En un final polémico, y después de más de 15 horas de sesión, la Cámara de Diputados aprobó a altas horas de la madrugada la vuelta a comisiones del proyecto sobre Endeudamiento Familiar, luego de que quedara en evidencia que el oficialismo no tenía los votos para sancionar su propia iniciativa.

A las 3.30, a raíz de una moción formulada por la secretaria parlamentaria de La Libertad Avanza, Silvana Giudici, se sometió a votación la propuesta de regreso sin fecha alguna a las comisiones de Finanzas y de Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia, y el resultado fue de 121 votos afirmativos, 117 rechazos y cinco abstenciones.

A favor votaron La Libertad Avanza, el PRO, la UCR, un sector de Argentina Federal, Producción y Trabajo, y en contra votaron Unión por la Patria, una parte de Provincias Unidas, el Frente de Izquierda y la Coalición Cívica, entre otros.

Jugó en contra de la oposición las abstenciones de los cinco diputados cordobeses de Provincias Unidas que responden al gobernador Martín Llaryora, al igual que había sucedido unas horas antes con la votación de la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.

Unión por la Patria intentó evitar este desenlace con la finalidad de que saliera rechazado el dictamen de mayoría del oficialismo —con un enfoque enmarcado en la educación financiera— y se pasara a votar el dictamen de minoría, que suponía un plan de refinanciación de deudas para morosos, límites a las tasas de interés y condonación de punitorios.

Hoy creemos que hay que votar, que quede claro que hay una mayoría clara que no quiere lo que propone el dictamen de mayoría y por lo tanto se abra naturalmente un tiempo de espacio de búsqueda de consensos alrededor de una propuesta alternativa donde hay otros dictámenes, entre ellos el nuestro, planteó el presidente del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez.

En medio de gritos, diputados opositores cuestionaron que la moción de Giudici no incluyera ningún tipo de fecha, lo que en los hechos podría significar que la vuelta a comisión no se concrete nunca si no hubiera voluntad del oficialismo.

“A los colegas que están dispuestos a que esto vuelva a comisión sin ningún tipo de fecha cuando ustedes cerraron las comisiones les pido dar una respuesta concreta con fecha. Son unos embusteros”, protestó sin éxito el diputado nacional de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro. No fue el único. La sesión terminó en un verdadero carnaval de críticas.

Se llegó a la instancia del recinto luego de que la oposición lograra emplazar a las dos comisiones el pasado 9 de septiembre.

Sin una fecha cierta de plenario de comisiones, todo el esfuerzo para forzar el tratamiento de un tema incómodo para la Casa Rosada podría caer en saco roto.

Los dictámenes

El dictamen de mayoría era el del oficialismo y sus aliados del PRO y la UCR, y hacía hincapié en brindar información detallada sobre créditos al usuario para prevenir situaciones irregulares, pero no interviene ni con tasas máximas ni con planes de refinanciación para deudores críticos.

El proyecto, basado en la educación financiera, se denomina “Ley de Transparencia Crediticia, Educación Financiera, Mitigación del Fraude Digital y Protección de los Consumidores”.

El miembro informante del dictamen de mayoría, Santiago Pauli (La Libertad Avanza), sostuvo que el proyecto apuntaba a generar “un marco común de reglas tanto para los que otorgan créditos como para aquellos que acceden al crédito”.

"Queremos que haya más crédito con las leyes del lado de los argentinos y no en contra de ellos", enfatizó el libertario fueguino, presidente de la comisión de Finanzas de la Cámara baja.

Uno de los pilares del proyecto es la transparencia y el acceso a la información de créditos al consumo, con especial detalle en los créditos de corto plazo, que son los que suelen tener tasas más altas.

Otros ejes de la iniciativa son la precancelación de deudas, la trazabilidad completa de sus obligaciones y el acceso gratuito al perfil de riesgo dentro de las entidades bancarias y las plataformas.

