El Gobierno de Entre Ríos apelará el fallo de la Cámara en lo Contencioso Administrativo N° 1 de Paraná que declaró inconstitucionales los aumentos salariales otorgados como “no remunerativos” por el Poder Ejecutivo y el Senado. La apelación será resuelta por el pleno del Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Entre Ríos.

Así lo adelantó el fiscal de Estado Adjunto, Martín Rettore, quien defendió la legalidad del Decreto N° 537/26 del Poder Ejecutivo y anticipó que la Fiscalía de Estado llevará el planteo ante el máximo tribunal provincial.

La Cámara había cuestionado que los incrementos fueran otorgados sin realizar aportes y contribuciones a la Caja de Jubilaciones y a la obra social. En su fallo, sostuvo que la denominación de “no remunerativo” no modifica la naturaleza salarial de una suma y consideró que esa modalidad contradice el artículo 82 inciso d) de la Constitución de Entre Ríos, que establece que todo incremento salarial debe estar sujeto a aportes y contribuciones.

Rettore sostuvo que el decreto cuestionado “cumple con todas las formalidades de un acto administrativo” y que, por ese motivo, mantiene sus características de ejecutoriedad.

La Fiscalía de Estado fundamentará la apelación en varios puntos. En primer lugar, planteará que las sumas otorgadas no son aumentos salariales ordinarios, sino montos “no remunerativos, no bonificables y extraordinarios”. Según explicó Rettore, una diferencia central es que no existe “habitualidad en la percepción”.

Otro de los argumentos estará vinculado con la situación económica de la Provincia. El funcionario señaló que la decisión se tomó bajo un criterio de “austeridad económica” y de “responsabilidad fiscal” para preservar los recursos del Estado.

Además, la defensa oficial hará hincapié en que las sumas fueron discutidas en el ámbito paritario, con participación de los gremios, y que allí se acordó otorgarlas bajo esas condiciones.

Por último, Rettore cuestionó el camino elegido por los demandantes para recurrir a la Justicia y sostuvo que no habían agotado previamente la vía administrativa.

Los jueces consideraron que, al otorgar aumentos sin realizar aportes y contribuciones al sistema de seguridad social, se afectó el mandato establecido por la Constitución provincial. También advirtieron que la falta de aportes perjudicó a jubilados y pensionados, al reducir el impacto que esos incrementos debían tener sobre sus haberes.

Ahora, esos argumentos serán revisados por el pleno del Superior Tribunal de Justicia, que deberá definir si confirma o revoca la decisión de la Cámara de Paraná.

Acompañado por el presidente y vicepresidente de la OSER, Mariano Gallegos y Ricardo García, el mandatario presentó el balance de la obra social correspondiente al período que abarca la intervención de 2025, el primer semestre de funcionamiento de la nueva entidad y la primera mitad del año 2026. En ese marco, expresó que el ordenamiento administrativo y financiero permitió una profunda transformación de la institución.

"A mí me gusta que me juzguen por los resultados y hoy tenemos resultados concretos para mostrar", afirmó el gobernador. En este sentido, remarcó que quedó demostrado que "es posible mejorar la atención, aumentar las prestaciones y, al mismo tiempo, ordenar las cuentas de la obra social".

Frigerio aseguró que el saneamiento integral de OSER se tradujo de forma inmediata en una ampliación histórica de la cobertura médica para las familias entrerrianas. Informó que en comparación con el período anterior, la obra social sumó más de 300.000 prestaciones, 80.000 consultas médicas, 120.000 prácticas médicas, 100.000 recetarios con cobertura y más de un centenar de internaciones.

Asimismo, según señalaron desde los canales de prensa de la Provincia, el gobernador indicó que se resolvió “una de las problemáticas más dolorosas que afectaba a la institución, las más de 1.100 personas que aguardaban una cirugía programada por falta de prótesis, que recibieron la respuesta médica correspondiente, gracias a la regularización de una deuda prestacional heredada superior a los 10.000 millones de pesos”. Además, Frigerio afirmó que se incorporaron nuevos médicos, clínicas y laboratorios, ampliando la red de prestadores en distintos puntos de la provincia.

