El juez federal Hernán Viri dialogó con Cero y Bolazo Stream sobre la causa de contaminación que involucra al Parque Industrial Gualeguaychú y los resultados de la audiencia que se desarrolló ayer.

“La audiencia fue fructífera, no solo por la participación de las partes, sino porque también estuvieron presentes la subsecretaria de Ambiente Municipal, y la secretaria de Ambiente de la Provincia. Quiero ser prudente en la decisión que tome, por eso, quiero tomarme unos días para pensar”, manifestó Viri.

El juez federal recordó que la causa inició hace más de un año y medio y, después de intentar que la Codegu adopte medidas efectivas para revertir la situación, dispuso la clausura de la planta de tratamiento de efluentes. 

“Eso fue confirmado por la Cámara Federal de Paraná, se agotaron todas las vías judiciales. No obstante, habiendo quedado firme, una de las partes dispuso el recurso de reposición, eso es lo que derivó en la audiencia de ayer, y ahora lo que tengo que decidir es si mantengo la clausura, o en virtud de las cosas que se fueron haciendo desde que decreté la clausura, alcanzan para modificar la medida”, apuntó Viri.

El magistrado reconoció que “las fuentes de trabajo del Parque Industrial  no escapan a mi conocimiento, por eso soy consciente que tengo una gran responsabilidad, y esto afecta a mucha gente en la ciudad. Yo vivo acá, amo esta ciudad, quiero que funcione el Parque Industrial, pero quiero también un ambiente sano y limpio”.

La planta todavía no está clausurada, pero lo que el juez resuelva va a ser definitivo. Debido al feriado del lunes 9, adelantó que la decisión la comunicará entre el martes y el miércoles de la semana que viene. 

La causa sobre la contaminación de la Planta de Tratamiento de Efluentes del Parque Industrial comenzó hace ya un año y medio. Luego de la toma de muestras por parte de peritos calificados, y la comprobación de que la planta estaba funcionando mal, el juez federal Hernán Viri dispuso su clausura hace tres meses. La decisión fue apelada por la Codegu, sin embargo, la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná ratificó la medida adoptada por el juez.

No obstante, “cambios fácticos relevantes respecto al funcionamiento de la Planta de Efluentes”, dieron lugar a la audiencia que se celebró esta mañana en el Juzgado Federal. El objetivo fue escuchar a las partes involucradas para luego tomar la decisión de dejar firme o no la medida tomada por Viri.

Primero habló el querellante y su abogado Ricardo Luciano, quien señaló que el certificado de aptitud ambiental otorgado al Parque Industrial “tiene errores”.

Luego, fue el turno de la Corporación del Desarrollo que, a través de sus abogados, expuso que desde la disposición de la clausura de la Planta de Tratamiento de Efluentes “la situación ha cambiado”.

Al respecto, el doctor Nario enumeró tres ejes significativos: la producción de informes periódicos realizado por diferentes entidades que avalan los estudios de las muestras, y a través de los que se acredita que en “los últimos tres meses la planta estuvo funcionando de acuerdo al marco legal vigente”; la obtención del Certificado de Aptitud Ambiental otorgado por la Provincia; y la instalación de una tecnología que monitorea de forma online a las industrias que más aportan a la planta de tratamiento, la cual, por el momento, se instaló en cinco empresas.

El reciente presidente de Codegu, Gustavo Isaack, contó que se le pidió al INTI que controle los sensores instalados y revalide las muestras, que durante los primeros meses se realizaran todas las semanas.

Según expresaron desde la institución, no habría precedentes de este tipo de testeos ni en Entre Ríos ni en la Argentina.

No obstante, no precisaron cuándo se incorporará esta tecnología a la totalidad de las empresas del Parque Industrial.

Por otro lado, la subsecretaria de Ambiente Municipal Ivana Zecca afirmó que “tenemos disponibles todos los controles y podemos decir que, de julio a octubre, la planta trabaja dentro de los parámetros establecidos por la Provincia”.

Desde de la Secretaría de Ambiente de Entre Ríos resaltaron que el Certificado de Aptitud Ambiental emitido al Parque Industrial “es condicional”, ya que el Polo productivo local tiene que cumplir con requisitos esenciales dispuestos por la Provincia en un plazo de 60 días corridos.

Durante la audiencia, el fiscal Pedro Rebollo pidió especificaciones sobre los riesgos ambientales que ocasionaría la clausura de la Planta de Tratamientos. Al respecto, desde la Codegu respondieron que se perdería la trazabilidad de los residuos de las empresas, que sería difícil disponer de los residuos de la planta que quedaran sin tratamiento, y que volver a poner en marcha el sistema biológico a partir del cual funciona, tardaría por lo menos unos cuatro meses.

Finalmente, el fiscal Pedro Rebollo hizo algunas consideraciones previas, en las que se mencionó declaraciones que se hicieron a la prensa: “Esta causa se inicia por una investigación preliminar previa, y se mediatiza la denuncia con los riesgos que eso puede llevar, también se hicieron declaraciones que no son veraces, jamás esta fiscalía se expresa fuera del expediente. El presidente de la Codegu ha dicho que nos hemos equivocado mediante comunicados de prensa, y se ha afirmado que nos hemos confundido, entre otras barbaridades. Lo cierto es que es juez, como la Cámara de Paraná, convalidaron el pedido de clausura que oportunamente habíamos efectuado. En definitiva, se convalidó que la planta funcionaba mal, y dañaba el ambiente”.

También mencionó que “la Planta de Efluentes operaba con su certificado vencido desde 2021, la última intervención de la Secretaría de Ambiente de la Provincia fue en el año 2019. Por lo que trasluce un desapego a los estándares mínimos de control estatal. Hoy ya sabemos que hay un acto administrativo de parte de la Secretaría Provincial de Ambiente respecto al certificado”.

Y continuó: “Técnicamente el recurso de reposición no puede prosperar porque ha habido sustanciación, como bien lo ha dicho en su presentación el doctor Viri, se ha hecho un pedido, las partes pudieron opinar, usted lo resolvió en consonancia con los argumentos que se han planteado, y la Cámara confirmó su decisión, entonces, no estamos tratando una resolución sin sustanciación, sino todo lo contrario. Por lo que técnicamente, el recurso de reposición tiene que ser rechazado. Ahora bien, haciendo eco por el pedido de esta audiencia para tratar la clausura de la planta de tratamiento, suscribiéndonos a la pertinencia, lo que se debe determinar es la confirmación de la clausura: si ha habido cambios fácticos relevantes que permitan rever la situación, o al menos se permita cambiar la postura, siempre supeditado a la decisión final del juez”.

En su expresión final, Rebollo resaltó los cambios fácticos relevantes: “Se han hecho mejoras en la planta, se sumaron los monitoreos individuales en 4 o 5 empresas, no se ha contestado cuándo este monitoreo va a estar instalado en todas, hemos escuchado que preocupaba que el cierre fuera un riesgo ambiental mayor que dejar a la planta funcionando. Esto desde el punto de vista de derechos, son cuestiones que hay que ponderar, se está investigando un delito. Tenemos que ponderar el desarrollo y la producción, que esta Fiscalía no quiere entorpecer, y la salud. En esa ponderación de intereses, siempre se debe equilibrar la protección del medio ambiente, y el desarrollo. Desde ya, afirmo que no son principios opuestos. Se va a seguir investigando, pero entiendo que dado los nuevos factores, luego de la resolución confirmada por la Cámara, habría que pensar en alguna apertura condicionada, junto con la presentación del plan definitivo de monitoreo individual de cada empresa, la toma de muestras periódicas que está presentada en el expediente, en convenio con el INTI, que se cumpla con eso, y eventualmente también por parte del señor Juez, la decisión de tomar muestras aleatorias, en el momento que lo disponga, y estar sujeto a los resultados de esas muestras para ver si realmente la planta fue mejorada o no, en base a eso, entiendo que procedería a la apertura con estas consideraciones”.

Por último, el juez federal Hernán Viri dijo que “en los próximos días voy a resolver la viabilidad o no del recurso de reposición, pero también si decido que se continúe con la clausura de forma definitiva, o si adopto alguna medida alternativa de clausura”.

En diálogo con Ahora ElDía, Viri adelantó que lo más posible es que comunique su decisión el lunes o martes de la semana que viene.  

Apedido del fiscal federal, Pedro Rebollo, el magistrado interviniente requirió en la mañana de este miércoles dar por concluido todo lo relacionado a la disputa por la contaminación constatada en la planta de efluentes de Parque Industrial de Gualeguaychú.

