El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, se reunió con la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello. El encuentro fue para “coordinar la continuación de las obras de construcción de escuelas”, indicó el mandatario provincial en sus redes sociales.

“Nos reunimos para coordinar la continuación de las obras de construcción de escuelas que estaban paralizadas desde la gestión anterior”, detalló Frigerio.

Con @SPettovelloOK nos reunimos para coordinar la continuación de las obras de construcción de escuelas que estaban paralizadas desde la gestión anterior. Son obras de infraestructura esenciales para nuestra provincia y el futuro de los entrerrianos. Le agradezco a la Ministra y… pic.twitter.com/cHfThrmNin

“Son obras de infraestructura esenciales para nuestra provincia y el futuro de los entrerrianos. Le agradezco a la Ministra y debemos seguir trabajando en la coordinación de políticas públicas entre la Nación y la provincia”, remarcó el gobernador.

El ministerio de Capital Humano publicó hoy un informe alimentario y prometió “fortalecer” la entrega de mercadería a comedores populares en caso de que logren  “identificar” que “realmente existen". 

En medio del conflicto por la entrega de alimentos a los sectores sociales más vulnerables, la cartera que conduce Sandra Pettovello aseguró que asiste con “programas alimentarios a 4834 comedores, merenderos y puntos de entrega”. 

La ministerio informó además que está en proceso de "fortalecer" la asistencia a los comedores y "sumar nuevos", siempre que pueda "identificar que realmente existen".

El informe se dio a conocer luego de que la cartera fuera allanada el jueves pasado por el juez federal Sebastián Casanello en el marco de la medida cautelar que obliga a Capital Humano a repartir las seis mil toneladas de alimentos retenidas en galpones.

En tanto, la publicación que el ministerio que conduce Pettovello realizó en redes sociales indica que hubo “un incremento 137,5% -desde diciembre del 2023 hasta agosto del 2024- de la Tarjeta Alimentar, que pasó de $22.000 a $52.250”.

A su vez, el ministerio sostuvo que en diciembre de 2023, "entre la AUH y la Tarjeta Alimentar se cubría el 49,5% de la canasta básica alimentaria", mientras que actualmente "estas prestaciones cubren el 87%". 

"Alcanzamos a 3.803.356 chicos de 0 a 14 años", precisó Capital Humano. Fuente: Noticias Argentinas

En medio de un nuevo respaldo del presidente Javier Milei, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, presentó una nueva denuncia por presuntos hechos de corrupción ante la Justicia.

El organismo, que depende de la ministra Pettovello, realizó una auditoría sobre un fondo que debía ser destinado a proyectos productivos. 

Detectaron 22 hechos que podrían presentar irregularidades y presentaron toda la documentación ante la Justicia Federal para que se investigue.

En una entrevista con Radio Rivadavia, Milei destacó el rol de Pettovello y dijo que “va poco a los medios porque se la pasa persiguiendo a los corruptos”.

El director de Anses, Mariano de los Heros, presentó una denuncia ante la Justicia Federal para que se investigue el destino de más de 118 millones de pesos que integraban un fondo que debían ser asignados a obras de desarrollo productivo y que el gobierno anterior habría asignado de manera discrecional y sin cumplir requisitos mínimos de transparencia en la ejecución.

Pidió que se investigue la administración del Fondo de Afectación Específica para la Recuperación y el Desarrollo Argentino (FAE), por haber encontrado “inconsistencias y discrecionalidad tanto en la elección del destino de los fondos, como en la operatoria de rendición de los mismos”.

Por una denuncia similar a esta, presentada también por el organismo que conduce Pettovello, tomó estado público el escándalo de los seguros, que salpicó al ex presidente Alberto Fernández y su círculo más cercano de amigos y funcionarios, y que luego derivó en la difusión de los chats entre el ex presidente y su pareja, Fabiola Yañez, y la denuncia de violencia de género y comportamientos inapropiados para un jefe de Estado.

De acuerdo con los detalles de la acusación, los fondos que habrían sido desviados a fines no previstos por la normativa vigente al momento de la comisión de los hechos “ascienden a la suma de 118.625.555,22 pesos, que actualizados a valor presente por Índice de Precios al Consumidor desde el momento de cada desembolso harían un total de aproximadamente 423.451.935,45 pesos”, indicó Infobae.

