El Superior Tribunal de Justicia (STJ) resolvió dejar sin efecto la prisión preventiva en la Unidad Penal 1 que se le había impuesto al exministro de Comunicación, Pedro Báez, y su reemplazo por una medida de restricción más benigna. Deberá cumplir arresto domiciliario con tobillera electrónica durante, al menos, 18 meses.

El STJ, integrado para el caso por Laura Soage; Gisela Schumacher y Carlos Tepsich, resolvió por mayoría el planteo hecho por la defensa de Báez. Soage y Schumacher se inclinaron por la modificación de la situación del ex Ministro mientras que Tepsich consideró que Baez debía continuar detenido en la Unidad Penal 1, pero estableciendo un plazo máximo de 18 meses.

La cuestión central en el planteo era el riesgo de fuga del exfuncionario, habida cuenta de que ha sido condenado por delitos contra la administración pública y que ese proceso ha concluido su etapa provincial y sólo resta el recurso extraordinario federal ante la Corte Suprema de Justicia.

Soage consideró que las razones que tomaron el Tribunal de Juicio y la Cámara de Casación Penal para disponer el arresto preventivo de Báez a la espera de que se decida si se confirma o no su condena no fue rebatida por la defensa. Y razonó que el peligro de que se escape "se encuentra debidamente fundado y respaldado".

Pese a esto, acompañó la postura de los defensores de Báez que apuntaron que el arresto domiciliario en torno a que Fiscalía no logró establecer la razón por la cual la prisión domiliciaria no es el remedio suficiente para conjurar este riesgo.

"El marco normativo no deja alternativa ni margen: cuando las circunstancias así lo permitan debe escogerse la medida cautelar menos gravosa", razonó Soage. A este criterio adhirió luego Schumacher.

Antes, el Tribunal descartó asimilar el caso de Báez al del ex gobernador Sergio Urribarri y su cuñado, Juan Pablo Aguilera, a quienes se les cambió la prisión preventiva por otras medidas restrictivas menores.

El tribunal en feria del Superior Tribunal de Justicia (STJ) que resolverá sobre la continuidad o no de Pedro Báez en la cárcel estará integrado por Laura Soage, Gisela Schumacher y Carlos Tepsich. Así lo resolvió este jueves el vocal Tepsich al rechazar la recusación planteada por el Ministerio Público Fiscal contra la intervención de Schumacher.

En este ida y vuelta judicial, Tepsich decidió rechazar lo planteado por Leandro Dato para que la vocal Schumacher se aparte de la votación y,además, para ganar tiempo, ya dejó integrado el tribunal que ahora se abocará a decidir si corresponde que el exministro de Cultura y Comunicación del urribarrismo siga detenido bajo arresto preventivo o no.

Los abogados José Velázquez e Ignacio Díaz piden que la resolución que liberó a Sergio Urribarri y Juan Pablo Aguilera se haga extensiva a su cliente, hoy en la Unidad Penal de Paraná.

Tepsich fue contundente en su voto y acompañó lo argumentado por la defensa del exdiputado provincial. El 20 de enero de 2025, la defensa técnica de Pedro Báez contestó el traslado dispuesto por resolución de presidencia del 17 de enero. Expresó que en ningún momento del escrito del Ministerio Público Fiscal se observa un planteo recusatorio, sino que lo expresado son sólo manifestaciones sin consecuencia jurídica, lo que se evidencia en la no utilización de la palabra recusación.

Consideró que en tales condiciones la resolución dictada por el doctor (Miguel) Giorgio, en cuanto imprime un trámite de recusación, no tiene sentido. Además, hace notar que en los autos tampoco existe una excusación formal de la vocal (Gisela) Schumacher.

De modo liminar, reparo que “el recurso de revocatoria no es un sucedáneo procesal para solicitar el apartamiento de un magistrado, sino que tal pretensión cuenta con la vía procesal correspondiente que expresa expresamente el Código Procesal (…) La que no fue utilizada ni en tiempo ni en forma, lo que explica la ausencia en su memorial del vocablo recusación”.