La decisión del Juez Federal llegó tras lo sucedido días atrás en la Cámara Federal de Paraná, que había ratificado la decisión de la clausura, tras rechazar las apelaciones; pero además había señalado en su resolución que la medida debía mantenerse hasta que se acreditara el tratamiento adecuado de los vertidos.

Entre los elementos que habían sido considerados en esa resolución, la Cámara destacó los análisis realizados sobre muestras tomadas en la Cañada El Melgar, lindera a la planta y al barrio Don Pedro, donde se detectó una alta carga bacteriana, presencia de Escherichia coli y metales pesados por encima de los límites permitidos.

 También señaló que la planta opera con el Certificado de Aptitud Ambiental vencido desde 2021.

La Secretaría de Ambiente de la Provincia de Entre Ríos otorgó el Certificado Único Ambiental (CUA) a la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) del Parque Industrial Gualeguaychú, mediante la Resolución N.º 594/2026, emitida el 20 de octubre.

La Corporación del Desarrollo de Gualeguaychú (Codegu) señaló que la resolución se enmarca en la Ley Provincial N.º 11.250 de Gestión Ambiental de Actividades Económicas y establece las condiciones para la continuidad operativa de esta infraestructura esencial, destinada al tratamiento de los efluentes líquidos generados por los establecimientos industriales del predio antes de su descarga al río Gualeguaychú.

“La Planta de Tratamiento de Efluentes continúa funcionando, y se sostiene el trabajo de seguimiento y control de sus instalaciones, en el marco de las acciones orientadas a garantizar el adecuado tratamiento de los efluentes industriales. La obtención del certificado constituye un paso relevante dentro del proceso de adecuación ambiental de la planta”, remarcaron desde la entidad.

En ese sentido, la resolución establece requerimientos específicos que incluyen la actualización del Plan de Gestión Ambiental, el fortalecimiento de los mecanismos de control de las descargas, la presentación periódica de análisis de laboratorio y la implementación de instancias de transparencia y participación ciudadana.

“Desde Codegu continuaremos trabajando en el cumplimiento de las obligaciones establecidas por la autoridad provincial, así como en la coordinación con las empresas del Parque Industrial para fortalecer los mecanismos de control y seguimiento ambiental. La Planta de Tratamiento de Efluentes es una infraestructura fundamental para la actividad productiva del Parque Industrial y para la gestión ambiental de la ciudad. Por ello, su funcionamiento, monitoreo y mejora continua constituyen una prioridad institucional y, en ese camino, esta resolución es un respaldo a todo lo que se ha venido haciendo”, enfatizaron.

¿Qué es el CUA?

El Certificado Único Ambiental (CUA) es el instrumento oficial en la provincia de Entre Ríos que unifica y reemplaza todos los trámites y certificaciones ambientales previos para las actividades económicas e industriales. Fue creado bajo la Ley Nº 11.250 de Gestión Ambiental de Actividades Económicas (que reemplazó a la antigua Ley Nº 6.260 de 1978) con el objetivo de agilizar procesos, reducir la burocracia y digitalizar los controles.

A través de un comunicado, la Cámara de la Industria de Gualeguaychú expresa su profunda preocupación ante la resolución de la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná del 25 de septiembre de 2026 (Expte. FPA 6554/2025/1/CA1),  que confirmó la clausura preventiva de la Planta de Tratamiento de Efluentes (PTE) del Parque Industrial Gualeguaychú (PIG).

Acompañamos a la Comisión Administradora del PIG y a Codegu, entidades que han informado a los industriales que evalúa las vías recursivas disponibles y que han presentado ante el Juzgado Federal nuevos elementos técnicos, un sistema de monitoreo en línea de efluentes y propuestas de control menos gravosas que la clausura. Respetamos la investidura judicial y el objetivo de tutela ambiental que todos compartimos; por eso creemos necesario aportar a la opinión pública información que no debe quedar fuera del debate.

Los recientes estudios sobre la Planta arrojan resultados favorables. Las mediciones tomadas directamente sobre la Planta y sobre el río cumplen la normativa vigente. Así surge de las propias constancias de la causa:* Informes L28/26 y L29/26 (muestras del 19/05/2026): tomadas en la Planta y en distintos puntos del Río Gualeguaychú, no evidenciaron valores fuera del Decreto 5837/91 (Ley provincial 6260) ni del Decreto 831/93 (Ley 24.051).* Informe L48/26 (muestra del 16/07/2026): tampoco registró valores fuera de la normativa vigente.* Informe ambiental aportado por el PIG: concluye que la Planta opera adecuadamente y dentro de los límites legales, y fue ofrecido junto con prueba testimonial.* Inspecciones oficiales: la Municipalidad de Gualeguaychú y la Dirección de Ambiente de Entre Ríos verificaron las obras de mejora comprometidas.

La clausura se fundamenta principalmente en una muestra de la Cañada Melgar (09/06/2026), cuyo punto exacto de extracción la propia autoridad declaró desconocer en el informe L41/26. Asimismo, la medición de contaminación fecal realizada por la autoridad ambiental municipal el 16/07/2026 ocurrió mientras la Planta no volcaba efluentes debido a la rotura del caño de impulsión. Esto demuestra la existencia de otras fuentes contaminantes que deben ser investigadas.

La Planta incorporó obras e inversiones y hoy cuenta con un sistema de monitoreo en línea que controla en tiempo real los efluentes de empresas testigo. Clausurarla cuando las mediciones directas muestran cumplimiento no elimina el problema, todo lo contrario, lo agrava.

Las empresas no pueden tratar ni disponer su efluente sin la PTE La alternativa de que cada industria disponga por sí misma de sus efluentes no es viable para la mayoría de las empresas del PIG. Las instalaciones internas de cada establecimiento fueron diseñadas y habilitadas como sistemas de pretratamiento, ajustados a la normativa vigente para volcar a la PTE, que es la que completa el tratamiento. No fueron concebidas para llevar el efluente a los parámetros exigidos para su disposición final en un cuerpo receptor.

Tampoco existe infraestructura sanitaria alternativa —colectoras, conexión a red cloacal o sistema de  conducción propio— que permita que el efluente industrial llegue tratado a su disposición final sin pasar  por la PTE del PIG. Retirarlo mediante camiones atmosféricos supone volúmenes, costos, transportistas y  sitios de descarga habilitados que ninguna empresa puede asegurar de manera inmediata y sostenida.

En la práctica, la clausura sin plazo cierto pone en riesgo la continuidad productiva de las industrias radicadas  y de sus trabajadores.

La Cámara Federal de Apelaciones de Paraná ratificó este viernes la clausura preventiva de la Planta de tratamiento de Efluentes del Parque Industrial Gualeguaychú. La decisión judicial mantiene la restricción impuesta originalmente por el Juzgado Federal de Gualeguaychú, a cargo del juez Hernán Viri, el 24 de agosto de 2026.

El fallo establece que la medida se mantendrá vigente hasta tanto se acredite que los vertidos provenientes de la planta sean tratados de forma adecuada y alcancen los valores ajustados a la normativa vigente.

la Corporación del Desarrollo de Gualeguaychú difundió un informe técnico que, según la entidad, avala el funcionamiento de las instalaciones. El estudio, elaborado por el licenciado en Salud Ambiental Sebastián Chiappella, sostiene que la planta mantuvo su capacidad funcional entre el 20 de febrero y el 27 de agosto de 2026.

La evaluación permite concluir que la Planta de Tratamiento del PIG mantuvo su capacidad funcional de tratamiento durante el período comprendido entre el 20 de febrero y el 27 de agosto de 2026. Los antecedentes analizados muestran una instalación capaz de operar bajo condiciones de carga variables, incluyendo episodios de sobrecarga significativamente superiores a las condiciones de diseño originalmente previstas.

El documento, titulado Evaluación del desempeño operacional de la PTAR-PIG mediante análisis integrado de carga orgánica, fue entregado al director de Industria y Parques Industriales de Entre Ríos, Santiago Henderson. Asimismo, el informe fue presentado ante la Justicia Federal, la Secretaría de Ambiente Municipal y la Secretaría de Ambiente de Entre Ríos.

El estudio concluye que, tras analizar las cargas orgánicas y los resultados microbiológicos, la planta operó en condiciones compatibles con una instalación funcionalmente apta. 

La situación judicial de la Planta de Tratamiento de Efluentes del Parque Industrial de Gualeguaychú sumó un nuevo pronunciamiento. La Fiscalía General ante la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná se pronunció a favor de mantener la clausura preventiva dispuesta por el juez federal Hernán Viri .

