La presidenta de la Asociación de Clínicas y Sanatorios de Entre Ríos (ACLER), Silvia D'Agostino, habló sobre la situación que atraviesan los prestadores de PAMI y aseguró que se vive “un momento de mucha incertidumbre”.

Las declaraciones surgieron luego de conocerse que un sanatorio de Concordia restringió la atención a afiliados del PAMI debido al contexto económico y operativo. Según explicó la dirigente, la problemática afecta a prestadores de todo el país.

“Estamos en un momento de mucha incertidumbre en todo el contexto del convenio con PAMI”, afirmó D’Agostino. Sobre la clínica de Concordia en particular, expresó que “son decisiones individuales” y sostuvo que existía expectativa por un cambio de convenio impulsado por la obra social nacional, aunque “pedían adhesión, pero no nos decían exactamente a qué estábamos adhiriendo”.

La presidenta de CLER explicó que comenzaron a detectarse restricciones automáticas al momento de cargar prestaciones médicas en el sistema. “No son restricciones de los sanatorios, son restricciones que nos aparecen por sistema”, aclaró.

En ese sentido, relató una situación ocurrida en su propio establecimiento: “El día 5 del mes pasado viene un afiliado de PAMI a hacerse una placa radiográfica y cuando queremos cargar la orden nos sale que el cupo ya está completo, cupo completo el día 5 del mes”.

Según detalló, el problema se repite en distintas prácticas y servicios médicos. “Nos ponen topes, pero no sabemos a qué obedecen. Supongo que la ecuación es a menor gasto”, manifestó.

La dirigente indicó que, ante esas limitaciones, muchos afiliados deben ser derivados a las oficinas regionales de PAMI para intentar conseguir autorizaciones especiales. “Hay que mandar los afiliados a la UGL para ver si pueden habilitarle prácticas por fuera de lo que nosotros no podemos cargar”, explicó.

Otro de los puntos señalados por la representante de los sanatorios fueron los descuentos aplicados en las liquidaciones de prestaciones ya realizadas. “En las facturas de este mes del pago llegan débitos que no entendemos de qué se trata. Lo único que dice es ‘fuera de rango’”, afirmó.

D’Agostino remarcó que incluso fueron descontadas prácticas de alta complejidad previamente autorizadas por PAMI. “Es rarísimo y no tenemos respuesta. Ese es el problema: incertidumbre”, expresó.

Además, aseguró que la situación se replica en diferentes provincias. “Tenemos grupos de WhatsApp de todas las asociaciones de clínicas del país y todos estos débitos se dieron igual en todos lados, sin explicación alguna”, sostuvo.

La presidenta de ACLER también advirtió sobre las dificultades económicas que atraviesan las obras sociales nacionales y el impacto sobre el sistema de salud privado.

“La seguridad social hoy está en riesgo”, afirmó. Y agregó: “La medicina es cara y se encarece”.

Según señaló, algunas obras sociales presentan importantes atrasos en los pagos. “Tenemos la UTA, camioneros, los viales; hay varias con serias dificultades”, indicó.

Finalmente, D’Agostino confirmó que cámaras y entidades vinculadas al sector sanitario elevaron reclamos formales al Ministerio de Economía, Ministerio de Salud y PAMI para solicitar soluciones. “No hay respuesta todavía”, concluyó. (elonce)

El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP-PAMI) identificó una red de desvíos en prestaciones oftalmológicas y ópticas que se replica en distintos puntos del país, con patrones de sobrefacturación, prestaciones fantasmas, circuitos cerrados y cobros indebidos a afiliados.

Los relevamientos, realizados mediante cruces de datos del sistema de Órdenes Médicas Electrónicas (OME) y auditorías prestacionales, demuestran que no se trata de casos aislados, detectándose la repetición de estas maniobras en Santiago del Estero, Buenos Aires, Entre Ríos y La Rioja.

La auditoría identificó al menos cinco modalidades de desvío, siendo la más extendida la sobrefacturación de anteojos. Según el informe, los prestadores recetaban lentes de baja graduación, pero facturaban módulos de alta graduación, hasta cinco veces más caros: "Un módulo real tiene un valor de $4.941, mientras que los módulos facturados llegaron a $27.204".

A esto se suman las "prestaciones fantasmas", consistentes en consultas y estudios nunca realizados, donde "hasta el 50% de las órdenes carecía de respaldo clínico".

El esquema también incluyó circuitos cerrados con conflictos de interés y el cobro indebido a los jubilados por lentes que debían ser gratuitos. Los auditores relevaron casos donde se ofrecían productos fuera de cobertura a precios exorbitantes, llegando a detectar pagos de "hasta USD 1.500 más $353.500 por lentes que debían estar cubiertos".

En Santiago del Estero, se confirmaron 606 casos de sobrefacturación con un perjuicio de $10,4 millones, confirmándose un vínculo familiar directo entre el médico derivante y el titular de la óptica.

En Entre Ríos, la situación fue descrita por los auditores como una "facturación sin sustento médico real", tras hallar 613 casos de sobrefacturación y recetas emitidas sin dioptrías.

Estas maniobras se enmarcan en un proceso de investigación más amplio sobre el sistema OME que ya cuenta con al menos seis causas judiciales activas. "Esta gestión no encubre, investiga y denuncia. Hay un mandato claro de sanear el sistema y erradicar los abusos", destacaron fuentes del Instituto.

Uno de los expedientes más avanzados radica en Rafaela, Santa Fe, donde se pidió el juicio oral para un médico y una farmacéutica por confeccionar 636 prescripciones apócrifas. El fraude se constató al rastrear las direcciones IP de las recetas electrónicas, las cuales "correspondían a computadoras ubicadas en el domicilio comercial de la farmacia".

Otros hallazgos incluyeron volúmenes de atención imposibles, como un cardiólogo que registró 689 órdenes en un solo día, lo que equivaldría a jornadas de hasta "108,7 horas diarias".

Esta serie de auditorías comenzó bajo la gestión de Esteban Leguízamo, quien al asumir halló un déficit que ascendía a los 92.000 millones de pesos. Como contrapartida, la administración ya "recortó aproximadamente 90.000 millones de pesos en gastos políticos e innecesarios", eliminando gran parte de la estructura jerárquica y centralizando la compra de insumos para evitar la cartelización.

El organismo implementó ahora controles más estrictos y monitoreos permanentes para asegurar que los recursos lleguen efectivamente a los beneficiarios.

Fuente: NA 

El ajuste sin precedentes a la salud y a los jubilados llegó al punto cúlmine de dejarlos sin atención durante algunos días, con el riesgo que ello significa.

La determinación de PAMI de bajarles el sueldo prácticamente a la mitad a los médicos provocó la reacción de los profesionales, que durante la semana pasada realizaron paro durante 3 días, y que advierten que las medidas de fuerza se pueden prolongar durante los próximos o incluso empujar a la renuncia a la mayoría de ellos, dejando sin cobertura a miles de jubilados en todo el país.