En tanto, el proyecto de Unión por la Patria, Provincias Unidas y la Coalición Cívica, denominado “ley de regularización y alivio financiero”, declara la emergencia por 180 días y propone un régimen de refinanciación de al menos 12 cuotas, al cual pueden adherir personas que tengan una mora de más de 60 días y por montos de hasta dos canastas básicas totales hogar tipo 2 (actualmente 3.265.010 pesos).

En tanto, se fija como cuota máxima un monto que no supere el 30% de los ingresos de las personas.

Cada persona que voluntariamente desee adherir al régimen de regularización lo deberá tramitar ante su propio acreedor, y si este no admite la gestión, interviene el Banco Central.

Por otra parte, el proyecto de UP y PU le pone un límite a la tasa de interés vinculado al Costo Financiero Total, pero le garantiza a los acreedores una ganancia moderada, que consiste en un plus sobre la tasa de refondeo mayorista (TAMAR).

Un aspecto no menor del proyecto es que se condona el 100% de los intereses punitorios, respetándose el capital, y se ponen límites a los intereses compensatorios.

La iniciativa además incluye un capítulo de portabilidad financiera, otro sobre cobranzas abusivas y otro de educación financiera.

Exposiciones de diputados

Muy crítico del Gobierno, el diputado nacional de Provincias Unidas, Martín Lousteau, analizó que "si un país otorga pocos créditos al sector privado, los montos que presta son bajos y la gente no puede pagarlos, eso puede deberse a que sus ingresos no son suficientes, a que las tasas de interés son muy altas o a ambas cosas, como ocurre en la Argentina".

El economista puntualizó que "el 40% de los deudores que ganan menos de 90.000 pesos no puede pagar sus deudas".

"Esto se debe, en primer lugar, a la caída del poder adquisitivo. Actualmente, es 10 puntos menor que cuando asumió Milei. En el sector público, la caída del poder adquisitivo alcanza los 20 puntos", graficó.

"Además, aumentaron los gastos fijos de las familias en servicios, muy por encima de la inflación. A la pérdida de poder adquisitivo se suma el mayor peso de los gastos fijos, que representan uno de cada cinco pesos adicionales. En conjunto, esto significa que la gente perdió cerca de 20 puntos", sumó para completar el cuadro de situación.

Por su parte, Kelly Olmos (Unión por la Patria) puntualizó que "más de 6 millones de argentinos han ingresado en mora, es decir, tienen una irregularidad de más de 90 días, muchos de los cuales ya están en nivel 4 o 5".

"Eso quiere decir que muchos de sus acreedores financieros lo tienen que pasar a pérdida. Como nos enseñó Néstor Kirchner, los muertos no pagan", resaltó la legisladora peronista.

La ex ministra de Trabajo advirtió que "eso significa un problema macroeconómico importante que sería importante que el oficialismo preste atención porque empuja al conjunto del modelo económico a la recesión técnica".

Sobre el dictamen de minoría encabezado por Unión por la Patria expresó: "Estamos formulando una propuesta de esfuerzo compartido, viable, objetiva y posible. Obviamente exige poner límites a los niveles de tasa de interés que algunos estuvieron poniendo".

"Este sistema económico le quemó los pocos ahorros que tenía, lo obligó a tomar más de un empleo, no le permite cubrir remedios que antes recibía, prestaciones que antes tenía. ¿Y todo lo que tenemos para decirles a esos conciudadanos es vayan a estudiar finanzas?", se quejó Olmos.

Más tarde, la diputada del PRO Daiana Fernández Molero cuestionó el proyecto opositor y pidió pensar qué sucedería si el dictamen de minoría “del kirchnerismo y asociados” fuera aprobado.

“Si una familia quiere cambiar la heladera, será más difícil conseguir crédito. En cambio un trabajador independiente se queda afuera del mercado de crédito y deberá afrontar tasas más altas”, conjeturó.

“Pueden pasar todas estas cosas porque se está poniendo topes de tasas, rompiendo contratos del pasado y alterando barreras de entrada a la competencia”, alertó, y comparó la iniciativa opositora con la Ley de Alquileres que fuera aprobada en Diputados a fines del 2019 con el liderazgo de un ex integrante de su propio partido como Daniel Lipovetzky.

