En un megaoperativo sin precedentes llevado a cabo en la provincia de Buenos Aires, 70 menores de edad fueron rescatados este martes como resultado de un amplio despliegue contra redes de explotación sexual infantil en línea. En total, 20 personas resultaron detenidas, mientras que 112 individuos quedaron imputados tras realizarse 115 allanamientos en 65 ciudades bonaerenses.

Del procedimiento, denominado “Operación Protección de las Infancias IV,” participaron la Policía Federal Argentina y las fuerzas policiales de la provincia y ciudad de Buenos Aires, bajo la coordinación del Ministerio Público bonaerense.

Desde las seis de la mañana del martes, más de 1.140 efectivos se desplegaron para desarticular redes que operaban en la producción y distribución de material de abuso sexual infantil. La operación fue supervisada por el procurador general bonaerense, Julio Conte-Grand, y Eleonora Weingast, a cargo del Departamento de Delitos Conexos a la Trata de Personas, Pornografía Infantil y Grooming; y concluyó con la incautación de cientos de dispositivos de almacenamiento, teléfonos y armas de fuego en múltiples localidades.

Uno de los lugares allanados fue la cárcel de Florencio Varela, donde la policía descubrió que dos celdas habían sido acondicionadas como “búnkeres” para almacenar y distribuir imágenes de abuso sexual infantil. Allí, los oficiales hallaron varios celulares y una computadora que los internos utilizaban para gestionar el tráfico de contenido ilegal. Los investigadores señalaron que los integrantes de esta red habían instalado una aplicación que simulaba ser una calculadora, pero en realidad permitía el acceso a carpetas ocultas donde almacenaban las imágenes y videos.

En esos procedimientos participaron la Estación de Policía de Berazategui, Dirección de Análisis de la Conducta Criminal y Victimológico y SIDE Agencia de Seguridad Nacional.

Según fuentes judiciales, los internos solicitaban a sus víctimas –todas menores de edad– que enviaran material de abuso, con el cual luego extorsionaban a las víctimas a cambio de no divulgar el contenido. A su vez, los detenidos compartían este material con otros presos y usuarios externos mediante la misma aplicación.

En este allanamiento específico, los efectivos notificaron de la imputación en su contra a seis internos e incautaron siete celulares. Uno de los líderes de esta red, condenado a 50 años de prisión por abuso sexual, mantenía carpetas organizadas con los nombres de sus víctimas.

En total fueron 115 los lugares inspeccionados, en más de 64 ciudades de la provincia de Buenos Aires, entre ellas Avellaneda, Lanús, Bahía Blanca, Tres Arroyos, Junín, La Matanza, La Plata, Lomas de Zamora, Ezeiza, Mercedes, Morón, Pergamino, Quilmes, San Isidro y San Martín. La Dirección de Investigaciones en Cibercrimen de la Policía bonaerense, la División de Delitos Cibernéticos contra la Niñez y Adolescencia de la PFA, y la Dirección de Cibercrimen de la Policía porteña, además de las DDI y DUOF de diferentes jurisdicciones, colaboraron en el megaoperativo.

Como resultado, los agentes secuestraron 528 dispositivos de almacenamiento y 260 teléfonos celulares, además de varias armas de fuego. En 32 de los registros se realizaron triages, es decir, revisiones de los contenidos en los dispositivos in situ para asegurar la integridad de las pruebas.

En un procedimiento realizado en La Matanza, además, los investigadores encontraron pintadas en una pared, una escena preocupante que involucraba a una menor que, según creen, habría sido abusada por su propio padre, quien también estaba implicado en la distribución de imágenes aberrantes de menores.

Además de la tenencia y distribución de material de abuso sexual infantil, las autoridades investigan la posible producción de dicho contenido, el acoso sexual en línea (grooming) y la extorsión. La operación forma parte de una serie de acciones iniciadas en 2023 con una investigación liderada por el fiscal Fernando Grafigna desde el nodo fiscal de Junín. Esta línea de investigación se amplió con la colaboración de 25 fiscalías que han participado activamente en la identificación y procesamiento de los responsables.

