A veces el descubrimiento de los recursos naturales es visto como una excelente noticia -de hecho, lo es- sin considerar que también conlleva una serie de responsabilidades por parte de quienes toman las decisiones de un país, si no quieren que termine en un desastre.

En Argentina vivimos con el fenómeno emergente de Vaca Muerta, la reserva neuquina de gas y petróleo que ya se encuentra entre las más grandes del planeta. Es una excelente noticia para Argentina porque representa una oportunidad de transformación para nuestra balanza energética y nuestra cuenta corriente en general (o sea, haría que le vendamos más energía al mundo de la que compramos, y que entren más dólares de los que salen del país).

Para tomar dimensión: pasamos de perder 4.400 millones de dólares importando energía en 2022, a proyectar un superávit de 30.000 millones de dólares para el 2030, según estimaciones de la industria.

Pero los especialistas hablan de un fenómeno común y peligroso en países que llegan a estos descubrimientos: la enfermedad holandesa. ¿Qué es?

En los años sesenta, Holanda descubrió yacimientos gigantes de gas natural en el Mar del Norte. Empezaron a exportar, se llenaron de divisas extranjeras, pero de golpe sus fábricas empezaron a cerrar y aumentó el desempleo. ¿Qué pasó?

Cuando en un país comienza a haber abundancia de exportaciones, y por ende comienzan a liquidarse muchos dólares por parte de los exportadores, esto se ve reflejado en el mercado de cambios y, por ende, en el precio del dólar.

Como es una cuestión de oferta y demanda, el precio del dólar se abarata y ya no temporalmente como venimos acostumbrados, sino que se vuelve una nueva normalidad en la economía. Al hacerse el precio del dólar más barato, los productos producidos en el país comienzan a encarecerse respecto a los bienes de afuera y es por esto que cuando en Argentina el dólar está barato suben mucho las importaciones. En este marco, se hace mucho más difícil para todas las industrias a nivel local competir, y comienzan a fundirse las empresas que no pueden pelear contra los productos extranjeros, incluso si son eficientes algunas veces.

Esto es problemático, porque la economía se transforma de manera tal que sólo brillan los sectores exportadores y los demás se apagan, generando desórdenes estructurales con consecuencias de corto y largo plazo. Para Argentina este es un escenario posible, dado que sabemos que los principales sectores exportadores no son intensivos en mano de obra, y tendríamos bolsones de desempleo y pobreza en una economía con serias dificultades para generar empleo a través de la producción local.

A nivel nacional, el riesgo más grave de la enfermedad holandesa es la creación de lo que los economistas llaman una “economía de dos velocidades” (¿No te suena?). ¿Qué significa esto en la práctica? Que el país se parte en dos realidades diametralmente opuestas. Por un lado, el sector vinculado a la energía vuela: salarios altísimos, tecnología de punta y rentabilidad extraordinaria. Por el otro, el resto de la matriz productiva nacional, que es la que verdaderamente emplea a la inmensa mayoría de los argentinos, avanza en cámara lenta o directamente retrocede, asfixiada por costos en dólares que le impiden competir frente a lo importado.

No hace falta mirar los libros de historia europea para ver los primeros síntomas; basta con observar hoy a la provincia de Neuquén. Allí, el boom petrolero generó una burbuja de precios locales: los alquileres, la comida y los servicios se ajustaron rápidamente al bolsillo del trabajador petrolero. Sin embargo, el maestro de escuela, el empleado de comercio o el policía neuquino, que ganan sueldos "normales", cada vez tienen más problemas para llegar a fin de mes en su propia ciudad. Si la macroeconomía no se gestiona con inteligencia, el éxito de Vaca Muerta podría exportar esta brutal desigualdad a todo el territorio nacional.

Además, caeríamos en un viejo vicio de nuestra historia: la dependencia extrema de un solo factor. Durante décadas, la salud de la economía argentina dependió exclusivamente de si llovía o no en la Pampa Húmeda. Si el campo tenía una buena cosecha, el Banco Central respiraba; si había sequía, entrábamos en crisis. Si por falta de planificación permitimos que los dólares del petróleo arrasen con el resto de nuestras industrias, simplemente habremos cambiado la dependencia del clima por la dependencia del precio internacional del barril de crudo. Seguiremos siendo igual de frágiles ante el mundo.

Podemos pensar en lo que sucede en las ciudades fronterizas cuando el dólar está “barato” de manera sostenida y estas ciudades viven del turismo. En el caso de Gualeguaychú, vemos que la cantidad de personas provenientes de Uruguay disminuye, ralentizando el motor económico de estas ciudades, como la gastronomía entre otros sectores. 

Lo mismo sucedería con aquellas ciudades dependientes de parques o polos industriales, donde allí también se verían afectados los principales motores económicos de las ciudades o provincias. Imaginemos que eso pasa a nivel país y para muchos más sectores.

Esto no significa que la aparición de estas industrias sea algo malo para el país o las economías regionales, pero acarrea nuevos desafíos para la economía del futuro que inevitablemente afrontaremos, y es necesaria la planificación de una estrategia para lograr que el impacto de esta nueva realidad no resulte pernicioso para la economía en general. 

¿Cómo han resuelto este dilema los países que ya pasaron por esto? Noruega también encontró petróleo en su mar, y en lugar de inundar su país de billetes y encarecer su costo de vida, crearon una alcancía gigante. Se trata de un fondo soberano que cumple una serie de condiciones:

1)      El dinero no entra a la economía. El dinero permanece en un fondo soberano (del estado) pero fuera del país, de manera que todos esos dólares no inundan el mercado de cambios y no generan un dólar excesivamente barato.

2)      Noruega prohíbe que el capital de ese fondo se invierta dentro del país. Con los dólares del petróleo compran acciones de Apple en Estados Unidos, edificios en París o bonos en Japón. Al mantener los dólares fuera de Noruega, evitan que su propia moneda se vuelva artificialmente fuerte. Así, el país sigue siendo competitivo y el resto de sus fábricas no cierran.

3)      Los políticos noruegos tienen prohibido tocar el capital del fondo. La regla fiscal establece que el Estado sólo puede transferir a su presupuesto anual el rendimiento real esperado de esas inversiones, que ronda apenas el 3% o 4% anual. Ese porcentaje alcanza y sobra para financiar sus escuelas, hospitales y garantizar las jubilaciones de las futuras generaciones.

Las preguntas son: ¿Cómo planificamos en Argentina administrar la futura abundancia de dólares? ¿Aprenderemos de las experiencias del pasado o sólo cometeremos nuevas versiones de los errores antes cometidos?

En un mundo donde la Inteligencia Artificial (IA) resuelve cada vez más tareas, lo que no puede automatizarse es la confianza, la empatía y la generosidad, entre otras cualidades humanas.

Vivimos una época paradójica. Nunca tuvimos tanta información, tantas herramientas, tanto acceso a respuestas inmediatas. Y, sin embargo, nunca fue tan difícil encontrar a alguien de confianza con quien resolver un problema real.

La IA llegó para quedarse y eso no es una amenaza, es un dato. Será cada vez más rápida, más eficiente, más precisa para ejecutar tareas. Pero hay algo que no podrá reemplazar: la capacidad humana de generar confianza, de ser generosos y solidarios, de construir relaciones que nos ayuden a tomar decisiones en momentos de incertidumbre.

Frente a ese escenario, creo fervientemente que en los próximos años el activo más valioso será el componente humano: quienes hagan la diferencia no serán los que tienen más herramientas tecnológicas o conocimientos de ese estilo. Aunque ese será un condimento fundamental a la hora de liderar, lo más importante será haber conservado la humanidad. El que haya construido una red de vínculos reales, capaz de movilizarse cuando más se necesite, tendrá un diferencial.

Muchas veces veo personas colapsadas de trabajo, que tienen que trabajar 24/7 para llegar con todas las responsabilidades y recién después se hacen la pregunta sobre el liderazgo. La tecnología nos enfrenta a un escenario que puede ser muy auspicioso: que podamos delegar tareas operativas a la IA y con otras herramientas, tiene que ser la condición inmediatamente anterior a empezar a ser más humanos. Más empáticos. Los líderes van a ganar en espacios de acompañamiento y conocimiento de sus colaboradores, ¿qué puede ser mejor?

Hace tiempo que el networking dejó de ser una actividad comercial -ese intercambio de tarjetas en eventos que todos hacemos por compromiso- para convertirse en una inversión estratégica. Una pregunta correcta a la persona correcta puede ahorrar meses de prueba y error. Puede abrir caminos que no veíamos. Puede acelerar decisiones que llevábamos demasiado tiempo postergando. Como soy inquieta y siempre estoy en búsqueda de experiencias nuevas, me pregunté: ¿Qué pasa si empezamos a ver el networking no sólo como intercambio de recursos sino también como encuentro con otros en un intercambio de valores y experiencias? Ese interrogante me llevó a crear espacios donde empresarios y líderes se reúnen no para vender, sino para pensar juntos, escucharse y crecer desde la experiencia compartida.

Lo que puede pasar en esos encuentros a veces supera cualquier expectativa. En un After Leaders, encuentro que organizo mensualmente, dos personas que ya se conocían de otros ámbitos volvieron a cruzarse: una ejecutiva de una empresa noruega y la directora de una ONG. Ese reencuentro, que podría haber quedado en un saludo y el intercambio de datos de contacto, derivó en algo mucho más grande: juntas diseñaron e implementaron un programa de inserción laboral que dio trabajo a más de setenta jóvenes en situación de vulnerabilidad. Un encuentro no sólo generó una sinergia entre empresas y organizaciones, sino también una transformación efectiva en la realidad de nuestro país. Todo a partir de una conversación genuina, solidaria, que dio como resultado un impacto que ninguna de las dos hubiera logrado sola.

Las relaciones hacen ganar tiempo. Y ese quizás sea uno de los grandes aprendizajes que vienen: dejar de creer que podemos resolver todo solos es muy importante para el mundo que se viene. Hacer lazos de solidaridad y confianza, que construir red se convierta en un hábito profesional. Implica ser generoso antes de necesitar, estar presente antes de pedir, generar vínculos cuando las cosas van bien para poder recurrir a ellos cuando las cosas se complican. La comunidad se arma en el día a día, con consistencia y con genuina vocación de sumar.

Las organizaciones y los líderes que entiendan esto antes que el resto tendrán una ventaja que no se compra ni se automatiza. En un mercado donde los productos y servicios se equiparan cada vez más, la verdadera diferencia no está solamente en lo que una empresa ofrece, sino en las conversaciones que genera, los espacios que habita y las personas que la rodean.

El futuro no será solo de los que más saben. Será de los que mejor construyen comunidad.

El Decreto 474/2026, publicado en el Boletín Oficial el 17 de junio, amplía el anticipo financiero otorgado a Entre Ríos por hasta $400.000 millones adicionales —que se suman a los $220.000 millones ya desembolsados en enero vía Decreto 922/25— y extiende el mismo beneficio a Jujuy y Santa Fe. El instrumento permite al Tesoro Nacional adelantar coparticipación a provincias con dificultades transitorias de caja, con devolución dentro del ejercicio fiscal y un interés fijo del 15% nominal anual.

Conviene ser preciso sobre qué es este instrumento, porque ahí está el problema. El anticipo no es plata que la Nación regala ni recursos nuevos: es coparticipación que ya le corresponde a Entre Ríos, adelantada y descontada de sus propios envíos futuros. La provincia no recibe un peso extra. Lo único que recibe es la posibilidad de cobrar antes la coparticipación y por ese adelanto paga un costo en intereses de 15% nominal anual. Calculado sobre el tramo adicional, el costo financiero es de, aproximadamente, $5.000 millones mensuales, calculado sobre el stock de $400.000 millones. Esa es plata que sale del Tesoro provincial, que se la lleva el Tesoro nacional por los interés y que no financia ni un hospital, ni una escuela, ni una obra. Es el precio de cobrar por estar ahogado financieramente.

Para que los entrerrianos lo entendamos, el desmanejo de las cuentas públicas de Frigerio le cuesta a la provincia $5.000 millones mensuales. Con esa plata, todos los meses podríamos comprar 100 patrulleros más.

