El colega Adelqui del Do estuvo hace apenas tres semanas por Gualeguaychú, su ciudad natal, y su paso no fue sin efectos.

A principios de mayo conversábamos en el CoPER Regional Sur sobre el proyecto que pretende reformar la Ley de Salud Mental —asunto que hoy está siendo tratado en el Senado—. La preocupación y la necesidad de reflexionar al respecto, nos hizo pensar en convocar a Adelqui para que nos ayudara a pensar; no sólo por su trayectoria, sino por su ser de Gualeguaychú, haber nacido y haber sido criado en la ciudad le daba una mirada especial e importante para nosostras; una mirada muy necesaria y oportuna en este momento.

Para ese entonces nos habían compartido su último libro, “Salud Mental y Derechos Humanos. Política, clínica y comunidad”, donde se podían encontrar varios elementos para analizar la reforma y la compleja realidad que atraviesa nuestra comunidad en materia de salud mental.

Fue así que lo llamamos, lo invitamos a presentar su libro y a conversar sobre estas cuestiones, a lo que él respondió: “Sí, encantado de poder ir”, sin dar ni una vuelta.

Rápidamente, como suele suceder cuando se trabaja de manera integrada, se armó una red y se sumaron del colegio de trabajadorxs sociales (COPTSER) y del Foro por el Derecho a la Salud a la organización de la actividad y AGMER aportó su salón. Durante un mes organizamos todo lo necesario para recibirlo, con un gran entusiasmo, fundamentalmente, por escucharlo. Y así fue que, con un auditorio lleno, escuchamos su convicción por defender los derechos humanos de las personas con sufrimiento psíquico y padecimiento mental. Escuchamos su compromiso ético y su trabajo incansable por el cuidado y la promoción de la salud mental del pueblo. Y también escuchamos su enojo ante un Estado que decide desoír una y otra vez el estruendo que produce el sufrimiento cotidiano de las personas, que vulnera a diario sus derechos, que niega su función de promover un estado de bienestar a la población –tal es la definición de salud-; que, lejos de proteger, agudiza los padecimientos, coartando toda apuesta a un porvenir, con todos los efectos que estamos viviendo que produce la falta de perspectiva de un mañana.

Pero, por sobre todas las cosas, escuchar a un tipo tan entusiasmado y comprometido hasta la médula, produjo ese chispazo, esa chispa necesaria y capaz de encender la organización colectiva; que tenemos la responsabilidad de mantener encendida y generando organización.

La noche anterior a la actividad del Colegio, nos reunimos con él y las colegas que venían de Buenos Aires a contar acerca de su trabajo con perspectiva comunitaria, y entre una copa de vino que acompañaba a la perfección unas empanadas riquísimas, nos entregamos a una charla, de cosas cotidianas, de cuestiones profesionales, que él acompañó con pocas acotaciones; hasta que llegó el turno en la conversación a las políticas en salud mental, momento en que esa chispa que les decíamos se encendió en él y en nuestro colegio, para continuar y expandirse al día siguiente en  el auditorio que escuchó la presentación de su libro.

El paso de Adelqui por Gualeguaychú no fue sin efectos para las instituciones, para las organizaciones que trabajamos en salud mental y para la comunidad en general. Su presencia hizo que sobraran los motivos para fortalecer nuestras redes de trabajo y lucha. Nos emociona pensar que pudimos recibirlo y darle un lugar a su saber  hacer en su ciudad natal, en vida. Seguiremos su legado.

El paso de Adelqui por esta vida, no hay ninguna duda que no ha sido sin efectos.

Adelqui del Do, psicólogo oriundo de Gualeguaychú. Se recibió en la Universidad de Buenos Aires (UBA) y se especializó en Psicología Clínica. Fue director del Centro de Asistencia a Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos “Dr. Fernando Ulloa”, dependiente de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.

Durante 23 años ejerció como docente de Psicología, Ética y Derechos Humanos y fue consejero en la Facultad de Psicología de la UBA. También se desempeñó como coordinador académico de la Diplomatura en Salud Mental y Derechos Humanos en la UNPAZ.

Integró la comisión directiva del gremio docente FEDUBA, fue miembro fundador de la agrupación Enclaves y formó parte del Tribunal de Ética de la APBA.

Este año publicó su libro “Salud Mental y Derechos Humanos. Política, clínica y comunidad”. Fue coautor de Consumos problemáticos y derechos humanos: perspectivas comunitarias (2025) y participó en investigaciones como el informe “Vidas arrasadas: La segregación de las personas en los asilos psiquiátricos argentinos  basada en un informe sobre derechos humanos y salud mental publicado en 2008 por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS); tras la intervención en 2005 del Hospital Moyano, de parte del gobierno de CABA; en el que se analizan en detalle las condiciones de internación de las personas con padecimientos mentales. Dicho informe junto con sus repercusiones y material audiovisual, constituyó un antecedente clave y un fuerte impulso político y social para la sanción de la Ley Nacional de Salud Mental N.º 26.657 en Argentina en el año 2010.

Firma: Comisión Directiva CoPER Regional Sur.

Cualquier manual de Economía explica de manera sencilla que las tasas de interés son el precio del dinero. Siguiendo esa lógica básica, si el costo de conseguir fondos baja para los bancos, el costo de prestarlos al público también debería bajar. Sin embargo, lo que observamos hoy en el mercado de crédito argentino nos muestra una realidad muy distinta.

Desde principios de año hasta ahora, lo que un banco le paga a un ahorrista por un plazo fijo a 30 días bajó considerablemente, pasando de niveles cercanos al 30% a ubicarse en torno al 20%. Uno esperaría que esta caída abaratara los créditos para las familias. Pero, al revisar los préstamos personales, la tasa que se le cobra a una persona se mantiene inamovible por encima del 70%. La diferencia es aún mayor si miramos el Costo Financiero Total (CFT), que incluye todos los gastos administrativos e impuestos.

¿Cómo se puede explicar esta diferencia tan marcada? ¿Por qué la reducción en el costo del dinero no llega a los bolsillos de quienes necesitan financiamiento?

Al consultar a las entidades que ofrecen estos créditos, la primera justificación para mantener las tasas altas se apoya en los costos del negocio. Por un lado, mencionan los costos regulatorios, haciendo hincapié en los encajes bancarios (la porción de los depósitos que deben inmovilizar en el Banco Central y que no pueden prestar). Por otro lado, señalan los costos operativos: mantener sucursales, pagar salarios, cargas sociales y una fuerte carga de impuestos.

Aunque estos costos son reales, son variables que siempre estuvieron presentes en nuestra economía. Por sí solas, no alcanzan para justificar una diferencia de más de 50 puntos entre lo que el banco paga y lo que cobra. Para entender el verdadero motivo de este freno en el abaratamiento del crédito, hay que prestar atención a la situación económica de los clientes. El factor que mejor lo explica es la morosidad.

El riesgo de que una persona no pueda devolver el dinero se convirtió en el factor principal al fijar el precio de un nuevo crédito. Cuando muchas personas empiezan a tener problemas para pagar sus deudas, las normativas obligan a los bancos a tomar mayores precauciones (hacer previsiones). Para el banco, este mayor riesgo de incobrabilidad representa un costo adicional directo que termina incorporando en la tasa de interés de los futuros préstamos.

Los números del mercado son muy ilustrativos. Entre abril de 2024 y la actualidad, la cantidad total de personas con deudas bancarias pasó de aproximadamente 19 millones a 20 millones. Es un crecimiento cercano al 5%, lo que indica que no ingresaron multitudes de nuevos clientes al mercado. Sin embargo, la cantidad de dinero que debe ese mismo grupo de personas aumentó de manera notable.

Diversas consultoras económicas estiman que, a principios de 2024, un deudor promedio debía el equivalente a un salario del sector privado registrado. Hoy, mirando únicamente la deuda bancaria, ese número ronda entre 2 y 2,5 salarios. Esto demuestra que el crédito no creció porque llegara a más hogares, sino porque las personas que ya estaban en el sistema tuvieron que endeudarse mucho más.

El resultado es claro: en la actualidad existen cerca de 5,7 millones de deudores que presentan atrasos en sus pagos, lo que representa a un 27% de las personas que pidieron crédito.

El aumento en la cantidad de personas atrasadas en sus pagos se explica por dos motivos que afectaron directamente a los hogares.

El primero se relaciona con la baja de la inflación. Durante etapas de aumentos de precios acelerados, las personas sentían que las cuotas fijas de sus préstamos se hacían más fáciles de pagar con el correr de los meses gracias a los aumentos salariales. Al disminuir la inflación, ese alivio desapareció. Hoy, las tasas de interés son altas frente a los precios y los sueldos, haciendo que las cuotas representen una carga mayor.

El segundo motivo, y tal vez el más visible, es la reducción del ingreso disponible de las familias; es decir, el dinero que efectivamente queda en el bolsillo después de pagar las cuentas básicas. En los últimos meses, los gastos fijos como el gas, el agua, la electricidad y el transporte pasaron de representar aproximadamente el 6% de un salario promedio a fines de 2023, a ocupar un 15% en la actualidad.

Cuando los costos fijos necesarios para la vida diaria aumentan en esta magnitud, el dinero que sobra a fin de mes para pagar tarjetas de crédito o cuotas de un préstamo es cada vez menor. Así se conforma un escenario complicado: se acumulan más deudas, las tasas altas hacen difícil refinanciarlas, y el dinero disponible es más escaso.

Es importante aclarar que esta dinámica se observa fundamentalmente en los créditos destinados a las personas y no en los de las empresas, que presentan niveles de riesgo diferentes.

Frente a un panorama donde los clientes están más endeudados y cuentan con un menor ingreso a fin de mes, los bancos optan por volverse más cautelosos. Entienden que otorgar un préstamo hoy conlleva un riesgo mucho mayor. Como respuesta, endurecen los requisitos, ofrecen montos menores y cobran tasas de interés más altas para cubrirse.

Más allá de los costos operativos de los bancos, la dificultad de las familias para cubrir sus gastos y el temor a los incumplimientos de pago son los verdaderos responsables de que el crédito siga siendo tan caro.

Vivimos en una época en la que las pantallas forman parte de nuestra vida cotidiana. Teléfonos celulares, tablets, televisores y computadoras están presentes en los hogares desde edades cada vez más tempranas. Para muchos niños, deslizar una pantalla, elegir un video o reconocer el ícono de una aplicación se ha convertido en una acción habitual incluso antes de desarrollar plenamente el lenguaje oral. Frente a esta realidad, es importante preguntarnos: ¿qué lugar ocupan las pantallas en el desarrollo del habla y el lenguaje?

El lenguaje no se adquiere simplemente por estar expuesto a palabras. Los niños aprenden a comunicarse principalmente a través de la interacción con otras personas. Una mirada, una sonrisa, un gesto, una respuesta a un balbuceo o una conversación durante una actividad cotidiana son experiencias fundamentales para el desarrollo comunicativo.

Desde la perspectiva de autores ampliamente utilizados en el campo de la Fonoaudiología, como Monfort y Juárez Sánchez, el desarrollo del lenguaje se construye en estrecha relación con la comunicación y la interacción con el entorno. El niño no sólo necesita escuchar palabras, sino participar activamente en situaciones comunicativas significativas, en las que pueda expresar, comprender, compartir y recibir respuestas de los otros.

