El Ministerio de Planeamiento e Infraestructura del Gobierno de Entre Ríos presentó ante la Cámara de Diputados el proyecto de inversión en infraestructura previsto en el presupuesto provincial 2027. Se contempla una asignación de 905.394 millones para fortalecer la obra pública en todo el territorio entrerriano.

Durante la exposición, el ministro Hernán Jacob detalló los principales lineamientos de la propuesta, que establece una distribución de los recursos con un 55% destinado a nuevas obras y un 45% a aquellas que se encuentran en ejecución. El esquema busca avanzar en nuevos proyectos y, al mismo tiempo, garantizar la continuidad de los trabajos en marcha.

Jacob puso el acento en que la planificación responde a una política de obra pública basada en el equilibrio, la transparencia y el uso eficiente de los recursos provinciales. En ese sentido, señaló que el presupuesto también permitirá sostener trabajos de mantenimiento edilicio y obras de emergencia en escuelas, hospitales y otros edificios públicos.

Las principales líneas de inversión abarcan infraestructura educativa, hospitalaria, vial, sanitaria e hídrica, además de proyectos habitacionales y la finalización de obras estratégicas en los distintos departamentos del territorio provincial.

Al respecto, Jacob afirmó que "este presupuesto busca consolidar una obra pública planificada, transparente y eficiente, que dé respuesta a las necesidades de los entrerrianos, garantice la continuidad de los proyectos prioritarios y sume al desarrollo de toda la provincia".

Acompañaron al ministro el jefe administrador de Vialidad Provincial, Exequiel Donda, y el titular del Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV), Manuel Schönhals, quienes brindaron detalles sobre las áreas a su cargo; y el secretario de la Coordinación General del Ministerio, Gonzalo Atencio.

También participaron el senador Gustavo Vergara y el diputado provincial Bruno Sarubi, presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuentas de la Cámara de Diputados.

La Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Cámara de Diputados de Entre Ríos comenzó a debatir este miércoles el proyecto de Presupuesto 2027, presentado el jueves último por el ministro de Economía, Fabián Boleas. El titular de la cartera de Hacienda, de hecho, estuvo presente y contestó dudas de los legisladores, especialmente de la oposición.

En su alocución, Boleas volvió a destacar el equilibrio de la iniciativa y los recursos destinados a educación, seguridad, salud y obra pública. En cuanto a las dudas, la mayoría de ellas fueron planteadas por legisladores del peronismo. La jefa de la bancada opositora, Laura Stratta, fue la primera en tomar la palabra. Le siguieron Andrea Zoff, Enrique Cresto, Juan José Bahillo y Mariel Ávila.

Los 5 datos centrales del Presupuesto 2027

El presupuesto total crece casi un 24%.La inversión de capital aumenta más del 77%, más de tres veces el crecimiento del presupuesto total.Rutas y caminos concentrarán más de la mitad de la inversión de capital prevista para la provincia.Se incrementa la participación presupuestaria destinada a áreas prioritarias: educación, salud, desarrollo humano, seguridad, infraestructura vial, producción, empleo e innovación.En 2027, la provincia prevé cumplir nuevamente con las reglas de la Ley de Responsabilidad Fiscal, sosteniendo el equilibrio de las cuentas públicas.

Los 5 ejes de la política presupuestaria

Equilibrio fiscal con inversión pública“El ordenamiento de las cuentas públicas no constituye un objetivo en sí mismo, sino una herramienta para administrar mejor los recursos, cumplir con las obligaciones del Estado e incrementar la capacidad de inversión”

Infraestructura como prioridadLa inversión de capital crecerá por encima del presupuesto general. Dentro de ella, rutas y caminos tendrán un papel central, con más de la mitad de los recursos destinados a inversión de capital.

