En las últimas horas del jueves y durante la madrugada del viernes, la División Unidad Operativa Federal Gualeguaychú —dependiente de la Superintendencia de Agencias Federales de Investigación— llevó adelante un operativo en el barrio La Cuchilla, en el marco de una causa por presunta comercialización de estupefacientes.

El procedimiento se realizó a partir de una investigación impulsada junto a la fiscal Martina Cedrés y por disposición del Juzgado de Garantías a cargo de Ignacio Telenta.

Como resultado del operativo, fueron detenidos cuatro hombres. Además, los efectivos secuestraron cocaína compactada, envoltorios preparados para su fraccionamiento y dosis listas para la venta.

Durante el allanamiento también se incautaron elementos utilizados para el corte y estiramiento de la sustancia, una balanza, teléfonos celulares, más de un millón de pesos en efectivo y otros objetos considerados de interés para la causa.

En un fallo de gran trascendencia para la justicia entrerriana, el Tribunal Oral Federal de Paraná condenó este miércoles a 18 integrantes de dos organizaciones criminales que operaban desde el interior de establecimientos penitenciarios entrerrianos.

La sentencia a la que accedió AHORA fue dictada por el juez Federal Sebastián Gallino, tras la presentación de un juicio abreviado. La acusación estuvo a cargo del Fiscal General José Ignacio Candioti, acompañado por el fiscal auxiliar Juan Podhayny.

La investigación realizada por el juzgado Federal de Victoria, a cargo del juez Federico Martín, reveló la existencia de dos estructuras paralelas: el “Clan Millen”, con base en Paraná y Gualeguay, que funcionaba desde la Unidad Penal N° 7 y se apoyaba en vínculos familiares directos; y el “Clan Luque – Torres – Montojo – UP5”, con epicentro en Victoria y la Unidad Penal N° 5, liderado por Jonathan Luque, quien desde su lugar de detención coordinaba la adquisición, ingreso y venta de estupefacientes.

La policía provincial demostró en la investigación que el grupos liderado por Juan Alexis Millen, operaba en el barrio Las Flores de Paraná y en la Unidad Penal N°7 (de Gualeguay). El otro grupo, liderado por Jonathan Luque, quien operaba en la ciudad de Victoria y en la Unidad Penal N°5.

El tribunal impuso penas que van desde los 3 años condicionales hasta los 6 años y medio de prisión efectiva, además de multas que superan los 7 millones de pesos en los casos más graves. Entre las condenas más relevantes se destacan:

Otros integrantes recibieron penas de entre 3 y 5 años, algunos en modalidad condicional o domiciliaria, como Mirta Alejandra Rossi y Jackeline Nicole Rossi. El tribunal también ordenó el decomiso de dos vehículos utilizados para el transporte de drogas: un Volkswagen Gol y un Fiat Siena.

La sentencia rechazó el planteo de inconstitucionalidad de las multas solicitado por la defensa y dispuso que los bienes decomisados sean puestos a disposición de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

El fallo marca un precedente en la provincia al desarticular dos organizaciones que, pese a estar dirigidas desde establecimientos penitenciarios, lograron articular redes de distribución en varias ciudades entrerrianas. La justicia federal subrayó la gravedad de que los líderes utilizaran su condición de detenidos como plataforma para coordinar el comercio ilícito.

Ambas estructuras presentaban jerarquías definidas: mientras el “Clan Luque” mostraba una organización más detallada en cuanto a roles específicos, el “Clan Millen” se caracterizaba por una fuerte dependencia de los lazos familiares. En ambos casos, la coordinación desde el interior de las cárceles fue clave para sostener la actividad delictiva.

Fuente: AHORA

Este jueves se desarrolló la tercera audiencia en el juicio contra Leonardo Airaldi y otros ocho acusados, en un proceso que se extendió durante seis horas y que incluyó la declaración de dos de los cuatro testigos que estaban pautados. El debate continuará el próximo 9 de abril.

La jornada comenzó con un planteo de la defensora Mariana Barbitta, quien se opuso al traslado de Airaldi al penal de Ezeiza por considerarlo inconstitucional. Sin embargo, el fiscal José Ignacio Candioti sostuvo que debía rechazarse, ya que se trataba de una revisión encubierta “bajo el ropaje de una cuestión constitucional” previamente denegada.

Recordó que el tribunal, integrado por Noemí Berros, Emilce Rojas y José María Escobar Cello en una resolución del 27 de febrero, había fundamentado que Airaldi era considerado un preso de alto riesgo, apoyándose en dos causa por la que está siendo juzgado, Más allá que luego sumó otra por el supuesto plan criminal para asesinar funcionarios judiciales.

Los jueces le dieron la razón a Candioti y rechazaron el extenso planteo realizado por Barbitta.

El exdirector de Investigaciones, Ángel Ricle, relató que la pesquisa se inició tras denuncias de vecinos que advertían movimientos sospechosos y hablaban de una supuesta pista de aterrizaje, con la presencia de hombres armados. A partir de tareas de campo en Diamante, planimetrías y escuchas telefónicas, se determinó la existencia de una organización criminal encabezada por Airaldi, dedicada al negocio de la marihuana.

Ricle describió el rol de cada imputado, mencionando a María Soledad Touzet como encargada de rendir cuentas al líder, y a Juan Erbes, vinculado al bar Mandela, como socio en la actividad ilícita. También habló de otros acusados.

Por su parte, Jesús Luna, subjefe de Investigaciones, explicó que las tareas en Diamante y Victoria se iniciaron en el marco de una causa por supuesto abuso de armas pero revelaron un esquema delictivo dedicado al tráfico de drogas en la región en constante mutación, con cambios de roles e integrantes.

Respaldó sus afirmaciones con escuchas telefónicas incluidas en el requerimiento de elevación a juicio, donde se hablaba explícitamente de estupefacientes. Luna señaló además que Airaldi se jactaba de ser “dueño del puente caminero Rosario-Victoria” y mantenía vínculos con policías, entre ellos Roberto Coronel, mencionado en las escuchas.

Como en la primera audiencia, Airaldi siguió el juicio via Zoom desde el penal de Ezeiza, donde se encuentra alojado desde febrero, luego de que el condenado por narcotráfico Daniel “Tavi” Celis revelara que Airaldi planeaba asesinar al juez federal Leandro Ríos y al fiscal José Ignacio Candioti.

La audiencia se reanudó tras la declaración de Airaldi la semana pasada. En el juicio hay dos expedientes unificados: uno iniciado en Diamante (2019-2024) y otro en Santa Fe (2022).

La acusación

El Ministerio Público está representado por Diego Iglesias (PROCUNAR), junto al fiscal general José Ignacio Candioti, el fiscal auxiliar Juan Sebastián Podhainy y el funcionario Martín Uriona.

Además de Airaldi, enfrentan cargos Roberto Fabián Coronel (policía), Juan Erbes, Marino Martínez, María Soledad Touzet, Sebastián Armocida, Joel Schonfeld, Gonzalo Olivero (policía santafesino) y Cristian Sánchez. Otros cuatro procesados —Manuel Enrique Cuello, José Nicolás Godoy, Armando Marcelo Balcaza y Carlos David Schumacher— negocian juicios abreviados y no forman parte de este debate.

Dos expedientes, una misma trama

El caso santafesino se originó en agosto de 2022, cuando se secuestraron casi 30 kilos de cocaína en una vivienda de Puerto Gaboto. La Fiscalía sostiene que la logística y las propiedades rurales utilizadas pertenecían a Airaldi, quien habría coordinado operaciones desde una estancia en una isla del río Paraná. Por este caso está prófugo Diego Torres, el puestero que cuidaba las islas de Airaldi, y se sospecha que fue asesinado.

En paralelo, la Justicia Federal de Paraná investigó desde 2019 a Airaldi y a más de una decena de personas por integrar una organización dedicada al narcotráfico, con operaciones terrestres y fluviales en la región.

El debate oral se extenderá hasta julio. La próxima audiencia será el jueves 9 de abril.

