta 12 horas, a condición de que exista acuerdo voluntario en esquemas flexibles como bancos de horas y se garantice un descanso de al menos 12 horas entre turnos. Además, incorporó la posibilidad de contratar trabajadores a tiempo parcial por debajo de la jornada legal completa.

Derechos colectivos y sindicatos

El sistema prevé que la cuota solidaria sindical seguirá siendo deducida por los empleadores, aunque ahora con un tope del 2% del salario mensual. No obstante, en el plano de la negociación colectiva, la reforma otorgará prioridad a los acuerdos de empresa o regionales sobre los convenios por rama. Además, debilita la vigencia automática —la llamada “ultraactividad”— de las obligaciones que persistían más allá de la validez formal de los convenios.

El derecho de huelga quedará restringido en los servicios esenciales (salud, distribución de agua potable, telecomunicaciones, aeronáutica comercial, control portuario, entre otros) y deberá asegurarse un mínimo del 75% de la dotación de personal en actividad.

En el caso de los denominados servicios de importancia “trascendental”, como el transporte de pasajeros y cargas, medios de comunicación, industrias siderúrgica, química, cementera, alimenticia, construcción, aeropuertos y minería, entre otros, deberá garantizarse el funcionamiento al 50%.

Para la realización de asambleas de trabajadores que puedan afectar el funcionamiento de la empresa, se demandará una autorización previa del empleador.

Beneficios para formalizar empleos y el régimen de inversiones medias

La reforma introdujo el Programa de Promoción del Empleo Registrado y establece un mecanismo de blanqueo laboral, permitiendo la condonación de hasta el 70% de las deudas por aportes y sanciones para quienes regularicen su situación.

En paralelo, se agregará el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral, que reduce las contribuciones patronales al 8% anual y asigna una reducción aún mayor para quienes contraten a personal previamente no registrado antes del 10 de diciembre de 2025, así como a ex monotributistas o extrabajadores públicos.

Por último, las medianas inversiones tendrán un tratamiento diferencial, ya que contarán con amortización acelerada en el Impuesto a las Ganancias y la devolución anticipada de IVA. Este régimen regirá por dos años y estará disponible para empresas que inviertan entre USD 150.000 y USD 9 millones en bienes muebles nuevos o en obras productivas, con la excepción de automóviles.

En busca de reducir la litigiosidad, la iniciativa determinó que los acuerdos laborales homologados judicialmente tendrán fuerza de sentencia firme y que los honorarios profesionales no podrán superar el 25% del monto reclamado. Finalmente, se ordenó que la Justicia Nacional del Trabajo realice un traspaso progresivo a la órbita judicial de la ciudad de Buenos Aires o Federal.

Fuente: Infobae

La reforma laboral impulsada por el Poder Ejecutivo fue aprobada por el Congreso y se convirtió en ley, luego de un intenso debate legislativo en el Senado de la Nación. La norma redefine distintos aspectos del vínculo entre empleadores y trabajadores del sector privado, con modificaciones en la registración, la organización del tiempo de trabajo, el régimen indemnizatorio y los aportes previstos en convenios colectivos.

El nuevo marco regulatorio combina ajustes en los costos laborales, herramientas para la gestión de la jornada y cambios en los mecanismos de resolución de conflictos judiciales, además de incentivos orientados a la formalización y a la inversión.

Registro laboral digital y pago de salarios

Uno de los cambios operativos más relevantes está vinculado a la registración laboral. La ley establece que el registro ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) será suficiente para acreditar la relación laboral, sin exigir trámites adicionales ante otros organismos. Además, habilita la digitalización de los libros laborales, que tendrán plena validez legal y deberán conservarse durante un plazo de diez años.

En materia de remuneraciones, la norma ratifica que el pago de salarios deberá realizarse exclusivamente a través de entidades bancarias o instituciones oficiales de ahorro. El texto excluye de manera expresa la posibilidad de utilizar billeteras virtuales para el pago de haberes.

Banco de horas y nuevas reglas para las vacaciones

La ley introduce cambios en la organización del tiempo de trabajo. Se habilita la creación de un banco de horas mediante acuerdos escritos entre empleadores y trabajadores, que permitirá compensar horas extraordinarias con descansos, siempre dentro de los límites legales vigentes en materia de jornada y pausas obligatorias.

En cuanto a las vacaciones, se mantiene el período general de otorgamiento entre octubre y abril. Sin embargo, se habilita a las partes a pactar su goce fuera de ese intervalo. También se permite el fraccionamiento del período vacacional en tramos de al menos siete días consecutivos.

Cambios en los aportes sindicales y patronales

La reforma introduce límites a los aportes previstos en las convenciones colectivas. Los aportes patronales a cámaras o asociaciones empresarias no podrán superar el 0,5% de las remuneraciones y pasarán a ser voluntarios a partir de enero de 2028.

En el caso de las asociaciones de trabajadores, los aportes, tanto para afiliados como para no afiliados, no podrán exceder el 2%. Se mantiene el aporte del 6% con destino a las obras sociales. Además, se eliminó el artículo que permitía a los empleadores actuar como agentes de retención de cuotas de afiliación sin conformidad expresa del trabajador.

Período de prueba más extenso

Otro punto central de la ley es la ampliación del período de prueba. El plazo general se extiende a seis meses. Para las empresas que cuenten con hasta cinco empleados, el período podrá alcanzar los ocho meses.

Durante ese lapso, la relación laboral podrá extinguirse sin derecho a indemnización por antigüedad. No obstante, el empleador deberá registrar al trabajador desde el inicio del vínculo y cumplir con todas las obligaciones previsionales y de seguridad social.

Eliminación de multas por falta de registro

En materia de formalización, la norma elimina las multas previstas en la Ley 24.013 para los casos de trabajo no registrado o registración deficiente. En reemplazo de ese esquema, se establece un régimen de incentivos a la regularización.

Los empleadores que blanqueen personal no deberán abonar sanciones, aunque sí estarán obligados a pagar las diferencias salariales y previsionales adeudadas correspondientes al período no registrado.

Nuevo esquema indemnizatorio

La ley modifica la base de cálculo de las indemnizaciones por despido sin causa. A partir de su vigencia, solo se considerará la remuneración mensual, normal y habitual. Quedan excluidos de ese cálculo los conceptos de pago no mensual, como el sueldo anual complementario y las vacaciones.

El texto también establece que la indemnización será la única reparación derivada del despido y fija un nuevo sistema de actualización de los créditos laborales, que se ajustarán por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) más un 3% anual.

Fondo de Asistencia Laboral y fondos de cese

Como complemento al esquema tradicional, la norma crea el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), destinado a cubrir los costos de las desvinculaciones. Este fondo se financiará mediante aportes mensuales obligatorios de los empleadores. Las grandes empresas deberán aportar el 1% de las remuneraciones, mientras que las micro, pequeñas y medianas empresas lo harán con una contribución del 2,5%. El Poder Ejecutivo podrá incrementar esos porcentajes hasta el 1,5% y el 3%, respectivamente, con aval de la Comisión Bicameral.

Además, se habilita a los convenios colectivos a establecer fondos de cese laboral bajo un sistema de capitalización individual. En estos casos, el empleador realizará aportes mensuales y el trabajador percibirá el monto acumulado al finalizar la relación laboral, en reemplazo de la indemnización tradicional. Esta modalidad deberá acordarse en paritarias y no podrá implicar una quita de derechos adquiridos.

Reducción de cargas sociales e incentivos a la inversión

La reforma también incluye cambios en las contribuciones patronales destinadas a la Seguridad Social. Para las grandes empresas, la reducción será de un punto porcentual, mientras que para las MiPyMEs alcanzará los 2,5 puntos. Estos beneficios podrán ampliarse hasta el 1,5% y el 3%, respectivamente, con aprobación legislativa.

En ese marco, se crea el Régimen de Incentivo para la Modernización e Inversión (RIMI), orientado a promover la incorporación de tecnología y la expansión empresarial, en articulación con la reducción de cargas sociales.

