Con el paso de las horas continúan apareciendo nuevos elementos sobre el episodio protagonizado por el conductor de una pala frontal que, bajo los efectos del alcohol, recorrió distintas calles de Concordia provocando choques, daños materiales y dejando al menos una persona lesionada.

Entre las imágenes aportada por vecinos del lugar a Diario Río Uruguay, se destaca una grabación captada por una cámara de seguridad, donde se observa cómo un motociclista logró evitar por centímetros ser alcanzado por la maquinaria vial, en una maniobra que pudo haber terminado en una tragedia.

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La escena ocurrió durante el trayecto que realizó la pala frontal por la zona noroeste de la ciudad. En el video puede verse cómo el motociclista advierte la trayectoria irregular de la máquina y consigue apartarse justo a tiempo, evitando quedar debajo de su estructura.

Una máquina diseñada para cargar materiales 

La maquinaria involucrada no era una retroexcavadora sino una pala frontal, un vehículo pesado utilizado habitualmente para mover materiales y cargarlos en camiones en obras de construcción, canteras y emprendimientos viales.

Por sus dimensiones y peso, este tipo de equipos no está diseñado para circular por calles urbanas, por lo que las maniobras realizadas por el conductor generaron momentos de extrema peligrosidad para automovilistas, motociclistas y peatones.

Las imágenes de la cámara de seguridad reflejan justamente una de las situaciones de mayor riesgo registradas durante el recorrido.

Fuente: Diario Río Uruguay

Un video que escandalizó a la sociedad de Gualeguaychú se hizo viral en las redes sociales la semana pasada. En él, se veía cómo dos sujetos intentaban cargar en un carro la mitad de un auto que se encontraba en la vía pública. El gran peso, ocasionó que el caballo que estaba sujeto al carro sufriera un gran dolor. Toda esta escena fue registrada por una vecina en la intersección de Avenida Sarmiento y calle José María Bértora, quien luego se dirigió a hacer la denuncia ante la Justicia. 

Esta exposición policial hizo que se activaran los procedimientos en el marco de la Ley de Maltrato Animal 14.346, y este sábado a las 07.30 horas, se llevara a cabo el secuestro del equino en Blas Parera entre Palavecino y San Carlos.

La investigación de localización la ordenó el fiscal Lucas Pascual, quien logró dar con el propietario del caballo, un hombre de 33 años, quien entregó voluntariamente al animal, según la comunicación oficial. Ante esto, se procedió al  secuestro del mismo y posterior traslado a la Reserva Las Piedras por personal de veterinaria municipal a fin de ser evaluado.

Intervinieron en el operativo el Oficial Ríos de Comisaría 1era, Brigada Arroyo el Cura, el Oficial Corrales, de la Comisaría 8va ,y personal de Veterinaria Municipal.

El primer procedimiento tuvo lugar durante la mañana en las inmediaciones de las calles Bolivia y Clavarino. En ese sector, efectivos policiales que realizaban tareas de prevención y control localizaron e identificaron a un hombre de 31 años.

Sobre el sujeto pesaba una orden de detención dispuesta por las autoridades judiciales en el marco de una causa vinculada a la presunta infracción a la Ley Provincial de Narcomenudeo. La medida fue ordenada luego de constatarse que el individuo había incumplido la prisión domiciliaria que debía estar cumpliendo. Tras ser interceptado por los uniformados, el hombre fue inmediatamente detenido y trasladado a dependencias policiales.

Por otra parte, durante la tarde, la misma dependencia policial debió intervenir en la intersección de calles Rioja y Roca. Al llegar al lugar, los uniformados se encontraron con que un grupo de vecinos de la zona tenía demorado en la vía pública a un hombre de 35 años.

Los efectivos se entrevistaron con el damnificado, quien relató que minutos antes el sospechoso había ingresado a su propiedad y le había sustraído varios elementos del interior de la casa. Ante la situación, se dio aviso al fiscal de turno, quien dispuso formalmente la detención del sujeto bajo el cargo de supuesto delito de Robo. El ladrón fue trasladado a la Jefatura Departamental, donde quedó alojado a disposición de los magistrados intervinientes.

Un grave episodio ocurrido poco después del mediodía generó conmoción entre vecinos y personas que transitaban por el centro de la ciudad.

De acuerdo con la información preliminar, una joven que residía en el edificio fue hallada sin vida tras caer del mismo. Las circunstancias del hecho continúan bajo investigación y serán las autoridades competentes quienes determinen oficialmente lo sucedido.

Tras el alerta, personal policial intervino de manera inmediata y dispuso un operativo de resguardo en el lugar. El perímetro fue acordonado para preservar la escena y evitar la toma y difusión de imágenes por parte de transeúntes, en línea con el protocolo previsto para este tipo de situaciones.

Además, se trabajó en el acompañamiento y la contención de familiares que comenzaron a llegar al lugar mientras avanzaban las actuaciones correspondientes.

Si vos o alguien que conocés está atravesando una situación de crisis emocional o necesita hablar con alguien, es importante buscar acompañamiento profesional y apoyo inmediato en servicios de salud, guardias hospitalarias o líneas de asistencia disponibles.

Podes comunicarte al :107 o acudir a la Guardia de Salud Mental de Hospital Centenario Gualeguaychú ante una situación de crisis o riesgo.

Otras líneas disponibles: 0800-999-0091 – Línea de Orientación y Apoyo en la Urgencia de Salud Mental. Funciona las 24 horas, todos los días del año y brinda escucha, orientación y acompañamiento.

Personal de la Comisaría de Enrique Carbó secuestró armas de fuego, municiones y otros elementos de caza durante un operativo de control vehicular realizado en la madrugada de este domingo sobre la Ruta Provincial Nº 16.