En la jornada de este jueves, los testigos policiales detallaron cómo funcionaba la organización liderada por Airaldi. Su testimonio se cimentó con escuchas telefónicas y un trabajo de campo que le permitió a los investigadores establecer que rol cumplía cada uno de los acusados en la banda.

Fuente: AHORA

La Justicia federal pidió elevar a juicio la causa por el impactante vuelo narco que transportó 359 kilos de cocaína y aterrizó en Entre Ríos en enero de 2025, un caso que mezcla empresarios, pilotos, una ex reina de belleza y una organización internacional. En el centro de la investigación aparece un joven peruano de 22 años, señalado como una pieza clave en la logística del operativo.

El acusado es Steven Alessandro Villanueva Tomas, quien fue detenido y está imputado por facilitar los medios para el tráfico de estupefacientes y tenencia con fines de comercialización, ambos delitos agravados por la participación de múltiples personas. El pedido fue impulsado por la Procunar y el fiscal federal Pedro Rebollo, ante el Juzgado Federal de Gualeguaychú.

Un aterrizaje que destapó la trama

El caso se remonta al aterrizaje de una avioneta Cessna modelo 1965 en la localidad de Ibicuy, provincia de Entre Ríos, proveniente de Bolivia. A bordo viajaban la ex reina de belleza boliviana Jade Callaú y su pareja, el piloto brasileño Leonardo Monte Alto Gusmao, publicó el portal de Redboing.

Ambos fueron detenidos, procesados y llevados a juicio. En el caso de Callaú, aceptó un juicio abreviado de tres años de prisión condicional, fue condenada y luego expulsada del país. Durante el procedimiento, además del cargamento principal, se encontraron 12 gramos adicionales de cocaína debajo del asiento del piloto, lo que reforzó las sospechas sobre el nivel de organización del traslado.

Según la investigación, la aeronave utilizada en el operativo había sido comprada en junio de 2023 por Villanueva, su hermano y su padre, a un valor llamativamente bajo: poco más de cinco millones de pesos, muy por debajo del precio de mercado.

La adquisición se realizó a través de la firma NQT 3232 SRL, creada por los hermanos Villanueva en septiembre de 2023 y dedicada formalmente al transporte de carga. Para registrar la avioneta, incluso, se habría utilizado una dirección inexistente.

Para los investigadores, no se trataba de un negocio más. Todo indica que la empresa y la aeronave eran parte de una estructura logística pensada para el narcotráfico aéreo.

Pruebas clave: droga, dinero y un simulador de vuelo

Los allanamientos realizados por Gendarmería aportaron elementos contundentes. En el departamento de Villanueva, en el barrio porteño de Flores, se encontraron casi cinco kilos de cocaína, 7.000 dólares en efectivo y documentación vinculada a la aeronave.

Pero no fue lo único. En la planta alta de la discoteca familiar, Rumba Latina, se halló un simulador de vuelo con instrumental aeronáutico, junto a manuales técnicos del modelo Cessna utilizado en el operativo.

Además, los registros indicaban que el propio Villanueva había realizado el curso de piloto privado en la Base Aérea de Morón, lo que refuerza la hipótesis de que tenía conocimiento directo del manejo de la aeronave.

La defensa del acusado

Al ser indagado, el joven negó cualquier vínculo con el tráfico de drogas. Aseguró que solo realizó un depósito para la compra del avión como un favor a su hermano y que no tenía relación con el cargamento.

“No tengo ningún tipo de relación con ese contrabando”, sostuvo ante la Justicia. También afirmó que planeaban vender la aeronave y dijo no conocer ni a Callaú ni al piloto brasileño.

El avance de la causa permitió reconstruir una red más amplia. A partir del análisis de teléfonos y nuevos allanamientos, se secuestraron 49 kilos de cocaína adicionales en distintos puntos del país, incluyendo un cargamento oculto bajo un piso de cemento en General Rodríguez, publicó el portal de Redboing.

En ese contexto apareció el nombre de José Alberto García Nazario, un ciudadano peruano señalado como posible dueño del cargamento. Según la investigación, estuvo en Ibicuy el día del aterrizaje y habría coordinado movimientos con los tripulantes.

Actualmente, permanece prófugo y se cree que está en Perú, donde las dificultades políticas y judiciales complican su localización.

Mientras el proceso avanza hacia el juicio oral, la causa mantiene varios frentes abiertos. El hermano de Villanueva continúa prófugo, su padre espera un proceso de extradición y los investigadores no descartan nuevas imputaciones.

El caso del “vuelo narco de la reina de belleza” expone no solo un operativo de gran escala, sino también el uso de estructuras empresariales, aeronaves y vínculos internacionales para el tráfico de drogas en la región.

La actuación de la Fiscalía Federal de Gualeguaychú y la Procunar

Según la investigación del MPF, aportó -junto a su hermano y su padre prófugos- la aeronave que en enero de 2025 aterrizó en Ibicuy con la droga. El acusado tiene 22 años, es de nacionalidad peruana y obtuvo en 2023 una licencia de piloto. Era el encargado del boliche donde se incautó instrumental de simulación de una avioneta. También quedó imputado por la tenencia con fines de comercialización de cinco kilos de cocaína hallados en su casa.

El titular del Juzgado Federal de Gualeguaychú, Hernán Viri, en su momento procesó con prisión preventiva a este piloto de 22 años, de nacionalidad peruana, por su presunta participación en la maniobra de contrabando de más de 350 kilos de cocaína transportados en una avioneta que aterrizó en enero último en un campo ubicado en la localidad entrerriana de Holt Ibicuy. El joven fue detenido durante una serie de allanamientos donde le secuestraron un simulador de vuelo en el local bailable que regenteaba en el barrio porteño Flores y casi cinco kilos de cocaína en su domicilio.

La decisión judicial fue en línea con lo solicitado por el fiscal federal subrogante de la Fiscalía Federal de Gualeguaychú, Pedro Rebollo, y el fiscal coadyuvante Martín Uriona de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), quienes tienen a cargo la investigación, publicó el portal Fiscales.

El juez consideró al imputado partícipe necesario del delito de contrabando de importación agravado por la intervención de más de tres personas, por haber sido cometido empleando un medio de transporte aéreo y por tratarse de estupefacientes destinados a ser comercializados dentro o fuera del país, en concurso real con tenencia de estupefacientes con fines de comercialización en calidad de autor. Además, dispuso un embargo de cinco millones de pesos sobre sus bienes.

La acusación del MPF

De acuerdo con la imputación fiscal, el acusado -junto a su padre y su hermano, ambos prófugos y con pedido de captura internacional- habría provisto la aeronave utilizada en la maniobra de contrabando. La avioneta Cessna fue adquirida en junio de 2023 mediante un aporte conjunto de dinero, por un valor declarado de 13.000 dólares, aunque su valor de mercado superaba los 100.000 dólares.

La investigación del MPF determinó que, pese a contar con una matrícula argentina aparente (LV-GOP), la aeronave tenía debajo pintado un dominio boliviano (CP-3806), y que su verdadera identificación era LV-GQA, dato con el que se llegó a estos tres imputados.

En su dictamen, los fiscales Rebollo y Uriona sostuvieron que el acusado tuvo un “rol activo en la organización narcocriminal investigada” y que actuó en coordinación con su hermano para disponer de la aeronave que fue utilizada en la maniobra de contrabando y “habían adquirido en un esfuerzo mancomunado con su padre”.

El objetivo, según la hipótesis fiscal, era ejecutar un transporte transnacional de cocaína desde Bolivia hacia territorio argentino, con un presunto destino final en el partido bonaerense de Luján. Por circunstancias que se investigan, el aterrizaje debió concretarse en la localidad entrerriana de Ibicuy. Allí fueron detenidas los dos primeros imputados de la causa -un brasileño que piloteaba y una joven de nacionalidad boliviana-, quienes ya se encuentran elevados a la etapa de juicio oral.

