En la madrugada de este domingo, personal policial de la Comisaría Tercera intervino en un operativo que culminó con la detención de dos personas tras una persecución vehicular en distintos barrios de la ciudad.

El hecho se inició a las 4.41, cuando un móvil policial detectó a un automóvil Chevrolet Vectra que se dio a la fuga desde Zanni hacia Medus.

Tras perderlo de vista en Jorge Newbery, el rodado fue nuevamente localizado en Hernandarias y, luego de más de 20 minutos de seguimiento por las zonas de Francia, Almafuerte y Borges, finalmente interceptado en la intersección de Balboa Santa María y Jorge Luis Borges.

En el vehículo se encontraban un hombre y una mujer. La acompañante, identificada como D.L.M.C de 20 años, intentó escapar a pie pero fue demorada a pocos metros.

El conductor, S.D.A de 36, se negó inicialmente a descender del rodado, accediendo de manera voluntaria tras varios minutos. Se constató que no poseía documentación habilitante para conducir ni del vehículo.

La Fiscal Auxiliar Carolina Guzmán dispuso el traslado de ambos a la Alcaidía por los delitos de Resistencia a la Autoridad y Conducción Temeraria (art. 193 bis).

Fuente: Ahora

La Investigación Penal Preparatoria de esta causa que se inició en la madrugada del sábado 25 de abril, tras conocerse el ingreso al Hospital Centenario de un adolescente de 17 años, con tres heridas de bala en su cuerpo y una fractura de tibia a consecuencia de uno de esos disparos, está encaminada y casi por completarse.

Los dos jóvenes de 23 y 24 años que se entregaron el miércoles 29 de abril en Fiscalía, permanecen con prisión preventiva en la Jefatura Departamental, en principio hasta fines de mayo, y según pudo saber Ahora ElDía, esta semana prestaron declaración.

Ambos señalaron que esa noche se encontraban alcoholizados y aunque reconocieron que fueron parte del altercado con el menor a la salida del boliche, sólo recuerdan hasta que se lo cruzaron en Concordia y Avellaneda. Tras ello, y siguiendo con sus dichos, no recuerdan nada más.

Esa noche todo comenzó fuera del boliche ubicado frente al Corsódromo de Gualeguaychú, pero el segundo episodio se originó en la esquina de Concordia y Avellaneda, pero tras ello las partes se dispersaron y minutos después se volvieron a cruzar en 10 de Junio y Quijano, donde el adolescente fue atacado a tiros.

El menor recibió tres disparos en la zona de la pelvis, la ingle y la pierna derecha, por lo que debió ser trasladado de urgencia a un Hospital Centenario, donde fue intervenido quirúrgicamente. Presentaba lesiones de gravedad, entre ellas una fractura de tibia, aunque quedó fuera de peligro.

En la escena del ataque, la Policía secuestró ocho vainas servidas calibre .380, lo que significa que dispararon más de tres tiros. Posteriormente se realizaron múltiples allanamientos en distintos puntos de la ciudad y en uno de ellos, en la zona norte, se secuestró el vehículo en el que se habrían trasladado, pero a los presuntos involucrados nunca se los pudo ubicar hasta que en la mañana del miércoles siguiente se entregaron en Fiscalía.

Respecto al menor, permaneció durante todo este tiempo alojado en el Hospital y el viernes fue dado de alta, luego de que finalmente pudieran extraer los proyectiles de su cuerpo. Declaró vía telefónica con el Delegado Judicial y esta semana que comienza será analizada esa declaración por el fiscal Gutiérrez para ya cerrar la investigación y requerir la audiencia de elevación.

Ambos están imputados del delito de lesiones graves, agravadas por abuso de arma y portación ilegal de arma de fuego.

Tres ñandúes que eran mantenidos ilegalmente en cautiverio fueron rescatados durante un operativo policial llevado a cabo en una finca de la ciudad mendocina de Maipú donde, además, se encontraban, dos aves conocidas como “siete cuchillos” y una jaula de alambre utilizada para su encierro.

Según información de los medios locales, el procedimiento de rescate de los animales tuvo apoyo aéreo de los drones de la División VANT (Vehículos Aéreos No Tripulados), que permitieron confirmar la presencia de los ñandúes y las aves en el lugar.

En tanto, según la información policial, el hecho se registró el pasado lunes en una finca ubicada cerca del cruce de la Ruta 60 y la calle Santa Fe, donde personal de la Policía Rural detectó indicios de posible tenencia ilegal de fauna protegida, pero, debido a que el lugar estaba alejado y sin visibilidad directa desde el exterior, se dispuso el uso de drones policiales.

Con los citados drones se pudo observar la presencia de animales dentro del terreno, lo que facilitó la intervención y registro del predio en donde se encontraban encerrados, mientras que, los efectivos constataron que las aves se encontraban en condiciones de cautiverio.

En el caso intervino la Oficina Fiscal Maipú, cuyas autoridades dispusieron el uso de la tecnología de vigilancia aérea y, en total, se secuestraron tres ñandúes, dos aves conocidas como “siete cuchillos” y una jaula de alambre utilizada para su encierro.

Las especies fueron puestas bajo resguardo con intervención del Departamento de Fauna, dependiente de la Dirección de Biodiversidad y Ecoparque, que quedó a cargo de la evaluación correspondiente y posterior traslado.

En tanto, el responsable de la propiedad rural fue identificado y se verificó que no contaba con la documentación necesaria para la tenencia de los animales y se inició un proceso correspondiente por infracción a la legislación vigente en materia de fauna silvestre.

Fuente: NA

Un control vehicular en la ruta nacional 14 abortó el ingreso de 290 celulares de contrabando al país. El operativo fue ejecutado por el personal policial del puesto de Control Vial Paso Cerrito.