Tepsich sostiene en su voto que “de estas transliteraciones surge de manera evidente que no hubo de su parte voluntad de excusarse, ni tiene intención de reeditar ello ahora, lo que resulta coherente con el temperamento que asumió al ser notificada de su integración en la causa como tribunal de feria”.

También menciona que “no se puede soslayar que el planteamiento bajo examen intenta reeditar una cuestión ya zanjada en autos. En tanto, en esta misma causa, en el expediente número 5.620, se resolvió en fecha 28 de noviembre de 2024 el rechazo de la excusación formulada para integrar el tribunal natural de la causa por idéntico motivo que el Ministerio Público Fiscal intenta recrear aquí, lo que infringe abiertamente el principio de la perpetuatio jurisdictionis que se derivó de la misma. En definitiva, propongo al acuerdo rechazar el recurso de recusación interpuesto por el señor fiscal contra la resolución del 16 de enero de 2025 en lo que respecta a la integración del tribunal por la señora Schumacher”.

A su vez, Tepsich explica que el STJ dictó el acuerdo especial de designación de autoridades de feria judicial en enero de 2025, de donde surge que la vocal Gabriela López Arango está en funciones hasta el 23 de enero y a partir del 24 de enero asume como vocal la doctora Laura Soage, por lo que, a fin de evitar un dispendio en lo que respecta a la integración del tribunal, para entender la presente causa, propongo dejar integrado el mismo con esta última.

A su turno, la jueza López Arango acompañó el voto de Tepsich, y Cecilia Bértora se abstuvo.

El ex ministro de Cultura y Comunicación de la Provincia, Pedro Báez, podría estar en pocos días fuera de prisión si el Superior Tribunal de Justicia adopta el mismo criterio con él que en el caso del ex gobernador Sergio Urribarri y Juan Pablo Aguilera.

La defensa de Báez, días después de que lo hicieron las de Urribarri y Aguilera, solicitó la habilitación de la feria judicial de enero para tratar el recurso de impugnación extraordinaria contra el fallo del Tribunal de Juicios y Apelaciones que lo mandó a la cárcel el 22 de noviembre.

El presidente del STJ, Leonardo Portela, al igual que en los otros dos casos, dio permiso para que se analice el planteo del ex ministro durante el receso de verano. “Novedosa y excepcional situación para un recurso de tramitación ordinaria”, calificó el fiscal Leandro Dato la habilitación de la feria.

Además, en su contestación al pedido defensivo, el fiscal indicó que corresponde que se rechace el recurso de impugnación extraordinaria contra el encarcelamiento de Báez, es decir que continúe en la Unidad Penal de Paraná, donde está alojado desde noviembre.

Dato justificó que existe un real peligro de fuga por parte de Báez, al igual que en los casos de Urribarri y Aguilera, y que además ha “intentado obstaculizar e impedir el avance y normal desenvolvimiento de los procesos penales que se le siguen”.

Conocida la respuesta de la Fiscalía al pedido, ahora el STJ debe decidir si libera al ex ministro –con mismo o similar criterio que con Urribarri y su cuñado- o si considera diferentes los casos y deja a Báez adentro del Penal.

Fuente: Ahora

El abogado José Velázquez pidió este miércoles al mediodía al Superior Tribunal de Justicia (STJ) la habilitación de día y hora para que la resolución que favoreció a Urribarri se haga extensiva al ex ministro de Comunicación y Cultura durante la segunda gestión del ex gobernador Sergio Urribarri. La extensión de los efectos es un mecanismo jurídico que se utiliza para evitar procesos innecesarios interpuestos por terceras personas cuando, sobre una situación idéntica a la que va a ser objeto del recurso, existe ya un pronunciamiento judicial que les puede ser de aplicación.