Allanamientos y pruebas secuestradas

El procesado fue detenido en uno de los seis allanamientos -cuatro en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y dos en el partido bonaerense de Carlos Casares- realizados el 24 de junio último por el Escuadrón de Operaciones Antidrogas y la Unidad de Inteligencia Criminal “Gualeguaychú” de la Gendarmería Nacional.

En el local bailable que el acusado regenteaba en el barrio porteño de Flores -denominado “Rumba Latina” y ubicado sobre avenida Rivadavia al 7200-, se secuestró un simulador de vuelo completo (con tablero, palancas, pedales y partes de aeronave), además de manuales de aviación correspondientes a aeronaves Cessna. El joven obtuvo en 2023 su licencia de piloto privado tras un curso realizado en una escuela de aviación situada en la Base Aérea del partido bonaerense de Morón, destacó el portal Fiscales.

En su domicilio, ubicado en la calle San Nicolás al 300, también en Flores, fueron hallados 4,945 kilogramos de cocaína distribuidos en dos paquetes rectangulares escondidos en un compartimiento oculto de un mueble, balanzas de precisión, elementos para el fraccionamiento de estupefacientes y dinero en efectivo (1.841.380 pesos y 7.040 dólares).

El descargo del acusado

Al ampliar su declaración indagatoria -en la original se negó a declarar-, el ahora procesado aseguró que el depósito de dinero que hizo para la compra de la aeronave fue “un favor que le hizo a su hermano”. Negó tener relación con la droga incautada en Entre Ríos y explicó que junto a su hermano su intención era dedicarse a hacer “vuelos de bautismo y de instrucción”. Alegó además que el simulador estaba en desuso, que solo lo usaron cuando hacían el curso de piloto y que lo tenía en el boliche por falta de espacio en otro sitio.

Sin embargo, el juez Viri consideró que este descargo constituye “un vano intento de mejorar su complicada situación procesal” y remarcó que la documentación secuestrada en los domicilios del imputado acredita su “estrecho vínculo” con la aeronave, lo que lo aleja de una participación circunstancial en los hechos.

La resolución del juez

Al disponer el procesamiento, el juez afirmó que tanto este acusado como su hermano y su padre -aún prófugos- “proveyeron el medio de transporte utilizado para trasladar el material estupefaciente desde el Estado Plurinacional de Bolivia hasta la República Argentina”.

“Si bien de los distintos elementos probatorios recolectados se desprende que el nombrado no tenía dominio ni decisión directa en la concreción de las maniobras -esto es el contrabando del tóxico-, lo cierto es que se comprobó que realizó aportes trascendentales y fundamentales que lo alejan de una consideración completamente ajena a los hechos y lo acercan al rol de colaborador esencial y confiable, ya que su aporte -medio utilizado para trasladar la sustancia-, permitió consumar la maniobra ilícita en trato”, concluyó Viri al fundamentar el procesamiento.

Respecto de la segunda imputación -por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización- el juez remarcó que “se encuentra acreditada” a partir de la cantidad de droga, los diversos elementos para su fraccionamiento y acondicionamiento y el dinero en efectivo incautados en su domicilio de Flores.

El caso

Esta investigación es una derivación de la causa que se inició el 22 de enero de 2025, alrededor de las 20, cuando una avioneta Cessna 210 E, con matrícula adulterada, aterrizó en el establecimiento rural “Campo Grande”, aproximadamente a 15 kilómetros de la localidad de Holt Ibicuy, por un camino con dirección a la localidad de Mazaruca.

En la aeronave se hallaron 358,95 kilogramos de cocaína distribuidos en diez bultos con 342 envoltorios tipo ladrillos. En el lugar fueron detenidos su piloto, un ciudadano brasileño que al principio brindó una falsa identidad y luego se determinó que se trataba de Leonardo Monte Alto Gusmao -quien ya registra una condena por un hecho similar en Brasil-, y Jade Isabela Callaú Barriga, de nacionalidad boliviana. La joven fue “reina de la belleza” en su país y además es la sobrina política de Jorge Adalid Granier Ruiz, quien fue condenado por liderar una organización dedicada al tráfico aéreo de cocaína. A requerimiento de la fiscalía, ambos ya están elevados a la etapa de juicio oral, publico el portal Fiscales.

Según los fiscales, la aeronave partió desde Santa Ana de Yacuma, en Bolivia, cargó la droga en la frontera con Paraguay y cruzó a la Argentina, donde tenía como supuesto destino final un punto del partido bonaerense de Luján, lo que no pudo ser concretado por motivos ajenos a la voluntad de los imputados y motivó el aterrizaje en la zona de Holt Ibicuy.

Fuente: Ahora

Personal de la Prefectura Naval Argentina  llevó adelante un importante operativo antidroga en Gualeguaychú, que constó de cuatro allanamientos simultáneos en distintos barrios de la ciudad. La acción se originó tras una denuncia anónima que alertaba sobre el comercio de estupefacientes en una vivienda, lo que dio inicio a tareas de investigación y derivó en la solicitud de registros domiciliarios en los barrios 62 Viviendas y Zuppichini.

Durante los procedimientos, los efectivos incautaron envoltorios con cocaína y marihuana, cigarrillos de armado artesanal y plantas de cannabis. Además, se secuestraron tres teléfonos celulares y dinero en efectivo en distintas monedas: pesos argentinos, dólares estadounidenses y pesos uruguayos, con un valor que supera los dos millones de pesos.

El operativo culminó con la detención de cinco personas, quienes quedaron a disposición de la Justicia. Interviene en la causa el Juzgado de Transición y Garantías N° 1 de Gualeguaychú, a cargo de la Dra. Natalia Lorena Céspedes.

Fuentes oficiales destacaron que "la investigación se inició gracias a la colaboración ciudadana a través de una denuncia anónima, lo que permitió desplegar un trabajo coordinado y eficaz para desarticular un circuito de venta de drogas en la ciudad".

La Prefectura Naval Argentina subrayó que este "tipo de procedimientos forman parte de las acciones de prevención y control que se desarrollan en la región, con el objetivo de combatir el narcotráfico y garantizar la seguridad de los vecinos".

La magnitud del secuestro y la cantidad de detenidos reflejan la importancia del operativo, que se suma a otros realizados en la provincia en el marco de la lucha contra el comercio ilegal de estupefacientes. Fuente: Prefectura Naval Argentina / Juzgado de Transición y Garantías N° 1 de Gualeguaychú

Se trata de Andrés Alcides Donnet, dueño del predio ubicado en Gualeguaychú donde se ocultó y acondicionó el helicóptero que se utilizó.

La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal rechazó el pedido de prisión domiciliaria presentado por la defensa de Andrés Alcides Donnet, acusado de ser uno de los cómplices clave en el frustrado plan de escape en helicóptero del narco Esteban Lindor Alvarado desde el penal de Ezeiza.

Donnet, dueño del predio ubicado en Gualeguaychú donde se ocultó y acondicionó la aeronave, enfrenta cargos por contrabando de importación triplemente agravado, tentativa de favorecimiento de evasión, falsificación de numeración de un objeto registrado y tenencia ilegal de arma de guerra.

La resolución, firmada por los jueces Gustavo M. Hornos, Mariano Hernán Borinsky y Javier Carbajo, confirmó la denegación de la prisión domiciliaria dictada en diciembre de 2025 por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°2 de La Plata. El tribunal de Casación consideró que no existían motivos ni circunstancias excepcionales que justificaran el beneficio del arresto domiciliario, y que la gravedad de los hechos y el riesgo procesal vinculados a la causa exigían la continuidad de Donnet en prisión preventiva en un establecimiento carcelario.

La investigación judicial estableció que la organización liderada por Alvarado adquirió un helicóptero Robinson R44 en España, lo introdujo clandestinamente al país desde Paraguay y lo mantuvo oculto en el hangar de Donnet durante más de un mes.

