Los médicos de cabecera y odontólogos que atienden a afiliados del PAMI realizarán un paro nacional de 96 horas, desde el martes 13 hasta el viernes 16 de octubre, en reclamo de una actualización de los honorarios que perciben por cada paciente. La medida, convocada por la Asociación de Profesionales del Programa de Atención Médica Integral (APPAMIA), afectará la atención habitual de jubilados y pensionados en todo el país.

La protesta responde al reclamo por una actualización de los honorarios que paga el organismo por cada afiliado. Actualmente, los médicos de cabecera reciben $2.700 por paciente y los odontólogos, $374, montos que consideran insuficientes para sostener la atención frente a los costos actuales.

La medida de fuerza se produce pocos días después de otro paro de 72 horas y busca obtener una respuesta concreta de las autoridades del PAMI. Durante las cuatro jornadas, la atención dependerá de la adhesión de cada prestador, por lo que los afiliados podrían tener que reprogramar sus consultas.

Los profesionales reclaman una actualización de los honorarios que paga el organismo por cada afiliado. La medida se extenderá del martes 13 al viernes 16 de octubre y podría afectar las consultas programadas en todo el país.

El reclamo de los profesionales de la salud apunta al valor de la cápita, el monto fijo mensual que el PAMI paga a los médicos de cabecera y odontólogos por cada afiliado que tienen asignado, independientemente de que la persona concurra o no a una consulta.

Actualmente, los médicos de cabecera perciben $2.700 por afiliado, mientras que los odontólogos reciben $374. Los profesionales consideran que esos valores son insuficientes frente a los costos actuales y reclaman una actualización de los honorarios.

En ese sentido, solicitan elevar la cápita médica a $4.500 y la odontológica a $3.000. Según sostienen, la recomposición resulta necesaria para sostener la atención de los jubilados y pensionados que utilizan las prestaciones del organismo.

El paro nacional se extenderá desde el martes 13 hasta el viernes 16 de octubre. Durante ese período, los turnos programados con médicos de cabecera y odontólogos que adhieran a la medida podrían verse afectados.

Por ese motivo, se recomienda a los afiliados comunicarse con sus profesionales para confirmar si se mantiene la atención o si deberán reprogramar la consulta. La prestación dependerá de la adhesión de cada consultorio a la medida de fuerza.

El conflicto permanece abierto mientras los profesionales reclaman una actualización de los honorarios. La protesta busca presionar al organismo para que revise los montos que paga por cada afiliado y dé una respuesta a los pedidos de recomposición.

En el marco de la renovación del convenio con las entidades farmacéuticas, el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) firmó una adenda al Convenio de Dispensa de Medicamentos que extiende su vigencia hasta marzo de 2028.

A partir de este nuevo acuerdo, los jubilados y pensionados tendrán la posibilidad de retirar sus medicamentos directamente con la presentación de su DNI y su credencial digital con token disponible en la app Mi PAMI. Con este mecanismo se elimina la necesidad de completar formularios en papel, agilizando el trámite en las farmacias.

Esta nueva alternativa digital se implementará de manera gradual en todo el territorio nacional. Es importante destacar que no reemplaza de forma inmediata a los mecanismos de dispensa actuales, sino que convivirá con ellos durante esta etapa de transición.

La medida también moderniza la operativa interna de las farmacias al incorporar la presentación digital y avanzar en el reemplazo progresivo del papel, los troqueles y la firma ológrafa por procesos de validación y certificación electrónicos. Estos cambios simplifican notablemente la atención directa en el mostrador.

Asimismo, el nuevo esquema suma controles más rigurosos para resguardar los fondos del organismo y cuidar los recursos de los afiliados. Para ello, se registrarán los medicamentos efectivamente dispensados, se requerirá la certificación digital del director técnico de cada farmacia y se realizarán cruces de información entre PAMI y los comprobantes fiscales electrónicos.

Finalmente, la implementación del sistema se llevará adelante de forma ordenada gracias al trabajo conjunto entre PAMI y las entidades farmacéuticas. De este modo, se acompañará a las farmacias en el proceso de adaptación tecnológica sin generar interrupciones ni afectar la atención diaria de los afiliados.

Los médicos de cabecera y odontólogos de PAMI iniciaron este miércoles un paro nacional de 72 horas que paraliza la atención en los consultorios de todo el país. La medida de fuerza, convocada por la Asociación de Profesionales del Programa de Atención Médica Integral y Afines (APPAMIA), se extenderá hasta el viernes inclusive en reclamo de una urgente recomposición de sus honorarios.

El conflicto se profundizó tras el fracaso de las negociaciones paritarias con las autoridades de la obra social, presidida por Esteban Leguizamo. Según denunció APPAMIA, el actual esquema capitado —regulado por la Resolución 1107/2026— provocó una caída de más del 50% en los ingresos reales de los profesionales, obligándolos a costear el funcionamiento de sus consultorios particulares de su propio bolsillo. La última propuesta oficial de fijar la cápita mensual en $3.000 por paciente fue rechazada por considerarse insuficiente ante el desfasaje económico.

Durante las tres jornadas que dura la protesta, hay turnos suspendidos y reprogramados: Las consultas de rutina planificadas para el miércoles, jueves y viernes quedan canceladas y deberán gestionarse nuevamente a partir de la próxima semana.

Rige un bloqueo de Órdenes Médicas Electrónicas (OME). Mientras dure la huelga, los médicos adheridos no emitirán órdenes digitales de derivación ni estudios. Ante la necesidad imperiosa de un traslado o interconsulta, se derivará a los pacientes al sistema de emergencias o telemedicina de la obra social.

Pero hay guardias y urgencias garantizadas. La atención de emergencias, patologías agudas inmediatas y un cupo mínimo de demanda espontánea se mantienen activos para proteger la salud de los pacientes.

En tanto, las recetas crónicas están a salvo. La prescripción de medicamentos esenciales para tratamientos de enfermedades crónicas o prevalentes continúa operativa para evitar la interrupción de tratamientos.

El panorama en Entre Ríos

En la provincia la huelga tiene un impacto directo en los miles de jubilados y pensionados que dependen del sistema. Hay profesionales de la región que se sumaron a la jornada de protesta pero el paro expone particularidades según la localidad:

En Concepción del Uruguay se reportó que la adhesión no es total. Diversos médicos de cabecera y entidades privadas (como la Cooperativa Médica local) decidieron no plegarse a la medida y atienden con normalidad.

Gremios locales como ATE Entre Ríos vienen advirtiendo sobre un severo deterioro prestacional en la provincia. Denuncian que los bajos montos de cápita y los recortes presupuestarios generales están empujando la baja de prestadores y farmacias, complicando el acceso a la salud básica de los adultos mayores de la región.

Se recomienda a los afiliados comunicarse previamente con el consultorio de su médico habitual para corroborar si el profesional se encuentra trabajando o si se debe reprogramar la visita.

Desde la Asamblea de Adultos Mayores lanzaron una convocatoria a jubilados y jubiladas a protestar frente a la sede de PAMI en Andrade y Rocamora, por la falta de prestaciones y el déficit que atraviesa la obra social para el acceso a los medicamentos.

La concentración se realizará en la agencia PAMI de Gualeguaychú, situada en la esquina de Rocamora y Andrade, y será la segunda manifestación que realizarán. La primera sucedió el miércoles 19 de agosto y en esa ocasión, durante esa mañana, realizaron una volanteada frente a la puerta de la sede.

En esta ocasión se busca redoblar la protesta y sumar a una mayor cantidad e afiliados que se encuentren descontentos con las prestaciones que la obra social tiene actualmente y que perjudica en lo cotidiano a los adultos mayores.

Un informe elaborado por el Ministerio de Salud de Entre Ríos reveló que el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) acumula una deuda superior a los $1.800 millones con el sistema sanitario público provincial.

