La Justicia Federal dictó una nueva resolución el pasado 24 de abril en el marco de la acción preventiva de daños ambientales presentada por los legisladores Guillermo Michel, Marianela Marclay y Adán Bahl. El proceso, que busca proteger las costas argentinas ante la posible instalación de una planta de "e-combustibles" en Paysandú, registró avances claves en la etapa probatoria y de notificaciones internacionales.

Tras la resolución judicial, la Defensora Pública Oficial, María José Bonifacino, tomó intervención formal en la causa. Su rol es garantizar el proceso legal ante la urgencia de la prueba, tal como establece el Código Procesal Civil y Comercial. Asimismo, la Defensora solicitó que la República Oriental del Uruguay y la empresa HIF sean notificadas a través del consulado uruguayo o de la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU).

Para evaluar el posible impacto, se designó a la bióloga Viviana Beatriz Cousté como perito técnico. Cousté, quien cuenta con antecedentes en la causa "Río Matanza-Riachuelo", informó al juzgado que realizará tareas de campo in situ. Su labor incluirá relevamientos ambientales y la toma de muestras de agua superficial para realizar análisis físico-químicos y microbiológicos que determinen la viabilidad del proyecto en relación con el ecosistema del río.

En paralelo, la justicia ya tramita exhortos internacionales y un pedido de informes específico dirigido al presidente de la CARU, Raúl Luis Montero. El organismo binacional dispone de diez días hábiles para responder si la empresa HIF Uruguay S.A. comunicó formalmente el proyecto y si presentó el debido Estudio de Impacto Ambiental Transfronterizo.

Al respecto, el diputado nacional Guillermo Michel destacó la importancia de estos avances para la defensa de los recursos naturales de Entre Ríos. "La resolución adoptada por la justicia es fundamental", afirmó, y subrayó que el tema requiere "profesionalismo y constancia de trabajo" para lograr la relocalización de la planta, en respuesta a la preocupación de los vecinos de Colón.

Los diputados nacionales Guillermo Michel y Marianela Marclay, y el senador Adán Bahl iniciaron una demanda ordinaria contra el Estado Uruguayo y la empresa HIF Uruguay SA (Expediente 3276/2026) entendiendo que “la planta producirá un daño irreparable en el ambiente, lo cual de buena fe los actores intentamos evitar”.

En ese sentido, solicitaron que “se adopten las medidas necesarias y razonables para que no se produzca o se intente, en todo caso, disminuir su magnitud; todo conforme las consideraciones de hecho y derecho, esto es, los artículos 1710, 1711 y concordantes del Código Civil y Comercial de la Nación (C.C.C.N), y lo prescripto por el artículo 319 del C.P.C.C.N”.

A este respecto, Michel remarcó la falta de acción del gobierno provincial. “Con la planta de combustibles sintético Frigerio quiere hacer como con la provincia: flotar. No tiene convicciones ni contracción al trabajo. Ante esta inacción y falta de gestión decidimos accionar judicialmente con esta medida preventiva que permitirá impulsar estudios ambientales y medidas de prevención”. Y aseveró: “Está demandado el Estado uruguayo y la empresa; se van a tener que sentar en la mesa y darles explicaciones a la justicia argentina”.

En la presentación los legisladores señalaron que pese a que el proyecto data en la República vecina desde el año 2017, hasta el momento Uruguay no presentó en la Comisión Administradora de Río Uruguay (CARU) los estudios previos ambientales, tal como se encuentra obligado según el Estatuto del Río Uruguay y lo dispuesto por la Corte Internacional de La Haya en la sentencia: 'CASO DE LAS PLANTAS DE CELULOSA SOBRE EL RÍO URUGUAY (ARGENTINA c. URUGUAY)', de fecha 20/4/2010”.