Fuente: NA

La morosidad continúa en el centro de la escena económica por el alto grado de incidencia que tiene en el país, donde los deudores “irrecuperables” crecieron un 60% en un año y ya superan los 3 millones.

Más de uno de cada cuatro deudores en el país registra incumplimientos en sus créditos, lo que refleja un acelerado deterioro en la capacidad de pago de las familias, según un relevamiento del Instituto Argentina Grande basado en datos del Banco Central (BCRA).

La cantidad de deudores morosos alcanzó a 5,6 millones de personas sobre un total de 20,6 millones de deudores en el sistema financiero y no bancario, lo que implica que el 26,9% de los deudores presenta al menos una línea de crédito con tres meses o más de atraso, lo que representa el 15,9% de la población mayor de 18 años del país.

En el último año analizado, según el reporte con datos de julio, se incorporaron 1,7 millones de nuevos deudores morosos a la nómina, donde la suba se concentra en los atrasos más severos y en montos de baja cuantía.

Los casos "irrecuperables" encabezan la suba

Al referirse al perfil del endeudamiento, el informe indicó que los deudores que más crecieron fueron aquellos con los atrasos más prolongados. La categoría en situación de "irrecuperables", con mora superior a un año, se incrementó un 60% en doce meses, sumando casi 1,3 millones de personas. Actualmente, existen 3,4 millones de deudores en estado irrecuperable, cifra que equivale al 16,8% del total de deudores del país.

A diferencia de lo que sugeriría el volumen monetario de las obligaciones, la imposibilidad de pago se concentra en los compromisos financieros de menor envergadura. La mitad de los deudores clasificados como "irrecuperables" mantiene deudas acumuladas de $77.900 o menos.

Desde el IAG sostienen que este fenómeno evidencia que el sobreendeudamiento crítico no responde a grandes gastos de consumo durables, sino a la dificultad para cancelar saldos mínimos cotidianos.

Asimismo, el reporte precisó que la morosidad golpea con especial fuerza a los canales no bancarios. En las casas de venta de electrodomésticos se registra una tasa de mora del 54%, lo que significa que $1 de cada $2 prestados por estos comercios se encuentra en situación de incumplimiento, mientras que en otras cadenas comerciales la tasa de morosidad está en el 28,7%.

Con relación al impacto por franja etaria, detalló que casi 4 de cada 10 deudores de entre 15 y 29 años están en mora, lo que implica el 38,1%, siendo el grupo etario con mayor tasa de incumplimiento.

Por otro lado, precisó que las provincias de Cuyo y el Norte argentino encabezan la lista con los índices más elevados. La Rioja lidera la morosidad nacional con un 26,0%, seguida por Santa Cruz (23,8%), San Luis (23,1%), San Juan (22,1%) y Catamarca (22,1%).

Los analistas del reporte vinculan esta dinámica a la caída sostenida del salario real, tanto en el sector público como en el privado registrado, y el mantenimiento de altas tasas de interés activas aplicadas al crédito al consumo.

Fuente: NA 

La mora bancaria de los créditos a las familias se ubicó en 12,9% en julio, lo que implica una suba de 0,1 puntos porcentuales respecto al mes anterior, de acuerdo con datos del Banco Central de la República Argentina (BCRA). De esta manera, el indicador tocó un nuevo máximo en más de 20 años.

Al comparar la evolución interanual del índice oficial, incluido en el Informe de Bancos del BCRA, la morosidad del financiamiento a los hogares más que se duplicó. En el mismo mes del año pasado se ubicaba en 5,6%, lo que implica un aumento de 7,3% y alcanzó niveles no vistos desde 2004.

Hacia adentro de las líneas, los préstamos personales evidenciaron un alza mensual de 0,3 puntos porcentuales hasta 16,7 por ciento. En tanto, la mora en las tarjetas de crédito avanzó 0,2 puntos hasta 12,8% y los créditos con garantía prendaria aumentaron 0,2 puntos a 8,1 por ciento. En tanto, el segmento hipotecario se mantuvo sin cambios en 1,6 por ciento.