El documento técnico detalla que los pasivos corresponden a prestaciones médicas hospitalarias impagas y se dividen en dos tramos financieros bajo marcos normativos distintos: “El primer segmento corresponde a las prestaciones facturadas bajo la normativa nacional establecida por los procedimientos de Resolución 635/15 y la nomenclatura aprobada en Resolución 914/23 bajo la órbita de la Superintendencia de Servicios de Salud y el Ministerio de Salud de la Nación. De acuerdo a un relevamiento realizado, el saldo pendiente de pago de los Hospitales de la Provincia incluyendo Hospital de la Baxada, asciende a $ 902.704.318 (a valores históricos). Este importe se encuentra actualmente en proceso de relevamiento y actualización e incluye facturación emitida hasta octubre de 2024”.

Los números precisos y la radiografía detallada del pasivo surgen de este relevamiento oficial al que accedió Ahora ElDía. En el caso particular de Gualeguaychú, los datos confirman que el Hospital Centenario tiene pendientes de cobro por $39,7 millones correspondientes a prestaciones recientes.

Por acción del Decreto 172/24 del Poder Ejecutivo Nacional, los procedimientos y normativas nacionales antes mencionados perdieron vigencia: “Ante esta situación, el INSSJP / PAMI estableció a través de la Resolución 1392/24 un mecanismo de facturación que generó la firma de nuevos modelos de convenio individual entre Hospitales y el Instituto. Dichos convenios registran actualmente un segundo segmento de deuda cuyo importe asciende a $964.353.380, cifra que abarca facturas impagas desde octubre de 2025”.

No obstante, aclara que cinco Hospitales de mayor complejidad de la provincia, entre los que se incluyen el Centenario de Gualeguaychú, San Martín de Paraná, Masvernat de Concordia, Justo José de Urquiza de Concepción del Uruguay y San Antonio de Gualeguay, “cuentan con convenios diferentes orientados a la atención de pacientes bajo un régimen capitado, por lo que no registran deudas” bajo el sistema de convenios mencionados anteriormente. 

Según la información, “el total cobrado acumulado por estos cinco Hospitales de mayor complejidad en el primer semestre de 2026 asciende a $3.635.664.965, lo que representa un promedio de cobro mensual cercano a los $605.000.000”.

De acuerdo a lo informado por estos cinco Hospitales, “el modelo de convenio capitado no registra deudas fuera de los términos temporales establecidos”.

A la espera de pago

En el terreno local, el informe señala que el monto pendiente a favor del Hospital Centenario comprende prestaciones brindadas a afiliados de PAMI, por un monto de $39.722.935,52 vinculado principalmente con prestaciones asistenciales como internaciones, consultas, prácticas, medicamentos, y estudios, entre otros.

Para el período de mayo de 2026, el total correspondiente alcanzó los $15.094.622,90. Esta cifra se compone de tres registros correspondientes al rubro de Módulo Internación (Laboratorio + Fisio + Imágenes) por montos de $6.422.210,86, $1.508.447,96 y $6.655.140,79; el rubro de Eco Doppler en Internación por $170.916,00; Kinesiología por un total de $135.236,44; el de Oncoplan - Módulos de Internación por un valor de $114.698,70; el de Oncoplan - Módulos de Hospital de Día - Sesión de Quimioterapia por $53.133,65; y, por último, el rubro de Artroscopia con un monto de $34.838,50.

En el período correspondiente a junio de 2026, el subtotal fue de $5.261.639,41. El monto de este mes se distribuye entre diversas especialidades médicas ambulatorias y de internación, destacando principalmente los montos de Gastroenterología por $892.794,69; Tomografía Computada en Ambulatorio por $863.911,59; Eco Doppler en Ambulatorio por $391.088,49; Cardiología por $353.932,49; Eco diagnóstico de Nivel 1 por $266.063,74; Anatomía Patológica por $232.119,35; Neurología por $217.018,57; Radiología Ambulatoria de Nivel 1 por $210.021,93; y Neumonología por $201.345,19. Asimismo, se suman $193.824,28 en Otorrinolaringología; $193.344,09 en Ginecología y Obstetricia; $189.623,37 en Traumatología; $181.319,48 en Urología; y dos registros idénticos de $140.678,91 correspondientes a Dermatología y Nefrología. Completan la lista de este mes los montos de Endocrinología por $125.047,92; dos registros de $93.785,94 cada uno para Reumatología y Flebología; Cirugía General Ambulatoria por $78.154,95; Diabetología por $62.523,96; Fonoaudiología por $42.284,49; Eco Doppler en Internación por $35.767,17; y finalmente $31.261,98 de manera individual tanto para consulta en Oncología como para Hematología.

Por su parte, el período de julio de 2026 presentó un subtotal de $20.704.599,42. Su composición está concentrada casi en su totalidad en el rubro de Módulo Internación (Laboratorio + Fisio + Imágenes) con un monto de $20.017.219,18, seguido de las prestaciones de Kinesiología por $407.238,86, Prácticas Generales de Odontología por $176.259,65 y Artroscopia por $103.881,73.

Por último, el saldo final contempla débitos aplicados al período de mayo de 2026 por un subtotal de -$1.337.926,21. Este descuento se aplica a través de los conceptos de Módulo Internación (Laboratorio + Fisio + Imágenes) con un valor negativo de -$1.303.022,66 y de Kinesiología por un valor negativo de -$34.903,55.

Para el periodo enero-junio de 2026, las partidas recibidas y los ingresos por arancelamiento totalizaron $4.926.831.150,63, con un promedio mensual aproximado de 821,1 millones, detalla el informe.

Asimismo, desde el Ministerio de Salud aclararon que la institución “recibe fondos correspondientes a programas y prestaciones específicas, entre ellos subsidios, Prestaciones de Alto Costo y Baja Incidencia (PACBI), Incluir Salud, Crónicos y Guardias Profesionales”. No obstante, remarcaron que “la estructura de financiamiento se encuentra conformada por distintas fuentes de recursos, por lo que la partida mensual de Rentas Generales constituye una de las fuentes de financiamiento del establecimiento, pero no representa la totalidad de los recursos disponibles para su funcionamiento”.

Frente a la coexistencia de diferentes marcos normativos de facturación —como las resoluciones que rigen los esquemas de pago capitado y los aranceles por prestación individual—, el documento oficial subraya que las partidas de dinero que recibe el efector de salud de la ciudad no constituyen un bloque homogéneo ni dependen íntegramente de la regularización de la deuda de PAMI. El esquema de ingresos combina la asignación presupuestaria provincial provista por Rentas Generales con el recupero de costos por servicios brindados a afiliados de diversas obras sociales y prestatarias privadas. A esta base de financiamiento se añaden las partidas canalizadas a través de programas de salud específicos, tales como los subsidios para tratamientos de alto costo y baja incidencia, el programa Incluir Salud, la provisión para medicamentos de pacientes crónicos y las asignaciones destinadas a la cobertura de las guardias profesionales.

Con la firma de los diputados nacionales Guillermo Michel, Marianela Marclay y Gustavo Bordet se solicitó al PAMI y al Ministerio de Salud de la Nación que se informe a la Cámara de Diputados sobre la deuda que el PAMI mantiene con los hospitales públicos y efectores estatales de salud de la Provincia de Entre Ríos, respondiendo especialmente los siguientes puntos:

1. Informe el monto total de la deuda que el INSSJP-PAMI mantiene con los hospitales públicos y efectores estatales de salud de la Provincia de Entre Ríos, discriminado por establecimientos y por antigüedad de la deuda.

2. Indique cuales son las prestaciones médicas, sanitarias y asistenciales que dieron origen a dicha deuda.

3. Informe las fechas en que fueron realizadas las prestaciones cuya facturación permanece impaga.

4. Explique las razones administrativas, presupuestarias o financieras que originaron la acumulación de deuda.

5. Indique si existe un cronograma de cancelación de las obligaciones pendientes y detalle los plazos previstos para su pago.

6. Indique qué medidas adoptará el Poder Ejecutivo Nacional para evitar que la demora en los pagos afecte el funcionamiento de los hospitales públicos y la atención de los afiliados al PAMI de Entre Ríos.

