Así lo informó la responsable de Ambiente Municipal Ivana Zecca en Cero y Bolazo Stream. La funcionaria señaló que “ a las 18  horas se hará la inspección general del predio para que se den cumplimientos de todos los requisitos”.

Zecca aseguró que “el complejo cuenta con las factibilidades” y que “el  impacto ambiental y del funcionamiento, van a variar de acuerdo a los eventos que se realicen”. 

En este sentido, manifestó que “todas las actividades afectan, el tema es la magnitud, si es temporal o crónico. En este caso, es una cuestión acotada en el tiempo, planificada, que tiene las medidas para minimizar los impactos. Se le da la habilitación porque cumplió todos los requisitos. Esto nos va a favorecer, porque es un lugar que está pensado para eventos, y nos va a permitir minimizar el impacto de eventos que se estaban haciendo en el puerto”.

La responsable de Ambiente afirmó que “el efluente de los baños del predio termina en la planta de tratamiento de efluentes cloacales de la ciudad”, y resaltó “el Municipio emite los certificados, y eso nos da responsabilidad y control”.

Sobre la audiencia pública celebrada la semana pasada y que involucró al Parque Industrial dijo “nuestro principal objetivo es hacer compatible el desarrollo y el cuidado del medio ambiente. Hoy las condiciones están dadas para que eso ocurra, porque están los desarrollos tecnológicos. Hemos acompañado la puesta a punto de la Planta de Tratamiento del Parque Industrial para que logre entrar en régimen. Hoy el PIG está funcionando dentro de parámetros que marca la legislación”.

Por último, Zecca se refirió el escenario político del próximo año y no descartó ser candidata: “No lo pienso, vengo trabajando para que la gestión ambiental marque la diferencia, pero voy a  estar donde sume al proyecto. Creo en el intendente, me parece que es un distintito, que se nota en su gestión hoy. Lo que ha hecho Gualeguaychú con recursos propios es muy importante. Voy a estar donde me convoquen”.

A través de la disposición de los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEEs), se recolectaron 35 bolsones de residuos, con 14.700 kilos, que serán enviados a la empresa Puro Scrap ubicada en la provincia de Buenos Aires.

Esta iniciativa permite que componentes valiosos reingresen al ciclo productivo, evitando que terminen en vertederos comunes o dispersos en zonas no autorizadas de la ciudad.

La licenciada Ivana Zecca, responsable de la Subsecretaría de Ambiente y Seguridad Alimentaria, destacó que “la campaña tiene como fin principal brindar una solución técnica y ambientalmente segura para estos dispositivos”. Según explicó la funcionaria, “la correcta gestión de estos residuos no solo favorece la recuperación de materiales, sino que ayuda a reducir significativamente el impacto ambiental, ya que muchos de estos aparatos contienen componentes potencialmente peligrosos para la salud y el ecosistema si no son manipulados adecuadamente”.

Los RAEEs comprenden aquellos dispositivos de uso diario que, al agotarse su vida útil, requieren una disposición especial. Entre ellos se encuentran equipos de la línea blanca, como heladeras y lavarropas; de la línea marrón, que incluye televisores y sistemas de audio; y de la línea gris, compuesta por computadoras, teléfonos celulares e impresoras. Debido a su composición compleja, resulta fundamental que los vecinos separen estos elementos de los residuos domiciliarios tradicionales y los trasladen a los puntos de recepción específicos dispuestos por la comuna para asegurar su trazabilidad y reciclado final.

Para facilitar este proceso, el Estado municipal mantiene operativos dos Centros de Transferencia donde se aceptan dispositivos de las tres líneas mencionadas. El Centro de Transferencia Nº 1 funciona en el predio del ex frigorífico, en la intersección de calle Tropas y Perón, mientras que el Centro de Transferencia Nº 2 se encuentra ubicado en Boulevard Martínez y Maestra Torrilla.  Ambos espacios permanecen abiertos todos los días en el horario de 7 a 19 horas.