Quien charló acerca de la situación que atraviesan los médicos de PAMI en nuestro departamento fue Alberto González, doctor de cabecera desde el 2003, quien vive en Urdinarrain y es el delegado gremial de la sede de Gualeguaychú de Appamia (Asociación de Profesionales de Programa de Atención Médica Integral y Afines).

Para entender el conflicto, el profesional explicó en primer lugar que “periódicamente tenemos la renovación de contrato, somos contratados de PAMI, eso se hace de forma online, y lo que ocurrió fue que en marzo faltaba el ítem de los honorarios…”

Además, detalló que la propuesta a PAMI fue que se pague per cápita $6.500 cada consulta, que estén englobados también los distintos ítems administrativos y se mantengan otros adicionales que son por zonas desfavorables y por capacitaciones.

Sin embargo, el pasado 11 de abril “sale la resolución que faltaba y ahí nos madrugamos que el valor cápita es de $2.100 y sacaron los adicionales”.

En cuanto a los números habituales que estaban cobrando los médicos, González precisó que “los contratos habitualmente son por 700 afiliados aproximadamente", y de ese número se desprenden las horas de consultorio que debemos cumplir por semana, que son unas 21 horas. Con el sistema mixto que englobaba la cápita ($950) y la pensión (que variaba de 6.000 a 9.000 pesos), eso significaba, sin contar los adicionales, alrededor de $2.000.000 para el médico de cabecera.

En cambio, comparó que “con la nueva resolución, ese mismo médico pasaría a cobrar prácticamente la mitad. Estamos muy lejos de las pretensiones, nos convenía seguir con el convenio anterior. Si uno desglosa el valor hora, antes eran aproximadamente $ 30.000, y con el nuevo serían $17.500”.

“La pérdida rondaría casi un 50% y esto va en detrimento de lo que es la actividad profesional, va a terminar en la renuncia masiva de médicos de cabecera o va a afectar la calidad de atención de los jubilados”, advirtió González, que resaltó que “somos el primer eslabón de toda esa cadena de PAMI, somos la cara visible para el afiliado, que nos termina consultando a nosotros todos sus inconvenientes para que PAMI le cubra la atención y los medicamentos. A un valor de 17 la hora nadie va a querer trabajar”.

Acerca de la cobertura de los medicamentos para los jubilados, el médico contó que “se ha modificado mucho lo que es la cartera de medicamentos y hay mayor control en la provisión de medicación, sobre todo en los sin cargo. Ahora solo cubren hasta cuatro, y siempre hay una serie de requisitos muy burocráticos que debe reunir el jubilado para ser beneficiario de los descuentos, antes era más accesible. Además, el descuento antes era del 80% y ahora es del 40%. Después, hay fármacos sin cargo para enfermedades como la diabetes, y el resto pasa por muchas auditorias, y los especialistas son reacios a hacer ese tipo de papelerío, entonces en la parte administrativa se la rechazan, es mucho más tediosa. Los jubilados son personas mayores y se terminan cansando, terminan no comprando el medicamento o por ahí lo tenemos que cambiar por otro”.

Cómo sigue el conflicto

Luego de una actitud desafiante por parte del gobierno nacional, con el ministro de Salud Mario Lugones asegurando que el problema de PAMI es que tiene “una carga grande” por contar con más de un millón de afiliados de más de 80 años, finalmente giró $150.000 millones a la obra social para empezar a pagar las deudas con prestadoras y con los médicos de cabecera.

Tras ello, en la última reunión del día viernes desde PAMI central le pidieron a Appamia “un tiempo” hasta el próximo miércoles 22 de abril, aclarando que la solicitud de $6.500 por cápita es “inviable presupuestariamente”, aunque prometiendo una propuesta con el valor por paciente mejorada.

Acerca de ello, González adelantó que “si no hay una respuesta favorable se va a profundizar la crisis. Pasar de ganar ‘X’ sueldo a ganar la mitad, no es viable. Queremos que se solucione a la brevedad porque esto no se puede sostener, va a desencadenar en una renuncia masiva de médicos de cabecera”.

En la misma línea, marcó que “el ministro de salud habló en algún momento de que las provincias se hicieran cargo de los jubilados, y si uno mira las dificultades que tiene OSER, si llegan a absorber PAMI sería un desastre”.

“Me da pena que el ministro diga que el problema de PAMI es porque hay muchos jubilados y gastan mucho en salud… si esta gente es la que decide en torno a un tema tan delicado, no sé qué podemos esperar”, concluyó.

El director ejecutivo de PAMI, Esteban Leguízamo, aclaró la situación actual del Instituto y  aseguró que ya se encuentra en marcha un proceso de normalización de pagos, luego de la acumulación de una deuda puntual en los últimos meses.

Por otro lado, Leguízamo desmintió que PAMI se encuentre en crisis y explicó que los reclamos de los prestadores corresponden mayormente a deuda corriente de pocas semanas, propia del funcionamiento del sistema, y destacó que "al 31 de marzo los vencimientos que teníamos han sido pagados".

En paralelo, Leguízamo subrayó que no hubo adhesión al paro por parte de los médicos de cabecera y explicó que la decisión de implementar la cápita unificada responde a un pedido que hace tiempo vienen haciendo los propios prestadores de salud. Además, remarcó que "los médicos de cabecera están al día, nunca se les dejó de pagar".

Por último, el director ejecutivo fue enfático en destacar que "la continuidad de las prestaciones estuvo garantizada en todo momento". El nivel de conflicto fue bajo en la práctica y no refleja lo que efectivamente ocurre en el sistema.

De esta manera, desde PAMI remarcaron que el foco actual está puesto en ordenar, regularizar y dar previsibilidad. Leguízamo aclaró: "esta gestión de PAMI audita y esto fortalece la administración de una institución que prioriza la atención a más de 5 millones de afiliados en todo el país". 

Fuente: APFDigital

El Juzgado Federal N° 2 de Mendoza, a cargo del juez Pablo Oscar Quirós, resolvió extender a todo el territorio nacional la medida cautelar que suspendió las resoluciones del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP–Pami) N° 2431/2024 y N° 2537/2024, las cuales habían modificado el régimen de cobertura gratuita de medicamentos.

Con esta decisión, el magistrado ordenó al organismo “garantizar nuevamente la provisión del 100% de los medicamentos esenciales” a todos los jubilados y pensionados del país.

La resolución fue dictada el 22 de octubre y notificada al día siguiente. En ella, el juez hizo lugar al pedido de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), que había solicitado la extensión de la cautelar previamente concedida en Córdoba y Salta. El tribunal reconoció la legitimación activa de la entidad por su alcance nacional y su trayectoria institucional en la defensa de derechos fundamentales.

Representación y fundamentos de la medida

Los presidentes de la APDH, Eduardo Tavani, Paula Topasso y Mariela Pérez Cisneros, ratificaron ante el tribunal lo actuado por los abogados Mabel Sessa y Carlos Vicente, quienes habían requerido que la medida se hiciera extensiva a todos los beneficiarios del país.

