Un joven de 27 años permanece internado en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Centenario, donde muestra signos de recuperación luego de ser intervenido quirúrgicamente tras un ataque con arma blanca ocurrido el sábado por la noche. Por el hecho, un adolescente de 17 años se encuentra bajo custodia en la Comisaría del Menor y será sometido este martes a una evaluación por parte de especialistas.

Detrás del episodio, que generó conmoción en el barrio Los Espinillos, se esconde una problemática familiar que, según trascendió, venía acumulando tensiones desde hacía tiempo y que terminó desbordando en una situación extrema.

El incidente se produjo en la vivienda de la madre del menor, cuando el adolescente se presentó para reclamar dinero. La conversación derivó en una discusión que fue subiendo de tono hasta que, en ese contexto, el joven tomó un cuchillo y atacó a la pareja de su madre, provocándole heridas de gravedad.

Tras el hecho, el agresor se retiró del lugar y permaneció dos días sin ser localizado. La denuncia fue realizada por la mujer, quien además aportó información clave a las autoridades. Finalmente, el lunes por la tarde, el menor se presentó por sus propios medios en la Jefatura Departamental acompañado por familiares, quedando inmediatamente a disposición de la Justicia.

Al reconstruir lo sucedido, surgieron datos que apuntan a un posible detonante económico. El adolescente trabajaría en la construcción y, debido a que no contaba con herramientas digitales para cobrar, su salario era transferido al hombre que luego le entregaba el dinero semanalmente. Sin embargo, el día del hecho, al exigir el pago, habría recibido como respuesta que el dinero ya había sido utilizado, lo que habría desencadenado la reacción violenta.

La investigación está en manos de la Fiscalía, que definirá los próximos pasos procesales una vez que se concrete la evaluación interdisciplinaria del menor. Entre las medidas a considerar se encuentra la posibilidad de una declaración indagatoria, mientras no se descarta que posteriormente sea reintegrado a su grupo familiar.

El fiscal Jorge Gutiérrez resolvió este martes presentar el requerimiento de elevación a juicio en la causa contra Mariano Corvalán, el policía acusado de haberle disparado a su pareja, Carolina Huck, en agosto de 2025.

Según explicó el propio fiscal a Ahora ElDía, se trata de un dictamen en el que el Ministerio Público formula la acusación, ofrece la prueba y sostiene que existen elementos suficientes para llevar el caso a juicio. En ese documento, se considera alcanzado el grado de probabilidad necesario para afirmar que el hecho existió, que constituye un delito y quién sería su autor, además de anticipar la pena que se solicitará.

Actualmente, el expediente se encuentra en la etapa de “vista a la querella”. Luego se dará traslado a la defensa y, una vez cumplidos esos plazos, se convocará a la audiencia de la etapa intermedia, donde se debatirán los planteos de las partes. En esa instancia, la querella puede adherir a la acusación o incorporar nuevos elementos, mientras que la defensa puede oponerse, cuestionar pruebas o incluso solicitar el sobreseimiento.

Superada esa audiencia, el juez deberá resolver si eleva la causa a juicio. En caso afirmativo, dictará el auto de apertura y remitirá el expediente al tribunal correspondiente, que será el encargado de sortear magistrado y fijar fecha para el debate oral.

Consultado sobre los tiempos, Gutiérrez indicó que, si el imputado continúa detenido, el proceso podría avanzar con relativa rapidez. Corvalán tiene prisión preventiva vigente hasta el 23 de julio de 2026 y, según estimó el fiscal, “si sale todo bien”, el juicio podría realizarse antes de esa fecha.

El caso

El hecho ocurrió en la madrugada de agosto de 2025, cuando Corvalán, agente policial de 38 años, le disparó a Huck y luego intentó quitarse la vida con su arma reglamentaria. Ambos fueron trasladados al Hospital Centenario, donde permanecieron internados en estado crítico.

La causa fue caratulada como tentativa de femicidio, delito que prevé una pena de entre 10 y 15 años de prisión. De acuerdo a la investigación, el propio Corvalán había llamado al Comando Radioeléctrico para alertar sobre lo sucedido y solicitar una ambulancia.

Como consecuencia del disparo, Huck sufrió graves lesiones, con compromiso en la médula, lo que podría derivar en secuelas permanentes. El caso generó un fuerte impacto en la comunidad de Gualeguaychú y volvió a poner en agenda la problemática de la violencia de género.

La jueza Florencia Amore dialogó con Cero y Bolazo Stream, y se refirió a las investigaciones en curso por las amenazas de tiroteos en escuelas de Gualeguaychú y remarcó la gravedad de los hechos, al sostener que “acá se está investigando un delito, no son cosas de chicos”.