Velázquez indicó que solicitó que se hagan extensivos a su asistido los efectos de la resolución que adoptó este miércoles 8 el STJ en Feria, que revocó la decisión de la Cámara de Casación de Paraná del 5 de septiembre en la que hizo lugar al pedido que presentó Fiscalía tras el rechazo del recurso de impugnación extraordinaria que presentaron las defensas contra la denegatoria para discutir ante el STJ los fundamentos de la condena, y les dictó la prisión preventiva en la Unidad Penal Nº1 de Paraná hasta que la sentencia quede firme, revocando el fallo del Tribunal de Juicio, integrado por Carolina Castagno, Julián Vergara y Elvio Garzón, que por mayoría, les otorgó la excarcelación y les impuso restricciones. 

En lo que respecta a Báez, la resolución del Tribunal de Juicio que el 5 de septiembre les impuso a Urribarri y Aguilera, en fallo dividido, restricciones a la libertad ambulatoria fue revocada el martes 19 de noviembre por la Cámara de Casación de Paraná, que ordenó la detención y alojamiento de ambos en la Unidad Penal. A partir de aquel pronunciamiento, Fiscalía se presentó y pidió el encierro de Baez en la cárcel, fundamentado que la decisión de la Casación dejó a Baez en una situación nueva puesto que la evaluación de los riesgos procesales, específicamente el peligro de fuga, que consideró la Casación en el caso de Urribarri y Aguilera, era trasladable a Baez.

Minoría

La jueza Carolina Castagno, presidenta del Tribunal que condenó a Urribarri, Aguilera y Báez en abril de 2022, emitió un sólido voto en minoría. La vocal sostuvo que del fallo de la Casación “está claro la no firmeza de la sentencia y su no ejecutabilidad”; y que la situación de Urribarri y Aguilera no es trasladable a Baez puesto que no fue objeto de tratamiento por la Casación. También expresó que por estar el expediente en la Corte, que no tiene plazos para resolver, no se puede determinar con certeza el plazo en que el Alto Cuerpo resuelva sobre el fondo de la cuestión.

Mayoría

Por su parte, Julián Vergara y Elvio Garzón, votaron en disidencia con el primer voto expresando que el fallo de Casación consideró las pautas legales que ser requiere para dictar una medida de coerción como la que se dispuso. Entendieron que era la única medida para impedir que Baez se fugue e impida el cumplimiento de la condena que se le impuso, si bien ambos recordaron que no está firme. Vergara cambió su voto puesto que en el caso de Báez votó por el encierro preventivo cuando había votado lo contrario en el caso de Urribarri y Aguilera.

Pedro Báez permanecerá alojado en la Unidad Penal Número Nº1 de Paraná en el marco del cumplimiento de la condena por delitos de corrupción en el que cumple condena y comparte celda por la misma causa Sergio Urribarri y Juan Pablo Aguilera. La Cámara de Casación Penal integrada por Marcela Badano, Marcela Davite y Evangelina Bruzzo confirmó la prisión preventiva que había sido apelada por la defensa del ex ministro. 

Entre los argumentos de la Defensa se dijo que “no se puede establecer la preventiva sin tiempo” y que la misma “no puede ser hasta que resuelva la Corte” porque “es arbitrario”. Para la defensa, “el análisis del riesgo de fuga”, “no hay forma de fundarlo en el caso de Báez” porque “no ha dado sospecha siquiera de riesgo de fuga”, ya que “todos los elementos son subjetivos y ficcionados”. 

Adujo que “el riesgo de fuga se tiene que analizar a partir de hechos concretos, objetivos, y tiene que tener actualidad”, el abogado José Velázquez se quejó de que en este caso “no se ha podido explicar por qué antes no había peligro de fuga y ahora sí, por qué este cambio de postura respecto de la misma situación”, se preguntó al comparar las otras etapas del proceso, incluso cuando ya pesaba sobre Báez la condena de seis años y medio. 

Fue en ese marco que solicitó la excarcelación por falta de elementos que acrediten riesgo de fuga. Suponiendo que se entienda que habría algún riesgo y que no sería suficiente cautelar con la fianza y las prohibiciones, propuso la detención domiciliaria, “entendiendo que de ese modo se podría neutralizar totalmente cualquier riesgo de fuga”. 