El juez Quirós consideró que la organización, fundada en 1975 y con más de 30 regionales en el país, cumplía con el estándar de “representación adecuada” establecido por la Corte Suprema en el precedente Halabi (Fallos: 332:111).

En su escrito, destacó que la APDH actúa “en defensa integral de los derechos humanos, incluyendo las áreas de salud, educación, género, diversidad y pueblos originarios”, y que su estructura federal acredita una representación efectiva en todo el territorio nacional.

El magistrado sostuvo que se verificaron los tres requisitos exigidos por la Corte para admitir acciones colectivas: una conducta institucional uniforme que afecta al conjunto de afiliados del Pami, una pretensión de cesar el daño común mediante la restitución del programa “Vivir Mejor” y la normativa previa, y la imposibilidad de canalizar reclamos individuales con eficacia debido a la dispersión judicial y a la vulnerabilidad económica del grupo afectado.

Argumentos del tribunal

En sus fundamentos, el fallo señaló que las resoluciones impugnadas habían introducido criterios socioeconómicos “irrazonables y desproporcionados”. Entre ellos, la exigencia de presentar información patrimonial y de ingresos que el Estado ya posee, lo que —según el juez— contraviene los principios de eficiencia administrativa y debida diligencia previstos en la Ley de Procedimientos Administrativos.

El magistrado remarcó que la suspensión se dictó para proteger “de manera urgente el derecho a la salud de las personas mayores, un grupo especialmente vulnerable y de preferente tutela por parte del Estado”. Citó la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores (Ley 27.360) y recordó que “en tiempos de crisis económica debe reforzarse la protección de los derechos sociales, evitando retrocesos en las políticas públicas sanitarias”.

Efectos y alcance de la decisión

La resolución judicial reafirmó los principios de igualdad ante la ley y tutela judicial efectiva. En su parte resolutiva, ordenó al Pami suspender la aplicación de las resoluciones N° 2431/2024 y N° 2537/2024 en todo el país y dispuso que los trámites ya iniciados por los beneficiarios mantendrán plena validez.

Además, instruyó al organismo a informar en un plazo de 48 horas las medidas adoptadas para implementar la decisión y a publicar la resolución en medios digitales nacionales para garantizar su conocimiento público.

El fallo recordó que el mismo tribunal ya había dictado cautelares similares en distintas jurisdicciones, impulsadas por entidades como la Asociación de Jubilados y Pensionados de Mendoza (Jubypen), la Red de Defensa al Consumidor y Usuario (Redecu) de Tucumán, el Centro de Jubilados 21 de Septiembre, la APDH de Córdoba y Salta, y las centrales sindicales CTA y CTA Autónoma. Varias de estas medidas fueron ratificadas por la Cámara Federal de Mendoza.

Reacción de la APDH

Desde la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos celebraron el fallo y lo definieron como “un paso fundamental para frenar el retroceso en materia de derechos que implican las políticas de ajuste del gobierno nacional”.

La entidad expresó que “los adultos mayores merecen una protección especial e integral, inmediata y actual”, y consideró que el fallo representa “una respuesta contundente en defensa del derecho a la salud y la vida”.

Por último, la APDH reafirmó que este precedente “refuerza la esperanza de que los derechos adquiridos por el pueblo argentino sigan siendo protegidos ante embestidas estatales regresivas” y aseguró que continuará “defendiendo la vida, la salud y la dignidad de las personas, en especial de los adultos mayores”.

El Juzgado Federal de Gualeguaychú resolvió sobreseer a Anastasia Aramburu en la denuncia presentada por referentes locales de La Libertad Avanza, entre los cuales se encuentra la actual titular de la Obra Social de los jubilados. Con esta decisión, la Justicia dejó en claro que la exdirectora de la Agencia PAMI de Gualeguaychú no incurrió en malversación de fondos ni incumplió los deberes propios de su cargo.

Se trata de la segunda investigación que la Justicia desestima en su contra. Aramburu había estado al frente de la agencia durante la gestión nacional de Alberto Fernández y ya había enfrentado un primer reclamo judicial presentado por exconcejales de Juntos por el Cambio: Pablo Echandi, Alejandra Leissa y Juan Ignacio Olano. En aquella denuncia, se cuestionaba la contratación de oftalmólogos que, según los denunciantes, no contaban con la habilitación legal para ejercer. Tras analizar los hechos, la Justicia concluyó que no existía delito y dictó su sobreseimiento.

Sin embargo, la oposición continuó con los cuestionamientos. La segunda denuncia provino de referentes locales de La Libertad Avanza, entre ellos Andrés Romero, candidato a intendente de Gualeguaychú, y varios integrantes de su lista de concejales, incluida la actual titular de PAMI, Andrea Sánchez. El planteo se basó en publicaciones periodísticas y mensajes de WhatsApp que señalaban que Aramburu habría viajado a Uruguay, “posiblemente a Punta del Este”, durante dos días de comisión aprobados por la agencia, lo que los denunciantes calificaron como un presunto fraude a la administración pública.

Desde la Justicia se aclaró que las comisiones internas no generan remuneración adicional. Simplemente consisten en permisos otorgados por la autoridad para ausentarse temporalmente de la oficina. La investigación judicial se centró en determinar si el viaje y la licencia constituían un incumplimiento de deberes o un perjuicio económico para la administración.

Tras analizar toda la documentación presentada y la información recabada durante el proceso, el fiscal Federal Pedro Rebollo concluyó que las acciones de Aramburu no constituían delito alguno, ni tampoco un incumplimiento de sus obligaciones como funcionaria pública. Asimismo, no se detectó malversación de fondos que pudiera haber causado un perjuicio al Estado.

El juez Federal Hernán Viri, en su resolución, destacó que “el caso no reviste entidad suficiente para demandar la intervención penal del Estado” y dispuso el sobreseimiento de Aramburu. En su fallo, el magistrado subrayó además que la sustanciación del proceso “no afecta el buen nombre y honor de la persona investigada”.

La decisión judicial cierra un capítulo de tensiones políticas locales que había generado amplias repercusiones mediáticas. Para Aramburu, la resolución representa no solo el fin del proceso judicial, sino también la restauración de su reputación tras meses de cuestionamientos y acusaciones infundadas.

El PAMI volvió a quedar bajo la lupa por una acusación que sacudió al sistema de salud: oftalmólogos de distintas provincias aseguran que el organismo llegó a pagar casi diez veces más por los lentes intraoculares que se usan en las cirugías de cataratas.

¿Y mañana qué?, el programa de Luciana Geuna por TN, mostró que hasta julio cada médico compraba los lentes directamente a los laboratorios y luego rendía la factura al PAMI, que reintegraba el monto junto con los honorarios fijos por la práctica quirúrgica. El costo era transparente: alrededor de $35.000 por cada lente monofocal, un valor de mercado en el que coincidían los cuatro laboratorios productores.

