En el marco de una tensión creciente entre el sector académico y el Gobierno nacional, la Asociación Gremial de Docentes Universitarios (AGDU) confirmó su adhesión al paro total de actividades previsto para la próxima semana. La decisión, que afectará el normal inicio del ciclo lectivo en diversas facultades, fue ratificada tras el Plenario de Secretarias y Secretarios Generales de la Conadu.

La medida de fuerza se extenderá desde el lunes 16 hasta el viernes 20 de marzo inclusive, bajo la modalidad de paro sin asistencia a los lugares de trabajo.

Un sistema al límite

Desde el gremio expresaron un profundo malestar por la situación económica que atraviesan los trabajadores de la educación superior. Según el comunicado oficial, el sector lleva "dos años sosteniendo las universidades en condiciones inviables", producto de la combinación de una inflación sostenida y la ausencia de negociaciones paritarias que compensen la pérdida del poder adquisitivo.

"Con salarios deteriorados y sin paritarias reales, el gobierno pretende profundizar el vaciamiento del sistema universitario", advirtieron desde la conducción gremial.

El eje del reclamo: La Ley de Financiamiento

Para AGDU y la federación nacional, la resolución del conflicto no admite grises. La consigna principal de la jornada de protesta es la plena vigencia y aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, la cual consideran la única herramienta legal capaz de garantizar el funcionamiento de las instituciones y salarios dignos para los docentes.

"La Ley de Financiamiento Universitario no se toca, SE CUMPLE", sentenciaron, dejando en claro que la flexibilización de esta normativa es el punto de mayor fricción con las políticas actuales del Ejecutivo.

Fuente: APF Digital

Al igual que las distintas localidades de todo el país, Gualeguaychú se vio afectada este jueves por el paro nacional de 24 horas convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT) en rechazo a la reforma laboral que se debate en la Cámara de Diputados. La adhesión de múltiples sectores provocó una jornada que -en cierta medida- condicionó el desarrollo de las actividades diarias y de la prestación normal de servicios interrumpidos en la ciudad.

El transporte público fue uno de los sectores más perjudicados. Por la adhesión de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) al paro, las líneas de colectivos 1, 4 y 5 no prestaron servicio durante toda la jornada, dejando sin movilización urbana a miles de vecinos, con lo cual la población debió buscar alternativas para trasladarse.

En el Parque Industrial Gualeguaychú, la medida de fuerza se tradujo en la concentración de trabajadores frente a las fábricas, con ceses de actividades en empresas como Unilever, Unionbat, Silicatos y Laboratorios Pyam. Los gremios químicos y aceiteros se manifestaron en las puertas de los establecimientos hasta horas de la tarde, y explicaron que la protesta responde al rechazo a las políticas laborales impulsadas por el Gobierno nacional.

La Facultad de Bromatología también se sumó al paro: tanto docentes como no docentes adhirieron a la medida, lo que dejó sin actividad presencial ni movimiento en la sede local. La única instancia educativa —el CAVU, que combina actividades a distancia— prácticamente no registró movimiento de estudiantes.

Por su parte, la Cooperativa Eléctrica de Gualeguaychú permaneció cerrada al público por la adhesión de sus trabajadores al paro general. Aunque se garantizaron guardias mínimas para emergencias y servicios esenciales, las oficinas y atención al socio no funcionaron durante el día.

El Gobierno descontará el día a los estatales que se adhieran al paro nacional contra la reforma laboral, en una señal de firmeza frente a la medida de fuerza convocada por la Confederación General del Trabajo (CGT) para el jueves, cuando la Cámara de Diputados trate el proyecto impulsado por el oficialismo.

La advertencia fue confirmada por altas fuentes de Casa Rosada, que ratificaron que se aplicará el descuento salarial a quienes no concurran a sus lugares de trabajo o no cumplan funciones durante la jornada de protesta. “Pueden hacer lo que quieran, pero están avisados de que les vamos a descontar el día a quienes se adhieran”, sostuvo uno de los funcionarios consultados por Infobae.

La decisión se enmarca en el tratamiento legislativo de la reforma laboral, que el oficialismo de La Libertad Avanza busca dictaminar el miércoles para llevarla al recinto el jueves. En caso de concretarse ese cronograma, la CGT avanzará con un paro nacional con impacto en todo el país.

Sin transporte y con advertencias oficiales

A diferencia de la última medida general de 2025, esta vez no habrá colectivos, trenes, subtes ni taxis, ya que los gremios del transporte confirmaron su adhesión. Esto implicará mayores dificultades logísticas para los empleados públicos que deban trasladarse a sus puestos de trabajo.

Desde el Gobierno aseguraron que cada organismo deberá organizar a su personal para garantizar la prestación de servicios. “Habrá que organizar a todos los empleados. Pero tienen que venir a trabajar sí o sí. Cómo sea”, expresó un alto funcionario libertario.

La Unión Personal Civil de la Nación (UPCN), conducida por Andrés Rodríguez, confirmó su adhesión al paro, aunque no participará de la movilización. En cambio, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) anunció que marchará frente al Congreso el día del debate.

Movilización y críticas al proceso legislativo

El secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, comunicó la decisión de convocar a un paro con movilización y cuestionó el tratamiento parlamentario del proyecto. “No creemos que la mejor estrategia sea hacerle el juego al Gobierno, dejando vacío el Congreso en las calles para que los diputados ahora puedan actuar con mayor facilidad”, afirmó.

El dirigente sostuvo que la presión en la vía pública es clave para frenar el avance de la iniciativa oficialista. En referencia al debate en el Senado, ironizó que durante la votación “hubo más valijas en el Congreso que en la estación de Retiro durante las vacaciones”.

Por su parte, Andrés Rodríguez, también secretario adjunto de la CGT, justificó el paro al considerar que el proyecto “quita derechos y no va a crear ni un solo empleo”. Señaló que la reforma contiene aspectos que deben ser revisados en profundidad.

El foco en las licencias médicas

El detonante del llamado al paro fue la polémica en torno al artículo que reducía sustancialmente el régimen de licencias médicas. Tras la repercusión pública, el oficialismo anunció que introducirá modificaciones en ese punto durante el tratamiento en comisiones.

En Casa Rosada sostienen que esa rectificación debilita la consigna sindical, aunque reconocen que el debate abrió cuestionamientos sobre otros artículos de la denominada Modernización Laboral.