En sus declaraciones, explicó el encuadre legal y el rol de la Justicia en este tipo de casos: “Los menores de 16 años no son punibles por ningún delito. En este sistema acusatorio, la investigación está a cargo de los fiscales y los jueces controlamos las garantías del proceso”.

En ese sentido, detalló que la fiscalía ya intervino ante la denuncia: “Se hizo una presentación en la que se advertía que se investigaba un delito penal, que puede llevar hasta 4 años de prisión, y que consistía en estas amenazas que podían ocurrir a pocas horas”.

Sobre las medidas adoptadas, Amore aclaró: “El fiscal pidió una requisa, algo que consideré invasivo para todos los niños y adolescentes, y entendí como una medida inhibitoria que no ingresen a clases. No hubo decisión de suspensión de clases, hubo una orden de no ingresar al edificio”.

La magistrada insistió en que los hechos deben ser abordados con seriedad: “No se trata de una cuestión doméstica. Acá se aplica la ley penal juvenil. Se están investigando delitos, no son cosas de chicos. Existe riesgo y se debe avanzar en la investigación”.

Además, advirtió sobre el marco legal vigente y los posibles cambios: “Estamos en presencia de una nueva ley juvenil que cuando entre en vigencia prevé que vayan presos adolescentes de 14 y 15 años, independientemente de la escuela a la que asistan. La ley establece que el uso de amenazas tiene penas de 1 a 3 años de prisión”.

Amore subrayó que la investigación aún se encuentra en una etapa inicial: “Estamos ante una investigación incipiente. Se presume que se trata de una pintada o una convocatoria, pero no se sabe hasta que se investigue. No sabemos si quienes hicieron la pintada tienen acceso a armas o cuáles son sus motivaciones”.

En esa línea, cuestionó la tendencia a minimizar este tipo de situaciones: “No me parece adecuado infantilizar conductas que pueden tener consecuencias graves. No es lo mismo tener un problema con compañeros que cometer un delito penal”.

También hizo foco en el impacto social de los mensajes intimidatorios: “Leer carteles como ‘esta escuela va a ser un cementerio’ tiene que alertar a quienes hacen políticas públicas. No es saludable que padres, docentes y la sociedad minimicen esto, porque es un nivel de violencia importante”.

Respecto del avance de la causa, indicó: “Hasta ahora no hay ningún adolescente punible imputado. El fiscal investiga y, cuando tiene elementos suficientes, puede solicitar medidas al juzgado. Eso todavía no ha ocurrido”.

Por último, explicó el alcance de las decisiones judiciales recientes: “Las amenazas eran para fechas específicas, como el 17 y el 22 de abril, por lo que se dispuso que no se ingrese a los edificios en esos días. Esa medida tuvo efecto y no hubo razones para prolongarla”.

La jueza concluyó que la intervención penal en estos casos debe ser una señal de alerta: “La gravedad de haber llegado a esta instancia tiene que interpelar a los organismos encargados de proteger a niños y adolescentes”.

La Gendarmería Nacional realiza un operativo en el Hospital San Roque de Paraná en el marco de la investigación que se inició tras el hallazgo de un envío ilegal de fentanilo en Puerto Madryn. El caso destapó una red de desvío de medicamentos de uso estrictamente médico hacia el consumo ilegal.

El jueves pasado, una encomienda proveniente de Paraná fue interceptada en la Terminal de Ómnibus de Puerto Madryn. En su interior se encontraron 50 ampollas de fentanilo líquido y 10 frascos de remifentanilo en polvo. El destinatario fue detenido en el lugar, lo que permitió reconstruir el recorrido del paquete hasta su punto de origen en Paraná.

A partir de esa pista, las delegaciones de Rawson y Paraná de la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos de la Gendarmería coordinaron allanamientos en domicilios vinculados al remitente, un profesional de Paraná. Allí se incautaron 148 frascos de propofol, 90 ampollas de morfina, 50 ampollas de fentanilo, 25 frascos de ketamina, 15 frascos de remifentanilo, además de documentación, armas, municiones y una importante suma de dinero en pesos, dólares y reales.

Según informó Ahora,  la sede fiscal federal descentralizada de Rawson, junto a efectivos de Gendarmería y la policía provincial, “avanzaron en una investigación sobre traslados de medicamentos de alto poder anestésico y narcótico”. La coordinación interprovincial permitió frenar el desvío de sustancias de alta peligrosidad, cuyo uso fuera del ámbito médico representa un grave riesgo.

El operativo en el Hospital San Roque de Paraná se suma a las medidas adoptadas para esclarecer el origen y la magnitud de la red de distribución ilegal de anestésicos y narcóticos. 

Un camión volcó este miércoles en la Ruta Nacional 14, a la altura del kilómetro 255,7, y su conductor debió ser rescatado luego de quedar atrapado dentro de la cabina. Ocurrió en jurisdicción del departamento Concordia.