Que un gobierno tome deuda para adelantar liquidez es un instrumento válido del federalismo fiscal. Lo que no es neutro es el momento y los costos que le genera a la provincia. La situación fiscal entrerriana es difícil y eso no responde a un shock transitorio de caja, sino a un deterioro estructural producto del ajuste fiscal nacional y provincial.

Los números de la ejecución presupuestaria, medidos en términos reales, no dejan lugar a dudas. El superávit primario prácticamente desapareció: cayó de $51.963 millones en 2024 a prácticamente $0 en 2025. El resultado financiero, en paralelo, casi se triplicó: pasó de un rojo de $49.377 millones a uno de $133.839 millones, producto del crecimiento real de más de 50% en la cuenta de intereses. Es decir, la provincia llega a este anticipo con las cuentas muy justas, la recaudación de origen nacional cayendo y el gasto en aumento con una carga de intereses que viene creciendo desde 2023.

El origen de ese deterioro es la consecuencia del ajuste que Frigerio realizó en 2024: licuó el gasto en personal (-17,2% real), recortó las prestaciones de la seguridad social (-15,4%) y paralizó la obra pública, con una caída del 69,8% real en los gastos de capital. Fue una receta espejo de la nacional, que licuó jubilaciones, frenó la obra pública y canceló transferencias a las provincias. Durante 2025, ese ajusto tuvo una reversión porque, por un lado, los recursos de origen nacional no se recuperaron —apenas +0,4% real, tras caer 8% el año anterior— mientras el gasto total rebotó 7,1% real. Esa pinza, ingresos planchados y gasto que vuelve a subir, fue la que se comió el superávit.

Sobre esa base frágil se monta el anticipo, y por eso no es una solución sino una postergación cara. La provincia toma fondos propios por adelantado, paga intereses por hacerlo, y deberá devolverlos dentro del mismo ejercicio en el que sus cuentas siguen empeorando.

El desequilibrio de fondo, además, es de los que ningún adelanto resuelve: el presupuesto 2026 prevé que el Tesoro provincial deba asistir a la Caja de Jubilaciones con $437.932 millones para cubrir el déficit previsional. ¿Qué camino elije Frigerio para este cubrir este déficit?, que el ajuste lo paguen los docentes y jubilados. No ajustar los impuestos sobre los contribuyentes con mayor capacidad contributiva ni ajustar los gastos de la política: el ajuste que lo paguen los débiles.

A eso se suma el frente externo: el 51% del stock de deuda está en títulos internacionales, con vencimientos en moneda extranjera estimados en US$114 millones para 2026, lo que expone a la provincia a un riesgo cambiario significativo.

Al pasivo en dólares se le agrega ahora uno en pesos a cancelar en el año.

El timing y los beneficiarios del decreto no son casuales. El gobernador Rogelio Frigerio encabeza el listado del PRO que acompañó sin fisuras los proyectos de la Casa Rosada en el Congreso, sobre todo desde fines del año pasado, cuando empezó a negociar este paquete de ayuda que llegó en dos cuotas.

Frigerio ya entregó el año pasado los senadores y la cabeza de lista de diputados. Este año ya fue convocado por el gobierno a la Casa Rosada junto a Alfredo Cornejo, en el marco de las negociaciones para consolidar el apoyo legislativo al Súper RIGI y la reforma electoral. El respaldo político del gobernador era la condición para recibir la coparticipación adelantada, y el costo lo pagan los entrerrianos.

Esa es la verdadera disyuntiva: el gobierno nacional desfinancia y presiona a las provincias, y Frigerio se pliega a las demandas de Milei para salvar un mes más de caja, asumiendo un costo que recae sobre su propio Tesoro.

Lo que el decreto revela es la lógica del federalismo fiscal en el esquema Milei: los gobernadores que votan los proyectos del Ejecutivo acceden a la ventanilla de adelanto cuando la caja aprieta; los que no, sufren el ahogo.

El único “atractivo” que explica la maniobra es la tasa del 15% nominal anual, por debajo de cualquier alternativa de mercado. Pero ninguna de estas alternativas está disponible para una provincia con el perfil de riesgo de Entre Ríos.

Igualmente, esto no lo vuelve gratis: sigue siendo plata que sale de la provincia, sobre cuentas que ya se deterioran. Entre Ríos es el máximo exponente de un esquema en el que ya entregó todos sus “votos” a cambio de un alivio transitorio que le costará casi $5.000 millones mensuales. El anticipo financiero no es solo gestión de liquidez: es la moneda con la que Frigerio paga la gobernabilidad que Milei necesita, y la factura la firman los entrerrianos.

A esto nos referimos cuando decimos que el de Frigerio es el peor gobierno provincial desde la vuelta de la democracia.

¿Te preguntaste alguna vez por qué escribe un escritor? Las condiciones no parecen demasiado seductoras. No hay tope de horarios, vacaciones ni aguinaldo. Su trabajo queda expuesto a la evaluación constante de editores y críticos, y con frecuencia se le exige excelencia profesional en un contexto de precariedad que muchas veces se acepta como algo natural.

Tampoco resulta convincente la idea romántica de la trascendencia. Pensar que un nombre quedará grabado para siempre en la memoria colectiva es una ilusión que, rara vez, encuentra sustento en la realidad. Tal vez una respuesta más razonable apunte a la existencia de un público lector amplio y apasionado. Después de todo, en el mes de mayo, la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires celebró su 50° aniversario con una cifra récord de un millón y medio de visitantes.

Sin embargo, los números vuelven a interpelarnos. La actual industria editorial argentina atraviesa una encrucijada. En la década de 1970 el país era el gran exportador de libros de Latinoamérica. Cerca del 80% de los ejemplares que España importaba llevaban la inscripción “Made in Argentina”. Hoy, con el doble de población, se publica la misma cantidad de libros que hace cincuenta años.

Entonces, ¿qué impulsa a alguien a sentarse frente a una página en blanco?

La persistencia de los escritores no es un milagro. Es el resultado de una herencia cultural profunda que sostiene, generación tras generación, los hábitos de la lectura y la escritura. Una herencia compuesta por rasgos espirituales, materiales e intelectuales que dan identidad a una comunidad. Allí conviven modos de vida, creencias, tradiciones, valores, expresiones artísticas y conocimientos compartidos. Todo aquello que recibimos de quienes nos precedieron y que, a su vez, transmitimos.

Leer y escribir estimulan el cerebro, amplían el vocabulario y fortalecen la concentración. Pero su aporte más valioso quizás sea otro, desarrollan el pensamiento crítico. Nos enseñan a formular preguntas, a revisar certezas, a fundamentar opiniones y a comprender las de los demás. Aprendemos a decidir qué queremos hacer, cómo hacerlo, para qué y junto a quiénes.

La lengua, el discurso y las prácticas lectoras no deberían ser simples herramientas académicas. Son instrumentos fundamentales para ejercer la ciudadanía. Participamos de una sociedad democrática en la medida en que podemos discernir, argumentar, expresar acuerdos y desacuerdos, defender ideas y escuchar las ajenas. Cuanto más capaces somos de nombrar el mundo, más capaces somos también de transformarlo.

Quizás por eso, en las ciudades del interior, todos llevamos un pequeño escritor escondido en algún rincón. Nos tienta abrir un cuaderno y dejar por escrito aquella travesura de gurises que todavía nos hace sonreír. Queremos conservar la historia del abuelo que llegó en el vapor Luna o rescatar el eco del último tren que se detuvo en la estación. Memorizamos versos de Agustina Pastora Andrade o Gervasio Méndez y los repetimos para que sigan vivos. Resucitamos leyendas como la solapa o recuperamos relatos ancestrales nacidos junto al Arroyo El Cura, alrededor de un fogón, cuando la noche invitaba a contar historias.

Y a veces damos un paso más. Nos animamos a entrar a un taller literario con el temor natural de quien se expone por primera vez. Allí aparecen otros que también cargan recuerdos, preguntas, alegrías y heridas. Descubrimos que escribir no siempre es un acto solitario. Nos leemos, intercambiamos ideas, aprendemos juntos. Crecemos. Nos reconocemos en las palabras de los demás y comprendemos que aquello que creíamos exclusivamente nuestro, también forma parte de una experiencia compartida.

Volviendo a la pregunta inicial, podría decirse que el escritor escribe porque no tiene más remedio. Porque existe en él un impulso de nombrar lo que ama, lo que pierde, lo que teme y lo que sueña. Escribe para comprenderse y para comprender a los otros. Escribe para preservar una memoria que, de otro modo, correría el riesgo de desaparecer. Como dijo Jorge Luis Borges en su poema Despedida, hace más de un siglo, “No habrá sino recuerdos…”

En definitiva, escribe porque sabe que cada historia contada es una forma de vencer al olvido. Y porque mientras exista alguien dispuesto a leer, habrá también alguien dispuesto a sentarse frente a una hoja en blanco para seguir contando quiénes somos.

¿Por qué habiendo tantos delitos de importante relevancia el Derecho Penal se tomó el trabajo de distinguir el femicidio de otros homicidios? La incorporación de la figura del femicidio al Código Penal Argentino representó un importante avance en el reconocimiento de una realidad que durante años permaneció invisibilizada: la violencia extrema ejercida contra las mujeres por razones de género.

Desde 2012, nuestro ordenamiento jurídico contempla como una forma agravada de homicidio el asesinato de una mujer cometido por un hombre cuando mediare violencia de género. Esta figura, prevista en el artículo 80 inciso 11 del Código Penal, e incorporada a través de la Ley 26.791, establece la pena de prisión perpetua para quien incurra en dicha conducta, al igual que los denominados crímenes de odio.

Sin embargo, es importante aclarar que no toda muerte de una mujer constituye un femicidio, por lo que nace la necesidad de tener parámetros claros que lo diferencien. La ley exige que existan elementos que permitan demostrar que el hecho estuvo atravesado por una situación de violencia de género. Es decir, que el crimen no fue un episodio aislado, sino la expresión más extrema de una relación de desigualdad, dominación o violencia ejercida contra la víctima por su condición de mujer, ya sea que el agresor mantenga o haya mantenido una relación de pareja al momento del delito, habiendo existido o no convivencia.

La creación de este agravante no tuvo como objetivo otorgar privilegios ni establecer diferencias arbitrarias entre víctimas, sino reconocer una desigualdad latente y una gran problemática social específica que afecta de manera desproporcionada a las mujeres. El Derecho Penal, en este sentido, busca dar una respuesta adecuada a una realidad que durante décadas fue minimizada o considerada parte del ámbito privado, generando un vacío que llegó a afectar (y lamentablemente sigue afectando) a numerosas víctimas, dejando consecuencias desgarradoras a su paso.

La importancia de esta figura también se basa en exigir a quienes intervienen en el proceso judicial a analizar los hechos con perspectiva de género. Esto implica valorar antecedentes de violencia, amenazas, situaciones de control, hostigamiento o cualquier otro indicio que permita comprender el contexto en el que ocurrió el delito, ampliando y flexibilizando para ello la capacidad probatoria.

No obstante, la discusión sobre el femicidio trasciende el ámbito estrictamente jurídico. Cada caso interpela a la sociedad en su conjunto y nos invita a reflexionar sobre las formas de violencia que persisten en nuestra vida cotidiana. La prevención, la educación y la construcción de vínculos basados en el respeto siguen siendo herramientas fundamentales para evitar que estas tragedias ocurran.

Aunque la Ley y la Justicia cumplen un papel esencial al sancionar las conductas más graves, la verdadera transformación requiere también un compromiso social sostenido, que nos involucra a todos sin distinguir género, edad, ni clase social. Comprender qué es el femicidio y por qué existe como figura penal específica constituye un paso importante para construir una sociedad más justa, igualitaria y libre de violencia, anhelando un futuro más idílico y sin tanto miedo para las próximas generaciones.

Como ocurre con muchas herramientas del Derecho Penal, el agravante por femicidio no resuelve por sí solo este complejo problema social. Sin embargo, su existencia permite visibilizar una forma particular de violencia y reconocer que detrás de ciertos crímenes existe un contexto que no puede ser ignorado por la justicia ni por la sociedad.