Rodríguez advirtió que, además de las licencias, existen otras disposiciones que preocupan al sindicalismo, como la ultraactividad de los convenios colectivos, la posibilidad de que un convenio de empresa prevalezca sobre uno por actividad y la exigencia de autorización para realizar asambleas en los lugares de trabajo.

La dinámica del paro también evidenció tensiones internas. El secretario general de La Fraternidad, Omar Maturano, confirmó que “todo el transporte va a paralizar su tarea por 24 horas”, siguiendo la decisión de la CGT.

Sin embargo, desde otros sectores cuestionaron la modalidad elegida. El titular de la UOM Córdoba, Rubén Urbano, calificó de “bastante tibios” a los dirigentes cegetistas por no convocar a un paro con movilización masiva.

“No nos sirve un paro dominguero, un paro matero en estos momentos cruciales. No se trata de un acuerdo salarial, sino de algo gravísimo como quitar todas las leyes y derechos que tenemos los trabajadores”, sostuvo el dirigente metalúrgico.

Con el descuento salarial como advertencia y el transporte paralizado, el paro nacional contra la reforma laboral se anticipa como un nuevo capítulo de tensión entre el Gobierno y el sindicalismo, en una semana clave para el futuro del proyecto en el Congreso.

La huelga total en los aeropuertos de todo el país, inicialmente prevista para este lunes 2 de febrero, fue postergada por el gremio ATE tras la advertencia de sus equipos legales sobre la necesidad de cumplir con la ley de esencialidad.

La normativa vigente exige un preaviso mínimo de cinco días para este tipo de servicios, lo que traslada la fecha probable del cese de actividades al próximo lunes 9 de febrero. Sin embargo, a pesar de la prórroga de la medida principal, el sindicato mantiene un estado de asamblea permanente en las distintas terminales, una situación que ya comenzó a generar retrasos y complicaciones en la programación de los vuelos domésticos e internacionales.

El conflicto se originó a raíz de un incumplimiento salarial por parte de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC). Según denunciaron desde el gremio, el Gobierno Nacional dio marcha atrás con un incremento en el adicional por "racionamiento" que ya figuraba liquidado en el sistema oficial y no depositó los haberes en la fecha estipulada. 

"El Gobierno tomó la incomprensible decisión de dar marcha atrás con un incremento salarial ya acordado, reliquidar los haberes y dejar a los trabajadores sin salarios", expresó Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE, quien remarcó que el aumento ya era visible en los recibos de sueldo de los empleados a través del sistema SARHA.

Fuentes de la ANAC indicaron que se encuentran trabajando para desactivar la protesta y garantizar que no haya afectaciones en las operaciones aéreas. No obstante, los delegados gremiales fueron taxativos al señalar que la medida se ratificará este lunes mediante el anuncio formal. "No sabemos cuándo vamos a cobrar y están desconociendo un aumento que había sido liquidado", manifestó Marcelo Belelli, referente de ATE en Ezeiza, quien calificó la decisión oficial como una maniobra política que perjudica gravemente el poder adquisitivo de los trabajadores del sector.

De concretarse el paro el 9 de febrero, la medida de fuerza se extenderá por 24 horas y afectará áreas críticas como control terrestre, sanidad, bomberos y administración en los 30 aeropuertos de la Argentina. Durante esa jornada, la totalidad de los vuelos comerciales quedarían cancelados, exceptuando únicamente los traslados sanitarios, humanitarios, del Estado o de órganos para trasplantes. 

Mientras tanto, durante el transcurso de esta semana, la operatividad en los mostradores y pistas continuará sujeta a las demoras derivadas de las asambleas informativas en los lugares de trabajo.

Sindicatos estatales provinciales reunidos en la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) resolvieron este martes convocar a un paro general para el 11 de febrero, día en que se tratará la reforma laboral en el Senado de la Nación. Además, evalúan realizar medidas en todo el país para presionar a los gobernadores.

La medida fue anunciada por el Frente de Sindicatos Estatales y Gremios de Empresas Públicas. "Ir al paro, a una huelga general el día que se trate la reforma laboral es absolutamente necesario y obligatorio para el movimiento obrero, pero no puede ser una medida aislada", expresó Rodolfo Aguiar, titular de ATE.

El gremialista exhortó también a sus compañeros sindicales a "pensar en un plan de lucha que comience con anterioridad" al paro. "Tenemos que salir a la calle antes de que el proyecto comience a ser tratado en el Senado", dijo.

En ese sentido, propuso realizar acciones en las diferentes provincias administradas por mandatarios que apoyen la reforma. "Tenemos que pensar en que debemos hacerles sentir todo nuestro rigor a los gobernadores. Nos tenemos que esforzar para evaluar la posibilidad de establecer un cronograma de protestas y movilizaciones en algunas provincias que decidieron ser funcionales a Milei y que nos quieren vender por dos pesos a todos los trabajadores”, señaló.

Aguiar puso el ojo en los gobernadores, a raíz de las intensas recorridas que lleva a cabo el ministro del Interior, Diego Santilli, en busca de apoyo. “Las recorridas de Santilli muestran que sin los gobernadores, el Gobierno no puede. Por lo tanto tenemos que colocar a los mandatarios provinciales dentro de los principales responsables de avalar una legislación que nos retrotrae más de 100 años en materia de derechos”, disparó.

En lo que concierne a la reforma, el representante de estatales denunció que el Gobierno pretende "quitarle protección y debilitar al extremo a todos los trabajadores", mientras paralelamente aspiran a "multiplicar el poder que tienen los patrones". "Esto no puede terminar en nada bueno”, pronosticó.

Por ese motivo llamó a los trabajadores del Estado a salir a la calle a manifestarse contra la reforma. "No podemos ser testigos pasivos de la vulneración de la constitución. Es la ley fundamental que rige nuestra convivencia democrática. Al Gobierno que encabeza Milei tenemos que ponerle límites y decir basta”, concluyó.

Además de ATE, formaron parte de la reunión gremios de las actividades judiciales, de salud, de vialidad, de energía, de telecomunicaciones, jerárquicos bancarios, de PAMI, portuarios, docentes e investigadores universitarios, entre otras, como así también jubilados, abogados laboralistas, ex jueces laboralistas y académicos.