El procedimiento tuvo lugar a la altura del kilómetro 6,5, cuando los efectivos detuvieron la marcha de un automóvil afectado al servicio de remís de la ciudad de Gualeguay, en el que se trasladaban dos hombres de 49 y 37 años.

Durante la inspección del vehículo, los uniformados encontraron dos rifles calibre .22, cartuchería, cuchillos, linternas y otros elementos utilizados para la actividad cinegética. Además, hallaron un ejemplar de ciervo ya faenado.

Al verificar la documentación de las armas, constataron que una de ellas carecía de la documentación exigida por la normativa vigente.

Ante esta situación, se dio intervención al fiscal auxiliar de turno, quien dispuso el inicio de actuaciones por una presunta infracción al artículo 189 bis del Código Penal Argentino, que contempla delitos vinculados a la tenencia y portación irregular de armas de fuego, además de actuaciones por infracción a la Ley Provincial de Caza Nº 4841.

Como resultado del procedimiento, la Policía secuestró las armas, la cartuchería y los demás elementos relacionados con la actividad de caza, mientras que los dos involucrados quedaron supeditados a la causa judicial.

La pandemia por el Covid 19 trastocó la vida de todas las personas. Las medidas dispuestas desde el Gobierno Nacional de Alberto Fernández obligaron a los distintos gobiernos, provinciales y municipales, a tomar decisiones para salvaguardar y garantizar la vida de los ciudadanos.

Fue en este contexto que, en julio de 2020, el Juzgado Federal de Gualeguaychú inició una investigación para establecer si dos funcionarios municipales de la Secretaría de Desarrollo Social de la Municipalidad bajo la gestión del intendente Esteban Martín Piaggio, habían incurrido en un delito con fondos públicos.

Lo que se buscaba establecer fue si el subdirector de Desarrollo Social, Javier Villarreal, y el director de Suministros del municipio, Ariel D'agostino, habían obligado abusivamente a la Municipalidad de Gualeguaychú a la compra directa de 50 bidones de cinco litros de alcohol en gel cada uno, a un precio unitario de $ 3.509, con un importe total de $ 175.450, obviando procesos licitatorios, de concurso de precios o de comparación de oferta, bajo el pretexto de emergencia sanitaria Covid 19.

Hay que recordar que, en los primeros meses de la pandemia, el temor generalizado y las medidas de higiene que se adoptaron, hicieron que el alcohol en gel desapareciera casi por completo del mercado. La demanda era mayor a la oferta y lo poco que se conseguía era a precios muy superiores a los que habitualmente se comercializaba hasta ese momento.

Las actuaciones relacionadas con la cuestionada compra comenzaron a tomar forma en el ámbito federal, donde se puso la lupa sobre diversas presuntas irregularidades detectadas en la operación. Entre los aspectos observados figuraban la contratación de un proveedor que no desarrollaba actividades vinculadas al producto adquirido, la ausencia de autorización por parte de la Anmat y el pago de un importe que excedía los valores máximos establecidos por la normativa nacional vigente para ese insumo.

Mientras esa pesquisa avanzaba, el entonces exfuncionario municipal Javier Villarreal decidió presentarse por iniciativa propia ante los tribunales de Gualeguaychú. A partir de allí se abrió una discusión sobre qué jurisdicción debía intervenir en el caso. En ese contexto, el fiscal provincial que recibió la presentación entendió que no correspondía impulsar una investigación desde el ámbito local.

La disputa por la competencia parecía encaminar el expediente nuevamente hacia la Justicia Federal, pero el juez de Garantías Ignacio Telenta sostuvo una postura diferente. Consideró que los hechos debían ser analizados por la Justicia entrerriana y promovió las actuaciones necesarias para que así ocurriera.

Con ese objetivo, en septiembre de 2020 impulsó un planteo formal ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que definiera cuál era el fuero competente. Tras más de tres años de controversia judicial, el máximo tribunal del país se pronunció y respaldó la posición del magistrado de Gualeguaychú, determinando que la causa continuara su trámite en la órbita provincial.

Pero tras ello, los meses pasaron y hace poco tiempo atrás se tomó una decisión respecto a esta causa. El fiscal Jorge Gutiérrez no encontró delito porque consideró que, en ocasiones, las acciones atípicas están justificadas y no son ilícitas. Si bien hay una modalidad establecida para la compra, como existe una Ordenanza (11738/2012) que lo especifica, en este caso había una situación excepcional que lo justificaba.

Por el contrario, lo que se puso bajo la lupa no fue el accionar de los funcionarios municipales, sino el del vendedor, que no contaba con autorización para el fraccionamiento y/o venta de alcohol medicinal. Según la Dirección General de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial el alcohol en gel de 1000 ml tenía un precio $ 480 a $ 500.

En el archivo de la causa, Gutiérrez entendió que la adquisición del producto, fuera de los canales tradicionales, se enmarcó en una situación de escasez de oferta ante la demanda y la urgencia de cubrir la necesidad. “La grave situación le imponía al funcionariado municipal un deber de resguardar la salud de la población de esta ciudad y la adquisición del alcohol en gel era una de las herramientas para tal misión, evitar o al menos mitigar la propagación del virus”, consideró el Fiscal.

En consecuencia, la actuación de Villarreal y D'agostino “se halla amparada por la Ley”, al igual que la figura del entonces intendente Esteban Martín Piaggio. En cuanto al vendedor, “es cierto que de su parte hay un aprovechamiento al cotizar por encima del precio promedio”, pero se entendió que “no existió una desproporción tal que pueda hablarse de un abultado enriquecimiento con la venta”.

Luciana, la adolescente de 15 años que era intensamente buscada en Córdoba desde el lunes, fue encontrada este martes, según confirmó el ministro de Seguridad provincial, Juan Pablo Quinteros, a través de sus redes sociales.

