La causa por el manejo de fondos y beneficios vinculados al programa Potenciar Trabajo, que tiene como principal imputada a Carina Izaguirre y que durante casi dos años se tramitó ante la Justicia Federal de Gualeguaychú, tendrá ahora un nuevo escenario judicial: el expediente pasará a la Justicia provincial y continuará bajo la órbita de los Tribunales de Gualeguaychú.

La decisión representa un giro importante en una investigación que comenzó a fines de 2024 y que derivó en la detención de Izaguirre, su procesamiento y una posterior prisión domiciliaria con monitoreo electrónico, que cumple actualmente. El cambio de fuero se produjo después de que el Tribunal Oral Federal de Concepción del Uruguay analizara la competencia que correspondía para juzgar los hechos investigados y resolviera que la causa debía continuar en la Justicia ordinaria.

La investigación se inició a partir de una serie de denuncias relacionadas con la administración de beneficios del entonces programa Potenciar Trabajo. La hipótesis sostenida durante la instrucción federal vinculó a Izaguirre y a otras personas con un esquema que habría incluido exigencias de dinero a beneficiarios, amenazas y préstamos con intereses elevados.

En ese contexto, Izaguirre fue detenida el 18 de diciembre de 2024 por orden del juez Federal de Gualeguaychú, Hernán Viri. En enero de 2025, el magistrado dictó su procesamiento por los delitos de amenazas coactivas, extorsión y usura, además de disponer su prisión preventiva.

Uno de los aspectos centrales de aquella investigación estuvo relacionado con el supuesto cobro de una parte del dinero que recibían los beneficiarios del programa y con préstamos que, de acuerdo con la acusación, eran otorgados a personas que atravesaban situaciones de vulnerabilidad y luego debían ser devueltos con elevados intereses.

El abogado defensor Matías Farías cuestionó desde un comienzo distintos aspectos de la imputación. Entre ellos, planteó objeciones respecto de la calificación legal de los hechos y también sobre la competencia de la Justicia Federal para intervenir en determinadas conductas investigadas.

La situación procesal de Izaguirre tuvo luego una modificación sustancial. En abril de 2025, la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná le concedió el beneficio de la prisión domiciliaria, bajo control mediante dispositivo electrónico y con restricciones de contacto y acercamiento respecto de beneficiarios de Potenciar Trabajo y otras personas vinculadas con la investigación.

El cumplimiento de esa medida se concretó a fines de abril. Izaguirre fue trasladada desde la Unidad Penal Nº 9 de Gualeguaychú hasta su domicilio, donde continuó privada de su libertad bajo monitoreo electrónico.

Farías aseguró que en el ámbito provincial seguirá trabajando de la misma forma en que lo hizo en el Federal, donde consiguió la excarcelación. “Vamos a realizar los planteos y presentaciones necesarias para avanzar en el proceso. Tal como se logró que Izaguirre saliera de la prisión preventiva y que la mayor parte de los imputados puedan ser sobreseídos, ahora vamos a continuar en el mismo sentido con los imputados que quedan”, indicó.

El cambio de fuero

Ahora, más de un año después de aquella decisión, el expediente vuelve a cambiar de escenario judicial. El Tribunal Oral Federal de Concepción del Uruguay declaró su incompetencia para continuar interviniendo en la causa.

La Fiscal Federal Josefina Minatta sostuvo que los delitos atribuidos a los acusados —amenazas coactivas, extorsión y usura— tienen carácter ordinario y que, en función de los elementos reunidos, no se encontraba acreditada una afectación directa de intereses o bienes del Estado Nacional que justificara mantener la intervención del fuero federal.

La funcionaria explicó que “no había ningún delito federal involucrado, ninguno era funcionario público del Estado Nacional, las personas imputadas eran particulares, y los delitos en cuestión son de competencia provincial. En casos que eran idénticos, la Corte Suprema ya había dictaminado por la competencia provincial y entonces seguimos la línea de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”.

Fue ella quien dictaminó que por la forma planteada del caso no había ningún interés federal comprometido, porque los fondos ya estaban en la órbita de los particulares y la usura es un delito federal. A partir de este planteo, el Tribunal se declaró incompetente. “Este caso conforma un universo de casos que se iniciaron por denuncias a una línea telefónica de denuncias, y esos casos que se iniciaron bajo este mismo modus operandi, la Corte los envió a la órbita provincial”, explicó

El traspaso no implica una definición sobre la responsabilidad penal de Izaguirre ni de los restantes imputados. Tampoco supone una absolución ni modifica por sí mismo los hechos que fueron objeto de investigación. Lo que cambia es el fuero que tendrá a su cargo la continuidad del proceso.

La causa deberá ahora continuar en Gualeguaychú con las reglas y autoridades correspondientes al sistema de Justicia provincial, donde deberán definirse los próximos pasos procesales y el destino de la investigación.

