La Unión Tranviarios Automotor (UTA) había anunciado un paro de colectivos en todo el interior del país para este viernes desde las 0 horas. La medida fue dispuesta luego de que fracasara una nueva audiencia paritaria y no hubiera una propuesta salarial concreta para los choferes. El reclamo lleva más de tres meses sin acuerdo y está centrado en la diferencia salarial entre los trabajadores del interior y los del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Ante la consulta de AHORA sobre la adhesión a la huelga nacional, desde la Comisión Directiva del gremio entrerriano habían señalado: “El paro es para el Interior y Entre Ríos es parte del Inteior, si hay paro nosotros adherimos”.

La expresión condicional de las autoridades de UTA Entre Ríos se debía a que esperarían hasta última hora de este jueves el caso de que hubiera una nueva oferta salarial o una novedad que cambie la situación en el conflicto. Pero si la situación no se modificaba y el sindicato mantenía la medida de fuerza a nivel nacional, los choferes entrerrianos adherirían.

Finalmente, avanzada la tarde de este jueves, la Unión Tranviarios Automotor (UTA) suspendió el paro nacional de colectivos que había sido anunciado para este viernes 14 de agosto en los servicios del interior del país.

La medida de fuerza, que amenazaba con dejar sin transporte urbano de pasajeros a la ciudad de Córdoba durante 24 horas, quedó en suspenso luego de la instancia de negociación entre el gremio y las cámaras empresarias.

Las partes acordaron además realizar una nueva audiencia el próximo jueves 20 de agosto, con el objetivo de continuar las conversaciones en torno al reclamo salarial de los trabajadores del transporte del interior.En diálogo con Ahora ElDía el directivo de la empresa Buses Gualeguaychú, Jorge Delcausse, ratificó que el servicio funcionará con normalidad este viernes en la ciudad.

Qué reclamaba UTA

El conflicto se originó por la diferencia entre los salarios de los choferes del interior y los trabajadores del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

UTA reclama un acuerdo paritario que permita recomponer los ingresos de los trabajadores de las distintas jurisdicciones del país y reducir esa brecha salarial.

La organización había anunciado un paro nacional de 24 horas a partir de las 0 de este viernes, con alcance sobre los servicios de corta y media distancia del interior.

En la provincia, la seccional Entre Ríos había anunciado que se adhería al paro mientras que las empresas solicitaron a la Secretaría de Trabajo de la Nación el dictado de la conciliación obligatoria.

Fuente: AHORA / APFDigital

Las federaciones Conadu y Conadu Histórica definieron nuevas medidas de fuerza para agosto, en reclamo del cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y de una recomposición salarial. AGDU y Sitradu, los gremios que representan a los docentes universitarios entrerrianos, anticiparon su participación en las jornadas nacionales.

En Entre Ríos, las medidas alcanzarán a los docentes representados por la Asociación Gremial de Docentes Universitarios (AGDU), sindicato de base de Conadu, y por el Sindicato de Trabajadores Docentes Universitarios (Sitradu), que integra Conadu Histórica.

Desde Conadu, en el Plenario de Secretarios y Secretarias Generales realizado este lunes, se resolvió realizar una jornada nacional de paro y visibilización este 12 de agosto, reinstalar las “Carpas por la Universidad y la Soberanía” entre el 18 y el 21 de agosto y concretar un paro nacional de 48 horas los días 27 y 28 de agosto.

La federación señaló que las medidas responden a la continuidad del incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, sancionada hace casi 300 días, y a la falta de respuestas a las demandas salariales y presupuestarias del sector.

La jornada del 12 de agosto incluirá acciones de visibilización en defensa de la universidad pública, la ciencia y la tecnología, con actividades previstas en el Obelisco y distintos puntos del país. En tanto, las carpas universitarias volverán a instalarse frente al Palacio Pizzurno, con réplicas en diferentes lugares del territorio nacional.

Por su parte, Conadu Histórica también convocó al paro del 12 de agosto y anunció un paro de una semana a partir del 18, en coordinación con las federaciones universitarias.

Desde la federación denunciaron que los salarios docentes acumulan una pérdida del 28%, además de reclamar el reconocimiento de la pérdida salarial de 2023. También cuestionaron el incremento de las becas estudiantiles y advirtieron que las universidades todavía no recibieron el 20% de aumento presupuestario destinado al funcionamiento, situación que, según señalaron, profundiza el desfinanciamiento de la investigación y la extensión.