En ese período, la aeronave fue camuflada para la operación de rescate: se repintó con aerosoles, se le colocó una matrícula falsa y Donnet colaboró activamente en la puesta a punto del aparato, incluyendo el abastecimiento de combustible y la asistencia técnica necesaria para el despegue. El plan era extraer a Alvarado desde el campo de deportes del penal de Ezeiza, pero una avería en los magnetos del motor obligó a un aterrizaje de emergencia en el Country Club Banco Provincia de Buenos Aires, frustrando la fuga.

Al momento de su detención en el aeródromo, a Donnet le fue secuestrada una pistola 9 mm con numeración suprimida, hallada en su finca, lo que derivó en la imputación adicional por tenencia ilegal de arma de guerra.

La defensa de Donnet fundó el pedido de prisión domiciliaria en la situación familiar del acusado, alegando la necesidad de cuidar a su madre de edad avanzada y a sus hijos menores, y argumentando que los informes socioambientales recomendaban la medida. Sin embargo, tanto el tribunal oral como la Cámara de Casación entendieron que la documentación presentada no acreditaba un estado de vulnerabilidad o desamparo extremo: la madre cuenta con ingresos previsionales y una red de apoyo familiar, mientras que los niños se encuentran bajo el cuidado de su progenitora, en buen estado de salud, escolarizados y con acceso a servicios básicos.

El juez Gustavo M. Hornos, quien lideró el acuerdo, subrayó en el fallo que la prisión domiciliaria no es un derecho automático, sino una facultad judicial a evaluar en cada caso concreto y ante circunstancias debidamente acreditadas. Los magistrados valoraron la especial gravedad de los delitos imputados, el contexto de organización criminal de alta complejidad y la severidad de la pena en expectativa, y señalaron que la prisión preventiva resulta la única medida idónea y eficaz para neutralizar riesgos procesales como la fuga o el entorpecimiento del proceso.

El tribunal también rechazó el argumento de la defensa sobre la supuesta irrazonabilidad de la prisión preventiva, indicando que la duración del proceso no resultaba desproporcionada considerando la complejidad del caso, la conducta del imputado y las diligencias judiciales realizadas. Los jueces destacaron que, en esta etapa avanzada hacia el juicio oral, no se advertían dilaciones indebidas ni afectación de las garantías procesales de Donnet.

Por último, la Cámara consideró que las objeciones de la defensa no alcanzaban para demostrar arbitrariedad en la denegación del beneficio, ya que las resoluciones previas estaban debidamente fundadas en los informes y circunstancias del expediente. La decisión fue unánime y se adoptó sin costas para el imputado, en reconocimiento al razonable ejercicio de su derecho al recurso.

Fuente: Infobae

En el marco de la entrega de móviles y equipamiento a la Policía de Entre Ríos, el mandatario brindó detalles sobre la droga secuestrada en la jurisdicción de La Paz y, al igual que las autoridades de la fuerza de seguridad, remarcó el compromiso en la lucha contra el narcotráfico. "Fue uno de los procedimientos más importantes de los últimos tiempos. Cuidar las fronteras es uno de los principales objetivos que nos propusimos para no dejar que entre la droga", precisó, poniendo en valor el cuidado que hace la Policía de Entre Ríos de los pasos fronterizos.

En dicho procedimiento se secuestraron 61 bultos conteniendo 1.716 panes de marihuana compactada, con un peso total superior a 1.340 kilogramos, constituyendo uno de los secuestros más relevantes registrados en la jurisdicción de La Paz.

En referencia a este tema, el ministro de Seguridad y Justicia, Néstor Roncaglia, calificando al procedimiento como un "gran golpe al narcotráfico". Hizo hincapié en la labor de dos suboficiales de la Policía Rural quienes, mientras patrullaban para prevenir delitos en el campo, decidieron interceptar una camioneta sospechosa proveniente de Corrientes, que circulaba por caminos vecinales.

Resaltó la proactividad de los agentes y subrayó que este resultado es fruto de la "dedicación y vocación" de los efectivos, quienes están "atentos a lo que está pasando". Finalmente, aseguró que este operativo es una clara "demostración que la Policía está activa" y comprometida en combatir lo que definió como un "veneno para nuestra juventud".

Por su parte, el jefe de la Policía de Entre Ríos, Claudio González, señaló que los resultados obtenidos son una prueba del compromiso institucional en la lucha contra el crimen, y también destacó al personal de la Dirección General de Policía Rural y a los efectivos de la Jefatura Departamental La Paz que realizaron la detención. "El objetivo que tenemos es combatir la delincuencia, el microtráfico y narcotráfico", sostuvo, y subrayó que el éxito de estas acciones demuestra que la misión de la fuerza se está cumpliendo, asegurando que "los resultados se ven".

Finalmente, agradeció a todo el personal por el esfuerzo diario para "llevar seguridad a todos los ciudadanos entrerrianos", reconociendo que, ante las dificultades, los integrantes de la fuerza "le ponemos el pecho seguro". 

Fuente: APF Digital

Este martes, a las 9:30, se pondrá en marcha en Paraná uno de los juicios más resonantes de los últimos años en la región. El Tribunal Oral en lo Criminal Federal, integrado por Noemí Berros, Maricel Rojas y José María Escobar Cello, dará inicio al debate oral contra Leonardo Airaldi —exdirector de la Sociedad Rural de Diamante— y otros nueve acusados por narcotráfico.

El debate se llevará a cabo bajo estrictas medidas de seguridad, debido a los últimos acontecimientos que salieron a la luz sobre un supuesto plan criminal para atentar contra autoridades judiciales.

En la primera jornada se leerá la acusación formal y se realizarán los planteos preliminares por parte de los defensores para que el TOF resuelva.

En un principio eran 14 los imputados, pero varios optaron por juicios abreviados o pedir probation. Todos esos planteos quedarán a disposición del tribunal que dictaminará si son aceptados o rechazados.

Se prevé la declaración de unos 45 testigos y un proceso que podría extenderse por aproximadamente cuatro meses.

Airaldi seguirá el juicio desde la cárcel de Ezeiza, donde fue trasladado el fin de semana por considerárselo un preso de alto riesgo, tras descubrirse un supuesto plan para atentar contra el juez federal Leandro Ríos y el fiscal José Ignacio Candioti.

Las causas acumuladas

Airaldi enfrenta dos expedientes principales que se unificaron para realizar un sólo debate. La abogada defensora del productor agropecuario y ganadero Mariana Barbitta, se opuso a la unificación pero no obtuvo éxito. Además antes del inicio del juicio pidió su suspensión por la presunta “faltante” de prueba, algo que fue rechazado por el TOF.

La causa en Entre Ríos comprende una investigación que se inició en 2019 y culminó en 2024. Ese trabajo permitió, según el MPF, conocer sobre una organización que traficaba cocaína en Diamante y Paraná.

La expediente de Santa Fe data de 2022 cuando la Policía halló 30 kilos de cocaína en la casa de su puestero, José “Pete” Torres, en Puerto Gaboto. Torres está desaparecido y tiene pedido de captura. Ese allanamiento en el puesto que cuidaba Torres se dio por una causa de violencia de género.

 La conexión entre ambos casos refuerza la hipótesis de que Airaldi utilizaba campos e islas en el Delta para el trasiego de cargamentos provenientes de Paraguay, en coordinación con organizaciones narco de Rosario. Se sospecha que uno de esos envíos tenía como destino el Mundial de Qatar.

Además de Airaldi, se sentarán en el banquillo: Cristian Sánchez, Sebastián Agustín Armocida, Joel Damián Schonfeld, Gonzalo Olivero, Juan Andrés Erbes, Marino Martínez, María Soledad Touzet, Emanuel Enrique Cuello, José Nicolás Godoy, Armando Marcelo Balcaza, Roberto Fabián Coronel y Carlos David Schumacher.El fiscal general José Ignacio Candioti y su adjunto, Juan Podhainy, estarán a cargo de sostener la acusación contra la banda que operaba entre Diamante y Paraná.