Al respecto, Michel señaló que: “el gobierno de Frigerio ya se convirtió en una sucursal de Milei en la provincia. Le entregó los senadores, los diputados y ahora no reclama ni siquiera la deuda con los hospitales entrerrianos. Es el peor gobierno provincial desde la vuelta de la democracia”.

El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) confirmó que continuará otorgando la cobertura del 100% para cerca de 160 medicamentos esenciales destinados a jubilados y pensionados que realizan tratamientos complejos o padecen enfermedades crónicas.

Desde la obra social explicaron que el beneficio alcanza a medicamentos considerados indispensables para garantizar la continuidad de distintos tratamientos, sin que se tenga en cuenta la situación patrimonial o el nivel de ingresos de los afiliados.

La cobertura gratuita incluye fármacos utilizados para tratar diversas patologías de alta complejidad y de tratamiento prolongado.

Qué medicamentos seguirán siendo gratuitos

Según informó PAMI, la cobertura total comprende medicamentos destinados a:

Diabetes, incluyendo insulina, hipoglucemiantes y tiras reactivas.

Enfermedades cardiovasculares y tratamientos para el colesterol.

Osteoporosis y artritis reumatoidea.

Tratamientos oncológicos y oncohematológicos.

VIH y hepatitis B y C.

Medicamentos inmunosupresores para pacientes trasplantados.

Insuficiencia renal crónica.

Tratamientos oftalmológicos específicos.

Hemofilia y enfermedades fibroquísticas.

Osteoartritis e hiperparatiroidismo.

En cuanto a los medicamentos ambulatorios o de uso frecuente, PAMI confirmó que seguirá otorgando descuentos que van del 40% al 80%.

No obstante, en estos casos sí se tendrán en cuenta los ingresos del afiliado y su situación patrimonial para determinar el porcentaje de cobertura que corresponde.

Desde la obra social señalaron que el objetivo es priorizar los recursos para quienes más los necesitan, manteniendo la asistencia en los tratamientos esenciales.

PAMI recordó además que los afiliados que no puedan afrontar el costo de sus medicamentos pueden solicitar un subsidio social especial.

La solicitud será evaluada por el organismo, que analizará la situación económica del beneficiario, su patrimonio y si cuenta con otra cobertura de salud que pueda utilizar para acceder a la medicación.

Nuevas auditorías ordenadas por el titular del PAMI, Esteban Leguízamo, revelaron graves inconsistencias en las prestaciones de médicos de cabecera en varias jurisdicciones del país que derivarían en un fraude millonario contra la obra social de los jubilados.

Los expedientes del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (Inssjp), que documentan facturas que superan la capacidad horaria posible de atención y órdenes médicas emitidas a nombre de afiliados fallecidos, entre otras irregularidades. Como consecuencia de ello, la mayor obra social de América Latina realizó denuncias penales y, en algunos expedientes, se resolvió la retención preventiva de liquidaciones a los profesionales mientras continúan las investigaciones.

Los principales casos se registraron en Buenos Aires, Santa Fe y Chaco. Hay al menos siete profesionales de distintas jurisdicciones comprometidos, entre ellos un cardiólogo que prestaba servicio en Rosario y que ayer fue allanado por la Justicia.

El patrón detectado es sistemático: en todos los expedientes analizados, las prestaciones facturadas exceden con amplitud la cantidad máxima de consultas que cada profesional podría realizar según las horas de atención que él mismo declaró en el sistema institucional del organismo. Cuando esa brecha resulta significativa, el INSSJP dispone débitos o retenciones preventivas de pagos, y en los casos más graves, rescisiones de contrato y denuncias penales.

Uno de los casos más extremo involucra a un cardiólogo de la localidad santafesina de Acebal, que el jueves fue allanado por la Policía Federal Argentina (PFA).

La maniobra que se investiga radica en la intervención del especialista M. G. A. El mismo afirmó haber atendido a más de 5000 afiliados de PAMI y haberles realizado más de 50.000 estudios y prácticas médicas entre los años 2023 y 2025, resultando llamativo que la mayor parte de esos afiliados residen en otras provincias.

El total de la defraudación rondaría los $700.000.000 de los cuales, aproximadamente, $580.000.000 fueron efectivamente abonados por PAMI al cardiólogo.

La investigación judicial determinó que el especialista “registraba en el sistema de la obra social múltiples atenciones a decenas de pacientes día a día, que incluían tanto la consulta inicial como una serie de estudios (electrocardiogramas, holter, etc.)”.

Los allanamientos —que alcanzaron los consultorios y el domicilio particular del médico— fueron autorizados por el juez de garantías Carlos Vera Barros a pedido de los fiscales Andrés Montefeltro y Virginia Sosa. La Oficina de Criminalidad Económica, a cargo del fiscal general interino Javier Arzubi Calvo, conduce la causa junto a los fiscales coadyuvantes Soledad García, Montefeltro y Sosa, todos de la Unidad Fiscal Rosario. La investigación tuvo su origen en una actuación preliminar de la Unidad Fiscal de Investigaciones para Delitos Cometidos en el ámbito de Actuación del INSSJP (UFI-PAMI) del Ministerio Público Fiscal de la Nación, luego de que se detectara un grupo de afiliados que desconocían las consultas y prácticas que supuestamente les había realizado el médico.

En todos los expedientes analizados, las auditorías aplicaron el mismo criterio: calcular la cantidad máxima de consultas que un profesional podría realizar según las horas de atención que él mismo declaró en el sistema institucional, y contrastar ese número con las prestaciones efectivamente facturadas.

Lo que sigue son los expedientes relevados por este medio:

La primera auditoría sobre este cardiólogo de Acebal se realizó en enero de 2025. El contrato fue dado de baja el 24 de julio de 2025. La revisión verificó que 10 afiliados con órdenes médicas electrónicas (OME) emitidas a su nombre desconocieron haber sido atendidos por el profesional.

Un informe adicional documentó prácticas supuestamente realizadas y facturadas durante julio de 2024 a afiliados que captaban en otras jurisdicciones. Entre las irregularidades más graves figura la emisión de órdenes médicas electrónicas a nombre de afiliados fallecidos.

Se registraron órdenes médicas electrónicas realizadas y aceptadas el 14 de noviembre de 2024, pese a que había sido dado de baja por fallecimiento el 8 de ese mismo mes.

La auditoría detectó desvíos en las prestaciones del período mayo de 2025. La observación surge de la comparación entre las consultas facturadas y la capacidad máxima de atención calculada a partir de las horas que el propio prestador declaró en el sistema oficial. Como resultado, se dispuso un débito sobre las liquidaciones del período auditado.

Las auditorías determinaron inconsistencias que derivaron en un débito sobre las prestaciones del período analizado. La validación tomó como referencia las horas de atención informadas por el profesional y la cantidad máxima de consultas compatibles con esa disponibilidad.

Las verificaciones sobre la facturación del período auditado derivaron en la instrucción de aplicar un débito. La medida forma parte del proceso de revisión que contrasta las consultas registradas con la capacidad operativa declarada por cada médico de cabecera.

Las auditorías detectaron desvíos en las prestaciones presentadas por la profesional. Se ordenó un débito correspondiente a la liquidación del período analizado, tras el cruce entre las horas de atención declaradas y el volumen de consultas efectivamente facturadas.

A diferencia de los casos anteriores, el organismo dispuso una retención preventiva de pagos sin avanzar con la liquidación correspondiente mientras se desarrolla el proceso de auditoría.

La medida abarca prestaciones en tres agencias: Lanús, San Justo y Quilmes y los pagos quedaron suspendidos hasta la finalización de las revisiones.

Cada uno de los ejemplos anteriores se inscriben en un proceso de control más amplio que el PAMI lleva adelante desde que Esteban Leguízamo asumió la conducción del organismo.

En mayo de 2026, el INSSJP informó la baja de más de 1.500 prestadores en todo el país por cobros indebidos, facturación de prestaciones inexistentes y establecimientos con condiciones que no cumplían los protocolos de higiene y seguridad. Según aclararon desde la obra social de los jubilados, el organismo “garantizó que esas medidas no interrumpirían los tratamientos de los afiliados”.