Según la Ley N° 27.574, el FAE está integrado por las transferencias de los honorarios de funcionarios públicos designados como directores en las sociedades, fideicomisos o fondos comunes de inversión donde el Fondo de Garantías de Sustentabilidad tenga participación accionaria. 

También, dispone que “los activos que integran dicho fondo deben destinarse a la recuperación, la producción y el desarrollo argentino, para el desarrollo sustentable de la economía nacional y los controles que deben aplicarse para la transparencia en su administración”.

La denuncia involucra al menos veintidós hechos ocurridos durante el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner y podrían quedar encuadrados en los delitos de “abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público, defraudación a la Administración Pública y malversación de fondos públicos”.

“Tales conductas constituirían actos de corrupción en los términos establecidos por la Convención Interamericana contra la Corrupción de la OEA, al que nuestro país se encuentra adherida, ya que denotarían una administración discrecional e injustificada, que habría ocasionado, a priori, un perjuicio patrimonial a Anses y al FAE”, se indicó.

Al respecto, De los Heros resaltó que desde el inicio de la actual gestión se viene trabajando de manera coordinada con el Ministerio de Capital Humano “en la revisión y auditoría de todas aquellas actuaciones administrativas que han comprometido fondos públicos durante anteriores gestiones” y en ese proceso “hemos encontrado varias irregularidades o inconsistencias y hemos realizado las correspondientes denuncias en cumplimiento de nuestros deberes como funcionarios públicos”.

“No podemos ni debemos tolerar que el dinero de los argentinos, y en especial de nuestros jubilados, sea utilizado con fines políticos. Es mandato del presidente Javier Milei llevar a la justicia cada situación de posible corrupción que encontremos”, detalló.

Según se describe en la denuncia, de los 22 hechos detallados se desprende que los activos del FAE no habrían tenido como destino proyectos productivos conforme establece la Ley N° 27.574, y tampoco se habría respetado lo previsto en cuanto a dónde invertir dichos fondos, ni los principios de seguridad y rentabilidad que deben primar en toda inversión y que impedirían la utilización caprichosa de los fondos para fines distintos a los que la ley prevé”.

A través de la Asociación Promover Conin Gualeguaychú, la ciudad había recibido un cargamento de leche en polvo de los alimentos retenidos por el Ministerio de Capital Humano. Esta organización distribuyó parte de la leche a las familias incluidas en su programa de asistencia.

Por otro lado, la Asociación entregó 350 kilos de leche en polvo a la Secretaría de Desarrollo Humano Municipal para su distribución. Una vez recibida la mercadería, personal de la Dirección de Desarrollo Social coordinó diversas visitas a merenderos y comedores de la ciudad, los cuales desempeñan un rol fundamental en la atención de niños, adolescentes y adultos mayores en situación de vulnerabilidad.

La distribución se realizó en los espacios que forman parte del Registro de Merenderos y Comedores de Gualeguaychú, con el objetivo de reconocer el trabajo de las organizaciones y espacios comunitarios que comparten la meta de brindar contención en la problemática de la vulnerabilidad alimentaria.

En las últimas horas, se incrementó un 40% el valor de las prestaciones alimentarias que implementa el Programa Abordaje Comunitario del Plan Nacional Argentina Contra el Hambre, en el marco del Proyecto Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). La medida es supervisada por la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, que depende del Ministerio de Capital Humano.

Según informó Infobae, hubo un aumento de casi cuatro mil millones de pesos sobre el saldo de $8.308.997.000 que aún no habían sido ejecutados del total de $14.000.000.000 transferidos al programa en febrero de 2024. El objetivo sería mejorar la calidad de los alimentos destinados a los sectores más vulnerables y aumentar el valor nutricional de las prestaciones alimentarias.

La decisión fue comunicada al juez en lo Contencioso Administrativo Federal, Walter Lara Correa, quien atendió un recurso de amparo colectivo presentado por la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). Además, convalidó las políticas del Ministerio de Capital Humano y dio un plazo de 20 días hábiles para que se informen las políticas alimentarias implementadas.

Por su parte, desde el Ministerio informaron que, a partir del 1 de julio de 2024, se ratificaron los contratos de adquisición de productos alimenticios por un total de $5.271.003.000, destinados a la compra de leche y arroz. También destacaron que se mejoró la ingesta calórica de las prestaciones.

