Micaela no fue una más. Si bien militó durante gran parte de su corta vida y con un compromiso ejemplar por los Derechos Humanos, nunca imaginó que su muerte sería el quiebre en una sociedad que indignada mostró su hartazgo frente a un nuevo femicidio. Hoy su nombre está vinculado directamente a una Ley 27.499, sancionada en 2018, un año después del crimen, que establece la capacitación obligatoria en género y violencia de género para todas las personas que trabajan en la función pública.

Este mes se cumplieron nueve años del femicidio que estremeció, no sólo a Entre Ríos, sino a todo el país. Casi una década ha transcurrido desde que “La negra” fue muerta de una manera indeseable para cualquier persona, y sin embargo la causa aún se mueve en los Tribunales de Gualeguay.

El principio del fin

Micaela García tenía 21 años ese 1 de abril de 2017 cuando desapareció en una calle de Gualeguay. Era de madrugada y recién había salido de una fiesta en el boliche King. Decidió caminar hasta el departamento donde vivía sin imaginar que esos pasos en la soledad de la noche, serían los últimos.

“La negra” era oriunda de Concepción del Uruguay. Su padre es Néstor García, más conocido por “Yuyo”, hombre ligado al deporte y a la educación en La Histórica. Y tal vez influenciada por su papá, Micaela vivía en Gualeguay porque estudiaba profesorado de Educación Física. La situación de esta chica era la misma que cualquier hija de cualquier persona que hoy estudie o quisiera estudiar en Gualeguay. Lo que ocurrió con Micaela le podría pasar hoy a cualquier mujer por el sólo hecho de ser mujer.

Eran las 5.23 de la madrugada cuando envió el último mensaje a su novio en Concepción del Uruguay para contarle que ya estaba regresando a su casa. Desde ese momento se perdió todo rastro con ella. No se supo qué pasó y sólo unas horas transcurrieron hasta que comenzó la búsqueda.

De “cacería”

Así se refirió Sebastián Wagner ante el por entonces fiscal del caso Ignacio Telenta, hoy juez de Garantías en Gualeguaychú, sobre lo que hizo junto a su jefe y amigo Néstor Pavón, en esa madrugada del 1 de abril de 2017. No tuvo ningún empacho en decir que habían “salido de cacería”.

Pero quién era Sebastián Wagner. Se trataba de un hombre que había sido condenado a 9 años de prisión que unos meses antes de asesinar a Micaela García, había recibido la libertad condicional por parte del ex juez de Ejecución de Penas de Gualeguaychú, Carlos Rossi. Al cumplir las dos terceras partes de su condena, el magistrado decidió concederle el beneficio porque, además, ya gozaba de salidas transitorias familiares.

Wagner tenía 30 años. Había sido empleado como matarife en un frigorífico hasta que en 2010 Wagner abusó sexualmente de una estudiante, luego de golpearla y robarle en su casa. Cuatro meses obligó a subir a su auto a una chica y luego la llevó a la fuerza a un parque, donde también la violó. En un juicio abreviado en 2012, después de ser reconocido por las dos víctimas y varios testigos, recibió una pena de nueve años en prisión. Dos años después surgió otro caso de abuso en el que lo incriminaban, aunque no lo pudieron condenar por ese hecho porque el violador estaba encapuchado y ante la prueba del ADN, Wagner culpó a su hermano gemelo.

Rossi le concedió la libertad condicional en julio de 2016 y menos de un año después mató a Micaela García. En una entrevista de 2014, Rossi mencionó que "ninguna de las opiniones que intervienen en los informes sobre un recluso es vinculante" sino que "son estudios que me dan orientación para una mejor decisión". Por esta decisión, Rossi fue sometido a un jury de enjuiciamiento en 2018 por mal desempeño y falta de idoneidad, pero resultó absuelto en una votación 4 a 3. Tras ello retomó sus funciones al frente del Juzgado de Ejecución de Penas de Gualeguaychú hasta su retiro en 2025.

La incomunicación de la familia con Micaela puso en alerta a la Policía. Comenzó la búsqueda y a medida que pasaban las horas, la solicitud de paradero empezó a ser noticia. Era una bola que comenzaba a crecer y el caso tomaba mayor participación en los medios de la provincia y poco a poco del país.

No se tardó mucho en llegar al nombre de Sebastián Wagner. En un video de esa madrugada, que muestra a Micaela García caminando en la noche saliendo del boliche, se observa que es seguida de cerca por un Renault 18, en el que iban dos personas, aunque no se alcanzaba a identificar los ocupantes. Con las horas se confirmó que pertenecía a Wagner.

Mientras se buscaba al sospechoso también se agrandaba la búsqueda de Micaela. Se la buscaba con drones y perros por la zona de Chacras de Gualeguay, hasta que en uno de los rastrillajes hallaron ropa que la joven de 21 años tenía al momento de su desaparición. Se trataba de un pantalón, una remera y una sandalia. Las esperanzas y el optimismo de encontrarla con vida para ese momento eran casi nulas. No había dudas que se trataba del mismo modus operandi de Wagner con los otros casos: “Elige mujeres jóvenes, estudiantes, las secuestra, golpea y viola y las abandona. Se desplaza en un auto con las víctimas y va tirando ropa en distintos lugares para desorientar a los investigadores", dijo una fuente del caso a Clarín en ese entonces.