Desde los primeros meses de vida, los adultos suelen interpretar y responder a las expresiones del bebé. Si el niño señala algo, el adulto puede nombrarlo; si realiza un sonido, alguien puede responderle e intentar establecer un intercambio. Esta dinámica, aparentemente sencilla, constituye una verdadera base para el desarrollo del lenguaje. El niño aprende que sus acciones generan respuestas, que puede comunicar deseos e intereses y que las palabras tienen un significado compartido.

Las pantallas, en cambio, suelen ofrecer una experiencia predominantemente pasiva. Un niño puede observar imágenes, escuchar canciones o repetir palabras, pero eso no siempre implica que exista una interacción comunicativa real. La diferencia fundamental se encuentra en la reciprocidad: para aprender a comunicarse, el niño necesita participar en intercambios donde alguien responda a lo que dice, adapte su lenguaje, espere su turno y acompañe sus intereses.

Esto no significa que toda exposición a pantallas produzca inevitablemente dificultades en el lenguaje. Sería simplificar demasiado una realidad compleja. El impacto depende de múltiples factores, entre ellos la edad del niño, el tiempo de exposición, el tipo de contenido y, especialmente, qué actividades se están dejando de realizar mientras se utiliza el dispositivo.

El problema aparece cuando las pantallas comienzan a reemplazar experiencias esenciales para el desarrollo infantil: el juego compartido, la conversación familiar, la lectura de cuentos, la exploración del entorno y el contacto directo con otras personas. Un niño aprende vocabulario cuando vive experiencias y puede hablar sobre ellas. No es igual observar la imagen de un perro en una pantalla que verlo en una plaza, escucharlo ladrar, señalarlo y compartir ese momento con otra persona que pueda poner palabras a la experiencia.

En la actualidad, también es frecuente observar el uso de dispositivos durante las comidas, los paseos o los momentos de espera. Muchas veces las pantallas se utilizan como un recurso para entretener o calmar al niño, algo comprensible dentro del ritmo acelerado de la vida cotidiana. Sin embargo, es importante que no se conviertan en la única estrategia disponible. Momentos como una comida familiar o un viaje en auto también pueden transformarse en oportunidades para conversar, observar, preguntar y desarrollar habilidades comunicativas.

Como profesionales de la salud y como sociedad, quizás el desafío no sea pensar únicamente en “prohibir” las pantallas, sino en aprender a utilizarlas de manera consciente. La tecnología puede ofrecer recursos educativos y contenidos de interés, pero no puede reemplazar el valor de una conversación cara a cara.

La presencia del adulto también modifica la experiencia. Cuando un niño observa un contenido acompañado y un adulto comenta lo que sucede, realiza preguntas, relaciona las imágenes con situaciones cotidianas y espera sus respuestas, la pantalla deja de ser una experiencia completamente pasiva. Aun así, el intercambio humano continúa siendo irremplazable.

También debemos recordar que el desarrollo del lenguaje no ocurre de manera aislada. Está relacionado con el juego, la atención, la comprensión, las habilidades sociales y las experiencias que el niño vive en su entorno. Por eso, ofrecer tiempo de calidad no requiere necesariamente actividades complejas o materiales costosos. Hablar mientras se cocina, leer un cuento, cantar canciones, jugar a imaginar, describir lo que ocurre durante un paseo o simplemente escuchar lo que el niño tiene para decir son acciones cotidianas de enorme valor.

En un mundo cada vez más digitalizado, el desafío es recuperar el valor de la presencia. Mirar al niño, esperar su respuesta, seguir su iniciativa y conversar con él, sigue siendo una de las herramientas más poderosas para favorecer su desarrollo.

Las pantallas forman parte de nuestra realidad y probablemente continuarán ocupando un lugar importante en el futuro. La clave no está solamente en cuántas horas un niño pasa frente a un dispositivo, sino también en todo aquello que ocurre fuera de la pantalla. Porque el lenguaje se construye en el vínculo: en las miradas, en los juegos, en las preguntas, en las respuestas y, sobre todo, en la necesidad profundamente humana de comunicarnos con otros.

Comprar medicamentos nunca fue un gasto agradable. A diferencia de casi cualquier otra compra, no elegimos enfermarnos ni necesitar un tratamiento. Cuando aparece esa necesidad, además de afrontar un problema de salud, muchas veces debemos enfrentarnos a otro: cuánto cuesta tratarlo.

Las obras sociales y prepagas ayudan, en mayor o menor medida, a facilitar el acceso. Pero aun con cobertura, el medicamento representa un gasto importante para muchas familias. Y cuando no hay plata, la situación se vuelve todavía más complicada.

Entonces aparece una pregunta inevitable: ¿Por qué son tan caros los medicamentos? La respuesta no es sencilla. En el precio final intervienen múltiples factores, los costos de producción, la industria farmacéutica, la distribución, los impuestos, las condiciones comerciales y también las políticas que adopta el Estado. Las farmacias no somos formadoras del precio de los medicamentos, el precio de venta al público se determina previamente dentro de esa cadena.

Durante muchos años se probaron diferentes mecanismos para intentar contener los aumentos. Acuerdos, precios máximos, congelamientos y negociaciones con los laboratorios que tuvieron resultados diversos. Quizás uno de los ejemplos más claros de lo difícil que resulta controlar este mercado ocurrió a finales de 2023. Según un relevamiento sobre los medicamentos más consumidos por adultos mayores, solamente entre noviembre y diciembre de ese año los precios aumentaron cerca del 80%, mientras que la inflación general del mismo período rondaba el 40%.

En los últimos años apareció con fuerza otra palabra: desregulación. La propuesta parte de una idea que, aplicada a muchos mercados, resulta razonable. Aumentar la competencia, facilitar la comercialización y darle mayor libertad de elección al consumidor debería ayudar a mejorar los precios. La pregunta es si un medicamento puede analizarse exactamente igual que cualquier otro producto.

Desde 2024 se produjeron modificaciones importantes en la normativa farmacéutica argentina. A nivel nacional se amplió la posibilidad de comercializar determinados medicamentos de venta libre fuera de las farmacias y Anmat comenzó a revisar medicamentos que históricamente requerían receta para evaluar su pase a condición de venta libre.

Sin embargo, esas modificaciones no fueron adoptadas de la misma manera en todas las provincias. En Entre Ríos, por ejemplo, continúa vigente la Ley Provincial 9.817, que establece que la venta de medicamentos, cualquiera sea su condición de expendio, incluidos los de venta libre, debe realizarse exclusivamente en farmacias bajo la supervisión de un profesional farmacéutico.

Esto merece una discusión que vaya bastante más allá del interés económico de farmacias, laboratorios o cualquier otro integrante del mercado. Un medicamento de venta libre sigue siendo un medicamento. Que pueda adquirirse sin receta no significa que sea inocuo. Puede tener efectos adversos, contraindicaciones, interactuar con otros medicamentos o simplemente utilizarse para tratar un síntoma que merecería una consulta médica. También puede ocurrir algo tan cotidiano como tomar simultáneamente dos productos de distintas marcas sin advertir que contienen el mismo principio activo.

Por eso, facilitar el acceso puede ser beneficioso, pero confundir acceso con ausencia de controles puede convertirse en un problema.

Incluso las propias normas nacionales que impulsaron estos cambios reconocen que el consumo irrestricto de medicamentos de venta libre puede representar un riesgo para la salud y establecen determinadas condiciones para su comercialización. Ahí aparece una contradicción interesante, si aceptamos que un medicamento requiere precauciones para ser utilizado, deberíamos preguntarnos si alejarlo del asesoramiento profesional es realmente el mejor camino para hacerlo más accesible.

Mientras esa discusión continúa, existe algo mucho más sencillo que podemos hacer hoy para cuidar el bolsillo: Preguntar.

Cuando llegamos a la farmacia con una receta no necesariamente tenemos que comprar la marca que conocemos desde siempre. La legislación argentina establece la prescripción por nombre genérico, lo que permite que el paciente pueda conocer las distintas especialidades disponibles que contienen el mismo principio activo, concentración y forma farmacéutica.

Las diferencias de precio entre distintas marcas pueden ser importantes. Por eso conviene preguntar cuánto cuesta el medicamento indicado y qué otras opciones existen.

Hay un concepto que vale la pena desterrar: barato y caro no son sinónimos de malo y bueno. Los medicamentos autorizados para su comercialización deben cumplir las mismas exigencias establecidas por la autoridad sanitaria. Elegir una alternativa más económica no debería interpretarse automáticamente como resignar calidad. Muchas veces significa, sencillamente, comprar mejor. Y en ese punto el farmacéutico puede cumplir un papel mucho más importante que el de entregar una caja.

La farmacia sigue siendo uno de los lugares de acceso sanitario más cercanos a la comunidad. No requiere turno previo y permite consultar diariamente a un profesional de la salud. Allí podemos preguntar cómo utilizar un medicamento, qué precauciones tener, cómo conservarlo, si existen alternativas de menor precio o cuándo un síntoma requiere dejar de automedicarse y consultar al médico.

Por eso, cuando discutimos políticas destinadas a disminuir el costo de los medicamentos, quizás deberíamos ampliar un poco la mirada.

La competencia puede ayudar. La desregulación también puede eliminar trabas innecesarias. Pero ninguna de las dos garantiza por sí sola medicamentos más baratos ni, mucho menos, un mejor acceso a la salud. Porque el costo de la salud no se mide solamente en pesos. También se mide en acceso, información y seguridad. Y cualquier política que pretenda abaratar los medicamentos debería ser capaz de cuidar las cuatro cosas.

La educación superior en Argentina atraviesa una crisis sin precedentes. La asfixia presupuestaria y el desprecio oficial no son consecuencias colaterales, sino el corazón de una batalla cultural que busca desmantelar un pilar histórico de movilidad social y desarrollo democrático. Durante más de dos años y medio, la administración de Javier Milei ha sostenido un conflicto feroz con el sistema universitario, al que identifica como un "nido de corrupción" o un reducto de "la casta", todo bajo el pretexto del equilibrio fiscal. Detrás de la pirotecnia discursiva de las redes y la verborragia digital oficial se esconde una realidad material devastadora: un intento sistemático de empujar a las casas de altos estudios al borde del abismo.

Recientemente, la Corte Suprema de Justicia dio un golpe de realidad al rechazar el recurso extraordinario del Gobierno y dejar firme la cautelar que obliga al Ejecutivo a aplicar los artículos 5 y 6 de la Ley de Financiamiento Universitario (Ley 27.795), referidos a la actualización salarial y a las becas estudiantiles. El fallo, unánime, deja en claro que no existen más excusas procesales: el Gobierno debe pagar. La norma lleva sancionada cerca de 300 días sin que el Ejecutivo la haya cumplido, un récord de incumplimiento de una ley aprobada por el Congreso. El fallo no solo ratifica su vigencia, sino que robustece la división de poderes.