Fortalecimiento de las áreas esenciales“El proyecto prioriza educación, salud, desarrollo humano y seguridad, junto con infraestructura, políticas para la producción, generación de empleo e innovación”

Eficiencia, transparencia y responsabilidad fiscal“Entre Ríos se ubica entre las tres provincias mejor posicionadas en el Índice de Transparencia Presupuestaria Provincial de CIPPEC. Además, la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP) le otorgó 100 puntos sobre 100 en cumplimiento y transparencia presupuestaria”

Recuperación de la confianza y administración responsable de la deudaEn febrero, Entre Ríos concretó una emisión de deuda internacional por USD 300 millones, en un contexto en el que solo cuatro provincias argentinas pudieron acceder a financiamiento internacional. Los fondos permitieron cancelar pasivos heredados y constituir un fondo de reserva para cubrir vencimientos futuros, con el objetivo de hacer más previsible el esquema de pagos y mejorar la planificación financiera provincial, sin incrementar la deuda neta de la provincia”

El Gobierno de Entre Ríos presentó ante la Cámara de Diputados, para su tratamiento -y en paralelo ante la Cámara de Senadores, para su conocimiento-, el proyecto de ley de Presupuesto Provincial para el ejercicio fiscal 2027, fijado en 8,67 billones de pesos. La iniciativa busca consolidar el equilibrio financiero, ratificar las reglas de responsabilidad fiscal y fortalecer la capacidad del Estado para planificar y destinar recursos a áreas prioritarias como obra pública, salud, educación y seguridad.

Durante la presentación, el ministro Boleas remarcó que el proyecto sintetiza "el trabajo que hicimos durante estos años para ordenar la provincia y recuperar capacidad de planificar y de definir prioridades". Asimismo, al repasar el punto de partida de la administración, precisó que "ese orden exigió austeridad, eliminar privilegios, revisar gastos y administrar cada peso con responsabilidad. Tuvimos que reconstruir un Estado que prácticamente existía para sostenerse a sí mismo en lugar de servir a los entrerrianos".

Sustentabilidad y confianza

A modo de ejemplo, mencionó lo actuado en relación con la Caja de Jubilaciones, donde la disciplina fiscal se aplicó para abordar uno de los problemas estructurales más graves recibidos por la gestión. En esa línea, ponderó la reforma impulsada durante este año "después de décadas en que los gobiernos patearon el problema hacia adelante", y precisó que, si bien la administración actual no verá el impacto económico directo para evitar modificaciones en los haberes de los jubilados actuales, la medida frenará el ritmo de crecimiento del déficit y garantizará la sustentabilidad de la Caja a futuro.

En relación con el financiamiento externo y la confianza del mercado, el funcionario enfatizó que la administración responsable y el cumplimiento sostenido de las obligaciones permitieron a Entre Ríos volver a acceder al crédito internacional. "En febrero, en un contexto especialmente adverso, solo cuatro provincias argentinas pudieron acceder a financiamiento internacional. Entre Ríos fue una de ellas: concretamos una emisión por 300 millones de dólares, que nos permitió hacer más previsible y sustentable el esquema de pagos para poder planificar mejor el uso de los recursos y que la deuda no vuelva a condicionar las decisiones de la provincia". Asimismo, aclaró que la operación se llevó a cabo "sin incrementar la deuda neta de la provincia, dado que los fondos obtenidos fueron destinados a cancelar pasivos heredados y a financiar un fondo de reserva para cubrir vencimientos futuros".

Cambio de prioridades

Respecto de la orientación de los fondos y la disciplina financiera, el titular de la cartera económica sostuvo que "para nosotros, el equilibrio nunca fue un fin en sí mismo. Como dice siempre el Gobernador, administramos mejor para poder hacer más y para que cada peso vaya donde tiene que ir". En ese sentido, explicó que la composición del gasto muestra un cambio de prioridades: mientras el presupuesto total crece casi un 24 por ciento (23,8 por ciento) y el gasto corriente aumenta menos del 20 por ciento (19,6 por ciento), la inversión de capital se incrementa más de un 77 por ciento (77,3 por ciento), creciendo más de tres veces por encima del presupuesto general. Con esta reestructuración, las partidas asignadas a educación, salud, desarrollo humano, seguridad, infraestructura vial y fomento productivo pasan de representar el 53,3 por ciento al 57,3 por ciento del presupuesto total.