Si bien la plana mayor del equipo económico rechazó la posibilidad de intervenir para asistir a los morosos, desde el Central aseguraron que los bancos avanzan con la refinanciación de las deudas impagas de las familias y que, en los próximos meses, debería observarse una caída en la cartera irregular de los hogares.

El nivel de irregularidad de los préstamos al sector privado avanzó a 7,7%, más del doble del 3,2% de igual mes de 2025, mientras que el de las empresas aumentó a 3,6 por ciento, cuando un año atrás era de 1,2 por ciento. El BCRA aseguró que el aumento mensual de la morosidad respondió a dos factores: la reducción, en términos reales, del stock total de financiamiento —que integra el denominador del indicador— y el incremento real de la cartera irregular, aunque este último mostró una desaceleración.

La diferencia entre ambos segmentos marcó una mayor incidencia de los atrasos de pago entre los hogares. El ratio de irregularidad mide la proporción de préstamos con problemas de pago sobre el total de la cartera crediticia.

“Respecto al crédito a familias, la suba de la irregularidad se explicó principalmente por que volvió a descender en términos reales el saldo total de financiaciones. El aspecto positivo es que el saldo en mora, medido también en términos reales, prácticamente no se movió mes contra mes”, detalló un reporte de la consultora 1816 y explicó que la irregularidad es, en términos prácticos, un ratio entre el saldo moroso y el saldo total.

La probabilidad de default estimada (PDE) para el crédito total al sector privado descendió 0,2 puntos porcentuales durante julio y quedó en 2,4%, según informó el BCRA.

En el caso de las familias, ese indicador se redujo 0,5 puntos porcentuales hasta 3,9%. Para las empresas, la PDE se mantuvo casi sin cambios, en 1,1 por ciento.

Los préstamos personales son la línea de crédito bancario que exhiben el mayor nivel de mora. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La PDE funciona como un indicador complementario de la mora y estima la posibilidad de que los deudores incumplan sus obligaciones financieras. La baja registrada en julio contrastó con el aumento del ratio de irregularidad, que estuvo condicionado por la caída del saldo real de los créditos.

El sistema financiero conservó niveles de cobertura sobre los préstamos con dificultades de pago. En julio, las previsiones acumuladas por el conjunto de las entidades representaron el 87,6% de la cartera en situación irregular, un aumento de 0,8 puntos porcentuales respecto de junio. En relación con el total de préstamos al sector privado, las previsiones alcanzaron el 6,7%, con una suba mensual de 0,2 puntos porcentuales.

El BCRA también evaluó la relación entre la mora, las previsiones y el capital disponible en el sistema. Bajo ese cálculo, el crédito irregular neto de previsiones equivalió a 2,1% de la responsabilidad patrimonial computable (RPC) del sistema financiero, 0,1 puntos porcentuales menos que el mes anterior. Ese indicador refleja el peso de las pérdidas potenciales por incobrabilidad sobre el patrimonio regulatorio de las entidades.

Un informe de Econviews vinculó el aumento de la mora a una combinación de factores. En primer lugar, destacó “una historia de deudas que se licuaban con la inflación”, que llevó a parte de los deudores a asumir compromisos bajo la expectativa de que ese mecanismo volviera a operar. También señaló que algunas familias se endeudaron para compensar la caída de sus ingresos, una recuperación que finalmente no se produjo.

La consultora ubicó un punto de inflexión en el alza de las tasas desde junio de 2025. “El shock no originó la morosidad, pero la aceleró, porque encontró a las familias con más carga de cuotas y menos ingresos, y a las empresas teniendo que renovar préstamos de corto plazo a tasas ridículamente altas”, afirmó. Econviews agregó que ese episodio extendió al sector corporativo un problema que había comenzado entre los hogares y mencionó “debilidades en la evaluación de los créditos” de parte de las entidades financieras.