Para ese momento, los investigadores estaban más cerca de localizar al principal sospechoso. Siguieron su rastro y pudieron determinar que había abandonado la provincia en un camión y que había llegado hasta Campana, donde lo fueron a buscar familiares de su madre. Finalmente, lo encontraron y detuvieron en el barrio Las Catonas, en una zona postergada de Moreno donde la mujer vivía.

También se detuvo al padrastro de Wagner, Fabián Ehcosor, y a Néstor Pavón, el dueño del lavadero de camiones donde trabajaba Wagner, a quien se lo señalaba como el coautor del hecho y el que había ayudado al principal sospechoso de escapar en un camión.

Pero todavía faltaba hallar a Micaela. Una semana después de su desaparición, en la mañana del sábado 8 de abril, fue encontrado el cuerpo de la chica. No había sido enterrada. Estaba al pie de un árbol, semidesnuda, con signos de haber sido golpeada y abusada.

Fue hallada en un descampado ubicado a ocho kilómetros de la ciudad y a unos tres kilómetros de la Ruta 12, pero un lugar medianamente cercano a donde se habían hallado las prendas el día antes. Además, la Policía había incrementado el rastrillaje por tierra y aire en esa zona luego de obtener información de una testigo que dijo haber visto el auto de Wagner la madrugada del 1 de abril. En ningún momento Wagner, que ya se encontraba detenido y había sido trasladado a Entre Ríos bajo un fuerte operativo de seguridad, ayudó con la localización del cuerpo.

La autopsia se realizó en la Morgue Judicial de Oro Verde. Allí se confirmó que la muerte había sido por estrangulamiento. Había sido asesinada el día de su desaparición. También había sido abusada.

El relato del horror

En su confesión, Sebastián Wagner aseguró que se turnó con su jefe, Néstor Pavón, para violar a Micaela. Admitió que había violado a Micaela García y Pavón la había asesinado para evitar que los denunciara. Fue en esa declaración donde dijo que habían salido de "cacería" después de haber consumido alcohol y drogas.

A Micaela la eligieron, la siguieron y, a pesar de su resistencia, lograron subirla a su Renault 18 donde, según sus propias palabras, "la violaron por turnos". Fue un abuso que se extendió durante todo el camino. Para Telenta, el caso estaba cerrado. No había dudas de la participación de Wagner y Pavón como coautores. La mataron y después, entre los dos también, ocultaron su cuerpo en el camino a Victoria.

El 17 de octubre de ese mismo año, y con todas las pruebas recolectadas y presentadas por Telenta, los jueces María Angélica Pivas, Roberto Cadenas y Darío Crespo condenaron a Wagner a prisión perpetua por "abuso sexual con acceso carnal y homicidio agravado por ser con alevosía, criminis causae y violencia de género".

Pero fue en esta sentencia que se abrió una trama que perdura hasta hoy. Los magistrados entendieron que Pavón no debía ser condenado como coautor del crimen, sino que se lo sentenció a cinco años por el delito de "encubrimiento". Para el Fiscal había pruebas que lo incriminaban como partícipe del femicidio, sin embargo, fue desestimado en ese rol por los tres jueces en Gualeguay.

Luego, esta sentencia fue a la Cámara de Casación en Concordia y esos magistrados coincidieron con la postura de la Fiscalía, pero cuando el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos tuvo que intervenir se basó en un tecnicismo sobre la imposibilidad de la Fiscalía a recurrir la primera sentencia y se ordenó la liberación de Pavón en 2020.

Cuando el caso llegó a la órbita de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el máximo órgano ordenó dar marcha atrás y la realización de un nuevo juicio como coautor del asesinato. Para la acusación hay sobradas pruebas que lo vinculan al crimen.

Hace unos días atrás, el coordinador de la Fiscalía de Gualeguay, Gamal Taleb, indicó a Análisis que "resulta una hipótesis muy poco probable que una sola persona haya manejado el auto, subido a la víctima por el asiento del acompañante y emprendido la huida raudamente al mismo tiempo”.

También, recordó que una testigo vio el auto de Wagner al amanecer y aseguró ver con claridad a dos ocupantes en el vehículo. Se encontraron rastros de barro en el asiento del acompañante que refuerzan la idea de que la víctima no pudo ser cargada por un solo individuo. Y una vecina escuchó a Micaela gritar en plural (“suéltenme”, “déjenme”)

El juicio contra Néstor Pavón será llevado a cabo durante varias jornadas entre octubre y noviembre próximo. Las audiencias están programadas para los días 29 y 30 de octubre, continuando el 2, 3, 6, 9, 10 y 11 de noviembre, y el Tribunal de juicio estará compuesto por los jueces Santiago Brugo, Maximiliano Larocca Rees y Nicolás Gazali. Pavón podría ser condenado a prisión perpetua.

Andrea Lescano, madre de Micaela García, la joven víctima de femicidio ocurrido en 2017, manifestó su indignación y "sentimiento de impotencia" tras ver el repudiable video que realizaron en la estación de servicio de Crespo. Estos materiales, que se viralizaron en redes sociales, mostraban imágenes en las que se trivializaba la violencia de género, algo que, según Andrea, refleja una preocupante normalización de la misoginia en la sociedad.

La situación se agravó aún más con los comentarios de mujeres que, lejos de rechazar esos contenidos, minimizaban la gravedad de los mismos y se ofendían al ser interpeladas por quienes pedían mayor reflexión sobre el impacto de tales videos.