El siniestro fue constatado por personal de la Comisaría Frigorífico Yuquerí en inmediaciones del acceso desde la ruta 22 hacia la Autovía Artigas, en sentido sur.

Según se informó oficialmente, el vehículo involucrado fue un Volkswagen 17.220 que transportaba pallets de madera. Por causas que son materia de investigación, el chofer perdió el control y terminó volcando cuando descendía para incorporarse a la traza nacional.

A raíz del impacto, el conductor quedó atrapado en el interior del camión y tuvo que ser rescatado por Bomberos Voluntarios.

Luego fue trasladado en ambulancia al hospital Delicia Concepción Masvernat, donde se informó que presentaba traumatismo encéfalo craneano, escoriaciones y politraumatismos, por lo que quedó en observación para una nueva evaluación.

En el operativo también colaboró una empresa que aportó maquinaria pesada, utilizada para levantar el camión y facilitar la liberación del conductor.

La joven de 19 años que estaba siendo buscada desde anoche y su familia había perdido contacto con ella, se presentó espontáneamente en la Comisaría de Larroque al viralizarse su búsqueda por diferentes medios de comunicación.

Según informaron sus familiares, la joven había partido el lunes alrededor de las 18 desde su domicilio, ubicado en la intersección de Alfredo Palacios y Belgrano, con la intención de asistir a clases en el establecimiento educativo situado frente a la plaza San Martín. Sin embargo, con el correr de las horas se confirmó que no ingresó a la institución.

Ante la falta de noticias y la imposibilidad de comunicarse con ella —ya que su teléfono celular se encuentra apagado—, la familia radicó la denuncia ese mismo lunes por la noche en la Comisaría Tercera.

En la mañana de este martes se conoció su solicitud de paradero y la búsqueda de la Policía. La noticia rápidamente tomo notoriedad en los diferentes medios de la ciudad y la joven tomó conocimiento de la búsqueda, por lo cual decidió presentarse en la Comisaría de Larroque para llevar tranquilidad.

El conductor de un auto blanco estacionó por la calle Paraguay casi Guido Spano y abrió la puerta en el momento justo en que una mujer pasaba en bicicleta. 

El automovilista olvidó mirar bien por los espejos y provocó que la ciudadana que circulaba por la calle Paraguay cayera de su bicicleta, luego de impactar contra la puerta. La mujer debió ser trasladada al Hospital Centenario en ambulancia. 

El siniestro quedó registrado por una cámara que logró captar el momento exacto en que se produjo el impacto. 

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Se pudo establecer la identidad de la persona encontrada sin vida en un edificio en construcción de la ciudad de Colón, el pasado domingo. La víctima es Jorge Osvaldo Giménez Amarilla, de nacionalidad paraguaya, de 52 años de edad, nacido el 8 de mayo de 1972 en la ciudad de Asunción.

Se confirmó así que se trata de la persona que cumplía funciones de sereno en la obra en construcción donde ocurrió el homicidio (avenida Quirós y Moreno de la ciudad de Colón).

Según informaron fuentes judiciales, el fiscal Alejandro Perroud comunicó la novedad a una familiar de la víctima y al Consulado del Paraguay.

En la autopsia llevada a cabo en el Centro Médico Forense de Oro Verde este jueves, y pese al estado del cadáver, fue posible el levantamiento de registros dactilares, cuya compulsa en principio no había arrojado resultados en el Sistema Federal de Identificación Biométrica para la Seguridad (SIBIOS).

Pero la colaboración de la División Triple Frontera dependiente del Departamento de Investigaciones Complejas NEA de Policía Federal, y del Centro Internacional de Análisis del Delito Complejo en la Triple Frontera (Cidecofron) de Gendarmería Nacional Argentina, permitieron obtener fichas dactiloscópicas remitidas por la Policía Nacional la República del Paraguay. La identificación se logró gracias a un trabajo conjunto de la División Rastros de la Provincia y División Policía Científica de la Policía de Colón.

Fuente: El Once

Un voraz incendio destruyó este viernes por la mañana un galpón avícola en Entre Ríos y provocó importantes pérdidas materiales, además de la muerte de una gran cantidad de animales. El siniestro ocurrió en la Autovía Artigas, en jurisdicción del departamento Uruguay, y afectó una estructura de cría de aves perteneciente a la empresa Fadel.

Según se informó, el fuego se desató en un galpón de unos 170 metros de largo y demandó un intenso operativo para lograr su control. Debido a la magnitud de las llamas y a la necesidad de sostener el abastecimiento de agua, los Bomberos Voluntarios de Concepción del Uruguay solicitaron apoyo a sus pares de Pronunciamiento, que se sumaron con una unidad adicional.