El Juzgado Federal de Gualeguaychú resolvió que, por el momento, no existen elementos suficientes para procesar ni sobreseer a los 10 imputados en la investigación sobre la actividad de areneras en el departamento Islas del Ibicuy. El magistrado a cargo, Hernán Viri, dispuso profundizar la investigación para delimitar responsabilidades funcionales.

La resolución judicial, dictada este 27 de abril, establece que las pruebas recolectadas hasta la fecha no revisten la entidad necesaria para un procesamiento, aunque tampoco resultan categóricas para desvincular definitivamente a los implicados. La medida alcanza a exministros, autoridades actuales del gobierno provincial y referentes municipales.

Detalles de la resolución

La medida comprende a los exministros de Producción y Economía, Juan José Bahillo y Hugo Ballay; a la exsecretaria de Ambiente, Daniela García; y a las autoridades actuales: el ministro de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo; la secretaria de Ambiente, Rosa Hojman; el director de Desarrollo Minero, Ricardo Iturriza; y el funcionario Osvaldo Fernández. Asimismo, incluye al intendente de Ibicuy, Ezequiel Maneiro, al exintendente Gustavo Roldán y a la presidenta de la firma Cristamine S.A.

En sus considerandos, el magistrado señaló la existencia de una "duda razonable" respecto de la relevancia penal de los hechos investigados. La causa se centra en presuntas irregularidades en la renovación de certificados de aptitud ambiental y supuestos daños en el arroyo El Cuartillo producto de la actividad arenera.

Pasos de la investigación

Durante la etapa de indagatorias, las y los involucrados presentaron sus descargos fundamentando sus actuaciones en la normativa vigente y la distribución de competencias administrativas. Para avanzar en el esclarecimiento, el juez dispuso requerir informes detallados al Gobierno de Entre Ríos sobre las atribuciones y responsabilidades de los organismos involucrados entre 2022 y 2024.

La investigación continuará durante el mes de mayo con nuevas declaraciones testimoniales de especialistas del área de Gestión Ambiental de la Secretaría de Ambiente. El objetivo es realizar una evaluación integral de la situación procesal de los implicados una vez analizada la nueva información técnica.

La Secretaria de Ambiente sancionó con una multa de 36.998.349 pesos a un particular, por el transporte y acopio irregular de envases vacíos de fitosanitarios, incumpliendo la normativa vigente, una práctica que pone en riesgo la salud de la población.

La medida se originó tras dos operativos realizados en 2024 en la intersección de las rutas 11 y 174, donde personal de la Policía de Entre Ríos interceptó al infractor en dos oportunidades circulando con envases fitosanitarios en forma ilegal. En total, se detectaron más de 900 unidades ocultas en el vehículo. La autoridad ambiental destacó la gravedad del hecho, al constatarse que el infractor intentó ocultar la carga para evadir los controles policiales y que los materiales eran transportados hacia destinos no autorizados. Según las actuaciones, el transporte se realizaba con fines comerciales y de lucro, sin ningún tipo de habilitación ambiental, ni protocolo de seguridad.

La resolución de la Secretaría, dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico, obliga al infractor a abonar el monto en un plazo de 10 días. De este modo, la provincia reafirma su compromiso con la fiscalización territorial y apela a la responsabilidad de todos los actores de la cadena agroindustrial para utilizar exclusivamente los Centros de Almacenamiento Transitorios (CAT) habilitados, asegurando así un ambiente sano para todos los entrerrianos.

La 22ª Marcha al Puente Internacional General San Martín, que se llevará a cabo el próximo 26 de abril bajo la consigna “Sin agua no hay vida”, fue declarada de interés municipal con la aprobación de los concejales de todos los bloques. Organizada por la Asamblea Ambiental de Gualeguaychú, la movilización constituye una de las expresiones más emblemáticas de la comunidad en defensa del ambiente. La iniciativa incluye concentración en Arroyo Verde, oración ecuménica, lectura de proclama y caravana hacia el puente internacional.