El dictamen, fechado el 16 de septiembre y firmado por el fiscal General de Paraná, Ignacio Candiotti, coincide con la postura que había sostenido anteriormente el fiscal federal de Gualeguaychú, Pedro Rebollo.

El expediente se originó a partir de una denuncia presentada por vecinos del barrio Don Pedro por presuntas irregularidades en el tratamiento y vuelco de efluentes industriales. En esta instancia, la Fiscalía General consideró que existen elementos suficientes para sostener una medida cautelar ambiental, principalmente por la presencia de verosimilitud del derecho y peligro en la demora.

Ahora será la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná la que deberá resolver los planteos de las partes y definir si mantiene la clausura preventiva o adopta otras medidas.

La causa

El conflicto judicial se inició en julio de 2025, cuando vecinos denunciaron que la planta del Parque Industrial estaría vertiendo efluentes sin el tratamiento adecuado hacia el río Gualeguaychú. A partir de esa presentación, la investigación quedó radicada en el Juzgado Federal de Gualeguaychú y fue delegada al Ministerio Público Fiscal.

En agosto de 2025 se realizó un primer allanamiento, durante el cual se tomaron muestras de los vertidos industriales. Los análisis de laboratorio detectaron valores de contaminación por encima de los niveles permitidos. Un segundo procedimiento, realizado en noviembre de ese año, incluyó muestras tomadas en siete puntos estratégicos y volvió a detectar elevados niveles de DBO, coliformes termotolerantes y Escherichia coli.

La investigación continuó durante 2026. En un allanamiento realizado el 19 de mayo se detectó, entre otros elementos, un caño rojo con una llave de paso que no se encontraba habilitado y que fue señalado por el supervisor de la planta como un sistema previsto para actuar ante posibles contingencias. También se observó acopio de barros con fuerte olor y presencia de insectos, además de otro caño que desembocaba en calle El Hornero.

En ese procedimiento también se tomaron muestras en la planta y en distintos puntos del río Gualeguaychú. En esos análisis, según el dictamen fiscal, no se detectaron valores por fuera de los parámetros normativos.

Sin embargo, una nueva toma de muestras realizada el 9 de junio en la denominada Cañada Melgar, ubicada entre la planta y el barrio Don Pedro, arrojó resultados que la Fiscalía General considera particularmente relevantes. El informe de laboratorio detectó una alta carga bacteriana, elevados niveles de coliformes termotolerantes y Escherichia coli, además de concentraciones de aluminio, cromo, cobre, plata, selenio y zinc por encima de los valores admitidos.

Para la Fiscalía, esos resultados constituyen evidencia de una contaminación concreta en el área. El dictamen cita además la interpretación realizada por especialistas de la Policía Federal, quienes señalaron que los niveles de Escherichia coli detectados pueden ser considerados un indicador de contaminación fecal antropogénica aguda.

La planta y su capacidad de tratamiento

Otro de los elementos considerados en el dictamen son las declaraciones incorporadas durante la investigación. El supervisor de la planta, Fernando Valentín Vergara, había señalado que existía una sobrecarga de materia orgánica, con valores que duplicaban lo admitido, y que la situación estaba relacionada con los valores de ingreso provenientes de las industrias.

A su vez, durante una audiencia de conciliación realizada en febrero, el representante del Parque Industrial había mencionado la existencia de defectos ocultos que requerían materiales importados para su reparación. Una ingeniera contratada por el Parque Industrial manifestó en esa misma instancia que la planta estaba trabajando con un caudal de efluentes superior al que podía procesar y estimó que su acondicionamiento podía demandar entre seis meses y un año.

La Fiscalía General también puso bajo consideración otro dato: el Certificado de Aptitud Ambiental de la Planta de Tratamiento se encuentra vencido desde 2021. Aunque reconoce que se trata de una habilitación administrativa, considera que ese incumplimiento debe ser valorado dentro del conjunto de elementos de la causa.

La clausura como medida preventiva

El planteo de la Fiscalía General no supone una condena ni una decisión definitiva sobre el fondo de la investigación. El dictamen remarca que la clausura tiene carácter cautelar y preventivo.

En ese sentido, sostiene que la planta continúa funcionando de manera inadecuada e insuficiente y que, si bien se fueron realizando algunas de las obras y medidas de acondicionamiento comprometidas, estas no se habrían concretado en su totalidad ni dentro de los plazos previstos. Para la Fiscalía, esa situación impide prolongar el actual estado de funcionamiento deficiente.

El dictamen también recuerda que en materia ambiental rigen los principios de prevención y precaución. En particular, señala que la ausencia de certeza científica definitiva no debe utilizarse para postergar medidas destinadas a evitar un daño ambiental grave o irreversible.

Por esa razón, el fiscal General de Paraná, Ignacio Candiotti, concluyó que la medida dispuesta por Viri, y que había sido reclamada en la primera oportunidad por el fiscal Rebollo, resulta “razonable y justificada” frente a los elementos reunidos hasta ahora y solicitó formalmente a la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná que rechace los recursos presentados y confirme la clausura preventiva de la Planta de Tratamiento de Efluentes del Parque Industrial de Gualeguaychú.

El propio dictamen plantea, de todos modos, que al tratarse de una clausura preventiva corresponde que la situación sea revisada periódicamente. En ese marco, considera necesario que la administración del Parque Industrial y las empresas que lo integran completen las inversiones, tareas de mantenimiento y obras de infraestructura técnica necesarias, de manera que posteriormente pueda evaluarse un eventual levantamiento de la medida.

A través de un comunicado, Codegu y la Comisión Administradora del Parque Industrial informaron que “el estado actual de la Planta de Tratamiento de Efluentes (PTE). La misma se encuentra operativa y en régimen, con un programa permanente de mantenimiento, control e incorporación de tecnología orientado a garantizar la eficiencia y el cumplimiento de la normativa ambiental vigente”.

Controles y análisis oficialesEn el marco de la situación judicial vinculada al funcionamiento de la Planta, se ha apelado la resolución correspondiente y el recurso fue concedido, por lo que el proceso continúa su trámite en las instancias previstas por la Justicia.

En este contexto, el 19 de mayo de 2026, personal del Departamento Delitos Ambientales de la Policía Federal Argentina realizó, por orden del Juzgado Federal de Gualeguaychú, la toma de muestras en el punto de vuelco final de la planta (Muestra ML1 - Precinto N° 004503) y en el punto de su derrame en el Río Gualeguaychú, donde se tomó una muestras (Muestra M2 - Precinto N° 004557). Dichas muestras fueron remitidas por el propio Juzgado Federal a laboratorio oficial para su análisis.

De acuerdo con los análisis oficiales, las muestras líquidas identificadas como "ML1" y "M2" NO EVIDENCIARON valores por fuera de lo normado en el Decreto Reglamentario N° 5837/91 de la Ley 6260 de la Provincia de Entre Ríos, "Límites permitidos a cursos de agua", Anexo I, y su modificatoria Decreto 5394/96, como en el Decreto Reglamentario 831/93 de la Ley 24.051. Lo mismo sucedió con todas las demás muestras tomadas dicho día, la cuales dan DENTRO DE RÉGIMEN.

Valores del 19/05/2026ML1 - Precinto N° 004503- DBO: 12 mg/l - Límite: menor a 50 (Decreto 5837 ER)- DQO: 88 mg/l - Límite: No establecido (Decreto 5837 ER)- pH: 8,12 - Rango establecido 5,5-10 (Decreto 5837 ER)- Coliformes Termotolerantes (nmp/100ml): menor a 1,8 – Límite: máximo 5000 (Decreto 5837 ER)- Escherichia Coli: Ausencia – Límite: no establecido (Decreto 5837 ER)

M2 - Precinto N° 004557- DQO: 38 mg/l - Límite: No establecido (Decreto 5837 ER)- pH: 7,75 - Rango establecido 5,5-10 (Decreto 5837 ER)

Inversión y modernización

En el comunicado detallaron que “durante los últimos meses en la Planta de Tratamiento de Efluentes del PIG se incorporó nuevo instrumental para el control de procesos: oxímetro, pH-metro y fotómetro multiparamétrico. Se renovó el sistema de recirculación de lodos activos con dos nuevas bombas y se optimizó la transferencia de oxígeno en el canal de oxidación. Se revisaron y reacondicionaron equipos electromecánicos existentes y se construyó una plataforma de hormigón de 11 metros por 4 metros para el montaje de los nuevos soplantes”.