Frente a este escenario, Andrea destacó la relevancia de fortalecer la capacitación sobre género en todos los ámbitos de la sociedad, y particularmente en las empresas, donde la impunidad y el desprecio hacia las víctimas de violencia de género aún parecen prevalecer. En ese sentido, señaló que la Ley Micaela, que establece la capacitación obligatoria en temas de género para todos los funcionarios públicos, debería ser implementada a través de una "educación popular", mucho más cercana y directa a la gente.

Pareciera que vivimos en una sociedad donde no hay límites para la deshumanización y hasta se vuelve una apología, una invitación a vivir en la crueldad", sostuvo.

Nos han llegado los videos en los cuales meten a mujeres en bolsas a modo de gracia. Entendemos que las intenciones con las que se hicieron probablemente no tengan, o eso queremos creer, la interpretación a la cual nos remite. Así mismo, esto habla del pensamiento “chato” y poco profundo que caracteriza a la actualidad. Esa falta de análisis crítico y profundidad en los contenidos que creamos, compartimos y consumimos a diario.

Meter una mujer en una bolsa nos remite a los momentos horrorosos vividos como sociedad, ya que, lamentablemente ese es el destino de muchas mujeres víctimas de femicidio en nuestro país (Candela, Ángeles, Flavia, Melina Daiana, etc). Esconder nuestros cuerpos donde se desecha el descarte: bastante gráfica es la intención del odio patriarcal para con nosotras.

No queremos ahondar en el morbo que provocan estas imágenes, ni en las empresas y/o personas involucradas, de eso debería encargarse la justicia. Sin embargo, queremos expresar que el daño que causan estas situaciones es inmedible, ya que forman parte de la violencia simbólica, invisible y legitimada, que construye un pensar social, una forma de crear cultura, desde la crueldad y la deshumanización. Esta violencia es la base que da pie y habilita todo acto de desigualdad por motivos de género, imaginen si esos videos son la base de la estructura que sostiene la violencia de género, de ahí hacía arriba ¿qué más hay?

Cambiar la cultura de una sociedad es un proceso muy largo ya que implica la construcción de nuevos hábitos, ahí trabajamos en cada capacitación en Ley Micaela. Pero este estilo de “trends” y los discursos de odio que se vienen sosteniendo en nuestro país, nos hacen retroceder muchísimo como sociedad, basta con ver los comentarios en redes y los actos de violencia física que se consuman luego del aval que propaganda el terrorismo sobre nuestros cuerpos.

Los discursos, los trends, los memes, los chistes, los recortes en redes… tienen consecuencias en la realidad y forman parte de ella. No queremos que nuestros destinos sean basura para la sociedad.

Fuente: ElOnce

Micaela era una gurisa de lo más normal y, a su vez, de lo más extraordinaria. Tenía 21 años y estudiaba en la Facultad de Ciencias de la Vida y la Salud de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader) el profesorado en educación física. Por muchos años hizo gimnasia deportiva, era alegre y amiguera, le gustaba militar en política y hacer laburo social en los barrios humildes. Frente a una injusticia su fuerte carácter la impulsaba a involucrarse. No había causa que para ella no sea un modo de vencer el egoísmo y la apatía. Pero esta cotidianidad, común a tantas otras jóvenes, era atravesada por una excepcional capacidad de liderazgo, madurez, dedicación, inteligencia, tesón y carisma que hacía que ella, en ningún ámbito, pasara inadvertida.

Desde el 2015, con la emergencia del #NiUnaMenos, “la Negra” no paró de convocar a otras pibas para salir a la calle, a las plazas o al barrio para generar conciencia y denunciar las violencias que mujeres y disidencias sufren en una sociedad aún moldeada por viejas estructuras de poder machista. Todas sus consignas, profundas y populares, no sólo estaban presentes en los discursos que daba en los plenarios militantes. Ella tenía la tremenda capacidad de defender sus causas en la más pequeña de las acciones cotidianas. Sea organizando una marcha, una jornada deportiva en la villa, peleándose con su abuela Graciela porque les tendía la cama a sus hermanos y no a ella, o retando a su papá porque no había lavado los platos, Micaela batallaba la igualdad con una pedagogía práctica e insistente.

Todas estas características forman parte de la semblanza que pintan a su familia y amigas, mientras construyen una memoria viva y alegre de aquella gurisa que sigue presente en todas sus cosas. La desaparición de Micaela, el 1 de abril de 2017, cuando regresaba a su casa tras una fiesta universitaria, conmovió no sólo a sus ámbitos próximos de pertenencia, sino que resonó como reclamo en todos los rincones de la Argentina. Había desaparecido una joven, en una ciudad tranquila y pequeña de Entre Ríos que, por su sencillez y sonrisa, parecía la hija de todos, la amiga de todas, la compañera de cualquier militante.

Es conocido el doloroso desenlace. Su caso, como tantos otros, reveló que la falta de perspectiva de género en aquellas personas que se desempeñan en el Estado puede incurrir en fallas graves que no protegen la vida ni la integridad de las personas y que, además, no garantizan derechos fundamentales. Su muerte violenta y evitable, pero sobre todas las cosas, su testimonio de vida y compromiso, recogido de manera admirable por su padre y su madre, convirtieron al nombre de Micaela y a su rostro en una bandera de lucha, de denuncia y de reivindicación. 