Sin embargo, en agosto todo cambió y el PAMI licitó la compra masiva de lentes intraoculares por un período de 12 meses (renovable un año más) por más de $80.000 millones. Al mismo tiempo, dio de baja el esquema anterior a través de la resolución 1737/2025, que obligó a los médicos a pedir los insumos directamente al organismo.

La lógica del nuevo sistema parecía evidente: centralizar la compra y garantizar stock debería abaratar costos, pero ocurrió lo contrario. Los precios se dispararon y generaron un escándalo que hoy tiene indignados a más de 500 oftalmólogos en un chat nacional de prestadores de PAMI.

La resolución 1560/2025, publicada en el Boletín Oficial, expone los valores adjudicados a cinco laboratorios. Allí se observa que el PAMI paga por cada lente entre $150.000 y casi $300.000, entre cinco y diez veces más que el valor de mercado.

Algunos ejemplos:

Los documentos adjuntados por los profesionales —facturas de compra directa, pedidos de presupuesto, capturas de la licitación y resoluciones oficiales— refuerzan la acusación.

La centralización también generó un problema operativo. Según denuncian los médicos, el envío de las lentes no llega a tiempo en muchos casos y esto provoca que se reprogramen cirugías de cataratas ya pautadas con afiliados.

Frente al escándalo, desde el organismo justificaron el cambio de sistema en “falencias graves” del esquema anterior: falta de trazabilidad, ausencia de control en la provisión de insumos y casos detectados de cobro de copagos indebidos a los afiliados.

Los lentes Auroflex preparados para la entrega. (Foto: TN).

En cuanto a los precios, PAMI aseguró que “no hay lugar a la comparación” porque el valor actual incluye el lente, doble solución viscoelástica, trazabilidad, logística y provisión continua. Según el organismo, el costo total por la prestación (cirugía más insumo) es de $565.000, menos que lo que abonan otras obras sociales y prepagas: la del Poder Judicial paga $740.000 y OSDE más de $1.148.000.

La medida, que buscaba orden y ahorro, terminó en una fuerte controversia. Para los oftalmólogos, el Estado gasta cifras desproporcionadas por insumos básicos; para el PAMI, se trata de garantizar calidad y acceso a nivel nacional.

La droguería Suizo Argentina quedó en el centro de la atención pública luego de que, a comienzos de la semana pasada, se conocieran los audios del ahora extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo. En ellos, quien fuera abogado del presidente Javier Milei señalaba: “La gente de la Suizo llama a los proveedores y les dice ‘escuchame, no va más el 5, vas a tener que poner el 8 (lo que cobran de medicamentos), lo traés a la Suizo y nosotros lo subimos a Presidencia. Por teléfono. Así se están manejando’”.

Según reveló Ámbito, la droguería de la familia Kovaliker acumuló en menos de dos años de gestión de Javier Milei contratos por más de $100.000 millones. Más que en los cuatro años de Alberto Fernández y en una administración que no tiene como política pública compras masivas de medicamentos.

Pero, en las últimas horas, fuentes calificadas de las Fuerzas Armadas señalaron que le dieron "luz verde a los exdirectores de IOSFA para que aporten información, ya sea por cuenta propia o ante la citación de la justicia, sobre el manejo respecto de las licitaciones y las compras de urgencia" dirigidas a droguería Suizo Argentina SA. Se podría romper el dique de la información documental que precisa la causa judicial para avanzar.

Sin embargo, hay contrataciones que no son comunicadas en el portal oficial COMPRAR.AR. Un ejemplo de ellas son las realizadas por el programa Impulsar Salud, por un valor que ronda los 15.000 millones de pesos. Otra unidad que tampoco las comunica por medio de la mencionada página web es PAMI, que las informa a través de su Boletín Oficial.

Según el relevamiento realizado por Ámbito, Suizo Argentina, en menos de 20 meses desde el inicio del gobierno libertario, obtuvo 28 contratos por parte del PAMI, que se encuentra bajo la dirección de Esteba Leguizamo. Tres de ellos son por u$s195.000 , u$s168.000, u$s105.000, respectivamente. Los tres fueron en el marco de una compulsa abreviada.

El primer caso, el de la suma más alta, se dio en 2025. Mientras que el segundo y el tercero fueron en 2024. Según la información a la que accedió Ámbito, PAMI eligió las sucesivas ofertas de Suizo Argentina para la adquisición del medicamento importado Patisiran 10 mg. en desmedro de las de EHG DRUG STORE LLC, CLINISPED DISTRIBUCIONES FARMACÉUTICAS S.L. y FARMAMONDO S.A..

Durante 2024, en total, fueron 19 las veces que PAMI contrató los servicios de la droguería que ahora tiene detenidos a sus titulares bajo la sospecha de corrupción. La mayoría de ellas fueron por compulsa abreviada. Cabe señalar que este mecanismo es un proceso de contratación simplificado que utiliza, en este caso PAMI, para adquirir bienes y servicios de manera más rápida que la forma tradicional y bajo el argumento de la urgencia.

En varias de las contrataciones, Suizo Argentina compartió la venta con otras droguerías. Un ejemplo de ello es una compra por más de 1.132 millones de pesos. En esta oportunidad, se trató de medicamentos antimicrobianos con destino a los Policlínicos PAMI I y PAMI II, de la provincia de Santa Fe, al Hospital Dr. Bernardo A. Houssay, de la provincia de Buenos Aires, a la Unidad Asistencial Dr. César Milstein, de la Ciudad de Buenos Aires, y al Hospital del Bicentenario de Ituzaingó, de la provincia de Buenos Aires.

También hay otras contrataciones, por compulsa abreviada, que beneficiaron únicamente a Suizo Argentina, como fue la compra de guantes de examen por 17 millones de pesos para el Policlínico PAMI II de la ciudad de Rosario. Otra compra del mismo tenor incluye el medicamento importado PKU EXPRESS 15, por un valor de 11 millones de pesos.

En lo que va de 2025, la cantidad de contrataciones siguen el mismo ritmo que el año anterior. Hasta esta semana van ocho, más una en la que se canceló el contrato.

Por caso, PAMI prorrogó el contrato de Suizo Argentina para la provisión de bolsas de recolección de fluidos con carros y canister en comodato, con destino al Hospital Bicentenario de Ituzaingó, provincia de Buenos Aires. Y, a su vez, amplió a el contrato para la adquisición de elementos descartables para protección personal para el mismo hospital.

Se dio una rareza: según comunicó el 8 de julio de este año, PAMI rescindió la adquisición del medicamento importado QALSODY (tofersen) 100 mg/15 ml, supuestamente porque un paciente no presentó la documentación correspondiente.

La última contratación informada por PAMI fue tres días después del escándalo desatado por los audios de Spagnuolo. Este viernes 22 de agosto, por casi 45 millones de pesos, junto contras droguerías, Suizo Argentina fue contratada para la adquisición de medicamentos antimicrobianos para prevención de enfermedades de los afiliados internados en los distintos efectores, mediante modalidad de “Orden de Compra Cerrada”.