Además de las fuerzas locales y nacionales, la operación contó con el respaldo de agencias internacionales, como la Oficina de Investigaciones del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (Homeland Security Investigations), y de organizaciones no gubernamentales como Grooming Argentina, Mamá en Línea, Aerial Recovery, Operation Underground Railroad (OUR) y The Exodus Road (TER). 

Durante el operativo, estuvieron presentes la Directora Operativa del Comité Ejecutivo para la Lucha contra la Trata de Personas, Verónica Toller; y el integrante del equipo técnico del Comité, Fernando Vedoya; así como representantes de la plataforma TikTok y otras entidades internacionales.

El juez encargado del caso, Miguel Faría, le imputó tenencia, facilitación y distribución de material de abuso sexual, agravado por usar imágenes de menores de 13 años, según confirmó el periodista Rodrigo Alegre.

En el recuento que aparece en el dictamen, se señala que el exdiputado tenía 913 archivos en total, encontrados tanto en la primera computadora secuestrada en la casa de sus padres, como en la computadora confiscada en el allanamiento a la casa del imputado en agosto. Según las pericias tecnológicas, la mayoría de ese material fue descargado en el sitio eMule. Como dato extra y una prueba de la investigación, se conoció que los archivos estaban guardados en carpetas con el nombre de Germán.

Todavía faltan elementos por analizar, según indicó el juez, pero se dictó la prisión preventiva mientras que avanza la investigación en la Secretaría de Apoyo de Investigaciones Complejas del Poder Judicial. Kiczka seguirá recluido en la Unidad N° de Cerro Azul.

La Legislatura de Misiones expulsó al diputado Germán Kiczka, acusado de pedofilia

En tanto, Germán Kiczka fue expulsado de la Legislatura provincial de Misiones en una sesión que comenzó el jueves a las 18:00. Su remoción fue el primer tema a tratar por los legisladores que componen la cámara provincial. “Tomamos la decisión de acompañar la expulsión, no podemos darle lugar a un recinto, donde representa a la provincia de Misiones”, aseguró la diputada Blanca Alvez, del partido Agrario y Social Frente de Todos.

El pleno de la Cámara de Representantes votó el dictamen de la Comisión Investigadora creado para analizar el comportamiento del legislador acusado de pedofilia. Para ello, se analizó material importante de la causa que lo investiga.

El cuerpo que llevó adelante la investigación es presidido por el Frente Renovador de la Concordia y analizó dos pedidos de expulsión contra Kiczka: uno presentado por el oficialismo y otro por la oposición.

Los Renovadores pidieron la remoción “en virtud de los hechos aberrantes que involucran su accionar delictivo”. Los opositores fundaron su planteo en la inhabilidad moral del legislador “en virtud de los graves hechos por los cuales se encuentra imputado y privado de su libertad, y por haber intentado eludir el accionar de la justicia”.

Previamente, Kizcka había presentado su renuncia en la Cámara de Representantes. Renuncia que fue rechazada por el plenario, al igual que el desafuero, ante el pedido de detención que realizó la Justicia.

El lugar de Kiczka en la Legislatura provincial será ocupado por el radical Javier Mela. Cuando se incorpore, habrá una nueva disposición de fuerzas en el hemiciclo legislativo.

Este jueves, Facundo Candiotti viajó desde la ciudad de Paraná, donde cumple con prisión preventiva, a Gualeguaychú, para presentarse ante el Juzgado Federal a cargo de Hernán Viri. 

Según confirmaron fuentes de la investigación a Ahora ElDía, el ex jefe del Regimiento de nuestra ciudad se negó a declarar.