Así, el expediente que comenzó con una investigación federal sobre el funcionamiento de Potenciar Trabajo y que llevó a Izaguirre a permanecer detenida primero en la UP9 y luego bajo prisión domiciliaria, ingresa ahora en una nueva etapa judicial, esta vez ante los Tribunales de Gualeguaychú.

La causa Potenciar Trabajo, que investiga un perjuicio millonario al Estado y beneficiarios por parte de personas que se quedaban con parte de lo recibido, dio un giro el martes pasado cuando la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná otorgó el arresto domiciliario con monitoreo electrónico a Carina Rocío Ester Izaguirre, dirigente de la organización CubA-MTR, procesada por amenazas coactivas, extorsión y usura en relación con el programa social.

Esto último tomó por sorpresa a más de uno, sobre todo a la Fiscalía y el Juzgado Federal de Gualeguaychú, los responsables de llevar adelante la investigación. Entre los argumentos por los cuales no acuerdan con el beneficio para Izaguirre figuran la gravedad de las amenazas que proliferaron y ahora podrían proliferar de igual manera sin que la procesada esté en la Unidad Penal Nº9.

“Para que una persona esté privada de la libertad preventivamente se tienen que verificar dos parámetros. Uno es el peligro de fuga y otro el entorpecimiento de la investigación. Y tanto el fiscal Pedro Rebollo como yo entendimos que se verificaba esto último porque están comprobadas las amenazas que recibían los beneficiarios de los planes”, explicó el juez federal de Gualeguaychú Hernán Viri, quien inmediatamente compartió su parecer sobre la decisión tomada por la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná: “La verdad es que nadie se esperaba una decisión así. Fue una sorpresa para todo el mundo. La Fiscalía también está sorprendida”.

Según los argumentos de la Justicia Federal local, Izaguirre y su organización amenazaron a los beneficiarios con quitarles los planes, pero no descartan que las amenazas hayan sido también de otra índole. Y ahora, con la nueva condición a la que va a acceder la dirigente social procesada, crece el temar lo de que las intimidaciones y amedrentamientos vuelvan con más énfasis y peligrosidad.

A pesar de todos estos argumentos,  la Cámara Federal de Paraná, integrada por Cintia Gómez y Beatriz Aranguren, otorgó la prisión domiciliaria a Izaguirre al considerar favorable el dictamen del Fiscal General, Ricardo Álvarez, y que también estableció condiciones como control electrónico y prohibición de contacto con personas vinculadas a la investigación.

“El arresto domiciliario, que aún no se dio porque no está una tobillera, es una morigeración de la prisión preventiva en la Unidad Penal. Es verdad que no puede tener diálogo ni contacto con la gente que recibe los planes y tiene ciertas prohibiciones. Lo que pasa es que es inmanejable eso. Por eso el Fiscal Federal y yo entendíamos que el único lugar donde estaba neutralizada esa posibilidad era en la UP9. Desde la casa es incontrolable, más allá que ella no se mueva. No existe la posibilidad de poner un policía las 24 horas para que controle con quién habla. Además, a través del celular puede hacer lo que quiera y eso estaba neutralizado en el penal porque ahí no tiene celular y las conversaciones están controladas”, rebatió el Juez Federal en declaraciones a Ahora ElDía.

A modo de ejemplo sobre los alcances que una organización de este tipo tiene las posibilidades de entorpecer la investigación, el magistrado mencionó la impunidad con la que se movían cuando estaban plenamente activos. “Hicimos un primer allanamiento y corroboramos que la organización seguía operando de la misma manera. Inclusive ya con la investigación en marcha, el sistema seguía funcionando. Es más, hasta fue perfeccionado por ella porque hasta ese momento las transferencias, lo que ella cobraba, era vía bancaria. Por eso nosotros teníamos corroborado, a través de billeteras virtuales y de cuentas bancarias, que cobraba esta plata ilegalmente. Cuando nosotros allanábamos y secuestramos las pruebas, continúa haciendo eso, pero ya no lo hace por vía bancaria sino que lo hacen en efectivo para no dejar rastro”. 

“La persona que recibe el plan tiene miedo. El miedo está. Entonces, lo que tenemos que hacer como Estado es proteger a toda la ciudadanía, pero sobre todo a aquellas personas más vulnerables. Y yo pongo especial atención en tener en cuenta el grado de educación y de cultura de los amenazados, que son las que te permiten a veces identificar hasta dónde puede llegar una amenaza o no”, remarcó. 

A pesar de esta especie de revés, Viri insiste con que esto es solamente un obstáculo y que la investigación y el proceso judicial sigue en marcha y que además avanza hacia buscar otros culpables y responsables detrás de este desfalco millonario contra el Estado y las poblaciones más vulnerables, el cual rondaría a simple vista en como mínimo 50 millones de pesos.