Las cifras del ajuste explican por qué la comunidad universitaria sigue con la guardia alta. Desde el inicio de la gestión libertaria, las universidades perdieron el 45,6% de sus recursos en términos reales, según cifras difundidas por la UBA y el Consejo Interuniversitario Nacional. Los gremios y las autoridades universitarias denuncian además una fuerte caída en los gastos de funcionamiento y una paralización casi total de las obras de infraestructura, con partidas recortadas o directamente eliminadas del presupuesto. En cuanto a las becas estudiantiles, la propia Ley de Financiamiento Universitario reconoce el deterioro: para cumplir con lo que la norma exige, el Estado debería aumentar el monto de las Becas Progresar en un 95% respecto de lo que paga hoy, una brecha que refleja cuánto se licuó su valor real desde diciembre de 2023. El Gobierno acordó con los gremios un aumento del 23,5% en junio de 2026, cifra que los sindicatos universitarios consideramos insuficiente: según estimaciones, restaría todavía un incremento adicional de entre el 29% y el 30% sobre los salarios actuales para recomponer el poder adquisitivo perdido desde diciembre de 2023.

El verdadero daño, sin embargo, no se mide únicamente en planillas salariales, sino en el deterioro del capital humano y científico que el país tardará años en reconstruir. La brutal caída de los salarios desató una masiva fuga de cerebros: según datos del Consejo Interuniversitario Nacional, más de 10.000 docentes universitarios han renunciado a sus cargos desde que asumió Milei. El Conicet, pilar de la investigación nacional, perdió el 14% de sus investigadores entre 2023 y 2026 —de 11.079 a 9.500—, en un contexto en el que el presupuesto para ciencia y técnica se desplomó de manera drástica (las estimaciones varían según la fuente, entre un 43% y un 50% en términos reales, aunque algunos informes hablan de caídas aún mayores) y los fondos para becas doctorales y posdoctorales cayeron un 39%. Los profesionales altamente calificados se ven obligados a emigrar hacia universidades extranjeras o a volcarse al sector privado, interrumpiendo proyectos estratégicos y de transferencia tecnológica que sostienen el desarrollo nacional.

Para quienes resisten dentro de las aulas, el panorama es de una precarización extrema. Los docentes y no docentes sostienen las instituciones con salarios que, en muchos casos, no llegan a cubrir la canasta básica familiar. Los profesores se ven forzados a acumular trabajos externos —desde plataformas de delivery hasta transporte por aplicaciones— para llegar a fin de mes, lo que fragmenta su dedicación y deteriora la calidad de la enseñanza, la investigación y la extensión académica.

Ante este reclamo genuino, la respuesta oficial oscila entre el cinismo, el amedrentamiento y la descalificación. El Gobierno intenta presentar los paros como medidas puramente "políticas" que carecen de legitimidad, mientras exige el "normal funcionamiento" de las instituciones, en un intento de deslindarse de la responsabilidad directa que sus propias políticas de asfixia tienen sobre la crisis. Es un esfuerzo por dividir y silenciar a una comunidad universitaria que ya protagonizó cuatro marchas federales históricas. La defensa de la universidad pública ha logrado construir una altísima legitimidad social en las calles y mayorías transversales en el Congreso, que rechazó los vetos presidenciales interpuestos contra la ley.

El conflicto universitario no es una simple discusión gremial por puntos porcentuales: es la disputa por el modelo de país que queremos ser. La universidad pública argentina es una herramienta indispensable de movilidad social, un espacio donde trabajadores y jóvenes del interior pueden acceder a un futuro profesional. Atacar este sistema es pisotear las leyes, violentar los consensos democráticos y dar la espalda al pueblo. Es hora de que el Gobierno abandone la confrontación estéril, acate los fallos de la Justicia y escuche la voz de una sociedad que no está dispuesta a permitir que apaguen la luz de sus aulas. El daño ya está hecho y la reconstrucción será cuesta arriba, pero la defensa de la educación pública sigue en pie, con la convicción de que el conocimiento es un derecho fundamental sobre el que se edifica nuestra soberanía.

Hay decisiones que pueden resultar incómodas. Hay transformaciones que generan resistencias. Y hay momentos en los que gobernar significa asumir el costo político de cambiar aquello que durante años se hizo de una determinada manera, aun cuando modificarlo implique abrir debates, enfrentar críticas y someter las decisiones al control de las instituciones.

La discusión que se abrió en Entre Ríos alrededor del nuevo sistema de provisión de desayunos y meriendas escolares es, en definitiva, una discusión sobre qué Estado queremos construir. La Justicia intervino y corresponde respetar plenamente sus decisiones. Pero también es importante comprender qué dijo efectivamente la sentencia y, sobre todo, qué cuestiones permanecen vigentes.

El fallo no anula la licitación, no rescinde el contrato vigente, no impide el sistema centralizado de provisión ni ordena regresar al mecanismo anterior. Por el contrario, la propia sentencia reconoce expresamente que corresponde al Poder Ejecutivo organizar el Programa Alimentario Escolar, determinar los mecanismos de adquisición, seleccionar —dentro del marco legal— los productos, establecer los menúes, definir los proveedores, disponer los controles y administrar los recursos. Cabe aclarar que, dicho fallo es positivo, y que nunca se pensó desde el Gobierno Provincial que se autorizen productos con etiquetado frontal.

Asimismo, el fallo reconoce valor probatorio a la documentación técnica presentada por la Provincia y considera acreditado que la centralización de las compras responde a un diagnóstico previo destinado a mejorar la trazabilidad, el control y la homogeneidad de la prestación. Es decir: la discusión judicial no debería hacernos perder de vista el problema de fondo que motivó la transformación.

Los documentos elaborados por el propio Estado provincial muestran con claridad cuál fue ese diagnóstico. Las compras descentralizadas dificultaban garantizar un estándar nutricional uniforme y las auditorías realizadas detectaron irregularidades que derivaron en denuncias penales. Cuando un sistema dificulta saber qué se compra, cuánto se paga y qué recibe cada estudiante, el Estado tiene la obligación de revisarlo.

A raíz del triste y polémico suceso ocurrido en una escuela de mi querido San José de Feliciano con la compra de botellas de vino, no quiero detenerme en la veracidad ni en lo que pudo haber ocurrido. Es un hecho que merece ser tomado con seriedad, sin caer en absurdos ni generalizaciones. No se trata de señalar a quienes todos los días sostienen las escuelas y los comedores. Directivos, docentes, cocineras y trabajadores han realizado durante años una tarea enorme. Se trata de reconocer que no podemos pedirle a cada escuela que sea simultáneamente una institución educativa, una unidad de compras, un centro logístico y una oficina de control del gasto público.

La transformación propuesta apunta precisamente en esa dirección. La centralización de desayunos y meriendas permite establecer criterios nutricionales comunes, definir previamente los productos, fortalecer la trazabilidad y mejorar el seguimiento de los recursos. También libera a directivos y docentes de tareas administrativas y de compra para que puedan concentrarse en su función principal: enseñar y acompañar a los estudiantes.

Por supuesto que toda política pública puede y debe ser discutida. También debe ser corregida cuando la realidad, los controles o la Justicia indiquen que corresponde hacerlo. Pero una cosa es revisar, perfeccionar y adecuar una transformación y otra muy distinta es volver atrás sin considerar las razones que llevaron a impulsarla. El nuevo esquema incorpora mecanismos de trazabilidad, monitoreo y control que buscan que los recursos destinados a la alimentación de nuestros chicos sean más transparentes y auditables.

Gobernar también significa tener el coraje de cambiar aquello que durante años se naturalizó. El gobernador Rogelio Frigerio tomó una decisión política que implicó revisar prácticas arraigadas, poner sobre la mesa problemas que muchas veces permanecían ocultos y avanzar hacia un Estado con mayor capacidad de control. Eso genera debates y resistencias, como ya lo hemos afirmado anteriormente, pero también significa asumir la responsabilidad de transformar de fondo aquello que necesita ser transformado. La transparencia no se declama: se construye con decisiones concretas, controles y capacidad de corregir.

El objetivo final debe seguir siendo el mismo: garantizar que todos los gurises entrerrianos reciban una alimentación adecuada, con calidad, criterios nutricionales y controles efectivos, independientemente de la escuela o la localidad en la que estudien.

Porque cuando se trata de los recursos públicos, la transparencia no es una consigna. Y cuando se trata de alimentar a nuestros gurises, controlar cada peso tampoco es una opción: es una obligación.

María Elena RomeroDiputada provincial (Juntos por Entre Ríos)

Su vínculo con el Carnaval comenzó en 1975, cuando creó una pequeña comparsa llamada Acorad. Aquella comparsa nació como una acción promocional de su empresa —su nombre era el apellido Daroca al revés—, pero terminó siendo mucho más que eso.

Con el tiempo, Ike empezó a notar que los corsos atravesaban un proceso de deterioro y que cada vez resultaba más difícil sostener su calidad. Gualeguaychú siempre tuvo grandes artistas y creatividad, y 70 años de carrozas estudiantiles son una muestra de eso. Lo que faltaba era una estructura que permitiera sostener y hacer crecer ese talento.

En 1978 presentó al intendente y al director de Turismo de ese momento una propuesta que cambió para siempre la historia del carnaval. Planteó la creación de una “Comisión de Corsos” que administrara el espectáculo y permitiera generar un crecimiento sostenido. La idea era simple y poderosa: cobrar una entrada que permitiera a las agrupaciones carnavaleras recuperar lo invertido y volver a apostar al año siguiente.

Pero el verdadero acierto, el más profundo, fue otro: que solo pudieran participar entidades sin fines de lucro. Ahí está, creo yo, su mayor grandeza. Siendo un empresario, podría haber armado un negocio para sí mismo. Pero eligió volcar esa herramienta a la ciudad. Esa decisión, que parece técnica, en realidad fue una apuesta ética y social.

No sé qué hubiera sido del Carnaval sin esa propuesta de Ike, y tampoco tendría sentido imaginarlo. Lo que sí estoy seguro es que el carnaval que conocemos hoy, con este modelo de organización, con clubes capaces de invertir, crecer y proyectarse año tras año, tiene su punto de partida en esa idea de 1978.

Está claro que el impacto de esa decisión no quedó solamente en el Carnaval. Con el tiempo, los clubes crecieron, sumaron infraestructura, deporte y educación. Hoy sostienen escuelas, forman deportistas, compiten a nivel nacional y generan oportunidades. Una idea pensada para mejorar una fiesta terminó transformando una ciudad.

Mi humilde reconocimiento hacia Ike no empezó ahora. Cuando se creó el concurso de la mascota del Carnaval del País, que tengo el orgullo de haber ganado, decidí llamar “Ike” al toro que llevaba como tocado una víbora ñancaniná llamada Moma. Así se mezclaban dos leyendas: por un lado, la leyenda de la fundación de Gualeguaychú, de Fray Mocho; y, por el otro, la de quien, para mí, era una leyenda del Carnaval.

Este año, en la temática Vivos de la comparsa Papelitos, cuando rendimos homenaje a quienes construyeron esta fiesta desde el anonimato, el primer estandarte que aparecía en la escuadra “La comparsa de los invisibles” era el de Acorad, de Ike Daroca. No fue un detalle. Fue una convicción. Era justo que estuviese en ese lugar.

Si hoy tuviera que decir qué necesitamos recuperar de su ejemplo, hablaría de su generosidad y su humildad. Transformó el Carnaval y nunca necesitó recordárselo a nadie.

Hay un dato que resume todo: fue el primer presidente de la Comisión de Corsos. Pensó la idea y fue el primero en hacerse cargo. Para mí, ese es su legado. No solo haber mejorado un espectáculo, sino haber demostrado que una idea pensada con generosidad puede cambiar la vida de toda una ciudad.