“Asimismo, se modernizó el sistema de desinfección mediante la incorporación de un sistema automático de dosificación de cloro, con sensor de cloro residual en línea, bomba dosificadora y sistema de monitoreo con alarmas. Fueron adquiridos un tanque horizontal de 3.000 litros y uno vertical de 3.000 litros, con capacidad para aproximadamente dos meses de operación”.

Mayor control sobre los efluentes industriales

Continúa la toma sistemática de muestras en las salidas de las distintas industrias, en diferentes días y horarios, para contar con información representativa sobre las descargas.

Actualmente se encuentra en ejecución un proyecto para registrar caudales y calidad de los efluentes. La primera etapa contempla la construcción de cuatro cámaras de aforo en establecimientos con mayores volúmenes. En ellas se instalan sensores de pH, DQO, caudal y turbidez que enviarán información a una central en la Planta. Ya se encuentran instaladas las cabinas correspondientes a dos empresas.Este sistema permitirá disponer de información instantánea e histórica y avanzar hacia un esquema de control cada vez más automatizado, trazable y basado en datos. En una segunda etapa se prevé ampliar progresivamente el monitoreo al resto de las empresas del Parque Industrial.

Una infraestructura esencial

Desde Codegu y la Comisión Administradora del PIG afirmaron que “la continuidad operativa de la Planta resulta esencial tanto para la preservación ambiental del río Gualeguaychú como para la continuidad de la actividad de las empresas radicadas en el Parque Industrial, que requieren del tratamiento centralizado de sus efluentes. Por este motivo, las acciones realizadas forman parte de un proceso continuo de mantenimiento, inversión, control y modernización de la infraestructura”.

Y concluyeron: “Reafirmamos el compromiso de continuar fortaleciendo esta infraestructura, incorporando tecnología y mejorando permanentemente la eficiencia del tratamiento y el cumplimiento de la normativa ambiental vigente”.

El Municipio dio inicio al proceso de Participación Ciudadana correspondiente a la evaluación ambiental de la empresa "Rontaltex". La instancia se desarrolla conforme a lo establecido por la Resolución N.º 321/2019 y busca garantizar la transparencia, el acceso a la información pública y la participación activa de la comunidad en decisiones de relevancia ambiental y urbana.

“Los estudios ambientales son una herramienta fundamental para el cuidado del entorno y la calidad de vida. No solo permiten evaluar el impacto de cada proyecto, sino que también garantizan que las decisiones se tomen con información sólida y con la participación de la comunidad” destacó la subsecretaria de Ambiente y Seguridad Alimentaria, Ivana Zecca.

La participación ciudadana estará abierta durante siete días consecutivos, a partir del próximo lunes 7 de septiembre. Los interesados podrán consultar la documentación técnica de dos maneras:

- Presencial: en la Subsecretaría de Ambiente y Seguridad Alimentaria, ubicada en el ex Mercado Municipal (predio del ex frigorífico), de lunes a viernes de 7 a 13 horas.

- Virtual:

Además, en la sede física se encuentra habilitado un Libro de Actas oficial, donde los vecinos podrán dejar por escrito sus opiniones, aportes, sugerencias o consultas de manera formal. 

Según detalla el expediente presentado, la empresa Rontaltex S.A utiliza 1.521 toneladas al año de hilado de algodón, 287 toneladas al año de hilado de poliéster, 291 toneladas al año de hilado de nylon, 1.700 toneladas anuales de insumos químicos, y 80 toneladas al año de colorantes. 

 EI insumo natural que utiliza el proceso es agua que se extrae por bombeo en la red del PIG. Por año, la empresa consume 600.000 m3 de agua. 

En cuanto a el tratamiento de sus residuos, detallan que “nuestra planta de tratamiento de aguas residuales es un diseño de depuración por lagunaje consiste en el almacenamiento de las aguas durante un tiempo variable en función de la carga aplicada de forma que la materia orgánica resulte degradada mediante la actividad de los microorganismos 6 presentes y la acción de la luz solar en el medio acuático. EI afluente recibe una carga de colorantes, y auxiliares resultantes del proceso de tintura de fibras como el algodón, poliéster y poliamida. Debido a que la producción varía, antes sistema de lagunas se ha diseñado una laguna de ecualización para homogeneizar el efluente del proceso productivo y por ende aspectos como el pH de ingreso a la planta se estabiliza generalmente en valores de 8. Las lagunas están divididas en tres etapas: una de ecualización, dos facultativas y una aerobia o de maduración. La laguna de ecualización cumple la función de equilibrar la carga de ingreso al tratamiento. Lagunas facultativas: En estas lagunas de profundidad aproximada de 5m, se distingue una zona aerobia próxima a la superficie, una zona anaerobia en el fondo, donde se dan procesos de fermentación, y una zona intermedia que contiene bacterias facultativas. Las lagunas facultativas corresponden así a un tratamiento secundario. Su finalidad última es la degradación de la materia orgánica. Laguna aerobia o de maduración: es un estanque de poca profundidad, de aproximadamente 2 metros, equipado con aireadores y en la que toda la masa de agua está en condiciones aerobias. Su función fundamental es reducir la DB05 a los niveles mínimos y eliminar patógenos gracias a la radiación ultravioleta solar. Las lagunas tienen un periodo de retención hidráulica de 7 a10 días. EI volumen de líquido tratado se dispone en la red del PIG para el tratamiento final en la planta general del parque. Volumen diario promedio: 2200 mm3; volumen horario promedio: 90 m3”.

Expediente de Evaluación/Informe Ambiental de Rontaltex S.A. presentado ante la Secretaría de Ambiente de Entre Ríos para acreditar la aptitud ambiental de su planta industrial de acabado y teñido de hilados en el Parque Industrial de Gualeguaychú.

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El anuncio se realizó durante la inauguración de un Salón de Usos Múltiples en el parque industrial de Villaguay, junto al intendente Adrián Fuertes y representantes del sector productivo.

Frigerio explicó que la Provincia busca mitigar el impacto de las subas extraordinarias registradas durante los últimos meses, originadas en variables del mercado eléctrico nacional ajenas al Gobierno entrerriano.

El esquema contempla la posibilidad de refinanciar el Cargo MEM abonado en mayo y junio, como así también el de las facturas correspondientes a julio y agosto, en cuotas y con una tasa anual del 15 por ciento.

El gobernador sostuvo que la medida surgió del diálogo y el trabajo conjunto con los grandes usuarios industriales de la provincia. En ese sentido, remarcó que la gestión busca mejorar de manera sostenida la competitividad de Entre Ríos y reducir el peso del costo energético sobre la producción.

"Si después de tanto tiempo producir sigue siendo solo para unos valientes, todo el esfuerzo de los industriales sirve de poco. No puede haber nada más importante para quienes tenemos responsabilidades en la gestión pública que generar las condiciones para que haya más trabajo en el sector privado. Ese tiene que ser nuestro norte", afirmó Frigerio.

Por su parte, Fuertes destacó el trabajo conjunto entre el municipio y el Gobierno provincial para concretar obras de infraestructura y acompañar el desarrollo productivo de Villaguay.

Luego del acto, Frigerio recorrió el parque solar de la empresa Molinos Centro S.A., instalado en el predio industrial. El sistema cuenta con 260 paneles bifaciales de 595 W y un inversor de 150 kW, que alcanzan una potencia total instalada de 154,7 kWp.

La inversión fue de 150 millones de pesos y se financió mediante una línea de crédito del Consejo Federal de Inversiones (CFI). La energía generada equivale aproximadamente al 39 por ciento del consumo total de la planta y se utiliza directamente en sus procesos productivos, mientras que el excedente se inyecta en la red.

Participaron también el ministro de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo; el secretario de Industria, Catriel Tonutti; el senador provincial Juan Pablo Cosso; la intendenta de Paraná, Rosario Romero; representantes del sector privado y autoridades municipales de la región.

Para quienes viven en esa zona de la ciudad, la decisión judicial representa mucho más que el cierre temporal de una planta. La interpretan como un reconocimiento a una problemática que, aseguran, llevan décadas denunciando y que durante mucho tiempo permaneció fuera de la agenda pública.

“Somos los ojos de la ciudad en esta zona, la primera alarma”, expresaron los vecinos, quienes reivindicaron el papel que tuvieron durante años para advertir sobre situaciones que, según sostienen, podrían haber continuado ocurriendo “impune y silenciosamente”.

En su comunicado, remarcaron que la resolución judicial se fundamentó en los resultados de los análisis realizados durante la investigación federal, que —según señalaron— continúan detectando contaminación en los vertidos.