Pago de sentencias judiciales en cuotas

Por último, la ley introduce modificaciones en el cumplimiento de las sentencias judiciales laborales. Las empresas de mayor tamaño podrán cancelar las condenas firmes en hasta seis cuotas mensuales consecutivas. En el caso de las MiPyMEs y empleadores individuales, el plazo se extenderá hasta doce cuotas mensuales.

Con este conjunto de cambios, la reforma laboral ya convertida en ley redefine las condiciones de contratación, desvinculación y organización del trabajo en el sector privado, estableciendo un nuevo marco regulatorio que comenzará a aplicarse según lo disponga su reglamentación.

Fuente: Infobe

l filo del cierre de las sesiones extraordinarias y gracias al apoyo de casi todo el arco político de la oposición dialoguista, el oficialismo logró sancionar la controvertida reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei.

La ley fue sancionada por 42 votos a favor, 28 en contra y 2 abstenciones. Tal como ocurrió hace dos semanas, cuando el Senado trató el proyecto por primera vez, además de La Libertad Avanza apoyaron la reforma la UCR, el Pro y bloques independientes y de fuerzas provinciales. En contra votaron las diferentes expresiones en que se divide el peronismo en la Cámara alta.

Con esta votación, el oficialismo del Senado, liderado por Patricia Bullrich (Capital), pudo ofrendarle a Milei su ansiada ley a tiempo para poder exhibirla como un trofeo ante la Asamblea Legislativa del próximo domingo, ante la que el Presidente tiene previsto dar su discurso sobre el estado de la Nación en la inauguración de un nuevo período de sesiones ordinarias del Congreso.

En esta oportunidad, el Senado tuvo que decantarse entre dos posibilidades: aceptar el cambio introducido por la Cámara baja, postura sostenida por el oficialismo y sus aliados de la oposición dialoguista, o insistir con la versión que aprobó hace dos semanas atrás.

En el final del debate, Bullrich realizó una enfática defensa de la reforma laboral, asegurando que viene a crear empleo y a terminar con las rigideces de la legislación que, según su óptica, fomentan la informalidad laboral.

“Estamos discutiendo una ley que va a desmontar una de las mayores mentiras, que es la de la ley de Contrato de Trabajo, un sistema que hace que nadie contrate a nadie”, afirmó Bullrich, quien responsabilizó al peronismo porque “en nombre de los trabajadores se mandó durante años a la informalidad a millones de argentinos”.

En el inicio de la discusión, el kirchnerismo hizo un intento por hacer caer el debate, pero no tuvo éxito. El senador Mariano Recalde (Capital) pidió que el proyecto volviera a comisión a la luz de una disposición contemplada en el acuerdo Mercosur-Unión Europea que impide sancionar leyes regresivas en materia ambiental y laboral. La moción fue rechazada por 43 votos en contra y 29 a favor.

“Rechazamos esto porque afecta derechos de los trabajadores, viola articulo 14 bis de la Constitución Nacional y va a impactar negativamente en el empleo, va a precarizar el trabajo y deteriorar el salario”, denunció, a su turno, el kirchnerista Jorge Capitanich (Chaco).

El peronista pampeano Daniel Bensusán amplió el concepto y explicó que “nuestro sistema constitucional protege los derechos del trabajador con los principios de progresividad y de no regresividad, que significa que el legislador únicamente puede ampliar los derechos que ya tiene el trabajador y el Estado no tiene permitido reformar leyes que hagan retroceder derechos labores”.

Más duro aún fue el jefe de la bancada kirchnerista, José Mayans (Formosa). No conforme con insistir en su inconstitucionalidad, dijo que la reforma “es una ley gorila, hecha por gorilas para perjudicar al trabajador y a los jubilados”.

“Dicen que esta ley es a favor del trabajador. ¡Que dejen de mentir, esta ley perjudica terriblemente al trabajador!“, denunció Mayans en respuesta a los argumentos esgrimidos del oficialismo a favor de la iniciativa.

El texto llegó al Senado para su tratamiento en comisiones en la mañana del 20 de febrero, apenas ocho horas después de que la Cámara de Diputados lo aprobara en revisión introduciendo un cambio en el texto que había salido de la Cámara alta la semana anterior.

La modificación fue, en realidad, una eliminación: el oficialismo aceptó quitar el polémico artículo 44 que modificaba el régimen de licencias médicas, aplicando descuentos en los salarios de los trabajadores según si la enfermedad o la dolencia declarada fuera involuntaria o producto de una actividad extracurricular del empleado.

La controvertida cláusula no estaba en el texto original que envió el Poder Ejecutivo en diciembre último, sino que apareció a último momento, antes de que comenzara la sesión en el Senado del 12 de febrero. Hasta el día de hoy nadie sabe a ciencia cierta quién lo impulsó. Lo cierto es que, como consecuencia de la polémica que generó, el oficialismo aceptó eliminarla en la Cámara baja.

En sus más de 200 artículos, la norma introduce profundos cambios en la legislación laboral, en la relación entre empleado y empleador y hasta en materia fiscal, ya que contempla la reducción de aportes patronales como parte de los beneficios para incentivar la registración de los trabajadores.

Además, tiene un todo un capítulo dedicado a la justicia laboral. Por lo pronto, traspasa el fuero laboral nacional al ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, al ratificar el convenio sellado entre el Poder Ejecutivo y la administración de Jorge Macri. Pero también impone límites a las costas procesales y a los métodos de actualización como forma de desalentar los litigios judiciales por despido o accidentes.

En el tema de la litigiosidad puso énfasis el libertario Juan Cruz Godoy (Chaco), quien señaló que “el empleo formal privado se mantiene constante desde 2012″ y lo contrastó con “los juicios laborales (que) crecieron, de 2010 a 2024, en un 135%”. “Estamos ante un sistema que creó más litigios que empleo formal”, remató.

Las indemnizaciones se actualizarán por inflación más un plus del 3% anual y permite la cancelación de sentencias hasta en 6 cuotas mensuales consecutivas si se trata de grandes empresas. El plan de pagos puede llegar a las 12 cuotas para las pymes.

El texto también reduce las indemnizaciones al acotar la base de cálculo, eliminando la consideración de las vacaciones, propinas, bonos o aguinaldo. Además, establece un tope que no podrá superar tres veces el salario promedio mensual según el convenio colectivo aplicable a la categoría del trabajador.

Otro de los temas más cuestionados de la reforma laboral es la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), en el que las empresas realizarán aportes mensuales que serán del 1% para las grandes empresas y del 2,5% para las pymes. Serán una suerte de reedición de las administradoras de jubilaciones y pensiones, ya que se crearán cuentas inembargables para la cancelación del cese laboral de un empleado que serán manejadas por la Comisión Nacional de Valores.

“Esto es lo que está escondido en la modernización laboral: un curro como el FAL, que va a ir a financia a los amigos del Presidente”, denunció la kirchnerista Ana Marks (Río Negro), quien dijo que con lo que se recaudará de los aportes que se desviarán para esos fondos “podríamos financiar a todas las universidades o pagar 10 millones de jubilaciones anuales”.

La reforma introduce severos cambios en las condiciones laborales. Flexibiliza la jornada laboral, permitiendo turnos de hasta 12 horas con igual plazo para descanso obligatorio antes de retomar las tareas y se crea el banco de horas extra, por el que el trabajador podrá acordar con su empleador la posibilidad de compensarlas con días libres. En la misma línea, se podrá negociar la fragmentación de las vacaciones.

Otro capítulo que mereció críticas fue el de la derogación de una serie de estatutos profesionales que fueron sancionados por ley en su momento. En la lista se encuentran los marcos laborales de peluqueros, periodistas, viajantes de comercio y operadores de radio y telegrafistas.

Fuente: La Nación

A partir de las 11 horas, el Senado se dispuso a celebrar la última sesión del período de extraordinarias con el objetivo de sancionar dos iniciativas centrales para el gobierno: la reforma laboral y el nuevo Régimen Penal Juvenil, que baja la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. 