El programa cubre un universo de 1.550 comedores y merenderos, proporcionando 452.397 prestaciones diarias, lo que equivale a 9.952.734 prestaciones mensuales.Fuente: Filo.news

El fiscal Guillermo Marijuán investiga nuevas denuncias sobre personas que cobrarían por parte del Estado una Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) de manera irregular. Se trata de 334 casos de personas que viven en el exterior y reciben el beneficio a través de la ANSES; se suman a las 2.954 personas ya denunciadas y que el fiscal solicitó su baja al Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello.

Según la investigación fiscal son 3.288 personas mayores de 65 años, supuestamente “vulnerables” que regresaron a “su país de origen” hace “más de 90 días” y que no reingresaron a la Argentina, de acuerdo a lo que se desprende de los registros de la Dirección de Migraciones. El perjuicio anual para las arcas del Estado es de aproximadamente 6.000 millones de pesos.

Según pudo saber este medio, Pettovello le solicitó a la ANSES -organismo que depende de su cartera- realizar el entrecruzamiento de datos para dar de baja de inmediato los beneficios que se están abonando por fuera de la normativa.

Bajo estudio de la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos relativos a la Seguridad Social (UFISeS), a cargo de Marijuan, están otros 7.512 “titulares PUAM” que mantuvieron “intervalos fuera del país por más de 60 días”, lo que también transgrede la norma.

En base a lo que pudo saber este medio por fuentes judiciales, de estos 334 nuevos casos, “235 la ANSES ya los habría dado la baja” y la fiscalía de Marijuán va a judicializar. Los 99 restantes fueron advertidos a partir de una actualización de la información migratoria, ya que cumplieron más de tres meses fuera del país, lo que incumple con las normativas vigentes.

El oficio enviado por Marijuan a la ministra Pettovello, para que dé de baja a los beneficiarios que siguen cobrando de manera irregular el beneficio, detalla: “En el marco de la Investigación Preliminar identificada como caso Coirón N° 35662/2024, iniciada a efectos de constatar la existencia de beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) que hayan incumplido con la exigencia legal de permanencia en el país, dispuesta por el art. 13 inc. 5) de la ley 27.260, se solicitó a la Dirección Nacional Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTyS) que realizará un entrecruzamiento con los datos de titularidad y migratorios respectivos, organismo que mediante el archivo en formato Excel que se adjunta al presente, detectó la existencia de 2.954 titulares de la PUAM que, durante la vigencia de tal prestación, registraron salidas de la Argentina sin regreso posterior”.

Es por esa razón que el fiscal federal le solicitó a Pettovello: “Teniendo en consideración el plazo transcurrido desde que cada uno de los beneficiarios salió del país, evalúe la inmediata suspensión de la citada pensión, dado que resulta imperioso hacer cesar los efectos de una posible conducta delictiva vinculada al incumplimiento del requisito previsto en la normativa reseñada”.

Desde Capital Humano informaron a este medio que: “Al momento de recibir el oficio con los 2954 casos, ANSES estaba procesando el mensual de pago junio 2024. En ese contexto, respecto de ese universo, ya estaban suspendidos o dados de baja 285, de los cuales 239 como consecuencia de registrar, según la información suministrada por la Dirección Nacional de Migraciones, más de 90 días corridos afuera del país, y 403 fueron retenidos en el mensual de junio 2024 anteriormente referido por el mismo motivo”.

La ley 27.260 que instituyó la Pensión Universal para el Adulto Mayor -PUAM- y que determinó el beneficio de carácter vitalicio y no contributivo a personas mayores de 65 años en estado de vulnerabilidad, fue dictada en mayo de 2016, durante el gobierno de Mauricio Macri. Su reglamentación establecía -y sigue vigente- que el monto mensual sea “equivalente al 80% del haber mínimo garantizado”: al mes de julio es de $172.464,66 y está acompañada del bono extraordinario previsional, que es de $70.000 para las jubilaciones mínimas, por lo que los titulares de la PUAM en el mes de julio cobran $242.464,66.

Entre los requisitos de acceso y continuidad de cobro de la pensión, se establece que el beneficiario debe “ser ciudadano argentino nativo, por opción o naturalizado, en éste último caso con una residencia legal mínima en el país de diez (10) años anteriores a la fecha de solicitud del beneficio, o ser ciudadanos extranjeros, con residencia legal mínima acreditada en el país de veinte (20) años, de los cuales diez (10) deben ser inmediatamente anteriores a la fecha de solicitud del beneficio”.