“Que cumpla prisión domiciliaria no quiere decir que deje de estar procesada. Los está por los delitos que yo la procesé, y la Cámara confirmó eso. Solamente la condición de la detención es lo que cambió, y no quiere decir esto que está en libertad. La detención, en vez de cumplirla en una unidad penal, la cumple en su casa. Pero está detenida, está confirmado el procesamiento, y ahora dispuse una serie de medidas para avanzar sobre muchas otras personas que están imputadas”, subrayó. 

“La idea es citar en los próximo días a indagatoria a otros 10 imputados. La idea es que empiecen a prestar declaración, y después de eso resolveré si los procesos. Y una vez terminada la investigación vendrá una elevación a juicio por parte mía al Tribunal Oral Federal de Concepción del Uruguay”, adelantó a Ahora ElDía.

“Es muy difícil hacer todo esto sin tener un padrinazgo político. Cuando comienzo a profundizar la investigación y terminamos en La Matanza, justamente fue con esa intención. Esa es mi forma de investigar y hago lo mismo en las causas por narcotráfico, por lavado de dinero o trata de personas. No me quedo solamente con el hecho aislado, sino que trato de ver de dónde viene, quién provee, a quién se le responde. Trato de buscar quién se beneficia, no solamente quedarme con los últimos eslabones de la cadena de las organizaciones criminales”, concluyó.

La opinión de la Defensa

Matías Farías, uno de sus abogados defensores, habló sobre el arresto domiciliario de Carina Izaguirre: “Basamos nuestro pedido en la cuestión de que ella no había presionado a ningún testigo no era algo que pasaba. Asimismo, habíamos sumado que era necesario que ella estuviera en su casa, al menos con un arresto domiciliario por el hecho de que tiene un hijo menor de edad y también necesita ayudar en la casa”.

“La Cámara hizo lugar a este pedido, con la condición de que tuviera una tobillera electrónica. Muchas veces en estas cuestiones, cuando se impone que alguien tiene que tener una tobillera, tenemos que esperar a que haya cupos, o sea, a que se gestione esa tobillera, que luego es controlada por otra dependencia”, afirmó. 

“La libertad no es automática, como en otras causas, sino que hay que esperar a que la tobillera quede instalada. Este es un dispositivo que funciona con internet y con otras cuestiones para las que tienen que entrar en su casa”, agregó.

“Cuando vuelva a su domicilio la iré a visitar, vamos a charlar tranquilos y ahí voy a tener un panorama mejor sobre cómo está ella y cómo vamos a avanzar con la causa”, concluyó. 

En el día de ayer, la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná revocó la prisión preventiva de Carina Izaguirre y le otorgó arresto domiciliario con monitoreo electrónico. La dirigente social de Gualeguaychú se encontraba alojada en la Unidad Penal Nº9 desde su detención el 18 de diciembre de 2024. Se le imputan los delitos de “amenazas coactivas, extorsión y usura” en relación con el programa social “Potenciar Trabajo”. Para indagar en los detalles de este último cambio en su condición de detenida, Ahora ElDía conversó con Matías Farías, uno de sus abogados defensores.

“Habíamos presentado un pedido de arresto domiciliario. No fue otorgado por el juez y entonces se apeló a la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná, la cual lo otorgó. Básicamente habíamos basado nuestro pedido en la cuestión de que ella no había presionado a ningún testigo y que las otras situaciones que el juez había dicho -de falta de arraigo o de que la ciudad estaba muy cerca de la República Oriental del Uruguay- tampoco eran algo que pasaba. Asimismo, habíamos sumado que era necesario que ella estuviera en su casa, al menos con un arresto domiciliario -nos parecía que era el mejor criterio por ahora-, por el hecho de que tiene un hijo menor de edad y también necesita ayudar en la casa, donde tiene una pequeña despensa y un emprendimiento de repostería”, explicó.

Y añadió: “Ayer la Cámara hizo lugar a este pedido, con la condición de que (Carina) tuviera una tobillera electrónica. Muchas veces en estas cuestiones, cuando se impone que alguien tiene que tener una tobillera, tenemos que esperar a que haya cupos, o sea, a que se gestione esa tobillera, que luego es controlada por otra dependencia. Entonces, la libertad no es automática, como en otras causas, sino que hay que esperar a que la tobillera quede instalada. Este es un dispositivo que funciona con internet y con otras cuestiones para las que tienen que entrar en su casa”.“Por ahora estamos esperando esto para que ella ya tenga la posibilidad de volver a su domicilio. Cuando lo haga, la iré a visitar, vamos a poder charlar tranquilos y ahí voy a tener un panorama mejor de cómo está ella y de cómo vamos a avanzar con la causa. Por ahora, esto nos da tranquilidad para poder seguir estudiando la causa y tramitando la defensa hasta que el día de mañana se haga el juicio”, concluyó Farías.