En el bloque de La Libertad Avanza que comanda Patricia Bullrich está la certeza de que no habrá votaciones negativas para el oficialismo, mientras que en el Gobierno monitorean el operativo de seguridad en las inmediaciones del Palacio del Congreso por posibles focos de tensión.

La confianza en el oficialismo es tal que a diferencia de ayer, el Gobierno mantendrá un operativo de coordinación política mucho más relajado, limitándose a estar atentos a que ninguna de las adhesiones previstas se voltee y comprometa el Régimen Penal Juvenil. Por el contario, en la sesión que hubo ayer se debieron desplegar más esfuerzos para asegurar la media sanción de la modificación de la Ley de Glaciares. Finalmente, la votación fue de 40 votos afirmativos y 31 negativos.

Así las cosas, una parte de la mesa política estará en el Palacio del Congreso para asistir ante cualquier interrogante. Se prevé que esté por el edificio el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y es una posibilidad que la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, repita lo que hizo en la votación nocturna de ayer y se apersone en el palco del recinto senatorial. Además de ellos dos, también estuvieron presentes el secretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem, y el ministro del Interior, Diego Santilli.

Todavía está la incógnita si el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, irá para el momento de la última votación de las sesiones extraordinarias. Por lo pronto, ahora mismo se encuentra rumbo a la provincia de Santa Fe para la inauguración de una planta de la compañía Louis Dreyfus Company (LDC).

El estado de situación es el siguiente. Por un lado, la reforma laboral ya pasó por el Senado en la media sanción de hace dos semanas. Su vuelta a la Cámara alta responde a la eliminación del polémico artículo 44 -que modificaba el esquema de licencias médicas- que se realizó en la Cámara de Diputados. Los legisladores ahora solo podrán votar por la insistencia por el primer proyecto aprobado o el segundo, y es un hecho que sucederá esto último. “Estamos muy relajados en ese sentido porque sabemos que tenemos los votos”, afirmaron.

Entre los aspectos destacados de la reforma se encuentra la modificación en el cálculo de indemnizaciones, la creación del Fondo de Atención Laboral (FAL) para despidos, la instauración del banco de horas en reemplazo de horas extras, la flexibilización para la asignación de las vacaciones y la derogación de estatutos y convenios especiales, incluyendo el de periodistas.

El bloque oficialista, que suma 21 senadores, contaría con el respaldo de la UCR, el PRO y partidos provinciales, por lo que se espera un apoyo de alrededor de 46 votos, replicando la mayoría lograda en el primer tratamiento de la propuesta. En la sesión anterior, el proyecto obtuvo 42 votos a favor en la Cámara alta, mientras que el rechazo vendría de 30 legisladores peronistas.

También hay sobrado optimismo por el poroteo por el proyecto de Régimen Penal Juvenil. Aunque hubo dudas sobre si La Libertad Avanza haría ciertos cambios en la redacción del proyecto, esto no sucederá. La Casa Rosada quiso insistir al comienzo del debate con una baja de la edad de imputabilidad a los 13 años, pero lo mantuvo en 14 años al no encontrar la adhesión de los bloques más aliados.

Por otro lado, el Gobierno asignó un presupuesto de aproximadamente $23.000 millones para implementar la reforma penal juvenil, ante el reclamo de los gobernadores por los recursos necesarios para los cambios institucionales. Ambas normativas ya cuentan con media sanción de Diputados, donde la reforma obtuvo el pasado 12 de febrero 149 votos a favor y 100 en contra. De aprobarse en el Senado, las leyes quedarán listas para ser promulgadas antes del discurso del presidente Milei previsto para el domingo, donde inaugurará el nuevo período ordinario del Congreso.

Tensión en el Congreso y operativo de seguridad

A primera hora de la mañana se visibilizaron diferentes episodios de tensión y corridas en las inmediaciones del Congreso. Y es que diversas organizaciones sindicales, sociales y políticas convocaron una masiva marcha frente al Palacio legislativo para este jueves, en rechazo a la Reforma Laboral impulsada por el Gobierno. Está previsto que la movilización comience a las 10, una hora antes de que el Senado inicie el debate legislativo sobre el proyecto que cuenta ya con media sanción y que el oficialismo busca convertir en ley antes del 1 de marzo.

Bajo un clima marcado por protestas previas y dos recientes episodios de represión, cerca de 2.000 efectivos de fuerzas federales y la Policía de la Ciudad desplegarán un operativo que abarca brigadas de infantería, camiones hidrantes, celulares para detenidos, ambulancias del SAME, bomberos y grupos especiales. El Ministerio de Seguridad, conducido por Alejandra Monteoliva, advirtió que aplicará con firmeza el “protocolo antipiquetes”, sin considerar la magnitud de la concurrencia.

El Frente Sindical Unidos (FreSU), que integra a la Unión Obrera Metalúrgica, la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas, la Federación de Aceiteros, La Fraternidad y dos centrales de trabajadores, anunció un paro nacional con movilización para este viernes, reclamando mejoras salariales y manifestando su oposición al proyecto. La columna central prevé partir a las 10 desde Avenida de Mayo y Salta hacia el Congreso.

Integrantes de agrupaciones como Libres del Sur y Territorios en Lucha cuestionaron la reforma laboral, calificándola de “esclavista” y señalando que la medida “recorta derechos de los trabajadores”. Silvia Saravia, referente nacional de Libres del Sur, denunció: “La justicia social no se negocia. Marchamos para defender la dignidad de quienes trabajan y el derecho de los pibes a un futuro con oportunidades”. Esteban “Gringo” Castro, ex secretario general de la Unión Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), alertó que “ya estamos en el 50% de trabajadores en condiciones informales y la reforma libertaria va a profundizar la informalidad”, considerando que la crisis de empleo y el avance de las importaciones aumentarán la tensión social.

Fuente: Infobae

La indemnización por despido con la reforma laboral es el eje de uno de los debates más sensibles que abrió el proyecto de Ley de Modernización Laboral, que avanza hacia su aprobación definitiva en el Senado tras haber sido aprobado en Diputados.

Entre los cambios más relevantes se encuentra el nuevo esquema de cálculo indemnizatorio, la redefinición de la base salarial, la introducción de topes, la posibilidad de pago en cuotas y la habilitación de fondos alternativos de cese laboral. Sin embargo, la pregunta que domina el escenario jurídico es otra: ¿se aplicará el nuevo régimen también a trabajadores cuyo contrato comenzó antes de la sanción de la ley?

Según coincidieron distintos especialistas, la respuesta es afirmativa en la mayoría de los casos: el nuevo sistema se aplicará a todos los despidos que ocurran luego de la entrada en vigencia de la norma, aun cuando la relación laboral se haya iniciado bajo el régimen anterior.

El propio ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, lo expresó con claridad: “La reforma aplica a todos los empleos, no solo a los nuevos”. La definición alcanza también al cálculo de las indemnizaciones.

El abogado Jorge Grispo explicó que “en materia laboral rige el principio de aplicación inmediata de la ley nueva a las consecuencias de las relaciones en curso, conforme al artículo 7 del Código Civil y Comercial”. Es decir, si la ley entra en vigencia y luego se produce el despido, la indemnización debe calcularse con el nuevo esquema.

No obstante, Grispo aclaró que es necesario distinguir situaciones. Si el despido ocurre después de la entrada en vigencia, se aplicará el nuevo régimen. Pero si el despido fue previo, la indemnización ya quedó devengada bajo el régimen anterior y no puede modificarse retroactivamente.

El debate jurídico se centra en la diferencia entre derecho adquirido y derecho en expectativa. Justo Espinosa Paz explicó que “mientras el vínculo laboral está vigente, la indemnización es un derecho en expectativa; recién cuando se produce el despido pasa a ser un derecho adquirido”.