Según se informó a Ahora, el procedimiento se desarrolló en la mañana de este miércoles en el acceso norte a la provincia, sobre la autovía José Gervasio Artigas. Durante el operativo se controló un vehículo Hyundai Santa Fe con patente brasileña en el que se movilizaban un hombre y una mujer también de esa nacionalidad, ambos mayores de edad.

Luego de controlar la documentación de los ocupantes y del vehículo, el personal policial, advirtió ciertos detalles y anomalías en la carrocería que levantaron sospechas sobre el posible ocultamiento de material sospechoso en la carrocería del vehículo.

Producto de esta primera inspección, se mantuvo comunicación con el Juzgado Federal de Concordia, a cargo de Analia Ramponi, y la Fiscalía Federal a cargo de Francisco Bernhardt, quienes autorizaron a iniciar un procedimiento amparado en el artículo 230 Bis del Código Procesal Penal de la Nación ante la sospecha razonable constatada en el operativo público de prevención y el posible ocultamiento de elementos constitutivos de un posible delito.

Con la presencia de los testigos, se inició la requisa vehicular, encontrándose elementos ocultos en distintas partes de la carrocería. Que en detalle se trataría de 290 celulares nuevos de diferentes marcas y modelos.

Según los primeros informes, el valor en el mercado de los celulares tienen un valor estimado de 65.000.000 pesos. En el marco de este procedimiento la Justicia Federal de Concordia, también dispuso el secuestro de vehículo, celulares personales y la correcta identificación de estas personas, las cuales quedarán supeditadas al avance de la causa judicial.

Fuente: Ahora

Este martes por la madrugada, alrededor de las 03:10, personal de la Comisaría Sexta de la Policía de Gualeguaychú intervino en un procedimiento llevado a cabo en la intersección de  San Martín y Quijano, en las inmediaciones de una cancha de pádel.Según informaron, el dueño del lugar llamó a la Policía para advertir que -a través del sistema de cámaras de seguridad- había identificado a un hombre que estaba ilegalmente dentro del predio. De inmediato, las fuerzas de seguridad se desplegaron hacia allí. Al llegar al lugar, los oficiales encontraron efectivamente al sujeto dentro del establecimiento, y descubrieron que tenía en su poder varias bebidas que habrían sido sustraídas. Asimismo, verificaron daños en el sitio.Puesto en conocimiento el fiscal interviniente, se dispuso la aprehensión del delincuente, de 47 años de edad, por el delito de tentativa de robo. Lo trasladaron a la Jefatura Departamental y allí quedó alojado a disposición de la Justicia.

Un hombre murió tras recibir un disparo en la cabeza cuando se encontraba cazando. Según se informó, el hecho ocurrió en la Isla El Damasio, ubicada frente a la costa de Santa Elena, en el departamento La Paz.

El episodio ocurrió la noche de este lunes y el origen del disparo habría sido accidental. La víctima es santaelenense y se encontraba junto a otros cuatro ciudadanos, quienes permanecen en el lugar.

Los operativos son llevados a cabo por personal de Prefectura Naval Argentina y la Justicia de Garay, dado que la zona es jurisdicción de Helvecia, Santa Fe. La fiscal del caso es Rosario Heaffeli.

Según reveló el medio La Sexta, se trataría de  Leandro Alegre, de 27 años, quien era oriundo del barrio Fátima de la ciudad de Santa Elena, según informó La Sexta.

Fuente: Ahora

Un operativo de control de alcoholemia realizado en la madrugada de este domingo en la zona de Costanera Sur derivó en la aprehensión de un hombre de 28 años por resistencia a la autoridad.

Según se informó, alrededor de las 06 horas personal policial de Comisaría Segunda acudió al lugar tras un aviso del Comando Radioeléctrico, donde trabajaban agentes de Tránsito, un funcionario policial de servicio adicional y efectivos de Prefectura.

En ese contexto, un conductor se habría negado a realizar el test de alcoholemia. Al disponerse la retención del vehículo, el hombre habría proferido amenazas e intentado agredir al personal interviniente.

Ante la situación, se dio intervención a la Fiscalía en turno, que dispuso la aprehensión del individuo por el delito de resistencia a la autoridad. El detenido fue trasladado a sede policial y quedó a disposición de la Justicia.

Aunque en nuestro país siempre hemos atravesado años turbulentos, de una u otra manera, en la primera mitad del siglo XX se vivieron tiempos de mucha violencia. En el mundo había un cambio de paradigma y eso también influyó en estas latitudes.

La Primera Guerra Mundial, que se inició en 1914, resquebrajó los cimientos de las sociedades en aquel entonces y fue un factor determinante en la Revolución Bolchevique. La escasez de alimentos y la desigualdad social que no supo responder la Rusia zarista -y el gobierno provisional que sucedió a la familia Romanov-, desembocó en el ascenso al poder del partido liderado por Vladimir Lenin. En otras palabras, en 1917 apareció el comunismo en el plano mundial. Esto tuvo su repercusión en distintos sectores del entramado social y en Argentina también. El anarquismo estaba presente en nuestro país, que había llegado principalmente con el primer oleaje inmigratorio del viejo continente. La clase obrera planteaba a los dueños de los medios de producción las ocho horas de trabajo y era el inicio de las primeras agrupaciones sindicales.

Para 1920, Gualeguaychú era una ciudad de aproximadamente 20 mil habitantes, con una economía activa impulsada por el ferrocarril, el puerto, un centro comercial en expansión y una intensa producción agropecuaria en su extensa zona rural. El ámbito laboral estaba compuesto por una variedad de oficios: ferroviarios, carreros, trabajadores portuarios y estibadores, empleados del comercio, sastres, albañiles, panaderos y otros trabajadores manuales.