Durante la sesión, también se trataron diversos expedientes con despacho de comisiones, entre ellos el proyecto de ordenanza sobre Contribución por Mejoras Especial que determina de utilidad pública la pavimentación con asfalto de 150 cuadras de la ciudad estableciendo que el 50 % del costo total será absorbido por el Estado municipal y el 50 % restante por los frentistas, e incluye facilidades de pago, descuentos por pago anticipado, beneficios para jubilados, pensionados y Veteranos de Malvinas, y la apertura de un Libro de Oposición para garantizar la participación ciudadana.

Además, se declaró de interés municipal la III Expo Feria de la Comunidad Codegu (Agencia de Desarrollo Gualeguaychú) 2026, que se desarrollará los días 18 y 19 de abril en los Galpones del Puerto. También se declaró de interés el Campamento Nacional de Patrullas “Canapa”, organizado por Scouts de Argentina los días 2 y 3 de mayo en el Balneario Camping Ñandubaysal.

Desde la Subsecretaría de Ambiente y Seguridad Alimentaria y Áreas Naturales Protegidas de la Municipalidad de Gualeguaychú invitaron a participar de esta actividad abierta y gratuita con el objetivo de fortalecer el conocimiento ciudadano sobre una especie fundamental para el equilibrio ecológico y promover una convivencia armónica y responsable en el ámbito urbano.

La misma estará a cargo de María Ayelén Lutz, licenciada en Biología con orientación en zoología y doctora en Ciencias Naturales por la Universidad Nacional de La Plata, referente en el estudio de mamíferos, especialmente de murciélagos. Además, participa desde su creación en el Programa de Conservación de Murciélagos de Argentina y ha realizado relevamientos en once provincias del país.

Durante la charla se abordarán los siguientes ejes: generalidades de los murciélagos, su diversidad y roles ecológicos; los murciélagos presentes en Gualeguaychú; los problemas más frecuentes de convivencia; zoonosis y estrategias de prevención; qué hacer si se encuentra un murciélago caído; el protocolo de exclusión seguro; y la instalación de refugios artificiales como herramienta de conservación.

La cita es este miércoles 15 de abril a las 18 horas en la Caja Municipal de Jubilaciones, Pensiones y Retiro (Mitre 34). Se recomienda llegar con anticipación. 

Este domingo 12 de abril a las 16 horas, se llevará a cabo una nueva jornada de Plogging. La actividad es organizada por Interact Gualeguaychú Oeste, organización de voluntariado adolescente patrocinada por Rotary Club Gualeguaychú Oeste.

El punto de encuentro será el Club de Pescadores en Costanera del Tiempo. Desde allí, los participantes caminarán recolectando residuos sobre la orilla del río Gualeguaychú. La actividad se enmarca en lo que Rotary International considera el Mes del Ambiente, ya que el 22 de abril será el Mes de la Tierra.Interact viene realizando jornadas similares desde hace varios años, en el Camino de la Costa, Parque Unzué Chico y Grande, Costanera. El último fue en febrero, en el marco de la organización de un campamento sobre intercambio de jóvenes del Distrito rotario 4945, donde participaron unas cincuenta personas.

Lo recolectado será separado en tres categorías: colillas por un lado; botellas, plásticos y papeles por otro; y tapitas en un tercer grupo. Todo se deposita luego en los cestos para que desde la Municipalidad se lo retire, y en la medida en que sea posible sea reciclado. 

La actividad está destinada a personas de todas las edades, interesadas en llevar adelante estas buenas prácticas ambientales. Al finalizar la jornada, habrá una merienda compartida con los adolescentes que se sumen a la actividad. Se invita a que lleven algo para compartir, así pueden conocerse entre quienes tienen interés en colaborar con la comunidad.