Por otra parte, según estimaciones de 1816, los préstamos a familias otorgados por proveedores no financieros registraron una mora de 33,7%, según las estimaciones de los analistas. Dentro de ese universo, Tarjeta Naranja y Mercado Pago concentraban el 54% del financiamiento destinado a hogares.

Los datos de la Central de Deudores (Cendeu) del Banco Central de la República Argentina (BCRA) indican que 5,9 millones de personas presentaban atrasos de pago al considerar en conjunto a las entidades financieras y no financieras. En total, 20,8 millones de individuos tenían alguna deuda registrada, por lo que cerca del 28% de los sujetos de crédito acumulaba incumplimientos.

Además, los analistas de 1816 señalaron que las entidades financieras concentraban el 65% del monto total de deuda en mora. La mayor cantidad de deudores, de todos modos, se encontraba entre los proveedores no financieros, con 4,2 millones de personas, frente a 3 millones en el sistema financiero. La consultora advirtió que ambas cifras no deben sumarse de forma directa, dado que una parte de los clientes mantenía atrasos en los dos segmentos.

Para el Banco Central, se considera en mora a los deudores clasificados en Situación 3, con atrasos de entre 90 y 180 días; Situación 4, cuando la demora se extiende entre 180 días y un año; y Situación 5, para incumplimientos superiores a un año.

La normativa establece que la salida de esa condición tras una refinanciación es gradual. Un deudor en Situación 3 debe pagar dos cuotas mensuales consecutivas del nuevo crédito para pasar a Situación 2 y dejar de ser considerado moroso. Quienes se encuentran en Situación 4 necesitan abonar tres cuotas seguidas para avanzar a Situación 3, mientras que los clasificados en Situación 5 deben cumplir el mismo requisito para pasar a Situación 4.

Por esa reclasificación escalonada, una persona que refinanció una deuda desde Situación 4 requiere al menos cinco meses de pagos al día para salir de la mora. En el caso de los deudores ubicados en Situación 5, el plazo mínimo asciende a ocho meses.

Los abogados de la ciudad Jeremías Irigoytia y Heidi Boueke advirtieron sobre un escenario que se profundizó durante los últimos meses: consumidores que utilizan créditos no para invertir o proyectar a futuro, sino para pagar servicios, alimentos, alquileres y gastos cotidianos. Esa situación, explicaron, deriva muchas veces en un círculo del que resulta muy complejo salir.

“Hoy en día el tema número uno, muy lejos del segundo, tiene que ver con la situación particular económica en la que nos encontramos. La gente de clase media ha tenido que acceder a préstamos, se empezó a atrasar en los pagos y comenzó a utilizar la tarjeta de crédito para pagar el supermercado”, explicó Irigoytia.

Según señaló, esa dinámica generó que muchas familias ingresen en una “bola” de deuda sin saber cómo resolverla, mientras que del otro lado aparecen empresas y estudios de cobranza que despliegan distintos mecanismos para intentar recuperar esos montos.

“Hay mucha gente que no sabe cuáles son sus derechos, toma decisiones equivocadas, se asusta y se siente intimidada. Son cientos de consultas las que nos han llegado este año”, sostuvo el abogado.

Deudas que cambian de manos y cobranza agresiva

Uno de los puntos que más preocupa a los profesionales es el proceso mediante el cual algunas entidades financieras venden sus carteras de deudores a empresas dedicadas a la cobranza.

Irigoytia explicó que, según le transmitieron desde una entidad bancaria, cuando un cliente acumula alrededor de 90 días de atraso, muchas veces la deuda deja de ser gestionada directamente por el banco y pasa a formar parte de una cartera que es ofrecida a estudios o empresas especializadas.

“Publican toda la masa de deudores y las empresas que se dedican a la cobranza compran esas deudas. A partir de ahí cambia completamente la situación, porque empieza una persecución que realmente sorprende”, afirmó.

En ese escenario, aparecen llamados reiterados, reclamos a través de distintos canales y, en algunos casos, situaciones que los abogados consideran irregulares: “Muchas veces una persona recibe llamados de estudios jurídicos de cobranza por una deuda que ni siquiera sabe quién tiene. Cuando pregunta a quién le debe, no siempre recibe una respuesta clara”.