“La encontramos sana y salva”, contó el funcionario y agradeció a quienes paticiparon del operativo y a toda la comunidad de Colonia Caroya y Jesús María.

La noticia la confirmó el Ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, en sus redes

La desaparición de la joven había generado una amplia movilización de las fuerzas de seguridad y la activación del Alerta Sofía a nivel nacional.

Fuente: TN / Infobae

Luego de más de un año y medio con prisión domiciliaria en Asunción, el exsenador nacional Edgardo Kueider será sometido a juicio desde este martes en Paraguay junto a su pareja y exsecretaria, Iara Guinsel, por los delitos de contrabando en grado de tentativa.

El proceso empezará a las 8 y estará en manos del Tribunal de Sentencia Especializado en delitos económicos a cargo de los jueces Elsa García, Matías Garcete Piris y Adriana Planás.

El exsenador y su pareja enfrentan acusaciones de contrabando en grado de tentativa por haber intentado cruzar el Puente Internacional de la Amistad -que une Brasil con Paraguay- con poco más de 211 mil dólares, 640 mil guaraníes y cerca de 4 millones de pesos argentinos sin declarar en una mochila. Los hechos sucedieron en la madrugada del 4 de diciembre de 2024.

Desde entonces, Kueider y Guinsel cumplieron arresto domiciliario, primero en un lujoso complejo en el centro de Asunción, luego en un dúplex y finalmente en un departamento en un edificio periférico de alta gama.

Tras su detención, el ex senador ratificó en varias oportunidades su inocencia con el argumento de que los fondos no le pertenecían. “No son míos, ni siquiera son de mi acompañante. Son de operaciones que ella estaba haciendo en Paraguay, de intermediación. Entramos y salimos de Paraguay esa noche. Eso está declarado”, sostuvo el año pasado en declaraciones radiales.

En caso de ser declarado culpable, Kueider enfrenta una pena de dos años y medio de prisión. Sin embargo, para el cómputo de la condena se considerará el año y medio que ya cumplió con prisión domiciliaria, indicó Análisis Digital.

Originalmente, el juicio iba a celebrarse el 24 de noviembre pasado, pero la fecha se reprogramó para el 20 de abril de este año. La cita volvió a postergarse a pedido de la Fiscalía, debido a la extensión de otro juicio que se llevaba a cabo en paralelo.

En ámbitos judiciales paraguayos se habla de un debate que podría completarse en dos audiencias, pero tal vez se extienda cuatro o cinco jornadas. En la discusión entrarán cuestiones acerca de la declaración del dinero que llevaba Kueider y su secretaria, los trámites que debió completar previamente al ingreso a Paraguay. Habrá que esperar a la decisión judicial de aquel país para entender cómo consideran los al hecho y los delitos imputados en Paraguay.

Mientras la Justicia de Paraguay avanzaba en la causa contra Kueider, el exsenador protagoniza otros dos procesos judiciales en la Argentina por presunto enriquecimiento ilícito y otros delitos.

Uno tramita en la Justicia provincial de Concordia, Entre Ríos, y otro en los Tribunales Federales de San Isidro, por lo que la Corte Suprema debe definir cuál se quedará con la investigación.

En ese contexto, la titular del Juzgado Federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, pidió la extradición de Kueider y elevó a juicio la causa contra los presuntos miembros de una asociación ilícita encabezada por el exsenador.

En ese proceso, Kueider está imputado por los delitos de enriquecimiento ilícito, abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público, cohecho, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, tráfico de influencias y lavado de activos.

De acuerdo a la investigación de Arroyo Salgado, el exlegislador utilizó estructuras societarias para adquirir bienes de lujo que no coincidirían con sus ingresos declarados. En ese contexto, la magistrada solicitó al Senado el desafuero de Kueider, una medida que fue aprobada con 60 votos afirmativos, 6 negativos y una abstención.

Un hombre de 30 años fue detenido este domingo por la tarde luego de que efectivos policiales lo encontraran trasladando dos clavadoras y no pudiera justificar su origen.

El procedimiento tuvo lugar cerca de las 16 en la intersección de Santiago Díaz y San Juan, donde personal de la Sección Comando Radioeléctrico realizaba recorridas preventivas.

Según se informó, los uniformados identificaron al hombre mientras transportaba dos clavadoras de aproximadamente dos metros de largo. Al consultarle sobre la procedencia y el destino de los elementos, habría brindado respuestas contradictorias y no logró precisar quién se los había entregado.

Ante esta situación, se dio intervención al fiscal de Propiedad en turno, quien dispuso la detención del sospechoso y el secuestro de las herramientas para determinar su legítima propiedad y procedencia.

Las actuaciones quedaron a cargo de la Justicia.

Dos hombres de 31 y 39 años fueron aprehendidos durante la mañana de este domingo luego de que efectivos policiales los encontraran trasladando un bolso con prendas de vestir nuevas cuya procedencia no pudieron acreditar.

El procedimiento tuvo lugar alrededor de las 6.30 en calle Juan Lapalma, a pocos metros de Primera Junta. Personal de Comisaría Tercera advirtió la situación y solicitó la intervención de Comisaría Cuarta, por corresponder la jurisdicción.

Tras identificar a los involucrados y constatar que transportaban varias prendas nuevas, los efectivos dieron intervención a la Fiscalía de turno. Desde ese organismo se dispuso el traslado de ambos hombres a la Jefatura Departamental en calidad de aprehendidos por el supuesto delito de establecer la real procedencia y propiedad de los elementos.

Además, la Policía secuestró la indumentaria para avanzar con las actuaciones y determinar su origen.

El procedimiento contó con la supervisión del subjefe departamental.