Por otra parte, el mandatario sostuvo que, para facilitar la relación diaria con la obra social, la gestión avanzó en la modernización tecnológica mediante la aplicación MiOser. Esta herramienta, que incluye recetas electrónicas y digitalización de autorizaciones, ya procesa más de 500 trámites diarios con órdenes mediante código QR, agilizando los tiempos de respuesta y simplificando los procesos burocráticos.

A su vez, el gobernador anunció: "Vamos a poner en vigencia un vademecum con criterios claros para la cobertura de medicamentos. Todos los afiliados, todos los prestadores, los médicos, van a saber qué está cubierto, en qué porcentaje y bajo qué condiciones y qué situaciones equivalentes, además reciban la misma respuesta".

Según el balance presentado, el déficit institucional se redujo en un 30 por ciento en términos reales durante el primer año de funcionamiento de OSER. "Este ordenamiento financiero se logró mediante la reducción de gastos administrativos, la renegociación de la deuda heredada, la regularización laboral de 120 trabajadores y la eliminación de sobreprecios en la compra de medicamentos", indicaron desde el Gobierno de Entre Ríos.

Y agregaron: “Como resultado de esta eficiencia, el porcentaje de recursos que se destina directamente a las prestaciones de salud se incrementó del 77 por ciento en 2024 al 88 por ciento actual, representando un aumento del 11 por ciento en inversión en beneficio de los afiliados y una reducción equivalente en el costo de la estructura administrativa”. "Se podía hacer bien si no se robaba, si la dirigencia política no se quedaba con gran parte de los recursos de la gente", enfatizó Frigerio, añadiendo que con esta gestión "se empiezan a terminar los privilegios de la política en nuestra provincia".

Un fallo hizo lugar de manera parcial a un amparo y ordenó a la Obra Social de Entre Ríos (OSER) a reintegrar una suma por prestaciones adeudadas de fonoaudiología practicadas en marzo a un niño de 9 años. La resolución declaró abstractos los reintegros por prestaciones de psicopedagogía y fonoaudiología correspondientes a abril. El fallo sugirió capacitación en la temática discapacidad.

El juez de Garantías de Paraná. Mariano Budasoff, resolvió este lunes “hacer lugar parcialmente a la acción de amparo presentada por A.E.R.L, en representación de su hijo menor de edad con discapacidad”; y conden “a la Obra Social de Entre Ríos (OSER) a que dentro de cinco días hábiles de notificada reintegre al afiliado $145.888,80 en carácter de reintegro adeudado por la prestación de fonoaudiología correspondiente al mes de marzo de 2026”.

El juez también declaró abstracta la cuestión en relación a los reintegros por las prestaciones de psicopedagogía y fonoaudiología del mes de abril de 2026 al mismo niño”.

Además, le impuso las costas a la OSER que deberá abonar $1.738.424,40 en concepto de honorarios profesionales, es decir más de 10 veces la cantidad de dinero que significan los reintegros que motivaron el amparo.

En la resolución, citó APF Digital, el juez advirtió: “como vengo señalando en los casos análogos, corresponde llamar a la reflexión de las autoridades y empleados de la obra social sobre la forma de trato deshumanizado que exhiben hacia afiliados con discapacidad, como en el caso que nos ocupa”.

El magistrado cuestionó que en la obra social analizan la cuestión “desde aristas meramente economicistas y generando además excesiva litigiosidad”. También señaló la desproporción de costas profesionales en que OSER “se ve inmersa en forma recurrente”, por lo cual “incurre en uso inapropiado de los aportes cautivos de los agentes de la provincia de Entre Ríos”.

“Resulta así evidente que el personal de la obra social debe ser capacitado en temática de discapacidad”, sentenció Budasoff

El juez sostuvo: “No encuentro justificación en la demora evidenciada por la obra social respecto al abono de los reintegros de las coberturas reconocidas, descartando de plano, que el procedimiento interno de auditoria, autorización y pago que caracteriza a la OSER sea una razón valedera para hacer peligrar que el niño continúe recibiendo las prestaciones de fonoaudiología y psicopedagogía”.

El juez manifestó que “en el caso se advierte, además, una modalidad de actuación que se presenta con frecuencia por parte de la OSER, consistente en aprobar los reintegros y las coberturas prestacionales únicamente a partir de la promoción de la acción de amparo por el afiliado”.