La resolución que se conoció este viernes confirmó la decisión del Tribunal de Juicios y Apelaciones de Paraná que había dispuesto la prisión preventiva, con voto dividido. 

Badano sostuvo que “se tuvo en cuenta la gravedad de los hechos, las posibilidades y los fines estrictamente personales y con ánimo de lucro; la duración de los hechos; que son personas que han tenido acceso a educación, trabajo; que se trató de un grupo estructurado, que se aprovecharon del trabajo que tenían, y la situación de poder, abusando del mismo, en el caso concreto de Báez como ministro”. Para la jueza “todo esto conduce a dudar acerca de si va a cumplir con la pena”. Y agregó: “Se tuvieron en cuenta los montos sustraídos, que son personas (en referencia también a Urribarri y Aguilera) que tienen muchos recursos, y no se han localizado los fondos del ilícito; y, además, las facilidades para abandonar el país o permanecer oculto, en tanto que Báez tiene bienes, tiene vinculaciones” que -según dijo en su voto en juez Elvio Garzón – el razonamiento de Báez no está “la lógica del hombre común, no sería ilógico que quiera huir”.

La Cámara de Casación Penal de Paraná debería estar dando a conocer en los próximos cinco días hábiles si Pedro Báez sigue bajo arresto preventivo en la cárcel, queda libre o se le dicta una medida coercitiva menos gravosa, como puede ser el arresto domiciliario bajo monitoreo electrónico.

Según supo AHORA, este viernes a la mañana se realizó la audiencia de casación donde la defensa del exministro de Comunicación y Cultura del gobierno de Sergio Urribarri cuestionó la prisión preventiva por riesgo de fuga que dictó el Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná.

El defensor José Velázquez cuestionó la decisión que tomaron los jueces Elvio Garzón y Julián Vergara de enviar a la cárcel al exlegislador condenado a seis años y medio de cárcel en 2022 en el marco del megajuicio.

El letrado aseguró que no existe riesgo de fuga y fundamentó su planteo en diversos fallos dictados por el Superior Tribunal de Justicia. Además, citó jurisprudencia nacional. Sin embargo, el abogado sostuvo que si Casación entiende que Báez tiene que estar privado de la libertad hasta que el fallo quede firme, ese encierro se puede desarrollar de forma domiciliaria y bajo monitoreo electrónico.

Los fiscales Patricia Yedro y Gonzalo Badano pidieron que se mantenga el arresto preventivo dictado por mayoría por los riesgos de fuga existentes.

Cabe recordar que el exministro de Cultura y Comunicación de la provincia fue trasladado a la cárcel hace 16 días, en el marco del cumplimiento de una prisión preventiva efectiva. Así lo venían pidiendo los fiscales que condujeron el “megajuicio”, proceso del cual también resultó condenado el exgobernador Sergio Urribarri y su cuñado Juan Pablo Aguilera.

La Cámara de Casación resolverá en los “términos de la ley” sobre los planteos defensivos de Báez respecto de su preventiva, que podrá receptar o rechazar los agravios de los abogados. Los términos de ley que son ordenatorios son cinco días hábiles.

Otra causa en curso

El exministro de Cultura y Comunicación de la provincia, Pedro Báez, será trasladado el miércoles que viene desde la Unidad Penal N°1 de Paraná (donde cumple una preventiva) a la Fiscalía que conduce Juan Francisco Ramírez Montrull. Allí será indagado en el marco del legajo por presunto enriquecimiento ilícito. Se trata de un proceso independiente de la prisión preventiva que cumple actualmente, que es producto de la condena a 6 años y medio de prisión derivada del “megajuicio por corrupción”.

Báez y su esposa, Sofía Riquelme, serán indagados en el marco de la causa por presunto enriquecimiento. Cabe recordar que en ese legajo ya se produjo un informe contable que arrojó inconsistencias en la justificación de bienes y movimientos del matrimonio, cuyo valor se calculó en una suma cercana a los 600.000 dólares.