“Uruguay avanza unilateralmente otorgando autorizaciones, permisos y aceptando documentación de la firma empresarial, pero por fuera de la CARU, en donde se encuentra obligado a presentar toda la documentación y estudios para que Argentina controle y evalúe el proyecto de la obra en resguardo del ambiente y sanidad del río Uruguay”, manifestaron.

Los legisladores sostienen que “ante este escenario, Argentina -y en especial sus funcionarios- tenemos la carga de actuar en defensa de la legalidad vigente, y del ambiente del río Uruguay”. “Ante el incumplimiento de Uruguay de no presentar la documentación en la CARU, la parte argentina tiene la obligación de: 1) exigir su presentación; 2) exigir el no avance de las obras hasta tanto se presenten y evalúen; 3) Ir a la Corte Internacional de Justicia a denunciar el incumplimiento”, indicaron.

“La República Oriental del Uruguay no presentó los estudios de impacto ambiental por lo que los argentinos desconocemos el grado de contaminación que traerá aparejada la planta. La comunidad de Colón y las ciudades entrerrianas ribereñas que podrían ser afectadas, vienen manifestando su temor ante el avance de la mega obra”, expresaron.

Asimismo, Michel, Bahl y Marclay solicitaron información sobre la empresa HIF Uruguay SA y la realización de una pericia ambiental para la cual pidieron se designe a la Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental (DINACEA) y/o a un perito biólogo de oficio.

Más de cien municiones, armas, dinero y mercadería de contrabando fueron incautados tras una extensa investigación que apunta a desarticular una red criminal transnacional con base familiar y una trayectoria de décadas en Paysandú, ciudad uruguaya ubicada frente a Colón.

Su líder, A.M.C.E., fue nuevamente formalizado -aunque aguardará el juicio en su casa y no preso- tras muchos años vinculado al narcotráfico y el contrabando a gran escala.

En el marco de una de las investigaciones más complejas del año, la Policía sanducera llevó adelante la operación Shadow II, un nuevo capítulo en la lucha contra el crimen organizado en la región, con vínculos directos con el tráfico internacional de armas, narcotráfico y contrabando transfronterizo. Esta operación es la continuación de la Shadow I, que ya había derivado en múltiples formalizaciones por delitos conexos al comercio ilegal a través del río Uruguay.

Tras meses de vigilancia, inteligencia y trabajo en campo, con antecedentes tan graves como un efectivo policial herido de bala en servicio (hecho ya aclarado judicialmente con cuatro condenados), la Fiscalía de Flagrancia de 1º Turno y el Juzgado Letrado de 4º Turno emitieron once órdenes de allanamiento en Paysandú, Montevideo y Tacuarembó, así como ocho órdenes de detención.

El operativo fue efectivo y se lograron incautar más de cien municiones de diversos calibres, armas de fuego, dinero en efectivo en moneda nacional y extranjera (reales y pesos argentinos), celulares, mercadería en infracción aduanera, cigarrillos, equipos de comunicación (handies), sistemas de videovigilancia (DVR) y una camioneta de alta gama que ya había sido interceptada con carga de contrabando. Puestos los detenidos a disposición de la justicia, se condenó a M.E.M.B. por un delito continuado de contrabando, imponiéndole una pena de diez meses de prisión, a cumplirse en régimen de libertad a prueba. En cuanto a J.G.A.D.S., se lo condenó por un delito tentado de contrabando especialmente agravado en régimen de reiteración real, con un delito de asociación para delinquir, imponiéndole la pena de diez meses de prisión, a cumplirse en régimen de libertad a prueba.

Respecto a M.P.C.G., se lo condenó como cómplice de un delito continuado de contrabando especialmente agravado en régimen de reiteración real en calidad de autora, con un delito de asociación para delinquir y un delito de receptación, imponiéndole como pena diez meses de prisión a cumplirse en régimen de libertad a prueba. A L.E.M.A. se lo condenó como cómplice de un delito continuado de contrabando especialmente agravado en régimen de reiteración real en calidad de autora, con un delito de asociación para delinquir, imponiéndole como pena diez meses de prisión, a cumplirse en régimen de libertad a prueba.