En noviembre de 2025, el INSSJP había denunciado ante la Justicia federal una estafa de miles de millones de pesos articulada a través de órdenes médicas electrónicas falsas, facturaciones sin respaldo y uso indebido de datos personales de afiliados, lo que dio lugar a al menos seis causas penales activas en distintas jurisdicciones.

En febrero pasado, auditorías en cardiología y gastroenterología revelaron volúmenes de prestaciones imposibles de justificar: uno de los casos documentados mostró a un prestador que declaró 283 prácticas en 95 pacientes en apenas cinco horas; otro registró 689 órdenes médicas electrónicas en un solo día asociadas a 326 pacientes distintos, lo que hubiera requerido entre 81,5 y 108,7 horas de trabajo continuo.

“Auditar no significa perseguir”, aclararon desde el Instituto ante una consulta de Infobae, al tiempo que garantizaron que las bajas aplicadas no interrumpirán los tratamientos de los afiliados, ya que el organismo trabaja para mantener la continuidad de las prestaciones a través de la red de atención disponible en todo el territorio nacional.

Dentro de ese proceso de fiscalización se ubica el caso de Sanarte S.R.L., un poli consultorio con múltiples especialidades y prácticas ambulatorias con sede en San Miguel de Tucumán. La auditoría integral detectó un conjunto de faltas que van desde problemas administrativos hasta incumplimientos de la normativa vigente en materia de derechos del paciente.

Entre las observaciones más graves figuran la falta de habilitación municipal actualizada y legajos profesionales incompletos, con ausencia de matrículas e inscripciones de los médicos que atendían a los afiliados.

La auditoría también detectó demoras de hasta 21 días para obtener un turno en especialidades como cardiología, gastroenterología y traumatología, lo que afectó directamente la accesibilidad de los jubilados al sistema.

Uno de los hallazgos más llamativos fue la modalidad de atención: el establecimiento asignaba turnos cada un minuto bajo un sistema “por orden de llegada”, una práctica que los auditores consideraron incompatible con una atención médica adecuada.

El segundo caso se tramitó bajo el Expediente EX-2025-32083683-INSSJP-GPM#INSSJP e involucra al médico J. C, prestador perteneciente a la UGL XIII – Chaco del PAMI.

Las actuaciones se originaron a partir de auditorías y controles realizados por las áreas técnicas del Instituto, que detectaron deficiencias en la documentación clínica obligatoria, incumplimientos contractuales e inconsistencias administrativas y médicas en las prestaciones facturadas.

El profesional investigado no logró revertir las observaciones en la instancia de descargo. Según surge del expediente, los descargos presentados fueron considerados insuficientes por el organismo, que además señaló que las conductas detectadas afectaban los mecanismos de control y auditoría del PAMI. Ante ese cuadro, el Instituto resolvió aplicar sanciones administrativas y avanzar con la rescisión del contrato prestacional.

El Ministerio de Economía dispuso un auxilio financiero de $580.000 millones al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP) en medio de fuertes reclamos por cortes de servicio y falta de entrega de medicamentos.

En los considerandos se señaló que la medida tiene como objetivo que el organismo pueda “atender obligaciones asumidas con prestadores y proveedores y garantizar la continuidad de las prestaciones y servicios a su cargo”.

Esta decisión administrativa responde a la "crítica situación financiera por la que atraviesa el Instituto", según se detalla.

De acuerdo con la Resolución Conjunta 26/2026 de las secretarías de Finanzas y de Hacienda, publicada este viernes en el Boletín Oficial, el financiamiento se realizará mediante la ampliación de la emisión de tres series de Letras del Tesoro Nacional Capitalizables en pesos (LECAPS) con vencimientos programados para el año en curso. O sea, esto implica que el Gobierno nacional tomará deuda para realizar el aporte.

El primer tramo del aporte, correspondiente al 33% del total, se integrará con letras que vencen el 31 de julio de 2026, con un valor nominal original de 173.672.159.684 pesos.

Un segundo tramo, también del 33%, se cubrirá con instrumentos con vencimiento al 31 de agosto de 2026, por un valor nominal de 164.037.509.356 pesos.

El 34% restante se completará con letras que vencen el 30 de septiembre de 2026, lo que representa un valor nominal de 187.363.497.440 pesos.

Los instrumentos financieros serán entregados a su valor técnico calculado al 18 de mayo de 2026.

La normativa establece que estas Letras del Tesoro deben ser "reembolsadas en el mismo ejercicio financiero en que se emitan", en cumplimiento con la Ley de Presupuesto General para 2026.

La resolución lleva las firmas de los secretarios de Finanzas, Federico Furiase, y de Hacienda, Carlos Guberman.

Fuente: NA

La presidenta de la Asociación de Clínicas y Sanatorios de Entre Ríos (ACLER), Silvia D'Agostino, habló sobre la situación que atraviesan los prestadores de PAMI y aseguró que se vive “un momento de mucha incertidumbre”.

Las declaraciones surgieron luego de conocerse que un sanatorio de Concordia restringió la atención a afiliados del PAMI debido al contexto económico y operativo. Según explicó la dirigente, la problemática afecta a prestadores de todo el país.

“Estamos en un momento de mucha incertidumbre en todo el contexto del convenio con PAMI”, afirmó D’Agostino. Sobre la clínica de Concordia en particular, expresó que “son decisiones individuales” y sostuvo que existía expectativa por un cambio de convenio impulsado por la obra social nacional, aunque “pedían adhesión, pero no nos decían exactamente a qué estábamos adhiriendo”.

La presidenta de CLER explicó que comenzaron a detectarse restricciones automáticas al momento de cargar prestaciones médicas en el sistema. “No son restricciones de los sanatorios, son restricciones que nos aparecen por sistema”, aclaró.

En ese sentido, relató una situación ocurrida en su propio establecimiento: “El día 5 del mes pasado viene un afiliado de PAMI a hacerse una placa radiográfica y cuando queremos cargar la orden nos sale que el cupo ya está completo, cupo completo el día 5 del mes”.

Según detalló, el problema se repite en distintas prácticas y servicios médicos. “Nos ponen topes, pero no sabemos a qué obedecen. Supongo que la ecuación es a menor gasto”, manifestó.

La dirigente indicó que, ante esas limitaciones, muchos afiliados deben ser derivados a las oficinas regionales de PAMI para intentar conseguir autorizaciones especiales. “Hay que mandar los afiliados a la UGL para ver si pueden habilitarle prácticas por fuera de lo que nosotros no podemos cargar”, explicó.

Otro de los puntos señalados por la representante de los sanatorios fueron los descuentos aplicados en las liquidaciones de prestaciones ya realizadas. “En las facturas de este mes del pago llegan débitos que no entendemos de qué se trata. Lo único que dice es ‘fuera de rango’”, afirmó.

D’Agostino remarcó que incluso fueron descontadas prácticas de alta complejidad previamente autorizadas por PAMI. “Es rarísimo y no tenemos respuesta. Ese es el problema: incertidumbre”, expresó.

Además, aseguró que la situación se replica en diferentes provincias. “Tenemos grupos de WhatsApp de todas las asociaciones de clínicas del país y todos estos débitos se dieron igual en todos lados, sin explicación alguna”, sostuvo.

La presidenta de ACLER también advirtió sobre las dificultades económicas que atraviesan las obras sociales nacionales y el impacto sobre el sistema de salud privado.

“La seguridad social hoy está en riesgo”, afirmó. Y agregó: “La medicina es cara y se encarece”.

Según señaló, algunas obras sociales presentan importantes atrasos en los pagos. “Tenemos la UTA, camioneros, los viales; hay varias con serias dificultades”, indicó.

Finalmente, D’Agostino confirmó que cámaras y entidades vinculadas al sector sanitario elevaron reclamos formales al Ministerio de Economía, Ministerio de Salud y PAMI para solicitar soluciones. “No hay respuesta todavía”, concluyó. (elonce)

El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP-PAMI) identificó una red de desvíos en prestaciones oftalmológicas y ópticas que se replica en distintos puntos del país, con patrones de sobrefacturación, prestaciones fantasmas, circuitos cerrados y cobros indebidos a afiliados.