El país afronta uno de los inviernos más crudos de los últimos años, producto de las bajas temperaturas, y PAMI ofrece un servicio clave para los jubilados en esta época del año. Estamos hablando nada más y nada menos que la vacuna antigripal.

PAMI tiene disponible para todos los jubilados y pensionados afiliados a la obra social de adultos mayores, la posibilidad de recibir de manera completamente gratuita la vacuna antigripal. Esta campaña inició a comienzos de abril, y ya se sabe que, hasta fines de julio, los beneficiarios pueden acudir a los puntos habilitados para inocularse.

Año a año, antes de la llegada del invierno, PAMI lanza la campaña de vacuna antigripal para los jubilados y pensionados afiliados a la obra social. Se trata de uno de los beneficios más importantes que dispone el ente, en lo que respecta directamente sobre servicios de atención médica.

Los jubilados de PAMI tienen consultas muy claras sobre este tipo de servicios, a pesar de que año a año se replique la metodología a la hora de aplicar la vacuna antigripal. Las principales preguntas, con sus respuestas, son las siguientes:

-¿Qué jubilados pueden vacunarse?

Afiliados de PAMI mayores de 65 años y los afiliados menores de 65 años que presenten factores de riesgo.

-¿Dónde vacunarse?

A lo largo de más de 6500 farmacias de todo el país que componen la Red PAMI.

-¿Cuánto cuesta la vacuna antigripal?

El jubilado de PAMI lo recibe completamente gratis

Para buscar una farmacia habilitada, el jubilado puede consultar el buscador de farmacias desde http://www.pami.org.ar/farmacias o llamar al 138 - PAMI Escucha y marcar la opción 0 (cero). La vacuna es segura, libre y gratuita para todos los afiliados a PAMI.

Hay que tener en cuenta que las vacunas que conforman esta campaña de vacunación antigripal son las siguientes:

-Vacuna trivalente TIV (INFLUVAC®)

-Vacuna trivalente TIV (Viraflu®)

-Vacuna trivalente pediátrica TIVp (Viraflu® Pediátrica)

-Vacuna trivalente adyuvantada aTIV (Fluxvir®)

Los jubilados de PAMI deben seguir las siguientes instrucciones para recibir la vacuna antigripal:

1. Consultá el buscador de farmacias o llamá al 138, opción 0 (cero).

2. Acercate a tu farmacia habilitada de la Red PAMI más cercana.

3. Presentá tu DNI y Credencial PAMI en cualquiera de sus formatos.

Si tenés menos de 65 años y factores de riesgo, necesitás presentar la documentación médica que lo acredite.

La actividad tuvo lugar en el SUM Municipal entre las 8 y las 13 horas, donde personal de PAMI Gualeguaychú tomó los datos de los afiliados en un trámite muy sencillo, que no demandó más de cinco minutos a cada persona que pasó a registrarse.

Por razones del mal tiempo, el segundo día de empadronamiento que estaba programado para este miércoles fue postergado y se realizará el martes 13 de mayo en el mismo lugar, SUM Municipal ubicado en calle 30 de Noviembre 266, de 8 a 13 horas.

Pablo Fiorotto, secretario de Gobierno de Pueblo Belgrano, expresó su satisfacción por la buena convocatoria del día inicial. “Fueron 156 los adultos mayores que se inscribieron, esperábamos contar con muchos más el miércoles, pero por la lluvia de la mañana preferimos reprogramarlo para el próximo martes. De parte de la gente de PAMI Gualeguaychú no hubo problemas, así que esperamos a todos aquellos afiliados a PAMI de Pueblo Belgrano que no han realizado el empadronamiento, a que se acerquen el próximo martes”.

El funcionario resaltó la importancia de poder contar con un padrón de afiliados de PAMI en Pueblo Belgrano, “nos permitirá tener un panorama más claro en cuanto a la cantidad de afiliados y comenzar a trabajar en forma conjunta con PAMI Gualeguaychú para brindar servicios como son contar con el médico de cabecera y otras especialidades”, afirmó.

El fiscal federal de Resistencia en la provincia de Chaco, Patricio Sabadini, requirió la apertura de una investigación por “delito de acción pública” por supuesta “extorsión” en maniobras de financiamiento irregular en delegaciones de PAMI y ANSES que están a cargo de funcionarios de La Libertad Avanza (LLA).

La investigación fue iniciada por el fiscal al tomar conocimiento de una maniobra que consistía en que funcionarios y empleados de ambos organismos serían obligados a entregar un porcentaje de sus haberes para asegurarse de esta manera continuar desempeñándose en sus funciones.

El requerimiento del fiscal federal no imputa ni nombra a funcionarios determinados, aunque consigna que la investigación es “en contra de aquellas personas cuya responsabilidad se determine a lo largo de la instrucción” Alfredo “Capi” Rodriguez es el reponsable de ANSES en la provincia, mientras que Silvia Arolfo es la referente en el PAMI.

Distintos programas periodísticos mencionaron que las contrataciones de personal, de funcionarios y de médicos en ambos organismos tenían que efectuarse respecto de aquellas personas que de alguna manera aseguren que iban a responder al partido LLA, “siendo determinante tal condición”

En esos programas se hizo referencia a situaciones que se estaban produciendo en las delegaciones que ambos organismos poseen en distintas provincias, pero en particular, lo que estaba ocurriendo en las oficinas del Anses y del Pami con asiento en la provincia del Chaco.

Particularmente en el caso del Chaco, refirieron que existiría un balance con los datos de lo que cada una de estas personas aporta por mes, mostrando unas planillas con nombres, períodos, montos y destinos del dinero.

También señalaron que cada uno de los pagos habrían sido efectuados vía transferencia bancaria a cada uno los jefes de las delegaciones del interior de ambos organismos.

Durante el tratamiento de la noticia se mostraron distintas planillas de rendición donde se observa el título “LLA RENDICION DESDE DICIEMBRE 2023 HASTA 13/12/2024”.

“Frente a las circunstancias de tiempo, modo y lugar que se observaban en dichas presentaciones, y al tratarse de sucesos que involucraban a organismos de carácter nacional, como su funcionamiento y también sus funcionarios, se decidió desde esta Fiscalía iniciar la Investigación Preliminar que se acompaña y requerir la apertura de la instrucción”, dice el fiscal en su escrito titulado “FORMALIZA INVESTIGACIÓN PRELIMINAR, REQUIERE INSTRUCCIÓN FORMAL”.

Así, el fiscal comenzó una investigación preliminar y ahora efectuó el “requerimiento de instrucción” para que se investiguen posibles delitos de acción pública.

Para el fiscal Sabadini debe investigarse una posible “extorsión”. El artículo 168 del Código Penal establece que “…Será reprimido con reclusión o prisión de cinco a diez años, el que con intimidación o simulando autoridad pública o falsa orden de la misma, obligue a otro a entregar, enviar, depositar o poner a su disposición o a la de un tercero, cosas, dinero o documentos que produzcan efectos jurídicos. Incurrirá en la misma pena el que por los mismos medios o con violencia, obligue a otro a suscribir o destruir documentos de obligación o de crédito…”.