Los vecinos recuerdan que los efluentes terminan llegando al río Gualeguaychú y remarcan que se trata del mismo río que utilizan y disfrutan miles de habitantes de la ciudad. “Va al río que usamos y disfrutamos todos. A nuestras playas, nuestros lugares de pesca y clubes náuticos”, señalaron.

Por eso insisten en que el conflicto ambiental no puede ser considerado exclusivamente como un problema del barrio Don Pedro. “Este es un problema de todos los gualeguaychuenses”, afirmaron.

Durante casi 40 años, explicaron, los efluentes del Parque Industrial eran volcados, luego de un tratamiento que calificaron de deficiente, en una cañada natural sin caudal propio. Desde allí eran conducidos hacia el arroyo Gualeyán y posteriormente al río Gualeguaychú, aguas arriba de la toma de agua de la ciudad.

Los vecinos también recordaron que, durante ese período, una empresa del Parque Industrial habría arrojado clandestinamente sus residuos en un campo privado. “El desmanejo era total”, resumieron.

El comunicado también reconstruye el momento en que los vecinos comenzaron a organizarse para intentar modificar aquella situación. En 2016, según relataron, lograron que se reactivara la obra de ampliación de la Planta de Tratamiento de Efluentes. La inauguración llegó en 2019 y significó un cambio importante para quienes vivían en las inmediaciones.

Con la nueva planta se interrumpió el volcado hacia la cañada y, durante algunos años, aseguran que la vida cotidiana del barrio mejoró. Pero esa mejora, sostienen, no fue permanente. La falta de mantenimiento, gestión y control llevó a que la nueva planta colapsara hacia fines de 2024. Y otra vez fueron los vecinos quienes comenzaron a alertar sobre la situación y a insistir para que el problema volviera a ser discutido.

En el comunicado, los habitantes del barrio reconocen que durante los últimos meses se realizaron obras, inversiones y adecuaciones tanto desde Codegu como desde el Parque Industrial para mejorar la planta general.

“Como vecinos valoramos esta inversión fundamental y necesaria”, expresaron. Pero inmediatamente marcaron lo que consideran el principal problema que todavía queda por resolver.

Según plantean, los resultados de las muestras obtenidas durante la investigación federal indican que la contaminación continúa. A esto suman nuevos episodios de malos olores registrados durante agosto.

Para los vecinos, esos elementos permiten advertir que el problema no estaría solamente en la Planta General, sino también en los efluentes que llegan hasta ella. Es decir, en los residuos líquidos que las propias empresas deberían tratar adecuadamente antes de enviarlos a la planta común.

“El esfuerzo de adecuación de la Planta General no puede rendir sus frutos si no está acompañado por la inversión y el correcto funcionamiento de las plantas internas de cada empresa”, sostuvieron.

Y lo sintetizaron de una manera contundente: “Cada empresa debe mejorar sus tratamientos internos. Si no, no va a haber Planta General que aguante”. Piden controles y un poder de policía ambiental. A partir de esa mirada, los vecinos consideran que la solución debe ser integral.

No alcanza, plantean, con mejorar la planta general. También es necesario controlar qué ocurre dentro de cada establecimiento industrial antes de que los efluentes lleguen al sistema común. Por eso reclaman “adecuación y control estricto” tanto de la Planta General como de las instalaciones internas de las empresas del Parque Industrial.

“La contaminación debe terminar. Y debe suceder ya”, concluyeron.

La mora en el sector industrial argentino se multiplicó por más de cinco en el último año y medio. La tasa de irregularidad de las empresas industriales pasó del 0,7% en diciembre de 2024 al 3,8% en junio de 2026, según un informe del Centro de Estudios de la Unión Industrial Argentina (UIA). El deterioro afectó a unas 4.300 firmas con deuda bancaria y se produjo en paralelo a un endurecimiento de las condiciones financieras que frenó el crédito productivo y disparó las tasas de interés a niveles que, en sus picos, llegaron al 190% de tasa nominal anual (TNA).

El dato se conoce justo en un momento en el que la mora está en el centro de la agenda política y económica del país y cuando la Argentina se ubica hoy con la tasa de morosidad más alta de América Latina: el 7,3% de la cartera del sistema bancario estaba en situación irregular a marzo, según un relevamiento de la Federación Latinoamericana de Bancos (Felaban) sobre 16 países de la región.

En este escenario, la irregularidad abarca tanto a familias como a empresas ya que cerca de 5,8 millones de argentinos mantienen deudas con entidades financieras, entre bancos, fintech y otros proveedores de crédito.

Según el informe de la UIA, “hasta mediados de 2025, el crédito a las empresas había crecido un 106% en términos reales desde diciembre de 2023″. Ese impulso, resalta el propio escrito, se cortó de manera abrupta entre julio de 2025 y mayo de 2026, cuando el financiamiento al sector apenas avanzó un 0,2% real. El freno coincidió con el “endurecimiento de la política monetaria con suba de tasas y encajes bancarios, que limitó el acceso al financiamiento por parte de las empresas”, resaltó la entidad.

El monto total de crédito de empresas industriales asciende a 25 billones de pesos a junio de 2026, el 30% del crédito total a empresas en el sistema financiero. De ese total, $968.000 millones están en situación irregular, distribuidos entre 4.231 firmas morosas, con un promedio de $228 millones por empresa. La distribución, con todo, es desigual: el 40% de las empresas en mora debe menos de 1 millón de pesos, mientras que el 12,5% supera los 100 millones de pesos.

Lo que revela el informe de la UIA es que el 80% de las empresas hoy en mora eran pagadoras regulares hasta 2024. El salto en su situación coincidió con la suba de tasas de mediados de 2025. El flujo mensual de firmas que pasaron de situación regular a irregular aumentó de 174 en diciembre de 2024 a 442 en junio de 2026. El pico del deterioro se registró en marzo de 2026, y en junio se observó una primera baja.

Las tasas de adelanto en cuenta corriente para empresas llegaron al 75% TNA en promedio en octubre de 2025, con picos diarios del 190% TNA, muy por encima de la inflación esperada. Aunque desde entonces bajaron, el informe de la UIA advierte que “todavía persisten niveles elevados en términos reales para las pymes: en julio la tasa promedio ponderada de los adelantos en cuenta corriente fue de 42%”.

El impacto no fue igual para todos. Las grandes empresas vieron caer su crédito en pesos un 14,9% interanual real; las pymes crecieron apenas un 3,4%, un ritmo insuficiente frente a la inflación. Quienes tuvieron acceso al mercado de divisas encontraron una salida alternativa: el crédito en moneda extranjera creció un 39,1% interanual real en pymes y un 30,3% en grandes firmas.

De hecho, la UIA reveló que entre las empresas grandes, el financiamiento en dólares ya supera al crédito en pesos, mientras que para las más chicas el peso sigue siendo la moneda predominante, lo que las dejó más expuestas al encarecimiento del financiamiento local.

El presidente Javier Milei atribuyó parte del problema al consumo de televisores durante el Mundial. “Vino el mundial, ¿saben qué hicieron muchos? Iban a cadenas de venta de electrodomésticos y se llevaban televisores”, dijo en el 142° aniversario de la Bolsa de Comercio de Rosario. La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) rechazó esa lectura. Su vocero, Salvador Femenía, atribuyó el fenómeno a la caída del poder adquisitivo: “Es por la caída del poder adquisitivo”, afirmó, y agregó que muchas familias recurren al crédito para comprar “alimentos, calzado, indumentaria”. El Gobierno, por su parte, sostiene que la situación es “un problema entre privados” y descartó intervenir con fondos públicos.

La mora tampoco golpeó por igual a todos los subsectores: algunos registran tasas superiores al 10% mientras otros permanecen por debajo del 1%. Unas 2.100 empresas lograron refinanciar o saldar sus deudas, lo que representó el 6,2% del total de firmas con crédito bancario.

El deterioro de las carteras crediticias generó consecuencias más allá de las empresas directamente involucradas. Los bancos endurecieron las condiciones para el conjunto del sector, lo que encareció y racionó el crédito incluso para firmas solventes. La encuesta de indicadores industriales del CEU-UIA correspondiente al tercer trimestre de 2026 revela que el 47% de las empresas industriales enfrentó retrasos en al menos uno de sus principales pagos: el 34% tuvo demoras en impuestos, el 32% con proveedores y el 25% en compromisos financieros.