Además, señaló que es habitual que una misma deuda sea gestionada por distintos estudios, lo que genera mayor confusión para el consumidor.

Por su parte, Heidi Boueke hizo hincapié en que detrás de cada deuda hay una situación personal y económica que debe ser analizada. Remarcó que, si bien una deuda existe y debe ser afrontada, existen límites legales para la forma en que se realizan los reclamos: “Hay muchas conductas que están prohibidas. Se genera un hostigamiento hacia las personas, se comunican las deudas a familiares o a terceros, y eso está legalmente prohibido”.

En ese sentido, aclaró que las deudas son personales y que, salvo situaciones excepcionales, no pueden ser reclamadas a familiares, parejas, vecinos o empleadores.

“Tengo casos donde llaman al trabajo de una persona, donde esa persona atiende al público, y exponen una deuda personal delante de compañeros. Eso coloca al consumidor en una situación vergonzante y está prohibido”, sostuvo.

La abogada explicó que el problema actual no es solamente financiero, sino también social: “Antes un préstamo bancario estaba más relacionado con una inversión, con financiar estudios, una vivienda o un proyecto. Hoy muchas personas piden préstamos para pagar gastos corrientes, para pagar servicios o llegar a fin de mes”.

Esa situación provoca que muchas familias soliciten nuevos créditos para cubrir los anteriores, generando una “bicicleta” financiera: “Terminan sacando nuevos préstamos para pagar préstamos anteriores. El porcentaje del ingreso destinado a la deuda se vuelve incompatible con el sueldo y con cualquier posibilidad de progreso”.

Según explicó, es frecuente encontrar casos donde una persona tiene ingresos que no alcanzan para cubrir una cuota elevada: “Si alguien cobra 800 mil pesos y tiene una cuota de 600 mil, es evidente que en algún momento va a tener problemas porque no puede vivir con 200 mil pesos. La realidad es que muchas veces estas empresas buscan presionar porque saben que judicializar una deuda lleva tiempo y que existen límites para los embargos”.

¿Qué pueden hacer quienes tienen deudas?

Los profesionales remarcaron que el primer paso ante un reclamo es no actuar por miedo o desesperación.

Boueke recomendó solicitar siempre un detalle completo de la deuda: “Lo primero que hay que pedir es información. La entidad está obligada a explicar cuál era la deuda original, qué intereses se aplicaron, qué gastos se agregaron y cómo se llegó al monto reclamado”, indicó.

A partir de esa información se puede evaluar si el reclamo corresponde y qué alternativas existen. También destacó que muchas veces es posible negociar reestructuraciones, plazos más largos o quitas, especialmente cuando la persona tiene voluntad de pago.

“Hay gente que quiere pagar, pero no puede hacerlo en las condiciones que le plantean. Si sobre un préstamo de 100 mil pesos pretenden cobrar un millón y medio, la persona tiene derecho a analizar esa situación y negociar”, expresó Irigoytia.

Ambos abogados coincidieron en que el crecimiento del sobreendeudamiento no es solamente un problema económico. Tiene consecuencias en la vida cotidiana de las familias, genera estrés, conflictos y afecta la salud emocional.

“Es un tema social. La deuda genera problemas familiares, cambios en el humor, angustia y situaciones que después terminan impactando en otros ámbitos de la vida”, concluyó Boueke.

Mientras la situación económica continúa presionando a los hogares, la recomendación de los especialistas es clara: informarse, conocer los derechos y evitar tomar decisiones impulsadas por el miedo frente a los reclamos de cobranza.

La morosidad alcanza a unos seis millones de argentinos

Los incumplimientos siguen en aumento y ya afectan al 27,9% de los deudores. El deterioro es mayor entre usuarios de Fintech (como Mercado Pago) y tarjetas de consumo.

Los últimos datos elaborados por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) muestran que durante mayo de 2026 (y se estima que los de junio darán peor) alrededor de 5,8 millones de personas no pudieron pagar regularmente sus deudas.