En el desglose por rubros, las rutas y los caminos concentrarán más de la mitad de la inversión de capital, con una suba del 78,8 por ciento en relación con 2026. A su vez, la inversión de capital en educación y cultura aumenta un 82 por ciento; en salud y seguridad se incrementa más del doble; en vivienda y urbanización asciende un 83 por ciento, y en saneamiento ambiental, un 90 por ciento. Para incentivar la actividad económica, los recursos orientados a producción, empleo e innovación crecerán un 56,4 por ciento, acompañados por exenciones y beneficios tributarios estimados en más de 333 mil millones de pesos para reducir la carga fiscal sobre el sector privado.

En este sentido, Boleas afirmó que "a lo largo de los cuatro años de gestión habremos intervenido en el 100 por ciento de las rutas provinciales primarias y en casi 1.000 de las 1.300 escuelas que tiene la provincia".

En cuanto a las pautas macrofiscales fijadas por la Nación, el proyecto estima un crecimiento del PBI del 4 por ciento, una inflación del 18 por ciento interanual (21,1 por ciento promedio) y un tipo de cambio de 1.847 pesos por dólar a fin de año. En materia de endeudamiento, el stock de deuda provincial -que al inicio de la gestión representaba el 67 por ciento de los ingresos corrientes- proyecta cerrar 2026 por debajo del 25 por ciento y alcanzar el 23 por ciento en 2027. Mientras tanto, el pago de intereses caerá un 23 por ciento respecto del año previo y representará solo el 1,3 por ciento de los ingresos corrientes. Este desempeño ubica a Entre Ríos entre las tres provincias con mayor transparencia presupuestaria, según Cippec, y con el puntaje máximo (100 sobre 100) otorgado por la Asociación Argentina de Presupuesto (ASAP).

Finalmente, Boleas afirmó que "todavía falta mucho. Pero también sabemos que una provincia que administra bien sus recursos, cumple sus compromisos y define con claridad sus prioridades es una provincia que tiene muchas más herramientas para desarrollarse".

Acompañaron al ministro durante la conferencia de prensa la secretaria de Hacienda, Presupuesto y Finanzas, Mariela Volpe; el secretario de Asuntos Estratégicos, Joaquín Moro; el director de la Oficina Provincial de Presupuesto, Hugo Zubillaga, y la coordinadora del ministerio, Paula Kozak.

El Gobierno de Entre Ríos presentó este jueves al mediodía en la Casa Gris el proyecto de Presupuesto 2027, diseñado bajo la premisa de “sostener el equilibrio fiscal como herramienta para incrementar la inversión pública y fortalecer las áreas prioritarias de la gestión”.

La exposición fue encabezada por el ministro de Economía, Hacienda y Finanzas, Fabián Boleas, quien estuvo acompañado por el secretario de Asuntos Estratégicos, Joaquín Moro; la secretaria de Hacienda, Presupuesto y Finanzas, Mariela Volpe; el director de la Oficina Provincial de Presupuesto, Hugo Zubillaga; y la coordinadora del Ministerio, Paula Kozak.

El proyecto ingresó formalmente a la Legislatura conforme a los términos del artículo 175º, inciso 8º, de la Constitución Provincial, respetando el marco constitucional que otorga al Poder Legislativo la atribución de fijar el presupuesto de gastos y recursos (artículo 122º, inciso 8º).

LOS 5 DATOS CENTRALES

LOS 5 EJES DE LA POLÍTICA PRESUPUESTARIA

Equilibrio fiscal con inversión pública

“El ordenamiento de las cuentas públicas no constituye un objetivo en sí mismo, sino una herramienta para administrar mejor los recursos, cumplir con las obligaciones del Estado e incrementar la capacidad de inversión”

Infraestructura como prioridad

La inversión de capital crecerá por encima del presupuesto general. Dentro de ella, rutas y caminos tendrán un papel central, con más de la mitad de los recursos destinados a inversión de capital.