El trasfondo estructural agrava el cuadro. Argentina tiene un crédito al sector privado equivalente al 13% del PBI, el más bajo entre los 16 países relevados por Felaban, contra un promedio regional del 47,3%. Brasil ronda el 75%, Chile el 100%, y economías como Estados Unidos y China se ubican cerca del 200% del PBI. A esa brecha se suma la carga impositiva sobre la intermediación financiera: los impuestos nacionales, provinciales y municipales elevan más de un 18% el costo financiero de un crédito productivo.

Frente a ese escenario, el informe del CEU-UIA propone una normalización progresiva de los encajes bancarios, la potenciación de sistemas de garantías públicas y privadas, y una revisión de la presión tributaria sobre el financiamiento en los tres niveles de gobierno. En el caso de refinanciaciones, el documento pide la eliminación completa de esa carga fiscal, dado que la nueva operación toma como base una deuda que ya incorpora componentes tributarios previos.

El juez federal Hernán Viri explicó en Bolazo Stream y Cero los fundamentos de la resolución mediante la cual dispuso la clausura de la Planta de Tratamiento de Efluentes del Parque Industrial de Gualeguaychú y remarcó que la medida no implica el cierre del predio industrial.

Según explicó el magistrado, la causa lleva más de un año de tramitación y la posibilidad de disponer una clausura había sido planteada meses atrás por el fiscal federal durante una audiencia pública. En ese momento, Viri consideró que la medida podía resultar prematura debido a las implicancias que tiene el funcionamiento del Parque Industrial en términos productivos y laborales, pero también por la necesidad de garantizar el cuidado ambiental.

“Intentamos desde el tribunal y la Fiscalía hacer mesas de trabajo. Se han presentado planes por parte de Codegu, pero después de más de un año de trámite y de tratar de buscar otras soluciones, la verdad es que todas las pericias fueron arrojando resultados malos”, explicó.

El juez señaló que los estudios realizados determinaron niveles de contaminación por encima de los parámetros establecidos por la legislación. En particular, mencionó que la última pericia detectó “materia fecal en exceso, Escherichia coli en exceso y metales en exceso”, de acuerdo con los límites establecidos en el Anexo II de la Ley 24.051.

“Esto es algo objetivo, dan por arriba del riesgo permitido por la ley”, sostuvo Viri. Frente a estos resultados y a lo que consideró una afectación concreta al ambiente, decidió avanzar con la clausura preventiva de la planta hasta que pueda regularizarse su funcionamiento.

El magistrado destacó además el trabajo de los peritos que intervinieron en la causa. Señaló que Candia y Agüero, profesionales con experiencia en la materia, declararon en el expediente y coincidieron en las conclusiones de las pericias. Candia, quien se desempeña como jefe de Delitos Ambientales de la Policía Federal, incluso propuso la clausura por los efectos que la situación podría tener sobre la vida humana.

“Me parece que había pasado más que un tiempo prudencial y tenía fundamentos”, afirmó Viri.

Uno de los puntos que el juez buscó aclarar es el alcance de la resolución. “Lo que dispongo no es la clausura del Parque Industrial, sino de la Planta”, enfatizó.

Según explicó, una vez que la medida quede firme, cada una de las empresas deberá resolver de qué manera tratará sus efluentes. Entre las alternativas posibles mencionó mejorar la planta existente, construir instalaciones propias o contratar a una empresa especializada.

“Eso queda en el ámbito de la libertad y lo que cada uno disponga. Yo lo que dispuse es que esto, como está, no puede seguir funcionando”, señaló.

Al mismo tiempo, la resolución contempla controles periódicos sobre las empresas para evitar que, ante la clausura de la planta, los residuos terminen siendo volcados directamente al río.

“Una vez que se esté materializando la clausura, va a haber un control periódico para que no se dé esta situación, que sería más nefasta, más nociva que lo anterior”, explicó.

Viri también indicó que durante el trámite de la causa se analizaron propuestas de inversión para solucionar el problema, aunque aclaró que los resultados de las pericias continuaron siendo negativos. “Más allá de las buenas intenciones de los programas de inversiones, las pericias siguen dando mal”, sostuvo.

La resolución todavía no se encuentra firme. Las partes tienen la posibilidad de recurrir ante la Cámara Federal para que revise la decisión. “Una vez que quede firme, esto se va a materializar”, aclaró el juez.

Además de disponer la clausura preventiva, Viri llamó a indagatoria a personas vinculadas con la administración del Parque Industrial, a quienes atribuyó una posible responsabilidad en la situación investigada.

“También llamé a indagatoria a las personas que de alguna manera tienen una responsabilidad en la situación a la que llegamos. Tendrán que responder por lo sucedido hasta acá”, explicó.

El magistrado sostuvo que, de acuerdo con los elementos incorporados al expediente, durante el período investigado el Parque Industrial “parecería que no cumplió con uno de sus cometidos, que fue el tratamiento de los desechos”.

Las personas citadas a indagatoria son quienes integran la administración del Parque Industrial. Tras escuchar sus explicaciones, Viri deberá resolver la situación procesal de cada una de ellas y determinar, de acuerdo con las pruebas reunidas, si corresponde dictar un sobreseimiento, una falta de mérito o un procesamiento.

“Voy a escuchar a cada uno de los imputados y después voy a evaluar quién tiene un grado de responsabilidad y quiénes no”, indicó.

Las indagatorias se realizarán durante los próximos meses, de acuerdo con la agenda prevista por el Juzgado Federal. El avance de esas actuaciones y la eventual revisión de la resolución por parte de la Cámara Federal determinarán los próximos pasos de una causa que lleva más de un año y que ahora tiene en el centro de la discusión el funcionamiento de la Planta de Tratamiento de Efluentes y su impacto ambiental.

El Juzgado Federal de Gualeguaychú ordenó este lunes la clausura preventiva de la Planta de Tratamiento de Efluentes del Parque Industrial Gualeguaychú, en el marco de una investigación iniciada a partir de una denuncia presentada en julio de 2025 por el presunto vertido de efluentes sin el tratamiento adecuado.

La resolución, dictada por el Juzgado Federal de Primera Instancia de Gualeguaychú, consideró acreditada la existencia de contaminación ambiental y entendió que la medida solicitada por el Ministerio Público Fiscal resulta necesaria para evitar que continúen los riesgos para el ambiente y la salud humana.

La clausura no fue dispuesta por tiempo determinado. El juez estableció que se mantendrá hasta tanto se acredite el normal y buen funcionamiento de la planta y su adecuación a la normativa ambiental vigente. Además, ordenó controles periódicos a cargo del Departamento de Delitos Ambientales de la Policía Federal Argentina y de la Secretaría de Ambiente de Entre Ríos.

Una investigación que comenzó en 2025

La causa se inició el 11 de julio de 2025, cuando se denunció que la Planta de Tratamiento de Efluentes del Parque Industrial no funcionaba adecuadamente y que los residuos provenientes de las industrias podían estar siendo volcados al río Gualeguaychú sin el tratamiento correspondiente.

A partir de esa presentación, la Fiscalía Federal impulsó distintas medidas de investigación y se realizaron varios allanamientos en las instalaciones del Parque Industrial.

En el primero, realizado el 27 de agosto de 2025, la planta se encontraba funcionando y se tomaron muestras de los efluentes. Los análisis detectaron valores de plomo por encima de los parámetros establecidos en la normativa utilizada como referencia. También se registró una elevada presencia de coliformes termotolerantes y Escherichia coli.

La investigación continuó con nuevos procedimientos y toma de muestras en distintos puntos, tanto dentro del Parque Industrial como en el río Gualeguaychú.

Uno de los análisis realizados el 19 de noviembre de 2025 determinó que el efluente de la planta no presentaba concentraciones de metales pesados por encima de los valores de referencia, pero sí registraba valores de Demanda Biológica de Oxígeno y coliformes termotolerantes superiores a los parámetros establecidos por la legislación provincial.

En esa oportunidad también se detectó Escherichia coli, circunstancia que llevó a los investigadores a considerar que el efluente podía presentar características compatibles con un residuo peligroso de carácter infeccioso, según las previsiones de la Ley Nacional 24.051.

La muestra que encendió la alarma

A partir de información sobre un posible vertido en una cañada ubicada en las proximidades de la planta y del barrio Don Pedro, se tomaron nuevas muestras en junio de 2026.

El análisis de laboratorio incorporado a la causa detectó una elevada carga bacteriana: 5.400.000 unidades formadoras de colonias de coliformes totales por cada 100 mililitros, 54.500 de coliformes termotolerantes y 19.750 de Escherichia coli.

Según el informe citado por el juez, esos resultados revelaron una contaminación de origen fecal de magnitud significativa.