Fuente: Ahora

El Grupo Especial de Intervención (GEI) se hizo presente esta mañana en la Unidad Penal provincial de El Potrero, Gualeguaychú, y se llevó a Airaldi hacia el penal. Siguiendo un protocolo riguroso, los integrantes del cuerpo pusieron al detenido ropa que lo hiciera indistinguible de los demás, incluso con un casco, lo esposaron y le comunicaron que estaba en la órbita del SPF.

La declaración de Airaldi como preso de alta peligrosidad había sido solicitada por el Tribunal Oral Federal de Paraná. Fue en respuesta a un pedido que hicieron la fiscalía contra la narcocriminalidad (PROCUNAR) y el fiscal de Gualeguaychú, Pedro Rebollo, responsable de investigar el plan criminal que habría pergeñado el capo narco.

“Brindar seguridad a la sociedad toda y a todos los actores que intervienen en el proceso penal y evitar este fenómeno que se investiga en Gualeguaychú -por cierto, no novedoso- de delincuencia organizada cometida desde el interior de los establecimientos carcelarios impone a la jurisdicción adoptar medidas de seguridad especiales que nos provee la normativa vigente”, fue el argumento utilizado por el TOF para justificar el traslado de Airaldi a Ezeiza.

El esquema que habría elaborado el recluso contemplaba asesinar al fiscal federal José Ignacio Candioti y al juez federal Leandro Ríos. Para eso, habría contratado por USD 40 mil un sicario en Uruguay. El plan incluía también la ejecución del ministro de Seguridad de Entre Ríos, Néstor Roncaglia. El funcionario provincial debía ser abatido durante un viaje en moto a la quinta de unos amigos.

Otro capo narco, Daniel “Tavi” Celis, fue quien reveló esta planificación. A su testimonio se sumaron otras dos declaraciones de internos del Pabellón E de El Potrero. En ese lugar están alojados los presos condenados o procesados por la Justicia Federal.

Por qué será juzgado Airaldi

El martes 3 comenzará en los Tribunales Federales un juicio por dos investigaciones contra el acusado de alta peligrosidad. Se trata de un caso que surgió en 2019 por organizar y financiar el narcotráfico y otro de 2024 cuando le detectaron en Puerto Gaboto, Santa Fe, un cargamento de 30 kg de cocaína.

El Tribunal encargado de impartir justicia lo integran Noemí Berros; Mariela Emilce Rojas y José María Escobar Cello.

Debido a las nuevas condiciones de detención de Airaldi, el TOF definió un esquema para que participe de las audiencias. El SPF tendrá que asegurar que se pueda conectar vía Zoom durante todas las jornadas del juicio. Por otro lado, a mediados de marzo deberá ser trasladado a Paraná para que participe del último día de audiencias. El Tribunal podrá solicitar que sea llevado a fin de comparecer las veces que lo considere oportuno.

El TOF también contempló que la abogada del acusado, Mariana Barbitta, pueda tener contacto fluido con su pupilo. Esto podrá concretarse en forma presencial o por vía telefónica. Asimismo, garantizó que al menos una vez por semana Airaldi se comunique vía videoconferencia con sus hijos.

En una resolución dada a conocer el viernes, el Tribunal rechazó el pedido de postergación del debate presentado por la defensa. Barbitta requirió el cambio de fecha alegando que no había podido acceder a una prueba clave. Se trataba de archivos digitales de las pericias realizadas a celulares vinculados a las causas. El TOF señaló que en el expediente obran los recibos firmados por el perito de la defensa indicando que accedió a esos elementos.

Por otro lado, quedó confirmado que el fiscal Candioti, una de las supuestas víctimas del plan criminal, ejercerá su rol de acusador en el juicio. Esto significa que, el día en que Airaldi sea trasladado para comparecer, ambos estarán cara a cara en el mismo salón, publicó Infobae.Fuente: Infobae / APFDigital

La defensa técnica de Leonardo Airaldi, encabezada por la abogada Mariana Barbitta, presentó este lunes un recurso de habeas corpus preventivo y correctivo ante el Tribunal Oral Federal de Paraná. La medida busca frenar de manera urgente el traslado del detenido desde la Unidad Penal N° 9 de Gualeguaychú hacia el Complejo Penitenciario Federal de Ezeiza, en la provincia de Buenos Aires.

El productor agropecuario está acusado de idear una plan criminar para atentar contra la vida del juez federal de Paraná, Leandro Ríos; el fiscal general José Ignacio Candioti; y el ministro de Seguridad de la provincia, Néstor Roncaglia.

La hipótesis es que Airaldi pagó 40.000 dólares a un sicario uruguayo para asesinar a Ríos y Candioti cuando estén de vacaciones. En tanto, a Roncaglia lo iban a atacar en Entre Ríos. El denunciante es otro preso condenado y con causas en trámites, Daniel “Tavi” Celis, que junto a su hijo están alojados en la Unidad Penal N°1 de Paraná.

Incertidumbre y “defensa a ciegas”

Según el escrito, la defensa tomó conocimiento de esta intención de traslado a través de noticias periodísticas publicadas este lunes, que mencionan un pedido del Ministerio Público Fiscal para aplicar “medidas de seguridad extremas”.

Barbitta denunció una situación “extremadamente alarmante”, ya que Airaldi habría sido retirado de su celda durante la noche y, al momento de la presentación, se encontraba incomunicado y con paradero desconocido para sus abogados.

La letrada cuestionó que la fiscalía y el Poder Ejecutivo de Entre Ríos estén actuando “a espaldas de la defensa”, señalando que no existe registro en el sistema informático judicial de tales movimientos. “Se está naturalizando que la defensa tome conocimiento de actuaciones procesales relevantes a través de un portal en lugar de ser notificados formalmente”, fustigó en el documento.

Un juicio en puerta y conflictos de interés

Uno de los puntos centrales del reclamo es la cercanía del juicio oral, programado para el próximo 3 de marzo de 2026. La defensa argumenta que un traslado a 300 kilómetros de distancia anularía el derecho de Airaldi a defenderse adecuadamente, especialmente cuando el tribunal ya notificó que se requerirá su presencia física para la indagatoria.

Asimismo, la denuncia apunta contra el Fiscal José Ignacio Candioti, quien habría impulsado el traslado. La defensa sostiene que el fiscal carece de objetividad, ya que los medios lo señalan como la supuesta víctima del hecho que se investiga en una nueva causa (caratulada como “NN s/a determinar”), la cual habría originado este pedido de seguridad extrema,.

Afectación familiar y de salud

El habeas corpus también hace hincapié en el impacto humanitario. Airaldi padece afecciones de salud como asma y depresión. Su traslado a Buenos Aires lo alejaría de su entorno familiar —incluyendo a sus hijos, madre y pareja—, quienes residen en Entre Ríos y tenían previsto asistir al debate oral.

Además, la abogada advirtió que se está violando el Protocolo de Traslados del Servicio Penitenciario Federal, que exige notificar a la defensa con al menos 72 horas de antelación para permitir el ejercicio del derecho de oposición.

Pedidos al Tribunal

En su petitorio, Barbitta solicitó al Tribunal Oral Federal de Paraná:

• Informar de carácter urgente el paradero actual de Leonardo Airaldi.

• Suspender y dejar sin efecto cualquier orden de traslado fuera de la Unidad 9 de Gualeguaychú.

• Convocar a una audiencia oral virtual para que el detenido pueda ser escuchado.

Finalmente, la defensa formuló reserva de “caso federal”, adelantando que, de no prosperar el reclamo, recurrirá ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación por la gravedad institucional que el caso representa.

Fuente: Ahora

El ejército mexicano abatió este domingo a Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Se aguarda un pronunciamiento oficial por parte del gobierno encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum.

Oseguera Cervantes figuraba entre los capos más buscados tanto por México como por Estados Unidos, país que ofrecía una recompensa de USD 15 millones por información que condujera a su captura. Se trata de uno de los principales líderes del narcotráfico abatidos desde la detención de los fundadores del Cártel de Sinaloa, Joaquín Guzmán Loera, conocido como “El Chapo”, e Ismael Zambada García, “El Mayo”, quienes cumplen condena en Estados Unidos.