Fortalecimiento de las áreas esenciales

“El proyecto prioriza educación, salud, desarrollo humano y seguridad, junto con infraestructura, políticas para la producción, generación de empleo e innovación”

Eficiencia, transparencia y responsabilidad fiscal

“Entre Ríos se ubica entre las tres provincias mejor posicionadas en el Índice de Transparencia Presupuestaria Provincial de CIPPEC. Además, la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP) le otorgó 100 puntos sobre 100 en cumplimiento y transparencia presupuestaria”

Recuperación de la confianza y administración responsable de la deuda

En febrero, Entre Ríos concretó una emisión de deuda internacional por USD 300 millones, en un contexto en el que solo cuatro provincias argentinas pudieron acceder a financiamiento internacional. Los fondos permitieron cancelar pasivos heredados y constituir un fondo de reserva para cubrir vencimientos futuros, con el objetivo de hacer más previsible el esquema de pagos y mejorar la planificación financiera provincial, sin incrementar la deuda neta de la provincia”.Fuente: AHORA

La Cámara de Diputados y el bloque de La Libertad Avanza ya planteó un cronograma estableciendo una posible fecha para llevar el debate por la ley de presupuesto 2027 al recinto.

Esa hoja de ruta que estableció Diputados confirma que el Gobierno nacional llamará nuevamente a sesiones extraordinarias, ya que con este esquema el Senado sólo tendría una semana para tratar el proyecto de ley en Comisión y llevarlo al recinto antes del 30 de noviembre que es cuando termina el período ordinario.

Esto no sería posible teniendo en cuenta que el reglamento establece que, como mínimo, la Cámara Alta necesita dos semanas para el tratamiento de una ley ya que señala de manera expresa que tienen que pasar 7 días corridos entre el dictamen y que el proyecto sea tratado en el recinto.

Como sucede desde hace tres años, la oposición reclamó la presencia del ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, algo que el presidente de la Comisión de Presupuesto, “Bertie” Benegas Lynch, adelantó que solo sería posible “si queda algo en el tintero”, dejando entrever que se mantiene la negativa del ministro de asistir al Congreso de la Nación.

En lo que será el recorrido de la comisión, el bloque de LLA planteó que hoy expondrá el secretario de Presupuesto, Carlos Guberman; y mañana por la mañana el secretario de Trabajo, Julio Cordero.

El debate se retomará el martes 20 de octubre y se espera la asistencia de “alguien de Educación”. Continuará con otra reunión informativa el 27 de octubre sin anunciar la presencia de ningún funcionario.

El Presupuesto 2027 deja una señal concreta para las tarifas de energía: el Gobierno quiere que la electricidad quede mucho más cerca de su costo real, pero sin eliminar por completo los subsidios. El proyecto enviado al Congreso prevé que el 99,75% del costo mayorista eléctrico sea cubierto por la tarifa que pagan los usuarios, mientras mantiene una asistencia diferenciada para los hogares incluidos en el Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF).

El dato es relevante porque muestra hacia dónde apunta la política tarifaria para el próximo año. En el caso de los usuarios residenciales sin subsidio, el Presupuesto proyecta una cobertura del 94,62% del costo de generación. Para los residenciales beneficiarios del SEF, la cobertura baja al 64,27%.

La diferencia marca el nuevo equilibrio que busca Economía: menos subsidio generalizado, más tarifa sobre el costo y una ayuda concentrada en los hogares considerados vulnerables. No desaparece la asistencia estatal, pero queda más focalizada.

La meta de cobertura del 99,75% no implica que todos los usuarios paguen lo mismo. El propio esquema distingue entre residenciales con y sin subsidio. Pero sí plantea que, en promedio, el sistema eléctrico debería depender mucho menos de transferencias para cubrir sus costos mayoristas.

Aun así, CAMMESA seguirá teniendo un lugar central en el Presupuesto. El programa de Formulación y Ejecución de la Política de Energía Eléctrica tendrá $3.177.949 millones, de los cuales $3.079.314 millones corresponden a Sustentabilidad del Mercado Eléctrico. Esa partida está destinada a cubrir los costos del Mercado Eléctrico Mayorista que no sean absorbidos por las tarifas.

La convivencia de ambos datos resume la lógica oficial: tarifas más altas en relación con el costo, pero todavía con una masa importante de recursos públicos para sostener el funcionamiento del sistema.

El Presupuesto también fija una meta física: subsidiar 118.165.250 MWh durante 2027. Es decir, el esquema de asistencia eléctrica continuará activo, aunque bajo una cobertura más acotada que en años de subsidios generalizados.