El movimiento obrero contaba con un nivel de organización significativo, articulado en distintas asociaciones y sindicatos, la mayoría de los cuales se agrupaban en la Sociedad de Resistencia Obrera y en la Federación Obrera Departamental, esta última con vínculos con la Federación Obrera Regional Argentina a nivel nacional. En su interior convivían distintas corrientes ideológicas, con presencia de trabajadores identificados con el radicalismo, el socialismo y el sindicalismo.

Pero en la madrugada del 10 de diciembre de 1920, ocurrió algo que iba a impactar y atravesar a toda la sociedad y principalmente serviría de chivo expiatorio para el relato conservador de lo que sucedería el 1º de mayo de 1921.

Pedro Illesca, un hombre de 55 años, que trabajaba como repartidor en la panadería La Catalana, de los hermanos Cerdá, fue asesinado. El crimen ocurrió cerca de las 4 de la madrugada. “La víctima no es federado, por el contrario, es de los que defienden la idea de la libertad de trabajo”, graficó el diario El Censor en su edición publicada ese mismo día.

Según se detalla, “al llegar a la calle Paraná, esquina Villaguay, frente a la antigua Casa Babuglia, ha sido detenido con algún pretexto por sus victimarios, pues se tiene la seguridad que los autores del crimen han sido por lo menos dos, y allí, a traición, sin darle tiempo a su defensa, el anciano, a pesar de su edad, era un hombre todavía fuerte, uno de los criminales le ha hecho fuego a quemarropa con un revólver”.

La bala penetró por el lado izquierdo de la garganta y su muerte fue instantánea. “Los criminales, una vez consumado el cobarde atentado, han huido, encontrando muy cerca un refugio donde ocultarse”, describió el diario, que para ese entonces encontró en la muerte de Illesca la excusa perfecta para su línea editorial.

Cuando la edición salió a la calle, la Policía – que por esos momentos vivía tiempos complicados por un incendio intencional “del carro de Dennis” y otro atentado de incendio con bombas de Alquitrán en un vagón de mercaderías– ya tenía a ocho personas detenidas y se confiaba que entre ellas se encontraban los asesinos del obrero.

“Nosotros podemos reafirmar, valiéndonos de informes recogidos a inmediación al lugar del suceso, que hay la casi seguridad de que entre los detenidos se encuentran los autores del crimen, uno de los cuales fuera detenido en el preciso momento en que saltaba una pared desde un sitio baldío lindero a la Federación Obrera donde estaba escondido, tratando de encontrar refugio más seguro. El otro, seriamente comprometido, es un sujeto conocido por sus exaltadas ideas de violencia, que en una huelga anterior a propósito de un atentado de que fuera víctima un representante de la autoridad, estuvo gravemente comprometido como cómplice”, narró El Censor.

Ya para el día siguiente, todo conducía a los principales implicados. “Uno de ellos sabemos que no explica satisfactoriamente el por qué huía y se escondía en el terreno baldío lindero al local que ocupa la Federación Obrera. Y creemos que tampoco puede explicar por qué se quedó esa noche en dicho local a pernoctar, no teniendo la costumbre de hacerlo, según la formal y categórica afirmación de un miembro de la familia. Este detenido se muestra nervioso y con señales evidentes de una notable depresión, como así su ánimo flaqueara ante el cúmulo de pruebas que en su contra van acumulándose y que adquirirán importancia aplastadora”.

Este detenido era Francisco Poletti, un muchacho de poco más de 20 años, argentino, soltero y “con una anciana madre que se muestra inconsolable”. El otro sospechoso era Pedro Abreu, de unos 30 años, “desgraciadamente también es argentino”, reflejó El Censor. Sobre este último, el medio gráfico le describió a la sociedad de aquel entonces que “este hombre estuvo complicado en dos atentados anteriores, no es pues como vulgarmente se dice ‘la primera zarra que desuella’. Sabemos según nuestros informes que existe entre el elemento extremista y extraviado de los obreros una especie de subcomité secreto que es donde se fraguan y organizan los atentados, hasta ayer al parecer sin mayor importancia, pero que han epilogado en este crimen tan inútil, tan perverso, que sólo puede ser justificado o atenuado por una conciencia demasiado elástica o extraviada por malsanas influencias”.

Illesca fue velado y enterrado con todos los honores de la alta alcurnia de la ciudad, indignada por lo que había sucedido con el pobre hombre. El carruaje con el cuerpo a la vista paseó por toda la ciudad y en el Cementerio se escucharon los discursos, entre los que habló el presidente de la Liga Patriótica de Gualeguaychú, Sixto Vela. “La sociedad se siente siempre herida con el crimen, pero en éste, por su naturaleza, por su móvil, por su tendencia, es un reto a la cultura, es un desafío a la conquista de nuestra libertad y es un ultraje al sentimiento de la nacionalidad. Este crimen, obra de un degenerado, seguramente, que ha sentido esa prédica malsana que hacen los advenedizos, que han tomado este pueblo como tierra de fácil conquista, es una enseñanza que debemos aprovechar”, enunció.

Ya para el martes 14 de diciembre, cuatro días después del crimen, se había obtenido una confesión completa del menor de los detenidos. Así lo grafica El Censor: un policía aprovechó que Poletti estaba “abrumado por las pruebas, sus remordimientos y la conciencia culpable” y le dijo a su jefe inmediato sobre la conveniencia de interrogar una vez más al preso. Poletti fue llevado ante “dos modestos funcionarios” que le hicieron notar “la conveniencia de ser franco y decir la verdad”. Sépase leer entre líneas.