Pese al trabajo desplegado por los equipos de emergencia, el calor extremo debilitó la estructura y provocó el colapso total del techo del galpón. Además, se confirmó la muerte de una importante cantidad de gallinas, tanto por el avance del fuego como por la inhalación de humo.

El jefe del cuerpo activo, que coordinó las tareas junto al personal de apoyo, confirmó que el incendio ya fue extinguido y que luego se realizaron las tareas de enfriamiento correspondientes.

Ahora se investigan las causas que pudieron haber originado el foco ígneo en la planta avícola.

Fuente: AHORA

Dos personas que se trasladaban en motocicleta resultaron lesionadas este martes por la noche, en medio de la lluvia, tras un choque con un camión sobre la Ruta Nacional 12, en cercanías del acceso a Estación Camps, en el departamento Diamante.

El siniestro vial se registró alrededor de las 21 en el tramo que une Crespo con General Ramírez, donde, por causas que se tratan de establecer, colisionaron una moto Gilera y un camión Iveco.

Según se informó, en la motocicleta viajaban dos personas de 60 y 23 años, mientras que el camión era conducido por un hombre de 45 años. Ambos vehículos circulaban en el mismo sentido, en dirección hacia Camps.

Tras el impacto, personal policial y Bomberos Voluntarios trabajó en la zona realizando tareas de prevención, mientras que agentes de salud asistieron a los motociclistas, quienes presentaban lesiones.

En tanto, el conductor del camión resultó ileso, publicó El Observador.

Por disposición de la Fiscalía de turno de Diamante, se llevaron adelante las diligencias de rigor, entre ellas la extracción de sangre a los conductores involucrados.

Un hombre de 42 años, oriundo de Gualeguaychú, fue hallado sin vida este jueves por la mañana en el Pabellón C de la Unidad Penal N°9 Granja El Potrero. De acuerdo a los primeros indicios, el fallecimiento habría sido producto de una afección cardíaca.

El hecho ocurrió minutos después de las 7, mientras el interno se encontraba en su celda junto a otros seis reclusos. Según relataron testigos, el hombre manifestó un intenso dolor en el pecho, alertó a sus compañeros y luego se desplomó sobre su cama. De inmediato, los demás internos dieron aviso al celador que ingresaba en ese momento para la apertura del pabellón, pero pese a la rápida intervención no pudieron reanimarlo.

El fallecido, domiciliado en la zona de Palavecino, era soltero y había trabajado como empleado municipal. Cumplía una condena de siete años de prisión por el delito de abuso sexual con acceso carnal reiterado, en concurso ideal con corrupción de menores agravada por tratarse de una víctima menor de 13 años. Además, tenía en trámite otra causa judicial por delitos similares.

Por disposición de la Fiscalía, el cuerpo será trasladado a la morgue judicial del Cementerio Norte para la realización de la autopsia correspondiente, con el objetivo de confirmar las causas del deceso y descartar otras hipótesis. No obstante, las primeras evaluaciones apuntan a que una condición de salud preexistente habría derivado en un paro cardíaco.

Una nueva amenaza por un posible tiroteo en una escuela generó preocupación en Entre Ríos. El hecho ocurrió en la Escuela Normal de Federación, donde este martes se recibió una denuncia por un mensaje intimidatorio en el baño.

 Por el momento no trascendieron mayores precisiones sobre la autoría del mensaje, pero el caso activó una rápida intervención de las autoridades ante la sensibilidad del tema.

La situación remite a un antecedente reciente en La Paz, donde una amenaza de características similares motivó un fuerte operativo policial y derivó en una causa judicial. En ese caso, la investigación avanzó con la identificación de una alumna de 16 años como presunta autora y el secuestro de celulares y una notebook para peritajes.

Ahora, la aparición de una nueva denuncia en Federación vuelve a encender la alarma en la comunidad educativa entrerriana, mientras se aguardan definiciones oficiales sobre el alcance del hecho y las medidas preventivas que pudieran adoptarse.

Una mujer fue detenida en la Terminal de Ómnibus de Ibicuy, luego de que personal policial encontrara cocaína oculta dentro de un pañal durante un operativo de control realizado en el lugar.

El procedimiento se llevó a cabo durante la noche de este lunes, en el marco de tareas de prevención del narcomenudeo. Mientras realizaban controles e identificación de personas en la terminal, efectivos de la División Drogas Peligrosas Islas del Ibicuy detectaron una situación sospechosa durante la requisa a una mujer.

Según se informó, la sustancia estaba oculta dentro de un pañal, una modalidad de ocultamiento poco habitual. En total, los uniformados secuestraron 59 envoltorios de nylon que contenían cocaína.

A raíz del hallazgo, la mujer quedó detenida e incomunicada, mientras que un hombre fue identificado y quedó supeditado a la causa.