Un hombre murió en un fatal accidente de tránsito en Ruta Provincial 32 durante la madrugada de este domingo, a la altura del kilómetro 79, en el tramo que une las localidades de María Grande y Sosa, en Paraná Campaña.

La víctima había protagonizado previamente un despiste y se encontraba sobre la calzada pidiendo ayuda cuando fue atropellada por una camioneta que circulaba por la zona.

Según las primeras informaciones brindadas por fuentes policiales, el conductor de una camioneta Honda CRV no logró advertir la presencia del hombre debido a la intensa niebla que reducía considerablemente la visibilidad sobre la ruta, se confirmó a Elonce.

El impacto fue de tal magnitud que la víctima falleció en el lugar, pese a los intentos de asistencia realizados tras el siniestro.

“A pocos metros del lugar del impacto fatal, se pudo visualizar otro vehículo entre los pastizales a la vera de la ruta y todo indicaría que la persona fallecida habría sufrido un despiste y se encontraba en la ruta para pedir asistencia”, señalaron fuentes policiales a Elonce.

La niebla habría sido un factor determinante

De acuerdo con los datos preliminares de la investigación, el hombre se encontraba solicitando auxilio luego de haber sufrido un despiste con su vehículo en cercanías del lugar donde posteriormente ocurrió el atropello, indicaron a este medio.

Las condiciones meteorológicas eran adversas debido a la presencia de densos bancos de niebla, fenómeno sobre el que el Servicio Meteorológico Nacional había emitido una alerta violeta para Entre Ríos y otras provincias de la región.

En ese contexto, el conductor de la camioneta no habría tenido tiempo suficiente para divisar al peatón y realizar una maniobra evasiva que evitara la colisión.

Trabajaron peritos y personal de emergencias

Tras el hecho, efectivos policiales y personal de emergencias acudieron al lugar para asistir a los involucrados y resguardar la escena del accidente. Asimismo, se llevaron adelante las pericias correspondientes para determinar con precisión la mecánica del siniestro y establecer las circunstancias en las que ocurrió la tragedia.

La Ruta Provincial 32 permaneció parcialmente interrumpida durante varias horas mientras se desarrollaban las tareas de investigación y el trabajo de los peritos judiciales.

Fuente: ElOnce

La causa por la tentativa de femicidio de Carolina Huck avanzó hacia una nueva etapa judicial. Este jueves, el juez de Garantías Ignacio Telenta resolvió elevar el expediente a juicio oral y dispuso que el debate quede en manos del Tribunal de Juicios de Gualeguaychú. De esta manera, el policía Mariano Corvalán no será juzgado por un jurado popular.

La audiencia de etapa intermedia se desarrolló sin objeciones de las partes respecto de la acusación, la calificación legal ni del pedido de pena solicitado por el fiscal Jorge Gutiérrez, quien sostendrá en el juicio una imputación por tentativa de femicidio y requerirá una condena de 15 años de prisión.

Uno de los puntos centrales discutidos durante la audiencia estuvo vinculado al estado de salud mental del acusado. A partir de las pericias psicológicas y psiquiátricas realizadas durante la investigación, persisten dudas sobre la capacidad de Corvalán para afrontar un juicio extenso, con jornadas prolongadas y varios días de debate.

Ante esta situación, Telenta solicitó a los especialistas que indiquen qué tipo de tratamiento o rehabilitación debería realizar el imputado para llegar en mejores condiciones al proceso oral. Más allá de esa cuestión, la resolución significó el cierre de una etapa clave de la investigación y ahora será el Tribunal quien deberá fijar la fecha del juicio.

El caso conmocionó a Gualeguaychú durante 2025. Todo ocurrió el domingo 24 de agosto en una vivienda ubicada en la intersección de Gutenberg y La Rioja. Según la investigación, Mariano Corvalán disparó con su arma reglamentaria contra su esposa Carolina Huck y luego llamó al Comando Radioeléctrico para informar lo sucedido y pedir asistencia médica.

Cuando llegó la ambulancia, el propio policía colaboró para trasladar a la mujer. Minutos después, antes de la llegada de efectivos de Comisaría Cuarta, se disparó en el rostro frente a la vivienda.

Ambos sobrevivieron pese a la extrema gravedad de las heridas. Huck sufrió una lesión toracoabdominal, perdió el bazo y tuvo comprometidos los pulmones. Corvalán, en tanto, recibió un disparo que ingresó por la mandíbula y le provocó una severa lesión cerebral, con pérdida de masa encefálica.

Durante las primeras horas posteriores al ataque, el cuadro de ambos era crítico y las expectativas de recuperación eran bajas. Sin embargo, con el correr de los días mostraron signos de estabilidad y lograron salir de Terapia Intensiva.

Una semana después del hecho fueron trasladados a salas comunes del Hospital Centenario. Corvalán perdió un ojo producto de la lesión sufrida, mientras que Huck quedó con una “sección completa de médula con paraplejia”, situación que le provocó parálisis en ambos miembros inferiores.

Desde septiembre, la docente de Educación Especial realiza un tratamiento de rehabilitación en un centro especializado de Galarza, donde continúa con su recuperación y adaptación a una nueva realidad.

En su declaración ante la Fiscalía, Huck relató cómo fueron las horas previas al ataque. Contó que ese domingo Corvalán había regresado a la casa luego de trabajar y descansar antes de volver a cumplir funciones por la noche, mientras que ella había asistido a un cumpleaños y luego continuó realizando tareas vinculadas a su trabajo docente.

Según expresó, la discusión comenzó en ese contexto y giró en torno a cuestiones económicas y laborales. Huck sostuvo que Corvalán le reprochaba la cantidad de horas que trabajaba, aunque ella consideraba necesario mantener ese ritmo para afrontar los gastos familiares. Compañeras de trabajo de la víctima también declararon en la causa y señalaron que los conflictos de pareja estaban relacionados con problemas económicos y la crianza de la hija de ambos.