Cuando Poletti cuenta todo lo que sabe, inmediatamente el jefe de Policía Brollo, el secretario Gómez Suárez, el comisario de Órdenes, Rojas, y el comisario Ferrer, se dirigieron al local de Federación Obrera a modo de allanamiento y detrás de una biblioteca encontraron dos revólveres, uno calibre 44 sistema norteamericano y otro calibre 38 Eibar.

Abreu hasta esos momentos negaba toda participación en el hecho, pero “hábil y tesonero, el Comisario de Órdenes lo rodea en un círculo de hierro formado por las pruebas abrumadoras hasta que al fin abandonó toda resistencia y concluyó por confesar con lujo de detalle su actuación en el crimen”.

Según se informó en El Censor, Abreu relató que desde hace mucho tiempo tenía decidido matar a Illesca, a quien nunca habían podido quebrantar su resistente negativa a federarse. La noche del crimen salieron con Poletti, recorrieron el pueblo, llegando hasta la panadería San Antonio, donde hablaron con un muchacho. De allí se fueron a un velorio donde estuvieron un buen rato y se fueron en dirección al local de la Federación Obrera. Al llegar a las calles Paraná y Villaguay se detuvieron en la esquina y fue entonces que Abreu le dijo a Poletti: “Por aquí va a pasar dentro de un momento un ‘carnero’ al que vamos a matar”. Al poco tiempo apareció Illesca y al subir a la vereda, como a un metro de distancia y sin decir palabra, le hicieron fuego simultáneamente.

El arma de Poletti falló y eso se demostró en la pericia, tras determinar que una de las cápsulas estaba picada. Por el contrario, el tiro de Abreu le produjo una terrible herida en la garganta que le causó una muerte instantánea y originó que la víctima se desplomara y cayera boca abajo.

Abreu y Poletti huyeron y se refugiaron en la Federación Obrera, de donde no tardaron en ser detenidos. Pedro Abreu había sido portero de la Escuela Nº 2 Domingo Matheu, conscripto en la Armada y estuvo preso por sospechas de hurto de una yegua, aunque luego recuperó la libertad porque el hecho no se pudo probar. En tanto, Poletti no tenía antecedentes policiales y llevaba una vida tranquila junto a sus padres de origen italiano.

“Los dos criminales son argentinos, hombres jóvenes, solteros, y en cuya mente y sentimientos ha ido inculcándose gota a gota, lentamente, pero con resultados tan tristes como se ve, esa prédica envenenada que desgraciadamente encuentra auspicios entre ciertos intelectuales”, sentenció El Censor.

En su indagatoria, Abreu no mostró arrepentimiento y aunque trató de llevar el hecho hacia un plano personal, Poletti en su declaración se encargó de confirmarle al Juez del Crimen que a Illesca se lo asesinó “por carnero”, por negarse a afiliarse a la Federación y sumarse a la lucha de los trabajadores.

Durante 1921 se produjeron más detenciones en torno al caso. Uno de ellos fue Gregorio Unamuzaga, un uruguayo empleado de la panadería de los hermanos Cerdá. “Gozó de la confianza de los señores al punto tal que, al retirarse para plegarse a la huelga, sus patrones le hicieron ver lo que perdía, respondiéndoles Unamuzaga que prefería perderlo todo a traicionar su causa. Es pues un fanático de los que él llama su causa”, escribió El Censor.

A este hombre se lo acusó de complicidad en el crimen de Illesca, de haberle proporcionado el revólver a Abreu, pero luego fue liberado cuando el propio Abreu lo desvinculó al decir que no necesitó de nadie para matar al repartidor de la panadería. Todo quedó muy claro en el careo entre ambos protagonistas. Poletti le dijo a Abreu: “Vos le hiciste fuego y al caer me dijiste ‘¿está bien muerto o necesita otro tiro?, luego agregaste: ‘¡la pucha qué estruendo!’”. “Si, es verdad - respondió Abreu – pero vos también hiciste fuego cuando Illesca venía, yo te dije ‘aprontate, ahí viene’, y avanzamos juntos”.   

El final de la historia

Mientras toda la causa se instruía en la Justicia, el 1º de mayo se produjo la masacre en la plaza Independencia, en pleno centro de la ciudad. El caso de Illesca continuó en trámite judicial y apenas unos días después, hacia mediados de 1921, se requirió una pena de 25 años de prisión para Abreu y de 17 años y medio de cárcel para Poletti. Juana Illesca, una de las hijas de la víctima declaró en el juicio y relató que tres años antes su padre trabajaba en un saladero de Fray Bentos y que en ese lugar conoció a Abreu, que llegó “completamente pobre y sin relaciones de ninguna clase”. Contó que ambos se hicieron amigos y que Illesca lo socorrió en más de una ocasión con alimentos.

Mientras tanto, desde el Centro Comercial, junto a la Liga Patriótica y El Censor, se inició una suscripción pública que estaría destinada completamente a la familia Illesca. Incluso, también se realizó una noche de espectáculos en el Teatro Gualeguaychú y todo lo recaudado fue dirigido a la comisión que se conformó para administrar los fondos.

Se abrió una convocatoria para todos aquellos que tuvieran un inmueble a la venta que pudiera ser destinado para la familia del hombre asesinado, cumpliendo con ciertos requisitos en la cantidad de ambientes. Se recibieron 17 propuestas de venta, que variaron entre los 1.200 a 4.000 pesos de aquel momento. El constructor Luis Delfino fue el encargado de inspeccionar esas propiedades y aconsejó cuál debía adquirirse. Una vez comprada la vivienda, el resto de los fondos solidarios quedaron en una cuenta bancaria para que el Centro Comercial les pasara mensualmente un subsidio a los menores de la familia damnificada.

Pedro Illesca fue una víctima, pero el contexto en el que sucedió el crimen fue utilizado por quienes dominaban el relato de aquel entonces para endemoniar la lucha de los trabajadores, que pedían por mejores condiciones de trabajo cuando la explotación del obrero era moneda corriente.