Durante la mañana, sujetos armados bloquearon distintas vías del estado de Jalisco, en el occidente del país, utilizando autos y camiones incendiados como reacción a un operativo realizado por fuerzas federales en la región.

Sujetos armados bloquearon con autos y camiones incendiados distintas vías del estado de Jalisco (AFP)

Estas tácticas suelen emplearse para obstaculizar la labor de las autoridades cuando se despliegan contra objetivos de alto valor en el narcotráfico. El ejército mexicano abatió este domingo a Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), según reportaron varios medios locales, aunque hasta el momento no existe confirmación oficial por parte del gobierno federal. Oseguera Cervantes figuraba entre los capos más buscados tanto por México como por Estados Unidos, país que ofrecía una recompensa de USD 15 millones por información que condujera a su captura.

Se trata de uno de los principales líderes del narcotráfico abatidos desde la detención de los fundadores del Cártel de Sinaloa, Joaquín Guzmán Loera, conocido como “El Chapo”, e Ismael Zambada García, “El Mayo”, quienes cumplen condena en Estados Unidos. Se aguarda un pronunciamiento oficial por parte del gobierno encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum.

Durante la mañana, sujetos armados bloquearon distintas vías del estado de Jalisco, en el occidente del país, utilizando autos y camiones incendiados como reacción a un operativo realizado por fuerzas federales en la región. También se registraron incidentes en el aeropuerto de Guadalajara.

Estas tácticas suelen emplearse para obstaculizar la labor de las autoridades cuando se despliegan contra objetivos de alto valor en el narcotráfico.

Con el correr de las horas y de la investigación que lleva adelante la Justicia Federal de Gualeguaychú, han surgido nuevos elementos que obligaron a una nueva presencia de la Justicia Federal en la cárcel de El Potrero, donde se encuentra alojado Leonardo Airaldi, un hombre que fue presidente de la Sociedad Rural de Diamante y que está acusado de ser el líder de una organización narco que habría tratado de quitar del medio a los funcionarios que debían juzgarlo en los próximos días.

Según la acusación, este preso de 44 años que se presentaba como productor agropecuario, está vinculado con el descubrimiento de 30 kilos de cocaína que se resguardaban en una vivienda de Puerto Gaboto que alquilaba, una localidad costera santafesina ubicada en el departamento San Jerónimo, sobre la Ruta 11, a 120 kilómetros de Santa Fe. Tenía logística para recibir estupefacientes en un establecimiento rural de su propiedad ubicado en el sector de islas, jurisdicción de Diamante, y trasladarla por el río Paraná para abastecer redes narcos en el litoral.

Airaldi tiene dos causas por narcotráfico y una de ellas se tramita en Entre Ríos. Casualmente, este martes debía comenzar el juicio en su contra, luego de sufrir un revés a un planteo realizado por su abogada Mariana Barbitta ante el Juzgado Federal de Paraná, que tiene como juez a Leandro Ríos y como fiscal a José Ignacio Candiotti: las dos supuestas víctimas a las que se pensaba asesinar mediante el pago de 40 mil dólares a un sicario uruguayo mientras los funcionarios vacacionaban en Punta del Este.

Pero al parecer, con el correr de las horas se habría podido establecer que el ministro de Seguridad de Entre Ríos, Néstor Roncaglia, también era una de las personas que se debía asesinar y esto estaría dentro de una de las nuevas declaraciones que consiguió el fiscal Federal de Gualeguaychú, Pedro Rebollo, en el procedimiento que se realizó este sábado por la tarde en la Unidad Penal Nº 9.

Todo el plan se logró desbaratar gracias a las declaraciones de dos presos, que durante los últimos días habían pasado algunas de sus horas con Airaldi en la celda, a quienes les habría dado detalles sobre el plan que tenía para asesinar a los funcionarios federales Ríos y Candiotti.

El primero de ellos, de 48 años, relató que Airaldi tiene mucho poder dentro de la Unidad Penal y que ese poder lo ejerce con los internos y el personal penitenciario. Este condenado le relató al fiscal Rebollo que Airaldi estaba molesto porque le habían “caminado” 40 mil dólares que le había pagado a un sicario uruguayo para que matara a Ríos y Candiotti mientras vacacionaban en Punta del Este.

El supuesto asesino a sueldo recibió el pago de los miles de dólares, pero no cumplió nunca con el encargo y al parecer eso tenía molesto a Airaldi que el próximo martes debía enfrentar el juicio en su contra por la causa de narcotráfico. En su declaración, el preso relató que Airaldi sentía que el juez Ríos le había “inventado una causa” y Candiotti tenía “todo arreglado para que le de 15 años de condena”.

Todo esto originó el primer procedimiento del viernes por la tarde. Personal del Escuadrón 56 de Gendarmería Nacional con asiento en Gualeguaychú allanó el Pabellón E y secuestraron teléfonos, anotaciones, cocaína y documentación. Pero en las últimas horas surgió una nueva declaración, que tomó este sábado por la tarde el fiscal Rebollo a otro interno de la Unidad Penal 9, que sumó al ex jefe de la Policía Federal y actual ministro de Seguridad de Entre Ríos, Néstor Roncaglia, dentro de las supuestas víctimas que tenía este plan criminal. Lo que aún resta esclarecer son los motivos que tenía el jefe narco para tenerlo dentro de la lista de enemigos a quienes debía eliminar.

La investigación sigue su curso y habría fuertes denuncias por partes de ambos presos sobre el poder que ejerce Airaldi dentro de la cárcel, pero principalmente las palabras de uno de ellos comprometen al personal del Servicio Penitenciario por la connivencia dentro de la institución.

En paralelo, fuentes judiciales señalaron que se evalúan medidas de protección adicionales para los funcionarios mencionados y que no se descartan nuevas imputaciones a partir del análisis del material secuestrado en los procedimientos. Los teléfonos celulares y la documentación incautada serán sometidos a pericias técnicas para determinar el alcance real de los contactos y la eventual existencia de otros involucrados.

El expediente, que combina causas por narcotráfico y presuntas maniobras para entorpecer el accionar judicial, quedó bajo estricta reserva mientras avanzan las diligencias. En los próximos días podrían definirse nuevas audiencias y resoluciones procesales que marcarán el rumbo de una investigación que suma capítulos y mantiene en alerta al ámbito judicial y político de la región.

A través de la red X, el diputado nacional por Entre Ríos se refirió al trabajo del Juzgado Federal de Gualeguaychú en la investigación iniciada por el testimonio de un recluso de la Unidad Penal Nº9 que  reveló un complot ideado por un capo narco que incluía la contratación de un sicario extranjero y el pago de sumas importantes de dinero.

Días atrás, en declaraciones radiales, Michel había asegurado que “sin el juez Federal y el fiscal Federal, Gualeguaychú sería una mini Rosario”.

Mi solidaridad con el Dr. Leandro Ríos, el Dr. José Ignacio Candioti y el Ministro Roncaglia.También quiero destacar la actuación del juez Dr. Viri y del fiscal Dr. Rebollo.El trabajo que realizan el Juzgado Federal y el Ministerio Público Fiscal en Gualeguaychú y en nuestra… pic.twitter.com/Ik54fehA9u

En su mensaje, Michel dijo: “Mi solidaridad con el Dr. Leandro Ríos, el Dr. José Ignacio Candioti y el Ministro Roncaglia. También quiero destacar la actuación del juez Dr. Viri y del fiscal Dr. Rebollo. El trabajo que realizan el Juzgado Federal y el Ministerio Público Fiscal en Gualeguaychú y en nuestra provincia es clave para la seguridad y la tranquilidad de nuestros vecinos”.

El ministro de Seguridad y Justicia de Entre Ríos, Néstor Roncaglia, participó como disertante en la Jornada de Capacitación: Narcotráfico y Contrabando, un evento organizado conjuntamente por la Municipalidad de Gualeguaychú y el Colegio de la Abogacía.