“Se advierte que el medio comisivo empleado para finalmente obligar a las víctimas a entregar o ceder un porcentaje de sus haberes fue a través de claros actos intimidatorios, todo ello teniendo en cuenta el especial contexto en que se produjeron, y la necesidad de poder conservar sus fuentes de trabajo”, advirtió el fiscal respecto del caso investigado. El fiscal ya ordenó las primeras medidas que se mantienen por ahora en reserva.

La causa se inició por una denuncia realizada en febrero de este año, en tanto que la entonces jefa local del PAMI, María Anastasia Aramburu, habría pedido por los días 26 y 27 de octubre de 2023 un permiso especial a su superior del PAMI para ir a trabajar en el "Centro de Día de Cara al Sol" y "Pami Sale al Barrio", siendo que, en realidad, había realizado un viaje personal de esparcimiento a la República Oriental del Uruguay. 

De tal modo, el Juzgado Federal de Gualeguaychú, a cargo del Dr. Hernán Viri, luego de la correspondiente investigación, efectivamente pudo corroborar que los hechos habían ocurrido de tal manera. 

Por lo cual, la mencionada Aramburu tras ser indagada, el día 16 de diciembre pasado fue procesada por haber cometido, en principio, el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público en concurso ideal con el delito de defraudación a la administración pública. Todo ello porque engañó con un pedido formal para trabajar en unas áreas determinadas del PAMI, siendo que en verdad viajó al exterior y, además, cobró por dichos días como si hubiera trabajado, según manifestaron fuentes judiciales. 

Finalmente, a la referida Aramburu, también se le hizo un sumario administrativo en el PAMI, siendo que en el mismo se dispuso su despido de la entidad por dichos motivos.

El PAMI informó a sus afiliados que necesiten conservar el 100% de los medicamentos gratuitos que ya no tendrán que descargar, completar y cargar la declaración jurada para poder ingresar al beneficio del subsidio social. Desde ahora, los jubilados podrán dirigirse a las agencias del PAMI con su DNI y credencial de afiliado en mano, teniendo o turno o no.

Allí, brindarán los datos solicitados por el administrativo y, si cumplen con los requisitos pedidos, tramitarán el subsidio en el acto. El cambio busca que el proceso sea más ágil y permitir que los beneficiarios puedan hacerse de sus medicamentos en la farmacia de inmediato.

Todo afiliado que cumpla con los siguientes requisitos podrá acceder a sus medicamentos con cobertura al 100% por razones sociales:

En caso de no cumplir con los puntos 1 y 2 pero el costo de los medicamentos indicados para su tratamiento es igual o mayor al 15% de sus ingresos, el afiliado puede solicitar la cobertura al 100% en medicamentos por razones sociales a través de un mecanismo de vía de excepción. Para ello PAMI le solicitará:

Los Afiliados Veteranos de Guerra del Atlántico Sur no están sujetos a estos requisitos, pero igualmente deben realizar el trámite de solicitud del subsidio por razones sociales.

El trámite podrá realizarlo la persona afiliada, un familiar o apoderado. 

El gobierno nacional recortó la entrega de medicamentos gratuitos a jubilados y pensionados, que quedó restringido a quienes ganen menos de $388.500, que además deberán realizar un trámite de inscripción.

“Adicionalmente a todas las coberturas que tenemos seguiremos garantizando el acceso total a medicamentos mediante el subsidio social para todos aquellos que realmente lo necesiten”, señaló el PAMI en un comunicado de prensa.“Todo aquel afiliado que no pueda pagarlo, puede iniciar el trámite para obtener el subsidio social. Quien no está inscripto debe hacerlo. Es un trámite simple que se puede iniciar en la web y luego presentarse en la agencia”, dijo el titular del PAMI, Esteban Leguízamo.

Los descuentos de los medicamentos al 50%, 60 y 80% siguen sin modificaciones. Los medicamentos de venta libre no tienen ningún tipo de descuentos.

Si bien el parte de prensa no lo aclara, los jubilados que deseen mantener este beneficio deberán realizar la inscripción en la página del PAMI. El trámite puede demandar hasta un mes.

El comunicado de PAMI tampoco precisa desde cuándo rige la medida, aunque diferentes denuncias de jubilados aseguran que comenzó ayer 1 de diciembre.

Las condiciones para acceder al subsidio social son las siguientes:

* Tener ingresos menores a 1,5 haberes previsionales o hasta 3 haberes en caso de que el afiliado conviva con una persona que tenga Certificado Único de Discapacidad (CUD).

* No estar afiliado a una prepaga.

* No tener más de un inmueble, un vehículo de menos de 10 años ni ser dueño de bienes de lujo.

* No ser titular de activos societarios que indiquen capacidad económica plena.

* De no cumplir con los primeros dos puntos, si el costo de los medicamentos indicados para el tratamiento es igual o mayor al 15% de sus ingresos, el afiliado puede solicitar la cobertura al 100% a través de una vía de excepción.Fuente: Noticias Argentinas

Pami anunció una lista de 44 remedios que dejan de tener cobertura, algunos de los cuales tenían ciento por ciento de bonificación. Esto significa un recorte de un tercio de los medicamentos, en comparación a los que se entregaban en forma gratuita antes de la asunción de Javier Milei. No obstante, desde la obra social de los jubilados informaron que hay una manera de solicitar una excepción y no perder la cobertura.

En cuanto a los recortes, la canasta de casi 3.000 remedios (que se desprendían de las 167 moléculas cubiertas por el plan Vivir Mejor hasta comienzos de año) pasó a 2.000 medicamentos, correspondientes a los 109 principios activos cubiertos ahora. En concreto, se achicó en 44 moléculas el grupo de las que tenían cobertura al 100%, muchos medicamentos que los afiliados podían llevar con descuentos del 50% al 80%, ahora quedaron relegados a la categoría de “uso eventual”.

Sin embargo, para aquellos pacientes que toman una o más medicaciones de forma prolongada, hay una manera de solicitar una excepción y seguir obteniendo la bonificación completa de los remedios.

Esta excepción se solicita de manera online, a través de la página web de Pami, y se debe cumplir con ciertos requisitos. Para pedirlo, es necesario contar con la receta de Pami del médico, completar el formulario de pedido de medicamentos vía de excepción y de consentimiento, el resumen de la historia clínica (si el profesional de la salud no llena el espacio en el formulario) y estudios médicos que justifiquen esta solicitud.

Los pacientes que se encuentren en un tratamiento prolongado, y que tomen una o más medicaciones de forma habitual, pueden solicitar una excepción para no perder la bonificación de sus remedios.

Pueden solicitar esta excepción los jubilados que cumplan con los siguientes requisitos:

Vale aclarar que, en el caso de quedar fuera del beneficio por ingresos o por tener medicina prepaga, los afiliados al Pami podrán hacer una presentación especial para la cobertura del 100% de los medicamentos en el caso de remedios que cuesten un 15% de sus ingresos, o más.