El SEF seguirá siendo la herramienta principal para ordenar la asistencia energética. Según el proyecto, el Gobierno prevé atender durante 2027 a 8,8 millones de usuarios de electricidad, 5,2 millones de usuarios de gas por redes y 3 millones de usuarios de gas envasado.

El cambio no es menor. El Presupuesto confirma que la segmentación por ingresos deja lugar a un esquema más concentrado en consumos considerados indispensables. En los hechos, el Estado seguirá subsidiando, pero con un diseño que busca limitar el universo alcanzado.

En gas, la asistencia aparece repartida en varias partidas. El programa de hidrocarburos incluye $955.802 millones para subsidios a la demanda, dentro de los cuales se destacan $791.553 millones para el Subsidio Energético Focalizado de garrafas y $163.793 millones para la Compensación Tarifaria de Zona Fría.

La garrafa queda así como uno de los principales componentes de la asistencia a los hogares sin acceso al gas natural por redes. La Zona Fría, a su vez, conserva peso fiscal dentro del esquema, aun en medio de la discusión política por su alcance.

El Presupuesto no se limita a subsidiar usuarios. En hidrocarburos también sostiene asistencia a la oferta. El programa prevé $245.914 millones para subsidios a la oferta de hidrocarburos, bajo el estímulo a la producción de gas natural.

Además, contempla la continuidad del Plan de Reaseguro y Potenciación de la Producción Federal de Hidrocarburos, orientado al autoabastecimiento interno, las exportaciones, la sustitución de importaciones y la expansión del sistema de transporte. Para 2027 se proyectan 7.425,4 millones de metros cúbicos subsidiados bajo ese esquema.

El objetivo es doble: sostener parte de la oferta de gas y, al mismo tiempo, reducir la dependencia de importaciones. En el Presupuesto, ese punto aparece vinculado a todas las cuencas hidrocarburíferas y no solamente a Vaca Muerta.

Por fuera de esas partidas, el Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de Gas prevé $1.014.893,2 millones en transferencias corrientes. El destino será financiar compensaciones tarifarias sobre consumos domiciliarios de gas natural y gas licuado de petróleo.

La hoja de ruta que surge del Presupuesto es clara: electricidad más cerca del costo pleno, subsidios concentrados y continuidad de la asistencia en gas, garrafas y Zona Fría.

El punto sensible será el traslado a las facturas. Para las cuentas públicas, reducir la brecha entre tarifa y costo ayuda a bajar la necesidad de transferencias. Para los hogares, en cambio, implica que una parte mayor del gasto energético quede dentro del presupuesto familiar.

El Gobierno intenta presentar ese movimiento como una normalización del sistema, después de años de tarifas atrasadas y subsidios extendidos. Pero el propio Presupuesto muestra que el ajuste no es total ni inmediato: CAMMESA, el SEF, las garrafas, la Zona Fría y los estímulos al gas seguirán demandando recursos relevantes.

La discusión tarifaria de 2027 pasará por ese equilibrio. Cuánto pagan los usuarios, cuánto absorbe el Estado y cuánto margen queda para sostener la desaceleración de la inflación sin volver a atrasar precios regulados.

El colectivo de discapacidad de Gualeguaychú, integrado por usuarios, familias, prestadores e instituciones, manifestó su preocupación ante el proyecto de Presupuesto 2027 presentado por el Poder Ejecutivo nacional y advirtió por el impacto que podrían tener algunas de las modificaciones propuestas sobre las personas con discapacidad y quienes brindan servicios de atención y acompañamiento.

“Emitimos este comunicado de prensa para expresar nuestra preocupación ante el proyecto de Presupuesto 2027, presentado hoy por el Ejecutivo”, señalaron las organizaciones y espacios que suscribieron el documento.

Según expresaron, “algunos de los cambios propuestos en el mismo: según lo establecido en el Artículo 39 y otros, modificaría aspectos centrales de la Ley 24.901”, norma que establece el Sistema de Prestaciones Básicas para las Personas con Discapacidad.

Uno de los principales puntos señalados en el comunicado está relacionado con el Nomenclador Nacional de Prestaciones Básicas. “El proyecto propone eliminar el esquema actual del Nomenclador Nacional de Prestaciones Básicas, mecanismo que durante más de tres décadas ha permitido establecer valores de referencia comunes para las prestaciones brindadas a personas con discapacidad”, indicaron.