Según el fiscal Marijuán, los más de tres mil beneficiarios que cobran a través de la ANSES la Pensión Universal para el Adulto Mayor “incumplen con la normativa de mantener residencia en el país”.

También se establecen como requisitos de acceso a la pensión:

-No ser beneficiario de jubilación, pensión o retiro, de carácter contributivo o no contributivo.

-No encontrarse percibiendo la Prestación por Desempleo.

Fuente: Infobae

Luego de una gestión realizada por la Secretaría de Desarrollo Humano y la Dirección de Desarrollo Social en el Ministerio de Capital Humano de la Nación, dos programas –uno educativo y otro referido a oficios y talleres– desembarcarán en cinco de los barrios más vulnerables de Gualeguaychú.

El primer programa está dedicado a terminalidad educativo para niveles primarios y secundarios, cuyo principal objetivo es que los que abandonaron el sistema educativo escolar que viven en esos sectores puedan terminar los estudios. 

El otro programa que se pondrá en marcha tiene que ver con una capacitación en oficios, los cuales no sólo serán los clásicos como podrían ser albañilería o carpintería sino también nuevos saberes como diagramación o para ser promotor ambiental. 

“La atención en este programa no es solo el oficio entendido en forma clásica, que por supuesto habrá muchos de eso, sino también que muchas personas se puedan también capacitar en otras cuestiones, sobre todo en las ambientales”, explicó a Ahora ElDía Marcos Henchoz, director de Desarrollo Social. 

Los enviados del Ministerio de Pettovello

El desembarco de estos programas se dio luego de la llegada de varios agentes del Ministerio de Capital Humano que vinieron a la ciudad a chequear por ellos mismos las condiciones de los barrios vulnerables candidatos a recibir este beneficio. Llegaron a mediados de la semana pasada y durante varios días realizaron un trabajo de campo mediante el cual recorrieron las zonas, conversaron con las familias que viven en esos lugares y enumeraron cada una de las inquietudes que les compartieron. 

“Recorrimos todos los barrios, hicimos contactos con los vecinos y ellos fueron charlando con todos y relevaron continuamente lo que decía uno y lo que decía el otro. Visitamos los Salones de Usos Múltiples (SUM) para ver cuáles van a ser los espacios físicos en los cuales vamos a estar trabajando estos programas. Además, también realizaron un abordaje integral de toda la comunidad, como la vinculación con la atención primaria de salud”, amplió el funcionario.

“Fue una muy buena experiencia la que hemos tenido con los agentes de Capital Humano que vinieron. Quedaron impresionados por lo que es Gualeguaychú por la potencialidad que tiene y por la infraestructura y los SUM, que es donde vamos a concentrar esta ayuda, tanto el de terminalidad educativa como el de los talleres de oficio”, agregó por su parte el secretario de Desarrollo Humano Juan Ignacio Olano. 

En la previa del desembarco de los enviados por el Ministerio de Capital Humano, los agentes habían adelantado que buscaban tener un contacto fluido con los funcionarios municipales –además de Henchoz y Olano, del recorrido también participó la viceintendenta Julieta Carrazza–, pero también hablar con instituciones intermedias que estén en contacto con los sectores vulnerables. En este caso, también se reunieron con el personal de Nación enviados de Cáritas Diocesana, representantes de los pastores evangélicos, integrantes de la Corporación del Desarrollo (Codegu) e trabajadores y autoridades de los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS).

“Nosotros manifestamos nuestra postura y hubo un marco de ida y vuelta con los técnicos muy fructífero. Ellos han sido muy amables y han mostrado un alto conocimiento de las problemáticas sociales. Se han mostrado muy sensibles y muy abiertos también, y sobre todo abiertos a opiniones. No fue algo unilateral de nosotros hacia ellos o viceversa, sino que estuvieron abiertos a sugerencias”, remarcó el Director de Desarrollo Social.