Los relevamientos, realizados mediante cruces de datos del sistema de Órdenes Médicas Electrónicas (OME) y auditorías prestacionales, demuestran que no se trata de casos aislados, detectándose la repetición de estas maniobras en Santiago del Estero, Buenos Aires, Entre Ríos y La Rioja.

La auditoría identificó al menos cinco modalidades de desvío, siendo la más extendida la sobrefacturación de anteojos. Según el informe, los prestadores recetaban lentes de baja graduación, pero facturaban módulos de alta graduación, hasta cinco veces más caros: "Un módulo real tiene un valor de $4.941, mientras que los módulos facturados llegaron a $27.204".

A esto se suman las "prestaciones fantasmas", consistentes en consultas y estudios nunca realizados, donde "hasta el 50% de las órdenes carecía de respaldo clínico".

El esquema también incluyó circuitos cerrados con conflictos de interés y el cobro indebido a los jubilados por lentes que debían ser gratuitos. Los auditores relevaron casos donde se ofrecían productos fuera de cobertura a precios exorbitantes, llegando a detectar pagos de "hasta USD 1.500 más $353.500 por lentes que debían estar cubiertos".

En Santiago del Estero, se confirmaron 606 casos de sobrefacturación con un perjuicio de $10,4 millones, confirmándose un vínculo familiar directo entre el médico derivante y el titular de la óptica.

En Entre Ríos, la situación fue descrita por los auditores como una "facturación sin sustento médico real", tras hallar 613 casos de sobrefacturación y recetas emitidas sin dioptrías.

Estas maniobras se enmarcan en un proceso de investigación más amplio sobre el sistema OME que ya cuenta con al menos seis causas judiciales activas. "Esta gestión no encubre, investiga y denuncia. Hay un mandato claro de sanear el sistema y erradicar los abusos", destacaron fuentes del Instituto.

Uno de los expedientes más avanzados radica en Rafaela, Santa Fe, donde se pidió el juicio oral para un médico y una farmacéutica por confeccionar 636 prescripciones apócrifas. El fraude se constató al rastrear las direcciones IP de las recetas electrónicas, las cuales "correspondían a computadoras ubicadas en el domicilio comercial de la farmacia".

Otros hallazgos incluyeron volúmenes de atención imposibles, como un cardiólogo que registró 689 órdenes en un solo día, lo que equivaldría a jornadas de hasta "108,7 horas diarias".

Esta serie de auditorías comenzó bajo la gestión de Esteban Leguízamo, quien al asumir halló un déficit que ascendía a los 92.000 millones de pesos. Como contrapartida, la administración ya "recortó aproximadamente 90.000 millones de pesos en gastos políticos e innecesarios", eliminando gran parte de la estructura jerárquica y centralizando la compra de insumos para evitar la cartelización.

El organismo implementó ahora controles más estrictos y monitoreos permanentes para asegurar que los recursos lleguen efectivamente a los beneficiarios.

Fuente: NA 

El ajuste sin precedentes a la salud y a los jubilados llegó al punto cúlmine de dejarlos sin atención durante algunos días, con el riesgo que ello significa.

La determinación de PAMI de bajarles el sueldo prácticamente a la mitad a los médicos provocó la reacción de los profesionales, que durante la semana pasada realizaron paro durante 3 días, y que advierten que las medidas de fuerza se pueden prolongar durante los próximos o incluso empujar a la renuncia a la mayoría de ellos, dejando sin cobertura a miles de jubilados en todo el país.

Quien charló acerca de la situación que atraviesan los médicos de PAMI en nuestro departamento fue Alberto González, doctor de cabecera desde el 2003, quien vive en Urdinarrain y es el delegado gremial de la sede de Gualeguaychú de Appamia (Asociación de Profesionales de Programa de Atención Médica Integral y Afines).

Para entender el conflicto, el profesional explicó en primer lugar que “periódicamente tenemos la renovación de contrato, somos contratados de PAMI, eso se hace de forma online, y lo que ocurrió fue que en marzo faltaba el ítem de los honorarios…”

Además, detalló que la propuesta a PAMI fue que se pague per cápita $6.500 cada consulta, que estén englobados también los distintos ítems administrativos y se mantengan otros adicionales que son por zonas desfavorables y por capacitaciones.

Sin embargo, el pasado 11 de abril “sale la resolución que faltaba y ahí nos madrugamos que el valor cápita es de $2.100 y sacaron los adicionales”.

En cuanto a los números habituales que estaban cobrando los médicos, González precisó que “los contratos habitualmente son por 700 afiliados aproximadamente", y de ese número se desprenden las horas de consultorio que debemos cumplir por semana, que son unas 21 horas. Con el sistema mixto que englobaba la cápita ($950) y la pensión (que variaba de 6.000 a 9.000 pesos), eso significaba, sin contar los adicionales, alrededor de $2.000.000 para el médico de cabecera.

En cambio, comparó que “con la nueva resolución, ese mismo médico pasaría a cobrar prácticamente la mitad. Estamos muy lejos de las pretensiones, nos convenía seguir con el convenio anterior. Si uno desglosa el valor hora, antes eran aproximadamente $ 30.000, y con el nuevo serían $17.500”.

“La pérdida rondaría casi un 50% y esto va en detrimento de lo que es la actividad profesional, va a terminar en la renuncia masiva de médicos de cabecera o va a afectar la calidad de atención de los jubilados”, advirtió González, que resaltó que “somos el primer eslabón de toda esa cadena de PAMI, somos la cara visible para el afiliado, que nos termina consultando a nosotros todos sus inconvenientes para que PAMI le cubra la atención y los medicamentos. A un valor de 17 la hora nadie va a querer trabajar”.

Acerca de la cobertura de los medicamentos para los jubilados, el médico contó que “se ha modificado mucho lo que es la cartera de medicamentos y hay mayor control en la provisión de medicación, sobre todo en los sin cargo. Ahora solo cubren hasta cuatro, y siempre hay una serie de requisitos muy burocráticos que debe reunir el jubilado para ser beneficiario de los descuentos, antes era más accesible. Además, el descuento antes era del 80% y ahora es del 40%. Después, hay fármacos sin cargo para enfermedades como la diabetes, y el resto pasa por muchas auditorias, y los especialistas son reacios a hacer ese tipo de papelerío, entonces en la parte administrativa se la rechazan, es mucho más tediosa. Los jubilados son personas mayores y se terminan cansando, terminan no comprando el medicamento o por ahí lo tenemos que cambiar por otro”.

Cómo sigue el conflicto

Luego de una actitud desafiante por parte del gobierno nacional, con el ministro de Salud Mario Lugones asegurando que el problema de PAMI es que tiene “una carga grande” por contar con más de un millón de afiliados de más de 80 años, finalmente giró $150.000 millones a la obra social para empezar a pagar las deudas con prestadoras y con los médicos de cabecera.

Tras ello, en la última reunión del día viernes desde PAMI central le pidieron a Appamia “un tiempo” hasta el próximo miércoles 22 de abril, aclarando que la solicitud de $6.500 por cápita es “inviable presupuestariamente”, aunque prometiendo una propuesta con el valor por paciente mejorada.

Acerca de ello, González adelantó que “si no hay una respuesta favorable se va a profundizar la crisis. Pasar de ganar ‘X’ sueldo a ganar la mitad, no es viable. Queremos que se solucione a la brevedad porque esto no se puede sostener, va a desencadenar en una renuncia masiva de médicos de cabecera”.

En la misma línea, marcó que “el ministro de salud habló en algún momento de que las provincias se hicieran cargo de los jubilados, y si uno mira las dificultades que tiene OSER, si llegan a absorber PAMI sería un desastre”.

“Me da pena que el ministro diga que el problema de PAMI es porque hay muchos jubilados y gastan mucho en salud… si esta gente es la que decide en torno a un tema tan delicado, no sé qué podemos esperar”, concluyó.