Recordemos que Candiotti está procesado por encubrimiento de abusos sexuales ocurridos cuando él era el jefe del Ejercito, y que recientemente le hallaron pornografía infantil en su celular, por lo cual fue llamado a indagatoria. 

Se trata de 249 videos y 69 imágenes de niños y niñas menores de 13 años.

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Se llevaron a cabo allanamientos en Entre Ríos. Dos operativos se realizaron este martes en Paraná en el marco de la operación internacional contra la explotación sexual de niños y adolescentes denominada "Aliados por la Infancia II" que investiga delitos de explotación sexual infantil. La operatoria se realizó en forma simultánea en varios países.

En Paraná, personal de la División Trata de Personas dependiente de la Dirección Investigaciones practicó el allanamiento dispuesto por la jueza de Garantías, María Gabriela Garbarino, que entiende en la causa por "Delitos atinentes a la explotación sexual de niños, niñas y/o adolescentes en la red", que se encuentra en trámite ante la fiscalía de Género y Abuso Sexual a cargo de Leandro Dato.

Los allanamientos se concretaron en dos viviendas ubicadas en la ciudad de Paraná, en las cuales se procedió al secuestro de cuatro CPU, una netbook, tres pendrives, un modem, tres tarjetas de memoria, cuatro teléfonos celulares, una tablet, un router y anotaciones varias de interés para la causa.

Según se indicó a UNO desde fuentes policiales, los allanamientos se realizaron con la presencia de las delegadas judiciales y con irrupción del personal del GIA de la Dirección Operaciones y Seguridad, y con la colaboración de personal de las Inteligencia Criminal y Criminalística.

En relación a los denunciados, ambos mayores de edad, por disposición del fiscal Dato fueron trasladados a la División Antecedentes Personales, donde se los identificó y quedaron supeditados a la causa, publicó UNO.

Este martes, en la Sala Penal de Concepción del Uruguay, tuvo lugar la lectura de la sentencia por la cual se condenó a L.D.C., funcionario policial de 31 años de edad domiciliado en Colón, a la pena de 12 años de prisión por abuso sexual y publicación de pornografía infantil, a raíz de una denuncia radicada en febrero de 2023.

Al inicio de la investigación el imputado fue intensamente buscado debido a que sus propios familiares radicaron una denuncia por averiguación de paradero, sospechando que podía haber tomado una autodeterminación.

Sin embargo, los investigadores se centraron en la hipótesis de una fuga, por lo cual se ordenó su captura. Finalmente fue detenido en la provincia de Salta y cumplió prisión preventiva en la Unidad Penal de Paraná.

El 7 de noviembre en Concepción del Uruguay tuvo lugar la audiencia de juicio abreviado, presidida por el vocal Mariano Martínez, con la participación de la abogada querellante Magdalena Vinacur, el defensor particular Jorge Cacella y el fiscal Alejandro Perroud. El imputado reconoció la autoría de los hechos y aceptó la pena impuesta.

“Un funcionario policial, de 40 años y que presta servicio en comisaría de Hasenkamp, ayer comenzó a recibir mensajes de WhatsApp y llamadas telefónicas anónimas a través de las que le solicitaban una suma de dinero a cambio de no escracharlo en redes sociales con imágenes pornográficas”, comunicó a Elonce el jefe de la comisaría de San Benito, César Reding.

Y continuó: “El jefe de la comisaría informó de la situación al fiscal en turno, Dr. Alfieri, a quien le comunicó que iban a pactar un encuentro en ruta 12 y el ingreso a San Benito por calle Guido Marizza; el procedimiento se llevó a cabo con personal a cargo del jefe de comisaría de Hasenkamp”.“En el encuentro le iban a entregar el chip del teléfono con las supuestas imágenes a cambio de 100 mil pesos”, confirmó el comisario.Los efectivos de Hasenkamp se hicieron presentes, en autos de civiles, y al dar con las dos mujeres que estaban en el punto de encuentro -junto a un menor de edad-, se procedió a la detención de ambas durante el intercambio del dinero.“No cuentan con antecedentes penales, pero sí se investiga si están o no involucradas en hechos de similares características”, aclaró Reding y comunicó que permanecen detenidas en Alcaidía de Tribunales en Paraná; mientras que el menor quedó a disposición del Copnaf.