Corvalán fue dado de alta antes que Huck y desde entonces permanece alojado en la Comisaría del Menor y Violencia Familiar, donde cumple prisión preventiva mientras espera el juicio oral.

La casa de Claudio Gabriel Barrelier, el único detenido por la desaparición de Agostina Vega en la provincia de Córdoba, es peritada casi una semana después por parte de profesionales del Ministerio Público Fiscal.

Conforme a las imágenes dadas a conocer, peritos del Ministerio Público Fiscal (MPF) se encuentran levantando huellas en la puerta de ingreso a la vivienda de Barrelier, por lo que la Policía valló el lugar para preservarlo, pese a que ya pasaron seis días de la última vez que se la vio a la adolescente.

Mientras hay movimientos en el lugar, Melisa, la mamá de la menor, se acercó este viernes una vez más a la fiscalía para presentar un nuevo llamado que recibió en las últimas horas.

El allanamiento al domicilio del acusado recién se llevó a cabo el miércoles después de su detención cuando efectivos policiales, el escuadrón de canes y del MPF se acercaron al lugar para concretar la inspección.

Fuente: NA

A raíz de una investigación iniciada por una denuncia por el supuesto delito de amenazas con arma de fuego, radicada el pasado 23 de mayo, personal de Comisaría Primera, en forma conjunta con la División Investigaciones e Inteligencia Criminal, llevó adelante diversas tareas investigativas y de recolección de pruebas en distintos sectores de la ciudad.

En horas de la mañana de este miércoles, mientras los efectivos realizaban relevamientos fílmicos en inmediaciones de calles Aguado y Doello Jurado, observaron un vehículo de similares características al mencionado en la causa, por lo que se inició un seguimiento controlado del mismo. Posteriormente, el rodado detuvo su marcha en la zona de calles Moreno y Andrade, donde se procedió a la identificación de su conductor, un hombre de 47 años que presentaba características coincidentes con las registradas en las imágenes incorporadas a la investigación.

Informada de la situación, la Fiscalía interviniente dispuso la permanencia del personal en el lugar y, poco después, el Juzgado de Transición y Garantías en turno autorizó de forma verbal el allanamiento y registro para el domicilio sito sobre calle Moreno. Como resultado del procedimiento policial, se concretó el secuestro de una camioneta Toyota Hilux y, del interior de la vivienda, se incautó un revólver marca Taurus calibre .357 Magnum junto a cartuchería del mismo calibre.

Finalizadas las diligencias de rigor, el ciudadano involucrado fue trasladado a la Jefatura Departamental al solo efecto de proceder a su correcta identificación. Tras cumplirse las actuaciones correspondientes, el hombre quedó liberado y supeditado a la causa por disposición de la Fiscalía.

La fiscal Martina Cedrés requirió hace pocos días atrás la realización de la audiencia de elevación a juicio para un hombre de 38 años que fue imputado de un robo agravado por un hecho ocurrido el pasado 19 de abril por la madrugada, en el corazón del barrio Munilla.

El imputado es una persona sumamente conocida en el hampa delictivo de Gualeguaychú, por reiterados hechos que han obligado la intervención policial. El último sucedió el mes pasado, cuando atacó a un hombre que estacionaba su auto Volkswagen Gol Power frente a su domicilio en calle Camila Nievas.

La víctima se encontraba dentro del vehículo sin imaginar que el delincuente estaba esperando el momento preciso para atacarlo. Habían pasado algunos minutos de las 4 de la madrugada cuando el asaltante lo increpó con una botella de vidrio que le puso en el pecho y le exigió que le entregara la billetera o lo mataba.

El delincuente alcanzó a manotear la billetera del interior del auto, pero su dueño no quedó inerte. Le tomó la mano con la cual sostenía la botella y con la puerta lo empujó hacia atrás, dándole tiempo también para salir del rodado. Ambos cayeron al piso y fue en ese momento en que el asaltante rompió la botella para agredirlo con mayor ferocidad.

El hombre se supo defender y al agresor no le quedó otra alternativa que empezar a arrojarle piedras. Un móvil policial pasó por la Avenida Parque y la víctima sintió que era su oportunidad para solicitar auxilio. Se subió nuevamente a su auto y salió a buscar el patrullero, mientras el asaltante se fue hacia su casa a sólo unos metros del lugar. Luego, y al ver que la Policía no había concurrido a buscarlo, fue hasta la casa de la víctima y le cascoteó el frente. Fue recién allí que un móvil fue hasta el lugar y la situación se controló.

Pero la causa judicial no quedó quieta. Quedó en manos de la fiscal Cedrés, que a un mes de ocurrido el hecho ya finalizó la etapa investigativa y requirió la elevación a juicio para llevar preso a este conocido delincuente que ya cuenta con varias condenas, y por la cual había salido hace muy poco tiempo de la Unidad Penal. Pero hubo un hecho que lo tuvo como gran protagonista.

Navidad sangrienta

En las primeras horas de la Navidad del 2012, Osvaldo Torcuato Gutiérrez y su novia embarazada habían salido de un domicilio ubicado en Concordia y 3 de Febrero cuando se cruzaron en el camino con un grupo que terminó atacándolos.

Su principal agresor fue el protagonista de esta crónica, que lo apuñaló en la cintura con el pico de una botella de vidrio y luego de introducírsela, la giró con el fin de ocasionar un daño mayor. Posteriormente, se dirigió a la joven mujer embarazada y le dijo: “A este ya lo matamos, ahora quedás vos”.