En una resolución determinante para la causa (3276/2026) la justicia federal resolvió avanzar con la acción preventiva de daños en materia ambiental presentada por los legisladores del peronismo entrerriano -Guillermo Michel, Marianela Marclay y Adan Bahl- entendiendo que “la normativa que surge de la ley 25.675 de política ambiental nacional otorga la facultad al juez interviniente de “disponer todas las medidas necesarias para ordenar, conducir o probar los hechos dañosos en el proceso, a fin de proteger efectivamente el interés general”.

Michel señalo que: “la resolución adoptada por la justicia es fundamental para la defensa de las costas entrerrianas del Rio Uruguay. No solo queda claro que la justicia federal es competente, sino que además ordeno parte de las medidas que solicitamos”.

En esa línea ordenó avanzar con una Pericial Ambiental a cargo de un perito a los fines de que se expida sobre los puntos de pericia ofrecidos (estado actual del agua, turbulencia, etc.).

También ordeno requerir a la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) que informe si se ha comunicado a dicho organismo el proyecto de planta de “e-Combustibles” en Paysandú, República Oriental del Uruguay por parte de la empresa HIF Uruguay y si la empresa HIF Uruguay ha presentado ante dicha comisión el Estudio de Impacto Ambiental Transfronterizo del proyecto.

Por último, se ordenó requerir vía exhorto judicial a la Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental (DINACEA) del Ministerio de Ambiente de la República Oriental del Uruguay y al Banco Central de Uruguay que informen y/o remitan:

·        Fecha de presentación ante la autoridad competente de la “solicitud de autorización ambiental previa” efectuada por la empresa HIF.

·        Copia certificada de la “solicitud de autorización ambiental previa” presentada por la empresa HIF Uruguay.

·        Copia del “Estudio de Impacto Ambiental (EsIA)” presentada por la empresa HIF Uruguay SA. y/o HIF Global LLC y/o sus subsidiarias o empresas vinculadas, del proyecto de planta de “e-Combustibles” en Paysandú, República Oriental del Uruguay.

·        Fecha de realización de audiencia pública en el proceso de evaluación de impacto ambiental.

·        Requerir al Banco Central del Uruguay que informes beneficiarios finales, según la ley 19.484, de HIF Uruguay SA. y/o HIF Global LLC y/o sus subsidiarias o empresas vinculadas.

Por último, el diputado nacional señalo que “coincidimos con el Gobernador que este tema no da lugar para ‘berreteadas’ ni para ‘pensar en la chiquita’, esperemos que entienda que no alcanza con enojarse ni mostrarse ofuscado en los medios. Que los vecinos de Colón necesitan que la planta se relocalice y que este tema requiere profesionalismo y constancia de trabajo, no títulos en los medios o videítos en redes”.

La Subsecretaría de Ambiente de Gualeguaychú avanza en la implementación de políticas públicas orientadas a la erradicación de la tracción a sangre. En ese marco, la subsecretaria Ivana Zecca detalló las acciones que se están llevando adelante para solucionar la problemática, entre ellas la creación del Registro Único Municipal de Equinos.

Respecto a la aplicación de la Ordenanza Nº 12.837/2023, que establece la creación del “Programa de Sustitución de Vehículos de Tracción Animal”, Zecca señaló que se encuentran trabajando en la evaluación de las “posibilidades concretas de implementación plena” de la ordenanza vigente, así como en la elaboración de una reglamentación que permita una aplicación “más efectiva y viable en el territorio”.

La subsecretaria subrayó que este proceso “no solo pone el foco en el bienestar animal, sino que también incorpora una mirada social indispensable para lograr un cambio real y sostenido en el tiempo”. En esa línea, consideró fundamental abordar la situación de las personas que dependen de esta actividad, generando alternativas que eviten la reincidencia.