La investigación se tramita en el Juzgado de Garantías Nº 2 de Gualeguaychú, a cargo de Ignacio Telenta, con intervención de la fiscalía encabezada por Gastón Popelka. La causa se encuadra en la Ley Provincial Nº 10.566.

Un joven de 23 años denunció haber sido víctima de un robo agravado en la madrugada de este domingo, alrededor de las 4:50, mientras circulaba en bicicleta por calle San Lorenzo, al llegar a la intersección con Del Valle, en inmediaciones de Plaza Colón.

Según su relato, fue interceptado por un grupo de cuatro jóvenes de entre 18 y 20 años que se encontraban en la esquina. Uno de ellos le pidió la hora, lo que llevó a la víctima a detenerse. En ese momento, el joven reconoció a uno de los individuos, a quien conocía de vista.

Al sacar su teléfono celular y su billetera para responder, tres de los sujetos se le acercaron y uno de ellos le arrebató la billetera de forma repentina. En su interior tenía documentación personal y aproximadamente 70 mil pesos en efectivo, que fueron rápidamente pasados a otro integrante del grupo.

Cuando intentó recuperar sus pertenencias, uno de los agresores extrajo un arma blanca y comenzó a amenazarlo con movimientos intimidantes. Ante esta situación, la víctima pidió auxilio a los gritos, lo que provocó que el atacante desistiera y escapara por calle Concordia en dirección oeste.

En medio del episodio, se produjo un breve forcejeo con uno de los implicados, pero todos lograron huir al advertir la cercanía de personal policial.

Minutos después, efectivos de la Comisaría Segunda llegaron al lugar, donde el damnificado aportó descripciones físicas de los sospechosos y datos sobre la dirección de fuga, lo que permitió iniciar un operativo de búsqueda en la zona.

Como resultado del rápido accionar policial, se logró la aprehensión de dos de los presuntos autores: un joven de 21 años y un menor de 17, quienes quedaron a disposición de la Justicia.

Intervino la Fiscalía, que dispuso las actuaciones correspondientes. En el caso del menor, se notificó a sus padres y se dio intervención al COPNAF, quedando alojado en Minoridad conforme a lo ordenado por la magistratura interviniente.

La Justicia liberó a los padres de la menor fallecida en Federación y dispuso que ambos continúen sometidos al proceso con medidas sustitutivas de la prisión preventiva, en el marco de una causa que sigue en plena investigación y sin definiciones concluyentes.

La decisión fue adoptada por el juez de Garantías, Sergio Rondoni Caffa, quien resolvió otorgar la libertad inmediata a los progenitores de la niña, identificada como Luana, aunque deberán cumplir condiciones judiciales mientras avanza el expediente.

El caso generó un fuerte impacto en la comunidad desde el momento en que se conoció el hallazgo del cuerpo de la menor en su vivienda, lo que motivó la intervención de la fiscalía y la detención inicial de sus padres.

Luana, de 15 años y con parálisis cerebral, fue encontrada muerta el pasado jueves. Los peritajes forenses fueron contundentes al señalar que la data de muerte era de al menos 30 días, periodo en el cual la madre habría impedido el ingreso de familiares al cuarto alegando una “enfermedad contagiosa”, publicó UNO. 

Guardavidas que realizaban tareas de boyado en Playa Inkier, en la ciudad Colón, encontraron lo que sería un cuerpo sin vida de un hombre que estaba dentro del agua. En el lugar trabajan autoridades policiales y trasladaron el cuerpo a la morgue.

El cuerpo apareció este Viernes Santo por la mañana, en momentos que los trabajadores realizaban trabajos de boyado en aguas del río Uruguay. Allí ingresaron y pisaron el cuerpo, por lo que de inmediato llamaron a la Policía.

La persona fue identificada como un hombre joven de 34 años, con domicilio en la provincia de Buenos Aires. Entre sus pertenencias se hallaron efectos personales, los cuales fueron debidamente secuestrados.

Puesta en conocimiento la Unidad Fiscal en turno, se dispuso la intervención del Médico Forense y personal de Policía Científica, iniciándose las actuaciones correspondientes para derterminar la causales del fallecimiento, procediéndose al traslado del cuerpo para la correspondiente autopsia.

Se continúan con las diligencias de rigor, bajo las directivas y coordinación desde el Ministerio Público Fiscal.

Un procedimiento policial llevado a cabo alrededor de las 17:40 del jueves en un domicilio ubicado en Gutenberg, entre las calles Juan B. Justo y T. Margalot, derivó en la detención de dos personas y el secuestro de una suma cercana a los 800 mil pesos en efectivo, además de cocaína y otros elementos vinculados a una causa por robo.