En la oportunidad, el funcionario policial recomendó que, ante situaciones de extorsión, realizar la denuncia correspondiente para dar intervención a la Fiscalía en turno. (Elonce)

Lo que concierne a los operativos locales, las dos viviendas que fueron allanadas se ubican en el mismo terreno, una es de uso particular de los propietarios y otra es de alquiler. La policía llegó al domicilio luego de detectar el uso de un programa que se utiliza específicamente para compartir y distribuir material pornográfico, entre el contenido también se difunde pornografía infantil. 

Esta actividad delictiva fue rastreada a través del código IP que tiene el suministro de internet y que lo ubica en calle Andrade en cercanías del Boulevard Pedro Jurado. El servicio está a nombre de la dueña de la propiedad, la cual según el fiscal Leandro Dato se mostró sorprendida y colaboró con las autoridades. 

En tanto, la vivienda que suele habitar el inquilino fue allanada y se secuestraron dispositivos tecnológicos, no así celulares ya que el programa no se usa en este tipo de tecnología. También fue secuestrado el router de internet. No se encontró material analógico relevante.

La persona que es de interés para la causa no se encontraba en el domicilio al momento de los operativos por lo cual se intentará contactarla. En este sentido, el fiscal precisó que el sujeto trabaja fuera de la ciudad por eso "viene y va”.  

Ahora ElDía estuvo en el barrio donde los vecinos se mostraron sorprendidos ya que aseguraron que no notaron ninguna actitud sospechosa de parte del inquilino buscado. Y precisaron que la propiedad en cuestión pertenece a una de las vecinas con más años en la cuadra, por lo cual la conocen de toda la vida. 

Por otra parte, los hechos que se investigan en Entre Ríos, por lo menos en principio, incluyen la distribución del material y no la producción del mismo. 

En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio Plaza), Dato sostuvo que “es un trabajo conjunto con el Ministerio Público Fiscal de Buenos Aires que recibe toda la información de distintas agencias del mundo que tienen que ver con la pornografía en la infancia, en particular en Argentina. Desde allí nos derivan a las provincias los informes con identificación de domicilios, usuarios de servicios de internet y cable que podrían estar compartiendo material pornográfico, como en este caso”.

Especificó que “el trabajo del lunes se realizó en tres Departamentos de la provincia, con operativos en dos domicilios de Paraná, uno de Diamante y otros dos de Gualeguaychú, donde uno solo estaba involucrado” ya que “esto es un programa que recibe y transfiere la información, que trabaja con internet, y suele suceder que se clonan dispositivos o se toma el WiFi del vecino”. 

Acotó que “los rastreos con información que nos llegan puntualizan fecha y hora exacta en que desde tal computadora se movió el programa, que en general está en el escritorio de las computadoras”.    

Sobre el trabajo que se realiza, apuntó que “en principio se secuestra el CPU, Cd’s o alguna cámara de filmación o de fotos porque en principio entramos para constatar la utilización del programa, pero puede haber casos en que además las personas produzcan pornografía que es otro delito, o que tengan en su poder pornografía infantil que también es otro delito distinto. De acuerdo al material que se encuentra, pueden configurarse distintos delitos. En una segunda etapa de la investigación se deberá determinar si hubo en el lugar producción de pornografía, por eso trabaja Criminalística, Trata de Personas de la policía, Inteligencia Criminal que tienen su rol dentro de la vivienda al ser allanada, se toman fotos, filmaciones del lugar para cotejar luego todo”.