En ese sentido, plantearon que la modificación podría tener consecuencias sobre el acceso a las prestaciones en distintas partes del país. “Distintos sectores advierten que esta modificación podría generar desigualdades entre jurisdicciones, obras sociales y sistemas de cobertura, afectando la accesibilidad y continuidad de los apoyos y tratamientos”, sostuvieron.

Las organizaciones remarcaron que las prestaciones vinculadas a la discapacidad no deberían quedar condicionadas por criterios diferentes de financiamiento. “Las personas con discapacidad no pueden quedar sujetas a criterios variables de financiamiento que pongan en riesgo derechos reconocidos por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad”, expresaron.

Preocupación por las pensiones

El comunicado también hace referencia a las modificaciones que el proyecto contempla en materia de pensiones.

“Asimismo, manifestamos nuestra preocupación por otras modificaciones incluidas en el proyecto, relacionadas con pensiones (volviendo el concepto de invalidez laboral con esto desaparece la cobertura a menores que rige en la actualidad)”, señalaron.

Según el colectivo, estos cambios generan incertidumbre no solamente entre las personas con discapacidad y sus familias, sino también entre quienes forman parte del sistema de atención.

“Lo que genera incertidumbre en miles de familias, profesionales, transportistas, acompañantes, instituciones y prestadores de todo el país”, indicaron.

Frente a este escenario, las organizaciones remarcaron: “La discapacidad no es un gasto”.

“Las prestaciones no son un lujo. Debemos contar con políticas públicas que garanticen derechos humanos fundamentales, inclusión social, acceso a la salud, a la educación y a una vida independiente”, afirmaron.

Ante el tratamiento del proyecto de Presupuesto 2027, el colectivo solicitó a los representantes del Congreso que evalúen las modificaciones vinculadas con discapacidad y sus posibles consecuencias.

“Por ello solicitamos a los legisladores nacionales que analicen en profundidad el impacto de estas medidas y escuchen la voz de las personas con discapacidad, sus familias y las organizaciones que trabajan diariamente en la defensa de sus derechos”, expresaron.

También convocaron a la comunidad a seguir el debate y acompañar las acciones impulsadas en defensa del sector.

El comunicado fue acompañado por instituciones y organizaciones vinculadas con la atención, educación, rehabilitación, recreación y acompañamiento de personas con discapacidad.

Entre las entidades firmantes se encuentran el Centro Educativo Terapéutico y Centro de Día Alium; EPEI y Centro Educativo Terapéutico IDEEA; EPEI N° 15 Emanuel; Fundación Incluir y Grupo Promotor de Argentina “Quererla es Crearla”; Espacio Recreativo Terapéutico y Centro de Rehabilitación Crean; Asociación Civil sin Fines de Lucro de Equinoterapia El Establo; Casa Club Gualeguaychú; Red TDAH Gualeguaychú y la Asociación Civil sin Fines de Lucro TGD Padres TEA Gualeguaychú.

El documento concluye : “Sin derechos no hay inclusión. La inclusión no es un metro cuadrado dónde permanecer, inclusión es una comunidad abierta y despierta a las posibilidades de todos, sin moldes estándar. Sin inclusión no hay ciudadanía plena”.

En el articulado de la iniciativa el gobierno propuso eliminar la norma que obliga a actualizar automáticamente ese beneficio y el resto de las asignaciones familiares en base a la inflación de dos meses previos.

El cambio apareció en el artículo 17, uno de los más breves del proyecto enviado al Congreso. Allí se dispuso la derogación de los artículos 1°, 3° y 4° de la Ley 27.160, sancionada en 2015 para establecer la movilidad de las asignaciones familiares y universales. En el proyecto de Presupuesto 2026 habían intentado avanzar con un cambio similar, que fue rechazado por los legisladores.

El artículo 1° es el corazón del régimen vigente: determina que las prestaciones contempladas en la Ley 24.714 —con excepción de la asignación por maternidad— son móviles. También establece que el ajuste debe aplicarse tanto sobre los montos de los beneficios como sobre los límites y rangos de ingresos familiares utilizados para determinar quiénes pueden cobrarlos.