El juez fue claróisimo respecto del modus operandi de la obra social provincial: “En otras palabras, recién cuando toma conocimiento de la judicialización del conflicto imprime curso a trámites que, hasta ese momento, habían permanecido injustificadamente demorados”, alertó.

El caso

El juez intervino ante la presentación que realizó el 19 de junio el padre de un niño de 9 años para que se ordene el pago total al 100% y actualizada la deuda por el tratamiento de fonoaudiología que su hijo lleva adelante correspondiente a los meses de marzo y abril de este año, y de psicopedagogí al mes de abril.

El amparista relató que su hijo tiene “diagnóstico de trastornos específicos del desarrollo del habla y del lenguaje y retraso mental leve, por lo que, se le ha expedido en el Iprodi certificado único de discapacidad por tales diagnósticos con orientación prestacional de rehabilitación y educativa (inicial/EGB), servicio de apoyo a la integración escolar”.

El convenio contempla una actualización de aranceles acorde a las posibilidades financieras de la obra social, resguardando al mismo tiempo la sustentabilidad del sistema y la cobertura integral para los afiliados.

Desde OSER destacaron que este acuerdo se inscribe en el proceso de normalización y equilibrio financiero iniciado en 2024, que permitió ordenar las cuentas, transparentar los circuitos administrativos y fortalecer la capacidad de pago de la institución. "Este acuerdo es el resultado del diálogo y de la responsabilidad institucional. Nuestro compromiso es cuidar a los afiliados y, al mismo tiempo, sostener un sistema de salud viable y equilibrado", señaló el presidente de OSER, Mariano Gallegos.

El acuerdo fue comunicado formalmente a las autoridades de OSER el viernes 20, luego de la reunión de Comisión Directiva de Femer, a través de una nota en la que se notificó la continuidad de las prestaciones para los afiliados de la obra social. Además, lo convenido establece aranceles, plazos de pago y una vigencia hasta el 31 de mayo de 2026, con posibilidad de renovación.

Ambas instituciones ratificaron su voluntad de seguir trabajando de manera conjunta, priorizando la calidad de atención y un mejor acceso a la salud para los entrerrianos.

En la recorrida, el mandatario estuvo acompañado por el ministro de Gobierno, Manuel Troncoso; el ministro de Salud, Daniel Blanzaco; el presidente de OSER, Mariano Gallegos; y el vicepresidente Ricardo García, entre otros.

Al respecto, el gerente general de OSER, Raúl Sánchez, explicó que la inauguración de estas oficinas marca "el puntapié inicial para darle la posibilidad a los afiliados de que tengan todo el proceso de autorización en forma mucho más ágil, dinámica y transparente". Además, permiten a los trabajadores de OSER desenvolverse "en condiciones mucho más amenas y modernas a las que tenían".

El funcionario adelantó que se está trabajando en la implementación de un sistema digital para que los afiliados puedan realizar todos sus trámites sin necesidad de acudir a las delegaciones. Sobre esto, Sánchez detalló que en los próximos 90 días coexistirán los procesos presenciales y digitales, pero que a partir del 1° de enero todos los trámites serán gestionados completamente en forma digital.

Finalmente, señaló que, en el marco de la visita, mantuvieron un encuentro con el gobernador, donde dialogaron sobre los desafíos que ha venido cumpliendo la administración del organismo; y que el mandatario les pidió "redoblar la apuesta para mejorar los plazos y la productividad de los procesos de autorización, entre otras cuestiones en las que estamos trabajando".

El Poder Ejecutivo provincial emitió el decreto Nº 1.402, fechado el 24 de junio y publicado este miércoles en el Boletín Oficial, a través del cual dispuso “suspender” la aplicación del artículo 19º de la Ley Nº 11.202 de creación de la Obra Social de Entre Ríos (OSER).

Así, dispuso la suspensión “por el plazo de 180 días contados a partir de la entrada en vigencia de la Ley Nº 11.202 la aplicación del régimen de afiliación obligatoria previsto en su artículo 19° respecto de aquellas personas que, a dicha fecha, revistan la calidad de afiliados obligatorios o irrenunciables a Mutuales, Obras Sociales o Direcciones de Servicios Sociales de Municipalidades o Comunas preexistentes, ad referéndum de la Honorable Legislatura de la Provincia y conforme a los considerandos del presente”.