También dijo que “es muy difícil cuantificar las victimas porque en algunos casos hay cientos de imágenes, porque el eslabón es la utilización del programa y la transferencia  de información de pornografía en casos concretos de Paraná, Diamante y Gualeguaychú. No se llega a determinar en esta investigación si hubo producción de pornografía fuera de la ciudad o del país, en principio”.

Confirmó que “las personas halladas en los domicilios quedaron identificadas, no estaban en flagrancia –no estaban utilizando el programa en el momento- por lo cual no fueron detenidas, pero claramente están vinculadas a la investigación” y mencionó que “algunos tienen que ver con el trabajo en redes, otros con trabajos informáticos, y otras personas son empleados públicos, empleados privados o tienen algún oficio”.

Consultado por los delitos imputados, Dato señaló que “en principio se trabaja sobre la base del artículo 128 del Código Penal, cuya pena es de 3 a 6 años de prisión, que tiene que ver con divulgar, facilitar o distribuir material de pornografía. Si hubiera tenencia podría ser otro delito que tiene una pena de 6 meses a dos años. Son las dos primeras figuras con las que van a estar acusadas estas personas”.

Finalmente, consideró que “como pasó con la política criminal de violencia de género y abuso sexual, a este delito se le ha prestado más atención en el último tiempo y empiezan a generarse actividades estatales de algunas agencias junto con fundaciones y asociaciones civiles dedicadas a la visibilización de estos temas y a la persecución. Hay más foco de atención y por eso ahora estamos teniendo más causas. Estos procedimientos como el del lunes de Aliados por la Infancia que se dio al mismo tiempo en otros países, en general es una política continental de prestar atención y empezar a perseguir más firmemente este tipo de conductas, con un concepto de cooperación y de colaboración”.

El fiscal Leandro Dato confirmó a AHORA que este lunes a la mañana comenzaron a desarrollarse una serie de operativos en Paraná y otros puntos de Entre Ríos, en el marco de una megacausa por abuso de menores -pornografía infantil- que involucra a otras provincias y países del exterior.

"Estaba fijada esta fecha para realizar procedimientos simultáneos en 16 provincias y cinco países de la región. Teníamos información de la producción y distribución de pornografía en la infancia. En Entre Ríos hubo dos domicilios allanados en Paraná, con resultados positivos. Encontramos el programa que facilita la transmisión. También en el departamento Diamante y Gualeguaychú, en todos los casos con personas identificadas", indicó Dato.

El letrado señaló que se secuestraron computadoras, celulares y otros dispositivos electrónicos que serán analizados: "Más allá de estar buscando el programa en particular, podría darse el delito de tenencia, que también está penado". Aclaró luego: "Estamos sólo autorizados a detener en caso de flagrancia, si hay en el momento transmisión o recepción. Como en este caso no se estaba consumando el delito, sí fueron autorizados, deberán designar abogado para explicar cómo estaban siendo ejecutados esos equipos y programas".

Dato dijo que, en uno los domicilios allanados, había una persona con causas abiertas anteriormente: "Ahora viene la etapa de la pericia de los equipos, a los efectos de confrontar la información de organismos internacionales, que daban cuenta de que circulaban pornografía".

“En los allanamientos desarrollados en Paraná se logró el secuestro de elementos informáticos, elementos con los que grababan películas y demás material importante para la causa porque eran de registro; y en uno de los procedimientos se incautaron estupefacientes, por lo que se dio intervención a la fiscalía de Delitos Complejos, porque la orden internacional de allanamiento era por el delito de pornografía infantil y estaba a cargo del fiscal de Género, Leandro Dato”, comunicó el subjefe de la División Trata de Personas, Lisandro Reyes.

“En la provincia fueron demoradas cuatro personas y una persona quedó detenida en Paraná, tras un allanamiento que se concretó en zona de barrio Gazzano, porque además de contar con elementos que eran vital para la investigación, en su domicilio, tenía estupefacientes”, confirmó el comisario. De acuerdo a los datos a los que accedió Elonce, el sospechoso tenía cerca de 700 gramos de marihuana, que se encontraban listas para ser comercializados en bochitas y pequeños paquetes.