“Se busca impulsar políticas públicas que brinden herramientas para nuevas salidas laborales, promoviendo la inclusión y el acompañamiento”, expresó, y agregó que para ello “resulta clave la intervención articulada de distintas áreas municipales, con el objetivo de garantizar una implementación integral y eficaz”.

“El acompañamiento a las personas que hoy dependen de esta actividad es clave para evitar que los animales vuelvan a ser utilizados en condiciones inadecuadas”, enfatizó.

En relación al destino de los equinos que dejen de ser utilizados para la tracción a sangre, Zecca aclaró que la política en desarrollo “no se limita únicamente a retirarlos de la actividad, sino que contempla su destino y bienestar a largo plazo”.

En ese marco, explicó que los animales serán incorporados al Registro Único Municipal de Equinos, lo que permitirá su identificación mediante chipeo y un seguimiento más riguroso. Asimismo, indicó que los propietarios continuarán siendo responsables de garantizar condiciones adecuadas de cuidado, sanidad y alojamiento.

Zecca aprovechó a brindar más detalles sobre el Registro Municipal de Equinos y detalló que su objetivo es “identificar, censar y controlar la población equina dentro del ejido urbano”. En ese sentido, destacó que el chipeo de los animales “constituye una herramienta fundamental”, ya que permite su identificación individual mediante la implantación de un microchip.

Zecca remarcó que este procedimiento “facilita la trazabilidad, el control sanitario y la determinación de la titularidad”, al tiempo que promueve una tenencia responsable. Además, sostuvo que el registro y chipeo “contribuyen a prevenir situaciones de abandono, extravío, robo o circulación indebida en la vía pública”, fortaleciendo tanto la seguridad urbana como el bienestar animal.

En cuanto a la implementación, indicó que el Municipio avanza de manera progresiva y que, en una primera etapa, el chipeo se está realizando sobre los equinos secuestrados en operativos de control. “La implementación del chipeo no solo responde a una obligación normativa, sino que también representa una política pública orientada al ordenamiento, control y protección de los equinos en el ámbito municipal”, afirmó.

Por último, volvió a referirse a la tracción a sangre, y señaló que, en los casos que corresponda, se evaluarán alternativas como la relocalización, la adopción responsable o la permanencia bajo supervisión, priorizando el bienestar animal.

Qué dice la normativa de tracción a sangre

La Ordenanza Nº 12.837 fue aprobada en 2023 de forma unánime por el Concejo Deliberante, que consideró que era una problemática que necesitaba respuesta. Sin embargo, a pesar de que el texto planteaba un plazo de 12 meses para su plena implementación, todavía no se ha logrado.

La normativa establece la creación del “Programa de Sustitución de Vehículos de Tracción Animal” en Gualeguaychú, con el objetivo de eliminar progresivamente el uso de caballos para tirar carros en el ejido urbano y promover alternativas laborales para los trabajadores que dependen de esta actividad.

Además, dispone que el Municipio implemente mecanismos de reconversión laboral, incluyendo capacitación, acompañamiento y acceso a herramientas como motocarros o vehículos alternativos, articulando con instituciones educativas, organismos y empresas. También prevé el relevamiento de los trabajadores alcanzados por el programa y el análisis de propuestas individuales o colectivas para sustituir la actividad económica.

En paralelo, la ordenanza regula el destino de los equinos, estableciendo que podrán ser entregados voluntariamente o secuestrados en caso de incumplimiento, garantizando su protección, cuidado y eventual adopción. Asimismo, contempla un régimen sancionatorio para quienes continúen utilizando vehículos de tracción a sangre una vez vencidos los plazos establecidos.

Cada 26 de marzo se conmemora el Día Mundial del Clima, una fecha establecida para concientizar sobre la relevancia del clima en la vida del planeta. Proclamada en 1992, la fecha busca promover la reducción de emisiones, la protección de recursos naturales y la adopción de prácticas sostenibles. 