Vencido ese plazo, agrega el decreto, el directorio de la OSER “podrá, en el marco de las competencias atribuidas por el artículo 12°, inciso b), de la Ley N.º 11.202, dictar las disposiciones que resulten necesarias para resolver la situación de los afiliados mencionados”. Ese apartado de la ley de creación de la obra social le permite al organismo “dictar normas complementarias a la presente ley”. 

Según consignó Entre Ríos Ahora, el decreto Nº 1.402 que emitió el Ejecutivo especifica que el artículo 19° de la Ley OSER en sus incisos a) y b) “establece la incorporación obligatoria al régimen de la OSER de funcionarios, agentes públicos y beneficiarios de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia que hayan realizado aportes a dicha Obra Social”.

Y además el artículo 36° de la Ley Nº 11.202 dispone que la norma deberá ser reglamentada por el Poder Ejecutivo dentro del plazo de 180 días a partir de su entrada en vigencia”; y “durante dicho período resulta razonable suspender la aplicación del régimen de afiliación obligatoria respecto de aquellas personas que, a la fecha de entrada en vigencia de la ley, revisten la calidad de afiliados obligatorios o irrenunciables a Mutuales, Obras Sociales o Direcciones de Servicios Sociales de Municipalidades o Comunas preexistentes, a fin de preservar la continuidad de la cobertura y garantizar una adecuada transición”. 

El titular de UPCN, José Allende, confirmó esta semana que la Dra. Flavia Maidana será la vocal de OSER. "No solo tiene la experiencia como pediatra de años en la actividad, sino que ha sido funcionaria en el Ministerio de Salud y fue senadora", justificó Allende.

Actualmente, el gremio mayoritario eststal está a la espera de ser convocado por el Poder Ejecutivo para formalizar la presentación de su representante e integrar el directorio.

En contraste, la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) definirá en las próximas semanas si ocupará o no la vacante de vocal en OSER. Según explicó su secretario gremial, Guillermo Zampedri, "no hay una unanimidad entre los diferentes sectores que constituyen el gremio".

Además Zampedri añadió que, en caso de decidir participar, la elección del vocal se realizará mediante una votación entre los afiliados.

Pasos pendientes para la designación

Para que los vocales asuman sus funciones, el Gobierno provincial debe primero convocar a los gremios para que presenten a sus candidatos. Una vez que el Ejecutivo apruebe las propuestas, la designación deberá ser publicada en el Boletín Oficial, momento a partir del cual los vocales podrán asumir y ejercer sus funciones en OSER.

Marco legal de la OSER

La ley actual que rige la Obra Social de Entre Ríos establece las siguientes pautas:

Dependencia: La OSER depende directamente del Ministerio de Salud.

Directorio: Estará conformado por un presidente y un vicepresidente designados por el Poder Ejecutivo, y dos vocales propuestos por gremios docentes y estatales. Es importante destacar que los directores serán patrimonialmente responsables por los perjuicios que pudieran ocasionar.

Consejo Consultivo: Se creará un consejo ad honorem, con carácter asesor y sin voto, integrado por representantes de todos los sectores que formaban parte del ex Iosper.

Afiliación: Los afiliados actuales al Iosper serán incorporados automáticamente a la OSER.

Fiscalización: Se designarán dos síndicos fiscalizadores, uno de ellos propuesto por la oposición.

Transparencia: La ley establece obligaciones de transparencia activa, incluyendo la publicación de autoridades, sueldos y contrataciones en un sitio web oficial. 

(APFDigital)

La Obra Social de Entre Ríos (OSER) ya tiene sus primeras autoridades. Mariano Gallegos fue designado como presidente y Ricardo García como vicepresidente, según lo publicado este jueves en el Boletín Oficial Nº 28.114. Ambos funcionarios habían intervenido previamente el Instituto de la Obra Social de Entre Ríos (Iosper), que fue disuelto por una polémica ley provincial.