Un año más tarde, para diciembre de 2018, tras un arduo camino de construcción legislativa, y con el empuje comunicacional sobre la temática de género que provocó la denuncia pública de Thelma Fardin contra Juan Dartés, el proyecto de Ley Micaela llegó al recinto de la Cámara de Diputados (y diputadas) de la Nación obteniendo media sanción por amplia mayoría. Inmediatamente el senado dio por unanimidad su aprobación haciendo realidad efectiva a la Ley N° 27.499 o Ley Micaela – Capacitación obligatoria en la temática de género y violencia contra las mujeres. 

Lejos de abonar a una lógica punitivista, la Ley Micaela exhorta a un compromiso personal e institucional en la prevención de la violencia de género y en las actuaciones que desde el Estado se hacen sobre casos vinculados. Además, contribuye al fortalecimiento de ámbitos laborales libres de violencia y discriminación por motivos de género y, también, por otras razones que emergen a partir de los talleres donde circula la palabra y se abre espacio para el diálogo constructivo. 

Es importante destacar que la Ley Micaela no representó para el Estado Nacional ninguna erogación presupuestaria especial en sus cinco años de ejecución, los recursos que se destinaron a ella partieron de los propios presupuestos asignados a cada repartición. Este punto no es menor porque, de hecho, fue un reclamo por parte de quienes integramos los equipos de instrumentación de la Ley Micaela en los distintos organismos públicos. Cientos de trabajadoras y trabajadores del Estado, de manera voluntaria y ad honorem, se capacitaron y dictaron cientos de talleres además de continuar con sus labores sin percibir ningún pago especial por dicha tarea extra. 

Un capítulo especial merece el compromiso de vida que el padre y la madre de Micaela, “Yuyo” y Andrea, han adoptado para que la Ley sea una realidad. Con muchísima paciencia, formándose persistentemente y con su dolorosa experiencia de vida a cuestas, han recorrido el país dictando charlas, talleres, creando protocolos de actuación frente a casos de violencia y generando consciencia. Miles de personas se han capacitado en estos años en el marco del cumplimiento de la Ley 27.499 a lo largo y a lo ancho de toda la Argentina (judiciales; autoridades nacionales, provinciales y municipales; universidades; agentes estatales; instituciones deportivas; sindicatos; medios de comunicación; empresas y colegios profesionales) y probados casos demuestran que se lograron mejores intervenciones públicas que, incluso, lograron salvar vidas.

No obstante, como parte del nuevo clima de época que inauguró la gestión presidencial iniciada en diciembre de 2023, las conquistas en materia de reconocimiento de la violencia por motivos de género y promoción de los derechos de las mujeres y disidencias se vieron fuertemente cuestionadas y comenzaron a retraerse. Hoy la Ley Micaela está desarticulada a nivel nacional y en muchas provincias esto se replicó, a contrapelo de las políticas institucionales de todas las grandes empresas que siguen invirtiendo no sólo en la prevención de violencias sino en la promoción de la equidad de género y la deconstrucción de prácticas corporativas machistas. 

Y, como quien rema con entusiasmo contra la corriente, la Fundación Micaela García La Negra sigue dictando cursos breves de Ley Micaela para todas las personas que necesiten formarse para su desarrollo educativo, profesional o académico. En este mes de abril, el curso es “en memoria de Micaela” para seguir construyendo “la sociedad que Mica soñó”Si algo nos enseñó Micaela, en su corta pero provechosa vida de amor y solidaridad, es que seremos recordados y recordadas por la forma en la que elegimos vivir, no por la forma que alguien pudiera quitarnos la vida. Y ahí anda la Negra, expandida, multiplicada, usando como caja de resonancia el corazón de sus padres, presente en cada taller, en cada charla que busca construir una sociedad un poco mejor, menos injusta, donde las pibas puedan caminar solas por las calles silenciosas de sus pueblos.

Información para realizar el Curso Breve de Ley Micaela capacitacionesfundacionmicaela@gmail.com 

La Corte Suprema de Justicia de la Nación revocó una sentencia dictada en Entre Ríos por el femicidio de la joven Micaela García, ocurrido hace siete años, por defectos en la aplicación en materia de abordaje de violencia de género. Ordenó dictar un nuevo fallo sobre uno de los acusados, quien había sido condenado a cinco años por encubrir el crimen.

Micaela García, de 21 años, fue asesinada el 1 de abril de 2017 en la ciudad de Gualeguay, provincia de Entre Ríos. Tras salir de un boliche, desapareció y su cuerpo sin vida fue encontrado días después en un descampado, con señales de haber sufrido violencia física y sexual.

Por el crimen fueron condenados dos hombres en 2017. Sebastián Wagner, con antecedentes, recibió la pena a presión perpetua por delitos sexuales y Néstor Roberto Pavón a cinco años de prisión por encubrimiento del femicidio. La familia de Micaela García y la fiscalía apelaron el fallo porque acusan a Pavón de ser coautor del crimen.

La Cámara de Casación de Paraná confirmó la perpetúa de Wagner, pero anuló la condena de Pavón y ordenó un nuevo juicio. La defensa del acusado apeló y logró que el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos resolviera que fueron mal admitidos los recursos apelatorios de las partes acusadoras y anuló la orden de realizar un nuevo juicio.

Finalmente, tras una apelación de la fiscalía y la familia de Micaela, la Corte Suprema anuló el fallo de Casación y ordenó realizar un nuevo juicio que tenga en cuenta la perspectiva de género.