En total, el 27,9% de los 20,9 millones de deudores registrados presentó algún tipo de irregularidad, mientras que la mora del crédito otorgado a las familias alcanzó el 15,3%.

El deterioro resulta aún más pronunciado fuera del sistema bancario tradicional. Mientras la irregularidad del crédito familiar llega al 12,3% en los bancos, entre las billeteras virtuales y otros proveedores no financieros de crédito trepa al 29,6%, el nivel más elevado desde que existen registros para ese segmento e incluso por encima del pico observado durante la pandemia.

La morosidad en la Argentina está en el nivel más alto de las últimas dos décadas principalmente por el endeudamiento de los hogares y el estallido de la irregularidad en las billeteras virtuales.

El nivel de morosidad en el sector privado alcanzó un máximo del 7,6% en mayo pasado, tras 19 meses de aumentos ininterrumpidos, según reflejó un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA).

El deterioro en el pago de los créditos se concentra con fuerza en las familias, donde el índice de morosidad en los bancos escaló del 2,5% en octubre de 2024 al 12,3% en mayo de 2026. Este incumplimiento se explica mayoritariamente por la mora en los préstamos personales (14,9%) y en las tarjetas de crédito (12,5%), que juntas representan el 73% del saldo irregular total.

En las fintech y billeteras virtuales, la situación es aún más preocupante ya que la mora saltó del 7,3% al 29,6% en el mismo periodo, perforando incluso el récord histórico registrado durante la pandemia de covid.

El informe destaca que, de los 20,9 millones de deudores que existen en el sistema, 5,8 millones ya se encuentran en situación de mora, en base a datos de la Central de Deudores del Banco Central (CENDEU).

En cuanto al perfil del deudor afectado, el trabajo refleja que casi 4 de cada 10 jóvenes de entre 18 y 34 años son morosos. En la franja de hasta 24 años, la tasa de irregularidad es del 40,9%. En relación al género, la cantidad de morosos se reparte casi equitativamente entre varones (50,2%) y mujeres (49,8%), aunque los varones tienden a endeudarse más con bancos y las mujeres con billeteras virtuales.

La región de Cuyo y el NOA presentan los niveles más altos de incumplimiento. La Rioja (22,8%), San Luis (20,1%) y Catamarca (20,0%) encabezan el ranking de morosidad, mientras que La Pampa (9,1%) y CABA (10,1%) registran los niveles más bajos.

Aunque la morosidad corporativa es menor a la de los hogares (3,0%), muestra una tendencia ascendente que afecta desigualmente al entramado productivo. La construcción es el sector más afectado con un 7,0% de irregularidad, seguido por el sector de alojamiento y servicios de comida (6,9%) y las actividades administrativas (5,5%).

El informe de CEPA confronta el diagnóstico del Gobierno, que atribuye la morosidad al "desconocimiento financiero", a "gastos irresponsables" o a la especulación con una posible devaluación.

Por el contrario, el estudio concluye que la causa estructural es la fuerte caída del salario real registrado, tanto a nivel público como privado, que acumula una retracción de entre el 8,7% y el 18,7% desde el inicio de la gestión de Javier Milei.

El endeudamiento, según CEPA, refleja “una insuficiencia de ingresos estructural y noconsumos irresponsables”, que se agrava por tasas de interés reales muy elevadas y un escaso control del riesgo por parte de las billeteras virtuales.

Asimismo, la entidad señaló que al actual escenario crítico se le suma que recientemente el presidente del BCRA, Alejandro Werning, afirmó que comenzará un nuevo ciclo crediticio que empujaría la economía, siendo más “saludable y selectivo”.

Al respecto, remarcó que “esto significa que las entidades proveedoras de crédito dejarán de considerar sujeto de crédito a aquellos que refinancian sus deudas”, sosteniendo que “resulta irreal que el crédito se vuelva en el corto plazo un motor de crecimiento como el Gobierno espera que sea”. 

Fuente: Noticias Argentinas