Casi cincuenta años después, el carnaval sigue creciendo sobre esa base. Ese, creo, es el homenaje más grande que puede tener un verdadero visionario.

 Por Juane Villagra. Director de Papelitos.

Por María Elena Romero, diputada provincial

Hay documentos que explican mejor una realidad que cualquier discurso. En la rendición de gastos de un comedor escolar de San José de Feliciano correspondiente a mayo de este año aparece, entre los productos adquiridos, una botella de vino tinto.

No es una versión ni una denuncia sin respaldo. Está en una factura presentada al Estado provincial y la propia Dirección de Comedores dejó asentada una observación reclamando explicaciones por esa compra.

Podemos discutir sobre licitaciones, proveedores y mecanismos administrativos. Pero hay una pregunta mucho más sencilla: ¿Cómo puede ser que recursos públicos destinados a alimentar a nuestros chicos se hayan utilizado para comprar una botella de vino?

El problema no son solamente los $57.000 que figuran en esa factura. El problema es que una compra de estas características haya podido ingresar al circuito de rendición de un comedor escolar.

Este episodio no debe utilizarse para poner bajo sospecha a los directivos ni a quienes durante años sostuvieron los comedores con enorme esfuerzo. Sería profundamente injusto. Lo que demuestra es otra cosa: que había fallas de control que el Estado tenía la obligación de corregir.

Y justamente para eso también sirve cambiar el sistema. Una compra centralizada permite establecer de antemano qué productos se adquieren, controlar sus precios y garantizar que los recursos destinados a la alimentación escolar se utilicen exclusivamente para ese fin. El control no puede consistir solamente en descubrir después, cuando llega una rendición, que con el dinero de un comedor se compró una botella de vino.

Por eso este caso no es una anécdota. Explica de manera muy concreta por qué había que cambiar. No alcanza con poner más dinero si no podemos garantizar cómo se utiliza cada peso.

Cuando se trata de alimentar a nuestros gurises, el Estado tiene la obligación de saber qué compra, cuánto paga y qué llega a cada escuela. Eso es también lo que busca el nuevo sistema.

Durante estas semanas se habló muchísimo de galletitas, budines, sellos y productos de los desayunos escolares. Está bien que se discutan y se controlen. Pero hay una pregunta más importante que deberíamos hacernos: ¿qué sistema estamos defendiendo cuando nos oponemos a cambiarlo?

Durante más de 20 años Entre Ríos sostuvo un modelo descentralizado, con enormes diferencias entre escuelas y muy difícil de controlar y auditar.

El actual Gobierno no decidió cambiarlo de un día para otro. Durante más de dos años aumentó los controles, incrementó la inversión y buscó corregir sus falencias. Y llegó a una conclusión: no alcanzaba con seguir poniendo más recursos en un sistema que tenía problemas estructurales.

Esto no significa responsabilizar a los directivos. La enorme mayoría trabaja con compromiso y, además, durante años tuvo que ocuparse de comprar alimentos, buscar proveedores y administrar recursos cuando su responsabilidad principal debería estar puesta en la educación.

También se detectaron irregularidades graves que terminaron en denuncias penales. Cuando hablamos de recursos destinados a alimentar a nuestros gurises, la obligación del Estado no es acostumbrarse a que las cosas funcionen mal porque funcionaron así durante años. La obligación es cambiarlas.

Por eso creo que estamos corriendo el riesgo de discutir el problema al revés.

Si un producto del nuevo sistema no cumple con los estándares que debe cumplir, hay que cambiarlo. Si algo puede mejorarse, hay que mejorarlo. No hay que defender una galletita, un budín ni una marca. Hay que garantizar que todos los chicos reciban una alimentación de calidad y que cada peso destinado a ese objetivo pueda ser controlado.

El nuevo esquema, además, es mixto. Las escuelas pueden seguir incorporando frutas y alimentos frescos. La centralización busca garantizar una base común, con criterios de calidad y trazabilidad para todos.

Esa es la discusión de fondo: que la alimentación que recibe un chico no dependa de cómo se compra o se administra en cada escuela, sino que el Estado pueda garantizar un estándar para todos.

Podemos discutir cómo implementar mejor el nuevo sistema, corregir errores y exigir resultados. Lo que no podemos hacer es idealizar un modelo que sabemos que tenía serios problemas.

Cuando se trata de la alimentación de nuestros chicos, conocer las fallas y dejar todo como está sería la peor decisión.

Por Carolina Streitenberger, legisladora provincial

En los últimos días se ha hablado mucho sobre una supuesta “campaña anti-Argentina”, a partir de declaraciones polémicas de algunas figuras públicas y de la viralización en redes sociales de informaciones falsas y teorías conspirativas. Considero que es un fenómeno sobredimensionado, más allá de la clara intencionalidad que pueda haber desde algunos sectores para impulsarla.

Hay tres vertientes claras que han alimentado esta “campaña”, excluyendo de plano las acusaciones infundadas de que Argentina habría sido beneficiada por fallos arbitrales para poder llegar a la final. Por un lado, emergieron desde Estados Unidos las insólitas acusaciones del actor Samuel Jackson y de la congresista demócrata de Texas, Jasmine Crockett. Con mucha ignorancia e hipocresía, ambos apuntaron a la Argentina como el país más racista del mundo. Ambos parten, ante todo, del desconocimiento de la historia y la realidad actual del propio país al que pertenecen. Mucho menos pueden conocer estos personajes la realidad de un lugar tan distante e ignoto para ellos como la Argentina. No debieran importarnos.

Por otra parte, hay una vertiente anti-Argentina que también se ha nutrido de políticos y personajes del espectáculo del extranjero, alimentados por el particular alineamiento del presidente Javier Milei con el líder israelí Benjamín Netanhayu. En esa línea se inscribió la controversia en torno a los posteos en redes de la modelo libanesa Mia Khalifa (reproducida por la cantante Rosalía) y del actor español Javier Bardem. La de Milei es, sin dudas, una postura de política exterior muy singular y controversial, siendo efectivamente Netanyahu un criminal con orden de captura internacional. Pero como el propio Bardem luego aclaró, dicha posición no es representativa de la sociedad argentina. Y mucho menos debiera mezclarse con el fútbol. Como sea, un sinsentido al que también se le dio demasiada importancia.

Finalmente, hay una tercera fuente que explicaría el sentimiento anti-argentino. Es lo que el escritor Arturo Pérez-Reverte (otro español, vaya casualidad) llamó en un reciente artículo “esa parte más violenta e irracional de cierta detestable sociedad argentina”. Una actitud que se habría visto plasmada en la reprochable actitud que efectivamente tuvieron algunos jugadores de la selección y del cuerpo técnico argentino, como prepotentes “malos perdedores”, tras la final con España. De nuevo, el propio Pérez-Reverte aclaró que “la Argentina es mejor que eso”.

Mientras nos detenemos en este chiquitaje, nos olvidamos de que el 60% de la población mundial vive en Asia, donde nos aman. Ya es ampliamente conocida la locura que se desata en Bangladesh cada vez que juega la selección. En China, la segunda economía global, explotaron los restaurantes, los hoteles y los cines para ver los partidos de Argentina. Fue un negocio descomunal para quienes supieron capitalizarlo, pese a que China no clasificó al Mundial. Los chinos hincharon masivamente por la Argentina, provocando un boom de consumo a lo largo y ancho del país de 1.400 millones de habitantes (equivalente a 28 Españas).

La foto que acompaña esta columna es de un cine en la ciudad de Chengdu (22 millones de habitantes), durante la final del Mundial. Cabe destacar que el partido fue para ellos el lunes entre las 3 y las 6am hora de China. Pero el horario no importó, los chinos no durmieron para ver a la Argentina. Y acá seguimos preocupados por Samuel Jackson, Rosalía y quien sabe cuántos ignorantes y resentidos más, la mayoría de ellos escudados bajo el anonimato de las redes sociales.

Pensemos cuánto más interesante y productivo sería invertir nuestro tiempo en aprovechar el impresionante potencial que tenemos en Asia, con economías que además son totalmente complementarias con nuestro país. ¿Hasta cuándo nos seguirá frenando esa miopía que nos hace sobredimensionar lo que dicen ciertos personajes y que se difunde desde sectores que no dejan de ser marginales?

Imaginemos que nos aislamos con un grupo de personas y fundamos un país nuevo, con nuestra propia moneda. Elegimos a un gobernante para que administre nuestros impuestos, pero resulta ser muy irresponsable y asume gastos que superan ampliamente lo que recaudamos. Para tapar ese agujero, usa una herramienta sorpresa: una máquina de imprimir billetes. Al principio parece una gran solución. Hay más dinero en la calle y todos gastamos más, hasta llegar a un punto donde nuestras compras superan nuestra capacidad física de producir. Como los vendedores agotan su stock y no dan abasto, lógicamente empiezan a subir los precios.

Mientras tanto, la maquinita sigue imprimiendo. Cuando te querés acordar, lo que antes comprabas con una moneda ahora cuesta tres y lo que vendías a dos, ahora lo vendés a seis. Tus números son más grandes, pero no sos más rico; simplemente el dinero vale menos. Al darse cuenta de esto, nadie quiere usar esa moneda para ahorrar porque la maquinita destruye su valor todos los días. Al final, el nuevo país se quedó sin moneda y sus habitantes terminan ahorrando en otra: Bienvenidos a la inflación.

Esto, llevado a gran escala, es exactamente lo que hizo la política argentina durante años. Y esa famosa "máquina" tiene nombre y apellido: el Banco Central de la República Argentina (BCRA). En las próximas semanas, el Gobierno enviará al Congreso lo que ya definen como el “proyecto del semestre”: una reforma estructural a la Carta Orgánica del BCRA (la constitución interna del ente, lo que dictamina que se puede hacer y qué no). El objetivo es claro y contundente: desconectar la maquinita para siempre y cambiar el ADN de nuestra política monetaria. Entonces, ¿qué propone exactamente esta nueva ley?

Un aspecto fundamental es el regreso al “Mandato Único”. El Banco Central pasará a tener una sola misión primordial: cuidar el valor del peso. Se terminan los objetivos socioproductivos. La mayor contribución que puede hacer el Estado por el crecimiento es lograr que nuestra moneda no pierda su valor y no podamos tener acceso a crédito para producir, para invertir en educación, o que no podamos ahorrar en nuestra propia moneda.

Otro aspecto importante es la prohibición absoluta de financiar al Tesoro. Se eliminan los adelantos transitorios y los trucos contables. Es, literalmente, sacarle la tarjeta de crédito al presidente de turno. Si el Estado gasta de más, tendrá que financiarse recaudando impuestos o tomando deuda, pero jamás emitiendo pesos. El proyecto incluye sanciones penales para los funcionarios que habiliten la emisión. Incluso introduce el concepto de “shutdown” (cierre temporal), que obligaría al Gobierno a paralizar funciones no esenciales si se queda sin presupuesto, sin poder tocar la puerta del BCRA.

Para que esto se cumpla, el BCRA no puede funcionar como una dependencia del Ejecutivo. Por eso, el proyecto establece que los mandatos de los directores durarán seis años con renovaciones escalonadas para no coincidir con los ciclos presidenciales. Echar al titular del Banco requerirá el acuerdo de dos tercios del Congreso. El objetivo final es que las elecciones pasen a ser “monetariamente irrelevantes”. De paso, el proyecto actualiza al banco para que pueda regular de manera moderna los activos virtuales, las billeteras digitales y las stablecoins.