En consecuencia, si un trabajador fue despedido antes de la vigencia de la nueva ley, su derecho ya está consolidado bajo el régimen anterior. En cambio, si el distracto ocurre después, el cálculo deberá ajustarse al nuevo esquema.

Julián Ortiz Alonso, del estudio Lisicki, Litvin y Abelovich, sostuvo que el proyecto no distingue entre relaciones nuevas y vigentes. Por lo tanto, se aplica a todas, siempre respetando el principio de irretroactividad.

Si bien la regla general parece clara, los especialistas advierten que podrían existir planteos judiciales. Todo trabajador que considere que se afectó un derecho adquirido puede recurrir a la Justicia.

Ortiz Alonso recordó que la jurisprudencia laboral históricamente aplica la norma vigente al momento del despido. Sin embargo, aclaró que cualquier modificación que sea percibida como regresiva podría generar litigiosidad, publicó IProfesional.

Espinosa Paz agregó que el argumento de haber iniciado el contrato bajo el régimen anterior tendría pocas probabilidades de prosperar si el despido ocurre luego de la entrada en vigencia. Pero sí podrían discutirse aspectos estructurales del nuevo cálculo.

Uno de los cambios más relevantes es la redefinición de la base salarial. La reforma mantiene el criterio de un mes por año trabajado o fracción mayor a tres meses, pero excluye del cálculo sumas que no se abonan mensualmente.

Quedan fuera conceptos como el aguinaldo y premios extraordinarios. Esto reduce la base indemnizatoria y, en consecuencia, el monto final a percibir.

Espinosa Paz advirtió que esta modificación “genera un impacto estructural importante, porque se aparta del concepto amplio de remuneración reconocido por la jurisprudencia laboral”.

El especialista sostuvo que la exclusión de ciertos conceptos podría ser considerada regresiva y contraria al principio de progresividad en materia laboral.

Ese principio, consagrado en la Constitución Nacional y en tratados internacionales, establece que las reformas deben ampliar o fortalecer la protección del trabajador, no reducirla.

Además, recordó la doctrina consolidada de la Corte Suprema que reconoce al trabajador como sujeto de preferente tutela constitucional. Bajo esa óptica, podrían plantearse cuestionamientos de constitucionalidad.

La reforma introduce un tope máximo: la indemnización no podrá superar tres veces el salario promedio del convenio colectivo aplicable.

A su vez, establece un piso mínimo: no podrá ser inferior al 67% de la remuneración mensual habitual ni menor a un mes de sueldo.

Para quienes no estén bajo convenio, se aplicará el tope más favorable vigente en el establecimiento, buscando evitar situaciones más desfavorables.

El proyecto habilita la creación de un fondo o sistema de cese laboral financiado por el empleador, que podría reemplazar el esquema tradicional.

Este modelo se asemeja al de la construcción, donde existe un fondo acumulativo en lugar de una indemnización al momento del despido.

Si se implementa un Fondo de Asistencia Laboral, el pago deberá concretarse dentro de los cinco días hábiles posteriores a la notificación correspondiente.

Otro cambio significativo es la posibilidad de pagar la indemnización fijada por sentencia en cuotas. Las grandes empresas podrán abonarla hasta en seis pagos mensuales, mientras que las micro, pequeñas y medianas empresas podrán hacerlo hasta en doce cuotas.

Esas cuotas se actualizarán por inflación y devengarán un interés adicional del 3% anual, lo que implica un esquema financiado pero con ajuste.

El cobro de la indemnización implicará la extinción de reclamos posteriores vinculados al despido, salvo delitos penales.

Esto significa que una vez percibida la suma, el trabajador no podrá iniciar nuevas acciones civiles o laborales por el mismo hecho.

El punto también podría generar controversias si se interpreta que limita derechos de acceso a la Justicia.

La reforma extiende el mismo criterio indemnizatorio a contratos a plazo fijo y eventuales. Para el cálculo, se considerará la antigüedad que el trabajador habría alcanzado hasta el vencimiento original del contrato. Esto unifica criterios y reduce diferencias entre modalidades contractuales, publicó IProfesional.

Respecto del nuevo sistema de actualización (IPC más 3% anual), Grispo advirtió que el proyecto prevé reglas específicas para juicios en trámite.

Ese punto podría convertirse en uno de los ejes de litigiosidad constitucional, ya que impacta en créditos ya generados. Podría discutirse bajo el principio de irretroactividad y de protección del derecho de propiedad.

En síntesis, la regla general indica que la ley nueva se aplicará a los despidos que ocurran después de su entrada en vigencia, aun cuando la relación laboral sea anterior. Lo que no puede hacer es alterar indemnizaciones ya devengadas por despidos previos.

La reforma mantiene la estructura de un mes por año trabajado, pero redefine la base de cálculo, establece topes, habilita el pago en cuotas y crea mecanismos alternativos como el fondo de cese.

La Libertad Avanza (LLA) apretó el acelerador en el Senado y este viernes, en un trámite exprés, emitió dictamen de la reforma laboral, con el fin de convertir en ley la próxima semana esa iniciativa  clave del gobierno de Javier Milei.

.El plenario de las comisiones de Trabajo y Previsión Social y Presupuesto estuvo atravesado por acusaciones cruzadas entre la LLA y el peronismo, que vaticinó que el oficialismo terminará su gobierno escapándose en helicóptero, como le pasó al expresidente de la UCR Fernando de la Rúa.

De todos modos, el Gobierno ya tiene asegurados los votos, luego de la emisión del dictamen, para cumplir el deseo del presidente Javier Milei de tener sancionada la ley de reforma laboral antes de que inaugure el domingo 1 de marzo.

La presidenta de la comisión de Legislación del Trabajo, Patricia Bullrich, abrió la reunión con el anuncio de que se aceptará el proyecto aprobado por la Cámara de Diputados que eliminó el artículo 44  señaló que “con esa modificación lograríamos este dictamen para tratarlo en sesión el viernes que viene”.

El artículo 44 establecía que el empleador solo debía pagar por espacio de tres meses la mitad del sueldo al empleado que faltaba por tener una enfermedad o accidentes de trabajo, o del 75% si tenía cargas de familia.

Si bien se eliminó ese artículo se mantuvo el espíritu de la ley que introduce fuertes modificaciones en la ley de contrato de trabajo sobre ultraactividad, indemnizaciones, vacaciones, horas extras, rebaja aportes patronales para incentivar la toma de empleo, y limita el derecho de huelga en lo que considera “servicios esenciales”

El ambicioso plan del oficialismo es conseguir que el próximo viernes se aprueben en el Senado  las leyes de reforma laboral, del Régimen Penal Juvenil, y darle media sanción a la ley de Glaciares.

Como sucedió el 11 de febrero y ayer en Diputados, el Gobierno ya tiene garantizado contar con el respaldo de los gobernadores aliados de Chubut, Ignacio Torres , de Mendoza Alfredo Cornejo, de Corrientes Juan Pablo Valdes, de San Juan Marcelo Orrego, de Neuquén Rolando Figueroa, de Misiones, Hugo Passalacqua y de los peronistas de Tucumán Osvaldo Jaldo, y de Salta Gustavo Sáenz.

La reunión que parecía y solo parecía ser un trámite terminó siendo una fuerte pelea donde cruzaron acusaciones, Bullrich y los senadores peronistas, que denunciaron coimas, que Luis Caputo se quedará con los fondos de los jubilados y hasta pronosticaron que Milei deberá fugarse en un helicóptero como le sucedió a Fernando de la Rúa.

El primer round se desató cuando la senadora riojana Florencia López, disparó " el pueblo se va a despertar y no van a alcanzar los helicópteros para que se fuguen como lo hicieron antes”, en alusión a la caída del gobierno de la Alianza en diciembre del 2001

En forma veloz, Bullrich interrumpió a la senadora López para decirle que  esa afirmación  era “golpista” y  le pidió que “pare” con esas afirmaciones

Pero esa no fue la única pelea ya que produjo otro cruce entre senador de la agrupación “La Campora” Mariano Recalde y Bullrich, cuando el legislador planteó que “en muchas ocasiones se comprobó que había coimas” y recordó que al tiempo que se aprobó la ley Bases apareció se detuvo con dinero al senador Eduardo Kueider con 200 mil dólares sin declarar.