Sin embargo, la discusión sobre el femicidio y sus consecuencias no debería agotarse en el monto de la pena. El verdadero desafío continúa siendo la prevención de la violencia y la intervención temprana, así como vías de ayuda más efectivas a las mujeres que se encuentran atravesando dicha problemática, antes de que los conflictos escalen hasta consecuencias irreparables.

Terminaba el 2025 y nos habían notificado ya desde octubre que el órgano de aplicación de la Ley provincial de protección del patrimonio arqueológico (el Museo Antonio Serrano de Paraná) había aprobado el permiso de investigación para trabajar en ocho sitios arqueológicos de la ciudad de Gualeguaychú. Finalmente, el 26 de diciembre se firmó el convenio y concesión de trabajo científico al que con la licenciada Micaela Rossi suscribimos como profesionales responsables de salvaguardar los patrimonios y respetar el marco legal de trabajo. Este permiso no significó recursos, sino la posibilidad de investigar.

Con Micaela, oriunda de Gualeguaychú e hincha de la comparsa Papelitos, nos conocimos en el 2018 cursando la carrera de Antropología con orientación en Arqueología. Primero como estudiantes y luego como graduados, fundamos e integramos la cooperativa de trabajo Arqueoterra Ltda. En la actualidad es una institución científica de gestión cooperativa cuya persona jurídica y bancarización es un insumo institucional que nos es útil para fomentar investigaciones y robustecer nuestros desarrollos laborales.

A principios de este año nació la necesidad de generar un sistema de financiamiento científico comunitario como prueba piloto de Arqueoterra para financiar directamente el proyecto de investigación “Arqueología posthispánica y de la modernidad en Gualeguaychú”. Es decir, para poder tener recursos estables para los trabajadores del proyecto para los viáticos de las campañas de exploración, el trabajo de campo y la adquisición de herramientas.

En la siguiente reunión en el laboratorio, reconocimos que había que proponer un dispositivo acorde al contexto. Y en la ciudad la historia social del deporte y de la comunidad ha colocado en un lugar central la figura de los clubes. A partir de ese concepto fue que se nos prendió una lamparita y dijimos: ¿Y si creamos un Club de Arqueología?

Desde Arqueoterra entendemos a la ciencia como una perspectiva para estudiar la realidad, investigar los procesos históricos materiales pasados y presentes, y a la vez intervenir y participar de los campos de sentido social y de realidad sociopolítica. La arqueología, por su parte, la comprendemos como una ciencia, como una disciplina y como una tecnología social especializada en construir puentes entre aquello enterrado, objetos pasados, perdidos o encontrados, y en consolidar espacios colectivos de reflexión, aprendizaje y reflexión.

Nos paramos en las corrientes de la Ciencia Ciudadana, de la Arqueología Pública y de la Arqueología Comunitaria para reconocer que adquiere mayor relevancia el trabajo científico arqueológico cuando se realiza en conjunto con comunidades, grupos locales, aficionados y personas atravesadas directamente por la materia/el contenido del contexto investigado. Uno de nuestros referentes, el doctor Carlos Landa, nos abrió la cabeza en sus trabajos mancomunados con veteranos de las Malvinas en un proyecto arqueológico de memoria de arqueología de campos de batalla. Bajo esta perspectiva no hay un único saber válido, sino que la riqueza de la diversidad contribuye a la generación de conocimiento multivocal, orientado contextualmente y con posibilidades de crear nuevos lenguajes y tecnopoéticas.

La arqueología en muchas partes del país es un campo de enunciación digno y que genera constantemente nuevos conocimientos, suma valor a los espacios que interviene y produce sentidos socioterritoriales. En Gualeguaychú, hasta la llegada de Arqueoterra, no había equipos directamente insertos en la ciudad. Al mismo tiempo, el Museo Almeida, con quien colaboramos y acompañamos, nos dejó la enseñanza de Manuel Almeida, el primer arqueólogo comunitario de la ciudad. Apropiarse del territorio, interrogar la identidad, difundir las vidas pasadas son claves para la conciencia histórica y replantear los modelos productivos, las desigualdades o las violencias.

Es importante que haya iniciativas científicas en la ciudad porque es uno de los elementos de desarrollo de un territorio. Al mismo tiempo, hacer arqueología local es soberanía y capacidad de producir conocimiento local científico e interpelado por las preguntas de cada contexto donde se insertan las excavaciones y activaciones patrimoniales. Tener un Club de Arqueología en Gualeguaychú significa inaugurar una tecnología del futuro.

Al ser el primero de toda la Argentina, es una experiencia social única e invaluable. Mientras que, por un lado, su fundación implica que el proyecto de investigación científica va a estar acompañado por una masa crítica de aficionados, estudiantes y otros profesionales de las ciencias del patrimonio (en su gran mayoría vecinos y vecinas), por otro, significa que va a adquirir sustentabilidad, estructura de trabajo constante y continuidad en el tiempo. Con la fundación del club se inaugura un dispositivo cuyo sostén colectivo nos va a permitir seguir explorando el pasado, los misterios y los asombros de Gualeguaychú y del litoral ¡Para que haya arqueología para rato!

La primera infancia es uno de los momentos más decisivos en la vida de una persona. Desde hace décadas que la evidencia muestra que asistir al nivel inicial mejora las trayectorias educativas, favorece el desarrollo del lenguaje, fortalece habilidades socioemocionales y tiene efectos de largo plazo. Este impacto no sólo se refleja en la mejora de las trayectorias educativas, sino que también redunda en variables positivas vinculadas a oportunidades laborales y de ingresos y negativas en aspectos como crimen y problemas de salud. Sin embargo, con toda esa evidencia sobre la mesa, en Argentina todavía estamos lejos de garantizar ese acceso de manera equitativa.

Los datos más recientes muestran una situación ambivalente. Por un lado, hubo avances importantes: la cobertura del nivel inicial creció de manera sostenida durante la última década, especialmente entre los niños de 3 y 4 años. Argentina fue, de hecho, uno de los países de la región que más aumentó la asistencia a los 3 años: pasó del 40% en 2014 al 55% en 2024. A los 4 años -en el mismo período temporal- la cobertura subió del 75% al 91%. Hay mejoras que no podemos ignorar, impulsadas por decisiones de política educativa y una expansión de la oferta.

Pero, al mismo tiempo, persisten desigualdades profundas. Hoy, sólo 4 de cada 10 chicos de 3 años de los sectores más vulnerables asisten al nivel inicial. La cifra contrasta no solo con los niveles de cobertura de los niños de 4 y 5 años, donde la escolarización se acerca a la universalización, sino también con lo que ocurre en otros sectores sociales. Entre los hogares de ingresos medios, la asistencia a los 3 años alcanza el 71% (lo que los ubica incluso por encima de los sectores más ricos).

La desigualdad aparece todavía con más fuerza cuando se observa la situación de los niños de 2 años. En los hogares más pobres, apenas el 10% accede a algún espacio educativo o de cuidado, mientras que entre los sectores de mayores ingresos la cifra asciende al 44%. Esto muestra que el acceso temprano sigue dependiendo, en gran medida, de las posibilidades económicas de las familias.

El problema no parece explicarse únicamente por la falta de oferta. Por el contrario, en los últimos años hubo una expansión importante del nivel inicial, especialmente en las salas vinculadas a las edades más tempranas. Además, Argentina atraviesa una transición demográfica marcada por la caída sostenida de la natalidad: hoy nacen menos chicos que hace una década. Ese fenómeno ya empezó a impactar sobre la matrícula y continuará haciéndolo -incluso con mayor fuerza- en los próximos años.

Esta combinación entre menos nacimientos y más infraestructura instalada abre una oportunidad muy relevante para el sistema educativo: si la cantidad de secciones se mantiene relativamente estable, el descenso de la matrícula podría liberar capacidad para ampliar el acceso en las edades donde todavía existen déficits de cobertura, particularmente entre los niños de 2 y 3 años.

Pero acá está la trampa: esa oportunidad no se va a traducir automáticamente en mayor equidad. Que haya potenciales vacantes disponibles no garantiza, por sí solo, que los chicos más vulnerables lleguen efectivamente al jardín. Si con menos chicos y más oferta instalada seguimos sin cerrar esta brecha, la pregunta que debemos hacernos es qué estrategia estamos desplegando para que esos 6 de cada 10 niños de los sectores más vulnerables finalmente ingresen al nivel inicial.

La inercia que nos ofrece la transición demográfica no alcanza para resolver el problema. Porque si no hay una estrategia activa, el sistema tiende a acomodarse solo, y no siempre donde hace falta. Los recursos fluyen hacia donde la demanda es más visible, los jardines se sostienen donde las familias ya llegaban solas, y los que más necesitan el acceso siguen quedando afuera. No es un problema de infraestructura ni de recursos: es una cuestión de falta de planificación. Y la ventana que nos ofrece la primera infancia se cierra con premura.

En los sectores más vulnerables, las dificultades para sostener la escolarización temprana suelen convivir con empleos precarios, problemas de movilidad, falta de redes de cuidado y entornos con menor acceso a información y poco acompañamiento. Muchas veces, además, la educación inicial no aparece como una necesidad urgente frente a otras demandas más inmediatas. Por eso, el desafío no puede reducirse únicamente a construir jardines o abrir vacantes.

Por otro lado, existe un riesgo silencioso. Sin una política educativa estratégica el sistema por sí solo termina reproduciendo las desigualdades existentes. Si sólo se expande la cobertura en los sectores que ya tienen una demanda consolidada, quienes más necesitan el acceso van a seguir quedando afuera. Si el Estado no prioriza deliberadamente, los recursos tienden a orientarse allí donde las familias ya tenían más y mejores herramientas de acceso.

Una clave está en empezar a tratar la escolarización temprana como una prioridad estratégica y no como un tema secundario dentro de la agenda educativa. La evidencia acumulada en las últimas décadas dejó poco margen para la discusión: el impacto de la educación inicial en el desarrollo infantil, en la reducción de desigualdades y en la ampliación de oportunidades futuras es contundente. Lo que no sucede en esos primeros años es mucho más difícil (y más costoso) de recuperar después. Por eso, discutir la cobertura del nivel inicial no es solamente hablar de jardines: es discutir qué oportunidades queremos garantizar desde el comienzo de la vida.

 Diversos estudios mencionan un fenómeno llamado “recesión sexual” y observaron que muchas personas, especialmente jóvenes adultos, tienen menos encuentros sexuales que generaciones anteriores. Refieren diversas causas que atañen a factores sociales, tecnológicos, emocionales y económicos que habrían modificado la manera de relacionarse.

Aparecen preguntas, tales como: ¿Se tiene menos sexo? ¿El deseo sexual se está perdiendo? ¿Cómo es posible que se esté a un clic de estar con alguien y sea tan difícil?

Estos cuestionamientos nos llevan a algo más profundo que sacude a todas las personas, donde el foco no está en la cantidad de encuentros sexuales, sino en la manera en que hoy construimos intimidad, como hoy nos vinculamos.

Cuando hablamos de sexualidad no lo recortamos a una mirada coitocentrista, como si la sexualidad pudiera medirse únicamente desde la frecuencia o desde el rendimiento. La sexualidad está atravesada por el deseo, la fantasía, el cuerpo, el vínculo con el otro y las maneras en que la habitamos. Por eso cambiamos el interrogante para que no apunte a cuánto sexo tenemos, sino a cómo estamos deseando, cómo son nuestras citas sexoafectivas.

Aparece algo muy propio de esta época: gran parte de los vínculos comienzan en una pantalla. Muchas personas se conocen mediante aplicaciones. Las redes sociales se transformaron en espacios de contacto y seducción. Se stalkea (del inglés to stalk: buscar, observar o investigar minuciosamente la vida de alguien), se reacciona a historias, se responde con emojis, se comparte memes, a veces hasta las palabras están ausentes dejando a libre interpretación esas reacciones, se ven fotos y pequeños fragmentos de intimidad. Esto puede dar lugar a construir una idea del otro: se conoce primero cómo alguien sale en las fotos antes que su manera de mirar.