Con el respaldo de su trayectoria en la investigación de delitos complejos, el ministro compartió panel con el fiscal Federal de Gualeguaychú, Pedro Rebollo, y el Juez Federal de Mendoza, Marcelo Garnica. Durante su intervención, Roncaglia enfatizó la necesidad de unificar esfuerzos entre la Justicia y las fuerzas de seguridad para desarticular las estructuras financieras de las bandas criminales.

En esta línea, el ministro subrayó la importancia de la presencia territorial. “No vamos a permitir que el narcotráfico se instale en nuestras ciudades. Estamos trabajando en una coordinación estrecha entre la Policía de Entre Ríos y las fuerzas federales, porque al delito organizado se lo combate con un Estado aún más organizado y presente”, afirmó Roncaglia.

“Nuestra prioridad es ir tras las organizaciones, no solo tras el último eslabón de la cadena, aunque es de suma importancia para esta tarea. Para eso, la capacitación y la actualización de los cuadros judiciales y policiales, como la que hoy nos convoca en Gualeguaychú, es fundamental”.

La jornada también contó con un bloque específico dedicado al Contrabando, donde se analizaron las particularidades del comercio ilegal en zonas fronterizas. En esta instancia disertaron destacados referentes del ámbito jurídico y legislativo:  el diputado Nacional, Guillermo Michel;  los jueces Nacionales en lo Penal Económico Alejandro Catania y Pablo Yadarola; el vocal del Tribunal Fiscal de la Nación, Christian González Palazzo y el juez Federal de Gualeguaychú, Hernán Viri.

El gobierno de Perú autorizó este sábado la extradición de Tony Janzen Valverde Victoriano, de 20 años, conocido como “Pequeño J”, el principal acusado por el triple crimen ocurrido en Florencio Varela. Fue detenido en septiembre del año pasado en Lima luego de haberse fugado del conurbano bonaerense.

Ahora, resta coordinar con las autoridades argentinas la entrega y el traslado del detenido al país, según informaron medios peruanos.

Valverde Victoriano está imputado por “homicidio agravado por premeditación, ensañamiento, alevosía y violencia de género”. La Justicia lo señala como uno de los responsables detrás de los asesinatos de Lara Gutiérrez, de 15 años; Brenda del Castillo, de 20; y Morena Verdi, también de 20.

Luego del triple crimen, el hombre se fugó del conurbano bonaerense y más de 10 días más tarde, fue detenido en Pucusana, una localidad ubicada al sur de Lima, luego de una intensa búsqueda internacional.

La extradición había sido solicitada por la Justicia argentina en septiembre, pero el acusado se negó a entregarse de manera voluntaria. De esa manera, empezó el trámite formal que este sábado quedó aprobado mediante una resolución firmada por el presidente de Perú, José Jerí, junto al canciller Hugo de Zela y el ministerio de Justicia, Walter Martínez.

“Disponer que, previo a la entrega del requerido, la Autoridad Central deberá verificar que no cuente con procesos penales pendientes, sentencias condenatorias o requisitorias que sean de conocimiento de las autoridades judiciales peruanas, caso contrario, aquella deberá considerarse aplazada”, detallaron en la resolución, según informó El Peruano.

El próximo paso será definir la logística para su entrega a las autoridades argentinas y su posterior traslado al país, donde deberá enfrentar el proceso judicial.

Valverde Victoriano fue considerado inicialmente como el autor intelectual de la tortura y asesinato de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez. Al comienzo también se lo señaló como el líder de una organización narco transnacional que operaba en la Villa 1-11-14 y en el sur del conurbano bonaerense. Sin embargo, con el avance del caso, se supo que por encima de él estaba “Señor J”, Joseph Freyser Cubas Zavaleta, quien se cree que ordenó el triple crimen.

La relación entre Estados Unidos y Venezuela ingresó en una fase de máxima tensión, marcada por las recientes y reiteradas declaraciones del presidente estadounidense, Donald Trump, sobre la inminencia de operativos "en tierra" dirigidos a combatir el narcotráfico en el país caribeño.

El presidente Trump anunció públicamente que, tras haber logrado reducir significativamente el tráfico de drogas por vía marítima, su administración está lista para avanzar hacia operaciones terrestres directas.

Aunque el objetivo declarado es atacar a "gente horrible" vinculada al narcotráfico, y no necesariamente una invasión militar a gran escala, la mención de incursiones en Venezuela y la advertencia de que cualquier país que trafique drogas a EE. UU. "podría ser atacado" encendieron todas las alarmas en Caracas.

“Ahora estamos empezando por tierra, lo cual es mucho más fácil. Eso va a comenzar a suceder”, aseguró Trump.

Según los cálculos del propio Trump, la campaña naval salvó unas 25.000 vidas estadounidenses gracias a la reducción de la entrada de estupefacientes por mar, sin embargo admitió que el impacto de las operaciones navales está alcanzando un límite y que el flujo de drogas tiende a diversificarse y a buscar nuevas rutas, especialmente terrestres.

“Ahora comenzaremos por tierra y por tierra es mucho más fácil”, indicó en referencia al cambio operacional de la ofensiva militar.

El presidente norteamericano adelantó, no obstante, que “no son solo ataques terrestres en Venezuela. Son ataques terrestres contra personas horribles que traen drogas y matan a nuestra gente”, reiteró.

El Gobierno de Nicolás Maduro reaccionó a las "crecientes amenazas" de Washington con un llamado a la "serenidad absoluta" y a la defensa de la soberanía nacional. El despliegue de ejercicios militares venezolanos y la disposición a defender el territorio son una muestra de que Caracas se prepara para cualquier eventualidad, aunque el presidente Maduro ha sostenido comunicaciones con aliados como Vladímir Putin, su homólogo ruso, para reafirmar el carácter estratégico de sus relaciones en este contexto de crisis.

Este escalamiento se enmarca en una crisis bilateral que se agudizó en 2025 con un despliegue de las fuerzas armadas estadounidenses cerca de las costas venezolanas, incluyendo ataques a lanchas ocupadas por presuntos narcotraficantes.

Fuente: Agencia NA 

La División Drogas Peligrosas de la Policía de Entre Ríos ejecuta en Paraná, Nogoyá y Diamante 46 allanamientos simultáneos por narcotráfico. Uno de los procedimientos se ejecuta en la localidad de Villa Urquiza donde vive la familia Latorre, adelantó en Cuestión de Fondo (Canal 9 Litoral) el ministro de Seguridad, Néstor Roncaglia.

El operativo cuenta con la participación de unos 500 policías de diversos lugares de la provincia. Las ordenes de allanamientos fueron emitidas por el juez Federal Leandro Ríos a pedido del fiscal Leandro Ardoy.

Los procedimientos se dividen: 34 en el Departamento Paraná, nueve en Diamante y tres en Nogoyá.

La causa judicial llevada adelante por la Policía se conoció hace unos meses producto de un trabajo de investigación de la Revista Análisis que puso en conocimiento público al Clan Latorre. Este grupo familiar tuvo un crecimiento económico impresionante en los últimos años.

La Policía de Entre Ríos cumplió con un total de 46 órdenes de allanamientos principalmente en Paraná, y también en Villa Urquiza, Diamante y Nogoyá, en el marco de una investigación por narcotráfico y lavado de activos que tiene como principales acusados de las actividades de comercio de drogas e inversiones ilícitas al clan Latorre.

Se trata de una investigación dirigida por la Fiscalía Federal de Paraná, a cargo de Leandro Ardoy, que comenzó hace más de un año con múltiples tareas de reunión de información, vigilancias, seguimientos y escuchas telefónicas, que lograron apuntalar las sospechas sobre los integrantes de la familia Latorre, oriunda del barrio Consejo, que en las últimas décadas se hizo tristemente célebre por la venta de drogas y por el inusitado uso de la violencia armada, con numerosos soldaditos.

Las órdenes de allanamientos y requisas fueron autorizadas por el juez federal de Paraná, Leandro Ríos. Unos 500 efectivos policiales de la Dirección de Drogas Peligrosas y otras áreas comenzaron con las medidas solicitadas.