En las primeras horas de la tarde del viernes se conoció la resolución del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná, integrado por Carolina Castagno, Julián Vergara y Elvio Garzón, que dispuso hacer lugar, por mayoría, al pedido de Fiscalía y ordenó la detención. inmediata de Pedro Báez, ex director de información Pública y ex ministro de Comunicación y Cultura durante las dos gestiones del ex gobernador, Sergio Urribarri, que fue trasladado a la cárcel de Paraná con prisión preventiva hasta que la sentencia que lo condenó en abril de 2022 adquiera firmeza. La causa está en la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), que no tiene plazos para resolver.

José Velázquez, codefensor de Báez junto a Ignacio Díaz, precisó que mañana presentará el recurso de casación de la reciente resolución. El defensor manifestó: “Entendemos que el voto mayoritario en primer lugar no se ajusta a los criterios jurisprudenciales de la jurisprudencia imperante. Esto en primera medida. En segundo lugar, entendemos que hay fundamentos aparentes, un error de interpretación del fallo de Casación Penal porque en ningún momento aquella analizó el riesgo de fuga de Pedro Báez”.

Velázquez también opinó que la resolución que salió por mayoría, no está fundamentada. Así, expresó que “hay ausencia de motivación, de fundamentos, lo que lo hace nulo porque el voto mayoritario del doctor Vergara y del doctor Garzón, no explica por qué no se neutralizaría el riesgo de fuga con una prisión en la modalidad domiciliaria. Vamos a ir a la Cámara de Casación con todas las expectativas y demostrar la falla de interpretación del traslado de aquel fallo de casación con esta situación totalmente distinta”.

Por último, el defensor destacó “la situación fáctica, de hechos, de Pedro Báez, como lo sostuvo la doctora Castagno, no ha cambiado; tanto es así que Báez se enteró de la detención de sus consortes procesales y siguió en el lugar de siempre, ajustado a Derecho, no había motivos, cumplió con todas las restricciones que se le impusieron”.

Tras la orden emitida este viernes, el ex Ministro de Cultura, Pedro Ángel Báez fue detenido y se dispuso su traslado a la unidad penal de Paraná. La captura tuvo lugar mientras el acusado por delitos de corrupción circulaba en su auto por la vía pública.

En un operativo conjunto entre la Sección Investigaciones y la Sub Jefatura Departamental de Policía de Paraná, pasadas las 14.30 de este viernes, el ex ministro de Cultura, Pedro Ángel Baez, de 61 años, fue detenido. El arresto tuvo lugar en la intersección de Blas Parera y Avenida Almafuerte.

Según el informe policial, Báez, fue interceptado mientras se desplazaba en un vehículo particular.

La orden de captura había sido emitida este mismo viernes 22 de noviembre de 2024, en el marco de una causa judicial caratulada como "Urribarri Sergio Daniel, Báez Pedro Ángel, Tortul Gustavo Javier, Céspedes Hugo Félix, Aguilera Juan Pablo, Cargnel Carolina, Marzo Hugo José María, Carurso Gerardo Daniel S/ Peculado y Negociaciones Incompatibles con el Ejercicio de la Función Pública", en la cual Báez está implicado junto a otros acusados.

Báez, cuyo domicilio está registrado en la calle Jozami al 2000, fue trasladado sin inconvenientes a la unidad penal, donde permanecerá a disposición de la justicia.

La causa está relacionada con acusaciones de corrupción y negociaciones incompatibles con la función pública, por la cual el gobernador Sergio Urribarri y su cuñado Juan Pablo Aguilera, están detenidos desde esta semana en la Unidad Penal Nº1 de la capital entrerriana.

El ex ministro de Cultura y Comunicación y ex diputado provincial Pedro Báez será trasladado a la Unidad Penal mientras espera que se definan sus apelaciones a la condena que recibió en 2022 en el Megajuicio que lo condenó por peculado y negociaciones incompatibles con la función pública, junto al ex gobernador Sergio Urribarri y el cuñado Juan Pablo Aguilera.