La Ley Micaela

El femicidio de Micaela García generó una gran conmoción a nivel nacional y provocó un debate sobre políticas de género que derivó en la ley de capacitación obligatoria en materia de género para los tres poderes del Estado, bautizada "Micaela".

Fue votada en diciembre de 2018 y promulgada al año siguiente, bajo el gobierno de Mauricio Macri. Era el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, creado en diciembre del 2019 por Alberto Fernández y disuelto por Javier Milei al asumir en 2023, quien supervisaba su cumplimiento y aportaba el contenido.

Según figura en el sitio del Gobierno nacional argentina.gob.ar, esta capacidad busca "transmitir herramientas y (de)construir sentidos comunes, que cuestionen la desigualdad y la discriminación, y transformen las prácticas concretas de cada cosa que hacemos, cada trámite, cada intervención, cada proyecto de ley y, en definitiva, cada una de las políticas públicas".

A siete años del femicidio de Micaela García, de 21 años, por pedido de la Fiscalía y de la querella que representa a la familia: la Corte Suprema de Justicia de la Nación investigará el rol de Néstor Pavón, dueño del lavadero en donde trabajaba Sebastián Wagner -confeso autor del femicidio-, que había sido condenado por encubrimiento.

"La justicia para Micaela es una respuesta para todas", señalaron en un comunicado publicado por la Fundación que lleva el nombre de la joven de Concepción del Uruguay asesinada en Gualeguay.

El Caso Micaela García

El femicidio de Micaela tomó relevancia nacional en 2017. Cuando desapareció y su búsqueda trascendió las fronteras de Gualeguay, Entre Ríos, la ciudad en la que vivía y estudiaba. Era militante feminista del Movimiento Evita y, el 1 de abril había salido a bailar.

El último mensaje que mandó fue a su novio a las 5.23 del día siguiente. Tras una intensa búsqueda, hipermediatizada, seis días después se encontró a Sebastián Wagner, autor del hecho. El cuerpo de Micaela fue hallado en un descampado el 8 de abril. En la Justicia se comprobó que fue violada y asesinada.

"Desde el primer momento sabemos que no actuó solo, y creemos que actuó con Néstor Pavón, hoy en libertad porque solo fue condenado como encubridor", precisaron en un comunicado compartido en las redes sociales de la fundación que lleva el nombre de la joven. Desde entonces, la familia apeló a todas las instancias "hasta que el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Entre Ríos, cerró el caso", dijeron.

El autor del libro "Micaela, la chica de la sonrisa eterna", Santiago García, escribió ayer en la cuenta de IG Chirimbote "¡Pavón nos debe explicaciones y la Justicia también! ¡Justicia para Mica y su familia!".

La Ley Ómnibus presentada por el gobierno de Javier Milei que comenzó a tratarse este martes en el Congreso modificará seis artículos de la Ley Micaela. El papá de Micaela, Néstor Yuyo García, y titular de la Fundación dijo que estar "preocupado" y explicó por qué se perdería el sentido la Ley con la modificación del artículo 1.

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Esta ley busca capacitar de forma obligatoria en perspectiva de género y prevención de las violencias de género a todas las personas que se desempeñen en la función pública quedaría derogada casi por completo si se aprobase.

"Con la modificación, la obligatoriedad de la capacitación es sólo para aquellas personas que integran las áreas de género del estado que tienen relación directa con la temática y es la gente que menos necesita porque si integran un área de género es porque tiene conocimiento", manifestó a Néstor García a Canal 9 Litoral.

Micaela García tenía 21 años cuando en la madruga del 1° abril de 2017, en Gualeguay, a la salida de un boliche, fue secuestrada, violada y asesinada por Sebastián Wagner, un hombre que tenía antecedentes penales por abuso sexual, pero gozaba de libertad condicional, a pesar de que varios informes técnicos desaconsejaban su liberación.

Luego, el magistrado enfrentó un jury de enjuiciamiento por mal desempeño y falta de idoneidad, pero fue absuelto y desde entonces se mantiene en su cargo.

Fue 4 a 3 la votación que decidió absolver al juez Rossi, el que le dio la libertad condicional anticipada a Sebastián Wagner, condenado a perpetua por el crimen de Micaela.

Los jueces Germán Carlomagno, Daniel Carubia y Miguel Giorgio; y el abogado Roberto Beherán votaron a favor de la absolución de Rossi, mientras que el senador Daniel Olano, la diputada Ester González y el abogado Jorge Campos lo hicieron por la destitución.

El papá de Micaela dijo en aquella ocasión: “Me decepcionó y desilusionó. Parecía un juicio donde sólo había defensa para Rossi, cuando la sociedad pedía con este jury que se aclaren las cosas”.

Rossi había llegado al jury imputado por “mal desempeño” de sus funciones por haber anticipado la libertad de Sebastián Wagner (estaba condenado a 9 años por dos violaciones y sólo cumplió 6) el 1 de julio 2016. Nueve meses después, en la madrugada del 1 de abril del año siguiente, el ex convicto atacó a Micaela García a la salida de un boliche de Gualeguay, la violó y la mató ese mismo día. Su cuerpo apareció el 7 de abril. A fines de 2017, Wagner fue condenado a perpetua.