Durante años, como el Estado necesitaba dinero para cubrir su déficit, los bancos hacían negocio: tomaban nuestros depósitos y se los prestaban al Gobierno comprando bonos. Era más cómodo y seguro que prestarle a la gente.

Si esta ley se aprueba, los bancos locales van a tener que volver a su verdadero trabajo: prestarle al sector privado. Esto significa que la Pyme o las empresas de los parques industriales, el productor avícola o el comerciante tendrán acceso a créditos reales. Y, fundamentalmente, el vecino de a pie podrá volver a soñar con un crédito hipotecario o prendario a largo plazo si logramos estabilizar y blindar institucionalmente la moneda.

Cambiar una ley es un gran paso, pero en Argentina sabemos que todavía queda mucho trabajo por hacer y esto es muy importante. El objetivo de este “blindaje” es elevar al máximo el costo político de volver a las malas prácticas. ¿Estará dispuesta la dirigencia política a atarse las manos definitivamente y vivir dentro de sus posibilidades? Si lo logramos, habremos dado uno de los pasos económico más importantes de los últimos años.

Hay un cansancio que no se cura durmiendo. No es el de un mal día. No es el de la semana pesada que se resuelve con un fin de semana largo. Es otro. Se instala despacio, sin golpear la puerta, hasta que un día no queda nada para dar. Tiene nombre: burnout, el síndrome del quemado.

Según el último estudio de Bumeran (2025), el 92% de los trabajadores argentinos dice sentirse así. Son nueve de cada diez personas. Por cuarto año consecutivo, somos el país con más burnout de toda la región.

Trabajo en Recursos Humanos hace casi 20 años. Lo veo en las empresas que acompaño, en la gente con la que hablo, en las conversaciones que se abren cuando alguien por fin se anima a decir “no doy más”. Y también, a veces, lo reconozco en mí.

El diagnóstico: las tres caras del agotamiento

Pero, ¿qué es burnout? La Organización Mundial de la Salud lo describe en tres partes: agotamiento, distancia hacia lo que hacemos, y una caída en el rendimiento. Lo podemos traducir en:

• Agotamiento: estar exprimido, sin energía, incluso después de descansar.

• Distancia: empezar a desconectarse, a hacer lo mínimo, a perder el sentido de lo que antes importaba.

• Caída en el rendimiento: la concentración que no aparece, la confianza que se pierde, los errores que antes no pasaban.

Todavía lo confundimos con "falta de compromiso". No lo es. Es el cuerpo respondiendo, a su manera, a una exigencia que no tuvo pausa.

El factor entorno

Hay algo más que no podemos dejar afuera: el contexto en el que vivimos. La incertidumbre económica también desgasta. La plata que no alcanza. La sensación de que un despido puede tocarte a vos o a alguien cercano en cualquier momento. Esa tensión no se apaga cuando salimos del trabajo; se suma, calladamente, al cansancio que ya traíamos. El burnout de esta época no se explica solo por lo que pasa adentro de la empresa, sino también por lo que pasa afuera y no podemos controlar.

Quiero ser clara con algo que para mí es central: esto no se resuelve solo con fuerza de voluntad ni "aprendiendo a organizarse mejor". Si el origen está en cargas de trabajo poco realistas, en la falta de reconocimiento, en climas laborales tóxicos o en un contexto que no da tregua, la solución individual tiene un techo muy bajo.

Las organizaciones tenemos una responsabilidad que no podemos esquivar: diseñar puestos de trabajo sostenibles, dar feedback genuino y abrir espacios reales para pedir ayuda. Y, sobre todo, formar líderes en algo que en Nodo trabajamos mucho: la inteligencia emocional. Un líder que sabe leer las señales de su equipo puede llegar a tiempo, antes de que el agotamiento se vuelva costumbre.

Herramientas para el día a día

Aprovecho para dejar algunos lineamientos prácticos:

• Animarnos a nombrarlo: Decir “estoy quemado” no es debilidad, es información valiosa.

• Sincerar la agenda: Revisar la carga real de trabajo, no la que "deberíamos" poder sostener.

• Liderar con escucha: Si tenemos personas a cargo, hay que abrir espacios de conversación genuina, no solo reuniones de resultados.

• Medir el bienestar: Como organización, medir el clima laboral con la misma seriedad con la que se miden las ventas.

• Agendarnos la pausa: Bloquear tiempo de calidad para un detox digital, conectar con la naturaleza o simplemente meditar.

Nueve de cada diez no es una estadística lejana. Somos nosotros. Es la gente con la que trabajamos todos los días. Y a vos, ¿te está pasando? Ojalá esta nota sirva para empezar a decirlo en voz alta, en casa o en el trabajo.

A veces el descubrimiento de los recursos naturales es visto como una excelente noticia -de hecho, lo es- sin considerar que también conlleva una serie de responsabilidades por parte de quienes toman las decisiones de un país, si no quieren que termine en un desastre.

En Argentina vivimos con el fenómeno emergente de Vaca Muerta, la reserva neuquina de gas y petróleo que ya se encuentra entre las más grandes del planeta. Es una excelente noticia para Argentina porque representa una oportunidad de transformación para nuestra balanza energética y nuestra cuenta corriente en general (o sea, haría que le vendamos más energía al mundo de la que compramos, y que entren más dólares de los que salen del país).

Para tomar dimensión: pasamos de perder 4.400 millones de dólares importando energía en 2022, a proyectar un superávit de 30.000 millones de dólares para el 2030, según estimaciones de la industria.

Pero los especialistas hablan de un fenómeno común y peligroso en países que llegan a estos descubrimientos: la enfermedad holandesa. ¿Qué es?

En los años sesenta, Holanda descubrió yacimientos gigantes de gas natural en el Mar del Norte. Empezaron a exportar, se llenaron de divisas extranjeras, pero de golpe sus fábricas empezaron a cerrar y aumentó el desempleo. ¿Qué pasó?

Cuando en un país comienza a haber abundancia de exportaciones, y por ende comienzan a liquidarse muchos dólares por parte de los exportadores, esto se ve reflejado en el mercado de cambios y, por ende, en el precio del dólar.

Como es una cuestión de oferta y demanda, el precio del dólar se abarata y ya no temporalmente como venimos acostumbrados, sino que se vuelve una nueva normalidad en la economía. Al hacerse el precio del dólar más barato, los productos producidos en el país comienzan a encarecerse respecto a los bienes de afuera y es por esto que cuando en Argentina el dólar está barato suben mucho las importaciones. En este marco, se hace mucho más difícil para todas las industrias a nivel local competir, y comienzan a fundirse las empresas que no pueden pelear contra los productos extranjeros, incluso si son eficientes algunas veces.

Esto es problemático, porque la economía se transforma de manera tal que sólo brillan los sectores exportadores y los demás se apagan, generando desórdenes estructurales con consecuencias de corto y largo plazo. Para Argentina este es un escenario posible, dado que sabemos que los principales sectores exportadores no son intensivos en mano de obra, y tendríamos bolsones de desempleo y pobreza en una economía con serias dificultades para generar empleo a través de la producción local.

A nivel nacional, el riesgo más grave de la enfermedad holandesa es la creación de lo que los economistas llaman una “economía de dos velocidades” (¿No te suena?). ¿Qué significa esto en la práctica? Que el país se parte en dos realidades diametralmente opuestas. Por un lado, el sector vinculado a la energía vuela: salarios altísimos, tecnología de punta y rentabilidad extraordinaria. Por el otro, el resto de la matriz productiva nacional, que es la que verdaderamente emplea a la inmensa mayoría de los argentinos, avanza en cámara lenta o directamente retrocede, asfixiada por costos en dólares que le impiden competir frente a lo importado.

No hace falta mirar los libros de historia europea para ver los primeros síntomas; basta con observar hoy a la provincia de Neuquén. Allí, el boom petrolero generó una burbuja de precios locales: los alquileres, la comida y los servicios se ajustaron rápidamente al bolsillo del trabajador petrolero. Sin embargo, el maestro de escuela, el empleado de comercio o el policía neuquino, que ganan sueldos "normales", cada vez tienen más problemas para llegar a fin de mes en su propia ciudad. Si la macroeconomía no se gestiona con inteligencia, el éxito de Vaca Muerta podría exportar esta brutal desigualdad a todo el territorio nacional.

Además, caeríamos en un viejo vicio de nuestra historia: la dependencia extrema de un solo factor. Durante décadas, la salud de la economía argentina dependió exclusivamente de si llovía o no en la Pampa Húmeda. Si el campo tenía una buena cosecha, el Banco Central respiraba; si había sequía, entrábamos en crisis. Si por falta de planificación permitimos que los dólares del petróleo arrasen con el resto de nuestras industrias, simplemente habremos cambiado la dependencia del clima por la dependencia del precio internacional del barril de crudo. Seguiremos siendo igual de frágiles ante el mundo.

Podemos pensar en lo que sucede en las ciudades fronterizas cuando el dólar está “barato” de manera sostenida y estas ciudades viven del turismo. En el caso de Gualeguaychú, vemos que la cantidad de personas provenientes de Uruguay disminuye, ralentizando el motor económico de estas ciudades, como la gastronomía entre otros sectores. 

Lo mismo sucedería con aquellas ciudades dependientes de parques o polos industriales, donde allí también se verían afectados los principales motores económicos de las ciudades o provincias. Imaginemos que eso pasa a nivel país y para muchos más sectores.

Esto no significa que la aparición de estas industrias sea algo malo para el país o las economías regionales, pero acarrea nuevos desafíos para la economía del futuro que inevitablemente afrontaremos, y es necesaria la planificación de una estrategia para lograr que el impacto de esta nueva realidad no resulte pernicioso para la economía en general. 

¿Cómo han resuelto este dilema los países que ya pasaron por esto? Noruega también encontró petróleo en su mar, y en lugar de inundar su país de billetes y encarecer su costo de vida, crearon una alcancía gigante. Se trata de un fondo soberano que cumple una serie de condiciones:

1)      El dinero no entra a la economía. El dinero permanece en un fondo soberano (del estado) pero fuera del país, de manera que todos esos dólares no inundan el mercado de cambios y no generan un dólar excesivamente barato.

2)      Noruega prohíbe que el capital de ese fondo se invierta dentro del país. Con los dólares del petróleo compran acciones de Apple en Estados Unidos, edificios en París o bonos en Japón. Al mantener los dólares fuera de Noruega, evitan que su propia moneda se vuelva artificialmente fuerte. Así, el país sigue siendo competitivo y el resto de sus fábricas no cierran.

3)      Los políticos noruegos tienen prohibido tocar el capital del fondo. La regla fiscal establece que el Estado sólo puede transferir a su presupuesto anual el rendimiento real esperado de esas inversiones, que ronda apenas el 3% o 4% anual. Ese porcentaje alcanza y sobra para financiar sus escuelas, hospitales y garantizar las jubilaciones de las futuras generaciones.

Las preguntas son: ¿Cómo planificamos en Argentina administrar la futura abundancia de dólares? ¿Aprenderemos de las experiencias del pasado o sólo cometeremos nuevas versiones de los errores antes cometidos?