(Fuente: El Telégrafo de Paysandú / El Entre Ríos)

Por otra parte, información no oficial sobre el tránsito vecinal en el puente sugiere que se ha visto reducido sustancialmente en los últimos días, probablemente entre un 30 y un 40%, justo cuando se esperaba un incremento debido a la proximidad de las fiestas.

Los informantes consignaron que esta mayor demanda de combustibles, tras un largo período en que ha estado deprimida por el cruce masivo de vehículos a surtirse de nafta en Colón, se ha manifestado desde hace unos diez días, y refiere exclusivamente a las compras de nafta con tarjeta de crédito, que es donde se descuenta el Imesi y por lo tanto el precio final es un 40 por ciento menor que en el surtidor, girando en el entorno de los 47 pesos.

Esta reversión responde al encarecimiento de los combustibles en la vecina orilla, que como consecuencia de un “sinceramiento” de la normativa que los rige ha tenido aumentos de hasta el 67 por ciento, por lo que los valores, si bien siguen siendo más baratos que en Uruguay y otros países limítrofes, no tienen la gran brecha que tenían hasta hace un corto tiempo, por lo que no representa un ahorro en tanques de nafta de poca capacidad o si se echan pocos litros de combustible.

Asimismo, este estrechamiento se nota porque no ha habido variación en la relación cambiaria entre las monedas de ambos países, y por lo tanto los aumentos de precios en la vecina orilla se reflejan también cuando los valores se convierten a nuestra moneda.

Uno de los empresarios sanduceros consultados dijo que esta aproximación de precios siempre se refleja en primer lugar en la compra de combustibles, por lo que se tiene la expectativa de que se reduzca la brecha con otros productos –algo de eso ya se ha dado– y ello repercuta sensiblemente en la actividad de las ciudades de frontera, muy venida a menos desde la pospandemia. (El Telégrafo)

La Comisión Administradora del Río Uruguay (C.A.R.U.), da cuenta que a partir de las 00:01 del próximo lunes 1 de diciembre, comenzará a regir la adecuación de las tarifas, en pesos uruguayos y argentinos conforme al tipo de cambio de ambos países.Regirá en los peajes de los puentes General Artigas (Paysandú - Colón) y Libertador General San Martín (Fray Bentos - Gualeguaychú)., administrados por dicho organismo.Se recuerda que el valor de la tarifa en dólares se mantiene igual, y lo que se actualiza es el valor de cambio de la moneda nacional, confeccionado con las siguientes cotizaciones de paridad: $AR 365,50 por 1 U$S y $UYU 41,10 por 1 U$S.Además se dejó como consideración que la actualización anterior realizada por fluctuaciones en el tipo de cambio fue implementada el 11 de julio de 2023.La nueva adecuación quedó definida con estos valores:- Motocicletas: 1000 pesos argentinos, 100 pesos uruguayos.- Autos y camionetas: 4.000 pesos argentinos y 450 pesos uruguayos.- Camiones, ómnibus y casa rodantes: 17.000 pesos argentinos y 1.750 pesos uruguayos.- Ómnibus desde 4 ejes: 28.000 pesos argentinos y 3.000 pesos uruguayos.- Transporte de carga de 4 ejes o más: 44.000 pesos argentinos y 4.500 pesos uruguayos.Cabe señalar que aquellas personas que acrediten su radicación dentro de un radio de 50 Km. de los Puentes (quedando también comprendida en este beneficio la localidad de Ubajay – Entre Ríos) pueden acceder al descuento como Usuario Vecinal, trámite disponible de forma online en la página web: www.caru.org.uy.Los usuarios vecinales, abonarán los siguientes valores:- Autos y camionetas: 1600 pesos argentinos y 200 pesos uruguayos.- Camiones, ómnibus y casa rodantes: 6.800 pesos argentinos y 700 pesos uruguayos.- Ómnibus 4 ejes: 11.200 pesos argentinos y 1.200 pesos uruguayos.Fuente: R2820

Según explicó la policía uruguaya en un comunicado, la investigación se inició tras recibir información sobre la actividad ilícita de dos hombres que frecuentaban la playa Santa María, en Paysandú.