Conadu Histórica también expresó su preocupación por los despidos en el Conicet y por lo que definió como un ataque contra la ciencia y la tecnología nacional.

Fuente: APFDigital

El Gobierno formalizó la suspensión de la desregulación en el practicaje, junto con la creación de una mesa de trabajo intersectorial y una rebaja tarifaria para garantizar el normal funcionamiento de las terminales portuarias.

La medida implementada por el Decreto 716/2026, publicado este jueves en el Boletín Oficial, ratificó los puntos acordados entre el Ejecutivo y los prácticos el pasado martes, cuando se levantó el paro que impedía el movimiento de los barcos y generó una pérdida de hasta US$100.000 diarios por cada uno de los 185 buques varados.

La norma dispone la suspensión temporal de los efectos del Decreto 690/2026, a tan solo una semana de haber sido emitido, con el objeto de desactivar el grave conflicto con los prácticos que paralizó el comercio exterior argentino.

La norma suspendida aprobaba un nuevo “Reglamento de los servicios de practicaje y pilotaje para los ríos, puertos, pasos y canales de la República Argentina”, actualizando la normativa de la Ley de Navegación N° 20.094, eliminando exigencias y disposiciones consideradas obsoletas que funcionaban como "barreras y restricciones injustificadas" para el ingreso de nuevos prestadores al mercado.

La medida produjo un fuerte rechazo por parte de los actuales prestadores del servicio de practicaje y pilotaje, quienes iniciaron medidas de fuerza de manera inmediata, lo que frenó la entrada y salida de barcos en los puertos argentinos.

Ante el riesgo de una mayor paralización, las autoridades del Ministerio de Seguridad convocaron de urgencia a una reunión con los principales representantes del sector. Tras negociaciones, se logró alcanzar un consenso para destrabar el conflicto. Los puntos acordados contemplan:

La reactivación inmediata y regular de las prestaciones de practicaje y pilotaje.*La suspensión de los efectos del reciente Decreto 690/26.*La conformación de una mesa intersectorial encargada de redactar un nuevo reglamento consensuado.*Una disminución del 20% sobre las tarifas vigentes para el servicio.

A través del Decreto 716/2026, el Gobierno nacional formalizó lo pactado, con la suspensión de los efectos del Decreto 690/2026 y restituyó la plena vigencia de todas las disposiciones normativas anteriores que habían sido modificadas o derogadas. Esta medida temporal busca mitigar de inmediato la crisis y garantizar la continuidad esencial del servicio.

Asimismo, se crea de manera formal la Mesa de Trabajo en la órbita del Ministerio de Seguridad. Este espacio de concertación estará integrado por funcionarios del Ministerio de Seguridad Nacional, representantes de la Prefectura Naval Argentina, miembros de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) y representantes del sector de practicaje y pilotaje.

El decreto también instruye a las áreas competentes del Ministerio de Seguridad, la Prefectura y la ANPYN a adoptar todas las medidas operativas necesarias para resguardar la seguridad y asegurar la continuidad ininterrumpida de la navegación y de la actividad portuaria en todo el país.

Fuente: NA

El conflicto por la actividad aeroportuaria dio un paso más y este martes el Gobierno oficializó mediante un edicto la intimación a más de 500 trabajadores de servicios de practicaje y pilotaje del país a retomar sus actividades. La medida se publicó en Boletín Oficial en respuesta al paro por tiempo indeterminado que se inició tras un decreto de desregulación que modifica el régimen del servicio.

La decisión de los profesionales que guían a los barcos durante las maniobras de ingreso y salida en ríos, canales y puertos afectó el comercio exterior, que quedó “totalmente paralizado”, según indicaron fuentes del caso. “Toda la carga de granos, de combustible y otras mercaderías está detenida en los puertos. La situación se agravará hora tras hora”, advirtieron.