En un mundo donde la Inteligencia Artificial (IA) resuelve cada vez más tareas, lo que no puede automatizarse es la confianza, la empatía y la generosidad, entre otras cualidades humanas.

Vivimos una época paradójica. Nunca tuvimos tanta información, tantas herramientas, tanto acceso a respuestas inmediatas. Y, sin embargo, nunca fue tan difícil encontrar a alguien de confianza con quien resolver un problema real.

La IA llegó para quedarse y eso no es una amenaza, es un dato. Será cada vez más rápida, más eficiente, más precisa para ejecutar tareas. Pero hay algo que no podrá reemplazar: la capacidad humana de generar confianza, de ser generosos y solidarios, de construir relaciones que nos ayuden a tomar decisiones en momentos de incertidumbre.

Frente a ese escenario, creo fervientemente que en los próximos años el activo más valioso será el componente humano: quienes hagan la diferencia no serán los que tienen más herramientas tecnológicas o conocimientos de ese estilo. Aunque ese será un condimento fundamental a la hora de liderar, lo más importante será haber conservado la humanidad. El que haya construido una red de vínculos reales, capaz de movilizarse cuando más se necesite, tendrá un diferencial.

Muchas veces veo personas colapsadas de trabajo, que tienen que trabajar 24/7 para llegar con todas las responsabilidades y recién después se hacen la pregunta sobre el liderazgo. La tecnología nos enfrenta a un escenario que puede ser muy auspicioso: que podamos delegar tareas operativas a la IA y con otras herramientas, tiene que ser la condición inmediatamente anterior a empezar a ser más humanos. Más empáticos. Los líderes van a ganar en espacios de acompañamiento y conocimiento de sus colaboradores, ¿qué puede ser mejor?

Hace tiempo que el networking dejó de ser una actividad comercial -ese intercambio de tarjetas en eventos que todos hacemos por compromiso- para convertirse en una inversión estratégica. Una pregunta correcta a la persona correcta puede ahorrar meses de prueba y error. Puede abrir caminos que no veíamos. Puede acelerar decisiones que llevábamos demasiado tiempo postergando. Como soy inquieta y siempre estoy en búsqueda de experiencias nuevas, me pregunté: ¿Qué pasa si empezamos a ver el networking no sólo como intercambio de recursos sino también como encuentro con otros en un intercambio de valores y experiencias? Ese interrogante me llevó a crear espacios donde empresarios y líderes se reúnen no para vender, sino para pensar juntos, escucharse y crecer desde la experiencia compartida.

Lo que puede pasar en esos encuentros a veces supera cualquier expectativa. En un After Leaders, encuentro que organizo mensualmente, dos personas que ya se conocían de otros ámbitos volvieron a cruzarse: una ejecutiva de una empresa noruega y la directora de una ONG. Ese reencuentro, que podría haber quedado en un saludo y el intercambio de datos de contacto, derivó en algo mucho más grande: juntas diseñaron e implementaron un programa de inserción laboral que dio trabajo a más de setenta jóvenes en situación de vulnerabilidad. Un encuentro no sólo generó una sinergia entre empresas y organizaciones, sino también una transformación efectiva en la realidad de nuestro país. Todo a partir de una conversación genuina, solidaria, que dio como resultado un impacto que ninguna de las dos hubiera logrado sola.

Las relaciones hacen ganar tiempo. Y ese quizás sea uno de los grandes aprendizajes que vienen: dejar de creer que podemos resolver todo solos es muy importante para el mundo que se viene. Hacer lazos de solidaridad y confianza, que construir red se convierta en un hábito profesional. Implica ser generoso antes de necesitar, estar presente antes de pedir, generar vínculos cuando las cosas van bien para poder recurrir a ellos cuando las cosas se complican. La comunidad se arma en el día a día, con consistencia y con genuina vocación de sumar.

Las organizaciones y los líderes que entiendan esto antes que el resto tendrán una ventaja que no se compra ni se automatiza. En un mercado donde los productos y servicios se equiparan cada vez más, la verdadera diferencia no está solamente en lo que una empresa ofrece, sino en las conversaciones que genera, los espacios que habita y las personas que la rodean.

El futuro no será solo de los que más saben. Será de los que mejor construyen comunidad.

El Decreto 474/2026, publicado en el Boletín Oficial el 17 de junio, amplía el anticipo financiero otorgado a Entre Ríos por hasta $400.000 millones adicionales —que se suman a los $220.000 millones ya desembolsados en enero vía Decreto 922/25— y extiende el mismo beneficio a Jujuy y Santa Fe. El instrumento permite al Tesoro Nacional adelantar coparticipación a provincias con dificultades transitorias de caja, con devolución dentro del ejercicio fiscal y un interés fijo del 15% nominal anual.

Conviene ser preciso sobre qué es este instrumento, porque ahí está el problema. El anticipo no es plata que la Nación regala ni recursos nuevos: es coparticipación que ya le corresponde a Entre Ríos, adelantada y descontada de sus propios envíos futuros. La provincia no recibe un peso extra. Lo único que recibe es la posibilidad de cobrar antes la coparticipación y por ese adelanto paga un costo en intereses de 15% nominal anual. Calculado sobre el tramo adicional, el costo financiero es de, aproximadamente, $5.000 millones mensuales, calculado sobre el stock de $400.000 millones. Esa es plata que sale del Tesoro provincial, que se la lleva el Tesoro nacional por los interés y que no financia ni un hospital, ni una escuela, ni una obra. Es el precio de cobrar por estar ahogado financieramente.

Para que los entrerrianos lo entendamos, el desmanejo de las cuentas públicas de Frigerio le cuesta a la provincia $5.000 millones mensuales. Con esa plata, todos los meses podríamos comprar 100 patrulleros más.

Que un gobierno tome deuda para adelantar liquidez es un instrumento válido del federalismo fiscal. Lo que no es neutro es el momento y los costos que le genera a la provincia. La situación fiscal entrerriana es difícil y eso no responde a un shock transitorio de caja, sino a un deterioro estructural producto del ajuste fiscal nacional y provincial.

Los números de la ejecución presupuestaria, medidos en términos reales, no dejan lugar a dudas. El superávit primario prácticamente desapareció: cayó de $51.963 millones en 2024 a prácticamente $0 en 2025. El resultado financiero, en paralelo, casi se triplicó: pasó de un rojo de $49.377 millones a uno de $133.839 millones, producto del crecimiento real de más de 50% en la cuenta de intereses. Es decir, la provincia llega a este anticipo con las cuentas muy justas, la recaudación de origen nacional cayendo y el gasto en aumento con una carga de intereses que viene creciendo desde 2023.

El origen de ese deterioro es la consecuencia del ajuste que Frigerio realizó en 2024: licuó el gasto en personal (-17,2% real), recortó las prestaciones de la seguridad social (-15,4%) y paralizó la obra pública, con una caída del 69,8% real en los gastos de capital. Fue una receta espejo de la nacional, que licuó jubilaciones, frenó la obra pública y canceló transferencias a las provincias. Durante 2025, ese ajusto tuvo una reversión porque, por un lado, los recursos de origen nacional no se recuperaron —apenas +0,4% real, tras caer 8% el año anterior— mientras el gasto total rebotó 7,1% real. Esa pinza, ingresos planchados y gasto que vuelve a subir, fue la que se comió el superávit.

Sobre esa base frágil se monta el anticipo, y por eso no es una solución sino una postergación cara. La provincia toma fondos propios por adelantado, paga intereses por hacerlo, y deberá devolverlos dentro del mismo ejercicio en el que sus cuentas siguen empeorando.

El desequilibrio de fondo, además, es de los que ningún adelanto resuelve: el presupuesto 2026 prevé que el Tesoro provincial deba asistir a la Caja de Jubilaciones con $437.932 millones para cubrir el déficit previsional. ¿Qué camino elije Frigerio para este cubrir este déficit?, que el ajuste lo paguen los docentes y jubilados. No ajustar los impuestos sobre los contribuyentes con mayor capacidad contributiva ni ajustar los gastos de la política: el ajuste que lo paguen los débiles.

A eso se suma el frente externo: el 51% del stock de deuda está en títulos internacionales, con vencimientos en moneda extranjera estimados en US$114 millones para 2026, lo que expone a la provincia a un riesgo cambiario significativo.

Al pasivo en dólares se le agrega ahora uno en pesos a cancelar en el año.

El timing y los beneficiarios del decreto no son casuales. El gobernador Rogelio Frigerio encabeza el listado del PRO que acompañó sin fisuras los proyectos de la Casa Rosada en el Congreso, sobre todo desde fines del año pasado, cuando empezó a negociar este paquete de ayuda que llegó en dos cuotas.

Frigerio ya entregó el año pasado los senadores y la cabeza de lista de diputados. Este año ya fue convocado por el gobierno a la Casa Rosada junto a Alfredo Cornejo, en el marco de las negociaciones para consolidar el apoyo legislativo al Súper RIGI y la reforma electoral. El respaldo político del gobernador era la condición para recibir la coparticipación adelantada, y el costo lo pagan los entrerrianos.

Esa es la verdadera disyuntiva: el gobierno nacional desfinancia y presiona a las provincias, y Frigerio se pliega a las demandas de Milei para salvar un mes más de caja, asumiendo un costo que recae sobre su propio Tesoro.

Lo que el decreto revela es la lógica del federalismo fiscal en el esquema Milei: los gobernadores que votan los proyectos del Ejecutivo acceden a la ventanilla de adelanto cuando la caja aprieta; los que no, sufren el ahogo.

El único “atractivo” que explica la maniobra es la tasa del 15% nominal anual, por debajo de cualquier alternativa de mercado. Pero ninguna de estas alternativas está disponible para una provincia con el perfil de riesgo de Entre Ríos.

Igualmente, esto no lo vuelve gratis: sigue siendo plata que sale de la provincia, sobre cuentas que ya se deterioran. Entre Ríos es el máximo exponente de un esquema en el que ya entregó todos sus “votos” a cambio de un alivio transitorio que le costará casi $5.000 millones mensuales. El anticipo financiero no es solo gestión de liquidez: es la moneda con la que Frigerio paga la gobernabilidad que Milei necesita, y la factura la firman los entrerrianos.

A esto nos referimos cuando decimos que el de Frigerio es el peor gobierno provincial desde la vuelta de la democracia.

¿Te preguntaste alguna vez por qué escribe un escritor? Las condiciones no parecen demasiado seductoras. No hay tope de horarios, vacaciones ni aguinaldo. Su trabajo queda expuesto a la evaluación constante de editores y críticos, y con frecuencia se le exige excelencia profesional en un contexto de precariedad que muchas veces se acepta como algo natural.

Tampoco resulta convincente la idea romántica de la trascendencia. Pensar que un nombre quedará grabado para siempre en la memoria colectiva es una ilusión que, rara vez, encuentra sustento en la realidad. Tal vez una respuesta más razonable apunte a la existencia de un público lector amplio y apasionado. Después de todo, en el mes de mayo, la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires celebró su 50° aniversario con una cifra récord de un millón y medio de visitantes.

Sin embargo, los números vuelven a interpelarnos. La actual industria editorial argentina atraviesa una encrucijada. En la década de 1970 el país era el gran exportador de libros de Latinoamérica. Cerca del 80% de los ejemplares que España importaba llevaban la inscripción “Made in Argentina”. Hoy, con el doble de población, se publica la misma cantidad de libros que hace cincuenta años.