A mediados de la semana que viene, las autoridades de las diferentes dependencias de la Secretaría de Desarrollo Humano volverán a tener una reunión virtual con los enviados del Ministerio de Capital Humano, donde se van a ultimar los últimos detalles del convenio, entre ellos el monto de los fondos que bajarán a Gualeguaychú. Y aunque aún no se adelantó una cifra oficial, se estima que será cuantiosa y considerable, ya que la misma no sólo deberá sostener el salario de los capacitadores sino que además, sobre todo para el programa de oficios, se van a adquirir herramientas y maquinarias, algo que no es nada barato. 

Además, también se sabrá en cuánto tiempo se podrán poner en marcha, aunque se estima que será antes de fin de año, más que nada teniendo en cuenta que Gualeguaychú es una de las primeras ciudades del país –y la primera en Entre Ríos– en iniciar este tipo de gestiones en el Ministerio encabezado por Sandra Pettovello. 

“Estas van a ser todas capacitaciones que van a otorgar una certificación. Por lo tanto, las personas que realicen estos talleres van a salir con un reconocimiento, de tal manera que aquel que conozca el oficio tal vez se puede seguir perfeccionándose, y el que no sabe nada sobre el tema va a poder tomarlo como un buen momento para tener los primeros conocimientos y a su vez tomarlo como una fortaleza personal para buscar trabajo o presentarse a buscar trabajo”, sostuvo Henchoz.

¿En dónde se implementarán los dos programas?

El Ministerio de Capital Humano de la Nación tiene una serie de parámetros a la hora de poner en marcha estos programas. Estas zonas son las empadronadas en el Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP).

un barrio ReNaBaP es aquel comúnmente denominado como asentamiento y urbanización informal que se constituyeron mediante distintas estrategias de ocupación del suelo, que presentan diferentes grados de precariedad y hacinamiento, un déficit en el acceso formal a los servicios básicos y una situación dominial irregular en la tenencia del suelo, con un mínimo de 8 familias agrupadas o contiguas, en donde más de la mitad de sus habitantes no cuenta con título de propiedad del suelo, ni acceso regular a al menos 2 de los servicios básicos (red de agua corriente, red de energía eléctrica con medidor domiciliario y/o red cloacal).

En este contexto, son cinco los barrios en Gualeguaychú que entran en estos parámetros son los barrios Los Espinillos, el Tablita II (en la zona norte), el Quijano (en el oeste), y los ubicados en Calle Tropas y Ayacucho y Tropas y boulevard Martínez (en el sur).

“Es verdad que uno puede decir que hay otras zonas en la ciudad y que también necesitan esto, pero el concepto que trabaja Nación es referido a aquellos barrios vulnerables que están identificados como tal en la estructura nacional”, explicaron desde el Municipio.

Sin embargo, la intención de la Municipalidad es expandir en un futuro estos programas a otras zonas de la Gualeguaychú. “Lo que estamos charlando y gestionando es que no sea solo en los barrios ReNaBaP, sino que se pueda articular con otros barrios, como puede ser, por ejemplo, el barrio Médanos, el Villa María o el Zabalet. Es decir, lo que queremos es ampliar el radio, o que en todo caso sea un radio de confluencia al ReNaBaP”. 

“En estos programas la clave es el seguimiento y la continuidad de los cursantes. El gran compromiso nuestro es hacer un buen trabajo en el terreno, en la zona, y que sostengamos esto en el tiempo, porque el gran compromiso nuestro es poder brindar estas herramientas y que repercutan de manera favorable en la vida no sólo de las personas sino también de la comunidad en general. Para que dé resultado necesitamos trabajar la continuidad en el tiempo, que es el gran desafío siempre de todos los programas”, concluyó Henchoz.

La universidad había solicitado mediante una “cautelar autosatisfactiva” para que se ordene el cese automático de la retención de fondos y se proceda a la transferencia de más de 556 millones de pesos. Según trascendió hoy, el magistrado consideró que la pretensión de la organización “debe desestimarse porque no se aprecian las circunstancias excepcionales necesarias para acceder al reclamo por no resultar suficientes sus afirmaciones”.

También confirmó que del planteo efectuado por la Universidad “no se verificó la verosimilitud en el derecho en forma patente y que no se vislumbra acabadamente la supuesta arbitrariedad que denuncia por parte de la Administración Pública”. Y señaló que “en este proceso se discute un reclamo patrimonial, que debe encauzarse por otra vía, porque no se advierte la existencia de un perjuicio irreparable”.