Otra vez se pone en la mira a Pablo Laurta, acusado de haber asesinado a su expareja Luna Giardina, a su exsuegra Mariel Zamudio y a un remisero Martín Palacio. Esta semana confirmaron que el hombre fue denunciado por enviar amenazas desde la cárcel de Gualeguaychú a familiares de su expareja, según informó Marina Romano, abogada de la familia de las víctimas.

La fiscalía notificó a la parte denunciante sobre la existencia de comunicaciones intimidatorias provenientes del penal de máxima seguridad donde Laurta permanece detenido. La letrada detalló que su clienta tuvo conocimiento del envío de mensajes luego de ser contactada oficialmente por las autoridades judiciales y destacó el contenido intimidatorio de las frases: “Pronto voy a recuperar la libertad, ya saben quién soy” y “Tarde o temprano se sabrá la verdad”.

Romano subrayó en diálogo con ElDoce.tv que las amenazas se dirigieron al entorno directo de Laura Giardina, hermana de una de las víctimas, lo cual generó una profunda preocupación en la familia. En este marco, el impacto de los mensajes fue calificado por la abogada como una “verdadera burla del sistema”, describiendo el temor de la familia frente a lo que consideran un exceso de permisividad hacia el acusado.

“Es una sensación de injusticia terrible que él pueda tener semejante libertad. Un asesino, una persona tan macabra que pueda hacer esto desde una cárcel”, sostuvo la abogada. Romano también informó que solicitarán medidas urgentes para impedir cualquier tipo de contacto de Laurta con los allegados de las víctimas con el objetivo de resguardar la seguridad del núcleo familiar afectado.

En el caso del doble femicidio de Luna Giardina y Mariel Zamudio, madre e hija de 26 y 54 años, respectivamente, Pablo Laurta está imputado por los delitos de: homicidio calificado por el vínculo, alevosía y violencia de género; violación de domicilio, amenazas y desobediencia a la autoridad.

El día de los trágicos hechos, Laurta entró armado al domicilio de su ex y madre de su hijo de 5 años. Al ingresar, atacó a Luna y a Mariel a tiros hasta su asesinarlas. Luego, se dio a la fuga con el niño, desencadenando un operativo de búsqueda hasta nuestra provincia. Finalmente, fue detenido por la policía el 12 de octubre de 2025 en el hotel Berlín en Gualeguaychú.

Laurta figuraba como creativo principal de una comunidad digital defensora de los “derechos de los hombres” y opositora a las políticas de género. La expareja, había presentado múltiples denuncias previas por violencia de género y amenazas, y poseía orden de restricción y botón antipánico, medidas que resultaron insuficientes para evitar el resultado fatal.

Por otro lado, el detenido enfrenta cargo de un homicidio en Entre Ríos por el chofer porteño que fue encontrado descuartizado tras un viaje a Córdoba en octubre del año pasado. La investigación policial sostiene que Laurta fue el último pasajero de Palacio, al que habría ejecutado con un disparo en la cabeza para luego descuartizar su cuerpo y arrojar los restos en distintas zonas de Córdoba.

La Justicia imputó a Pablo Laurta por abuso sexual

La Fiscalía de Delitos contra la Integridad Sexual del 1° Turno de Córdoba imputó a Pablo Laurta por abuso sexual infantil, luego de hallar imágenes explícitas de menores de 18 años involucradas en actividades sexuales, según confirmó el Ministerio Público Fiscal cordobés.

“El fiscal Juan Ávila Echenique resolvió imputar a Pablo Daniel Rodríguez Laurta por tenencia de representaciones de menores de 18 años dedicados a actividades sexuales explícitas y representaciones de sus partes genitales con fines predominantemente sexuales", informaron.

La Cámara de Acusación de Córdoba confirmó el 29 de abril de 2026 que Pablo Daniel Rodriguez Laurta será sometido a un juicio oral por el doble asesinato. La resolución subraya que se trata de un caso de violencia de género agravada, y establece que el juicio se realizará ante jurados populares, una medida reservada para delitos de la máxima gravedad.

Si el jurado popular encuentra culpable a Laurta por los delitos de homicidio calificado por vínculo, alevosía y violencia de género, podría ser sentenciado a prisión perpetua. El próximo paso procesal es el sorteo de la Cámara del Crimen encargada de sustanciar el debate oral.

Dos hombres fueron detenidos en la tarde de este viernes luego de robar varias botellas de bebida de un local comercial ubicado en la calle Guerra al 90, en pleno Costanera de la ciudad.

El hecho fue advertido a través de un llamado telefónico que alertó a la Policía sobre la sustracción en el comercio “Artes y Artesanías”. Según la información aportada, los sospechosos se dieron a la fuga tras cometer el robo.

A partir de las características de vestimenta brindadas, los efectivos lograron localizarlos a pocas cuadras, frente a otro comercio de la zona. Allí, testigos los señalaron como los presuntos autores del hecho, lo que permitió su rápida intervención.

Los individuos fueron reducidos por personal motorizado, con apoyo de otros móviles policiales. En el lugar, además, se secuestraron las botellas sustraídas, que posteriormente fueron restituidas al propietario del comercio.

La Fiscalía en turno dispuso la detención de ambos hombres, quienes fueron trasladados a una dependencia policial y quedaron a disposición de la Justicia.

Personal policial intervino en un grave episodio ocurrido en las Islas Lechiguanas, frente a Villa Constitución. El hecho sucedió pasadas las 23.30 y tuvo como damnificado a un hombre, de 58 años, quien denunció haber sido amenazado con un arma de fuego y que intentaron incendiar el rancho donde se encontraba.