Hace 22 años que Rossi se desempeña como “juez de Ejecución de Penas y Medidas de seguridad” de Gualeguaychú. Según declaró en la primera jornada del jury, le hubiera "gustado no haber ido a trabajar" aquel el 1 de julio de 2016 para no firmar la sentencia que le daba la libertad condicional a Wagner, cuando le permitió acceder al beneficio once meses antes de lo que le correspondía. ¿Las razones? Consideró que había cumplido con el “estímulo educativo” al terminar la primaria en prisión, hacer un curso de diseño gráfico por PC, uno de panadería, uno de carpintería y otro de instalaciones eléctricas.

"Micaela García fue mucho más que víctima de la violencia de género. Su compromiso como joven, mujer, estudiante y militante es una clara expresión del valor de nuestro pueblo. Su ejemplo y su recuerdo nos seguirá guiando siempre en el camino a una sociedad con justicia social". Con esas palabras el gobernador Gustavo Bordet recordó este sábado a la joven oriunda de Concepción del Uruguay, víctima de femicidio el 1 de abril de 2017, hace seis años.

A través de una publicación en sus redes sociales, Bordet manifestó: "La magnitud de los femicidios nos interpela como Estado y nos obliga a generar nuevas herramientas y mejorar las existentes para poner fin a la violencia machista".

Micaela García tenía 21 años y era militante del Movimiento Evita cuando en la madruga del 1° abril de 2017, en Gualeguay, a la salida de un boliche, fue secuestrada, violada y asesinada por Sebastián Wagner, un hombre que tenía antecedentes penales por abuso sexual, pero gozaba de libertad condicional, a pesar de que varios informes técnicos desaconsejaban su liberación.

La lucha por justicia de la mamá de Micaela, Andrea Lescano, y su papá, Néstor “Yuyo” García, junto al resto de su familia, sus amigas y amigos, así como el impacto social del caso, expusieron la carencia en perspectiva de género de los organismos del Estado y alertaron sobre la necesidad urgente de capacitar a sus integrantes. El resultado fue la sanción, en diciembre de 2018, de la Ley Micaela (N° 27.499) que obliga a capacitar en temas de género y violencias a todas aquellas personas que se desempeñen en la función pública en los tres poderes del Estado nacional: Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

Micaela García desapareció el 1 de abril de 2017 tras salir de un boliche en Gualeguay y su cuerpo fue hallado una semana después, semienterrado, cerca de la ruta nacional 12. De acuerdo a los peritajes forenses, la joven había sido violada y estrangulada el mismo día en que desapareció.

En junio de 2019, la Cámara de Casación Penal de Paraná confirmó la condena a prisión perpetua para Sebastián Wagner (de 31 años), y ordenó anular la sentencia para Néstor Pavón (de 35), para quien solicitaron que se sea sometido a un nuevo juicio oral.

Sin embargo, Pavón recuperó su libertad el 4 de septiembre de 2020 luego que la Justicia entrerriana aceptara su camioneta como alternativa a la caución de un millón de pesos que le había sido interpuesta, tras permanecer detenido tres años y cuatro meses.

Micaela García tenía 21 años cuando en la madruga del 1° abril de 2017, en la localidad de Gualeguay, a la salida de un boliche, fue secuestrada, violada y asesinada por Sebastián Wagner, un hombre que tenía antecedentes penales por abuso sexual, pero gozaba de libertad condicional, a pesar de que varios informes técnicos desaconsejaban su liberación.

La lucha por justicia de la mamá de Micaela, Andrea Lescano, y su papá, Néstor “Yuyo” García, junto al resto de su familia, sus amigas y amigos, así como el impacto social del caso, expusieron la carencia en perspectiva de género de los organismos del Estado y alertaron sobre la necesidad urgente de capacitar a sus integrantes. El resultado fue la sanción, en diciembre de 2018, de la ley 27.499, la Ley Micaela, que obliga a capacitar en temas de género y violencias a todas aquellas personas que se desempeñen en la función pública en los tres poderes del Estado nacional: Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

“La Ley Micaela es capacitación, parece algo lejano de poder salvar una vida, pero nosotros estamos convencidos de que hubo al menos tres instancias en el proceso previo de lo que le sucedió a nuestra hija que podrían haber evitado la muerte de Micaela”, sostuvo “Yuyo” García ante la Cámara de Diputados y Diputadas de la Nación, el 6 de mayo de 2020.

La joven entrerriana, a quien llamaban cariñosamente “la Negra”, era militante del Movimiento Evita y del Ni Una Menos, estudiante de Educación Física y oriunda de Concepción del Uruguay. Desde su asesinato, Yuyo y Andrea trabajan incansablemente para cambiar la realidad y cumplir algunos de los sueños de su hija, pero sobre todo, para sensibilizar sobre la temática y lograr que otras mujeres no pasen por lo mismo. Todo lo articulan desde la Fundación Micaela García “la Negra”, donde, junto a un grupo de voluntarias y voluntarios, realizan múltiples actividades de formación y labor social en territorio.

Aunque lograron trasformar el dolor en lucha, los 1° de abril asoma con fuerza. “En esta fecha siempre decidimos no hacer nada desde la Fundación por una cuestión de que no sabemos cómo vamos a estar emocionalmente”, relata Yuyo. Pese a eso, van a acompañar en Buenos Aires otras acciones: Andrea va a estar presente en la conferencia de prensa en la Biblioteca Nacional para pedir justicia por Paula Martínez, quien en 2016 fue víctima de una violación en grupo y terminó tomando la decisión de quitarse la vida. Y Yuyo va a asistir al homenaje que el Movimiento Evita nacional le hará a su hija en la sede porteña de la agrupación, en la calle Entre Ríos.