Por otra parte, el Estado Nacional cuestionó la validez de la representación de la UNMPM de la rectora, Cristina Caamaño Iglesias Paiz, ya que “la designación por la resolución Nº 2534/23 del ex Ministerio de Educación, quedó sin efecto por la resolución Nº 45/24, emitida por el Ministerio de Capital Humano”. Es que denunció que el acta de fecha 5 de marzo pasado, “mediante el cual se dejó constancia de los comicios de asamblea llevados a cabo para su designación, carecen de validez, al no contar con la aprobación pertinente con lo previsto en el art. 49, de la Ley de educación superior y del art. 23, del Decreto Nº 176/96″, por lo cual, para el Gobierno “esto significa que la Universidad de Madres de Plaza de Mayo no tiene autorizada su puesta en marcha”.

El gobierno de Javier Milei decidió en febrero pasado suspender la apertura y poner bajo revisión las cinco universidades que creó el Congreso Nacional por ley durante la gestión anterior. Entre las afectadas estuvo la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo, la de Pilar, Río Tercero, en Córdoba, la de Ezeiza y la Del Delta.

En los fundamentos de la resolución se indicó que la medida se tomó para “evitar la duplicación y superposición de estructuras jerárquicas y garantizar que la oferta educativa cumpla con la calidad y pertinencia debida”. Por eso, consideraron que “resulta necesaria la adopción de medidas tendientes a revisar el inicio de actividades académicas de las Casas de Altos Estudios antes mencionadas”.

En los considerandos de la medida se aclaró que el freno de la apertura se mantendrá hasta tanto se pueda “determinar si el procedimiento administrativo exigido por la Ley de Educación Superior para crear nuevas universidades fue debidamente cumplido, si las condiciones allí establecidas fueron realmente satisfechas y se encuentren debidamente documentadas y si la pertinencia, oportunidad y la previsión del crédito presupuestario correspondiente, en base a un estudio de factibilidad, avaló la iniciativa”.

Las universidades fueron aprobadas tras un debate extenso en la Cámara de Diputados y en el Senado de la Nación y contó con los votos mayoritarios del kirchnerismo, de los partidos provinciales aliados y del radicalismo. El final de ese trámite se dio el 29 de septiembre, en la misma sesión en la que se aprobaron la eliminación de la cuarta categoría del Impuesto a las Ganancias y cambios en la ley de alquileres.

Luego de que Capital Humano informara de que Fundación Conin (Cooperadora para la Nutrición Infantil) sería la encargada de la recepción y distribución de la leche en polvo próxima para vencer.

Al respecto, en anteriores conversaciones con este medio, la presidenta de la filial local, María Renée Torres explicó que “hace tres meses se firmó un  convenio marco con el Ministerio de Capital Humano para recibir en todos los centros Conin de la Argentina ayuda alimentaria en pos de realizar acciones en conjunto para prevenir y tratar la malnutrición infantil, que el trabajo que llevamos adelante. Se trata de una entrega de  alimento para las familias que están en nuestro programa. Ahora, como es de público conocimiento tenemos la leche en polvo que tiene fecha de vencimiento próximo y, el gobierno le pide a fundación Conin que cada centro que se reparta. En particular acá lo que es nuestro centro, que es asociación Promover, solicitamos para las familias, para los niños y las embarazadas que vienen a nuestro centro y trabajamos semanalmente”. 

No obstante, a más de dos semanas de anunciada la noticia, Promover Conin Gualeguaychú todavía no recibió la entrega proveniente de nación. Sin embargo, el 8 de junio, llegaron a Concordia a través de la Fundación y del Ejército Argentino, 14.200 unidades de un kilo, que estaban destinadas a los Centros de Desarrollo Infantil (CDI), comedores, merenderos y módulos alimentarios. 

Desde la Fundación local no precisaron cuándo llegará la entrega para la ciudad: “Estamos a la espera”, manifestó su referente y no brindó detalles de cuándo estiman que recibirán los 1500 litros de leche que solicitaron. 

Recordemos que según la propia información del Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, son 339.867 kilos de leche en polvo que expiran ese mes: 30.240 kilos de la marca “Franz” que vencen el 7 de julio y el lote más grande de la marca “Vidalac” que expiran el 30 de julio. Toda esta mercadería debe ser distribuida a lo largo y ancho del país.