Esta mascarada virtual inevitablemente impacta en los encuentros, en las expectativas, en las frustraciones, en lo que se desea inmediato y también en las construcciones de identidades como "incel" (célibes involuntarios) o "celvol" (célibes voluntarios).

He aquí el meollo de la situación, hay algo del encuentro humano que todavía ninguna pantalla puede reemplazar: La presencia física. Aquel escenario donde tener a alguien cerca estimula los sentidos: la erotización de la mirada, del roce, la observación de su lenguaje corporal, el tono de voz, los silencios, el aroma… Se activa esa sensación difícil de explicar que aparece cuando alguien nos genera algo, lo que llamamos “cuestión de piel”.

Sin embargo, muchas veces el vínculo empieza antes, desde la imagen que desde el cuerpo que invade también en la forma en la que deseamos.

El cortejo, por ejemplo, ya no se mueve igual que antes. No desapareció, pero sí se transformó. Hasta no hace mucho tiempo había más espacio para la espera, para la fantasía y para cierta incertidumbre. Uno podía pasar días pensando en alguien sin saber cuándo iba a volver a verlo de nuevo. Había algo del misterio que alimentaba el deseo.

Hoy sabemos si alguien está conectado, si leyó el mensaje, si subió una historia después de no responder o si reaccionó distinto a una publicación. Un seguimiento con la mirada que despierta ansiedad. Y no hablo de que lo de antes fuese mejor, sino es dar luz a otra manera de vincularnos, donde nunca estuvimos tan conectados y, al mismo tiempo, tan lejos del encuentro real.

Aparecen fenómenos tan propios de esta época: conversaciones eternas que nunca llegan al encuentro, vínculos ambiguos, personas que pasan meses hablando sin concretar una cita o relaciones sostenidas más desde la virtualidad que desde la experiencia compartida.

Hay personas que sienten que hablan muchísimo con alguien y, sin embargo, cuando finalmente se encuentran, parece un desconocido. Y esto nos revela que se está más conectados, pero menos íntimos.

Hace años que se habla de una lógica atravesada por la inmediatez. Todo parece rápido, disponible, reemplazable. Y esa misma lógica también impacta en las relaciones. Aparece la sensación constante de que puede existir alguien mejor detrás de otro perfil, de otra conversación o de otra historia. Entonces cuesta sostener procesos que necesitan tiempo o atravesar la incomodidad de conocer verdaderamente a alguien. Porque conocer a otro también implica tolerar contradicciones, silencios, diferencias y tiempos que no siempre son inmediatos. Implica aceptar que el otro real nunca coincide con la versión ideal.

Aparecen vínculos más frágiles, más líquidos, más difíciles de sostener. No necesariamente porque las personas no quieran conectar. Muchas veces sí quieren. Pero qué difícil es en una época donde se vive agotados, acelerados y enmarcados en esta coyuntura.

Contestamos mensajes todo el día, consumimos estímulos constantemente, trabajamos incluso fuera de horario y un cuerpo y una mente agotada difícilmente pueda conectarse con el placer. También se suma otra cuestión: vivimos mirando y siendo mirados todo el tiempo. Las redes sociales nos exponen permanentemente a cuerpos, parejas, experiencias sexuales y formas de desear ajenas. Y aunque se sepa que solamente muestran recortes editados de realidad, de todas maneras, nos generan impacto. Aparece la comparación, la presión, la sensación de que se debería desear más, sentir más o vivir una sexualidad constantemente intensa. Mientras la mirada está puesta en una pantalla, hay un trasfondo silencioso: empieza a existir la desconexión del propio deseo. Porque el deseo no funciona bajo presión, no aparece por obligación ni responde bien al cansancio extremo, al estrés constante o a la hiperestimulación permanente que afecta también el erotismo. Necesita tiempo, presencia y disponibilidad psíquica, algo difícil de lograr en una cultura acelerada y saturada de estímulos.

Por eso, la llamada “recesión sexual” no tenga que leerse únicamente como una disminución de encuentros sexuales. Estamos atravesando una transformación profunda en la manera de vincularnos, de construir intimidad y de sostener presencia con otros.

La sexualidad no está desapareciendo, sino que se está adaptando a una época donde todo sucede demasiado rápido.

La universidad pública argentina representa un pilar esencial para la movilidad social ascendente, la producción de conocimiento soberano y el desarrollo nacional. No hay ninguna duda de eso. Pero hoy enfrenta una grave crisis bajo la presidencia de Javier Milei. Esta crisis integra un desfinanciamiento sistemático, el deterioro salarial creciente y el incumplimiento flagrante de normativas sancionadas por el Congreso Nacional, como la Ley de Financiamiento Universitario (Ley 27.795).

¿Qué tan grave es esta crisis? Las transferencias del gobierno nacional a las universidades cayeron un 45,6% en términos reales entre 2023 y 2026, un recorte inédito que amenaza el funcionamiento básico de las instituciones. Mientras la inflación acumulada superó ampliamente los aumentos salariales irrisorios, los docentes y no docentes perdimos más del 50% de nuestro poder adquisitivo, empujándonos directamente por debajo de la línea de pobreza.

Quienes estamos en las aulas todos los días vemos que esto no se traduce solo en números. Se traduce en problemas concretos: docentes que multiplican cargos para sostener ingresos, dificultades para garantizar condiciones mínimas de cursado, proyectos que quedan a mitad de camino. Esto no es un ajuste aislado, sino un proceso estructural que diversos analistas llaman "Colonialismo 2.0", priorizando un modelo agro-minero-exportador que desmantela deliberadamente la matriz científico-tecnológica nacional.

Históricamente, la universidad pública ha sido trinchera de tensiones entre visiones emancipatorias (donde la educación es un derecho humano, ciudadano y universal, como enfatiza Eduardo Rinesi) y enfoques neoliberales que la mercantilizan. En Argentina, desde la Reforma de 1918, se ha impulsado el cogobierno, la autonomía y la libertad de cátedra, resistiendo intentos de subordinarla al mercado o al extractivismo. Hoy, esta disputa se agudiza: defenderla no es corporativismo, sino sostener un proyecto de soberanía frente al capital globalizado.

Ahora bien, estos procesos no ocurren solo allá lejos, en el plano nacional o en los grandes debates parlamentarios. Nos golpean la puerta y se sienten de manera directa en nuestros territorios. En Gualeguaychú, por ejemplo, la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER), y en particular nuestra Facultad de Bromatología, vienen protagonizando un proceso de crecimiento enorme.

Desde la institución se respondió a una demanda social histórica creando carreras estratégicas y levantando el nuevo Polo Educativo, con sus modernos espacios de cursado, laboratorios y servicios. Pero seamos claros, esto no cayó del cielo ni se hizo “gratis”. Fue el resultado del esfuerzo económico inmenso de toda la sociedad. Una inversión colectiva indispensable con un doble objetivo: por un lado, ofrecerles a nuestros jóvenes el derecho a estudiar y progresar en su propia ciudad; y por el otro, brindarle a las empresas, industrias y productores de nuestra región ese recurso humano calificado que tanto necesitaban para trabajar y hacer crecer la matriz productiva local.

Y hoy ese crecimiento convive con un escenario incierto. Mantener lo construido, y sobre todo hacerlo funcionar en condiciones adecuadas, empieza a ser un desafío en sí mismo. Aquí es donde las discusiones macro bajan a tierra. Discutamos cómo hacer para sostener la trayectoria de los estudiantes, discutamos qué hacer si un laboratorio no tiene insumos, discutamos si un docente puede dedicar tiempo a investigar o solo a sobrevivir.

Por eso, cuando se plantea la necesidad de aplicar la Ley de Financiamiento Universitario, no se trata simplemente de reclamar recursos. Se trata de sostener ciertas condiciones mínimas para que la universidad siga siendo lo que, con todas sus limitaciones, ha sido hasta ahora: un espacio de acceso, de producción de conocimiento y de construcción colectiva.

Insisto, nuestra salida no es pedirle por favor al Gobierno que nos tire unos pesos. La solución es exigir democráticamente que se acate y aplique la Ley de Financiamiento Universitario.

El conocimiento no es una mercancía. Nuestras aulas y laboratorios son nuestra trinchera frente a esta nueva forma de colonialismo. Defender la educación pública hoy es, ni más ni menos, que defender nuestro derecho a tener una Patria. Hay que tomar partido.

 Por Diego Hernán Zanetti.

Los seres humanos somos esencialmente seres sociales; necesitamos estar “conectados” con los demás y esa conexión en la actualidad se da más en el ámbito virtual que en el físico. Con sólo hacer el cálculo de cuántas horas pasamos chateando con amigos o grupos en línea y, cuántas lo hacemos en la realidad, comprobaremos que la comunicación digital es notablemente más intensa lo que no significa que sea de mayor calidad.

Una operación simple nos permite medir exactamente la cantidad de horas que pasamos utilizando el celular. Con cotejar las métricas de bienestar digital integradas en sistemas operativos móviles como Android o iOS, es posible auditar el tiempo de exposición de pantalla. Según datos estadísticos, entre los jóvenes, el promedio de uso del celular es de 6 a 8 horas diarias, lo que implica que un tercio del año, 121 días, se gastan en utilizar el teléfono.

Y esto no es casualidad, las plataformas están diseñadas para lograr dependencia del usuario y esto quedó demostrado en un juicio reciente en Estados Unidos. Incluso, el contenido que circula en redes está dejando de ser creado por humanos. Con IA Generativa, se producen flujos constantes de contenidos para evitar el abandono de la red por parte del usuario. Eso se logra a través de la automatización a gran escala y análisis continuos de datos de los internautas, lo que permite personalizar el contenido, creando material “a medida”. No importa qué muestran, lo importante es el tiempo que permanecemos con el celular.

Un dato alarmante es que la mayoría cree que el uso de las redes es gratis pero no es así, se paga con pérdida de intimidad y datos personales, con tiempo y salud. En efecto, hoy sabemos que la actividad en línea está estrechamente vinculada a problemas de salud mental; tiene un enorme impacto en la ansiedad, el estrés, la depresión, la autoestima, etc. Los ansiados “likes” estimulan la producción de dopamina, hormona del placer y la recompensa, lo que genera adicción y comportamientos obsesivos. El uso de pantallas antes de dormir inhibe la melatonina por la luz azul y provoca insomnio y alteración de sueño, entre otras cosas.

Investigaciones especializadas están evaluando los efectos de la hiperconectividad a largo plazo y advierten sobre fuertes vínculos entre el consumo excesivo y/o inapropiado de contenidos con riesgo de depresión, ansiedad, soledad, autolesión, agresiones, pensamientos suicidas, etc.

Hasta el “miedo a perderse algo” en las redes ha sido identificado como una adicción, se lo llama FOMO. Los sitios web se encargan de llamar la atención del usuario buscando entretener más que informar, se genera una búsqueda incesante, el “scroll infinito”, creando un vínculo adictivo difícil de romper. El FOMO obliga al usuario a tomar el teléfono todo el tiempo para revisar actualizaciones o responder compulsivamente todas las notificaciones o alertas sin importar ni priorizar lo que la persona está haciendo; no importa si duerme, almuerza, habla con un amigo, todo queda de lado ante la amenaza de perder algo de lo que sucede en línea.

En ese contexto, el 25 de marzo de 2026, un jurado del Tribunal Superior de Los Ángeles, Estados Unidos, emitió un veredicto que marca un punto de inflexión en el derecho de daños y la responsabilidad de las Big Tech. Tras 6 semanas de juicio y 9 días de deliberación, las empresas Meta (Instagram) y Alphabet (YouTube) fueron halladas responsables por los daños derivados de la adicción que sus plataformas causaron a una joven, identificada como Kaley (K.G.M.), quien comenzó a utilizarlas a los seis años de edad.