El operativo fue realizado por personal de Comisaría Sexta con apoyo de Comisaría Cuarta, Grupo Especial y División Investigaciones, bajo las directivas del Juzgado de Garantías interviniente. Durante el allanamiento se secuestraron un monitor, teléfonos celulares y prendas de vestir.

Al hallarse un envoltorio con cocaína en el lugar, se dio intervención a la División Drogas Peligrosas, que confirmó la presencia de la sustancia. Como resultado del operativo fueron detenidos un hombre de 43 años y una mujer de 30, ambos quedaron a disposición de la Justicia.

El juez de Garantías de Concepción del Uruguay, Gustavo Díaz, resolvió ayer aplicar una medida de coerción ejemplar contra el gualeguaychuense que protagonizó una cinematográfica y violenta fuga el pasado domingo. El imputado permanecerá detenido en la Comisaría Primera por 30 días, mientras avanza la investigación penal en su contra.

La resolución judicial reconstruyó lo ocurrido el 29 de marzo en la zona de la Costanera de La Histórica, donde un operativo por ruidos molestos derivó en un escenario de riesgo extremo. El conductor del Ford Focus embistió deliberadamente al Segundo Jefe de Comando Radioeléctrico para evadir un control de alcoholemia, en el que también habían parado a otros automovilistas que habían viajado desde Gualeguaychú.

En su fuga, el gualeguaychuense atravesó varias calles en contramano y a una muy alta velocidad, lo cual fue monitoreado por las cámaras de seguridad municipales. Se dirigió hacia la salida a la Ruta 14 y por la autovía se dirigió en sentido a Gualeguaychú, pero luego tomó la Ruta J, camino a Colonia Elía, para evadir a sus perseguidores y fue en este camino de ripio donde volcó el vehículo en el que también viajaban dos mujeres jóvenes y un amigo del conductor.

El fiscal Juan Pablo Gile imputó al detenido por una sumatoria de delitos que complican su situación procesal: Resistencia y desobediencia a la autoridad, lesiones leves dolosas agravadas (por ser la víctima un funcionario policial en ejercicio), y lesiones contra los ocupantes del vehículo (actuación de oficio por razones de seguridad pública), informó 03442.

Desde la Jefatura Departamental y el Municipio de Concepción del Uruguay ratificaron que los operativos conjuntos se intensificarán. “El control será riguroso y la sanción, severa”, advirtieron, subrayando que el objetivo es recuperar los espacios públicos como la Costanera y el Parque La Salamanca para el disfrute familiar, garantizando el derecho al descanso de los vecinos del norte de la ciudad.

La investigación por la violenta agresión a dos adolescentes ocurrida el domingo por la mañana en la esquina de 25 de Mayo y Mitre avanza con el análisis de cámaras de seguridad de la zona. El caso quedó en manos del fiscal Facundo Álvarez, quien ya tomó contacto con una de las víctimas, un joven de 16 años que sufrió las lesiones más graves.

Tras la denuncia formal, realizada el lunes al mediodía por el padre del menor, la Fiscalía inició actuaciones para esclarecer lo sucedido. En ese marco, se secuestraron registros fílmicos de la Alianza Francesa, ubicada en la misma intersección, y de la Caja Municipal de Jubilaciones, sobre calle Mitre a pocos metros. Hasta el momento no se logró identificar a los agresores, aunque no descartan avances en las próximas horas.

De acuerdo al testimonio del adolescente, no existía un vínculo previo con quienes protagonizaron el ataque, lo que debilita la hipótesis inicial de un conflicto anterior. Según relató, el episodio comenzó con agresiones verbales y derivó en una golpiza cuando ambos jóvenes respondieron a los insultos.

En un camino vecinal próximo al puente Urquiza de la Isla Talavera, a metros del límite con la provincia de Buenos Aires, cuatro pescadores paraguayos descubrieron un cadáver semienterrado, en un lugar pantanoso y de difícil acceso.

El hallazgo se produjo el 8 de septiembre de 2012. Fue junto a un arroyo, cerca del puente sobre el lado entrerriano del complejo Zárate-Brazo Largo. El cuerpo pertenecía a una mujer joven, que tenía entre 25 y 35 años. Estaba completamente denudo. Había sido decapitada y le habían cortado las falanges en todos los dedos de sus manos.

El cadáver había sido tirado en una fosa y luego lo taparon con tierra y ramas: sólo podía verse parte de un omóplato. Estaba cerca de un camino que lleva a los complejos turísticos ubicados en el delta entrerriano, a un kilómetro de la Ruta Nacional 12, en una zona cubierta de vegetación.