La conservación de la naturaleza en el departamento enfrenta un desafío mayúsculo: cómo proteger los ecosistemas en medio del avance urbano, la expansión agrícola y el cambio climático. En los últimos años, la ciudad y su entorno rural han comenzado a trabajar en políticas más integrales de conservación, que buscan no solo proteger especies puntuales, sino también recuperar los procesos naturales que sostienen la vida.

En diálogo con Ahora ElDía, Guillermo Treboux coordinador de Conservación y Planes de Manejo del municipio, explicó que uno de los ejes prioritarios del trabajo es la protección del tordo amarillo, una especie emblemática para la región y símbolo de la ecorregión pampeana. “El tordo es nuestra especie insignia. Está categorizado como en riesgo crítico de conservación, y las poblaciones en Gualeguaychú son muy bajas. Imaginate que en unas pocas cuadras de la ciudad hay más personas que tordos libres en el campo”, señaló.

Además, a través del tordo se intenta conservar los pastizales naturales, un ambiente que ha sido profundamente transformado por la agricultura y la urbanización. “Esta ave se inscribe en una situación común a muchas especies de la Pampa. Nuestra zona, especialmente el sur de Entre Ríos, forma parte de la ecorregión pampeana, que es una de las que menos representatividad tiene en el país desde el punto de vista de la conservación. Menos del 1% de su superficie se encuentra bajo alguna categoría de manejo o protección. Por eso, a partir de un ave, que es fácilmente identificable podemos transmitir mejor la información a la población y generar mayor conciencia”, explicó.

Desde esa perspectiva, la conservación no es sólo una tarea técnica, sino una postura ética frente al resto de los seres vivos. “La naturaleza nos provee todo: alimentos, agua, materiales. Si atentamos contra ella, estamos atentando contra nosotros mismos. Lo que debemos preservar no son únicamente las especies, sino los ciclos naturales que sostienen la vida”, dijo.

Guillermo Treboux destacó que los esfuerzos de conservación locales se inscriben en un marco político más amplio. Desde la reforma constitucional de 1994, la Nación delegó en las provincias la potestad sobre los recursos naturales, y son los municipios los que finalmente administran los territorios. “Por eso es fundamental que los municipios se involucren. Identificar sitios de alto valor para la biodiversidad ayuda a ordenar el uso del suelo y a prevenir conflictos futuros. Cuando no hay planificación, el territorio se desordena, y eso siempre trae consecuencias”, afirmó.

En ese sentido, considera que la conservación debe entenderse como una actividad humana, orientada por la ciencia y el consenso social. “Un plan de manejo no es otra cosa que un acuerdo entre nosotros sobre qué cosas podemos y no podemos hacer en un determinado espacio. Es una herramienta de organización, no una imposición”, explicó.

El objetivo, a largo plazo, es lograr que Gualeguaychú se consolide como un territorio modelo en conservación dentro de la región. “Nuestra zona tiene un enorme potencial. Si logramos proteger los pastizales, conservar el tordo y mantener la conectividad entre las reservas, el resto del elenco faunístico se beneficiará. Ese es el verdadero sentido de la conservación: generar efectos positivos en cadena”, concluyó.

La Fiscalía Federal de Concepción del Uruguay se pronunció a favor de aceptar la competencia de los legisladores nacionales Guillermo Michel, Adán Bahl y Marianela Marclay, quienes presentaron una demanda contra la República Oriental del Uruguay y la empresa HIF. También determinó que el proceso debe tramitar ante el Juzgado Federal de esa ciudad.

Los diputados nacionales Guillermo Michel y Marianela Marclay, y el senador nacional Adán Bahl, lograron un avance en la demanda presentada contra el Estado uruguayo y la empresa HIF Uruguay SA (Expediente 3276/2026) con el objetivo de prevenir los daños ambientales que podría causar la instalación de una planta de combustibles sintéticos en Paysandú (Uruguay), a solo tres kilómetros de Colón, sobre el río Uruguay.