Además señaló que en el 2003 al asumir el expresidente Néstor Kirchner arregló “ese desastre” de la reforma laboral aprobada en el gobierno de la Alianza y  señaló que sucederá lo mismo cuando el peronismo vuelva al poder.

“Si ganan las elecciones lo arreglarán ”, lo cruzó Bullrich.

Para cerrar, Recalde le apuntó a la jefa del oficialismo y le recordó que durante su gestión de ministra de Trabajo durante el Gobierno de Fernando de la Rúa cuando la Argentina registró el índice más alto de desempleo. "Ese desastre vinimos a arreglar los peronistas y este desastre también", resaltó.

Bullrich no tardó en responder y con una sonrisa picarona le devolvió al senador K. "Si ganan las elecciones lo arreglarán", cerró la ex ministra, que no fue su único cruce con el peronismo.

Pero la polémica subió de tono cuando la senadora peronista Juliana Di Tullio, quien denunció que “le armaron la caja al ministro Luis Caputo para  que haga la campaña, que saque de ahí...Con la guita de los jubilados. Se la va a 'chorear' a la guita de los futuros y actuales jubilados”.

Con 135 votos afirmativos y 115 negativos, la Cámara de Diputados dio media sanción en general a la Reforma Laboral durante la madrugada de este viernes, tras más de diez horas de debate. El proyecto, que había llegado con aprobación previa del Senado, deberá regresar a la Cámara alta debido a modificaciones introducidas en Diputados en el marco de acuerdos alcanzados por el oficialismo con bloques aliados.

El cambio más relevante respecto del texto original fue la eliminación del artículo 44, que contemplaba la posibilidad de abonar solo un porcentaje del salario en caso de enfermedad y licencia del trabajador, punto que había generado fuerte polémica. A partir de esa modificación, el oficialismo convocó para este mismo viernes a un plenario de comisiones en el Senado con la intención de obtener un dictamen rápido que permita tratar la iniciativa en el recinto el próximo 27 de febrero.

¿Cómo votaron los representantes de Entre Ríos? La votación entrerriana se dividió entre oficialistas y opositores. A favor lo hicieron Alicia Fregonese y Francisco Morchio (PRO), Darío Schneider (UCR) y Andrés Laumann y Beltrán Benedit (LLA).

En contra sufragaron los peronistas Gustavo Bordet, Marianela Marclay, Guillermo Michel y Blanca Osuna.

Desde la Casa Rosada apuntan a que la ley quede sancionada antes del 1° de marzo, fecha en la que el presidente Javier Milei encabezará la apertura de un nuevo período de sesiones ordinarias del Congreso.

El oficialismo logró aprobar en la Cámara de Diputados el proyecto de reforma laboral que llegó con media sanción del Senado. El texto sufrió una modificación -la eliminación del artículo sobre licencias médicas- por lo que deberá volver a la Cámara alta para su aprobación definitiva. Ahora el objetivo de La Libertad Avanza es convertirlo en ley la semana que viene para que el presidente Javier Milei pueda tener una importante victoria legislativa antes de su discurso de apertura de sesiones ordinarias del Congreso, el 1 de marzo.

El proyecto de modernización laboral obtuvo 135 votos afirmativos, 115 negativos y ninguna abstención en su tratamiento en general. Los libertarios consiguieron el apoyo de sus habituales aliados del PRO, la UCR y el MID. A los que se sumaron los diputados de Salta y Misiones enrolados en Innovación Federal, las diputadas sanjuaninas de Producción y Trabajo, que responden al gobernador Marcelo Orrego; el santacruceño José Garrido, y los tucumanos de Independencia y una parte de Provincias Unidas.

En la previa de la sesión, el “poroteo” de votos ya anticipan una victoria del oficialismo. Por esa razón, desde el peronismo concentraron sus esfuerzos en dejar la sesión sin quórum. “Si los libertarios consiguen el quórum y arranca el debate, se van a llevar toda la ley. Estas son las leyes que se votan con la mano y con la cola sentándose en la banca. Dar quórum es lo mismo que votar”, advertían antes de a la sesión desde la bancada que conduce Germán Martínez.

Pasadas las 14, cuando los diputados del oficialismo comenzaron a ocupar sus bancas para dar inicio al debate, todo los ojos estaban puestos en los bloques dialoguistas. Los libertarios lograron sumar 130 presentes, uno más del mínimo necesario.

A los 95 diputados de LLA, se sumaron los 12 del PRO, 6 de la UCR y 2 del MID. Los votos restantes los aportaron los espacios provinciales. El gobernador misionero Mario Pasalacqua aportó cuatro presentes (Daniel Vancsik, Yamila Ruiz, Oscar Herrera y Alberto Arrúa), mientras que su par salteño Gustavo Sáenz sumó otros tres (Bernardo Biella, Pablo Outes y Yolanda Vega). Todos integrantes del bloque Innovación Federal.

El gobernador peronista de Tucumán, Osvaldo Jaldo, ordenó dar quórum a sus tres diputados del bloque Independencia (Elía Marina Fernández, Gladys Medina y Javier Nogueira. Lo mismo hizo el catamarqueño Raúl Jalil con sus tres referentes (Fernanda Ávila, Fernando Moguillot y Sebastián Nóblega). En tanto, el sanjuanino Marcelo Orrego apoyó con las dos diputadas de Producción y Trabajo (Nancy Picón y Jaime Quiroga), y el santacruceño Claudio Vidal hizo lo propio con José Garrido, su único representante en Diputados. Por último, el único integrante del bloque Provincias Unidas que colaboró con el quórum fue el rionegrino Sergio Capozzi, aunque no tiene una terminal directa en una provincia.

Curiosamente, algunos de los diputados que ayudaron al Gobierno a dar inicio a la sesión luego rechazaron el proyecto. Por ejemplo, Sebastián Nóblega, de Elijo Catamarca, planteó en su discurso que la reforma “vulnera y afecta derechos y garantías constitucionales”. “Creemos que este proyecto no constituye una respuesta integral a los desafíos del mundo del trabajo. Es más, creemos que es regresivo. Esta ley no garantiza más trabajo, vulnera principios como la justicia social”, sintetizó. Sin embargo, tanto él como sus dos compañeros de bloque, que responden al gobernador Jalil, dieron quórum.

Los gobernadores peronistas fueron blanco de muchas acusaciones por parte de los diputados de Unión por la Patria y la izquierda. “No voy a hablar de La Libertad Avanza, ni siquiera del PRO. A los diputados que asumieron en nombre de la bandera de justicia social, les pido de corazón: no sean verdugos de su pueblo, no sean verdugos de los débiles, no sean verdugos de los trabajadores. Recuerden que nuestra obligación es proteger a los frágiles”, les recriminó Juan Grabois.

A su turno, Máximo Kirchner aludió directamente al catamarqueño Nóblega: “Un diputado decía que votaba en contra de esta ley por su padre y por su madre. Lo que me llevó a preguntarme qué fue lo que lo llevó a dar quórum. Está claro que no fue su voluntad sino que fue una instrucción de su gobernador”.

Desde Unión por la Patria rechazaron por completo la reforma. “La experiencia indica que va a fracasar. Es votar un nuevo fracaso, como fue el RIGI para las inversiones extranjeras o como el capítulo laboral de la Ley Bases. Es un nuevo capricho del FMI. Esta ley daña a los argentinos”, afirmó Kirchner. En esa línea, el diputado tucumano y dirigente del gremio La Bancaria, Carlos Cisneros advirtió: “Lo que hoy estamos perdiendo lo vamos a recuperar en las calles, en la Justicia y con la lucha, a los trabajadores nunca nadie les regaló nada”.