Ese esquema comprende no solo la AUH y la Asignación por Embarazo (AUE), sino también las asignaciones por hijo, hijo con discapacidad, prenatal, nacimiento, adopción, matrimonio y ayuda escolar, entre otras prestaciones contributivas y no contributivas.

La Ley 27.160 vincula esos aumentos con la movilidad previsional. A partir de la reforma dispuesta en 2024 por el Ejecutivo, los haberes jubilatorios y las asignaciones se actualizan mensualmente de acuerdo con la evolución del índice de precios al consumidor que publica el Indec.

Los otros dos artículos que el proyecto propone derogar ponen el cálculo en manos de la Anses y establecieron la primera aplicación del régimen, que se produjo en marzo de 2016. Aunque esa última disposición ya agotó sus efectos, su eliminación se suma a la derogación de la obligación legal de aplicar la movilidad.

El Presupuesto no incorpora una fórmula alternativa, una periodicidad mínima ni otro parámetro obligatorio para actualizar los beneficios. Por lo tanto, si el artículo se sanciona sin modificaciones, las prestaciones continuarían existiendo, pero sus aumentos dejarían de estar garantizados por el mecanismo automático actual y dependerían de las decisiones que adopte el Poder Ejecutivo.

La modificación no implica por sí sola que la AUH vaya a quedar congelada, que su monto vaya a disminuir o que el beneficio sea eliminado. El régimen general de asignaciones familiares seguirá vigente y el Ejecutivo conservará facultades para fijar o aumentar los valores. El cambio central es que dejaría de estar obligado a trasladar automáticamente la movilidad a los montos y a los rangos de ingresos.

El Gobierno sostuvo en el texto que acompaña al Presupuesto que los principales componentes del gasto social se actualizan automáticamente mediante una fórmula vinculada con la inflación y atribuyó parte del aumento previsto en las prestaciones de la seguridad social a la política de movilidad, cuyos efectos alcanzan expresamente a la AUH y a la AUE.

Las planillas presupuestarias contemplan $14,35 billones para el conjunto de las asignaciones familiares durante 2027. Se trata de un aumento nominal de 22,9% frente a los $11,68 billones estimados para 2026. Sin embargo, ese crédito agregado no permite conocer qué aumentos recibiría cada prestación ni cómo se distribuirían a lo largo del año si desaparece la regla vigente.

Dentro de ese total, el subprograma Asignación Universal para Protección Social, que reúne a la AUH, la AUE y la ayuda escolar correspondiente a sus beneficiarios, dispone de $9,18 billones. Para las asignaciones de trabajadores activos se prevén $3,69 billones; para las de jubilados y pensionados, $1,30 billones, y para las del sector público nacional, otros $185.502 millones.

El Presupuesto proyecta atender a 4.143.930 beneficiarios de la AUH durante 2027, apenas 10.520 más que en 2026. También contempla 90.724 beneficiarios de la AUE y 3.321.397 pagos de ayuda escolar vinculados con la asignación universal.

En su presentación, el Ministerio de Economía informó que la AUH y la AUE alcanzaron en agosto los $150.848 mensuales. Según el cálculo oficial, representó una mejora real del 109,8% frente a diciembre de 2023 y benefició a más de 4,2 millones de niños.

El Gobierno también destacó que la Prestación Alimentar llegó a $72.250 para las familias con un hijo, $113.299 para aquellas con dos y $149.425 para los hogares con tres o más. En conjunto, sostuvo, la AUH, la AUE y la ayuda alimentaria permiten cubrir más del 95% de la canasta básica alimentaria, frente a menos del 55% al inicio de la gestión.

Fuente: La Nación

El Gobierno presentará este martes el proyecto de Presupuesto 2027 en la Cámara de Diputados, con el equilibrio fiscal como condición central de la política económica y una serie de obras reclamadas por gobernadores aliados y dialoguistas, que la Casa Rosada incorporaría mientras busca ordenar los apoyos para la negociación legislativa.

La iniciativa marcará las prioridades del último año del mandato de Javier Milei y, al mismo tiempo, fijará las principales variables con las que el Ejecutivo proyecta llegar a las elecciones presidenciales. Entre ellas estarán las estimaciones de inflación, actividad, recaudación y comercio exterior, además de la distribución prevista para el gasto público.