Desde el gremio de estatales afirmaron que, contrario a lo que asegura el Gobierno, la reforma "sí afecta al sector público" ya que organismos estatales son regidos "total o parcialmente por la Ley Contrato de Trabajo que este proyecto pretende modificar". En ese sentido, mencionaron a PAMI, ANSES, Vialidad Nacional, Dirección General Impositiva, Dirección General de Aduanas, Administración General de Puertos, Nucleoeléctrica Argentina (NASA), Yacimiento Carboníferos Río Turbio (YCRT), Autoridad de la Cuenca Matanza-Riachuelo (ACUMAR), el Hospital Garrahan, Dioxitek, Intercargo, Belgrano Cargas, entre otros.

También denunciaron que la reforma laboral propone un cambio "en la no presunción de vínculo laboral en la figura del monotributo". En ese sentido, aseguran que se pretende "perpetuar el fraude tanto en el Estado nacional como en las provincias y los municipios" para con los trabajadores que se encuentran encuadrados bajo dicha figura laboral.

Fuente: APFDigital

El paro de transporte en todo el país afecta a miles de usuarios que hoy solo tienen la posibilidad de tomar colectivos para llegar a sus trabajos, turnos médicos, entre otras responsabilidades. Frente a este escenario, hay largas filas en las paradas de ómnibus.

Este miércoles 30 de octubre trenes, subtes, camiones, aviones, bancos, educación y transporte marítimo no prestarán servicio ante la medida gremial, motivo por el cual durante toda la jornada solo funcionarán colectivos.

Frente a esta situación, miles de pasajeros se encuentran congregados en las principales paradas de ómnibus con la idea de poder arribar, en algún momento, a sus actividades.

“Hoy es un desastre y mañana no me quiero imaginar. Para la gente que labura es una vergüenza esta medida”, expresó una usuaria en Lanús.

“Sabemos que es político, que quieren torcerle el brazo al Gobierno, pero no van a poder. Avisé que mañana no voy a ir a trabajar porque no hay colectivos”, manifestó otra pasajera.

Se espera que durante este miércoles haya piquetes y cortes en distintos puntos de la Argentina para continuar con el reclamo.

“Por el paro pierdo dos horas de ida y dos de vuelta. Está bien lo que reclaman, pero estaría bueno con puedan estar un poco más del lado del usuario”, reclamó otro pasajero.

Este jueves ATE realizará una medida de fuerza a nivel nacional que se manifestará de diferentes formas en la provincia: Paro, paro activo, asambleas y las diversas modalidades que implemente cada organismo del Estado nacional, provincial y municipal garantizando las guardias mínimas.

En Entre Ríos también se suma el reclamo de aumento y recomposición salarial para provinciales, municipales y nacionales. Además del fin de la precarización laboral y contra la reforma de la Ley 8732 de jubilaciones y pensiones.

Reclamos en Entre Ríos

-Aumento y recomposición salarial trabajadores del Estado nacional, provincial, municipal activos y pasivos.

-Rechazo modificación Ley 8732 Régimen Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos.

-Regularización y estabilidad laboral.

-Anulación del DNU 70/23.

-Cese de las políticas de ajuste, miseria y hambre.

-Rechazo a cualquier privatización de empresas públicas.

-Defensa del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) y de todas las y los trabajadores jubilados.

-Anulación del Protocolo Anti-Movilizaciones. Fuente:  APFDigital

La conclusión más importante de lo que pasó el jueves no es si la gente, esa figura fría y abstracta, la está pasando mal. Es una obviedad. Buena parte de los que pararon o no pararon no fue para apoyar a los sindicatos o al Gobierno. Se equivocan ambos si hacen la lectura contraria. El que paró lo hizo más allá de los sindicatos que también gozan de escasa credibilidad. Y el que no paró, no lo hizo para apoyar al gobierno de Milei. La pregunta del millón es que hubiera pasado si el transporte no se sumaba a la medida de fuerza. ¿Cuál hubiera sido el impacto real del paro? Es difícil saberlo, aunque los bajos niveles de acatamiento a la medida en la actividad privada podrían ser un indicio. 

En el Gobierno muchos lo tomaron como una traición. En la Ley Bases que trata el Senado todos los puntos ríspidos para los sindicatos desaparecieron. La bombardeada “reforma laboral” quedó tan recortada que parece un engendro, en relación a lo que originalmente pretendía el oficialismo. Si con tantas concesiones, la respuesta fue un paro general, ¿para qué lo hicieron? ¿Pecaron de ingenuos? Es probable, en la Argentina si hay una casta que sabe lo que hace es la sindical que, en la mayor parte de los casos, lleva más de 20 años en el poder. Han negociado con todos los gobiernos (peronistas, radicales y el PRO) y a todos les sacaron ventaja. Cuando tuvieron que ser oficialistas lo fueron y cuando tuvieron que chirlear también lo hicieron. Son más o menos los mismos de siempre. El resto, pasa.

Por eso, habrá que ver hasta dónde llega la determinación de los libertarios de ponerle el cascabel a este gato. El Presidente fue claro cuando asumió: si quieren conflicto van a tener conflicto. Claro que esa declaración de principios choca con la realidad de un gobierno que se ha visto obligado a hacer concesiones para conseguir algunos de sus objetivos. Es una máxima de la política: pelear por arriba y negociar por abajo.

En este curso acelerado de gobernabilidad que va haciendo el Presidente, los sindicatos tienen un lugar especial. ¿Se atreverá como anunció a meter mano en la caja? ¿A ponerle tope a las reelecciones y favorecer la oxigenación de las conducciones? Aquí radica el nudo de la pelea. Seamos honestos. Muchos de los actuales cegetistas estaban con la flexibilización laboral de los años del menemismo. Después se hicieron kirchneristas de Néstor y cristinistas de Cristina. Con Fernández también fueron albertistas y apoyaron abiertamente a Sergio Massa para la presidencia. No tienen pruritos en cambiar de rumbo, aunque, es justo reconocerlo, han sido refractarios a todos los gobiernos no peronistas desde el retorno de la democracia. De hecho, le clavaron a Milei el récord del paro más rápido de la historia.