“Se secuestraron DVDs y otros elementos a través de los que se grababan esta clase de filmaciones”, aclaró el funcionario policial y explicó que “todo el material informático y los soportes en los que se guardaban las grabaciones serán peritados por el personal de un gabinete especializado que lleva adelante la investigación”.

La investigación se desarrolló tras tareas de inteligencia realizadas entre personal de la División Trata de Personas y efectivos de la Dirección Inteligencia Criminal de la Policía de Entre Ríos, a través de la que se verificaron los datos aportados por Fiscalía para poder llevar adelante los procedimientos, que arrojaron resultados positivos.

Investigación de carácter internacionalEl operativo de la Operación Red Federal en Alerta II pudo concretarse gracias a la utilización del sistema de investigación que proporciona “ICACCOPS” (Sistema de investigación estadounidense Internet Crimes Against Children Child On-line Protection System), plataforma utilizada para verificar tráfico de material de explotación sexual de niños, niñas y adolescentes en plataformas de intercambio Peer lo Peer (P2P). Este mismo sistema es utilizado por miles de investigadores en todo el mundo con el objeto de brindar asistencia en este tipo de casos.

De esta manera, el sistema aportó pistas de investigación y permitió identificar direcciones de IP asociadas a archivos relacionados con la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes. Se logró identificar a 62 usuarios en distintos puntos del país, entre ellos, de la provincia de Buenos Aires, CABA, Entre Ríos, Santa Fe, Chubut, Córdoba, Formosa, Salta, San Luis, Misiones, Jujuy, Mendoza, Chaco y San Juan.

A partir de los datos recabados, se realizó una investigación preliminar de los 13 usuarios identificados en CABA y las fuerzas de seguridad allanaron sus domicilios, ubicados en los barrios de Flores, Belgrano, Monte Castro, Parque Chacabuco, Boedo, Caballito, Villa Crespo, Constitución, San Telmo y Almagro.

La fiscalía de Violencia de Género encabezó este miércoles cuatro allanamientos en Paraná, Concordia y Colón con el fin de avanzar en una causa por pornografía infantil. Se supo que dos hermanos de Paraná fueron detenidos, al tiempo que se secuestró material informático y cerca de 700 gramos de marihuana.

Se informó que en Paraná personal de la División Trata de Personas avanzó con las requisas domiciliarias en dos viviendas de hermanos ubicadas en el Barrio CGT y en inmediaciones de la Universidad Nacional Tecnológica (UTN), en Paraná.

La causa está centralizada en Buenos Aires, y avanzó este miércoles con nuevos procedimientos en el marco de la denominada Operación Red Alerta II, que investiga el delito de pornografía infantil.

El fiscal Leandro Dato supervisó los procedimientos en Paraná, Colón y Concordia, que terminaron con dos personas judicializadas. Son dos hermanos, a los que se les incautó abundante material informático, celulares, computadoras y soportes.

Además, en una de las viviendas de los sospechosos se localizaron cerca de 700 gramos de marihuana, que se encontraban listas para ser comercializados en bochitas y pequeños paquetes.

Desde el arranque de la causa, se pudo establecer que los acusados utilizaban programas específicos para la transmisión de imágenes de pornografía infantil.

Los dos hombres de Paraná, de 39 y 36 años, quedaron a disposición de la Justicia. Los dos vinculados directamente por la Operación Red Alerta II, a lo que se le sumó a uno, la incautación de material estupefaciente.

Fuente: UNO

La División de Delitos Informáticos (cibercrimen) de la Policía Bonaerense detuvo a un joven de 22 años, acusado de tenencia y distribución de pornografía infantil, durante un allanamiento realizado en su casa.