El jurado determinó que ambas compañías actuaron con negligencia al diseñar productos intrínsecamente adictivos y, fundamentalmente, por la falta de advertencia adecuada sobre los riesgos para la salud mental de los menores. El reclamo no se centró en el contenido nocivo de videos o mensajes sino en el diseño algorítmico. Se sostuvo que las funciones como el scroll infinito, las notificaciones push constantes, el sistema de recompensas (likes) y el autoplay actúan como “características de diseño defectuosas”.

Como vemos, ansiedad, hiperconexión, consumo compulsivo están estrechamente vinculados, nada es casual. Las herramientas que nacieron para facilitar la comunicación se han convertido en sistemas de dependencia digital como resultado de decisiones orientadas a la monetización de la atención, convirtiendo a los usuarios en adictos digitales. Pasamos de la conexión interpersonal a la desconexión por contenido, porque la idea no es “conectar” sino retener a cualquier costo y eso se logra mediante diseños algorítmicos que logran convertir al usuario en sujeto digital dependiente.

En este contexto, buscar o imponer límites sobre uso y control es realmente difícil. Algunos países hablan de “crear condiciones para lograr contención”. Entiendo que empezar a hablar del tema, a ponerlo sobre la mesa, es el primer paso.

La discusión sobre la ley de glaciares no es, como muchas veces se plantea, un debate entre minería y ambiente. Ese enfoque es simplista y, en última instancia, equivocado.

Argentina necesita desarrollar su potencial minero. Lo necesita para generar empleo, exportaciones y fortalecer sus economías regionales en un contexto internacional que demanda recursos estratégicos. El problema no es ese.

La verdadera discusión es otra: quién define los límites de ese desarrollo y con qué reglas. Ese es el punto donde el proyecto de reforma no resuelve.

En Entre Rios hay desarrollo minero no metalífero, centrado principalmente en la extracción de rocas de aplicación y materiales para la construcción (arenas y canto rodado). Pero no estamos discutiendo una actividad localizada en la cordillera o en una región en particular, sino el modo en que el Estado argentino regula recursos estratégicos.

Además, no se trata de una discusión teórica. Hace pocas semanas impulsamos una acción judicial para prevenir un posible daño ambiental vinculado a la instalación de una planta de metanol sobre el Río Uruguay, en Paysandú, Uruguay. Es decir, cuando hay riesgos sobre recursos críticos, la intervención del Estado no es una opción: es una obligación.

Por eso preocupa la posición adoptada por el Ejecutivo entrerriano que decidió acompañar expresamente la reforma impulsada por el Gobierno nacional. En el ámbito del Consejo Federal de Medio Ambiente, ese apoyo contribuyó a un empate de ocho votos a favor y ocho en contra, con varias abstenciones. No fue una decisión neutra: fue una toma de posición política clara.

Pero más allá de la coyuntura, el problema de fondo es jurídico.

La Constitución Nacional establece un equilibrio muy preciso. Por un lado, reconoce el dominio originario de las provincias sobre los recursos naturales. Por otro, asigna a la Nación la competencia de dictar presupuestos mínimos de protección ambiental.

Ese esquema no es contradictorio: es complementario. La Nación fija un piso común de protección y las provincias pueden elevar ese estándar, nunca reducirlo.

La Corte Suprema ha sido categórica en este punto. En el caso “Barrick”, sostuvo que el establecimiento de presupuestos mínimos no es una declaración teórica, sino una facultad concreta para garantizar un ambiente sano. En “Salas”, afirmó que las provincias no pueden disminuir esos estándares. Y en “Mendoza”, que ante la duda debe protegerse el ambiente. El proyecto de reforma se aparta de esa doctrina.

El régimen vigente es claro: el Inventario Nacional de Glaciares define las áreas protegidas y las prohibiciones son automáticas. Si está inventariado, está protegido.

La media sanción del Senado cambia esa lógica. Transfiere a las provincias la definición de qué cuerpos tienen función hídrica, convierte la evaluación de impacto ambiental en el mecanismo central de decisión y vacía de contenido vinculante al inventario.

En la práctica, la provincia interesada en un proyecto pasa a ser quien define los límites de la protección. Esto no es una reforma técnica. Es una reconfiguración del sistema.

Además, introduce problemas técnicos serios. El criterio de “relevancia hídrica” es conceptualmente incorrecto: todos los glaciares cumplen una función dentro del sistema de cuencas. Pretender que cada jurisdicción determine su importancia con criterios propios elimina el estándar nacional.

Y sin estándar común, el presupuesto mínimo deja de ser mínimo.

A esto se suma un dato clave: las cuencas hídricas no respetan límites políticos. Lo que se decide en una provincia impacta directamente en otras. Por eso, la gestión de estos recursos no puede quedar sujeta a decisiones unilaterales.

El resultado es claro: mayor discrecionalidad, menor previsibilidad y más conflictividad. En lugar de fortalecer el sistema, el proyecto lo fragmenta.

Y una mala regulación no sólo afecta la protección ambiental. También afecta las condiciones para el desarrollo. Por eso, el problema no es la minería.

El problema es hacerlo sin reglas claras, sin estándares comunes y sin respeto por el diseño constitucional. Argentina necesita desarrollarse, pero para eso necesita mejores reglas, no peores.

En momentos en que se discute el rumbo del país y las prioridades de inversión pública, resulta imprescindible volver a poner en el centro el valor estratégico de la ciencia y la educación universitaria. No se trata solo de sostener instituciones: se trata de definir qué tipo de sociedad queremos construir y qué lugar aspiramos a ocupar en el mundo.

La universidad pública argentina ha sido, históricamente, una herramienta fundamental de inclusión, movilidad social y desarrollo. En sus aulas no solo se forman profesionales, sino ciudadanos críticos, comprometidos con su entorno y capaces de transformar la realidad. Pero, además, y muchas veces de manera menos visible, es en las universidades donde se produce una parte sustantiva del conocimiento científico del país, en articulación con el sistema de ciencia y tecnología.

Ese entramado, universidad y sistema científico, es el que permite generar soluciones concretas a problemas productivos, sanitarios y ambientales; el que impulsa la innovación; el que forma recursos humanos altamente calificados; y el que construye, en definitiva, soberanía. Porque un país que no produce conocimiento propio depende de otros para desarrollarse, para tomar decisiones y hasta para interpretar su propia realidad.

En este contexto, resulta especialmente significativo mencionar el caso del microsatélite Atenea. Se trata de un desarrollo tecnológico argentino de pequeña escala, diseñado con fines científicos y educativos, que participa en un programa internacional de alto nivel. Este tipo de iniciativas no solo implican avances en áreas como la ingeniería, la electrónica o el procesamiento de datos, sino que también representa una oportunidad única de formación para estudiantes e investigadores, que se integran a proyectos de frontera con impacto global.

A ello se suma un dato que no puede pasar desapercibido: el equipo argentino responsable de este desarrollo fue seleccionado en un concurso internacional altamente competitivo para integrarse a la misión Artemis, a partir de la propuesta de un dispositivo innovador. Este logro no es casual ni aislado. Es el resultado de años de formación rigurosa, de inversión en capacidades científicas y tecnológicas, y del trabajo sostenido en universidades públicas y centros de investigación. Es, en definitiva, una muestra concreta de la calidad de los recursos humanos que el sistema científico y universitario argentino es capaz de formar.

Atenea es, entonces, mucho más que un satélite: es la expresión de un ecosistema de conocimiento que, cuando cuenta con condiciones adecuadas, puede alcanzar estándares internacionales de excelencia. Pero, sobre todo, es una evidencia clara de que en nuestro país existen capacidades, talento y vocación para desarrollar tecnología de alto nivel y participar en los escenarios más exigentes de la ciencia global.

Sin embargo, estos logros conviven hoy con un escenario preocupante. El desfinanciamiento sostenido de las universidades y del sistema científico no es una abstracción: se traduce en salarios deteriorados, becas insuficientes, proyectos que se interrumpen, laboratorios que no pueden actualizarse y jóvenes altamente formados que ven limitado su futuro en el país. Cada recorte no solo afecta el presente, sino que erosiona capacidades construidas durante décadas.

Defender la ciencia y la educación pública no es, por lo tanto, una consigna sectorial ni corporativa. Es una decisión profundamente política en el mejor sentido del término: implica apostar por un modelo de país que valore el conocimiento, la innovación y la equidad. Implica entender que cada peso invertido en estas áreas se multiplica en desarrollo productivo, en mejoras en la calidad de vida y en oportunidades para las futuras generaciones.

En un mundo cada vez más competitivo y basado en el conocimiento, resignar estas capacidades sería un retroceso difícil de revertir. Por el contrario, fortalecerlas es abrir caminos: para producir más y mejor, para agregar valor, para cuidar nuestros recursos y para construir una sociedad más justa.

Experiencias como la del microsatélite Atenea nos recuerdan que ese camino es posible. Pero también nos interpelan: nada de esto ocurre por inercia. Requiere decisión, inversión sostenida y una convicción clara de que la ciencia y la educación pública no son un gasto, sino una inversión estratégica en el presente y, sobre todo, en el futuro.

Por Cecilia Inés DomínguezAbogada - Centro para el Estudio y Defensa de Aves Silvestres (Ceydas)

Cuando hablamos de la no modificación de la Ley de Glaciares, hablamos de la preservación del ambiente, los derechos de las comunidades que los habitan y la continuidad de la habitabilidad de estos territorios para las generaciones futuras.

Realizar dicha modificación conllevaría a la violación de criterios de razonabilidad (conforme Art. 28 de la Constitución Nacional), los que exige la fundamentación razonable de los actos de Gobierno. Caso contrario éstos serían arbitrarios y por lo tanto carentes de validez legal.

Cuando hablamos de la modificación de una ley que establece en la actualidad un umbral mínimo de protección legal, debemos saber que éste no puede quebrarse ni romperse debido a que se vería afectado el principio de progresividad que se encuentra adherido a la protección del ambiente. Por lo tanto, la razonabilidad de los actos de Gobierno se relaciona con este principio. Y cuando se menciona la razonabilidad también debemos hacer foco en que para esto deben existir estudios científicos válidos que conduzcan a conclusiones que establezcan que la pretendida modificación no causará un detrimento en la calidad de vida de las especies que habitan los territorios que se pretende interferir.

Estamos hablando de que debemos conocer y tener elementos suficientes que conllevan a que nuestras decisiones no se basen en meros presupuestos sino en criterios científicos, pero sobre todo que estos no contradigan principios de protección vigentes.

Así también, debemos subrayar el orden de prelación que establece la jerarquía sobre la cual se rigen nuestras leyes, no pudiendo jamás una ley, nacional o provincial, violentar el bloque duro de constitucionalidad legal. Esto es, la Constitución Nacional más los Tratados en materia de Derechos Humanos que se encuentran enumerados en el artículo 75 inc. 22. Este aspecto de orden jerárquico sobre el cual se ciñe nuestro sistema normativo, lo encontramos receptado en el Art.  31 de la Constitución Nacional. Asimismo, nuestro Art. 41, piedra basal del resguardo Ambiental en materia Constitucional, establece la jerarquía de la protección del ambiente en todo el territorio de la República Argentina.

Dentro del aspecto legal contamos con la ley General de Ambiente que esboza principios básicos de protección ambiental: el principio de congruencia, el preventivo, precautorio, de responsabilidad y pro natura. Éstos fundan la exigencia del resguardo de diferentes áreas geográficas dentro del territorio nacional ante posibles acciones antrópicas y extractivistas que afecten los ecosistemas y al ambiente en general.

A nivel internacional contamos con un abanico de defensa legal que brindan protección en la esfera del Derecho Internacional y aseguran la continuidad de la protección del Ambiente. Va de suyo, que, si el Estado Nacional no adecúa su sistema normativo a las obligaciones contraídas a nivel internacional, en el marco de lo suscripto a través de estos Tratados y/o Convenciones, podría incurrir en la violación de obligaciones asumidas internacionalmente al haber ratificado diversos cuerpos normativos que forman parte de nuestro régimen jurídico nacional.

 Realizar modificaciones en la ley de Glaciares, implicará limitar y restringir el acceso al agua potable a las generaciones actuales y también las futuras, colocándolas en una precariedad de subsistencia, vulnerando normativa de protección a nivel Ambiental pero también en materia de Derechos Humanos.