Finalmente, el 12 de octubre los agentes observaron a los sospechosos en una camioneta Chevrolet S10, que llevaban un motor para la canoa. Los siguieron hasta la costa, donde los vieron embarcar hacia el lado argentino y volver una hora después con dos bolsas de arpillera. Al intentar detenerlos, los hombres huyeron hacia el monte, pero fueron capturados. En las bolsas se encontraron 41 ladrillos de clorhidrato de cocaína, con un peso total de 44,95 kilos.

Los detenidos fueron identificados como R.J.E.S., de 42 años, y J.A.H.C., de 40 años. Ambos fueron procesados por la Justicia Penal por un delito continuado de transporte de sustancia estupefaciente, previsto en el Art. 31 de la Ley No. 14.294, y se les impuso una pena de prisión efectiva.

La policía uruguaya informó que también se "procedió al decomiso de la sustancia incautada, así como también de dos chalanas, dos motores (uno de lancha y uno fuera de borda), una camioneta, cuatro televisores, dos equipos de música, una impresora, un Play Station 4, dos celulares, cuatro pendrive, un parlante, un trailer para transportar caballos, dos soldadoras (una con garrafa), un compresor, un taladro eléctrico, un tanque para almacenar combustible y un handy".

La medida, que comprende subsidios de hasta 80% para empresas que contraten a personas de Soriano, Río Negro, Paysandú, Salto y Artigas, regirá hasta el 30 de noviembre.

El responsable de la Dirección Nacional de Empleo, Daniel Pérez, explicó que la medida, que entró en vigencia el 1° de mayo, se resolvió para “ayudar a conservar o a mejorar los niveles de empleo”.

Esa acción fue implementada en forma excepcional para atender la realidad de los departamentos del litoral uruguayo, afectados por la diferencia cambiaria registrada en las localidades limítrofes de Argentina, señaló.

El programa Colectivos en Situación de Vulnerabilidad Social promueve la contratación en el sector privado de personas de 15 a 29 años o mayores de 45 años, que pertenezcan a hogares que estén por debajo de la línea de pobreza, en el marco de la modalidad de Trabajo Protegido de la Ley de Promoción de Empleo (N° 19.973).

Las empresas que contraten a personas radicadas en Soriano, Río Negro, Paysandú, Salto y Artigas que cumplan con las condiciones establecidas en la norma obtendrán un subsidio de 60% del salario en el caso de trabajadores, y de 80% en el caso de trabajadoras, por un lapso mínimo de seis meses y hasta por un año. El monto máximo del subsidio es de $33.789 mensuales por persona incorporada.

Pérez indicó que el único requisito que deben cumplir las empresas es contar con por lo menos un trabajador en plantilla antes de la incorporación de personal mediante esta normativa. Asimismo, la cantidad de trabajadores por los que perciban el subsidio no podrá superar el 20% del total de los empleados. (Fuente: El Telégrafo)

El procedimiento fue realizado cerca de las 21.30 de este viernes por personal sanducero que se hallaba efectuando un patrullaje de rutina en la zona señalada.

De acuerdo con la información recabada por el diario El Telégrafo, al avistar la embarcación los marineros le dieron seguimiento, maniobra que fue advertida por los infractores, que se apresuraron a llegar a la orilla donde desembarcaron y huyeron, adentrándose al monte.

Dejaron abandonado el bote con motor colocado y 11 bultos con mercadería de procedencia ilegal.

Informada la Fiscal de Primer Turno, Carolina Martínez, se resolvió poner en conocimiento a Aduanas para la entrega de la mercadería y su valoración, y que la embarcación quedara en Prefectura. El total de lo incautado fue valuado en un millón de pesos uruguayos.