A diferencia de presentaciones anteriores, Milei no irá al recinto de Diputados para presentar los principales lineamientos ni defender el proyecto. El Presidente reunió este lunes a los legisladores de La Libertad Avanza en la Casa Rosada y, aunque durante una exposición de más de dos horas y media no abordó específicamente el Presupuesto, concentró su intervención en la marcha de la economía y en la necesidad de sostener el rumbo.

El oficialismo llega además a la discusión después de varias semanas de conversaciones con las provincias. Parte de esos intercambios quedaría reflejada en la incorporación de proyectos de infraestructura, una herramienta con la que el Ejecutivo intenta acercar posiciones sin modificar la premisa de quecualquier acuerdo debe mantener el equilibrio de las cuentas públicas.

El déficit cero seguirá en el centro del programa económico

El proyecto mantendrá como uno de sus ejes el déficit cero, que Milei considera una condición indispensable para consolidar la desaceleración de la inflación. El adelanto enviado por el ministro de Economía, Luis Caputo, al Congreso a principios de julio anticipó que el Ejecutivo proyecta una “desaceleración significativa” del índice de precios durante los próximos años.

La expectativa oficial también contempla una mejora de la actividad económica que permita elevar la recaudación en términos reales. De acuerdo con ese documento, el Gobierno proyecta para 2027-2029 un “leve incremento real anual” de los ingresos tributarios, sostenido principalmente por la recuperación de la economía y el crecimiento de las exportaciones.

Ese escenario convivirá con la intención de continuar reduciendo la presión impositiva. Economía planteó que la política tributaria buscará “devolver recursos al sector privado” y mejorar la competitividad de las actividades exportadoras, mientras el Ejecutivo espera que el crecimiento compense parte del efecto fiscal de esas modificaciones.

Las proyecciones oficiales para el mediano plazo también incluyen una reducción de la tasa de desempleo, mejoras en los niveles de pobreza e indigencia y una distribución del ingreso más favorable. El detalle de esas previsiones será uno de los puntos que comenzará a analizar el Congreso una vez que avance el tratamiento en la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

Las obras provinciales entrarían en la negociación por los votos

La negociación con los gobernadores empezó antes del ingreso del proyecto a Diputados. La Casa Rosada trabajó en la incorporación de obras viales, acueductos, plantas potabilizadoras y sistemas de saneamiento solicitados por distintas jurisdicciones, aunque su inclusión en las planillas no garantiza que todas comiencen durante 2027 ni que sean financiadas íntegramente por la Nación.

Entre Ríos y Mendoza fueron las provincias que recibieron señales más concretas. Para el distrito gobernado por Rogelio Frigerio se contemplaron proyectos de agua potable en Concordia, la ampliación del sistema de Diamante y obras cloacales en Villaguay. En Mendoza se prevé la continuidad de trabajos sobre la Ruta Nacional 40, los puentes sobre el río Mendoza en Anchoris y la conexión vial hacia San Juan.

También se analizaron proyectos vinculados con Catamarca, Tucumán, Chaco, Chubut, Corrientes, Salta y Jujuy. Los montos asignados y el ritmo previsto para cada intervención quedarían determinados en las planillas anexas, mientras algunas provincias todavía mantienen conversaciones con el Ejecutivo para definir el alcance de sus reclamos.

La posibilidad de incorporación de obras de infraestructura forma parte de una negociación más amplia. El Gobierno necesita respaldos de diputados y senadores vinculados con los gobernadores para avanzar con su agenda después de las últimas diferencias en el Congreso y pretende que la discusión presupuestaria funcione como una instancia para recomponer esos vínculos.

Ese mensaje también estuvo presente en la reunión que Milei mantuvo este lunes con sus bloques legislativos. Karina Milei pidió evitar enfrentamientos con potenciales aliados y concentrar la confrontación política en el kirchnerismo. La estrategia empezará a ponerse a prueba con el Presupuesto 2027, que obligará al oficialismo a combinar su principal límite económico, el equilibrio fiscal, con las demandas de las provincias cuyos votos necesitará para convertir el proyecto en ley.

Fuente: AHORA