Pero la mujer logró escapar y declaró durante el juicio, señalando al imputado como el autor del hecho. En ese juicio, este hombre recibió una pena de 7 años de cárcel, mientras el resto de los imputados penas que variaron entre los 6 y 4 años.

Tiempo después, cuando recibió la libertad, volvió a delinquir y entro y salió de la cárcel de Gualeguaychú varias veces hasta que recibió su última libertad durante este 2026. Ahora, deberá enfrentar una vez más un nuevo juicio y en el caso de ser condenado, la pena será de cumplimiento efectivo.

La vida de Juan Lizasuain, conocido como Juan Moreira hasta hace una década, está marcada por el dolor: su papá fue asesinado durante la dictadura militar, un crimen por el cual siente que la Justicia actuó a medias.

Juan Domingo, el padre, vivía del turf en 1978. Su rutina consistía en cuidar caballos, vender rifas y rebuscarse la vida con lo que saliera. El esfuerzo tenía una explicación urgente: mantener a sus dos hijos. El mayor de ellos era Juan, de apenas seis años.

“Mi padre ya no vivía con nosotros, se había separado de mi madre, y nos visitaba tres veces a la semana”, contó Juan, un hombre de 54 años que en 2016 se retiró del Ejército Argentino. Según la información que pudo reunir a lo largo de todos estos años, a través de sus familiares y de lo que existe en la causa judicial, su padre Juan Domingo era un idealista que trataba de ayudar a muchas personas, con la mala suerte que tocó los intereses de policías corruptos.

“Se relacionó con algunas mujeres del barrio Munilla que ejercían la prostitución porque quería sacarlas de esa vida, les decía que no trabajaran más, su hermana lo ayudaba también con mercadería, remedios, pañales… Y con eso las fue sacando del entorno, pero lo que no sabía es que atrás de ellas había un proxeneta, que era el Jefe de Investigaciones de la Policía de Gualeguaychú”, contó.

Su padre estaba obstruyendo un negocio muy redituable y los policías involucrados comenzaron a perseguirlo: José María Tubías y Luis César Elpidio Sánchez. Primero lo molestaban en la calle, lo levantaban y lo tenían dos horas demorado en la Jefatura, pero la situación cambió cuando Juan Domingo fue testigo de un crimen en la zona de la vieja estación de trenes, por donde hoy desfila el Carnaval del País, “donde estos dos agentes estaban quemando a un hombre en su rancho”.

Era un “changarín” que trabajaba en el viejo molino y nada se supo de lo ocurrido. Se informó que había muerto a causa de un incendio. “Nada podía hacer. Si la misma Justicia hacía eso, a quién iba a recurrir”, contó el entrevistado, excusando a su padre que se veía impedido de lograr justicia. Así era la situación que se vivía en esa época, cuando las fuerzas de seguridad aterrorizaban, secuestraban y desaparecían personas.

A Lizasuain siguieron acosándolo, demorándolo en la Jefatura, hasta que un día amenazó a los agentes con denunciar lo que había visto si lo seguían molestando. Ese fue el certificado de defunción de Juan Domingo. “Los agentes le dijeron a su Jefe que tenían miedo (de que hablara), y como mi viejo usaba el pelo largo hasta el hombro y barba candado, lo caratulaban como Montonero. Él tenía su ideología. Se carteaba con amigos que estaban presos y si bien él no militaba, tenía su corazón. A parte se llamaba Juan Domingo”, aclaró el hijo sobre el nombre peronista de su padre.

El relato del horror

Los dos policías lo ubicaron en la calle y con una mentira burda lo hicieron caminar hasta la casilla de un amigo que supuestamente estaba enfermo y pedía por él. Esta persona vivía en Roffo al norte, casi a la altura del Cementerio, cuando toda esa zona eran chacras.

“Tenían que pasar dos alambrados para llegar hasta el ranchito donde vivía el amigo de mi papá y cuando está por cruzar el primero, uno lo pateó en el estómago, mientras que el otro agente que le trabó los brazos. Lo golpearon en la cara provocándole una fractura de maxilar inferior. Después lo estrangularon con un alambre de púas y para rematarlo le metieron un palo en la garganta”, así relató su hijo la manera en la que lo asesinaron a Juan Domingo.

En la causa se describe la misma muerte bajo otros hechos. Cuando cruzaba el alambrado, Sánchez le pegó una trompada en la mandíbula y cuando Lizasuain cayó al piso, junto a Tubías le dieron un golpe a cada lado de la cabeza con el taco del zapato, lo que seguramente le produjo la muerte, porque el informe médico considera que el fallecimiento se produjo por probable fractura en la base del cráneo.

Pero los dos agentes siguieron golpeándolo. Luego le sacaron el cinto a la víctima y con eso lo ahorcaron, tirando uno de cada lado durante unos minutos, hasta que se dieron cuenta que ya estaba muerto. Sánchez lo arrastró un poco hasta la sombra de los árboles y, mientras Tubías envolvió el cinto, buscó un palo y se lo introdujo en la boca haciendo presión contra la garganta. Luego se fueron caminando y arrojaron ambos elementos en la calle Clavarino.

Existen dos versiones para una misma muerte horrible. La única testigo presencial —o al menos quien halló el cuerpo y dio aviso a la Policía— era una mujer muda. Lo extraño del caso es que tuvo que acudir dos veces a la comisaría para que los oficiales entendieran su denuncia. “Parece que esta señora, después de lo que vio, duró unos pocos años más. Tuvo una muerte dudosa, como si a alguien le molestara su presencia”, indicó el hijo de la víctima.