Nadie quiere vivir como vive, pero los voceros tampoco son los mejores. Sería una buena forma de resumir lo que ha pasado en las últimas horas. Si la dirigencia política ha fracasado en mejorar la calidad de vida de los argentinos, los sindicatos tienen aportaron su cuota y son parte de la responsabilidad. Grande en algunos casos porque han formado parte activa de gobiernos con los que compartían ideología. Nadie explica aún qué hicieron los cuatro años del gobierno de Alberto y Cristina que tuvo altos niveles de inflación y deterioró el poder adquisitivo de los salarios. Veían otro canal evidentemente o no querían perjudicar a un gobierno del mismo palo. ¿Con qué autoridad, entonces, hoy levantan el dedo acusador?

Después del paro de 24 horas todo siguió igual. Sirvió para la comidilla política y la pelea feroz, con insultos y amenazas entre los sindicatos y el Gobierno. El cruce entre Pablo Moyano y el Ministro Caputo no es un modelo de corrección política y lleva la pelea a otros niveles. La Argentina no necesita más gritos y amenazas. Necesita que se pongan a trabajar si es que ese es el interés supremo, el cual, a esta altura, es para dudar.

La Ley Bases es probable que vuelva a Diputados. Las objeciones de los aliados la harán retornar a la Cámara de origen. El Gobierno ya trabaja para asegurarse los votos que la ratifiquen. Milei tendrá su ley. Recortada y alejada de lo que originalmente ambicionó. Pero ley al fin. El punto de partida para una reforma de fondo que, por ahora, está prendida de alfileres. Como la economía de dos caras. Los números grandes y los chicos. Los grandes sonríen, los chicos crujen y crujen. El tiempo pasa y la paciencia se agota.

Los trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina iniciaron un paro en todas las plantas aceiteras y desmotadoras del país. Esta medida de fuerza, que comenzó el pasado lunes al mediodía, se lleva a cabo en rechazo al retorno del impuesto a las Ganancias para los trabajadores y en oposición a la denominada Ley Ómnibus, conocida como "Bases" por el gobierno nacional.

La Federación Nacional Aceitera, en conjunto con el Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros de San Lorenzo (SOEA), lanzó el paro por tiempo indeterminado en reclamo de salarios y condiciones laborales dignas para los trabajadores.

Las organizaciones sindicales denuncian que la mencionada ley pretende imponer una regresiva reforma laboral que incluye tercerización, fraude laboral, facilidad para despidos discriminatorios y privatizaciones de empresas del Estado.

“La Reforma Laboral contenida en la Ley Ómnibus no tiene nada de modernización, es un gran retroceso. Deroga las indemnizaciones agravadas para las personas que trabajan y no son registradas. Legaliza el fraude laboral con la figura del ‘trabajador independiente’, por fuera de toda protección legal”, se afirma en un comunicado.

Además, señalan que la propuesta amplía el período de prueba, facilita la discriminación y los despidos, y afecta especialmente a las mujeres al permitir trabajar hasta 10 días antes del parto, entre otras disposiciones.

En otro punto señala que “también se pretende volver a instalar al Impuesto al Salario, mal denominado Impuesto a las Ganancias, en el que entraremos todos los trabajadores aceiteros y desmotadores.

En esa línea, desde Soea denunciaron y rechazaron “la presencia de Gendarmería en las zonas de los puertos aceiteros para amedrentar, y hacemos responsables al Poder Ejecutivo Nacional y a los gobiernos de las provincias por la integridad física de las y los trabajadores que ejercen su derecho constitucional de Huelga”.

Por último, apuntaron: “Contra la reforma regresiva e inconstitucional, contra la reinstalación de la cuarta categoría de Ganancias, contra las privatizaciones y el saqueo de los recursos del pueblo argentino, comenzamos el paro por tiempo indeterminado a partir de este momento”.

El encuentro virtual entre referentes de la Unión Tranviario Automotor (UTA) y la Federación Argentina de Transportadores de Automotor de Pasajeros (FATAP) no encontró un punto en común en el reclamo salarial para los choferes del interior del país. Si bien volverán a reunirse el lunes 11 de marzo, la entidad sindical adelantó que realizarán un paro total por 48 horas el miércoles 13 y el jueves 14.

La audiencia fue convocada por la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo del Ministerio de Capital Humano de la Nación. De la misma participaron los dirigentes de los trabajadores nucleados en la UTA y los empresarios representados por la FATAP.

En el encuentro, los representantes de FATAP señalaron que la situación en cuanto a la asignación de recursos al sector no ha variado sustancialmente. Luego agregaron que "las autoridades competentes en la materia a nivel provincial y municipal no han tomado conciencia de la gravedad de la situación del Transporte del Interior".

Tras ello, los empresarios apuntaron que reiteran lo señalado en audiencias anteriores y solicitó a los sindicalistas y a la Secretaría de Trabajo un cuarto intermedio hasta el lunes 11 de marzo. La idea de la FATAP es analizar y estructurar una posición definitiva en relación a la pretensión sindical y las reales posibilidades de las empresas.

A su turno, los dirigentes gremiales señalaron que la posición del sindicato "no ha cambiado". Y ratificaron que "la negociación salarial y las necesidades de los trabajadores es la misma". Aseguraron que se continúa colocando a los empleados del sector "como rehenes de intereses que nos resultan ajenos, mientras en esta puja el tiempo pasa y los daños avanzan".

Los representantes de la UTA luego aseveraron que "ratificamos nuestra pretensión y exhortamos nuevamente a nuestros empleadores y las autoridades públicas a poner fin a esta lamentable posición de poderes. Continuaremos bregando donde sea necesario para revertir la situación de nuestros representados y ocurriremos con todas las herramientas que la ley nos brinda para poder llegar a destino con paz social".

Por último, acotaron que "la negativa empresaria a alcanzar un acuerdo sectorial, como ya lo hemos manifestado, nos lleva a que las medidas de acción gremial se profundicen. Conforme ello se ha resuelto un paro de 48 horas en el interior del país, durante los días miércoles 13 y jueves 14 del corriente". Y concluyeron que, de no tener respuesta adecuada a la pretensión sindical, las medidas se profundizarán "hasta tanto se suscriba el acuerdo salarial que los trabajadores demandan".

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) a nivel nacional se declaró "en estado de alerta" ante las fallidas negociaciones paritarias: amenazó con ir a un paro de colectivos y este martes envió una carta al ministro de Economía, Luis Caputo.