El director ejecutivo de PAMI, Esteban Leguízamo, aclaró la situación actual del Instituto y  aseguró que ya se encuentra en marcha un proceso de normalización de pagos, luego de la acumulación de una deuda puntual en los últimos meses.

Por otro lado, Leguízamo desmintió que PAMI se encuentre en crisis y explicó que los reclamos de los prestadores corresponden mayormente a deuda corriente de pocas semanas, propia del funcionamiento del sistema, y destacó que "al 31 de marzo los vencimientos que teníamos han sido pagados".

En paralelo, Leguízamo subrayó que no hubo adhesión al paro por parte de los médicos de cabecera y explicó que la decisión de implementar la cápita unificada responde a un pedido que hace tiempo vienen haciendo los propios prestadores de salud. Además, remarcó que "los médicos de cabecera están al día, nunca se les dejó de pagar".

Por último, el director ejecutivo fue enfático en destacar que "la continuidad de las prestaciones estuvo garantizada en todo momento". El nivel de conflicto fue bajo en la práctica y no refleja lo que efectivamente ocurre en el sistema.

De esta manera, desde PAMI remarcaron que el foco actual está puesto en ordenar, regularizar y dar previsibilidad. Leguízamo aclaró: "esta gestión de PAMI audita y esto fortalece la administración de una institución que prioriza la atención a más de 5 millones de afiliados en todo el país". 

Fuente: APFDigital

El Juzgado Federal N° 2 de Mendoza, a cargo del juez Pablo Oscar Quirós, resolvió extender a todo el territorio nacional la medida cautelar que suspendió las resoluciones del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP–Pami) N° 2431/2024 y N° 2537/2024, las cuales habían modificado el régimen de cobertura gratuita de medicamentos.

Con esta decisión, el magistrado ordenó al organismo “garantizar nuevamente la provisión del 100% de los medicamentos esenciales” a todos los jubilados y pensionados del país.

La resolución fue dictada el 22 de octubre y notificada al día siguiente. En ella, el juez hizo lugar al pedido de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), que había solicitado la extensión de la cautelar previamente concedida en Córdoba y Salta. El tribunal reconoció la legitimación activa de la entidad por su alcance nacional y su trayectoria institucional en la defensa de derechos fundamentales.

Representación y fundamentos de la medida

Los presidentes de la APDH, Eduardo Tavani, Paula Topasso y Mariela Pérez Cisneros, ratificaron ante el tribunal lo actuado por los abogados Mabel Sessa y Carlos Vicente, quienes habían requerido que la medida se hiciera extensiva a todos los beneficiarios del país.

El juez Quirós consideró que la organización, fundada en 1975 y con más de 30 regionales en el país, cumplía con el estándar de “representación adecuada” establecido por la Corte Suprema en el precedente Halabi (Fallos: 332:111).

En su escrito, destacó que la APDH actúa “en defensa integral de los derechos humanos, incluyendo las áreas de salud, educación, género, diversidad y pueblos originarios”, y que su estructura federal acredita una representación efectiva en todo el territorio nacional.

El magistrado sostuvo que se verificaron los tres requisitos exigidos por la Corte para admitir acciones colectivas: una conducta institucional uniforme que afecta al conjunto de afiliados del Pami, una pretensión de cesar el daño común mediante la restitución del programa “Vivir Mejor” y la normativa previa, y la imposibilidad de canalizar reclamos individuales con eficacia debido a la dispersión judicial y a la vulnerabilidad económica del grupo afectado.

Argumentos del tribunal

En sus fundamentos, el fallo señaló que las resoluciones impugnadas habían introducido criterios socioeconómicos “irrazonables y desproporcionados”. Entre ellos, la exigencia de presentar información patrimonial y de ingresos que el Estado ya posee, lo que —según el juez— contraviene los principios de eficiencia administrativa y debida diligencia previstos en la Ley de Procedimientos Administrativos.

El magistrado remarcó que la suspensión se dictó para proteger “de manera urgente el derecho a la salud de las personas mayores, un grupo especialmente vulnerable y de preferente tutela por parte del Estado”. Citó la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores (Ley 27.360) y recordó que “en tiempos de crisis económica debe reforzarse la protección de los derechos sociales, evitando retrocesos en las políticas públicas sanitarias”.

Efectos y alcance de la decisión

La resolución judicial reafirmó los principios de igualdad ante la ley y tutela judicial efectiva. En su parte resolutiva, ordenó al Pami suspender la aplicación de las resoluciones N° 2431/2024 y N° 2537/2024 en todo el país y dispuso que los trámites ya iniciados por los beneficiarios mantendrán plena validez.

Además, instruyó al organismo a informar en un plazo de 48 horas las medidas adoptadas para implementar la decisión y a publicar la resolución en medios digitales nacionales para garantizar su conocimiento público.

El fallo recordó que el mismo tribunal ya había dictado cautelares similares en distintas jurisdicciones, impulsadas por entidades como la Asociación de Jubilados y Pensionados de Mendoza (Jubypen), la Red de Defensa al Consumidor y Usuario (Redecu) de Tucumán, el Centro de Jubilados 21 de Septiembre, la APDH de Córdoba y Salta, y las centrales sindicales CTA y CTA Autónoma. Varias de estas medidas fueron ratificadas por la Cámara Federal de Mendoza.

Reacción de la APDH

Desde la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos celebraron el fallo y lo definieron como “un paso fundamental para frenar el retroceso en materia de derechos que implican las políticas de ajuste del gobierno nacional”.

La entidad expresó que “los adultos mayores merecen una protección especial e integral, inmediata y actual”, y consideró que el fallo representa “una respuesta contundente en defensa del derecho a la salud y la vida”.

Por último, la APDH reafirmó que este precedente “refuerza la esperanza de que los derechos adquiridos por el pueblo argentino sigan siendo protegidos ante embestidas estatales regresivas” y aseguró que continuará “defendiendo la vida, la salud y la dignidad de las personas, en especial de los adultos mayores”.

El Juzgado Federal de Gualeguaychú resolvió sobreseer a Anastasia Aramburu en la denuncia presentada por referentes locales de La Libertad Avanza, entre los cuales se encuentra la actual titular de la Obra Social de los jubilados. Con esta decisión, la Justicia dejó en claro que la exdirectora de la Agencia PAMI de Gualeguaychú no incurrió en malversación de fondos ni incumplió los deberes propios de su cargo.

Se trata de la segunda investigación que la Justicia desestima en su contra. Aramburu había estado al frente de la agencia durante la gestión nacional de Alberto Fernández y ya había enfrentado un primer reclamo judicial presentado por exconcejales de Juntos por el Cambio: Pablo Echandi, Alejandra Leissa y Juan Ignacio Olano. En aquella denuncia, se cuestionaba la contratación de oftalmólogos que, según los denunciantes, no contaban con la habilitación legal para ejercer. Tras analizar los hechos, la Justicia concluyó que no existía delito y dictó su sobreseimiento.

Sin embargo, la oposición continuó con los cuestionamientos. La segunda denuncia provino de referentes locales de La Libertad Avanza, entre ellos Andrés Romero, candidato a intendente de Gualeguaychú, y varios integrantes de su lista de concejales, incluida la actual titular de PAMI, Andrea Sánchez. El planteo se basó en publicaciones periodísticas y mensajes de WhatsApp que señalaban que Aramburu habría viajado a Uruguay, “posiblemente a Punta del Este”, durante dos días de comisión aprobados por la agencia, lo que los denunciantes calificaron como un presunto fraude a la administración pública.

Desde la Justicia se aclaró que las comisiones internas no generan remuneración adicional. Simplemente consisten en permisos otorgados por la autoridad para ausentarse temporalmente de la oficina. La investigación judicial se centró en determinar si el viaje y la licencia constituían un incumplimiento de deberes o un perjuicio económico para la administración.