Por último, no se puede dejar de mencionar el principio de no regresión en materia Ambiental. El que obliga al Estado a no retrotraerse a un umbral inferior de protección legal. siempre debemos ir por más protección, nunca por menos.

La modificación de esta ley producirá un grave ecocidio, el cual conllevaría a la destrucción de toda una cadena ecológica que sustenta la protección de diversas especies. Los Glaciares son sistemas ecológicos que regulan los ambientes y ecosistemas, garantizando la calidad de vida de las diversas especies que los habitan. La degradación de estos espacios a través de diversas prácticas antrópicas y extractivistas producirán la degradación y daños acumulativos e irreversibles en dichas zonas. Flexibilizar los componentes de protección de la ley, habilita a la alteración y degradación de las diversas formas de vida que los habitan. Por ello, resulta necesario realizar un abordaje en relación a prácticas clásicas de colonialismo, y traerlas a contexto a la luz de las nuevas formas de colonización sobre América Latina.

Al hablar de colonialismo, debemos relacionarlo con explotación, servilismo, tiranía y esclavitud. El colonialismo y los sistemas constitucionales, como programas políticos que pueden proteger derechos o beneficiar el saqueo de los bienes de la naturaleza que pertenecen a las comunidades, configuran un modo de expropiación de los bienes de los ciudadanos quienes detentan el poder político, económico y comercial. Esta acción no podría encontrar separada del colonialismo. Por ello debemos pensar si la pretendida modificación nace de un colonialismo impuesto desde el extranjero buscando satisfacer los intereses de un capitalismo financiero.

El agua es el principio básico por el cual subsiste la vida.

*Por Fabián Boleas, Ministro de Economía y Servicios Públicos de Entre RíosEntre Ríos volvió al mercado internacional de crédito después de varios años sin acceso al financiamiento externo. Esta semana se concretó una emisión por USD 300 millones con inversores internacionales. No es un dato menor: en el contexto macroeconómico actual, apenas cuatro provincias argentinas han logrado hasta ahora financiarse en los mercados internacionales. Entre Ríos es una de ellas.

Este resultado es consecuencia directa del ordenamiento fiscal iniciado en 2024. Ordenar las cuentas públicas no es un fin en sí mismo: es la condición para recuperar la confianza y volver a generar oportunidades de desarrollo. La administración prudente de los recursos, el cumplimiento de las obligaciones asumidas y la previsibilidad institucional permitieron avanzar en ese camino.

También es importante recordar el punto de partida. Cuando asumimos la responsabilidad de gobernar nos encontramos prácticamente sin ahorros y con una reputación financiera deteriorada tras la reestructuración concretada en 2021. Además, la estructura de ese bono concentró los pagos de amortización en nuestra gestión de gobierno. De hecho, a poco menos de dos meses de iniciar la nueva administración enfrentamos el mayor vencimiento de toda la vida del bono —USD 66 millones— para el cual las autoridades salientes habían dejado un fondo de reserva que no alcanzaba a cubrir el 40% del pago.

Ese escenario inicial explica buena parte del esfuerzo que debió realizar Entre Ríos para ordenar sus cuentas y reconstruir su credibilidad. Los resultados empiezan a verse: la provincia pasó del puesto 24 en 2023 al 15 en 2025 en los indicadores comparativos de desempeño fiscal y financiero.

La reciente vuelta al mercado de crédito es una consecuencia directa de ese proceso.

También es importante explicar para qué se utiliza este financiamiento. El objetivo principal es mejorar el perfil de la deuda existente, particularmente los vencimientos del bono reestructurado en 2021, que concentraba los pagos de amortización e intereses a partir de 2024.

La nueva emisión, con una vida promedio cercana a los seis años, incorpora además una opción de recompra del bono anterior. Esto permite distribuir mejor los vencimientos a lo largo del tiempo y hacer más previsible y sustentable el esquema de pagos.

Al mismo tiempo, la operación permite cancelar pasivos en pesos con tasas significativamente más altas, reduciendo el costo financiero efectivo y disminuyendo la presión de vencimientos en el corto plazo. En definitiva, se trata de administrar responsablemente el perfil de la deuda para garantizar solvencia y previsibilidad, una práctica habitual en gobiernos y organizaciones que planifican con una mirada de largo plazo.

En cuanto al costo de la emisión, las condiciones obtenidas resultan competitivas en el contexto actual. Si se compara con la colocación realizada en 2017, la prima de riesgo pagada en esta oportunidad fue 48 puntos básicos menor. Este dato resulta especialmente relevante si se considera que desde entonces aumentó el costo internacional del dinero y también el riesgo soberano argentino.

Aún frente a otras jurisdicciones que accedieron recientemente al mercado, Entre Ríos consiguió condiciones razonables. La diferencia de tasa con Córdoba —una provincia con una economía considerablemente mayor y una situación fiscal mucho más holgada— no superó los 90 puntos básicos. En el caso de la Ciudad de Buenos Aires y Santa Fe, la comparación no es estrictamente válida, ya que se trata de jurisdicciones que no reestructuraron su deuda en los últimos años.

Las tasas reflejan el riesgo relativo, el tamaño de la economía, la estructura fiscal y el historial de cumplimiento. No todas las jurisdicciones parten del mismo punto ni enfrentan las mismas condiciones. Por eso es particularmente significativo que Entre Ríos haya podido volver al mercado internacional de crédito en estas circunstancias.

Por último, es importante precisar algunos números sobre el flujo real del bono. Considerando la tasa efectiva, la vida promedio cercana a seis años y el esquema de amortización previsto entre 2031 y 2033, en términos de flujo anual el costo de intereses del instrumento equivale a aproximadamente USD 28 millones en promedio por año. Algunas estimaciones difundidas recientemente no contemplan correctamente el cronograma de pagos ni la estructura de amortización.

En síntesis, esta emisión no es un punto de llegada sino un paso más en el proceso de ordenamiento financiero de Entre Ríos. Un camino basado en responsabilidad fiscal, cumplimiento de los compromisos y recuperación de la confianza.

Hace unos días se publicó un ranking, de esos internacionales, que mide qué tan estresadas se sienten las personas. Y como no nos gusta bajarnos de ningún podio, ahí está Argentina, liderando el ranking internacional de estrés. Somos campeones del estrés.

Cuando leí la nota, por alguna razón no me sorprendió. Más bien parecía de esos datos que confirman lo que ya sabemos. No paramos de estar tratando de arreglar —no se sabe bien qué— pero siempre hay una urgencia que no se explica tanto por su magnitud objetiva como por la sensación de que todo está en juego, como si cada situación fuese definitiva.

El estrés es esa sensación interna de amenaza total, como si cualquier movimiento pudiera precipitar la caída.

En el consultorio, cuando un paciente vive estos cuadros, uno de los trabajos del analista es ayudar a separar la urgencia real de la impresión subjetiva de catástrofe.

El estrés es la combinación de tres aspectos (es-tres) en uno: inestabilidad, como la impresión de un cambio inminente; el peligro, como posibilidad de ser dañado; y el llamado a la acción, la necesidad de hacer algo para resolverlo. Un cóctel que los argentinos conocemos y consumimos a diario.

El argentino toma mate con la inestabilidad, percibe un peligro siempre acechando y no deja de tratar de hacer algo. Somos un país en el que es imposible aburrirse porque siempre pasa algo; eso nos mantiene en “modo estrés”. Y bien sabemos los psicólogos de la importancia del aburrimiento como instancia de asimilación, de aprendizaje y de creación. Si Argentina fuese un paciente en el diván, la pregunta clínica podría ser: ¿Cuánto hace que Argentina no tiene un veranito de aburrimiento?

Desde el psicoanálisis, cuando un síntoma, en lugar de verse como tal, se vuelve un rasgo de la identidad, decimos que aquello es egosintónico. La Argentina hace de su síntoma una identidad: el país que no duerme, que no se aburre, que no puede simplemente parar la pelota. Y acá una diferencia importante: una cosa es haber atravesado crisis —que las hemos atravesado— y otra es organizar la identidad alrededor de la idea de que somos los atravesadores de crisis.

La paradoja del síntoma es que, si hacemos del borde nuestra identidad, tarde o temprano necesitaremos un abismo para seguir siendo quienes creemos ser.

Así entramos en un bucle: el trauma produce el estrés y el estrés vuelve a producir trauma. El problema no es que venga una crisis, sino no poder salir del reflejo defensivo.

En psicología clínica, esa posición de estrés permanente suele ser un efecto de lo traumático. Cuando se viven sucesos que golpean y rompen nuestra capacidad de elaboración aparece el estrés postraumático; aunque haya pasado tiempo del suceso, la persona psíquicamente permanece defendiéndose de esa misma situación, como si la continuara viviendo: no sale del peligro. Pienso si nuestro modo de vivir estresados no será también parte de nuestros traumas nacionales, con los que todavía convivimos: corralitos, guerras, hiperinflación, dictadura, migraciones.

El eco de lo traumático retorna como una premonición sobre lo que va a suceder. Vivimos temiendo que vuelva a ocurrirnos lo mismo que nos lastimó y entonces nos preparamos para estar listos para lo peor. Es una anticipación negativa que intenta dejarnos preparados cuando llegue el próximo evento. El modo estrés es una forma de adelantarnos al golpe: nos tensamos antes de tiempo, vivimos prevenidos frente a una amenaza que todavía no llegó, pero que sentimos inevitable.

El argentino es pícaro, está atento, no baja la guardia porque no se siente seguro. No confía en que sus dirigentes lo cuiden, no ve previsibilidad, y así es que vivimos en estado de alerta como si eso fuese una virtud. No te podés confiar, no te podés dormir: argentino que se duerme, es cartera. El “modo estrés” deja de ser una reacción y se convierte en una ética, en una cultura de vida.

Pero bien sabemos que el cuerpo no negocia. El sistema nervioso no entiende de relatos patrióticos. Cuando se vive en alerta permanente aparecen el insomnio, la irritabilidad, la dificultad para concentrarse, los vínculos tensos, la imposibilidad de disfrutar. Y algo aún más peligroso: cuando estamos en “modo estrés” no podemos tomar buenas decisiones. Se hace lo que sea por sobrevivir.

No creo que el desafío sea dejar de estar atentos —sería ingenuo— sino reconocer este mecanismo de alerta sin romantizarlo. Porque un país que sólo sobrevive nunca llega a vivir.

Tal vez la pregunta clínica no sea únicamente cuánto hace que Argentina no tiene un veranito de aburrimiento, sino si estamos dispuestos a tolerarlo cuando llegue. Aburrirse implica confiar en que nada terrible va a pasar en los próximos cinco minutos.

La pregunta no es si podemos cambiar, sino si queremos dejar de identificarnos como campeones del estrés. ¿Hasta qué punto nos enamoramos de esta forma de vivir?

En un 2025 con muchas idas y vueltas se sancionó en el Congreso la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad (Ley N° 27.793), orientada a garantizar derechos y financiamiento al sector. El Ejecutivo inicialmente vetó (frenó) su aplicación, pero fue obligado por un fallo judicial a reglamentarla días pasados y ponerla en marcha. 

Después de muchos reclamos, se reglamenta mediante un decreto, de manera muy holgada, ya que si bien prevé un aumento “salvavidas” para las prestaciones, habla de cambios y de fortalecimiento en los organismos de apoyo, quedando muchos grises, dado que hay varios artículos que no están reglamentados aún, este decreto no es claro en cuanto a fechas, y en qué proporción se va a dar la actualización de los valores de las prestaciones y servicios que se brindan a las personas con discapacidad, a días de iniciar las clases, por ejemplo. Con respecto a las pensiones, y a pesar de lo que se cree todas las personas con discapacidad cuentan con una, esto no es una cuestión “sine qua non”, es un beneficio que se alcanza después de trámites muy largos y al que la gran mayoría de personas con discapacidad no acceden. Hace años que familias de nuestra Asociación están a la espera de una respuesta y no se les ha otorgado tal beneficio, tornándose un desafío más. Por supuesto estamos de acuerdo con auditorías transparentes y respetuosas, no masivas. Creemos y sostenemos que este beneficio debe ser otorgado a quien realmente lo necesite.