Según el relato de la víctima, mientras cuidaba la vivienda de un amigo, observó cómo su vecino, de 33 años, efectuaba disparos intimidatorios con una escopeta recortada.

El conflicto se originaría en un desacuerdo previo con el propietario del rancho. Ante las amenazas, el cuidador se refugió dentro de la vivienda, pero momentos después vio a el vecino comenzó a rociar un líquido que percibió como combustible cerca de una ventana, con intenciones de prender fuego. Temiendo por su vida, escapó hacia la isla y dio aviso a la policía.

Al llegar al lugar, efectivos de la Comisaría Tercera pusieron a resguardo al denunciante y procedieron a la aprehensión de Macedo. En su poder se halló una escopeta calibre 16 recortada con cinco cartuchos, un rifle de aire comprimido y una cuchilla. La Fiscalía en turno de Gualeguay dispuso la detención del acusado por tenencia ilegal de arma de fuego y tentativa de homicidio. Las armas fueron secuestradas como evidencia.

El traslado del detenido contó con la colaboración de Prefectura Naval de Villa Constitución, que lo llevó hasta Victoria, donde fue entregado a un móvil policial de Pajonal. Finalmente, el violento fue alojado en la alcaldía de la Departamental Gualeguay.

Fuente: AHORA

La Justicia imputó este miércoles en una audiencia en los Tribunales de Paraná a Jesús Daniel Gómez por tentativa de homicidio, sospechado por el ataque a balazos ocurrido el viernes pasado en el Parque Gazzano. La Fiscalía solicitó medidas de coerción por 90 días, sin pedido de prisión preventiva.

En el avance de la causa por el hecho ocurrido en el Parque Gazzano, el Ministerio Público Fiscal solicitó este miércoles que se impute a Gómez por el delito de tentativa de homicidio. Como parte de la audiencia, la Fiscalía requirió la aplicación de medidas de coerción por un plazo de 90 días al considerar que existe riesgo de entorpecimiento de la investigación.

Entre las restricciones solicitadas, se incluye la prohibición de acercamiento a la víctima y al lugar del hecho en un radio mínimo de 500 metros, así como la prohibición de tomar contacto con testigos. Además, se pidió que el imputado deba presentarse cada 15 días, los miércoles, ante la Fiscalía, junto con la prohibición de realizar actos violentos, molestos o perturbadores. No se solicitó la prisión preventiva.

Durante la audiencia también se mencionó que Gómez, que es comerciante y posee una verdulería, cuenta con un antecedente penal: en 2019 fue acusado por tentativa de homicidio, aunque finalmente resultó condenado por el delito de lesiones, recibiendo una pena de tres años de ejecución condicional.

Por su parte, el abogado defensor, Claudio Berón, manifestó su conformidad con las medidas de coerción solicitadas, aunque reiteró que su defendido no es el autor del disparo.

En la audiencia se destacó que se llevó a cabo una rueda de reconocimiento,. donde la víctima señaló a Gómez como quien efectuó el ataque.

Más allá del planteo de Fiscalía, por su cuenta, el juez Vergara solicitó que el acusado no “cambie su aspecto físico, como el pelo o la barba, ya que puede ser citado a nuevas ruedas de reconocimiento”.

El hecho

Según se informó a Ahora, el hecho ocurrió el viernes 24, alrededor de las 19.20, cuando la víctima relató que se encontraba jugando al fútbol en la cancha del parque.

La Policía de Entre Ríos detuvo el lunes por la tarde a Gómez en calle Tacuarí, en el barrio Consejo, tras un operativo coordinado con móviles de la Comisaría Tercera, División 911 y División Operaciones.

En ese momento, un hombre con remera amarilla se le acercó increpándolo con la frase “¿Por qué le pegaste a mi hijo?”, y tras intentar golpearlo y fallar, recibó un golpe de puño. Ante esta situación, el violento sacó un revólver y le disparó en el muslo de la pierna izquierda. El agresor se retiró rápidamente del lugar amenzando a otras personas que estaban en el parque.

El abogado defensor Claudio Berón sostuvo que su representado no es el autor del disparo.  “Mi cliente asegura que no es él. Vamos a pedir un cotejo del video y presentar pruebas que demuestran que no estuvo en el parque. Para mí se trata de una confusión", dijo .El letrado agregó que la pareja del detenido también confirmó que no se encontraba en el lugar al momento del hecho.

En Entre Ríos, un conductor se escapó de un control policial, evadió 15 patrulleros y fue detenido a 200 kilómetros del punto de fuga en un episodio que mantuvo en vilo a varias localidades del sur entrerriano durante la tarde de este domingo. La persecución, que comenzó en Brazo Largo y culminó en Cuchilla Redonda, se convirtió en una de las más extensas y llamativas registradas en la región en los últimos tiempos.

El hecho se inició pasado el mediodía, cuando un automóvil Volkswagen Gol ignoró las indicaciones de detención en un puesto caminero ubicado sobre la ruta nacional 12. Lejos de aminorar la marcha, el conductor aceleró y emprendió la huida, lo que motivó la inmediata reacción de los efectivos policiales que se encontraban en el lugar.

En cuestión de minutos, varios patrulleros de la zona de Brazo Largo comenzaron el seguimiento del vehículo, que avanzaba a alta velocidad en dirección hacia el departamento Gualeguaychú. Según confirmaron fuentes policiales, el despliegue fue creciendo progresivamente, sumando móviles de distintas dependencias en un intento por interceptar al evasor.

Una persecución que atravesó rutas y localidades

A medida que avanzaba la persecución, el conductor tomó decisiones estratégicas para evitar los controles policiales. En lugar de dirigirse hacia Gualeguaychú, donde existen puestos de control en rutas clave como la nacional 14 y la provincial 16, optó por desviar su trayecto hacia Gualeguay, siempre por la traza de la ruta nacional 12.