En consecuencia, la Prefectura Naval Argentina (PNA) ordenó a 536 trabajadores de la rama a que retomen de manera inmediata la prestación, bajo advertencia de sanciones disciplinarias y posibles denuncias penales. “En su carácter de autoridad con responsabilidad operativa y disciplinaria de la aplicación del Reglamento de los servicios de practicaje y pilotaje para los ríos, puertos, pasos y canales de la República Argentina”, subrayó la PNA, “notifica e intima por este medio a los profesionales incluidos en el Anexo - documento que acompaña el texto oficial - a la inmediata puesta a disposición de sus servicios profesionales de practicaje / pilotaje, para cumplir de manera regular y reglamentaria las funciones previstas en el Reglamento aprobado por el Decreto Nº 690/2026, para las cuales se encuentra habilitado”. Es esta última la decisión del Gobierno que puso en jaque la actividad y lleva la firma del presidente Javier Milei.

La medida fue impulsada por el titular de la cartera de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, y reemplaza un régimen de practicaje vigente desde 1991. La nueva normativa crea un registro abierto de profesionales del practicaje bajo la administración de la Prefectura Naval, habilita a los usuarios a elegir libremente a sus prestadores y elimina las barreras de ingreso para nuevos profesionales. Además, le asigna a la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) la facultad de fijar tarifas máximas y obliga a publicar los precios del servicio para fomentar la competencia.

El decreto también suprime la segmentación geográfica que hasta ahora exigía cambiar de profesional durante un mismo trayecto, flexibiliza las condiciones para el traslado de estos trabajadores y amplía los supuestos en los que ciertos buques quedan eximidos de contratar el servicio. A eso se suma la incorporación de mecanismos destinados a asegurar la continuidad de la actividad ante situaciones excepcionales.

Fuente: Infobae

Una importante cantidad de gremios entrerrianos se sumarán este miércoles al paro con movilización convocado con motivo del tratamiento de la reforma previsional en la Cámara de Diputados, donde se prevé la sanción definitiva de la iniciativa oficial para modificar el sistema jubilatorio.

Docentes, estatales y judiciales se plegarán a la medida de fuerza que prevé una concentración en la Caja de Jubilaciones para marchar luego a Casa de Gobierno, para confluir en una movilización en Plaza Mansilla.

La sesión tendrá lugar durante la mañana de este miércoles y se prevé una concentración frente a Casa de Gobierno mientras los diputados tratan el proyecto. El oficialismo tiene mayoría y todo indica que la iniciativa se convertirá en ley.

Docentes entrerrianos enrolados en Agmer anunciaron un nuevo paro, para manifestarse en contra de la Reforma Previsional. La medida de fuerza es una más de las que viene llevando adelante el gremio, no solo por la iniciativa que está a próxima a aprobarse en la Legislatura, sino que además por un reclamo salarial que consideran no resuelto.

La Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET) Regional XI Entre Ríos también confirmó un paro para este miércoles 29 de julio en rechazo al proyecto de reforma previsional.

En tanto, los estatales también se suman al reclamo: “Concentramos a las 10hs en la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos Marchamos a Casa de Gobierno, donde permaneceremos durante la sesión de Diputados. ¡No definan más ajuste al pueblo trabajador! ¡Defendemos el salario y las jubilaciones!”, señalaron por su parte desde la Asociación Trabajadores del Estado (ATE).

Los judiciales son otro de los sectores que este miércoles se suman a la medida de fuerza: “AJER convoca a un paro y movilización provincial el miércoles 29 de julio, con concentración a las 10 hs en Plaza de Mayo y marcha hacia Casa de Gobierno”, expresaron desde la Asociación Judicial de Entre Ríos (AJER).

“Defender la Caja de Jubilaciones es defender nuestros derechos, nuestro salario y el futuro de quienes hoy trabajan y de quienes ya se jubilaron”, señalaron desde el gremio de judiciales.

La Federación de Jubilados y Pensionados, por su parte, confirmó también su acompañamiento a la movilización.

UPCN, por su parte, llevará adelante un paro activo en toda la provincia. “No es una jornada de ausencia, sino de presencia y militancia en cada lugar de trabajo, para visibilizar la situación y abrir el debate colectivo”, remarcó el sindicato y aclaró que “esta medida no es contra la sociedad, es en defensa de quienes garantizan los servicios públicos todos los días”.

Desde el gremio reclaman en primer lugar por la paritaria y la actualización salarial, en tanto que mencionaron otros “temas de fondo”, entre los que se encuentra la reforma previsional.

Fuente: AHORA