Fuentes judiciales informaron a cronica.com.ar que el aberrante hecho habría sido descubierto por una denuncia, que dio origen a la investigación supervisada por la UFI 8 descentralizada.

El operativo realizado en el interior de una vivienda ubicada en Calle 12, al 2300, donde aprehendieron al sujeto identificado como Agustín Startari Soria (22), a quien le secuestraron un teléfono celular Motorola de color celeste que sería una prueba importante para la causa.

El Juzgado de Garantías 7 ordenaron el allanamiento realizado este lunes 24 de abril, en el marco del caso, caratulado como "tenencia de representaciones sexuales de menores de 18 años con fines de distribución o comercialización”.

La fiscalía especializada en delitos contra las infancias, conexos a la trata de personas, habría obtenido gran cantidad de elementos que comprobarían la culpabilidad del imputado, por lo que se logró la orden de allanar su domicilio en Berazategui.

Startari Soria fue notificado de la causa en su contra, y habría recuperado la libertad luego de permanecer varias horas demorado en la dependencia policial. Sin embargo, permanece procesado.

El gobierno de Entre Ríos inició un sumario administrativo a un empleado del Ministerio de Gobierno y Justicia que estuvo entre los 66 detenidos de Argentina y otros países, en los allanamientos del operativo internacional conocido como "Luz de Infancia", que investigó a una red de explotación sexual infantil.

Los allanamientos se produjeron a fines de junio de 2022 y la medida disciplinaria de la provincia comenzó en noviembre pasado, pero no se conoció hasta que se publicó hace unos días, el 5 de abril, en el Boletín Oficial.

Se trata de G.D.R., agente de Planta Permanente de la Dirección General del Servicio Administrativo Contable del Ministerio cargo de Rosario Romero, firmante del decreto que instruyó el sumario junto con el gobernador Gustavo Bordet.

El agente estatal se encontraba entonces imputado y con restricciones preventivas en la causa a cargo de la jueza de Garantías, Carola Bacaluzzo, y que investigaba el fiscal Leandro Dato.

Allanamientos

G.D.R. fue capturado el año pasado en el allanamiento a una casa de calle Arroyo Correntoso de Paraná, que según el propio decreto era "habitada y/o frecuentada" por el agente provincial "y otras personas".

En el operativo se requisó a los sujetos presentes y se secuestraron variados elementos informáticos. Este material y la posterior imputación a cargo del fiscal Dato dejaron inferir que "existen serios indicios en relación a la autoría y/o participación del agente en el delito", advierte el texto oficial.

Aquellos allanamientos se llevaron a cabo de forma simultánea y coordinada en Argentina, Estados Unidos, Brasil, Ecuador, Paraguay y Panamá y terminaron con más de 60 detenidos, entre ellos el empleado del gobierno provincial.

En Entre Ríos se hicieron ocho requisas, que concluyeron con otro detenido más, además de G.D.R., y decomisaron nueve teléfonos, siete discos rígidos, una memoria extraíble, cinco gabinetes de escritorio, cuatro netbooks, tres discos portables, 1.060 DVDs, dos pendrives, dos cámaras digitales, seis casettes VHS, dos millones de pesos, "anotaciones varias" y una carabina 22.

La imputación a la mayoría de los detenidos fue por descarga y tenencia de imágenes con contenido de explotación sexual infantil (mal llamada 'pornografía').

Detalles del sumario

En el decreto de sumario el gobernador y la ministra entienden que, aunque no haya sido demostrada aún la existencia del delito penal, el resultado del allanamiento y los indicios recogidos hasta el momento por la Fiscalía sugieren una "eventual responsabilidad" de G.D.R. en el hecho.

El sumario deberá determinar si el caso amerita, además, una sanción, ya que configura “una falta grave administrativa”, aunque el decreto aclara que la apertura de este procedimiento "solo supone el conocimiento probable" de la conducta.