Durante el recorrido, se incorporaron al operativo móviles de la Policía de Ceibas, ampliando el cerco sobre el vehículo fugitivo. Sin embargo, el automovilista continuó su escape sin disminuir la velocidad, generando una situación de alto riesgo tanto para los efectivos como para otros conductores que transitaban por la zona.

Al llegar al acceso a la ciudad de Gualeguay, el conductor volvió a esquivar otro punto de control y cambió nuevamente de dirección, esta vez hacia la localidad de Larroque. La persecución ya involucraba a cerca de 15 patrulleros, según información de R2820.

El desenlace en Cuchilla Redonda

 El tramo final de la persecución tuvo lugar en cercanías de Enrique Carbó, donde una patrulla intentó bloquear el paso del vehículo para evitar que se internara en caminos rurales. Esta maniobra obligó al conductor a continuar su huida hacia el norte, cada vez con menos opciones de escape ante el avance del operativo policial.

Finalmente, en la zona de Cuchilla Redonda, los móviles lograron cerrar completamente el paso del automóvil. Sin posibilidad de continuar, el conductor detuvo su marcha y fue reducido de inmediato por los efectivos, poniendo fin a la intensa persecución que se había extendido por casi dos horas y a lo largo de más de 200 kilómetros.

El subjefe de la Departamental Gualeguaychú, Mauricio Asler, confirmó que el procedimiento concluyó alrededor de las 14 horas de este domingo. El detenido quedó a disposición de la Justicia, mientras se investigan las razones que lo llevaron a protagonizar la fuga y las posibles infracciones o delitos asociados.

El hecho ocurrió alrededor de las 5.50 sobre calle Bolivia, pasando Rodó, cuando efectivos de Comisaría Tercera trabajaban en conjunto con el Comando Radioeléctrico y la Sección Motorizada en el marco de otro operativo.

En ese contexto, los uniformados detectaron una motocicleta que circulaba por la zona, aunque no lograron identificar a sus ocupantes. Minutos después, al realizar un seguimiento visual, encontraron el rodado abandonado a pocos metros, sin rastros de quienes lo conducían.

Se trata de una Motomel Blitz que presentaba daños visibles en la pechera y en el seguro del manillar, lo que refuerza la hipótesis de que fue dejada en el lugar en medio de una huida apresurada.

Por disposición del fiscal auxiliar de Propiedad en turno, el vehículo fue secuestrado de manera preventiva y trasladado a dependencias policiales, donde quedó a resguardo mientras se investiga su procedencia y propiedad.

Un hombre fue aprehendido en Concordia por tenencia ilegal de estupefacientes, luego de que se le cayeran envoltorios con droga del bolsillo mientras era controlado por la Policía.

El procedimiento fue realizado por funcionarios del Comando Radioeléctrico, que desarrollaban tareas de patrullaje preventivo y detuvieron la marcha de un motovehículo en inmediaciones de Alberdi y Colón.

Según se informó a AHORA, en ese momento, del bolsillo del conductor cayeron envoltorios de nylon, por lo que se dio intervención a la División Drogas Peligrosas.

Tras las pericias correspondientes, se confirmó que el contenido dio resultado positivo para cocaína.

En un fallo de gran trascendencia dictado por Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Paraná, el ingeniero agrónomo Norberto Román Valdemarín fue condenado a la pena de cuatro años y seis meses de prisión por el delito de trata de personas con fines de explotación laboral.

La sentencia dictada por la jueza federal Emilce Rojas, firmada este jueves 23, ratifica la responsabilidad del imputado radicado en Crespo en la captación y acogimiento de un peón rural que vivía en condiciones infrahumanas en la localidad de Crucecita Séptima, departamento Nogoyá.

En representación del Ministerio Público Fiscal que conduce José Ignacio Candioti, estuvo el fiscal Dardo Barreto. Valdemarín fue defendido por Juan José Del Castillo y la Defensora de Víctimas, Victoria Carniel asistió a L.M.

La investigación penal se inició en octubre de 2021 a raíz de una denuncia recibida en la Línea 145 de asistencia a víctimas de trata. Tras los allanamientos dispuestos por la justicia, se constató que la víctima, L.M, vivía solo en una casilla precaria con ruedas, sin acceso a agua caliente ni ropa adecuada de trabajo.

El informe judicial destaca que el trabajador utilizaba un balde de plástico negro como inodoro en una estructura montada con lonas y palos enterrados en el piso.

La víctima cumplía jornadas de 12 horas diarias, realizando tareas de desmonte y fumigación con agroquímicos sin ningún tipo de equipo de seguridad ni elementos idóneos para su protección. Respecto a la remuneración, se estableció que percibía apenas 1.500 pesos por día, monto que le era abonado por Valdemarín cada tres meses, previo descuento por los gastos de los elementos personales que el empleado requiriera.

El tribunal subrayó que el condenado se aprovechó de la situación de vulnerabilidad de la víctima, quien presentaba carencia de recursos de inserción social y no había podido culminar su educación primaria.

A través de un acuerdo de juicio abreviado, Valdemarín reconoció su autoría en el hecho. Además de la pena de prisión, el magistrado homologó una reparación económica para la víctima por un total de 12 millones de pesos, la cual comenzó a abonarse con un primer pago de 2 millones durante la audiencia.

Debido al estado de salud de su esposa y a la discapacidad de su hija, el tribunal concedió que el cumplimiento de la condena sea bajo la modalidad de prisión domiciliaria. Asimismo, se ordenó remitir la documentación secuestrada a la Fiscalía Federal para investigar la posible participación de un hermano del condenado en los hechos.