Tras analizar toda la documentación presentada y la información recabada durante el proceso, el fiscal Federal Pedro Rebollo concluyó que las acciones de Aramburu no constituían delito alguno, ni tampoco un incumplimiento de sus obligaciones como funcionaria pública. Asimismo, no se detectó malversación de fondos que pudiera haber causado un perjuicio al Estado.

El juez Federal Hernán Viri, en su resolución, destacó que “el caso no reviste entidad suficiente para demandar la intervención penal del Estado” y dispuso el sobreseimiento de Aramburu. En su fallo, el magistrado subrayó además que la sustanciación del proceso “no afecta el buen nombre y honor de la persona investigada”.

La decisión judicial cierra un capítulo de tensiones políticas locales que había generado amplias repercusiones mediáticas. Para Aramburu, la resolución representa no solo el fin del proceso judicial, sino también la restauración de su reputación tras meses de cuestionamientos y acusaciones infundadas.

El PAMI volvió a quedar bajo la lupa por una acusación que sacudió al sistema de salud: oftalmólogos de distintas provincias aseguran que el organismo llegó a pagar casi diez veces más por los lentes intraoculares que se usan en las cirugías de cataratas.

¿Y mañana qué?, el programa de Luciana Geuna por TN, mostró que hasta julio cada médico compraba los lentes directamente a los laboratorios y luego rendía la factura al PAMI, que reintegraba el monto junto con los honorarios fijos por la práctica quirúrgica. El costo era transparente: alrededor de $35.000 por cada lente monofocal, un valor de mercado en el que coincidían los cuatro laboratorios productores.

Sin embargo, en agosto todo cambió y el PAMI licitó la compra masiva de lentes intraoculares por un período de 12 meses (renovable un año más) por más de $80.000 millones. Al mismo tiempo, dio de baja el esquema anterior a través de la resolución 1737/2025, que obligó a los médicos a pedir los insumos directamente al organismo.

La lógica del nuevo sistema parecía evidente: centralizar la compra y garantizar stock debería abaratar costos, pero ocurrió lo contrario. Los precios se dispararon y generaron un escándalo que hoy tiene indignados a más de 500 oftalmólogos en un chat nacional de prestadores de PAMI.

La resolución 1560/2025, publicada en el Boletín Oficial, expone los valores adjudicados a cinco laboratorios. Allí se observa que el PAMI paga por cada lente entre $150.000 y casi $300.000, entre cinco y diez veces más que el valor de mercado.

Algunos ejemplos:

Los documentos adjuntados por los profesionales —facturas de compra directa, pedidos de presupuesto, capturas de la licitación y resoluciones oficiales— refuerzan la acusación.

La centralización también generó un problema operativo. Según denuncian los médicos, el envío de las lentes no llega a tiempo en muchos casos y esto provoca que se reprogramen cirugías de cataratas ya pautadas con afiliados.

Frente al escándalo, desde el organismo justificaron el cambio de sistema en “falencias graves” del esquema anterior: falta de trazabilidad, ausencia de control en la provisión de insumos y casos detectados de cobro de copagos indebidos a los afiliados.

Los lentes Auroflex preparados para la entrega. (Foto: TN).

En cuanto a los precios, PAMI aseguró que “no hay lugar a la comparación” porque el valor actual incluye el lente, doble solución viscoelástica, trazabilidad, logística y provisión continua. Según el organismo, el costo total por la prestación (cirugía más insumo) es de $565.000, menos que lo que abonan otras obras sociales y prepagas: la del Poder Judicial paga $740.000 y OSDE más de $1.148.000.

La medida, que buscaba orden y ahorro, terminó en una fuerte controversia. Para los oftalmólogos, el Estado gasta cifras desproporcionadas por insumos básicos; para el PAMI, se trata de garantizar calidad y acceso a nivel nacional.

La droguería Suizo Argentina quedó en el centro de la atención pública luego de que, a comienzos de la semana pasada, se conocieran los audios del ahora extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo. En ellos, quien fuera abogado del presidente Javier Milei señalaba: “La gente de la Suizo llama a los proveedores y les dice ‘escuchame, no va más el 5, vas a tener que poner el 8 (lo que cobran de medicamentos), lo traés a la Suizo y nosotros lo subimos a Presidencia. Por teléfono. Así se están manejando’”.

Según reveló Ámbito, la droguería de la familia Kovaliker acumuló en menos de dos años de gestión de Javier Milei contratos por más de $100.000 millones. Más que en los cuatro años de Alberto Fernández y en una administración que no tiene como política pública compras masivas de medicamentos.

Pero, en las últimas horas, fuentes calificadas de las Fuerzas Armadas señalaron que le dieron "luz verde a los exdirectores de IOSFA para que aporten información, ya sea por cuenta propia o ante la citación de la justicia, sobre el manejo respecto de las licitaciones y las compras de urgencia" dirigidas a droguería Suizo Argentina SA. Se podría romper el dique de la información documental que precisa la causa judicial para avanzar.

Sin embargo, hay contrataciones que no son comunicadas en el portal oficial COMPRAR.AR. Un ejemplo de ellas son las realizadas por el programa Impulsar Salud, por un valor que ronda los 15.000 millones de pesos. Otra unidad que tampoco las comunica por medio de la mencionada página web es PAMI, que las informa a través de su Boletín Oficial.

Según el relevamiento realizado por Ámbito, Suizo Argentina, en menos de 20 meses desde el inicio del gobierno libertario, obtuvo 28 contratos por parte del PAMI, que se encuentra bajo la dirección de Esteba Leguizamo. Tres de ellos son por u$s195.000 , u$s168.000, u$s105.000, respectivamente. Los tres fueron en el marco de una compulsa abreviada.

El primer caso, el de la suma más alta, se dio en 2025. Mientras que el segundo y el tercero fueron en 2024. Según la información a la que accedió Ámbito, PAMI eligió las sucesivas ofertas de Suizo Argentina para la adquisición del medicamento importado Patisiran 10 mg. en desmedro de las de EHG DRUG STORE LLC, CLINISPED DISTRIBUCIONES FARMACÉUTICAS S.L. y FARMAMONDO S.A..

Durante 2024, en total, fueron 19 las veces que PAMI contrató los servicios de la droguería que ahora tiene detenidos a sus titulares bajo la sospecha de corrupción. La mayoría de ellas fueron por compulsa abreviada. Cabe señalar que este mecanismo es un proceso de contratación simplificado que utiliza, en este caso PAMI, para adquirir bienes y servicios de manera más rápida que la forma tradicional y bajo el argumento de la urgencia.

En varias de las contrataciones, Suizo Argentina compartió la venta con otras droguerías. Un ejemplo de ello es una compra por más de 1.132 millones de pesos. En esta oportunidad, se trató de medicamentos antimicrobianos con destino a los Policlínicos PAMI I y PAMI II, de la provincia de Santa Fe, al Hospital Dr. Bernardo A. Houssay, de la provincia de Buenos Aires, a la Unidad Asistencial Dr. César Milstein, de la Ciudad de Buenos Aires, y al Hospital del Bicentenario de Ituzaingó, de la provincia de Buenos Aires.

También hay otras contrataciones, por compulsa abreviada, que beneficiaron únicamente a Suizo Argentina, como fue la compra de guantes de examen por 17 millones de pesos para el Policlínico PAMI II de la ciudad de Rosario. Otra compra del mismo tenor incluye el medicamento importado PKU EXPRESS 15, por un valor de 11 millones de pesos.

En lo que va de 2025, la cantidad de contrataciones siguen el mismo ritmo que el año anterior. Hasta esta semana van ocho, más una en la que se canceló el contrato.

Por caso, PAMI prorrogó el contrato de Suizo Argentina para la provisión de bolsas de recolección de fluidos con carros y canister en comodato, con destino al Hospital Bicentenario de Ituzaingó, provincia de Buenos Aires. Y, a su vez, amplió a el contrato para la adquisición de elementos descartables para protección personal para el mismo hospital.

Se dio una rareza: según comunicó el 8 de julio de este año, PAMI rescindió la adquisición del medicamento importado QALSODY (tofersen) 100 mg/15 ml, supuestamente porque un paciente no presentó la documentación correspondiente.