La semana antes había llovido intensamente en la zona, durante varios días, por lo cual todo el lugar se convertía en un pantanal. Sin embargo, no había huellas de vehículos ni de otra índole, no había signos de arrastre, por lo cual era una gran incógnita cómo había sido trasladado el cuerpo hasta ese lugar. Todo lo que involucraba a este hecho generaba mucho misterio.

Los pescadores dieron aviso de inmediato a las autoridades y por jurisdicción, el caso quedó en manos de quien era entonces el juez de Instrucción N° 2 de Gualeguaychú, Arturo Dumón. Todavía no se había realizado la reforma del Código Penal y la instrumentación del actual sistema de enjuiciamiento, por lo cual la investigación quedaba a cargo de un magistrado y no de un fiscal, como ocurre actualmente.

Rápidamente empezaron las pericias. Mientras el personal policial de la División Criminalística de la Policía trabajó en el relevamiento del lugar y levantamiento de rastros, los Bomberos de Ceibas e Ibicuy aportaron en la extracción del cuerpo para su traslado a la Morgue Judicial del Cementerio Norte de la ciudad. También se sumaron buzos tácticos de la Prefectura de Zárate, que además estuvieron abocados a las tareas de rastrillaje sobre los arroyos cercanos.

Pero para la Justicia, era clave localizar la cabeza de la víctima. Esto no sólo iba a aportar a la identificación del cuerpo, sino también a determinar cómo había sido su muerte, pero no pudieron hallar nada. No había indicio sobre el lugar dónde pudiera estar. En un principio se creyó que el crimen tenía tintes mafiosos, e incluso se pensó que podría tratarse de un ajuste de cuentas vinculado a un caso de narcotráfico, pero sólo fueron especulaciones porque no había nada que pudiera orientar la investigación en esas primeras horas.

El lugar, la clave

Los investigadores tenían muy poco hasta ese momento. Lo único que se sabía era que se trataba de una mujer joven y que había una clara intención de su asesino para que el cuerpo no fuera identificado. De ello se desprendían varias hipótesis: podría ser una persona que se estuviera buscando y una vez identificada se llegaría rápidamente a sus últimos pasos. También, el solitario y desolado lugar que se eligió como esconder el cuerpo podía ser otro indicio.

El cuerpo se conservaba en buen estado, por lo cual se estimaba que había sido enterrada entre 12 y 24 horas antes de ser encontrada por los pescadores paraguayos. “La investigación puede cambiar de rumbo de momento a otro, nada se descarta, todo está librado a la investigación”, había dicho a ElDía el jefe de la Policía Departamental de Islas, Enrique Hugo Tabia en esas primeras horas y ya se sospechaba que “posiblemente no fue muerta en el territorio provincial, fue traída”.

La noticia comenzó a rodar por todo el país. Las características y los detalles que comenzaban a darse a conocer sobre lo que había sucedido eran tema en los diarios, radios y canales de televisión. Cuando el caso llegó a oídos del fiscal de San Isidro, Sebastián Fittipaldi, todo le hizo pensar que podía tratarse de la joven que se encontraba desaparecida desde hacía unos días en Benavídez.

La búsqueda en Buenos Aires

Solange Victoria Aguirre tenía 22 años y dos hijos: un varón de 5 y una nena que hacía pocos días había cumplido 2 años. El miércoles 5 de septiembre de 2012 salió de su casa a comprar cigarrillos a un supermercado cercano a su domicilio sobre la Ruta 9 y desde allí cruzó hacia la pollería de su ex pareja Alejandro Reynoso, un hombre de 41 años que era el padre de su hija. Pero a partir de ese momento no se supo nada más nada de ella.

La familia de Solange denunció el 6 de septiembre la desaparición. Ella le había dicho a su madre que iba a ir hasta la pollería a encontrarse con su ex pareja, con quien tenía una relación complicada a raíz de los reclamos que la joven le hacía por la manutención de la pequeña.

Reynoso, cuando se lo interrogó sobre la denuncia por el paradero de Aguirre, admitió que la chica había estado en su comercio, contó que le entregó dinero para la manutención de la niña, pero le dijo a la Policía que luego de ello, Solange abandonó el lugar y no volvió a tener noticias.

Para ese momento no se había descubierto el cuerpo en el sur entrerriano, por lo cual no había nada que lo involucrara en ningún delito. Hasta ese momento, sólo había una búsqueda de paradero de una persona mayor de edad. Igualmente, en Benavidez ya se realizaban marchas e incluso atacaron las pollerías de Reynoso a quien ya señalaban los familiares de Solange como el responsable de la desaparición.

El reconocimiento y la confesión

Fittipaldi y Dumón se pusieron en contacto rápidamente cuando la noticia comenzó a rodar. El fiscal bonaerense creía que el cuerpo que Dumón tenía en la morgue podía ser el de la joven que estaba buscando. Y no se equivocó.