El mismo análisis detectó además la presencia de aluminio, cromo, cobre, plata, selenio y zinc por encima de los valores establecidos en una tabla de referencia de la legislación nacional para la protección de la vida acuática en aguas dulces superficiales. La resolución aclara que esa normativa fue considerada teniendo en cuenta las características del sitio de extracción de la muestra.

El principio precautorio

El juez sostuvo que, pese a los distintos esfuerzos realizados durante el proceso para encontrar una solución alternativa, los problemas ambientales no habían sido completamente solucionados.

En ese sentido, fundamentó la decisión en los principios de prevención y precautorio establecidos por la Ley General del Ambiente y en el artículo 41 de la Constitución Nacional, que reconoce el derecho de todos los habitantes a gozar de un ambiente sano.

La resolución remarca además que el daño ambiental puede resultar de difícil o incluso imposible recomposición, por lo que considera necesario adoptar medidas antes de que la afectación se profundice.

El magistrado señaló que la decisión no era “prematura, ni antojadiza ni arbitraria”, sino el resultado de una investigación que incluyó allanamientos, análisis de laboratorio, testimonios, audiencias y distintos intentos de alcanzar una solución sin recurrir a la clausura.

Finalmente, concluyó que la clausura preventiva constituye, en este momento, la herramienta más eficaz para evitar que continúe la afectación ambiental.

La resolución

La medida alcanza específicamente a la Planta de Tratamiento de Efluentes Líquidos del Parque Industrial Gualeguaychú y permanecerá vigente hasta que se acredite que los vertidos reciben un tratamiento adecuado y cumplen con los valores establecidos por la normativa ambiental.

Mientras tanto, la resolución señala que cada industria instalada en el Parque Industrial podrá disponer de sus residuos mediante empresas especializadas, de manera de evitar que la situación comprometa el ambiente y la salud de la población.

Además, una vez efectivizada la clausura, el Departamento de Delitos Ambientales de la Policía Federal y la Secretaría de Ambiente de Entre Ríos deberán realizar controles periódicos sobre el estado de la planta.

La resolución también ordena notificar a CODEGU y al Parque Industrial Gualeguaychú, que deberán presentarse en la causa dentro de los próximos tres días y designar abogado defensor, en el marco de las garantías del debido proceso.

Entre los llamados a prestar declaración indagatoria se encuentran quienes ejercieron la presidencia del Consejo Superior de la CODEGU, George Thomas Fogg, Ernesto Ferrari y Sergio Ramírez, como así también algunos de los que ejercieron cargos como vocales, secretarios y tesoreros de las comisiones directivas que se conformaron en los periodos investigados por la Justicia Federal.

El Sindicato del Personal de Industrias Químicas y Petroquímicas Zárate lanzó este martes un comunicado denunciando lo que consideran “una grave maniobra de vaciamiento y fraude laboral”. Según aseguran desde el gremio, tras despedir a más de 120 trabajadores, las empresas Unionbat y Laboratorios Pyam “no pagaron las indemnizaciones que por ley les corresponden y a los pocos días presentaron concurso de acreedores”.

Ante este escenario, desde el sindicato exigen, entre otras cosas, “que la Justicia garantice el pago total de las indemnizaciones a todos los trabajadores despedidos"; “que se investigue a los dueños de ambas empresas por vaciamiento y fraude laboral”; y “que el Estado provincial y municipal intervenga para proteger a las familias que hoy no tienen trabajo ni ingresos”. 

El comunicado completo:

Desde el Sindicato del Personal de Industrias Químicas y Petroquímicas Zárate queremos informar a la comunidad sobre una grave maniobra de vaciamiento y fraude laboral que está dejando a más de 120 familias de Gualeguaychú en la calle, sin trabajo y sin cobrar un peso.

Las empresas UNIONBAT Y LABORATORIOS PYAM despidieron a sus trabajadores. Hasta ahí, una situación ya dolorosa. Pero lo más grave es lo que hicieron después NO PAGARON las indemnizaciones que por ley les corresponden y a los pocos días presentaron concurso de acreedores.

Con esta maniobra buscan “planchar” las deudas, entre ellas las laborales, para no hacerse cargo de las indemnizaciones. El objetivo es claro: dejar a más de 120 trabajadores sin fuente de ingreso y sin la plata que les corresponde por años de trabajo.Esto no es una crisis. Es una estafa planificada.

Usan la figura del concurso para vaciar las empresas, quedarse con los bienes y dejar a los trabajadores con la mano vacía.Desde nuestro sindicato repudiamos enérgicamente esta práctica antisocial y exigimos:

Que la Justicia garantice el pago total de las indemnizaciones a todos los trabajadores despedidos.Que se investigue a los dueños de ambas empresas por vaciamiento y fraude laboral.Que el Estado provincial y municipal intervenga para proteger a las familias que hoy no tienen trabajo ni ingresos.No vamos a permitir que el costo de la crisis lo paguen siempre los trabajadores. Trabajador no puede terminar en la indigencia.

Invitamos a toda la comunidad, a las organizaciones sociales, a las organizaciones políticas a los demás gremios hermanos en lucha a pregonar y concientizarnos que La solidaridad hoy es la única herramienta que tenemos para hacerle frente a estos atropellos.

Basta de estafas. Basta de dejar trabajadores en la calle.Por comisión directiva

Sindicato del Personal de Industrias Químicas y Petroquímicas ZáratePERSONERIA GREMIAL N° 270Sede Social: Félix Pagola 1712 (CP:2800) –Zárate – Pcia. Bs.As.(03487) 422102quimizar@gmail.com

La conciliación obligatoria entre Unionbat y los trabajadores despedidos finalizó sin acuerdo y se confirmó el despido de alrededor de 100 empleados de la planta de Gualeguaychú, según aseguró Martín Gómez del Sindicato del Personal de Industrias Químicas y Petroquímicas a Ahora ElDía.

El secretario gremial, aseguró que durante los 21 días que duró la conciliación la empresa nunca presentó una propuesta para intentar revertir la situación.

"Lamentablemente no se pudo revertir lo de Unionbat porque la empresa no trajo ninguna propuesta. Estuvo dilatando todos estos días de conciliación y nunca acercó algo concreto como para poder sentarnos a hablar y solucionar este tema, para que la gente pueda ingresar a trabajar", afirmó.

Según explicó, en la última audiencia la firma ratificó que no tenía ninguna alternativa para sostener las fuentes laborales y comunicó que avanzará con el pago de las indemnizaciones una vez concluida la conciliación, que venció este martes a las 14.

Ahora, el sindicato aguardará el cumplimiento de los plazos legales para que la empresa abone tanto las indemnizaciones como los salarios adeudados.

"Vamos a esperar los cuatro días hábiles que tienen por ley para que paguen las indemnizaciones y también los haberes que están debiendo: la quincena del 20, la quincena del 5 y que dejen todo al día, incluida la obra social, que también dejaron de pagar", señaló Gómez.

El dirigente sindical lamentó el impacto que tendrá la decisión sobre la ciudad y sostuvo que se trata de una determinación que pudo haberse evitado si la empresa hubiera mostrado voluntad de negociación.

"Lamentablemente tenemos 100 trabajadores menos en Gualeguaychú por una decisión arbitraria de una empresa que nunca buscó solucionarlo ni traer otra opción para seguir produciendo", expresó.

Además, fue muy crítico con la actuación de la Secretaría de Trabajo durante todo el proceso. "La Secretaría de Trabajo no está funcionando para nada. Para lo único que funciona es para hacernos perder el tiempo a todos y que la gente la pase mal. La mayoría de los conflictos terminan con la gente en la calle porque no toma ninguna posición, aun sabiendo que las empresas no cumplen con la conciliación obligatoria. Ni siquiera les aplican las multas correspondientes", cuestionó.

Con la finalización de la conciliación obligatoria y sin una propuesta de continuidad por parte de la empresa, el conflicto ingresa ahora en su etapa final, con la expectativa puesta en el cumplimiento de las obligaciones laborales pendientes y el pago de las indemnizaciones a los trabajadores despedidos.

En el marco del conflicto laboral que mantiene con la empresa Unionbat S.A., el Sindicato de Industrias Químicas y Petroquímicas de Zárate volvió a denunciar una serie de incumplimientos durante una audiencia realizada este martes en la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social de Entre Ríos.

Según consta en el acta correspondiente al expediente N° 3434021, la audiencia se desarrolló este 4 de agosto en Paraná, en el marco de la conciliación obligatoria dictada por el organismo provincial.

Durante la reunión, la representación sindical manifestó que la empresa no presentó propuestas para resolver el conflicto y ratificó todas las denuncias realizadas previamente ante la Secretaría de Trabajo.