Entonces, ¿qué impulsa a alguien a sentarse frente a una página en blanco?

La persistencia de los escritores no es un milagro. Es el resultado de una herencia cultural profunda que sostiene, generación tras generación, los hábitos de la lectura y la escritura. Una herencia compuesta por rasgos espirituales, materiales e intelectuales que dan identidad a una comunidad. Allí conviven modos de vida, creencias, tradiciones, valores, expresiones artísticas y conocimientos compartidos. Todo aquello que recibimos de quienes nos precedieron y que, a su vez, transmitimos.

Leer y escribir estimulan el cerebro, amplían el vocabulario y fortalecen la concentración. Pero su aporte más valioso quizás sea otro, desarrollan el pensamiento crítico. Nos enseñan a formular preguntas, a revisar certezas, a fundamentar opiniones y a comprender las de los demás. Aprendemos a decidir qué queremos hacer, cómo hacerlo, para qué y junto a quiénes.

La lengua, el discurso y las prácticas lectoras no deberían ser simples herramientas académicas. Son instrumentos fundamentales para ejercer la ciudadanía. Participamos de una sociedad democrática en la medida en que podemos discernir, argumentar, expresar acuerdos y desacuerdos, defender ideas y escuchar las ajenas. Cuanto más capaces somos de nombrar el mundo, más capaces somos también de transformarlo.

Quizás por eso, en las ciudades del interior, todos llevamos un pequeño escritor escondido en algún rincón. Nos tienta abrir un cuaderno y dejar por escrito aquella travesura de gurises que todavía nos hace sonreír. Queremos conservar la historia del abuelo que llegó en el vapor Luna o rescatar el eco del último tren que se detuvo en la estación. Memorizamos versos de Agustina Pastora Andrade o Gervasio Méndez y los repetimos para que sigan vivos. Resucitamos leyendas como la solapa o recuperamos relatos ancestrales nacidos junto al Arroyo El Cura, alrededor de un fogón, cuando la noche invitaba a contar historias.

Y a veces damos un paso más. Nos animamos a entrar a un taller literario con el temor natural de quien se expone por primera vez. Allí aparecen otros que también cargan recuerdos, preguntas, alegrías y heridas. Descubrimos que escribir no siempre es un acto solitario. Nos leemos, intercambiamos ideas, aprendemos juntos. Crecemos. Nos reconocemos en las palabras de los demás y comprendemos que aquello que creíamos exclusivamente nuestro, también forma parte de una experiencia compartida.

Volviendo a la pregunta inicial, podría decirse que el escritor escribe porque no tiene más remedio. Porque existe en él un impulso de nombrar lo que ama, lo que pierde, lo que teme y lo que sueña. Escribe para comprenderse y para comprender a los otros. Escribe para preservar una memoria que, de otro modo, correría el riesgo de desaparecer. Como dijo Jorge Luis Borges en su poema Despedida, hace más de un siglo, “No habrá sino recuerdos…”

En definitiva, escribe porque sabe que cada historia contada es una forma de vencer al olvido. Y porque mientras exista alguien dispuesto a leer, habrá también alguien dispuesto a sentarse frente a una hoja en blanco para seguir contando quiénes somos.

¿Por qué habiendo tantos delitos de importante relevancia el Derecho Penal se tomó el trabajo de distinguir el femicidio de otros homicidios? La incorporación de la figura del femicidio al Código Penal Argentino representó un importante avance en el reconocimiento de una realidad que durante años permaneció invisibilizada: la violencia extrema ejercida contra las mujeres por razones de género.

Desde 2012, nuestro ordenamiento jurídico contempla como una forma agravada de homicidio el asesinato de una mujer cometido por un hombre cuando mediare violencia de género. Esta figura, prevista en el artículo 80 inciso 11 del Código Penal, e incorporada a través de la Ley 26.791, establece la pena de prisión perpetua para quien incurra en dicha conducta, al igual que los denominados crímenes de odio.

Sin embargo, es importante aclarar que no toda muerte de una mujer constituye un femicidio, por lo que nace la necesidad de tener parámetros claros que lo diferencien. La ley exige que existan elementos que permitan demostrar que el hecho estuvo atravesado por una situación de violencia de género. Es decir, que el crimen no fue un episodio aislado, sino la expresión más extrema de una relación de desigualdad, dominación o violencia ejercida contra la víctima por su condición de mujer, ya sea que el agresor mantenga o haya mantenido una relación de pareja al momento del delito, habiendo existido o no convivencia.

La creación de este agravante no tuvo como objetivo otorgar privilegios ni establecer diferencias arbitrarias entre víctimas, sino reconocer una desigualdad latente y una gran problemática social específica que afecta de manera desproporcionada a las mujeres. El Derecho Penal, en este sentido, busca dar una respuesta adecuada a una realidad que durante décadas fue minimizada o considerada parte del ámbito privado, generando un vacío que llegó a afectar (y lamentablemente sigue afectando) a numerosas víctimas, dejando consecuencias desgarradoras a su paso.

La importancia de esta figura también se basa en exigir a quienes intervienen en el proceso judicial a analizar los hechos con perspectiva de género. Esto implica valorar antecedentes de violencia, amenazas, situaciones de control, hostigamiento o cualquier otro indicio que permita comprender el contexto en el que ocurrió el delito, ampliando y flexibilizando para ello la capacidad probatoria.

No obstante, la discusión sobre el femicidio trasciende el ámbito estrictamente jurídico. Cada caso interpela a la sociedad en su conjunto y nos invita a reflexionar sobre las formas de violencia que persisten en nuestra vida cotidiana. La prevención, la educación y la construcción de vínculos basados en el respeto siguen siendo herramientas fundamentales para evitar que estas tragedias ocurran.

Aunque la Ley y la Justicia cumplen un papel esencial al sancionar las conductas más graves, la verdadera transformación requiere también un compromiso social sostenido, que nos involucra a todos sin distinguir género, edad, ni clase social. Comprender qué es el femicidio y por qué existe como figura penal específica constituye un paso importante para construir una sociedad más justa, igualitaria y libre de violencia, anhelando un futuro más idílico y sin tanto miedo para las próximas generaciones.

Como ocurre con muchas herramientas del Derecho Penal, el agravante por femicidio no resuelve por sí solo este complejo problema social. Sin embargo, su existencia permite visibilizar una forma particular de violencia y reconocer que detrás de ciertos crímenes existe un contexto que no puede ser ignorado por la justicia ni por la sociedad.

Sin embargo, la discusión sobre el femicidio y sus consecuencias no debería agotarse en el monto de la pena. El verdadero desafío continúa siendo la prevención de la violencia y la intervención temprana, así como vías de ayuda más efectivas a las mujeres que se encuentran atravesando dicha problemática, antes de que los conflictos escalen hasta consecuencias irreparables.

Terminaba el 2025 y nos habían notificado ya desde octubre que el órgano de aplicación de la Ley provincial de protección del patrimonio arqueológico (el Museo Antonio Serrano de Paraná) había aprobado el permiso de investigación para trabajar en ocho sitios arqueológicos de la ciudad de Gualeguaychú. Finalmente, el 26 de diciembre se firmó el convenio y concesión de trabajo científico al que con la licenciada Micaela Rossi suscribimos como profesionales responsables de salvaguardar los patrimonios y respetar el marco legal de trabajo. Este permiso no significó recursos, sino la posibilidad de investigar.

Con Micaela, oriunda de Gualeguaychú e hincha de la comparsa Papelitos, nos conocimos en el 2018 cursando la carrera de Antropología con orientación en Arqueología. Primero como estudiantes y luego como graduados, fundamos e integramos la cooperativa de trabajo Arqueoterra Ltda. En la actualidad es una institución científica de gestión cooperativa cuya persona jurídica y bancarización es un insumo institucional que nos es útil para fomentar investigaciones y robustecer nuestros desarrollos laborales.

A principios de este año nació la necesidad de generar un sistema de financiamiento científico comunitario como prueba piloto de Arqueoterra para financiar directamente el proyecto de investigación “Arqueología posthispánica y de la modernidad en Gualeguaychú”. Es decir, para poder tener recursos estables para los trabajadores del proyecto para los viáticos de las campañas de exploración, el trabajo de campo y la adquisición de herramientas.

En la siguiente reunión en el laboratorio, reconocimos que había que proponer un dispositivo acorde al contexto. Y en la ciudad la historia social del deporte y de la comunidad ha colocado en un lugar central la figura de los clubes. A partir de ese concepto fue que se nos prendió una lamparita y dijimos: ¿Y si creamos un Club de Arqueología?

Desde Arqueoterra entendemos a la ciencia como una perspectiva para estudiar la realidad, investigar los procesos históricos materiales pasados y presentes, y a la vez intervenir y participar de los campos de sentido social y de realidad sociopolítica. La arqueología, por su parte, la comprendemos como una ciencia, como una disciplina y como una tecnología social especializada en construir puentes entre aquello enterrado, objetos pasados, perdidos o encontrados, y en consolidar espacios colectivos de reflexión, aprendizaje y reflexión.

Nos paramos en las corrientes de la Ciencia Ciudadana, de la Arqueología Pública y de la Arqueología Comunitaria para reconocer que adquiere mayor relevancia el trabajo científico arqueológico cuando se realiza en conjunto con comunidades, grupos locales, aficionados y personas atravesadas directamente por la materia/el contenido del contexto investigado. Uno de nuestros referentes, el doctor Carlos Landa, nos abrió la cabeza en sus trabajos mancomunados con veteranos de las Malvinas en un proyecto arqueológico de memoria de arqueología de campos de batalla. Bajo esta perspectiva no hay un único saber válido, sino que la riqueza de la diversidad contribuye a la generación de conocimiento multivocal, orientado contextualmente y con posibilidades de crear nuevos lenguajes y tecnopoéticas.

La arqueología en muchas partes del país es un campo de enunciación digno y que genera constantemente nuevos conocimientos, suma valor a los espacios que interviene y produce sentidos socioterritoriales. En Gualeguaychú, hasta la llegada de Arqueoterra, no había equipos directamente insertos en la ciudad. Al mismo tiempo, el Museo Almeida, con quien colaboramos y acompañamos, nos dejó la enseñanza de Manuel Almeida, el primer arqueólogo comunitario de la ciudad. Apropiarse del territorio, interrogar la identidad, difundir las vidas pasadas son claves para la conciencia histórica y replantear los modelos productivos, las desigualdades o las violencias.

Es importante que haya iniciativas científicas en la ciudad porque es uno de los elementos de desarrollo de un territorio. Al mismo tiempo, hacer arqueología local es soberanía y capacidad de producir conocimiento local científico e interpelado por las preguntas de cada contexto donde se insertan las excavaciones y activaciones patrimoniales. Tener un Club de Arqueología en Gualeguaychú significa inaugurar una tecnología del futuro.

Al ser el primero de toda la Argentina, es una experiencia social única e invaluable. Mientras que, por un lado, su fundación implica que el proyecto de investigación científica va a estar acompañado por una masa crítica de aficionados, estudiantes y otros profesionales de las ciencias del patrimonio (en su gran mayoría vecinos y vecinas), por otro, significa que va a adquirir sustentabilidad, estructura de trabajo constante y continuidad en el tiempo. Con la fundación del club se inaugura un dispositivo cuyo sostén colectivo nos va a permitir seguir explorando el pasado, los misterios y los asombros de Gualeguaychú y del litoral ¡Para que haya arqueología para rato!