El jefe del bloque peronista, Germán Martínez, planteó que el Gobierno busca generar una falsa dicotomía entre los derechos de los trabajadores y la generación de empleo. “Es llamativo tener una normativa tan anti obrera. Esta ley pone toda la carga negativa en el trabajador”, dijo. Y adelantó que cuando el peronismo vuelva al poder derogaría la ley.

Del otro lado, el radical Diógenes González explicó que su bloque acompañaría el proyecto porque así se lo piden las Pymes. “Las Pymes generan el 70% del empleo privado y para ellas es fundamental reducir la litigiosidad. Pues al no poder competir, no pueden cumplir los convenios colectivos de trabajo. Es triste porque en muchas localidades de pocos habitantes trabajan codo a codo el empleado y el empleador. Nosotros creemos en la cultura del trabajo. Y la incidencia de las Pymes en la generación de empleo”, detalló.

“Tenemos la posibilidad de dejar atrás al status quo que acepta como regla la informalidad y la baja productividad. Es un gran paso, significativo, en pos de una primera capa de modernización laboral que permita a Argentina ser, junto con un orden macroenconómico, un país más próspero, más productivo”, agregó su compañero de bloque Lisandro Nieri.

Uno de los puntos más álgidos de la sesión transcurrió minutos antes de las 22. Al ver que la mayoría de los diputados libertarios y sus aliados se habían retirado del recinto, un diputado de Unión por la Patria pidió someter a votación una moción de orden para que el proyecto vuelva a la comisión de Asuntos Constitucionales.

Como los diputados oficialistas no estaban presentes, la sesión quedó técnicamente sin quórum, por eso la oposición reclamó a los gritos que se terminara el debate. Luis Petri buscó demorar la votación hasta que los libertarios volvieran a ocupar sus lugares. Luego llegó Martín Menem para volver a conducir la sesión y abrió la votación cuando el oficialismo volvió a tener mayoría.

Como represalia, la bullrichista Silvana Giudici propuso una moción propia para que la votación en general de la reforma laboral se hiciera en 30 minutos. Esto generó indignación en el peronismo que se abalanzó sobre el estrado de Martín Menem.

Finalmente, en lo que calificó como “un acto de pacificación”, Giudici anunció que retiraba su moción y el debate continuó con la lista de oradores original.

La principal modificación que concedió el oficialismo fue la eliminación del artículo 44, que reducía los plazos de licencias pagas y el porcentaje de la remuneración que recibirían los trabajadores.

El texto que había sido aprobado en el Senado establecía que un empleado que sufriera un accidente o una enfermedad que no estuviera relacionada con su trabajo percibiría el 50% de su salario básico si fuera consecuencia de una actividad que realizó voluntariamente (por ejemplo, jugar un partido de fútbol). En cambio, recibiría el 75% si no fue consecuencia de una actividad voluntaria (por ejemplo, sufrió un accidente en la calle). Por otro lado, recibiría esta compensación durante 3 meses si el trabajador no tuviera personas legalmente a su cargo, o durante 6 meses si las tuviera.

Ese punto generó cierta polémica en los medios y redes sociales, especialmente después de una entrevista que concedió Federico Sturzenegger, donde utilizó el ejemplo de los partidos de fútbol que luego se viralizó. Por esa razón, bloque aliados presionaron para que el oficialismo hiciera modificaciones. Finalmente, al inicio de la reunión de comisión del miércoles, el jefe del bloque libertario, Gabriel Bornoroni, confirmó que retirarían el artículo completo para ampliar los consensos.

Convenios colectivos: el proyecto busca darle prioridad a los acuerdos colectivos por empresa o región, por encima de los convenios sectoriales o por rama. Además, se eliminó la ultraactividad, es decir, la prórroga automática de los convenios vencidos si no hay acuerdo para firmar un nuevo convenio.

Fondo de Asistencia Laboral: El fondo asistirá a las empresas con el pago de las indemnizaciones y estará nutrido de contribuciones mensuales obligatorias: las grandes empresas deberán aportar el 1% de las remuneraciones brutas de cada trabajador, mientras que las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs) aportarán el 2,5%. Pero esos aportes patronales hoy se destinan a mantener el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), por lo que la medida podría impactar en el financiamiento de las jubilaciones

Vacaciones: el proyecto habilita el fraccionamiento de las vacaciones, siempre que cada tramo no sea menor a siete días corridos. Los períodos de descanso deberán concederse entre el 1 de octubre y el 30 de abril del año siguiente. No obstante, empleadores y empleados podrán, de común acuerdo, fijar la fecha de inicio fuera de ese período. La notificación escrita al trabajador deberá realizarse con al menos 30 días de antelación, salvo que un convenio colectivo disponga otro plazo.

Indemnizaciones por despido: el proyecto mantiene el criterio de un mes de sueldo por año de servicio o fracción mayor a tres meses, calculado sobre la mejor remuneración mensual, normal y habitual de los últimos doce meses. Pero a diferencia de la normativa vigente, se excluyen del cálculo conceptos no mensuales, como el Sueldo Anual Complementario (aguinaldo) y premios extraordinarios. El monto máximo no podrá superar tres veces el salario promedio previsto en el convenio colectivo correspondiente y no podrá ser menor al 67% de la remuneración mensual habitual, ni inferior a un mes de sueldo. Si el trabajador no está amparado por un convenio, se aplicará el tope más favorable del establecimiento. También se contempla el pago en cuotas de las indemnizaciones fijadas por sentencia judicial: hasta seis cuotas mensuales para grandes empresas y hasta doce para micro, pequeñas y medianas empresas, ajustadas por inflación más un 3% de interés anual.

Además, el proyecto establece que la indemnización será la única reparación por despido sin causa y fija un nuevo esquema de actualización de créditos laborales que contempla el IPC más un 3% anual.

Banco de horas: se permite que el empleador y el trabajador acuerden por escrito la compensación de horas extraordinarias, con un límite de 12 horas por jornada y respetando las 12 horas de descanso. El acuerdo puede prever el uso de horas extra, banco de horas o francos compensatorios y debe respetar los descansos mínimos legales, garantizando la protección de la salud del trabajador. También es posible que estos acuerdos se celebren con la representación sindical. El sistema habilita a compensar jornadas más extensas en algunos días con otras más breves, siempre que no se exceda el máximo semanal legal o el que establezca el convenio colectivo. En materia de jornada reducida, la reforma dispone que solo podrá implementarse si así lo prevén leyes, contratos individuales, convenios colectivos o acuerdos firmados con la representación sindical. Estos instrumentos pueden establecer el cómputo de la jornada máxima sobre promedios, siempre que los descansos legales sean respetados.

Trabajadores de plataforma: se crea la figura del repartidor independiente y se habilita la libertad de formas de contrato. Específicamente se establece que ese vínculo no constituye una relación laboral, sino un contrato de servicio independiente.

Derecho a huelga: los servicios declarados esenciales deberán asegurar un funcionamiento del 75% mientras que la nueva categoría de trascendentales deberán mantener una cobertura del 50%. El listado de servicios esenciales se expande para incluir más actividades, como la educación en sus tres niveles. Además, las asambleas en los lugares de trabajo deberán contar con autorización previa del empleador.

Blanqueo laboral: para regularizar la situación de los trabajadores informales se eximirá de hasta un 70% de las deudas por aportes y contribuciones a la seguridad social. Por otro lado, el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL), reducirá las cargas patronales para empleadores que registren nuevos trabajadores, con un 8% de descuento en los tributos sociales.

Fuente: Infobae

La Policía abocada al operativo de seguridad en las inmedicaciones del Congreso dispersó este jueves a manifestantes con camiones hidrantes y gases lacrimógenos, luego de que estos arrojaran piedras y botellas contra los uniformados.

Desde el mediodía comenzaron a concentrarse manifestantes en las inmediaciones del Congreso como parte del paro general contra la reforma laboral que se debatía en la Cámara de Diputados, pese a que la conducción de la CGT había llamado a una huelga sin movilización.