La investigación por una causa de extorsión telefónica tuvo este martes nuevos avances con una serie de allanamientos y detenciones en la provincia de Buenos Aires. Personal de la DDI de Gualeguaychú, en conjunto con efectivos de la Policía bonaerense, se trasladó al partido de San Isidro, donde logró detener a un hombre y una mujer de 43 y 46 años, quienes ya fueron trasladados a la ciudad. En tanto, otras dos mujeres, de 32 y 31 años, permanecen prófugas.

Los procedimientos se realizaron en domicilios de Boulogne Sur Mer, por orden del juez de Garantías Ignacio Telenta, a pedido del fiscal Lucas Pascual. Durante los operativos se secuestraron teléfonos celulares que serán peritados, mientras que en las próximas horas se definirá la situación procesal de los detenidos. Además, dos hombres que ya se encontraban alojados en la Unidad Penal N°21 de Campana fueron notificados de su detención y serán indagados mediante videollamada.

Estos avances son el resultado de una investigación que se extendió durante seis meses y que permitió desarticular una red de extorsionadores. A partir del análisis de líneas telefónicas y cuentas bancarias, con intervención de la División Cibercrimen, se logró establecer que desde el penal de Campana se realizaban parte de las llamadas extorsivas. Uno de los implicados cumple una condena por homicidio agravado en grado de tentativa y operaba junto a su compañero de celda.

La causa se originó el 30 de septiembre de 2025, cuando un vecino de Gualeguaychú denunció que recibía llamados desde distintos números. En esas comunicaciones, los autores se hacían pasar por personal policial y luego por un supuesto juez, indicándole que estaba siendo investigado por un delito. Bajo amenazas —incluyendo referencias a su entorno familiar y la advertencia de una posible detención y traslado a Buenos Aires— le exigían dinero para frenar una supuesta causa judicial.

Ante el temor generado, la víctima llegó a realizar transferencias a distintas cuentas indicadas por los estafadores. La denuncia permitió activar la investigación judicial y el seguimiento de los involucrados.

Un primer avance en la causa se había producido a comienzos de octubre, cuando fueron detenidos dos hermanos, de 37 y 32 años, oriundos de San Isidro, en un parador de Ceibas. Ambos habían llegado para cobrar parte del dinero de la extorsión. Si bien luego recuperaron la libertad tras un acuerdo económico con la víctima, se determinó que cumplían un rol secundario dentro de la organización y su testimonio aportó información clave para avanzar sobre el resto de la banda.

Un hombre de 37 años fue detenido este domingo por la tarde luego de intentar sustraer cableado de alta tensión y provocar una explosión en la vía pública. El hecho ocurrió en la intersección de Juan B. Justo y Soldado Mostto, donde intervino personal de Comisaría Tercera.

Según informaron fuentes policiales, al llegar al lugar los efectivos encontraron al sospechoso subido a un poste de luz, utilizando una escalera y una pinza, mientras manipulaba el tendido eléctrico. La maniobra habría originado una explosión que alertó a vecinos de la zona.

El individuo fue sorprendido en el momento en que intentaba llevarse el cableado, por lo que se dio inmediata intervención a la Fiscalía en turno. Desde allí se dispuso su aprehensión, el secuestro de los elementos utilizados y su traslado a la Jefatura Departamental.

El detenido quedó alojado a disposición de la Justicia, mientras se avanzan con las actuaciones correspondientes.

El hecho se conoció cuando una paciente, que acababa de recibir el alta, advirtió al personal de seguridad privada sobre la maniobra de otra mujer que también se encontraba en el lugar. Incluso aportó una imagen en la que se observaría el momento del robo.

A partir de esa información, los agentes de seguridad solicitaron a la sospechosa que exhibiera sus pertenencias y constataron que en su mochila llevaba diversos elementos pertenecientes al área de enfermería. De inmediato, dieron aviso a la Policía.

Personal de Comisaría Primera intervino en el lugar y, tras informar al fiscal de turno, se dispuso la recepción de la denuncia, el secuestro y la restitución de los insumos sustraídos. La mujer fue trasladada a Jefatura Departamental para su correcta identificación y luego alojada en Comisaría de Minoridad, donde quedó supeditada a la causa por hurto.

Dos escuelas de Gualeguaychú suspendieron las clases tras las amenazas de tiroteo que son investigadas por la Justicia. La medida alcanza a la Escuela de Educación Técnica N° 2 “Pbro. José María Colombo” y a La Salle, que permanecerán sin actividad entre este viernes 17 y el 22 de abril.

En una comunicación enviada este viernes por la mañana a las familias, se informó que la suspensión fue dispuesta por orden judicial. En el caso de la Técnica N° 2, el establecimiento permanecerá cerrado durante los días 17, 20, 21 y 22 de abril. Por los mismos motivos y durante el mismo período, también se interrumpieron las clases en La Salle.

La resolución estuvo a cargo de la titular del Juzgado N° 2 de Familia y Penal de Niños, Niñas y Adolescentes, Florencia Amore, luego de un pedido realizado por el Ministerio Público Fiscal con acuerdo del Ministerio Pupilar de la Defensa.

Según se informó, una de las alternativas analizadas consistía en autorizar a las fuerzas de seguridad a revisar a los alumnos en el ingreso a los establecimientos. Sin embargo, fuentes judiciales indicaron que la magistrada habría considerado que se trataba de una medida demasiado invasiva, por lo que finalmente se resolvió suspender las clases.

La decisión se enmarca en la investigación que lleva adelante la Fiscalía a cargo de Facundo Álvarez, que busca identificar a los presuntos autores de hechos que alteraron la convivencia escolar. De acuerdo al comunicado oficial, se están realizando las pericias correspondientes para individualizar a los responsables.

Mientras tanto, continúan los operativos policiales en distintas instituciones educativas de la ciudad, entre ellas La Salle y Soldado Mosto.