Tras la salida del ministro de Infraestructura, Guillermo Ferraro, el sindicato conducido por Roberto Fernández apuntó contra Hacienda por el estadio "en emergencia" al tiempo que remarcó que "ya que no están en condiciones de operar".

En la última audiencia celebrada el lunes, la UTA exigió tres condiciones de ajuste en sus salarios para no activar la medida de fuerza y avanzar con las negociaciones:

La previsión de revisión incluyó también un adicional por viáticos o gastos, mientras que calificaron de "vergonzosa" la propuesta de actualizar un 25% con un adicional de $ 60.000 por única vez por parte de las empresas que brindan el servicio.

Este martes y en la carta enviada a Caputo, Fernández volvió a reiterar con un paro: "La situación debió ser solucionada, pero no lo está. Esta decisión hoy pone en riesgo el traslado de millones de personas".

En un comunicado oficial, el sindicato advirtió que el miércoles 31 de enero tendrán una audiencia virtual entre con las autoridades de la Secretaría de Empleo, la de Transporte y las Cámaras Empresariales. Este encuentro será fundamental para saber si habrá medidas de fuerza.

El cónclave está pautado para las 12:30 horas y buscará generar un nuevo acuerdo para los choferes de colectivos de corta y media distancia de la región.

El gremio señaló que "existe un grave problema que atraviesa el sistema de transporte" en referencia a los aumentos en el boleto de colectivo, la situación laboral de los trabajadores y la renuncia del ministro de Infraestructura.

“Para mí, más allá de la manifestación que creo que tiene que ser pacífica y va a ser pacífica, en mi caso particular tiene que tener un sentido de profunda autocrítica, del peronismo, de la CGT, de los dirigentes, de los que nunca la van a tener, porque siempre le van a echar la culpa a otros”, dijo en declaraciones a CNN Radio.

“Si hoy en la Argentina se encuentra una situación de ser campeones del mundo en inflación, segundo año consecutivo que somos campeones del mundo en algo, en inflación lamentablemente, es por el desastre que se hizo durante los cuatro años del gobierno de Alberto Fernández”, siguió el ex secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de Peajes.

Respecto de la protesta de hoy frente al Congreso Nacional, Moyano dijo: “Llegué a la conclusión de que la autocrítica la tenemos que hacer todos. Si no hay dirigentes peronistas que hagan autocrítica, acá hay uno que la hace. Este paro tendría que haber sido hace dos años”.

“Yo fui parte del desastre, yo fui diputado nacional, fui en la lista de Alberto Fernández, que antes de ser presidente decía que iba a ser el presidente que iba a terminar con la grieta, que iba a construir el Frente de Todos, que terminó siendo el ‘frente de algunos pocos’, que designaron representantes en empresas importantes y que las fundieron prácticamente a todas”, sostuvo el dirigente político tras referirse al gobierno anterior.

“Yo te puedo hablar de mi actividad en particular, con números concretos, las destruyeron”, sostuvo. Y completó: “Siendo diputado voté muchas estupideces”.

La protesta de la CGT fue decidida semanas atrás, a tan sólo 18 días de la asunción del nuevo gobierno, luego de una reunión del Comité Central Confederal en la sede histórica de la calle Azopardo, donde participaron todos los sectores gremiales. Desde las 12, diferentes organizaciones marchan hacia el Congreso de la Nación, en protesta a las modificaciones a la legislación laboral que incluyen el DNU de desregulación de la economía y el proyecto de ley ómnibus, llamado “Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”, impulsados por el Gobierno de Javier Milei.

“Si estás con ellos, sos bueno. Pero si no estás con ellos, sos la derecha, sos la Embajada de Estados Unidos, el imperialismo. Me pasó a mí con Sergio Massa. Yo estaba en la lista de Massa y era traidor, era de la Embajada, era del Departamento de Estado. Y con esa lógica estamos donde estamos. Hacia adentro hablamos todos, criticamos todos, decimos ‘la culpa de este, la culpa del otro’, pero ¿sabes qué? La culpa es nuestra, es de todos. La culpa es mía también”, continuó.

En otro tramo de la entrevista, y en medio de un fuerte enojo, el dirigente se refirió a su decisión de abandonar su banca como diputado de la Nación, en 2021: “Yo renuncié el 11 de agosto del año 2021. Renuncié a un nuevo gobierno. Le echaron descaradamente la culpa a Martín Guzmán y se acabó el gobierno de Alberto. ¿Vos pensás que esa hipocresía por parte del gobierno no se paga? ¿Vos pensás que no se acabó esto? ¿Vos pensás que no se paga que el peronismo haya pasado a ser el partido de los trabajadores, al partido de los pobres?”.

Además, consideró que el triunfo de Milei “es el efecto” del gobierno anterior. “La causa es el desastre, el papelón institucional, el desastre económico, las peleas de ego, de vanidades, de los dirigentes políticos, entre los cuales me encuentro. Porque más allá de que haya renunciado, sigo siendo dirigente político del peronismo. Y renuncié, ¿sabés para qué? Para tener libertad para la crítica”, sostuvo.

“Hay que dar la cara a la sociedad y decir, sí, nos hacemos cargo. fuimos un desastre. Desnorhamos la historia del peronismo, porque el peronismo es trabajo, el peronismo es movilidad social ascendente, el peronismo es educación”, agregó.

“Se le puede echar la culpa a Macri, a la deuda, que la pandemia, que esto, que lo otro, la guerra fue entre Rusia y Ucrania. Dejemos de mentirnos a nosotros, dejemos de mentir a la gente. Acá hay responsables. Después vamos a tener tiempo para criticar a Milei y las leyes, su construcción a partir de la bronca, su crítica y sus contradicciones. Tenemos todo el tiempo el mundo. Ahora, ¿cuándo vamos a hacer una autocrítica?”, reiteró Moyano.

En tanto, el ex legislador volvió a apuntar contra los dirigentes sindicales: “Son responsables. Yo me incluyo también. La CGT no se mancha. El peronismo no se mancha. Los dirigentes tomamos malas decisiones. Los dirigentes somos egoístas. Pero las instituciones no se manchan. La CGT convoca y convoca. No por los dirigentes. Porque este paro tendría que haber sido hace unos años”.