Tras el crimen, los responsables fueron apartados por el Jefe de Investigaciones y enviados al control caminero sobre la Ruta Nacional Nº 14 y el Acceso Oeste, que era la única entrada a Gualeguaychú por aquellos años. “En los medios de la ciudad se empezó a decir que había sido un ajuste de cuentas entre miembros de Montoneros”, explicó y agregó: “Mi tía vino a reconocer el cuerpo, pero ya estaba cerrado el féretro. A través de una orden judicial, pudo hacerlo. Ella habló con mi tío que estaba destinado como Sargento Primero del Ejército y le contó lo que había pasado con su hermano, que la Policía lo quería hacer pasar como que lo habían matado los Montoneros. Mi tío habló con el secretario del Ministro del Interior de la Nación de ese momento y este llamó al Jefe de la Policía de Entre Ríos y le informó que lo que estaba sucediendo en Gualeguaychú, que lo ocurrido no era como se decía y le sugirió que hiciera una investigación para que se determine cuál fue la causa de la muerte de Juan Domingo Lizasuain”.

Siguiendo con el relato que brindó el hijo de la víctima, a la ciudad llegó un Comisario Inspector de Gualeguay a fin de investigar lo ocurrido. Se hizo pasar como familiar y nunca se presentó como funcionario. Empezó a ahondar, iba a todos los lugares donde frecuentaba Juan Domingo. Incluso fue a hablar con las mujeres en el barrio Munilla. Buscaba en el entorno todo lo que podía rescatar. Se disfrazó de vendedor de leña, de cartonero; y un día se hizo llevar por los dos policías al lugar del hecho y uno de ellos se quebró. En el juicio, que se desarrolló entre septiembre y octubre de 1980, fueron tres los acusados. Además de Tubías y Sánchez, la fiscal de Concepción del Uruguay, Solange Mettler, acusó al oficial Alejandro Antonio Mario Horacio Gómez, de 27 años, de ser el instigador del hecho.

En la etapa de instrucción, Tubías y Sánchez habían declarado que tras el incidente que habían tenido con Lizasuain, donde los había amenazado, Gómez dio luz verde y le dijo a Tubías: “Liquídenlo, porque tengo familia, quiero a mi mujer y a mi hijo y no me gustaría que un degenerado como este le vaya a hacer algo”.

Luego, en el debate, señalaron que Gómez nada tenía que ver, que lo habían involucrado falsamente a fin de embarrar la investigación al complicar en el caso a un superior. Gómez fue absuelto de su participación como instigador de homicidio simple, pero Tubías y Sánchez recibieron la pena máxima de aquellos años: prisión perpetua.

Se trataba de una condena que llegaba hasta los 25 años y, a pesar de ser un número polémico en la actualidad para una pena máxima, solamente permanecieron encerrados la mitad de esos años. Fueron alojados en la Unidad Penal N° 2 de Gualeguaychú y durante su estadía en la cárcel fueron beneficiados con una conmutación de pena y la libertad condicional. Sánchez dejó la prisión en enero de 1991 y Tubías salió en febrero del año siguiente.

El asalto sufrido por una adolescente en inmediaciones de la Azotea La Palma en calle San Luis generó una fuerte preocupación en Gualeguaychú y volvió a poner sobre la mesa el debate acerca de la seguridad urbana, especialmente en sectores históricamente considerados tranquilos, como las zonas cercanas a establecimientos educativos.

El episodio ocurrió cuando la joven fue interceptada por un hombre armado con un cuchillo que la amenazó para sustraerle sus pertenencias. El hecho provocó un inmediato despliegue policial y derivó, horas más tarde, en la detención de un sospechoso de 27 años, quien posee antecedentes penales y ya había cumplido una condena previa por delitos contra la propiedad.

Desde la Policía reconocieron que se trató de un caso que encendió las alarmas puertas adentro de la fuerza. El jefe de Operaciones de la Policía Departamental, Osvaldo Adolf, explicó que no se trató de un hecho habitual dentro de la realidad delictiva local y remarcó que la situación motivó una intervención inmediata.

“No es un episodio muy común ni muy frecuente. Automáticamente activó todas nuestras alertas y generó una ocupación inmediata del caso”, sostuvo el funcionario policial al referirse al asalto.

Adolf detalló que incluso antes de concretarse la detención ya se trabajaba desde la División Investigaciones en la recolección de pruebas y elementos que permitieran identificar y vincular a la persona sospechada de haber cometido el hecho.

Pero más allá del episodio puntual, el hecho volvió a instalar una discusión que aparece de manera recurrente cuando aumentan determinados delitos contra la propiedad: el impacto de la situación económica y social.

Consultado sobre si la crisis económica actual puede generar un incremento en robos o asaltos, Adolf evitó establecer una relación directa, aunque reconoció que existen múltiples factores que influyen en la comisión de delitos.

“Pueden aumentar los hechos contra la propiedad por la crisis económica, pero igualmente detrás de eso hay muchas situaciones. Hay cuestiones vinculadas a la contención familiar, a distintos contextos sociales y a realidades complejas”, explicó.

En ese sentido, el jefe policial realizó una aclaración que consideró importante respecto a la manera en que muchas veces se califican estos episodios. Señaló que hablar de “hechos menores” puede resultar injusto para quienes atraviesan situaciones de este tipo.

“Por ahí se habla de hechos menores y no se tiene en cuenta a las víctimas. Si a una persona le roban una bicicleta que estaba dentro de su casa, no solamente le sacan un bien material. También invaden su privacidad, ingresan a su espacio y eso tiene un impacto muy fuerte”, expresó.

La reflexión tomó todavía más fuerza al referirse a la adolescente víctima del robo ocurrido en calle San Luis. Aunque el hecho no dejó lesiones físicas, el componente traumático aparece inevitablemente en una situación de estas características.

Para una ciudad acostumbrada a que cientos de chicos y chicas caminen solos hacia las escuelas, el episodio generó inquietud entre padres y familias. La imagen de una estudiante abordada por un delincuente armado en pleno trayecto escolar rompió con una sensación de tranquilidad que durante años formó parte de la ciudad.