El texto insiste en que las conductas por las que se investiga al empleado, "de comprobarse, no serán soportadas por el Estado" y destaca que el empleado contable de Gobierno y Justicia "cuenta en el ámbito laboral con acceso a tecnología, conectividad, claves e información", relacionadas a su tarea como personal administrativo.

La apertura del sumario abunda en referencias a la Convención de los Derechos del Niño, el Código Penal y señala "severas violaciones" a la Ley de Empleo Público y la Constitución Provincial, que, básicamente, ordenan a los agentes que no violen las leyes y mantengan una "conducta acorde con la ética pública".

"Resulta inaceptable para la Administración que cualquiera de sus empleados realice actividades relacionadas con la pornografía infantil", considera el decreto.

Red de explotación sexual infantil

Un informe confeccionado por investigadores de la Fiscalía General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dio detalles del funcionamiento de la red de explotación sexual infantil. Los usuarios de diferentes provincias argentinas, como se sospecha del agente público entrerriano, fueron detectados a través de las direcciones de IP de sus computadoras.

Utilizaban una "red P2P": un programa de intercambio de archivos en el que cada usuario puede enviar y recibir contenidos. Según resumió la investigación judicial, y consideró el decreto de la Provincia, esta es una de las principales características de esta red: la participación de "internautas que, al mismo tiempo, descargan, así como ponen a disposición el acceso para que otros usuarios de esa red busquen esos mismos archivos en sus máquinas".

Los procedimientos formaron parte de la operación internacional “Luz de Infancia IX”, la novena de una serie de pesquisas iniciada por el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos y la Secretaría Nacional de Seguridad Pública de Brasil.

El personal de la Dirección Inteligencia Criminal y efectivos de la Jefatura Departamental Diamante, realizaron adelante un allanamiento y registro domiciliario.

La investigación es por infracción al Art. 128 del Código Penal, debido a la “tenencia de imágenes y videos de explotación sexual infantil” y está encabezada por la Unidad Fiscal de Diamante, a cargo de Camila Barhich.

Como resultado del procedimiento se secuestraron diversos elementos de interés para la causa por serios delitos contra la integridad de los menores.

Entre ellos, desde la policía, señalaron que hallaron un celular, una tablet, un disco rígido, tarjetas SIM, un aire comprimido modificado y pastillas molidas, las cuales iba a ser analizadas para determinar de qué tipo de sustancia es.

Una investigación sobre graves delitos contra menores, desencadenó un allanamiento que se concretó este miércoles en una vivienda de la ciudad de Diamante.

El personal de la Dirección Inteligencia Criminal y efectivos de la Jefatura Departamental Diamante, realizaron adelante un allanamiento y registro domiciliario.

La investigación es por infracción al Art. 128 del Código Penal, debido a la “tenencia de imágenes y videos de explotación sexual infantil” y está encabezada por la Unidad Fiscal de Diamante, a cargo de la Dra. Camila Barhich.

Como resultado del procedimiento se secuestraron diversos elementos de interés para la causa por serios delitos contra la integridad de los menores.

Entre ellos, desde la policía,. Señalaron que hallaron un celular, una tablet, un disco rígido, tarjetas SIM, un aire comprimido modificado y pastillas molidas, las cuales iba a ser analizadas para determinar de qué tipo de sustancia es.

Fuente: El Once

El operativo conjunto de Prefectura Naval Argentina y la Municipalidad de Colón, se había iniciado a los efectos de notificar las Ordenanzas Municipales 48/2000 y 12/2011 para el desalojo de asentamientos; como así también para identificar a varios ciudadanos que se encuentran en el lugar.Precisamente al identificar a uno de ellos, constatan en el sistema que se trata de un hombre de 35 años, oriundo del partido bonaerense de Pilar, con pedido de localización por parte la Fiscalía especializada en pornografía infantil y delitos conexos a la trata, de San Isidro.El sujeto fue trasladado hasta Jefatura departamental, con conocimiento de la Unidad Fiscal de Colón.