Así lo anunció este viernes, con voto dividido, el Tribunal de Juicio y Apelaciones integrado por Carolina Castagno, Julián Vergara y Elvio Garzón en la audiencia celebrada en el Palacio del Poder Judicial en Paraná.

La votación del tribunal fue dividida: Castagno optó por mantener las restricciones impuestas y no hizo lugar al pedido de detención de fiscalía. Vergara se inclinó por enviar al ex funcionario a la cárcel y Garzón coincidió con Vergara. Báez fue inmediatamente detenido y trasladado desde su casa en calle Jozamí al Unidad Penal.

No es la primera vez que el exministro de Comunicación y Cultura del gobierno de Sergio Urribarri, queda cerca de quedar encerrado ya que en más de una oportunidad la Fiscalía ha solicitado su encarcelamiento en la Unidad Penal Nº1 de Paraná.

Primero fue porque existía peligro de fuga por la condena recibida en el marco del megajuicio por corrupción y luego porque su abogado defensor Ignacio Díaz se había olvidado de informar que iba a continuar reclamando en instancias superiores contra la sentencia a seis años y medio de prisión.

Este viernes al mediodía, el mismo tribunal que lo condenó, pero que al mismo tiempo hace pocas semanas le abrió la puerta para seguir recurriendo el fallo condenatorio, informó que el hombre fuerte del urribarrismo entre 2007 y 2015 sigue en libertad.

Sus abogados, José Velázquez e Ignacio Díaz le pidieron al Tribunal que, en caso de que entiendan que se debe aplicar una medida de coerción, esta sea domiciliaria y monitoreada electrónicamente. Además, propusieron que la caución de 20 millones de pesos que ya se pagó quede como fianza.

La situación para la Fiscalía, representada por Gonzalo Badano, Patricia Yedro, Juan Francisco Ramírez Montrull e Ignacio Aramberry, cambió al modificarse la situación de Sergio Urribarri y Juan Pablo Aguilera, quienes están detenidos en la cárcel capitalina desde este martes por disposición de la Cámara de Casación Penal de Paraná.

Los argumentos del Ministerio Público Fiscal fueron que Báez, al igual que Aguilera y Urribarri, cuenta con elementos económicos para fugarse.

Mientras, el ex gobernadot y su cuñado guardan esperanzas para la decisión del Superior Tribunal de Justicia, cuya Sala Penal resolverá como última instancia si permanecen en prisión -como están desde este martes-, recuperan la libertad o pasan a prisión domiciliaria, luego del rechazo de la jueza Carola Bacaluzzo a su apelación.

En la extensa jornada de este jueves, donde se está dando a conocer el veredicto en la megacausa contra el exgobernador Sergio Urribarri y otros ex funcionarios, el tribunal entendió que en la primer causa que se investigó, la de la cartelería o denominada como la de la vaca, la gran mayoría de los imputados fue responsable de los delitos endosados. Ahora, se inició la exposición de la sentencia en la segunda de las cinco causas acumuladas.

El Presidente del Tribunal, José María Chémez convalidó los argumentos de la fiscalía, y entendió que el tribunal llegó a la misma conclusión, que se organizó un sistema irregular para defraudar al Estado con distintas maniobras dolosas. La causa de la vaca o de cartelería, donde se difundió la precandidatura a Presidente de Sergio Urribarri, quedó acreditado para los jueces, que hubo hechos delictivos por parte de todos los acusados, a excepción de dos personas: Maximiliano Sena y Alejandro Almada, que "tuvieron que ver con los hechos, pero quedarían fuera de la condena por el paso del tiempo".