También hubo manifestantes de las dos CTA y de sectores de izquierda como el Partido Obrero, el MST, el Polo Obrero y el MTR.

Algunos de ellos arrojaron botellas y palos contra las fuerzas de seguridad e intentaron derribar una de las vallas. Pese a la intervención, continuaron los disturbios y las fuerzas utilizaron gases para contener la situación.

Fuentes del Ministerio de Seguridad indicaron que la Policía Federal detuvo a cuatro personas, dos hombres y dos mujeres, mientras la Policía de la Ciudad reporto 8 detenidos más, lo que arroja un total de 12 aprehendidos durante las protestas. Fuente: Noticias Argentinas

El Gobierno aceleró el tratamiento de la reforma laboral y con quórum ajustado (130 diputados), dio inicio al debate en la Cámara baja. Para dar comienzo a la sesión, pasadas las 14 de este jueves, fue clave el apoyo a La Libertad Avanza de los bloques PRO, MID, UCR y el aporte de legisladores vinculados a los gobernadores Osvaldo Jaldo (Tucumán), Gustavo Sáenz (Salta), Marcelo Orrego (San Juan), Hugo Passalacqua (Misiones) y Raúl Jalil (Catamarca).

El Gobierno llega con una mayoría construida para aprobar el proyecto en Diputados, en medio de un paro general anunciado por la CGT. Como se insertó una modificación sobre la redacción, el proyecto tendrá que tratarse nuevamente en la Cámara alta. La maquinaria legislativa libertaria busca coordinación y ya hubo convocatoria para el Senado para el viernes 20 a las 10, en caso de que se apruebe la iniciativa.

En la reunión de labor parlamentaria no hubo consenso sobre el formato de la sesión. El oficialismo busca acotar el debate a unas nueve horas con alrededor de 40 oradores, mientras que la oposición reclama que la discusión no tenga límites de tiempo. Ante la falta de acuerdo, se aprobó a mano alzada la propuesta de LLA, lo que provocó los gritos y rechazos de Unión por la Patria.

El clima en el recinto se tornó áspero apenas se alcanzó el quórum reglamentario. Diputados de la Unión por la Patria y del Frente de Izquierda protestaron por la decisión de Menem de avanzar con la votación a mano alzada del plan de labor oficialista, mientras varios legisladores solicitaban hacer uso de la palabra.

La escena se tensó aún más cuando la diputada Moreau pidió la palabra e increpó a Menem: “Usted está pasándose de vivo porque está planteando la reconsideración de esa moción porque sabe que reglamentariamente, para poner una moción en reconsideración, hacen falta dos tercios”, expresó la diputada. Y añadió: “Igual vamos a pedir esa moción de reconsideración, porque aunque perdamos, vamos a perder esos dos tercios con la frente en alto, defendiendo los derechos de los trabajadores.

Además del proyecto oficialista, otros bloques tienen su propio dictamen: Unión por la Patria (29 firmas), Provincias Unidas (2 firmas), Coalición Cívica (1 firma) y el Frente de Izquierda (de rechazo). El artículo removido de licencias por enfermedad sostenía que "en caso de sufrir un accidente o una enfermedad que no sea consecuencia de la prestación de tareas derivadas del contrato de trabajo, y que impida dicha prestación, el trabajador tendrá derecho a percibir el 50% de su remuneración. [...] Si la imposibilidad de trabajar fuera producto de una actividad voluntaria y consciente del trabajador que implicara algún riesgo en la salud durante un período de 3 meses si el trabajador no tuviera personas legalmente a su cargo, o de 6 meses si las tuviera".

Reforma laboral: los cambios claves

Además de las modificaciones que se difundieron en la última semana, el proyecto de reforma laboral oficialista establece:

Fuente: Ámbito / Infobae

En el marco del paro general, desde el mediodía comenzó la congregación de manifestantes en las inmediaciones del Congreso Nacional para expresar el rechazo al proyecto de reforma laboral. En la Plaza de los Dos Congresos y calles aledañas ya se observan columnas de distintas organizaciones políticas y sindicales.

Además de trabajadores independientes, entre las agrupaciones presentes se identifican el Partido Obrero, el MST y la CTA, que avanzan con banderas y consignas hacia el centro de la movilización. La concentración se desarrolla bajo un fuerte operativo de seguridad y a la espera de una mayor afluencia de manifestantes durante la tarde, en coincidencia con el debate previsto en la Cámara de Diputados.

Entre los principales puntos de rechazo a la reforma, se encuentran la extención de las jornadas laborales a 12 horas diarias, la disminución de las indemnizaciones y un fondo que le quita plata a la Anses para financiar las indemnizaciones por despidos. 

El gobierno amenaza con reprimir

En el marco de la movilización convocada frente al Congreso durante el paro general, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, afirmó que el derecho a manifestarse está garantizado siempre que se desarrolle de manera pacífica. “Marchar en paz es un derecho. La violencia no. El que quiera manifestarse en paz va a poder hacerlo”, sostuvo.

En esa línea, la funcionaria advirtió que habrá intervención ante posibles disturbios. “El que vaya a romper, a generar caos o a atentar contra el orden democrático, va a pagar las consecuencias. Nuestras Fuerzas están listas y van a actuar”, señaló, y agregó que el objetivo es evitar situaciones de desorden durante la jornada de protesta.

La Cámara de Diputados sesionará este jueves a las 14 para aprobar con cambios el proyecto de reforma laboral. De conseguir la sanción, el proyecto volverá al Senado para su sanción definitiva el viernes 27.

La sesión fue solicitada por La Libertad Avanza, el PRO, la UCR, el MID, Independencia, Producción y Trabajo, La Neuquinidad e Innovación Federal, con lo cual el oficialismo tiene asegurado el quórum para abrir la deliberación.

Seguí la sesión en vivo:

El pedido de sesión fue formalizado por el presidente del bloque de la Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni, y firmado por los jefes de los bloques de la UCR, Pamela Verasay; del Pro, Cristian Ritondo; de Innovación, Alberto Arrua; de Independencia, Gladys Medina; de Producción y Trabajo, Nancy Picón; del MID, Oscar Zago, y de La Neuquenidad, Karina Maureira.

Si asisten todos los diputados, la sesión especial deberá comenzar con la presencia de 132 legisladores, ya que tanto Provincias Unidas como Unión por la Patria (UxP) y la izquierda no darán quórum.

La votación se dará en el marco de la huelga general convocada por la CGT contra el proyecto oficialista, que con adhesión de gremios de transporte, especialmente, impacta con fuerza en el funcionamiento de todas las actividades a lo largo y ancho del país.

El debate

El pedido fue presentado luego de que hubiera empezado a firmarse el dictamen de comisión, que ya no tendrá el artículo 44 sobre cambios en el pago de las licencias por enfermedad o accidente de trabajo.

Poco antes de las 18 de este miércoles, el oficialismo ya tenía 44 firmas, de las cuales 27 corresponden a la Comisión de Presupuesto y 17 a la Comisión de Trabajo, según informó el libertario Lisandro Almirón.

El dictamen de mayoría fue firmado por los legisladores de los bloques que pidieron la sesión especial, según informaron voceros legislativos a la Agencia de Noticias Argentinas.

El presidente del bloque de la Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni, había comunicado al inicio de la reunión que se eliminará el artículo 44 que establecía que en el caso de accidentes o enfermedades ajenas al ámbito laboral solo iba a pagarse el 50% y el 75% en caso de que los trabajadores tuvieran familia.

Tras escuchar a sindicalistas y empresarios, los legisladores comenzaron a exponer sobre el proyecto de reforma laboral, aunque ya el oficialismo ya tenía su objetivo cumplido que era tener firmado el dictamen que se discutirá mañana en el recinto de sesiones.

Solo firmaron en disidencia el PRO y el MID, que querían autorizar a las billeteras virtuales para que puedan pagar los sueldos, y no como se estableció en el Senado que solo lo pueden hacer los bancos.