También apuntan dentro de esta pesquisa a otro clan narco con numerosas causas por narcotráfico y narcomenudeo en Paraná: los González, originalmente oriundos del barrio Paraná XVI, conocidos como “los Fierro”, por ser el padre y líder familiar Fabián González, alias “Cabeza de Fierro”. Quien hoy comanda la banda narco es su hijo Marcos. El drugstore que este joven tiene en el barrio La Floresta fue allanado en horas de la noche de este miércoles, luego de arduas tareas de los policías para vencer la puerta con rejas reforzada del ingreso, tal como ha sucedido en las tres ocasiones anteriores que este domicilio fue allanado.

Tal como inform ANÁLISIS en su edición gráfica del mes de agosto, los Latorre tienen numerosas inversiones, entre ellas una mansión, varias casas y terrenos en Villa Urquiza. Esta propiedad también fue allanada en el marco de esta causa.

La final por el ascenso de la Serie B2 del Campeonato Carioca de Brasil se convirtió en tapa de los distintos medios locales el pasado fin de semana luego de que un futbolista, que se encuentra en prisión domiciliaria y juega con tobillera electrónica amarrada a su pierna izquierda, marcara el último gol en el triunfo del Goytacaz FC ante Macaé por 4 a 1.

Yuri de Carvalho da Silva se dio el gusto de sentenciar el duelo decisivo (la ida había terminado 1-1) y celebrarlo de manera alocada, colgado del alambrado, ante sus hinchas, presentes en el estadio Ary de Oliveira e Souza. Se disputaban los últimos segundos del partido cuando Yuri recibió un pase, se escapó solo ante el arquero, lo eludió y definió con pierna derecha. La pelota entró mansita dentro del arco y se desató el festejo.

El triunfo del Goytacaz se completó con dos goles de Lekinho y uno de Aranha en la primera mitad, mientras que el tanto de Yuri Carvalho cerró la goleada. La Serie B2 corresponde a la cuarta división del fútbol de Río de Janeiro, y este título representa un logro significativo para el club.

El caso de Yuri de Carvalho fue controversial en Brasil por su situación judicial. El futbolista de 30 años fue condenado por tráfico de drogas y asociación ilícita por la justicia carioca y permanecía privado de libertad desde 2018, cumpliendo condena en la Casa de Custodia Dalton Crespo de Castro, en la localidad de Campos dos Goytacazes, al norte del estado de Rio de Janeiro.

A lo largo de toda la temporada de la Serie B2 del torneo estadual, Yuri jugó con la tobillera electrónica, cumpliendo así la etapa de su condena en régimen semiabierto, informó el medio brasileño Globo Esporte. El futbolista, que se desempeña como mediocampista ofensivo y no había marcado goles en el torneo, fue descripto como una persona tranquila y solidaria por los colaboradores del club.

Por otra parte, una fuente interna del club carioca expresó que la tobillera electrónica lo dificulta, pero no le impide jugar con normalidad y sostuvo que ni el reglamento de la Serie B2 ni el de la Federación de Fútbol del Estado de Río de Janeiro (FERJ) prohíben expresamente la participación de jugadores bajo monitoreo.

La FERJ, por su parte, respondió a la consulta del medio brasileño mediante un comunicado en el que subrayó el papel del deporte en la inclusión social y la reinserción: “Con la misión de ir mucho más allá de los campos de juego, reforzando la búsqueda de la formación de ciudadanos antes que de atletas, la Federación de Fútbol del Estado de Río de Janeiro entiende que la inclusión y la resocialización son funciones primordiales del deporte. Sobre la participación del atleta en uso de tobillera, equipo de monitoreo de la Justicia, la FERJ buscará información para determinar si existe prohibición legal del ejercicio de la actividad profesional, a fin de no incurrir en un error de juicio en este caso”.

 El proceso judicial de Yuri de Carvalho continúa en la Vara de Ejecuciones Penales, y el futbolista campeón mantiene la expectativa de que se le retire el dispositivo electrónico en el corto plazo, de acuerdo con la información publicada por el portal Lance!.

Fuente: Infobae

La diputada libertaria Lorena Villaverde renunció este miércoles al cargo de senadora por el que había sido electa, después de la polémica e impugnaciones por sus vínculos con el empresarios Federico ‘Fred’ Machado.

“Aceptar continuar bajo esas condiciones sería convalidar el daño y poner en riesgo a mi familia. No lo voy a hacer”, dijo Villaverde en una carta dirigida al presidente Javier Milei.

Y señaló que se trata de “una decisión que nace desde el amor, la responsabilidad y la coherencia: mis hijos están antes que cualquier cargo, porque ninguna ambición política vale más que su bienestar”. 

“En estos meses fui víctima de operaciones mediáticas obscenas, maliciosas y profundas, diseñadas para destruir, desgastar y humillar. No fueron discusiones políticas: fue una violencia calculada contra una mujer, una madre y una dirigente que incomoda a la vieja política”, dijo y continuó: “Aceptar continuar bajo esas condiciones sería convalidar el daño y poner en riesgo a mi familia. No lo voy a hacer”.

Villaverde denunció que “sectores del viejo régimen han intentado convertir mi situación personal en una herramienta para frenar las reformas, obstaculizar la conformación del bloque oficialista en el Senado y desgastar al proyecto de cambio. No voy a ser parte de esa maniobra. No me van a usar como pieza para detener el rumbo que millones de argentinos eligieron”.

“Frente a este escenario, y fiel a mis convicciones, quiero dejar algo claro: yo no me involucré en este proyecto por un asiento, ni por una dieta, ni por honores personales. Entré porque creo en la libertad, en el mérito, en el trabajo duro y en su liderazgo. Y precisamente por eso, porque creo en este rumbo como la única salida posible para la Argentina, pongo a su entera disposición mi renuncia a la banca de Senadora por la provincia de Río Negro”.

Más de 14 kilos de clorhidrato de cocaína fueron secuestrados durante un control en el Puesto Caminero Paso Cerrito, sobre la Ruta Nacional Nº 14, donde una mujer oriunda de Buenos Aires, que pertenece a la Policía Federal, quedó detenida luego de que los efectivos detectaran la droga oculta en los zócalos de un Ford Fiesta Kinetic.

El procedimiento ocurrió el viernes último -y trascendió recién este lunes- cerca de las 3:15, cuando personal de Control Vial detuvo el vehículo que circulaba en sentido norte–sur. Durante la revisión de rutina, los policías observaron anomalías estructurales en una de las partes inferiores del automóvil. Ante la sospecha, se utilizó un can narcodetector, que marcó positivamente la posible presencia de sustancias prohibidas.

Según informó la División Drogas Peligrosas de la Policía, con orden de la Justicia Federal y en presencia de testigos civiles, se realizó una inspección más profunda en los términos del artículo 230 bis del CPP. Del sector indicado se extrajeron tres envoltorios rectangulares, y luego —tras continuar con la requisa— se encontraron otros seis paquetes, todos con reacción química positiva para cocaína. El peso total superó los 14 kilos, publicó Análisis.

Además del estupefaciente, se incautó el rodado y otros elementos vinculados a la causa, mientras que la conductora, quien es oficial de la fuerza nacional, fue aprehendida.

El hallazgo derivó en el análisis de los elementos colectados y en nuevas medidas judiciales a lo largo del día, que concluyeron en tres allanamientos simultáneos: dos en Posadas (Misiones) y uno en La Matanza (Buenos Aires). Las diligencias estuvieron coordinadas por el Juzgado Federal de Concordia, a cargo de Analía G. Ramponi, con intervención del Iñaki Bosch y el trabajo conjunto de la Dirección General de Drogas Peligrosas, divisiones policiales y Gendarmería Nacional.

Los procedimientos complementarios permitieron secuestrar nuevos elementos de interés, identificar a varias personas y robustecer la investigación que ahora continúa bajo la órbita de la Justicia Federal.