“Esta marcha tiene que ser una marcha en reclamo de cosas que van en contra de los trabajadores, pero también una marcha para hacer una autocrítica profunda del desastre que fuimos como gobierno”, añadió.

“Me cansé de la hipocresía. Nosotros si somos peronistas tenemos que hablar del peronismo, de la movilidad social ascendente, del trabajo, de que el laburante se pueda ir de vacaciones, de que puede cambiar el auto, de que pueda tener una casa. Eso es lo que yo creo. Y que me puteen los dirigentes sindicales, y hay muchos que ya se tienen que jubilar, que me puteen, me hacen un favor. Ojalá me puteen”, finalizó.

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) anunció que el día del paro general de la CGT – el miércoles 24 de enero- el servicio de colectivos a nivel nacional funcionará normalmente hasta las 19 horas, y que a partir de ese momento adherirán a la medida de fuerza hasta las 00.

A través de un comunicado que lleva la firma del secretario general del gremio, Roberto Fernández, el sindicato de transporte afirmó que “cumplirá con los servicios normales” para luego dejar de transitar en todo el país.

“Los derechos de los trabajadores no se negocian”, cerraron la misiva a una semana de la manifestación, convocada a 18 días de la asunción al Gobierno de Javier Milei en rechazo a la serie de medidas tomadas por las autoridades que afectan los intereses de los sindicalistas.

La medida de fuerza extrema se tomó luego de que el Comité Central Confederal se reuniera a fines de diciembre en la sede histórica de la calle Azopardo. 

La misma se realizó luego de que el Presidente anunciara el decreto de necesidad y urgencia para desregular la economía, el cual fue rechazado por los sectores gremiales al igual que el proyecto de la Ley Ómnibus que se debate en diputados.

Del encuentro participaron referentes de todos los sindicatos, desde los más dialoguistas a los más opositores. Y al final se expuso la decisión adoptada: un paro nacional con movilización para el próximo 24 de enero que empezará a las 12 del mediodía y concluirá a la medianoche.

El vocero presidencial Manuel Adorni anunció este jueves que el Gobierno descontará de sus haberes el día no trabajado a los empleados estatales nacionales que adhieran el próximo miércoles al paro convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT) porque "el salario es una contraprestación" y aseveró que "el que no trabaja, no cobra"."Se ha tomado la decisión de descontar el salario a todos los empleados estatales nacionales que adhieran a la medida. El salario es una contraprestación y quien no trabaje, no cobrará", dijo Adorni en la habitual conferencia de prensa en Casa Rosada.En esta línea, indicó que el Gobierno continúa "esperando argumentos para el paro" programado por la central obrera porque, a su criterio, "no termina de quedar claro" el motivo de la medida de fuerzaAsimismo, Adorni reiteró que estará abierta la línea telefónica 134 para "todos aquellos que se sientan extorsionados, amenazados o obligados a parar. La línea es gratuita y anónima", reiteró.El funcionario consideró que la Argentina "está en una situación de urgencia" y el cambio es necesario para "sacarla de la decadencia".Foto: Daniel DabovePor ese motivo, estimó que "no existe razón para el paro o, al menos, las explicaciones de los porqués son casi infantiles"."No los entendemos. En cuanto a términos jurídicos, llegado al caso habrá novedades sobre el punto en cuestión", remarcó Adorni en referencia a las consecuencias legales que podría tener descontar el día a los estatales.Finalmente, el vocero sostuvo que el Gobierno nacional tiene intención de reunir el Consejo de Salario Mínimo a fin de mes y que "no hay una demora al respecto"."Cuando esté la fecha para plantear el Salariel o Mínimo Vital y Móvil la daremos, se va a convocar en los próximos días", concluyó.(Fuente: Télam)

A tan sólo 18 días de la asunción del nuevo gobierno, la CGT decidió romper lanzas con la presidencia de Javier Milei. Anunció un paro de actividades con movilización para el próximo 24 de enero, en rechazo a la serie de medidas tomadas por las autoridades que afectan los intereses de los sindicalistas. Rechazaron el DNU que desreguló la economía, pero también el contenido de la “ley ómnibus” que buscó abrir la economía, reducir el peso del Estado y aplicar cambios en la vida cotidiana.La medida de fuerza extrema se tomó luego de la reunión del Comité Central Confederal en la sede histórica de la calle Azopardo, donde participaron todos los sectores gremiales, desde los más dialoguistas a los más opositores. Y expuso una decisión que contrasta con lo que ocurrió con los últimos cuatro años, donde no hubo ni un solo día de huelga, pese al deterioro de las condiciones de vida de los trabajadores.En la reunión del Confederal, el paro nacional con movilización -que empezará a las 12 y concluirá a la medianoche del 24- sorprendió porque el propio Pablo Moyano, antes de llegar al encuentro había dicho que no tenía sentido hacer una protesta en medio de las vacaciones. “Hay que instalar un plan de lucha. En enero y febrero los laburantes se toman vacaciones. Entonces tomar una medida en ese momento no tiene mucho valor. Pero sí ir movilizando con actos, plenarios, en las regionales del interior, y que en cada provincia visiten a sus diputados y senadores para que después no voten leyes contra los derechos de los trabajadores”.Según lo que trascendió de lo que ocurrió en la sede de la Confederación General del Trabajo los sindicalistas decidieron reclamar a la política, sobre todo a los sectores que no pertenecen a La Libertad Avanza, como el peronismo, los partidos provinciales, un sector del PRO y del radicalismo, “que actúen en favor de los trabajadores y de la sociedad, que es donde pasa el 100% del ajuste”.Lo cierto es que la central obrera durante el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, en el que se experimentó un grave retroceso en el poder adquisitivo de los salarios -sobre todo los de menor calificación- aumentó la pobreza, creció la indigencia y la inflación hizo estragos en los sueldos, la central obrera se mantuvo aliada al gobierno peronista. 

La CGT realizará el miércoles próximo, a las 12, una movilización a Tribunales para acompañar la impugnación que presentarán en la Justicia contra la reforma laboral y al día siguiente le pondrá fecha a un paro general para protestar contra la reforma laboral de Javier Milei.

Lo resolvieron unos 50 dirigentes gremiales que deliberaron esta tarde en la sede de la UOCRA, en avenida Belgrano al 1800, en un clima de enorme malestar por el contenido de la reforma laboral del Gobierno, al que calificaron de “inconstitucional” y “violatorio de los derechos de los trabajadores”.