El veredicto del tribunal continuaba con el resto de las causas investigadas, y una vez finalizado el análisis de la sentencia, se daría a conocer la cuantía de la pena a imponer. (Fuente: UNO)

Luego de conocerse los pedidos de penas a los imputados en la casa del megajuicio, el exministro de Cultura y Comunicación, Pedro Báez, realizó un descargo en las redes sociales. Recordó que en diciembre de 2015 recibió un llamado del diputado Juan Manuel Huss, en ese entonces diputado nacional, quien le contó una conversación que mantuvo con la exdiputada nacional Yanina Gayol del PRO: “Le había contado que ‘ellos, en Entre Ríos iban a venir por el gobernador y su ministro de Cultura. Le confió además que tenían “todo acordado y que solo era cuestión de tiempo”.

"Estoy recordando que en el mediodía del 25 de noviembre de 2020 estaba por hacer una publicación en mis redes cuando me sorprende la noticia de la muerte de aquel que no podía morir. Nunca más publiqué nada. El duelo por el más grande no terminará nunca. El silencio se interrumpe hoy porque frente a la gran cantidad de amigos/as y compañeras/os sorprendidos y angustiados por el pedido de penas formulado hoy por los representantes del Ministerio Público Fiscal, me veo en la obligación de expresarme. A mi hace 6 años que nada me sorprende. Y contaré por qué. No voy a detenerme a pensar si conviene o no a mi defensa. Más bien creo que será una verdad molesta. No lo dije antes porque fui respetuoso del proceso judicial y mientras algunos operaban la publicación de mentiras yo me las aguanté calladito", escribió el exfuncionario.

Y prosiguió: "Recuerdo como si fuese hoy que en la tarde del 31 de diciembre de 2015 me llama el compañero Juancho Huss, actual diputado provincial y en aquel entonces flamante Diputado Nacional. Me dijo que recién llegaba de Buenos Aires y necesitaba hablar conmigo. Eran las primeras semanas del nuevo gobierno de Macri y se empezaba a configurar un contexto político que serviría de plataforma para disparar una cacería sobre Cristina, miembros de su gobierno y muchos que adherimos a ese proyecto. Éramos casi vecinos de manera que pocos minutos después estaba en mi casa para contarme que la Diputada Nacional del PRO, Yanina Gayol, le había contado, en una actitud que yo concibo inocente, típica de quien viene de afuera de la política, que, “ellos, en Entre Ríos iban a venir por el Gobernador y su Ministro de Cultura”. Le confió además que, “tenían todo acordado y que sólo era cuestión de tiempo”. Punto. Literal, palabra por palabra tal como me lo contaron esa tarde del 31 de diciembre del 2015. Me contó además que la charla se había dado en el despacho de la Diputada y que le había llamado la atención un cuadro con una foto del avión en el que había regresado Perón y enterarse que el abuelo de la legisladora había acompañado ese vuelo".

Párrafo aparte manifestó: "finalmente, todo lo que la diputada Gayol le dijo a Huss se cumplió. Juancho me lo comunicó el 31 de diciembre de 2015 y a mí la primera imputación se me comunica, por supuesto que a través de los medios, recién 10 meses después. El largo camino de más de 6 años empezó de esa manera. Nada nos sorprende y nada nos quitará la tranquilidad de tener la absoluta certeza de porqué estamos donde estamos. A mí me investigaron todo. Nunca se ha visto en la historia institucional de la provincia la revisión judicial completa de una gestión. No sólo investigaron en estas causas, investigaron todo, lo que hicimos y lo que no hicimos. Recuerdo que hasta revisaron el apoyo publicitario que nuestra gestión tenía para con los entrerrianos que participaban de distintas categorías en el automovilismo nacional. Marianito Werner quizás se entere ahora que además de ser famoso como un gran Campeón estuvo a punto de estar en los medios por otras cosas. Revisaron todo de mi gestión, todo. Y finalmente lo que encontraron fue nada. Al decir de un prestigioso periodista de un matutino local, 'Orfandad probatoria'. No estoy en desacuerdo con que se investigue, y además creo que el gobernante debe ponerse a disposición y colaborar. Es lo que yo hice. Lo que digo es que si de las investigaciones no se obtienen elementos para continuar el proceso judicial, éste no se debe forzar. La orfandad probatoria no es de ahora, fue desde el mismo inicio de las causas". (Fuente: UNO)