La causa a revisión

Si bien Wagner fue condenado a cadena perpetua en octubre de 2017, hay otros dos hombres que fueron solo fueron juzgados y penados por encubrimiento. Por eso, para la familia, se hizo justicia “parcial”.

“Nosotros creemos que Néstor Pavón también participó de la violación y del femicidio. Hay elementos en la causa como para suponer esto. El mismo Wagner dice que él la violó, pero que el que la mató fue Pavón”, detalla Yuyo a Télam.

Por eso, decidieron llevar el caso ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJ). “Es la última instancia en el país que tenemos para apelar”, agrega el padre de Micaela. Hace dos semanas, tuvieron la noticia de que el Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Entre Ríos elevó el expediente, luego de varios requerimientos de la propia Corte, a la cual la familia García fue “en queja” porque, según señalaron, la Justicia entrerriana no actuaba.

Alcances de una ley con nombre propio

Desde su sanción, ya adhirieron a la Ley Micaela todas las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y aproximadamente 500 municipios de todo el país. Dado que la norma alcanza al universo del personal del Estado, ya sean funcionarios o empleados, cualquiera sea su nivel, jerarquía o tipo de contratación, no es sencillo tener un mapa completo sobre su cumplimiento efectivo.

“Se va implementando, tal vez no como quisiéramos, con el compromiso que quisiéramos ni de la manera en que nosotros queremos, en la mayoría de los organismos públicos”, remarca Yuyo. Sin embargo, reconoce que en algunos casos “sí se están haciendo cosas muy interesantes”. Por ejemplo, destaca que la Prefectura Naval Argentina inició este año un proceso de capacitación para todas las dependencias del país. Otro caso son los talleres en diferentes penales bonaerenses, con personal penitenciario, internos y empleados del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, realizados en conjunto con la Fundación.

Durante el 2020 y el 2021, en la provincia de Buenos Aires se capacitaron 4310 máximas autoridades de 44 ministerios y organismos, y recibieron el curso para formadoras y formadores 1136 personas de 135 municipios.

En la cámara de Diputados de la Nación, 938 personas cumplieron con la Ley Micaela en 2021, y 84 en lo que va de 2022. En el caso del Senado, 969 trabajadores y trabajadoras aprobaron el curso hasta el momento.

Por su parte, el Instituto Nacional de la Administración Pública (INAP) informó que hasta diciembre de 2021 había capacitado a casi 47.000 integrantes de la Administración pública.

El Instituto Nacional de Capacitación Política (INCAP) lanzó una Diplomatura en Formación en Perspectiva de Género para Replicadoras y Replicadores de Ley Micaela, en conjunto con la Fundación Micaela García y la Facultad de Ciencias de la Vida y la Salud y el Rectorado de la Universidad Autónoma de Entre Ríos. Por las cohortes 2020 y 2021 ya pasaron más de 300 personas.

El último informe online del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad muestra los resultados de la implementación entre el 10 de diciembre de 2019 y el 10 de diciembre de 2020. Ese año, recibieron la capacitación agentes y funcionarios de 121 organismos correspondientes a los poderes Ejecutivo y Legislativo de la Nación, y 4461 máximas autoridades.

Pese a los avances, todavía quedan muchos organismos del Estado sin capacitarse. Incluso, están los que se resisten. “Ni sectores de las fuerzas de seguridad ni la Justicia están actuando como lo está demando la sociedad”, enfatiza Yuyo, y detalla que “esa actuación sin perspectiva de género es lo que sostiene que no baje mucho la cantidad de femicidios y que haya dificultades para denunciar situaciones de violencia por motivos de género”.

Incidir en las miradas sesgadas por la falta de perspectiva de género, que alimentan a su vez una cultura basada en la desigualad, es la esencia del compromiso cotidiano y la lucha que tomaron como bandera desde la Fundación Micaela. “Estos cinco años han sido duros para nosotros, pero hemos decidido dedicarle muchas horas al día y recorrer un camino para que los sueños que tenía de Micaela de transformar nuestro país y el mundo, al menos en una parte, se hagan realidad”, concluye Yuyo.

Gustavo Bordet recordó a Micaela García, la joven víctima de femicidio que fue hallada asesinada en Gualeguay en 2017 y cuyo caso conmocionó al país. El gobernador de Entre Ríos dejó un mensaje en sus redes sociales este 1 de abril, día en que se cumplen 5 años de su desaparición.

"Micaela García nos sigue interpelando. Su militancia llena de sueños, su compromiso con la justicia social y la igualdad de género, nos siguen enseñando. Micaela es ese futuro por construir, una sociedad sin violencia, sin miedos, con amor. Esa es la tarea", escribió Bordet.

Micaela García era oriunda de Concepción del Uruguay y vivía en Gualeguay, donde estudiaba el Profesorado de Educación Física. Tenía 21 años cuando desapareció en abril de 2017. Su cuerpo fue hallado una semana después en la zona rural de la ciudad.

Por el caso fue condenado Sebastián José Luis Wagner, un violador que estaba cumpliendo una pena de 9 años de prisión y se encontraba gozando del beneficio de salidas laborales. También se condenó a Néstor Pavón, empleador de Wagner, por encubrimiento agravado.