Desde la Justicia de Gualeguaychú remitieron fotos a la familia de la joven para determinar si podían reconocer el cuerpo y con ello hacer una primera identificación. Un tatuaje con las iniciales A y L, que tenía en un hombro y con cortes profundos con la intención de que no fuera identificable, fue clave en el reconocimiento. Luego, la madre y una hermana de la víctima llegaron hasta Gualeguaychú y realizaron una segunda identificación, pero ya para ese momento se habían extraído muestras de ADN para una identificación fehaciente.

Una vez que finalmente el cuerpo fue identificado, la sospecha se volcó sobre la última persona que la había visto con vida: su ex pareja Alejandro Reynoso. Cuando fue detenido e interrogado, rápidamente se quebró y contó lo sucedido.

Confesó ante la Justicia de Buenos Aires haberla asesinado tras una discusión en la pollería de Benavídez. Dijo que le pegó un golpe en la sien con una chaira para afilar cuchillos. Al advertir que la había matado, colocó el cuerpo en unas bolsas de consorcio grandes que había en el local, lo cargó en su camioneta y concurrió a su casa de Boulogne, donde estaba su hijo Sergio de 19 años. Por la madrugada del día siguiente, fue con su hijo al lugar que conocían porque solían ir a pescar, y allí enterró el cadáver.

Pero la investigación no se quedó en esa confesión: había muchas preguntas sin respuestas que todavía faltaban esclarecer. Aún restaba encontrar la cabeza de la joven, que permitiría obtener conclusiones que servirían en la imputación que realizaría el fiscal Fittipaldi para el momento en llevar a juicio a Reynoso.

Fue el propio acusado, luego de reconocer su responsabilidad material en el hecho y desligar de cualquier responsabilidad a su hijo, quien señaló el lugar donde había ocultado la cabeza de la mujer. Fue a fines de septiembre de 2012 que se lo trasladó hasta el lugar y en presencia del fiscal Fittipaldi y con ayuda de los buzos tácticos de la Policía de San Nicolás, permitió el hallazgo.

En la autopsia realizada en Gualeguaychú, realizada por los forenses Oscar Chiapetti y Mauricio Godoy, se había podido determinar que el cuerpo había sido vejado y que la mujer había fallecido entre el mediodía y la noche previa al día en que fue encontrada. Incluso, se confirmó que el cuerpo había sido lavado y no presentaba sangre en el exterior.

Por una cuestión de jurisdicción, porque el crimen -según el confeso asesino - se había producido en la pollería, la competencia se fijó en la Justicia de San Isidro. Pero al aparecer la cabeza y realizar un segundo análisis en tierras bonaerenses, se conoció un detalle espeluznante en abril de 2013: los estudios histopatológicos realizados sobre algunos tejidos del cuello y otras heridas que presentaba el cadáver, determinaron que hubo irrigación sanguínea al momento en el que a Solange le rebanaron las yemas de los dedos y los tatuajes; y luego la decapitaron.

"Esto demuestra que Solange sangró y por lo tanto aún estaba con vida, cuando el asesino la llevó a la isla de Entre Ríos donde le mutiló y luego la decapitó de una manera salvaje", fue lo que le dijo a Télam el abogado querellante José Vera, cuando se conoció el dato.

La cabeza de la víctima -que fue hallada 20 días más tarde que el cuerpo-, presentaba una fractura con hundimiento de cráneo, por lo que los peritos consideraron que Solange pudo haber estado inconsciente por ese golpe, y en realidad murió desangrada al momento de la decapitación.

Perpetua y la duda

Tras su detención, a Reynoso se le dictó una prisión preventiva que cumplió en el penal de Campana, mientras que su hijo – también implicado en el crimen e imputado por el fiscal Fittipaldi – quedó en libertad hasta el inicio del juicio, luego que su padre se responsabilizara plenamente del crimen y lo desvinculara del hecho.

Según lo que había dicho el hombre, la noche del hecho le dijo al joven que lo acompañara a pescar al puente de Zárate-Brazo Largo y cuando llegaron a esa zona le pidió que se alejara; y fue él quien se encargó de mutilar y enterrar el cadáver sin decirle lo que había hecho. Por ese motivo, el hijo fue liberado por el juez de Garantías de San Isidro, Rafael Sal Lari, por falta de pruebas.

A principios de agosto de 2014, casi dos años después del hecho, se realizó el juicio. El Tribunal Oral en lo Criminal N° 1 de San Isidro condenó a prisión perpetua a Alejandro Reynoso por “homicidio calificado por ensañamiento y alevosía”, tal como lo había requerido en su alegato de clausura el fiscal, Sebastián Fitipaldi. Sergio Reynoso, que para el momento del juicio tenía 21 años, coimputado en la causa, quedó absuelto por el “beneficio de la duda”.