La última contratación informada por PAMI fue tres días después del escándalo desatado por los audios de Spagnuolo. Este viernes 22 de agosto, por casi 45 millones de pesos, junto contras droguerías, Suizo Argentina fue contratada para la adquisición de medicamentos antimicrobianos para prevención de enfermedades de los afiliados internados en los distintos efectores, mediante modalidad de “Orden de Compra Cerrada”.

El país afronta uno de los inviernos más crudos de los últimos años, producto de las bajas temperaturas, y PAMI ofrece un servicio clave para los jubilados en esta época del año. Estamos hablando nada más y nada menos que la vacuna antigripal.

PAMI tiene disponible para todos los jubilados y pensionados afiliados a la obra social de adultos mayores, la posibilidad de recibir de manera completamente gratuita la vacuna antigripal. Esta campaña inició a comienzos de abril, y ya se sabe que, hasta fines de julio, los beneficiarios pueden acudir a los puntos habilitados para inocularse.

Año a año, antes de la llegada del invierno, PAMI lanza la campaña de vacuna antigripal para los jubilados y pensionados afiliados a la obra social. Se trata de uno de los beneficios más importantes que dispone el ente, en lo que respecta directamente sobre servicios de atención médica.

Los jubilados de PAMI tienen consultas muy claras sobre este tipo de servicios, a pesar de que año a año se replique la metodología a la hora de aplicar la vacuna antigripal. Las principales preguntas, con sus respuestas, son las siguientes:

-¿Qué jubilados pueden vacunarse?

Afiliados de PAMI mayores de 65 años y los afiliados menores de 65 años que presenten factores de riesgo.

-¿Dónde vacunarse?

A lo largo de más de 6500 farmacias de todo el país que componen la Red PAMI.

-¿Cuánto cuesta la vacuna antigripal?

El jubilado de PAMI lo recibe completamente gratis

Para buscar una farmacia habilitada, el jubilado puede consultar el buscador de farmacias desde http://www.pami.org.ar/farmacias o llamar al 138 - PAMI Escucha y marcar la opción 0 (cero). La vacuna es segura, libre y gratuita para todos los afiliados a PAMI.

Hay que tener en cuenta que las vacunas que conforman esta campaña de vacunación antigripal son las siguientes:

-Vacuna trivalente TIV (INFLUVAC®)

-Vacuna trivalente TIV (Viraflu®)

-Vacuna trivalente pediátrica TIVp (Viraflu® Pediátrica)

-Vacuna trivalente adyuvantada aTIV (Fluxvir®)

Los jubilados de PAMI deben seguir las siguientes instrucciones para recibir la vacuna antigripal:

1. Consultá el buscador de farmacias o llamá al 138, opción 0 (cero).

2. Acercate a tu farmacia habilitada de la Red PAMI más cercana.

3. Presentá tu DNI y Credencial PAMI en cualquiera de sus formatos.

Si tenés menos de 65 años y factores de riesgo, necesitás presentar la documentación médica que lo acredite.

La actividad tuvo lugar en el SUM Municipal entre las 8 y las 13 horas, donde personal de PAMI Gualeguaychú tomó los datos de los afiliados en un trámite muy sencillo, que no demandó más de cinco minutos a cada persona que pasó a registrarse.

Por razones del mal tiempo, el segundo día de empadronamiento que estaba programado para este miércoles fue postergado y se realizará el martes 13 de mayo en el mismo lugar, SUM Municipal ubicado en calle 30 de Noviembre 266, de 8 a 13 horas.

Pablo Fiorotto, secretario de Gobierno de Pueblo Belgrano, expresó su satisfacción por la buena convocatoria del día inicial. “Fueron 156 los adultos mayores que se inscribieron, esperábamos contar con muchos más el miércoles, pero por la lluvia de la mañana preferimos reprogramarlo para el próximo martes. De parte de la gente de PAMI Gualeguaychú no hubo problemas, así que esperamos a todos aquellos afiliados a PAMI de Pueblo Belgrano que no han realizado el empadronamiento, a que se acerquen el próximo martes”.

El funcionario resaltó la importancia de poder contar con un padrón de afiliados de PAMI en Pueblo Belgrano, “nos permitirá tener un panorama más claro en cuanto a la cantidad de afiliados y comenzar a trabajar en forma conjunta con PAMI Gualeguaychú para brindar servicios como son contar con el médico de cabecera y otras especialidades”, afirmó.

El fiscal federal de Resistencia en la provincia de Chaco, Patricio Sabadini, requirió la apertura de una investigación por “delito de acción pública” por supuesta “extorsión” en maniobras de financiamiento irregular en delegaciones de PAMI y ANSES que están a cargo de funcionarios de La Libertad Avanza (LLA).

La investigación fue iniciada por el fiscal al tomar conocimiento de una maniobra que consistía en que funcionarios y empleados de ambos organismos serían obligados a entregar un porcentaje de sus haberes para asegurarse de esta manera continuar desempeñándose en sus funciones.

El requerimiento del fiscal federal no imputa ni nombra a funcionarios determinados, aunque consigna que la investigación es “en contra de aquellas personas cuya responsabilidad se determine a lo largo de la instrucción” Alfredo “Capi” Rodriguez es el reponsable de ANSES en la provincia, mientras que Silvia Arolfo es la referente en el PAMI.

Distintos programas periodísticos mencionaron que las contrataciones de personal, de funcionarios y de médicos en ambos organismos tenían que efectuarse respecto de aquellas personas que de alguna manera aseguren que iban a responder al partido LLA, “siendo determinante tal condición”

En esos programas se hizo referencia a situaciones que se estaban produciendo en las delegaciones que ambos organismos poseen en distintas provincias, pero en particular, lo que estaba ocurriendo en las oficinas del Anses y del Pami con asiento en la provincia del Chaco.

Particularmente en el caso del Chaco, refirieron que existiría un balance con los datos de lo que cada una de estas personas aporta por mes, mostrando unas planillas con nombres, períodos, montos y destinos del dinero.

También señalaron que cada uno de los pagos habrían sido efectuados vía transferencia bancaria a cada uno los jefes de las delegaciones del interior de ambos organismos.

Durante el tratamiento de la noticia se mostraron distintas planillas de rendición donde se observa el título “LLA RENDICION DESDE DICIEMBRE 2023 HASTA 13/12/2024”.

“Frente a las circunstancias de tiempo, modo y lugar que se observaban en dichas presentaciones, y al tratarse de sucesos que involucraban a organismos de carácter nacional, como su funcionamiento y también sus funcionarios, se decidió desde esta Fiscalía iniciar la Investigación Preliminar que se acompaña y requerir la apertura de la instrucción”, dice el fiscal en su escrito titulado “FORMALIZA INVESTIGACIÓN PRELIMINAR, REQUIERE INSTRUCCIÓN FORMAL”.

Así, el fiscal comenzó una investigación preliminar y ahora efectuó el “requerimiento de instrucción” para que se investiguen posibles delitos de acción pública.

Para el fiscal Sabadini debe investigarse una posible “extorsión”. El artículo 168 del Código Penal establece que “…Será reprimido con reclusión o prisión de cinco a diez años, el que con intimidación o simulando autoridad pública o falsa orden de la misma, obligue a otro a entregar, enviar, depositar o poner a su disposición o a la de un tercero, cosas, dinero o documentos que produzcan efectos jurídicos. Incurrirá en la misma pena el que por los mismos medios o con violencia, obligue a otro a suscribir o destruir documentos de obligación o de crédito…”.

“Se advierte que el medio comisivo empleado para finalmente obligar a las víctimas a entregar o ceder un porcentaje de sus haberes fue a través de claros actos intimidatorios, todo ello teniendo en cuenta el especial contexto en que se produjeron, y la necesidad de poder conservar sus fuentes de trabajo”, advirtió el fiscal respecto del caso investigado. El fiscal ya ordenó las primeras medidas que se mantienen por ahora en reserva.