La primera infancia es uno de los momentos más decisivos en la vida de una persona. Desde hace décadas que la evidencia muestra que asistir al nivel inicial mejora las trayectorias educativas, favorece el desarrollo del lenguaje, fortalece habilidades socioemocionales y tiene efectos de largo plazo. Este impacto no sólo se refleja en la mejora de las trayectorias educativas, sino que también redunda en variables positivas vinculadas a oportunidades laborales y de ingresos y negativas en aspectos como crimen y problemas de salud. Sin embargo, con toda esa evidencia sobre la mesa, en Argentina todavía estamos lejos de garantizar ese acceso de manera equitativa.

Los datos más recientes muestran una situación ambivalente. Por un lado, hubo avances importantes: la cobertura del nivel inicial creció de manera sostenida durante la última década, especialmente entre los niños de 3 y 4 años. Argentina fue, de hecho, uno de los países de la región que más aumentó la asistencia a los 3 años: pasó del 40% en 2014 al 55% en 2024. A los 4 años -en el mismo período temporal- la cobertura subió del 75% al 91%. Hay mejoras que no podemos ignorar, impulsadas por decisiones de política educativa y una expansión de la oferta.

Pero, al mismo tiempo, persisten desigualdades profundas. Hoy, sólo 4 de cada 10 chicos de 3 años de los sectores más vulnerables asisten al nivel inicial. La cifra contrasta no solo con los niveles de cobertura de los niños de 4 y 5 años, donde la escolarización se acerca a la universalización, sino también con lo que ocurre en otros sectores sociales. Entre los hogares de ingresos medios, la asistencia a los 3 años alcanza el 71% (lo que los ubica incluso por encima de los sectores más ricos).

La desigualdad aparece todavía con más fuerza cuando se observa la situación de los niños de 2 años. En los hogares más pobres, apenas el 10% accede a algún espacio educativo o de cuidado, mientras que entre los sectores de mayores ingresos la cifra asciende al 44%. Esto muestra que el acceso temprano sigue dependiendo, en gran medida, de las posibilidades económicas de las familias.

El problema no parece explicarse únicamente por la falta de oferta. Por el contrario, en los últimos años hubo una expansión importante del nivel inicial, especialmente en las salas vinculadas a las edades más tempranas. Además, Argentina atraviesa una transición demográfica marcada por la caída sostenida de la natalidad: hoy nacen menos chicos que hace una década. Ese fenómeno ya empezó a impactar sobre la matrícula y continuará haciéndolo -incluso con mayor fuerza- en los próximos años.

Esta combinación entre menos nacimientos y más infraestructura instalada abre una oportunidad muy relevante para el sistema educativo: si la cantidad de secciones se mantiene relativamente estable, el descenso de la matrícula podría liberar capacidad para ampliar el acceso en las edades donde todavía existen déficits de cobertura, particularmente entre los niños de 2 y 3 años.

Pero acá está la trampa: esa oportunidad no se va a traducir automáticamente en mayor equidad. Que haya potenciales vacantes disponibles no garantiza, por sí solo, que los chicos más vulnerables lleguen efectivamente al jardín. Si con menos chicos y más oferta instalada seguimos sin cerrar esta brecha, la pregunta que debemos hacernos es qué estrategia estamos desplegando para que esos 6 de cada 10 niños de los sectores más vulnerables finalmente ingresen al nivel inicial.

La inercia que nos ofrece la transición demográfica no alcanza para resolver el problema. Porque si no hay una estrategia activa, el sistema tiende a acomodarse solo, y no siempre donde hace falta. Los recursos fluyen hacia donde la demanda es más visible, los jardines se sostienen donde las familias ya llegaban solas, y los que más necesitan el acceso siguen quedando afuera. No es un problema de infraestructura ni de recursos: es una cuestión de falta de planificación. Y la ventana que nos ofrece la primera infancia se cierra con premura.

En los sectores más vulnerables, las dificultades para sostener la escolarización temprana suelen convivir con empleos precarios, problemas de movilidad, falta de redes de cuidado y entornos con menor acceso a información y poco acompañamiento. Muchas veces, además, la educación inicial no aparece como una necesidad urgente frente a otras demandas más inmediatas. Por eso, el desafío no puede reducirse únicamente a construir jardines o abrir vacantes.

Por otro lado, existe un riesgo silencioso. Sin una política educativa estratégica el sistema por sí solo termina reproduciendo las desigualdades existentes. Si sólo se expande la cobertura en los sectores que ya tienen una demanda consolidada, quienes más necesitan el acceso van a seguir quedando afuera. Si el Estado no prioriza deliberadamente, los recursos tienden a orientarse allí donde las familias ya tenían más y mejores herramientas de acceso.

Una clave está en empezar a tratar la escolarización temprana como una prioridad estratégica y no como un tema secundario dentro de la agenda educativa. La evidencia acumulada en las últimas décadas dejó poco margen para la discusión: el impacto de la educación inicial en el desarrollo infantil, en la reducción de desigualdades y en la ampliación de oportunidades futuras es contundente. Lo que no sucede en esos primeros años es mucho más difícil (y más costoso) de recuperar después. Por eso, discutir la cobertura del nivel inicial no es solamente hablar de jardines: es discutir qué oportunidades queremos garantizar desde el comienzo de la vida.

 Diversos estudios mencionan un fenómeno llamado “recesión sexual” y observaron que muchas personas, especialmente jóvenes adultos, tienen menos encuentros sexuales que generaciones anteriores. Refieren diversas causas que atañen a factores sociales, tecnológicos, emocionales y económicos que habrían modificado la manera de relacionarse.

Aparecen preguntas, tales como: ¿Se tiene menos sexo? ¿El deseo sexual se está perdiendo? ¿Cómo es posible que se esté a un clic de estar con alguien y sea tan difícil?

Estos cuestionamientos nos llevan a algo más profundo que sacude a todas las personas, donde el foco no está en la cantidad de encuentros sexuales, sino en la manera en que hoy construimos intimidad, como hoy nos vinculamos.

Cuando hablamos de sexualidad no lo recortamos a una mirada coitocentrista, como si la sexualidad pudiera medirse únicamente desde la frecuencia o desde el rendimiento. La sexualidad está atravesada por el deseo, la fantasía, el cuerpo, el vínculo con el otro y las maneras en que la habitamos. Por eso cambiamos el interrogante para que no apunte a cuánto sexo tenemos, sino a cómo estamos deseando, cómo son nuestras citas sexoafectivas.

Aparece algo muy propio de esta época: gran parte de los vínculos comienzan en una pantalla. Muchas personas se conocen mediante aplicaciones. Las redes sociales se transformaron en espacios de contacto y seducción. Se stalkea (del inglés to stalk: buscar, observar o investigar minuciosamente la vida de alguien), se reacciona a historias, se responde con emojis, se comparte memes, a veces hasta las palabras están ausentes dejando a libre interpretación esas reacciones, se ven fotos y pequeños fragmentos de intimidad. Esto puede dar lugar a construir una idea del otro: se conoce primero cómo alguien sale en las fotos antes que su manera de mirar.

Esta mascarada virtual inevitablemente impacta en los encuentros, en las expectativas, en las frustraciones, en lo que se desea inmediato y también en las construcciones de identidades como "incel" (célibes involuntarios) o "celvol" (célibes voluntarios).

He aquí el meollo de la situación, hay algo del encuentro humano que todavía ninguna pantalla puede reemplazar: La presencia física. Aquel escenario donde tener a alguien cerca estimula los sentidos: la erotización de la mirada, del roce, la observación de su lenguaje corporal, el tono de voz, los silencios, el aroma… Se activa esa sensación difícil de explicar que aparece cuando alguien nos genera algo, lo que llamamos “cuestión de piel”.

Sin embargo, muchas veces el vínculo empieza antes, desde la imagen que desde el cuerpo que invade también en la forma en la que deseamos.

El cortejo, por ejemplo, ya no se mueve igual que antes. No desapareció, pero sí se transformó. Hasta no hace mucho tiempo había más espacio para la espera, para la fantasía y para cierta incertidumbre. Uno podía pasar días pensando en alguien sin saber cuándo iba a volver a verlo de nuevo. Había algo del misterio que alimentaba el deseo.

Hoy sabemos si alguien está conectado, si leyó el mensaje, si subió una historia después de no responder o si reaccionó distinto a una publicación. Un seguimiento con la mirada que despierta ansiedad. Y no hablo de que lo de antes fuese mejor, sino es dar luz a otra manera de vincularnos, donde nunca estuvimos tan conectados y, al mismo tiempo, tan lejos del encuentro real.

Aparecen fenómenos tan propios de esta época: conversaciones eternas que nunca llegan al encuentro, vínculos ambiguos, personas que pasan meses hablando sin concretar una cita o relaciones sostenidas más desde la virtualidad que desde la experiencia compartida.

Hay personas que sienten que hablan muchísimo con alguien y, sin embargo, cuando finalmente se encuentran, parece un desconocido. Y esto nos revela que se está más conectados, pero menos íntimos.

Hace años que se habla de una lógica atravesada por la inmediatez. Todo parece rápido, disponible, reemplazable. Y esa misma lógica también impacta en las relaciones. Aparece la sensación constante de que puede existir alguien mejor detrás de otro perfil, de otra conversación o de otra historia. Entonces cuesta sostener procesos que necesitan tiempo o atravesar la incomodidad de conocer verdaderamente a alguien. Porque conocer a otro también implica tolerar contradicciones, silencios, diferencias y tiempos que no siempre son inmediatos. Implica aceptar que el otro real nunca coincide con la versión ideal.

Aparecen vínculos más frágiles, más líquidos, más difíciles de sostener. No necesariamente porque las personas no quieran conectar. Muchas veces sí quieren. Pero qué difícil es en una época donde se vive agotados, acelerados y enmarcados en esta coyuntura.

Contestamos mensajes todo el día, consumimos estímulos constantemente, trabajamos incluso fuera de horario y un cuerpo y una mente agotada difícilmente pueda conectarse con el placer. También se suma otra cuestión: vivimos mirando y siendo mirados todo el tiempo. Las redes sociales nos exponen permanentemente a cuerpos, parejas, experiencias sexuales y formas de desear ajenas. Y aunque se sepa que solamente muestran recortes editados de realidad, de todas maneras, nos generan impacto. Aparece la comparación, la presión, la sensación de que se debería desear más, sentir más o vivir una sexualidad constantemente intensa. Mientras la mirada está puesta en una pantalla, hay un trasfondo silencioso: empieza a existir la desconexión del propio deseo. Porque el deseo no funciona bajo presión, no aparece por obligación ni responde bien al cansancio extremo, al estrés constante o a la hiperestimulación permanente que afecta también el erotismo. Necesita tiempo, presencia y disponibilidad psíquica, algo difícil de lograr en una cultura acelerada y saturada de estímulos.

Por eso, la llamada “recesión sexual” no tenga que leerse únicamente como una disminución de encuentros sexuales. Estamos atravesando una transformación profunda en la manera de vincularnos, de construir intimidad y de sostener presencia con otros.

La sexualidad no está desapareciendo, sino que se está adaptando a una época donde todo sucede demasiado rápido.