La CGT inició en los primeros minutos de este jueves su cuarto paro general contra la gestión de Javier Milei, mientras que otros espacios sindicales sumarán a la medida de fuerza una movilización a las puertas del Congreso, donde la Cámara de Diputados tratará el proyecto de reforma laboral.

Se prevé una jornada con poca actividad por el parate de la totalidad del transporte público, lo que incluye a los colectiveros de la UTA, que integra la CGT aunque no su consejo directivo.

El proyecto que introduce importantes cambios en la legislación del trabajo fue objeto de dos movilizaciones en rechazo de parte de la CGT: una en diciembre en Plaza de Mayo y otra la semana pasada en la Plaza del Congreso, y motivó ahora la primera huelga luego de que la iniciativa consiguiera media sanción.

El secretario del Seguro y miembro del triunvirato de la CGT, Jorge Sola, ratificó el paro nacional por 24 sin movilización y aseguró que “la Argentina se paralizará de punta a punta”. 

En una rueda de prensa en la sede de la calle Azopardo, y junto a los otros dos cosecretarios de la central obrera, Cristian Jerónimo (Industria del Vidrio) y Octavio Argüello (Camioneros), Sola aseguró que “no están en contra de una reforma laboral, pero sí de perder derechos”.

Por su parte, un grupo de gremios “duros” de la CGT (UOM, Aceiteros y Pilotos, entre otros), junto a la CTA Autónoma y la CTA de los Trabajadores, y sindicatos “clasistas” de izquierda, decidieron reforzar la huelga con una marcha al Congreso, tal como sucedió la semana pasada cuando la reforma laboral se trató en el Senado.

“Este proyecto de ley que estamos tratando que es de clara inconstitucionalidad, no se puede tratar en instancias extraordinarias porque solamente se discute el proyecto del Ejecutivo y a las representaciones sindicales de millones de trabajadores solamente nos otorgan 5 minutos para abordar un tema de más de 200 artículos”, sostuvo este miércoles el titular de la CTA Autónoma, Hugo “Cachorro” Godoy.

Lo dijo al exponer en el debate de comisión en Diputados, antes de que el proyecto se trate en el recinto este jueves. 

Se espera que con el cambio de la eliminación del polémico artículo de las licencias, el proyecto sea aprobado en Diputados y vuelva al Senado para tratarse allí la semana próxima.

En caso de convertirse en ley, el sindicalismo iniciará el trámite de la judicialización de la reforma laboral, pese a que en el camino se fueron excluyendo del expediente algunas iniciativas que generaban malestar en la CGT, como la cuota sindical.

Fuente: Noticias Argentinas 

El oficialismo convocó a sesionar este jueves en Diputados para tratar el proyecto de reforma laboral que cuenta ya con media sanción del Senado. Los legisladores están citados al recinto a las 14 en la que se espera que sea una sesión maratónica y que coincidirá con el paro general anunciado por la CGT.

La convocatoria tuvo lugar luego de que el jefe del bloque La Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni, confirmara en el plenario de comisiones que se retirará del proyecto el polémico artículo 44 sobre licencias por enfermedad que causó rechazo tanto en la oposición como en los sectores aliados, que amenazaron con no dar quórum.

El objetivo del oficialismo es tratar la reforma laboral lo antes posible para que el Senado pueda ratificar los cambios antes del 1° de marzo, cuando el presidente Javier Milei deba inaugurar el período de sesiones ordinarias del Congreso.

A diez días del cierre de las sesiones extraordinarias, el Gobierno avanza con una apretada agenda de tratamientos en la Cámara de Diputados con el objetivo de sancionar la reforma laboral. En el inicio del plenario de comisiones que debe dictaminar el proyecto, el oficialismo confirmó que retirará el artículo que sanciona las licencias por enfermedad con el pago parcial de sueldos. De ratificarse esa medida, la ley tendrá que seguir su tratamiento en el Senado.

En un plenario que contó con la presencia de empresarios y dirigentes sindicales, la conducción libertaria recuperó los apoyos del PRO y provincialistas para tratar la reforma laboral en Diputados este mismo jueves 19 de febrero, desde las 11 horas. Por ello, la CGT anunció un paro nacional de 24 horas.

El sindicalismo rechaza el proyecto, al igual que Unión por la Patria y el Frente de Izquierda. Existen bancadas que consensuan parcialmente con la propuesta oficialista y, entre otros puntos, disienten en la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), la eliminación de estatutos y los artículos pertinentes al financiamiento del cine.

Aún así, el Gobierno tiene avanzada las discusiones para alcanzar el quorum este jueves y obtener media sanción del proyecto en la Cámara baja. Al tener modificaciones, la ley tiene que volver a girar al Senado, que en simultáneo pretende avanzar con los dictámenes del Régimen Penal Juvenil y el acuerdo Mercosur-Unión Europea.

Reforma laboral: el debate en Diputados

Miembros del triunvirato de la CGT y representantes de otros gremios participaron del debate para presentar su oposición a la propuesta. Entre ellos, Jorge Sola (Seguros y CGT) criticó la derogación de la Ley N° 27.555 para el Régimen Legal del Contrato de Teletrabajo, mientras que Cristian Jerónimo (SOIVA y CGT) anticipó que si el proyecto es aprobado continuarán su rechazo en una instancia judicial. El otro secretario general de la CGT, Octavio Argüello (Camioneros) apuntó directamente contra los aliados al oficialismo: "Aquel que dé quorum está traicionando al pueblo".

En contrapartida, Gabriel Buenos, director de Asuntos Corporativos de Rappi, apoyó la ley al considerar que "este proyecto garantiza la soberanía del tiempo por parte del repartido. Creemos que interpreta bien sus preferencias y sus necesidades". Matías Cremonte, representante de la Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas, interpretó que la redacción "va en contramano de cualquier regulación que estén pensando en el mundo". La reforma laboral, entre otras reglamentaciones, obliga a contratar un seguro médico para los trabajadores de plataformas pero no determina quién se debe encargar de costear ese servicio y establece que esa contratación no implica una relación de dependencia.

Fuente: Ámbito

Este miércoles a la mañana la Multisectorial de Entre Ríos definió concentrar en la explanada de Casa de Gobierno, en el marco de la Jornada Nacional de Lucha contra la Reforma Laboral.

En este marco, ATE Entre Ríos -integrante de la Multisectorial- anunció que se suma al parto nacional y, junto a los demás sindicatos, convocó a los trabajadores y trabajadoras estatales a  movilizarse a Casa Gris contra la Reforma Laboral, por Aumento Salarial y en Defensa de la Caja de Jubilaciones. 

Fuente: APFDigital

La conducción de la Confederación General del Trabajo (CGT) ratificó este miércoles en conferencia de prensa que convocará a huelga general cuando se trate en el Congreso el proyecto de ley de Reforma Laboral impulsado por el gobierno nacional de Javier Milei, lo cual se concretaría este jueves en la Cámara de Diputados.

Los cotitulares de la central Octavio Argüello (Camioneros), Jorge Sola (Seguro) y Cristian Jerónimo (empleados del vidrio) encabezaron una conferencia de prensa este miércoles cerca de mediodía en la que adelantaron que este jueves “no termina nada” y anticiparon un plan de acción “si el Gobierno insiste con este modelo económico”.

“No estamos dispuestos a entregar ningún compañero ni compañera y, por sobre todas las cosas, los derechos colectivos e individuales”, expresaron.

“Todas las organizaciones que componen la CGT decimos que la medida de fuerza va a ser contundente, la Argentina va a estar parada de una punta a la otra”, remarcaron los dirigentes.

El proyecto denominado de Modernización Laboral cuenta con media sanción del Senado y podría conseguir su sanción definitiva en caso de que el oficialismo logre la mayoría en Diputados.

Sin embargo, debido a que el oficialismo aceptó realizar modificaciones adicionales en el texto durante su tratamiento en comisiones de Diputados, la ley deberá volver al Senado para su sanción definitiva tras una segunda revisión.