La reglamentación actual (Decreto 84/2026) establece lineamientos para la implementación del régimen de pensiones y prestaciones, criterios de acceso, evaluaciones socioeconómicas, articulación con el Consejo Federal de Discapacidad y mecanismos de control. Pero desconocemos cómo se llevará adelante su implementación. La ley se inspira en el modelo social de discapacidad, que reconoce a las personas como sujetos plenos de derechos, no como objetos de asistencia. Se orienta a garantizar derechos como empleo, salud, educación, accesibilidad y participación social sin discriminación. 

Abordar a la discapacidad de manera integral es sumamente necesario, y es una decisión política. La Ley Establece la Pensión No Contributiva por Discapacidad para Protección Social, calculada en función de porcentajes del haber mínimo y compatible con empleo formal bajo ciertos límites de ingresos. Esta Ley también busca regularizar deudas acumuladas con prestadores y suspender recortes que afectaron servicios esenciales. La reglamentación remarca la articulación con el Consejo Federal de Discapacidad y otras instancias de diálogo con la sociedad civil. Esto nos hace ruido porque sabemos que el diálogo con los gobiernos, este y cualquiera de turno, pero con este gobierno en particular siempre es muy difícil hablar de discapacidad y derechos, servicios y prestaciones. La ley entró en vigencia inmediatamente, luego de ser reglamentada esta semana, pero todavía desconocemos los alcances reales. El período de Emergencia Nacional en Discapacidad fue declarado hasta el 31 de diciembre de 2026, con posibilidad de prórroga por un año más. Estamos a muy poco de iniciar las clases y todavía hay familias con planes terapéuticos sin aprobar, otras que sus profesionales han decidido cortar la prestación porque no cobran aun los meses de septiembre en adelante. Los transportistas también están en vilo, dado que los gastos para brindar los servicios de traslado son cada vez más costosos y las obras sociales no hacen efectivos los pagos como debieran. También hay muchas instituciones a punto de cerrar sus puertas. “Habemus reglamentación”, pero no contamos aún con respuestas prácticas. Esperamos se agilicen los trámites y se brinden los apoyos económicos que son necesarios para habilitar los servicios.

No hay planes de apoyo y formación docente, por lo que contamos con escuelas abiertas y dispuestas a recibir la diversidad en sus aulas y otras que, sosteniendo un discurso inclusivo, expulsan en el día a día en el aula, imponiendo barreras al aprendizaje y la participación de manera permanente ya sea por desconocimiento o bien por desinterés. Que esta ley no caiga en letra muerta como tantas otras, es fundamental. Por lo que permanecemos alerta.

La discapacidad no debe ser tratada como un gasto a ajustar. Creemos que la inclusión se garantiza con hechos. Con apoyos reales y sostenidos que contemplan a las personas con discapacidad, sus familias y prestadores que no deben ser castigados por elegir trabajar con personas con discapacidad, sino respetados y reconocidos por la labor que brindan. El Estado Nacional no puede, ni debe mirar para otro lado. Seguiremos bregando para que la reglamentación se cumpla de manera efectiva.  

Lo primero que me gustaría decir sobre la intersección entre inteligencia artificial y salud mental es: atención, escucha y cuidado. Atención hay que darle a cada cosa que mueve al mundo, a cada proceso que lo irrumpe, modifica, interviene y ya nada es igual a lo anterior, nunca más. Por eso digo atención porque de nada sirven los extremos, dejar absolutamente lo que está pasando a un lado, ignorando que nos está atravesando, ni tampoco absoluta obsesión.

 Respecto a la escucha, tratar de entender de qué se trata, cuáles son las posibilidades de oferta, cómo nos modifica, hasta dónde lo permito, qué sí y qué no en la relación que sostengo con la IA o los chatbots y, por último, e igual de importante: cuidado. Cuidado al peligro de abandonar la subjetividad y lo particular, que es lo más valioso que uno tiene, al servicio de una robótica: ¿Qué le prestamos a la IA?, ¿todo nuestro ser?, ¿nuestro tiempo?, ¿nuestra historia?, ¿nuestra intimidad?, ¿nuestros valores? Hasta los cuerpos estamos entregando a este mundo artificial. Todo lo nuestro.

Hablando de los cuidados creo que cada palabra de esta triada es igual de importante, pero este último concepto engloba a los demás: tanto la atención como la escucha son formas de cuidado.

 El cuidado que debemos tener es preguntarnos qué más le vamos a entregar de lo nuestro y de los otros a un sistema que nada le significa, o mejor dicho que no para de sacar ventaja y tajada de esa situación -cede inteligencia para obtener el cómputo, el dato, no arma encuentro.

Respecto a mi opinión sobre quienes consultan al chat, digo lo mismo que lo anterior: atención, escucha y cuidado. Sobre lo que volquemos ahí, sobre los abusos de su uso. La lA es una gran herramienta, a la vista está que muchas personas, empresas, y corporaciones la están utilizando y ya han permitido una agilidad en procesos y metodologías de organización. Sin embargo, lo que respecta a la salud mental, y las consultas al chatbots no está bueno, pero está pasando, hay que darle entidad y hablar de eso es fundamental.

¿Por qué no está bueno y “no es bueno"? Primero porque no hay un encuentro real de subjetividades, no hay transferencia, cuerpos ni presencia, por ende, no hay lazo con el otro. Se tiende a una deshumanización.

La lógica de la IA son respuestas inmediatas, recetas mágicas, indicaciones “eficaces”, un imán para la demanda de la época. Esto entra en tensión con el psicoanálisis que propone todo lo contrario; trabaja con la espera, el enigma, y la construcción subjetiva. Le damos valor al vacío, a la angustia que nos motoriza a otra cosa: es motor del deseo. En un espacio analítico no la taponamos con respuestas configuradas y armadas, al contrario, la desarmamos para armar lo propio ¿Qué pasa con esto? Es totalmente contrario a lo que nos ofrece el chat: angustia cero, no encontrarnos con la falta, positivismo al máximo, imposibilidad de pensar o desarmar ideas, total ya están.

Estas dinámicas entran directas en una sociedad dónde la angustia no está de moda, dónde no quiero ni tengo porqué sentirme mal, ni pensar de dónde viene eso que me hace sentir de esa manera. Entra directo en el producto social que quieren configurar: sujetos cada vez más narcisistas, individualistas y menos sostenidos por lazo social.

Entonces se desmiente el síntoma, y se intenta anularlo. Digo se intenta porque este no cesa de insistir, y es allí cuando entramos los profesionales de la salud (en el mejor de los casos): “Le pregunté al chat, pero… al final me dejó más ansioso/a; “Me dijo que si tenía eso me podía morir”. El chat vislumbra: “es algo que lo tiene todo, dónde está todo” y muchas veces, eso posibilita o aumenta certezas peligrosas frente a una angustia insoportable que pueden llevar al aislamiento social, suicidios, autolesiones, entre otras cosas.

Durante décadas, la Ruta Provincial Nº 20 fue sinónimo de abandono, peligro y tragedia en el departamento Gualeguaychú. Más de 70 años sin una intervención integral dejaron como saldo un sinnúmero de vidas perdidas, personas con secuelas permanentes tras siniestros viales, y profundas pérdidas económicas para quienes la transitan.

En ese contexto adverso, la organización ciudadana se convirtió en una herramienta clave para transformar una realidad que parecía inmodificable. La Asamblea S.O.S. Ruta 20, de la ciudad de Gualeguaychú, nacida hace 13 años constituye hoy un ejemplo concreto de cómo la sociedad civil organizada puede incidir en la agenda pública y lograr políticas de Estado sostenidas en el tiempo.

Por iniciativa de la Lic. Silvina Cabrera y otros vecinos de la zona, ellos no solo fueron fundadores del movimiento, sino que, por su trabajo incesante, lograron posicionarse como hacedores de un proyecto que parecía inviable en una provincia con rutas en estado de abandono durante décadas.

El anteproyecto que sugería la obra de ruta 20, fue presentado por la asamblea a 3 gobernadores: Urribarri, Bordet y Frigerio. El mismo abordaba la problemática de la ruta desde una mirada integral: seguridad vial, desarrollo territorial, conectividad regional y preservación de la vida humana, pensada como un corredor económico productivo fundamental que conecta estratégicamente distintas ciudades y otros países limítrofes como la ruta 136 del paso fronterizo al Uruguay, o con la autovía 14. La razón de su importancia radica en que ésta es utilizada por diversos motivos, salud, educación, transporte, turismo, etc.

Por lo tanto, las distintas acciones que realizó la asamblea, fueron desde juntarse pacíficamente a la vera de la ruta, gestionar en diferentes reparticiones del estado, realizar campañas de sensibilización y cuidado al manejar, alertar sobre los peligros de la ruta en mal estado, atención y acompañamiento a víctimas y familiares de siniestros de tránsito, y trabajo mancomunado con otras ONG que atienden temas similares, etc.

No se trató únicamente de reclamar, sino una iniciativa que solicitó ya no una reparación superficial, sino exigir una reconstrucción a nuevo, acorde a las necesidades actuales del tránsito y de las comunidades que dependen de esta vía estratégica. Ese proyecto que tanta gestión le costó a la asamblea, hoy se hizo realidad y se puede ver incluso en estos momentos a la empresa adjudicataria de la licitación para la obra, trabajar hasta muy tarde a la noche, cosa nunca antes vista en la región.

Bajo la gestión del gobernador Rogelio Frigerio, y con la ejecución a cargo de la Dirección Provincial de Vialidad, con Exequiel Donda como director, se avanza en la obra prometida a los vecinos y alineada con el proyecto presentado a través de la Asamblea. En la actualidad, se trabaja en el acceso norte a Gualeguaychú retomando incluso la continuación de una bicisenda que permitirá que los ciclistas circulen con mayor seguridad. Ya se han concretado 10 kilómetros desde ruta 14 al arroyo Gualeyán completamente renovados, con una carpeta asfáltica de 10 centímetros de espesor, demarcación horizontal y vertical, instalación de garitas para colectivos, señalización y demarcación de puentes, reposición de barandas de seguridad y limpieza de banquinas con el ancho adecuado para maniobras de emergencia, entre otras mejoras fundamentales.

Hoy se trabaja en la renovación total de la carpeta asfáltica, desde el arroyo Gualeyán hasta la ruta 136 en el acceso norte a Gualeguaychú. Estos avances no son un hecho aislado ni producto de una gestión coyuntural, sino del resultado de una lucha sostenida en el tiempo, que atravesó distintas administraciones provinciales: desde los gobiernos de Sergio Urribarri y Gustavo Bordet, hasta la actual gestión de Frigerio.

A lo largo de estos años, los asambleístas expusimos la problemática ante intendentes, legisladores, funcionarios y directores de Vialidad, insistiendo una y otra vez en la urgencia de una solución definitiva. El valor de esta experiencia cobra aún mayor relevancia en el contexto actual. En los últimos dos meses, la Ruta 20 registró cuatro personas fallecidas, un dato que vuelve a poner en evidencia la gravedad de la situación y la necesidad de acelerar las respuestas estructurales no sólo por el mal estado de una ruta sino por ausencia de acciones que trabajen la prevención de siniestros viales y la precaución al conducir.

Por lo tanto, que una comunidad decida no naturalizar la tragedia y organizarse para enfrentar sus problemas, no es un dato menor, demuestra que la participación ciudadana puede generar cambios reales, con impacto a corto, mediano y largo plazo. La Asamblea S.O.S. Ruta 20 E.R en Gualeguaychú, no sólo logró instalar el tema en la agenda pública, sino que también construyó un modelo de lucha colectiva y de organización de vecinos sin banderías políticas partidarias, que rescatan valores esenciales: la defensa de la seguridad vial, el derecho a transitar por rutas seguras y, fundamentalmente, la protección de la vida, a través de la gestión y el acuerdo para trabajar entre los propios vecinos ,reclamando al Estado la ejecución concretas de obras que son muy necesarias para la prevención y seguridad vial.