Del encuentro participaron los abogados de la CGT, con quienes se analizaron las presentaciones judiciales que se harán para tratar de frenar algunas de las medidas anunciadas. La marcha del miércoles, precisamente, será hacia Tribunales para que los sindicalistas, acompañados por delegados, presenten ante la Justicia el pedido de inconstitucionalidad de la reforma laboral.

Para el jueves próximo, la CGT convocará al Comité Central Confederal, su máximo órgano ejecutivo, con el fin de decidir un paro general en rechazo del DNU del gobierno de Milei. La última huelga general de la CGT fue el 29 de mayo de 2019, la quinta que concretaron contra Mauricio Macri.

De todas formas, se decidió profundizar los contactos con diputados y senadores opositores para bloquear el DNU en el Congreso y lograr que el Gobierno acepte tratar “ley por ley” para impedir que sus modificaciones se apliquen por decreto. Este mediodía, una delegación de la CGT estuvo reunida con el bloque de diputados nacionales de Unión por la Patria para consensuar esta estrategia.

La CGT estaba convencida de que sus charlas secretas con el ministro del Interior, Guillermo Francos, habían logrado desactivar los aspectos de la reforma laboral que amenazaban su poder. No fue así. Si bien la presión cegetista habría logrado que saliera de la reforma el impulso a la negociación de convenios por empresa, que hubiera sido la peor amenaza al viejo modelo sindical, en el DNU se impulsa una dura limitación del derecho de huelga en servicios considerados esenciales, donde se incluyó a la educación y el transporte como parte de un extenso listado de actividades a las que se les exigirá garantizar un 75% o un 50% de los servicios mínimos para no afectar a los usuarios.

Aunque los sindicalistas creían que lo habían desactivado, Milei mantuvo en el capítulo laboral del DNU una medida que pondrá en jaque a las cuotas solidarias, esa herramienta de recaudación adicional para los sindicatos mediante cláusulas en los convenios que fijan descuentos compulsivos a todos los trabajadores de una actividad, sean o no afiliados a la organización gremial.

En la reforma Milei se autorizan “sólo si existe un consentimiento explícito del empleado autorizando el mismo”. Pero la clave de esa “caja” sindical, creada en los años noventa para compensar la caída en la afiliación por los cambios económicos de Carlos Menem, es justamente que se les descuente a todos los trabajadores de la actividad sin necesidad de que deban dar su consentimiento explícito.

Las cuotas solidarias, sin embargo, podrían tener una ventana legal abierta: en el DNU se establece el mantenimiento de la ultraactividad de los convenios colectivos, que obliga a mantener su vigencia hasta no negociar uno nuevo, al sostener que “una convención colectiva de trabajo cuyo término estuviere vencido solamente mantendrá subsistentes las normas referidas a las condiciones de trabajo establecidas en virtud de ellas (cláusulas normativas) y hasta tanto entre en vigencia una nueva convención colectiva o exista un acuerdo de partes que la prorrogue”. Pero agrega: “El resto de las cláusulas (obligacionales) podrán mantener su vigencia sólo por acuerdo de partes o por la específica prórroga dispuesta por el Poder Ejecutivo Nacional”. De esa forma, quedaría a salvo la ultraactividad para las condiciones de trabajo y también las cuotas solidarias, por ejemplo, porque justamente se incluyen en los convenios por acuerdo de empresarios y sindicalistas.

El otro elemento “revulsivo” del capítulo laboral del DNU es la dura reglamentación del derecho de huelga en servicios considerados esenciales: se preveía que iba a incluirse la educación y el transporte, pero el listado de actividades que deberán protestar con garantías de prestaciones mínimas es muy amplio y, además de fijar un 75% de trabajo normal en actividades “esenciales”, establece otra categoría, “actividades de importancia trascendental”, que estarán obligadas a garantizar el 50% del servicio. Todo este capítulo del DNU irá directo a la Justicia, según advierten los sindicalistas.

Hay medidas contempladas en la reforma laboral de Milei que apuntan a “aliviar” el funcionamiento de las empresas y son viejos reclamos del sector patronal, como la virtual equiparación de las asambleas de trabajadores con una medida de fuerza encubierta o la declaración de los bloqueos sindicales como injuria laboral grave, que permitirá que sus ejecutores sean despedidos con causa.

En la reunión de la UOCRA estuvieron los cotitulares de la CGT, Héctor Daer (Sanidad), Pablo Moyano (Camioneros) y Carlos Acuña (estaciones de servicio), además de Gerardo Martínez (UOCRA), Andrés Rodríguez (UPCN), Armando Cavalieri (Comercio), José Luis Lingeri (Obras Sanitarias), Sergio Romero (UDA), Jorge Sola (Seguro), Julio Piumato (judiciales), Mario Manrique (SMATA), Rodolfo Daer (alimentación), Sergio Palazzo (bancarios), Abel Furlán (UOM), Amadeo Genta (municipales porteños), Daniel Vila (Carga y Descarga), Juan Carlos Schmid (Dragado y Balizamiento), Sergio Sasia (Unión Ferroviaria), Guillermo Moser (Luz y Fuerza), Carlos Frigerio (cerveceros), Omar Maturano (La Fraternidad, Juan Pablo Brey (aeronavegantes) y Mario Calegari (UTA), entre otros.

El otro enorme frente de conflictos para los sindicatos a partir de la reforma laboral es la amenaza al sistema de obras sociales por la desregulación que permitirá la competencia con las prepagas.

El golpe más duro será para un grupo de obras sociales chicas que funcionan como “sellos de goma” que reciben las contribuciones de los trabajadores y, mediante convenios, derivan el dinero a una empresa de medicina privada. Tras el DNU, esa triangulación de aportes ya no existirá más porque los afiliados podrán derivarlo directamente a una prepaga, sin necesidad de una intermediación.

Aun así, las prepagas que quieran entrar en el sistema de obras sociales deberán hacer el correspondiente aporte por cada afiliado dirigido al Fondo Solidario de Redistribución, que se ocupa del reintegro de dinero al sistema de salud por tratamientos de alta complejidad.