Entre los principales reclamos, el gremio sostuvo que Unionbat S.A. no cumplió con la conciliación obligatoria, ya que, según afirmó, desde el inicio de esa instancia no reincorporó a los trabajadores afectados. Además, denunció la falta de pago de los salarios correspondientes a la primera quincena de julio, el incumplimiento de acuerdos económicos —entre ellos pagos por horas extras y beneficios previstos en el convenio colectivo para trabajadores jubilados— y la interrupción de la cobertura de la obra social por falta de ingreso de los aportes y contribuciones patronales.

Ante este escenario, el sindicato advirtió que, una vez finalizada la conciliación obligatoria, llevará adelante medidas de acción directa y/o acciones judiciales en defensa de los derechos de los trabajadores.

Asimismo, solicitó a la Secretaría de Trabajo que intime a la empresa a cumplir con sus obligaciones laborales en tiempo y forma y que aplique las sanciones correspondientes por los incumplimientos constatados.

Por su parte, la representación de la empresa ratificó lo manifestado previamente, según quedó asentado en el acta, sin que se incorporaran nuevos argumentos durante la audiencia.

La actividad industrial volvió a caer en junio, según estimaciones de la Unión Industrial Argentina (UIA). La entidad fabril estimó una baja interanual de alrededor de 1,8% y una variación mensual desestacionalizada de -0,2% frente a mayo.

Según el Informe de Actualidad industrial, los indicadores adelantados mostraron una dinámica heterogénea entre sectores, aunque sin alterar el panorama general de bajo nivel productivo.

Entre los sectores con bajas figuraron la construcción, la metalmecánica, el acero y los autos, mientras que hubo mejoras puntuales en bebidas, faena vacuna, consumo de energía eléctrica de grandes usuarios industriales y patentamiento de maquinaria industrial.

La estimación surge de cálculos propios del CEU-UIA elaborados con datos de consumo de energía eléctrica, demanda industrial y consultas a referentes sectoriales. En ese relevamiento, la entidad describió una dinámica heterogénea durante junio, pero sostuvo que el cuadro general de producción siguió débil.

Los indicadores ligados a la construcción mostraron nuevas bajas mensuales en el sexto mes del año. Los despachos de cemento cayeron 2,7% frente a mayo, 2,1% respecto de 2025 y 24,1% frente a 2022. El Índice Construya retrocedió 2,0% en el mes, subió 0,5% interanual y quedó 29,8% por debajo de 2022.

La actividad industrial también registró descensos en ramas manufactureras sensibles. La metalmecánica bajó 0,3% mensual, 5,7% frente a 2025 y 18,1% respecto de 2022. La producción de acero retrocedió 4,6% frente a mayo, aunque subió 10,2% interanual y quedó 9,4% por debajo de 2022.

El sector automotor casi no mostró cambios en la comparación mensual, con un alza de 0,2 por ciento. Aun así, fue uno de los rubros de peor desempeño anual: cayó 18,3% frente a 2025 y 16,0% respecto de 2022, de acuerdo a los números de la UIA.

En alimentos y bebidas, junio dejó resultados mixtos. La producción de bebidas avanzó 4,2% frente a mayo, pero cayó 2,8% interanual y 13,2% frente a 2022. La faena vacuna subió 5,3% mensual y retrocedió 5,7% frente a 2025 y 5,2% respecto de 2022.

Otros segmentos sí mejoraron en la comparación anual. La producción láctea bajó 1,2% mensual, pero quedó 5,2% por encima de 2025 y 2,1% arriba de 2022. La molienda de oleaginosas cedió 0,6% frente a mayo y mostró subas de 1,5% interanual y 2,5% frente a 2022.

Entre los indicadores con repunte también apareció el consumo de energía eléctrica de grandes usuarios industriales. Ese dato subió 1,4% mensual, 6,2% frente a 2025 y todavía se ubicó 5,6% por debajo de 2022.

El patentamiento de maquinaria industrial creció 9,4% frente a mayo. Pese a esa mejora, quedó 0,1% por debajo de 2025 y 5,3% debajo de 2022.

En el frente externo, las exportaciones hacia Brasil mostraron una mejora de 15,6% frente a mayo. También crecieron 3,8% respecto de 2025 y 4,0% frente a 2022.

La UIA atribuyó ese avance a mayores ventas de productos primarios, molienda, combustibles, aluminio y autos. A la vez, la liquidación de divisas agroindustriales aumentó 17,9% mensual, aunque cayó 13,4% frente a 2025 y 30,3% respecto de 2022.

La crisis laboral que atraviesa el Parque Industrial de Gualeguaychú sumó este viernes nuevas definiciones. Mientras que en Laboratorios Pyam se hicieron efectivos los 11 despidos que permanecían bajo conciliación obligatoria, el conflicto en Unionbat continuará abierto tras la decisión de la Secretaría de Trabajo de Entre Ríos de extender esa instancia hasta una nueva audiencia prevista para el 4 de agosto.

Según confirmó el responsable gremial de Petroleros y Químicos, Martín Gómez, este viernes "se hicieron efectivos los 11 despidos de Pyam", luego de que venciera la conciliación obligatoria sin que se alcanzara un acuerdo entre las partes.

El dirigente cuestionó además el accionar de la Secretaría de Trabajo provincial al señalar que el gremio había solicitado el martes una prórroga de la conciliación para intentar mantener abiertas las negociaciones. "Pedimos la extensión de la conciliación obligatoria y desde la Secretaría de Trabajo ni nos contestaron. Es una falta de respeto total", expresó.

El conflicto en Pyam se arrastra desde fines de junio, cuando la empresa anunció la desvinculación de 11 trabajadores, que se sumaron a otros ocho despidos concretados durante abril. En ese momento, la Secretaría de Trabajo dictó la conciliación obligatoria, lo que permitió la reincorporación provisoria de los empleados mientras avanzaban las negociaciones. Sin embargo, en la última audiencia la empresa ratificó su decisión de mantener las cesantías y finalmente este viernes quedaron efectivas.

En paralelo, el conflicto en Unionbat sigue sin resolverse. Gómez informó que la conciliación obligatoria fue extendida y que la próxima audiencia entre la empresa, el gremio y las autoridades laborales fue fijada para el 4 de agosto, a las 11, en Paraná.

"Mientras tanto seguimos esperando una propuesta para trasladarles a los trabajadores que están acampando afuera de la fábrica", indicó el representante sindical.

Además, denunció incumplimientos salariales por parte de la empresa. "Unionbat le debe la primera quincena de julio y los acuerdos que tiene con algunos trabajadores por temas de cambios de turnos", afirmó.

El conflicto en la firma fabricante de baterías comenzó tras el despido de 101 trabajadores, lo que derivó en un acampe permanente frente a la planta y en diversas medidas de protesta. Aunque la Secretaría de Trabajo ordenó retrotraer los despidos mediante una conciliación obligatoria, los empleados denunciaron que la empresa mantuvo cerradas las instalaciones y no permitió su reincorporación efectiva.

La situación de ambas empresas mantiene en vilo a más de un centenar de familias de Gualeguaychú y continúa siendo uno de los principales focos del conflicto laboral que atraviesa el Parque Industrial local.

Desde la Agencia de Desarrollo Gualeguaychú (Codegu) informaron que en el día de ayer se produjo la rotura de un caño perteneciente a la red pública del sistema de conducción de efluentes tratados desde la Planta de Tratamiento de Efluentes Cloacales e Industriales del Parque Industrial, el cual fue reparado en horas cercanas al mediodía de ayer.

“Resulta importante remarcar que esta situación respondió a una rotura ocasionada por el desgaste propio del uso de la infraestructura y eventualmente por movimientos de suelo propios del lugar, y no obedeció a una falta de mantenimiento. Como ocurre con cualquier sistema de conducción, este tipo de cañerías puede sufrir roturas pese a los controles y tareas que se realizan de manera permanente”, manifestaron. 

Desde Codegu apuntaron que “el caño afectado y reparado es el que conduce los efluentes ya tratados hacia su punto de descarga final, los cuales cumplen con los límites permitidos por la normativa vigente”.

También resaltaron que “tal como establecen los protocolos correspondientes, el hecho fue informado de manera inmediata a la Dirección de Ambiente de la Municipalidad, manteniéndose una comunicación permanente con las autoridades competentes”.

Por último, aclararon que “la contingencia no afectó el normal funcionamiento de la Planta de Tratamiento de Efluentes, la que continuó operando con normalidad mientras avanzaban las tareas de reparación”.