La Ley 27.499 fue promulgada el 10 de enero de 2019. Establece la capacitación obligatoria en género y violencia de género para todas las personas que se desempeñan en la función pública, en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación. Se llama así en conmemoración a la joven entrerriana.

Se propone lograr su plena implementación a través de procesos de formación integral, los cuales aporten a la adquisición de herramientas que permitan identificar las desigualdades de género y elaborar estrategias para su erradicación.

El objetivo es transmitir herramientas y (de)construir sentidos comunes, que cuestionen la desigualdad y la discriminación, y transformen las prácticas concretas de cada cosa que hacemos, cada trámite, cada intervención, cada proyecto de ley y, en definitiva, cada una de las políticas públicas.

Se trata de una oportunidad para jerarquizar la formación y ponerla al servicio del diseño de políticas públicas con perspectiva de género en clave transversal, es decir, en todo el Estado.

La Cámara de Diputados de Entre Ríos se encuentra al día con la capacitación en género y violencia contra las mujeres, a partir de la jornada de este viernes para trabajadoras y trabajadores legislativos que cerró el Plan Anual de Capacitaciones 2021, iniciado en mayo del año pasado. 

Las capacitaciones obligatorias, que se enmarcan en la Ley Nacional 27.499 ‘Ley Micaela’ y la Ley Provincial 10.768, se realizaron a partir de distintas instancias, orientadas tanto para autoridades, diputadas y diputados como también para el personal legislativo. 

El Plan contó con la aprobación del Observatorio de Seguimiento de aplicación de la Ley, creado a partir de la adhesión provincial, y se ejecutó durante todo el 2021 dividido en 5 módulos con los lineamientos y conceptos básicos y esenciales. Durante este año se desarrollarán distintos talleres con el objetivo de implementar contenidos prácticos. 

La Ley Micaela, bautizada en recuerdo del femicidio de Micaela García, se sancionó en 2018 con el objetivo de establecer la capacitación obligatoria en la temática de género y violencia contra las mujeres para todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación. En 2019 Entre Ríos adhirió a partir de una ley provincial. 

El presidente de la Cámara de Diputados, Ángel Giano, valoró el acompañamiento de diputadas, diputados y autoridades como así también de trabajadoras y trabajadores de la Cámara durante todas las instancias: “Entendimos la necesidad de cumplir con la Ley y aportar desde nuestros lugares a la construcción de una sociedad más justa y equitativa”. 

Por su parte la vicepresidenta primera de la Cámara, Silvia Moreno expreso: “Diputadas y diputados estamos comprometidos con los derechos de las mujeres y disidencias, y por eso es que desde el inicio de gestión trabajamos para colaborar con el cambio cultural que se necesita".

Hoy Micaela García hubiera cumplido 26 años. La ley que lleva su nombre promueve la capacitación en género de los tres poderes del Estado.Su lucha nos convoca a seguir construyendo una #ArgentinaSinViolencias. Como sociedad debemos unir fuerzas para que no falte ninguna más. pic.twitter.com/ztXOeujIGY — Alberto Fernández (@alferdez) August 9, 2021 La “Ley Micaela” (Ley N° N° 27.499) que fue sancionada en diciembre del 2018 y promulgada en enero del 2019, establece la capacitación obligatoria en la temática de género y violencia contra las mujeres para todas las personas que se desempeñan en la función pública en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación, en todos sus niveles y jerarquías. Esta Ley es fruto de la movilización social a partir del femicidio de Micaela García, una joven de 21 años, que en 2017 fue violada y brutalmente asesinada en Entre Ríos, por una persona que, teniendo dos condenas por abuso sexual gozaba de su libertad. La conmoción social que generó este caso, la violencia institucional que develó el hecho de que su femicida estuviera libre aunque tuviese estas dos condenas, y los debates emergentes como producto de las luchas sociales y cambios socioculturales, dieron fuerza a demandas históricas que exigían reconfiguraciones con fuerte dimensión institucional, que pusieran en primer plano la necesidad de capacitación en perspectiva de género a los organismos del Estado y a todos los agentes que lo conforman en sus distintos niveles y jerarquías. wagner El femicidio de Micaela García Micaela García, estudiante de Educación Física y militante del Movimiento Evita, desapareció el 1 de abril de 2017 tras salir de un boliche en Gualeguay y su cuerpo fue hallado una semana después, semienterrado, cerca de la ruta nacional 12. De acuerdo a los peritajes forenses, la joven había sido violada y estrangulada el mismo día en que desapareció. En junio de 2019, la Cámara de Casación Penal de Paraná confirmó la condena a prisión perpetua para Sebastián Wagner (de 31 años), y ordenó anular la sentencia para Néstor Pavón (de 35), para quien solicitaron que se sea sometido a un nuevo juicio oral. pavon Sin embargo, Pavón recuperó su libertad el 4 de septiembre de 2020 luego que la Justicia entrerriana aceptara su camioneta como alternativa a la caución de un millón de pesos que le había sido interpuesta, tras permanecer detenido tres años y cuatro meses. La decisión de excarcelar a Pavón fue adoptada a pesar de que aún está pendiente que se resuelva un pedido de la fiscalía, y de la querella, para que sea sometido a un nuevo juicio por el caso que lo tuvo como imputado.]]>

La joven fue violada y asesinada en 2017. Su caso inspiró a la Ley Micaela, que establece la capacitación en género de los tres poderes del Estado. "Su lucha nos convoca a seguir construyendo una Argentina sin violencias", expresó. ]]>