En tiempos donde el escepticismo hacia la política y las instituciones suele prevalecer, esta experiencia confirma que la perseverancia, el conocimiento técnico y la organización social pueden torcer años de desidia.

La reconstrucción de la Ruta 20, marca un antes y un después para Gualeguaychú y la región. Pero también deja una enseñanza más amplia: cuando los ciudadanos se comprometen, sostienen sus reclamos y los fundamentan con proyectos serios, los logros llegan. Y, en este caso, cada kilómetro recuperado no es solo asfalto nuevo, sino memoria, justicia y esperanza para una comunidad que decidió no resignarse y que con cada acción buscó siempre preservar la vida como el objetivo central de sus acciones.

Desde la Asamblea sostenemos que valió la pena la lucha, para ver una obra de calidad, donde también se da cuenta que la política bien entendí da puede servir para atender las necesidades de los ciudadanos. El gobierno de Entre Ríos en conjunto con el intendente de Gualeguaychú Mauricio Davico, y la asamblea con el apoyo de legisladores como el caso del senador provincial Jaime Benedetti, logramos un trabajo que articula mancomunadamente a la sociedad civil con el estado.

Es cierto que aún nos queda más trabajo por hacer, ya que otras localidades como Urdinarrain, Aldea San Antonio, Gilbert y Basavilbaso solicitan que continuemos con el reclamo, hasta tanto las obras lleguen a los 90 km demandados originalmente. Ellos sostienen que seguirán, aunque ahora con un matiz institucional que se está definiendo, para todo el trabajo que deban hacer de aquí en más.

Vengo soportando desde hace meses un ataque y difamación constante de un señor a quien no conozco ni he visto nunca personalmente. Desde ensobrado a testaferro son algunos de los motes que me ha endilgado en forma vil y rastrera. Pero todo tiene un límite.

Hace casi 30 años que ejerzo la tarea periodística, he visto pasar gobiernos de toda laya y especie y jamás he tenido relación con ninguno de ellos, más allá de la estrictamente profesional. No he sido funcionario. Nunca he tenido un contrato con el Estado, sea nacional, provincial o municipal; a excepción de un convenio de pasantías con el Municipio de Gualeguay recientemente suscripto con muchos empresarios de la ciudad, para que estudiantes puedan sumergirse en lo que será su futuro. Cada mañana, los miles de oyentes que me siguen por radio confían en mi palabra y depositan en mi credibilidad la posibilidad de informarse. He tenido la misma conducta a lo largo de mi vida profesional y son todos testigos.

Bromeo muchas veces que mi vida es casi un reality porque, como buen estómago resfriado, cuento todo lo que me pasa. Al aire, por supuesto. Todos saben qué hago, donde vivo y cómo y de qué vivo. Nací y moriré en Gualeguay.

A Reggiardo (no le digo doctor porque tiene la matrícula de abogado suspendida por 60 días por sus desbordes emocionales, incluso ni siquiera se puede acercar a muchas empleadas y funcionarios judiciales locales porque los ha insultado) no lo conozco personalmente. Mi primer contacto radial con él fue por pedido del exintendente Luis Erro, para que le hiciera una nota por un problema legal, en el que estarían involucrados funcionarios judiciales, abogados y particulares. Hicimos dos notas en las que se explayó y habló a gusto, como debe ser. Y punto. Nunca más tuvimos contacto. Después de sus salidas al aire, tomé conocimiento que era uno de los abogados defensores de Luis Erro en las causas que éste último tenía en la Justicia.

Meses después, LT 38 reproduce una noticia de Análisis Digital de Paraná, en la que se habla de la situación judicial de Reggiardo por denuncias en su contra. Y a partir de ese momento, Reggiardo inició una campaña por redes sociales, intentando sembrar la duda o sospechas sobre mi persona, inventando hechos, cambiando la realidad, pero siempre ocupándose de expresarse con injurias y calumnias hacia mí e involucrando personas de mi círculo familiar, para arrastrarme en su libelo mentiroso y hacer todo el daño que pudiera. Por supuesto, sin fundamento alguno.

Lo que nunca podrá Reggiardo ni nadie, es discutir que hace casi 30 años hago periodismo independiente, sin prebendas del Estado, primero en Gualeguaychú y después en mi pueblo, Gualeguay. En ese recorrido, he tenido relación con políticos, empresarios, docentes, artistas y dirigentes en general, de todos los colores políticos. Puedo con orgullo afirmar que casi todos o todos han pasado por los micrófonos de Radio Gualeguay; que la audiencia nos acompaña, que fuimos pioneros en el medio e instalamos los debates de candidatos antes de cada elección, algo que se ha vuelto una tradición y que es un servicio inestimable para los ciudadanos. Y también está la otra cara de la radio, la solidaria, por la que el vecino de la ciudad en muchas ocasiones recibe la ayuda o el auxilio que clama; los programas culturales, las colectividades y el deporte. Porque LT38 es una gran caja de resonancia de lo que le pasa al pueblo de Gualeguay. No es la primera vez que un trasnochado intenta difamarnos.

No tengo nada que esconder, hace tres años le conté a mis oyentes que empezaba con un emprendimiento comercial con otro socio, que no tiene nada que ver con el periodismo ni con la política. No oculté mi sensación y el desafío que experimentaba al adquirir ambos, un fondo de comercio de un corralón tradicional que perteneció muchos años a los hermanos Campostrini y luego a familiares del exdiputado provincial Hernán Vittulo.

En la actualidad, no hay ninguna ligazón comercial. Con mi socio, somos un corralón, que pelea a capa y espada para salir adelante. Nada extraño para cualquier comerciante, en el rubro que sea. Sin embargo, en su afán de ensuciar, Reggiardo a esto pretende utilizarlo con vaya a saber que fines espurios y para seguir dando letra al medio y los personajes que representa.

Reitero, no he sido funcionario ni nunca tuve un contrato con el Estado nacional, provincial o municipal. Reggiardo sí tiene otro tipo de contactos con funcionarios del Estado: es de público y notorio que es asesor legal y técnico del intendente de la Municipalidad de Santa Elena, Domingo Daniel Rossi (condenado por corrupción y con otra causa en trámite) y también es asesor legal de la senadora provincial Patricia Díaz, esposa de Rossi (también con una imputación por enriquecimiento ilícito en trámite).

Con relación a la “pauta publicitaria” a la que intenta pegarme, precisamente Radio Gualeguay ha sido una de las grandes olvidadas, y en mis programas en particular, ha sido exigua o inexistente en la mayoría de ellos. Es sencillo verificar viendo los registros. Este medio y los programas que he hecho se han sostenido siempre, esencialmente, con pauta privada. Sin embargo, Reggiardo quiere ensuciar.

Digo estas cosas, por los miles de oyentes que me siguen todas las mañanas y confían en mí. No puedo permitir que una persona que se encuentra suspendida en su ejercicio profesional por sesenta días por sus propios actos, que ha defendido y defiende a funcionarios del Estado ya condenados por corrupción y que tienen en trámite otras causas de enriquecimiento ilícito, me siga ensuciando de esta manera. Por supuesto que no soy el único objeto de su difamación. La lista de los apuntados por este personaje es más larga y hay de todo. Pero que cada uno se defienda a sí mismo. No pongo las manos en el fuego por nadie, salvo por mi familia, los que laburan conmigo y la gente que quiero. Todo tiene un límite. Que yo ejerza el periodismo, no implica que deba dar cuenta de mi vida privada ante energúmenos que se regocijan mintiendo, ensuciando, agraviando y que pretenden poner bajo sospecha mi buen nombre y honor y mi trabajo, y para molestar y en su onda expansiva ataquen a mis allegados. El riesgo y el desafío que implica ser cuentapropista, comunicador y profesional sin aportes del Estado, parece que Reggiardo, no lo conoce.

Con Fernando Cañete y Vittulo me une una relación estrictamente profesional, como seguramente tendrán otros periodistas y comunicadores de esta ciudad y que no han caído en la intencionalidad destructora de Reggiardo. Quienes han sido funcionarios, rendirán cuentas como corresponde porque ejercieron funciones públicas, lo que no es mi caso. Queda más que claro que este personaje desbocado, desinformado y que le está haciendo el mandado a alguien, intenta arrastrarme o involucrarme en un conflicto político en el que también tiene parte Luis Erro, que lleva años y del que soy totalmente ajeno. Mi rol al respecto, siempre ha sido informar, por más que a algunos o a muchos les moleste.

La necesidad de embarrar la cancha ante tanta condena a funcionarios recientemente conocida y la sospecha que ha puesto la justicia sobre el propio Reggiardo, lo han impulsado a esmerilar y ensuciar el rol del periodismo independiente “no ensobrado”, como el que ejerzo, y se ha vuelto un fin en sí mismo para personajes como Reggiardo. Lamentablemente las redes sociales se han convertido en una cloaca. La difamación y la calumnia se reproducen y la reproducen sin darse cuenta del daño que provocan.

Tengo la tranquilidad de quien no tiene nada que esconder ni ocultar. No vivo del Estado, pago mis impuestos y hago mi trabajo. Porque la única realidad es la verdad.

He cometido errores, muchos seguramente, pero nunca con la intención de perjudicar. Tengo mujer, hijos y hermanos cuyo honor voy a defender. Ni Reggiardo ni nadie me va a arrastrar al barro del que se nutren y en el que nacieron.

A mis oyentes gracias, como siempre, y perdón por esta digresión, pero era necesario compartirla con ustedes. Siento que se las debía.

En un mercado donde todos nos conocemos, la infamia tiene patas cortas. La actitud de algunos produce desprestigio al conjunto del mercado y aunque “escondan la cabeza”, se les ve el cuerpo. La verdad tarde o temprano sale a la luz, a través de la justicia o naturalmente.

Por Cdor. Juan Carlos Lucio Godoy. Presidente Ejecutivo de RUS

 “Aunque escondan la cabeza, como el avestruz, nosotros continuaremos la causa hasta sus últimas instancias”. Así resumió a este medio el Cdor. Juan Carlos Lucio Godoy, Presidente de Río Uruguay Cooperativa de Seguros Limitada, al ser consultado sobre la audiencia de conciliación fijada por el Tribunal Oral en lo Criminal 16 de la Capital Federal, en la querella por injurias contra los Sres. Julián Guarino y Matías Ortega, director periodístico y jefe de portal de Ámbito Financiero (Grupo Indalo Media), respectivamente. 

Los citados, de acuerdo al acta labrada, no asistieron a pesar de estar expresamente notificados y pese a la expresa petición de la defensa de Ortega, que había pedido la suspensión de la audiencia. Cabe señalar que la promoción de esta instancia de acción privada obedeció a la publicación tanto en Ámbito Financiero, como en otros medios de la provincia de Entre Ríos, de un presunto “avance” de una causa por evasión tributaria radicada por ante el Juzgado Federal de Concepción del Uruguay de la que resultaría imputado tanto Godoy como persona física, como la empresa que preside como persona jurídica. Esto a pesar de que al momento de las publicaciones no sólo no se había adoptado ninguna decisión jurisdiccional al respecto, sino que incluso se encontraban pendientes de tramitación las actuaciones administrativas ante el Tribunal Fiscal de la Nación. 

De acuerdo a los representantes legales de Godoy, el insidioso título de la nota en Ámbito Financiero acompañado de su fotografía, no ostentando éste ninguna función pública que de acuerdo a la mejor doctrina habilitaría la inspección y la crítica, configuran un claro ejemplo de injuria indirecta o larvada, merecedora de una consigna de reparación integral, en lo moral y en lo económico, según sus abogados del Estudio Ceballos & Ceballos, que lo representan.

 Cabe señalar finalmente, que no sólo el trámite judicial interrumpido por la injustificada ausencia de los directivos de Ámbito Financiero habrá de proseguir inmediatamente, sino que además, se ha formulado una denuncia por violación de secretos, habida cuenta de la obtención de información reservada, que luego se fragmentó y utilizó con una torcida finalidad espuria, que se halla en pleno trámite.