Los 44 medicamentos que perdieron la cobertura al 100% son:

1. Acido Acetilsalicilico (antiagregante plaquetario),

2. Aciclovir (antiviral),

3. Benznidazol (antiparasitario),

4. Betametasona (corticoide),

5. Betametasona + gentamicicina + miconazol (corticoide),

6. Carbonato de calcio (suplemento),

7. Citrato de calcio (suplemento),

8. Ceftriaxona (antibiótico),

9. Cefuroxima (antibiótico),

10. Cilostazol (vasodilatador),

11. Ciprofloxacina (antibiótico),

12. Claritromicina (antibiótico),

13. Clindamicina (antibiótico),

14. Clobetasol (corticoide),

15. Dexametasona (corticoide),

16. Doxiciclina (antibiótico),

17. Estriol (hormonoterapia),

18. Fluconazol (antibiótico),

19. Fluoxetina (antidepresivo),

20. Hidrocortisona (corticoide),

21. Hierro polimaltosato (suplemento),

22. Ivermectina (antiparasitario),

23. Levomepromazina (antipsicótico),

24. Liotironina (tratamiento del hipotiroidismo),

25. Mebendazol (antiparasitario),

26. Meprednisona (corticoide),

27. Metadona (tratamiento del dolor),

28. Metoclopramida (antiemético),

29. Metotrexato (tratamiento de la artritis reumatoidea),

30. Metronidazol (antibiótico),

31. Minociclina (antibiótico),

32. Morfina, clorhidrato (tratamiento del dolor),

33. Neomicina (antibiótico),

34. Nistatina (antibiótico),

35. Oxibutinina (antiespasmódico),

36. Prednisona (corticoide),

37. Pregabalina (tratamiento del dolor),

38. Promestriene (hormonoterapia),

39. Psyllium (laxante),

40. Sulfametoxazol + trimetoprima (antibiótico),

41. Sulfasalazina (tratamiento de la inflamación intestinal),

42. Tobramicina (antibiótico),

43. Tramadol (tratamiento del dolor),

44. Triamcinolona (corticoide).

El instituto de los jubilados achicó también el listado de otras 54 moléculas farmacológicas que gozaban de descuentos del 50 al 80%. Traducido a cajitas de medicamentos, la medida del Pami significa un achique de un tercio de los remedios, en comparación a los que se entregaban en forma gratuita antes de la asunción de Javier Milei. De este modo, la canasta de casi 3.000 remedios (que se desprendían de las 167 moléculas cubiertas por el plan Vivir Mejor hasta comienzos de año) pasó a 2.000 medicamentos, correspondientes a los 109 principios activos cubiertos ahora.

Otra novedad del instituto de los pasivos se relaciona con la tercera categoría de medicamentos (casi todos de venta libre) que son “de uso eventual”.

En concreto, así como se achicó en 44 moléculas el grupo de las que tenían cobertura al 100%, muchos medicamentos que los afiliados podían llevar con descuentos del 50% al 80%, ahora quedaron relegados a la categoría de “uso eventual”. Son 54 moléculas y desde ahora tendrán descuento del 40% y sobre el precio real del remedio.

Los 44 medicamentos que perdieron la cobertura al 100% son: 1. Ácido Acetilsalicilico (antiagregante plaquetario), 2. Aciclovir (antiviral), 3. Benznidazol (antiparasitario), 4. Betametasona (corticoide), 5. Betametasona + gentamicicina + miconazol (corticoide), 6. Carbonato de calcio (suplemento), 7. Citrato de calcio (suplemento), 8. Ceftriaxona (antibiótico), 9. Cefuroxima (antibiótico), 10. Cilostazol (vasodilatador), 11. Ciprofloxacina (antibiótico), 12. Claritromicina (antibiótico), 13. Clindamicina (antibiótico), 14. Clobetasol (corticoide), 15. Dexametasona (corticoide), 16. Doxiciclina (antibiótico), 17. Estriol (hormonoterapia), 18. Fluconazol (antibiótico), 19. Fluoxetina (antidepresivo), 20. Hidrocortisona (corticoide), 21. Hierro polimaltosato (suplemento), 22. Ivermectina (antiparasitario), 23. Levomepromazina (antipsicótico), 24. Liotironina (tratamiento del hipotiroidismo), 25. Mebendazol (antiparasitario), 26. Meprednisona (corticoide), 27. Metadona (tratamiento del dolor), 28. Metoclopramida (antiemético), 29. Metotrexato (tratamiento de la artritis reumatoidea), 30. Metronidazol (antibiótico), 31. Minociclina (antibiótico), 32. Morfina, clorhidrato (tratamiento del dolor), 33. Neomicina (antibiótico), 34. Nistatina (antibiótico), 35. Oxibutinina (antiespasmódico), 36. Prednisona (corticoide), 37. Pregabalina (tratamiento del dolor), 38. Promestriene (hormonoterapia), 39. Psyllium (laxante), 40. Sulfametoxazol + trimetoprima (antibiótico), 41. Sulfasalazina (tratamiento de la inflamación intestinal), 42. Tobramicina (antibiótico), 43. Tramadol (tratamiento del dolor), 44. Triamcinolona (corticoide).

Tras una denuncia de la UFI PAMI por una posible defraudación millonaria contra el PAMI, la Justicia Federal con asiento en Gualeguaychú, a cargo del juez federal Hernán Viri, ordenó este jueves a la Gendarmería Nacional llevar adelante cuatro procedimientos para buscar documentación al respecto.Una de estas intervenciones se realizó en la sede de la Asociación Mutual Bancarios de Concepción del Uruguay, mientras que en Gualeguaychú se realizaron otras tres: dos en consultorios oftalmológicos y una en una óptica. 

Todos estos sitios serían parte del entramado delictual denunciado.Noticia en desarrollo…

La recesión que atraviesa el país tiene múltiples impactos y uno de los más peligrosos es el que afecta a la salud de las personas. La pérdida de poder adquisitivo de las familias, y especialmente en los jubilados, ha generado que quienes deben tomar más de un medicamento optan por cuál seguir consumiendo y cuál abandonar, con las consecuencias nocivas que eso genera.Además, la decisión del Gobierno Nacional de que muchos medicamentos ahora sean de “venta libre”, benefició a las obras sociales que ya no tendrán que cubrir parte del costo de los mismos, y los pacientes serán los que tengan que pagar la totalidad. En el mismo sentido, PAMI ofrece una cobertura mucho menor, por lo que los jubilados se vieron notablemente afectados.De esta realidad dio cuenta el referente del Colegio de Farmacéuticos de Gualeguaychú Nelson Gómez, quien expresó a Ahora ElDía que “las ventas disminuyeron notablemente, comparando mes a mes vienen bajando. En el período de octubre a diciembre del año pasado los medicamentos aumentaron un montón, siempre por encima de la inflación, hubo un mes que subieron un 80%... Desde ese momento, mes a mes, baja la cantidad de unidades vendidas. Aunque el aumento en dinero fue bastante, caen la cantidad de cajas vendidas”.El especialista alertó que “se espera que esto continúe”, que esta tendencia incluso se incremente y enumeró una serie de decisiones políticas que repercuten de lleno en las farmacias: “Están golpeando fuerte los cambios que hubo en PAMI, que desde agosto muchos medicamentos que eran sin cargo pasaron a ser con cargo, y otros que estaban dentro de un plan llamado ‘vivir mejor’ que tenían un costo ínfimo pasaron a otro plan que se llama ‘medicamentos de uso eventual’, en el cual el valor que tiene que pagar el paciente se acerca bastante a lo que realmente cuestan. Todo esto hace que se compre menos, porque si el afiliado a PAMI no tiene el dinero para poder pagarlos no los lleva”, comentó. 