Respecto del detenido, Adolf confirmó que tiene antecedentes penales y que había recuperado hace no mucho tiempo la libertad luego de cumplir una condena también relacionada con delitos contra la propiedad.

En una ciudad donde todavía persiste la costumbre de caminar, enviar a los hijos solos a la escuela o transitar distintos barrios sin mayores sobresaltos, el episodio ocurrido en calle San Luis funcionó como una señal de alerta. No por la cantidad de hechos registrados, sino por la modalidad y el impacto social que generó al quedar registrado en las cámaras de seguridad.

Y justamente allí radica la principal preocupación: que una escena excepcional empiece a tornarse cotidiana.

Un hombre de 27 años fue aprehendido durante la madrugada de este sábado en la zona sur de Gualeguaychú, luego de ser interceptado por personal policial mientras trasladaba una caja con varias botellas de vino cuya procedencia no pudo acreditar. El procedimiento fue realizado por efectivos de la Comisaría Octava en el marco de los habituales recorridos de prevención y control que se desarrollan en distintos puntos de la ciudad.

Según se informó oficialmente, el hecho ocurrió alrededor de la 1:45 de la madrugada en inmediaciones de las calles Los Sauces y Goldaracena. En ese momento, los uniformados advirtieron la presencia de un sujeto que llevaba consigo una caja cerrada, situación que llamó la atención de los agentes debido al horario y las circunstancias en las que se desplazaba.

Al detener la marcha del individuo para identificarlo y realizar las consultas de rutina, los efectivos constataron que dentro de la caja había seis botellas de vino. Sin embargo, al ser interrogado acerca de la propiedad de los elementos y el origen de las bebidas alcohólicas, el hombre no pudo brindar explicaciones claras ni presentar algún comprobante que justificara su tenencia.

Frente a esta situación, el personal policial dio intervención inmediata al Fiscal en turno, quien fue informado sobre las características del procedimiento y los elementos hallados en poder del sospechoso. Tras evaluar las circunstancias del caso, la Fiscalía dispuso el secuestro preventivo de las bebidas alcohólicas y la aprehensión del ciudadano de 27 años.

De acuerdo a lo indicado por fuentes policiales, se iniciaron las actuaciones correspondientes con el objetivo de establecer la propiedad y procedencia de los elementos secuestrados.

El hombre quedó a disposición de la Justicia mientras continúan las diligencias investigativas. En tanto, las botellas de vino fueron trasladadas y quedaron resguardadas como parte de la causa judicial en curso.

El hecho fue denunciado por un joven de 24 años, quien aseguró que cerca de la 1 de la madrugada se encontraba en su domicilio cuando dos sujetos, a quienes identificó y aportó sus datos personales, efectuaron disparos con un arma de fuego hacia la propiedad.

A partir de la denuncia, tomó intervención el Juzgado de Garantías Nº 2, que ordenó allanamientos, requisas personales y detenciones.

El primero de los procedimientos se concretó alrededor de las 13 horas en una vivienda ubicada en inmediaciones de calles Cervantes y República Oriental. Allí, el operativo arrojó resultado positivo y la Policía detuvo a dos hombres de 22 y 28 años, señalados como los presuntos autores del ataque.

En el marco de la misma investigación, se realizó un segundo allanamiento en una finca de calles Rosario y Jaime Nevares, domicilio vinculado al sospechoso de 28 años. En el lugar fue notificada una mujer de 37 años, aunque el procedimiento tuvo resultado negativo.

Fuentes policiales indicaron además que continúa la búsqueda y secuestro de una motocicleta Honda XR, o de características similares, que habría sido utilizada en el episodio.

Tras finalizar las diligencias, ambos detenidos fueron trasladados a la Jefatura Departamental y quedaron a disposición de la Justicia.

Del operativo participaron efectivos de Comisaría Tercera, Comisaría Cuarta y del Grupo Especial, bajo la supervisión de la División Operaciones y Seguridad Pública.

 La Justicia ordenó la clausura de la clínica "Argentina Salud" ubicada en la localidad bonaerense de González Catán, que fue allanada por supuesto ejercicio ilegal de la medicina, mientras que se registraron incidentes en la puerta del lugar entre familiares de presuntas víctimas y empleados del lugar.

Fuentes oficiales informaron que el juez de Garantías del Departamento Judicial de La Matanza, Rubén Ochipinti, pidió el cierre definitivo del inmueble denunciado por venta ilegal de medicamentos, usurpación de títulos y asociación ilícita en el caso que tiene seis detenidos.

Además, en pleno móvil del canal TN se desató una batahola entre los seres queridos de aparentes damnificados y trabajadores de la clínica. Los protagonistas comenzaron a propinarse golpes de puño, patadas y empujones hasta que la madre de un joven se desmayó.

Damián, hijo de Luis, un hombre que murió tras asistir al centro asistencial, calificó de “vergüenza” a la situación y consideró que “es una falta de respeto para mi viejo”: “Te dicen que ahora sí son médicos, pero los de antes no. ¿Cómo puede ser que ayer lo allanen y hoy esté abierto? Que salgas a reclamar y te ataquen entre cinco... No puede ser así”.

La causa se inició tras la denuncia presentada por una médica que detectó la utilización indebida de sus datos profesionales. A partir de esa presentación, los investigadores lograron establecer que más de 50 profesionales habrían sido afectados por maniobras similares.

En los allanamientos se incautaron sellos, documentación clínica, recetas, historias médicas y otros elementos considerados de interés para el expediente judicial, al tiempo que entre los aprehendidos se encuentran sospechosos con antecedentes penales por delitos graves, entre ellos homicidio y robos cometidos en rutas.

Fuente: NA