La ventana que se abre como oportunidad para los sindicatos, según algunos expertos, es que como se liberarán los precios de las prepagas, las obras sociales podrán captar a los afiliados que no puedan pagar sus cuotas en la medicina privada si compiten con tarifas competitivas y buenas prestaciones.

De todas formas, el conjunto de medidas laborales que incluye el DNU confirma un conflictivo escenario para el poder de la CGT y todo el sindicalismo. La dirigencia gremial se siente obligada a protestar, aun el sector más dialoguista, que en estas horas mezcla resignación con la interpretación de que la reforma podría haber sido muchísimo peor para sus intereses específicos. “Ahora, el Gobierno tendrá que sentarse a negociar porque algunos de los cambios son inconstitucionales y se van a frenar en la Justicia”, disparó sin anestesia un jefe cegetista.

Fuente: Infobae

En la audiencia que se llevó adelante entre todas las partes, el Ministerio de Trabajo y las cámaras empresarias del sector no llegaron a un acuerdo con la Unión Tranviarios Automotor (UTA), por lo que las autoridades nacionales extendieron por otros 10 días hábiles la conciliación obligatoria para evitar el paro de colectivos que estaba prevista para este martes.

La medida de fuerza había sido anunciada la semana pasada por el gremio, en el marco del conflicto que se inició por un reclamo salarial. El sindicato advirtió que iba a avanzar con un cese de actividades de 24 horas si no obtenían una respuesta favorable a sus pedidos, pero finalmente va a acatar la conciliación.

Originalmente, la conciliación obligatoria se dictó semanas atrás, luego de la finalización de la primera audiencia entre las partes, cuando la UTA anunció una primera medida de fuerza en caso de no encontrar solución a los conflictos salariales planteados.

El jueves 18 de mayo, la cartera laboral dicto la conciliación obligatoria que dejó sin efecto el paro de colectivos de 24 horas que pretendía llevar adelante la UTA ese mismo día y que iba a afectar a todas las líneas, tanto las que circulan en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) como las que lo hacen en las provincias del interior. En ese escenario y una vez finalizada el martes pasado la primera audiencia entre las partes, el gremio anunció que concretaría la medida de fuerza este martes si es que el conflicto no se resuelve en la audiencia planteada para este lunes a las 16.

“Finalizada la audiencia convocada por el Ministerio de Trabajo de la Nación, y no habiéndose acordado el aumento salarial, esta entidad sindical ratifica que de no obtenerse el incremento pedido para la próxima audiencia, y con la finalización de la Conciliación Obligatoria, se iniciarán inmediatamente medidas de fuerza gremial, a partir de las 00 horas del día martes 30 de mayo, en todo el territorio del país”, había amenazado la Unión Tranviarios Automotor a través de un comunicado dado a conocer la semana pasada.

La cartera que conduce Kelly Olmos dispuso ahora “prorrogar por el plazo de 10 (diez) días a partir de la finalización del término fijado” la “conciliación obligatoria dictada en autos e impuesta” a la UTA y a las empresas de transporte”.

Puntualmente, la UTA exige cobrar un incremento retroactivo para que el básico desde abril último sea de 262 mil pesos, además de un bono por única vez y no remunerativo de otros 32 mil pesos y viáticos diarios para todos los trabajadores del sector.

“La medida de fuerza es empujada por quienes tienen la responsabilidad de solucionar la grave crisis en la que están poniendo al transporte, por todos los efectos ‘dañosos’ que causan, afectando a los 10 millones de usuarios diarios del AMBA y 9 millones en el interior del país, poniendo seriamente en riesgo la seguridad pública”, había alertado el gremio. ”La posición es clara, los salarios de los trabajadores requieren un aumento urgente”, exigieron.

Por su parte, fuentes del sector empresario aseguraron que no están en condiciones de cumplir con los reclamos del gremio, ya que no tienen los fondos para ello, mientras que desde el Ministerio de Trabajo adelantaron que las partes volverán a reunirse el próximo 6 de junio para tratar de destrabar el conflicto.

La Bancaria confirmó que el próximo jueves 23 de febrero se realizará un paro nacional de 24 horas. Los trabajadores bancarios confirmaron la medida tras el fracaso de la reunión con las entidades en dependencias del Ministerio de Trabajo.

Sergio Palazzo, quien encabeza el gremio de La Asociación Bancaria (AB), afirmó: "No se logró un acuerdo. Hemos planteado, más allá de los porcentajes y revisar las paritarias del 2022, que el sector empresario se haga cargo de parte del impuesto a las Ganancias que hoy pagan los trabajadores. La respuesta ha sido negativa". En ese marco, el secretario gremial anticipó que si el sector empresario no escucha el reclamo, AB se reunirá "para intensificar las medidas". "Estamos reclamando una compensación. Mientras no haya, no habrá paritaria posible que podamos acordar", remarcó Palazzo.

Además, sostuvo que es "el segundo mes" en que debería regir un nuevo acuerdo paritario y que mientras siga el conflicto, los trabajadores van "a seguir cobrando lo mismo que en diciembre". "La paciencia tiene un límite y por eso se va a tomar una medida de fuerza. Cada seccional va a tener la facultad de poder movilizar en su territorio, así que seguramente habrá movilizaciones en las puertas de los bancos", completó.

En el marco de un paro nacional, transportistas cortaron el túnel Subfluvial e impiden que camiones cargados con cereales puedan cruzar el viaducto.La medida la convocó la Federación de Transportadores Argentinos (FeTrA) porque consideran que se ha “tornado imposible seguir trabajando en condiciones razonables”, debido al precio y a la escasez de gasoil.

“No tenemos combustible, conseguimos solo unos 50 litros de combustible y con eso no hacemos mucho”, explicó un transportista, José Corvalán, al dar cuenta que “ahora estamos en tiempo de cosecha y si no se consigue combustible es imposible transitar”.

Además, señaló que debido a la faltante de combustible los transportistas deben “parar muchas veces en estaciones de servicio para comprar gasoil se pierde una hora en cada lugar más o menos. Hasta el momento no tuvimos respuestas, este miércoles habrá una reunión y esperemos que haya soluciones”.

Al finalizar, explicó que “el paro es por tiempo indeterminado y no dejamos pasar a camiones sobre todo los que llevan cereales”, y aseguró que autos particulares, camiones y camiones con otro tipo de cargas pueden circular.