La promulgación de la normativa que dio origen a la OSER se hizo efectiva este lunes, estableciendo un plazo de 180 días para su reglamentación. Este proyecto, que generó un amplio rechazo en los gremios y en la oposición, obtuvo media sanción en el Senado el 28 de mayo y fue aprobado definitivamente el 6 de junio en la Cámara de Diputados.

Rechazo gremial y cambios en la estructura

Durante todo el proceso legislativo, la Intersindical en Defensa del Iosper protagonizó diversas jornadas de protesta y expuso sus objeciones ante las comisiones de la Legislatura. Los gremios expresaron su preocupación por el impacto de la nueva ley en los afiliados y en la estructura de la obra social.

La Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) calificó la medida como una "privatización encubierta". Por su parte, la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) propuso la creación de una comisión tripartita -integrada por el Ejecutivo, la Legislatura y los gremios- para consensuar la conformación de la OSER.

Puntos clave de la nueva ley

La norma sancionada introduce modificaciones sustanciales en el funcionamiento de la obra social:

Dependencia: La OSER operará bajo la órbita del Ministerio de Salud provincial.

Directorio: Estará integrado por un presidente y un vicepresidente designados por el Poder Ejecutivo, y dos vocales propuestos por gremios docentes y estatales. Se destaca que los directores tendrán responsabilidad patrimonial por los posibles perjuicios que causen.

Consejo Consultivo: Se creará un consejo ad honorem, con carácter asesor y sin voto, que estará compuesto por representantes de todos los sectores que formaban parte del ex Iosper.

Afiliación: Los afiliados actuales al Iosper serán incorporados automáticamente a la OSER.

Fiscalización: Se designarán dos síndicos fiscalizadores, uno de los cuales será propuesto por la oposición.

Transparencia: La ley establece obligaciones de transparencia activa, incluyendo la publicación de autoridades, salarios y contrataciones en un sitio web oficial. (APFDigital)

El controvertido proyecto, que generó rechazo en los gremios y en la oposición, obtuvo media sanción el 28 de mayo en el Senado y fue aprobado definitivamente el 6 de junio en la Cámara de Diputados.

Cabe recordar que durante el debate y las sesiones en las que se trató la iniciativa, la Intersindical en Defensa del Iosper protagonizó diversas jornadas de protesta. Además, integrantes del frente gremial expusieron sus posiciones en reuniones de comisiones de la Legislatura.

Este lunes, la ley que creó la Obra Social de Entre Ríos (OSER) fue promulgada en el Boletín Oficial Nº 28.111.

La norma sancionada introduce cambios significativos:

Tras la sanción del proyecto, la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) lo calificó como una “entrega” de los aportes de los trabajadores provinciales, enmarcada en una lógica de “ajuste y Caja” por parte del gobernador Rogelio Frigerio.

El sindicato llevó adelante una jornada de protesta frente a Casa de Gobierno y sus alrededores, con el objetivo de visibilizar su rechazo a la normativa. Según un comunicado emitido por Agmer, la ley “abre las puertas a la tercerización, no especifica los aportes que corresponderán a cada trabajador y diseña un directorio con mayoría automática del Ejecutivo Provincial”.

En un pronunciamiento contundente, la Comisión Directiva Central del gremio expresó que los nombres de los legisladores que votaron a favor de la ley “quedarán escritos, sin lugar para el olvido”, y los acusó de “entregar los derechos de los trabajadores y ponerle un precio vil a la salud, mediante el ajuste y esta privatización encubierta”.

Asimismo, el sindicato destacó su postura activa de oposición, expresada a través de “asambleas, huelga, carpa y movilizaciones”, en rechazo a lo que consideran una “ley de mercantilización de derechos sociales”.

Agmer aseguró que su lucha “seguirá de pie contra el ajuste, el saqueo y en la defensa permanente de los derechos de las y los trabajadores de la educación”. Reafirmaron su compromiso de no “soltarle la mano a nadie” y de mantener “la certeza de ser fraternos, firmes y solidarios en los tiempos difíciles”.

Finalmente, el comunicado concluye con una promesa: “Volveremos a tener una obra social transparente y con sentido colectivo, que responda a cada necesidad, conducida por sus únicos y exclusivos dueños: las y los trabajadores de todos los estamentos del Estado”. Anticiparon que esta recuperación se logrará “en unidad y en la lucha”.

Fuente: APF digital