Un camión cayó del puente que pasa sobre el arroyo San Francisco Chico, frente a la planta de agua DAP, tras protagonizar un siniestro de tránsito.

El camión Fiat OM con remolque matrícula de Paysandú ITP1613, cargado de troncos se dirigía en dirección al sur, cuando colisionó con un Honda CR-V argentino, matrícula KVH702 que se dirigía al norte, y cayó al agua, en el kilómetro 378,500 de ruta 3.

Tras el siniestro, se esperaba el arribo de una grúa para recuperar al conductor del camión, sanducero de 21 años ya identificado, que no ha aparecido, tras quedar la cabina sumergida.

Al parecer, el camión se habría quedado sin frenos y en su loca carrera, embistió al auto argentino, pero milagrosamente el choque no fue frontal, y tras la maniobra evasiva, cayó al agua. El conductor, un joven sanducero de 21 años, fue rescatado en las últimas horas de la tarde del jueves luego de un intenso trabajo. 

Por su parte, los ocupantes de la camioneta argentina no sufrieron ningún tipo de lesiones. (Fuente: El Telégrafo)

El hecho ocurrió cerca de las 22 en las inmediaciones de Zorrilla de San Martín y avenida San Martín, en la localidad de Paysandú, ocasión en que los uniformados interceptaron a un vehículo utilitario Geely QQ Pack que se dirigía por San Martín hacia la ruta 3, conducido por un hombre.

Al ser inspeccionado el rodado, se constató que llevaba varias cajas envueltas en bolsas de residuos, conteniendo cartones de cigarrillos traídos desde la Argentina. Por su parte, una fuente cercana a la investigación precisó que la Policía estaba trabajando con varias pistas de que en una finca del barrio Tatuses Sur estaban preparando la salida de la carga. (Fuente: El Telégrafo)

“La situación además se complica cuando se tropieza con la falta de personal en la Dirección Nacional de Aduanas, como ocurre incluso ahora con la de cinco kilos por persona y el sistema de registro”, indicó el encargado de política fronteriza de la gremial empresarial sanducera, Juan Martín Della Corte.

Destacó Della Corte que “nosotros seguimos aferrados a la idea de que hay que buscar una solución de fondo, y de hecho hoy hay una medida práctica, que es la de la franquicia con cinco kilos por persona y un sistema de registro que la Aduana no puede controlar. Y no lo puede hacer porque tiene escasez de funcionarios, porque se desgasta totalmente el equipo de trabajo en los puentes teniendo 80.000 personas por mes cruzando y seis personas para revisar cómo viene la cosa”.

“Consideramos que la Aduana está escasa de presupuesto y de estrategia de trabajo para enfrentar una situación de la magnitud que tiene la que estamos atravesando. Es cierto que el cero kilo se ha implementado anteriormente, ha tenido sus efectos deseados, que es proteger el empleo local, pero también es cierto que no se ha logrado sostener en el tiempo, porque es una medida antipática”, explicó.

“Como yo dije hace un año, de seguir así seguro vamos a perder entre 5.000 y 7.000 puestos de trabajo de acá a fin de año. La verdad es que uno mira las facturaciones y ve que son caídas estrepitosas, imposibles de sostener en el tiempo, las empresas no pueden resistir eso”, subrayó. Reflexionó que “es una pena como se perdieron dos años de margen para trabajar con cierta tranquilidad, durante la pandemia. No se hizo nada al respecto, y no se llegó a tener algo preparado para cuando se reabrieran los puentes. Los centros comerciales trabajamos fuertemente desde marzo de 2020 y lo sostuvimos hasta ahora, pero del otro lado no se entendió la urgencia que se tenía en ponerle fuerza al tema, para cuando se reabrieran los puentes”. Fuente: El Telégrafo de Paysandú