Acerca de ello, explicó que “PAMI es la obra social más grande del país, la que tiene mayor cantidad de afiliados y cubre un sector de la población que es la más sensible en cuanto a lo económico y en cuanto a la cantidad de medicamentos que utiliza. Pega bastante fuerte en el mostrador y en las unidades vendidas, representa una porción importante de las ventas”, marcó.Además, hizo hincapié en la menor cobertura de medicamentos del resto de las obras sociales y prepagas, que afecta a un amplísimo universo de personas: “Hay un grupo de drogas que el Gobierno determinó que no se vendan más bajo receta, como los protectores gástricos (omeprasol, por ejemplo), algunos analgésicos y últimamente algunas cremas como las famosas Hipoglós y algunas Dermaglós. Hay varios medicamentos que pasaron a ser de venta libre y este cambio hace que las obras sociales y prepagas no los cubran, entonces muchos pacientes dejan de comprarlos”, concluyó.El impacto en el hospital y en los CAPSLa falta de recursos de las familias de la ciudad que les impide acceder a los medicamentos como tradicionalmente lo hacían en la farmacia de su barrio, hace que se vuelquen al sistema público de salud para tratar de conseguirlos. Es así que en la farmacia del Hospital Centenario se duplicaron los pacientes, pasando de un promedio de 2.200 a llegar a registrar durante los últimos días 4.200.Al respecto, el director del Hospital Centenario Jorge Montiel reveló que “hay un claro incremento, significativo, de lo que es la demanda de medicación de tipo ambulatoria, de los usuarios del Hospital, tanto de pacientes sin recursos como de aquellos que tenían obra social y ya no la tienen, gente que tenía prepaga y no han podido pagar las cuotas y se han quedado sin sistema de cobertura”, detalló.En este aspecto, alertó que “está en permanente aumento” y que “en el último registro ya pasó la barrera de los 4.200 pacientes”.A su vez, Montiel remarcó que no es una realidad que afecte solamente al Hospital, sino que se traslada a todo el sistema sanitario de la ciudad: “Lo mismo está ocurriendo a nivel municipal en los CAPS, por eso charlamos sobre este tema en una reunión que mantuvimos en el Ministerio de Salud, entre otras cuestiones”, contó.  

Sobre este punto, profundizó que “luego de la reunión con el Ministro, esta semana estuvimos reunidos con el  doctor Pablo Alfaro, subsecretario de Salud de la Municipalidad, para tratar de articular cómo podemos sobrellevar esta etapa de coyuntura de crisis económica y de mucha demanda. Estamos definiendo lineamientos y estableciendo competencias acerca de quién se hace cargo de determinada medicación”, y puntualizó: “Básicamente lo que es la medicación del vademécum de lo que es la atención primaria de la salud se va a hacer cargo la Municipalidad, salvo temas puntuales como psicofármacos que nos hacemos cargo nosotros ya que ellos no tienen farmacia (es una medicación de costo alto y hay que hacer un trámite vía subsidio, por ello lo abordaríamos nosotros). En lo que respecta a la diabetes, le corresponde a la Municipalidad, ya que reciben las insulinas y las tiras reactivas por parte de un programa provincial. En lo que es medicación puntual, como por ejemplo para la tiroides, se proveerá la medicación en el lugar que sea atendido. Por lo tanto, los lineamientos generales salvo los casos puntuales mencionados es que si el paciente es atendido en los CAPS se hace cargo del costo la Municipalidad, y si el paciente es atendido en el Hospital será costeado por nosotros”, resumió.Por otra parte, mostró su preocupación en el perjuicio económico que esto genera en la institución: “Ligado a esto, está la caída de los programas nacionales de salud, como ‘Remediar’ y el programa de salud sexual y reproductiva, no hay lineamientos claros de Nación si van a continuar o no y nosotros tenemos que salir a cubrir esa demanda asistencial, que la tenemos día a día”, concluyó.

En comunicación con Andrés Romero, integrantes de mesa de conducción de La Libertad Avanza en la Provincia se hizo presente en la asunción de Andrea Sánchez, la nueva jefa de la agencia  PAMI local . 

Al respecto Romero contó que “en principio Andrea hará un inventario de todos los bienes y expedientes en trámite de resolución para empezar a acelerar los mismos priorizando siempre la atención de los afiliados que si bien cuentan con un sistema de turnos , se comenzó con atención ‘Demanda Espontánea’”.

Es importante resaltar que PAMI Gualeguaychú tiene aproximadamente 18 mil afiliados y 17 empleados, más la titular de Agencia. 

Se trata de Andrea Sánchez, profesora de Ciencias Económicas, quien ocupó el cuarto lugar en la lista de concejales de La Libertad Avanza en las últimas elecciones locales.En diálogo con Ahora ElDía, Andrés Romero, referente del espacio libertario en Gualeguaychú, compartió su opinión sobre la designación de Sánchez. "En lo que respecta a su función en el PAMI, va a ser la directora del organismo y va a poner el foco en la prestación de servicios que se merecen los afiliados; es decir, que sea eficiente y que los trámites se realicen con celeridad”, dijo, y agregó: "Conociéndo a Andrea, creo que va a hacer un inventario, una especie de auditoría de aquellos trámites que estén atrasados, que no hayan tenido respuesta hasta el momento. Por la manera de acercamiento que tiene con los adultos mayores, va a escuchar sus problemas y van a tener su puerta abierta, no la de directora de PAMI, sino la de un funcionario público a disposición del afiliado". En ese sentido, Romero también marcó: "Habrá un cambio cultural que es lo que venimos a proponer con nuestro espacio en lo que es la tarea de los organismos nacionales y de los funcionarios públicos para y por el pueblo. Nosotros no hacemos política por un cargo, mucho menos Andrea. Ella asume ese compromiso por el espacio y por lo que representamos. A diferencia de otros, reitero, nosotros no entramos a la política ‘por el carguito’, pero hay veces que es necesario cubrirlo para, a través de esa función, poder demostrarle a la sociedad que realmente venimos a cumplir con lo que propusimos en campaña".