En el marco de esa acción civil, el pasado 18 de marzo la Fiscalía Federal de Concepción del Uruguay se declaró a favor de aceptar la competencia y opinó que el proceso debe tramitar ante el juzgado federal de dicha ciudad.

De esta manera, la justicia está en condiciones de evaluar las medidas preventivas solicitadas por los legisladores, incluyendo un reconocimiento judicial de las costas del río Uruguay y el análisis de las aguas del río.

Para los legisladores la instalación de la planta en cuestión no está cumpliendo con la normativa que debe aplicarse al caso, esto es, la establecida en el Estatuto del Río Uruguay y la jurisprudencia fijada por la Corte Internacional de La Haya en el caso “Botnia-UPM”.

En ese sentido, presentaron la demanda civil de prevención de daños conforme lo previsto por los artículos 1710, 1711 y concordantes del Código Civil y Comercial de la Nación (C.C.C.N), y lo prescripto por el artículo 319 del C.P.C.C.N.

Asimismo, los legisladores del peronismo pusieron a disposición de la ciudadanía el sitio web amigosdelriouruguay.com para acceder a información del expediente. “La transparencia y el acceso a la información son fundamentales en un tema que puede afectar al Río Uruguay y a nuestras comunidades”, expresaron.

El gobernador Rogelio Frigerio ratificó que la provincia recurrirá a la Justicia internacional si es necesario para frenar la instalación de una refinería de combustibles sintéticos e Paysandú frente a Colón, sobre el río Uruguay. “Si no nos queda más remedio en esta lucha, vamos a recurrir a las cortes internacionales, que es donde se dirimen los conflictos entre naciones”, afirmó.

Las declaraciones fueron realizadas este lunes durante una reunión de trabajo que el mandatario encabezó en Colón junto al intendente José Luis Walser, legisladores nacionales y provinciales y representantes de distintos sectores, con el objetivo de actualizar información y analizar las gestiones realizadas en torno al pedido de instalación de la planta, una preocupación que involucra a distintos sectores de la sociedad entrerriana.

Frigerio repasó las gestiones realizadas ante autoridades del vecino país. “Tuve cuatro reuniones con el presidente de Uruguay y con los ministros más importantes involucrados en esta temática, tres en Uruguay y una en Argentina. En dos de ellas estuvimos acompañados por el canciller argentino y el embajador en Uruguay, manifestando claramente cuál es nuestra posición”, explicó.

El gobernador subrayó que se trata de un tema que trasciende a la provincia. “Las relaciones exteriores las maneja el gobierno Nacional, por eso es fundamental que nos acompañe en esta lucha. Es una cuestión de Estado para Entre Ríos”, remarcó.

Junto a las diputadas nacionales Alicia Fregonese y Blanca Osuna, señaló que el estudio de impacto ambiental del proyecto se encuentra en elaboración y que, a pedido de la provincia y del gobierno Nacional, ahora incluye a Colón dentro de su área de análisis. “Estamos siguiendo muy de cerca ese estudio y sus conclusiones serán definitorias para los próximos pasos”, concluyó.

Por su parte, el intendente de Colón, José Luis Walser, agradeció al gobernador por su presencia y destacó su compromiso con la problemática. “Agradecemos que esté comprometido con el territorio y con esta causa que representa, para nuestra comunidad, la microrregión y gran parte de Entre Ríos, una lucha que necesita del acompañamiento de todos”, expresó.

Asimismo, definió la planta de hidrógeno de HIF Global como “un proyecto que amenaza nuestro desarrollo, nuestra calidad de vida, nuestro ambiente, nuestro río y nuestra salud”. Y aseguró que por ese motivo “venimos trabajando para lograr que este proyecto no se localice en ese lugar, que la refinería no se instale sobre el río Uruguay”.

El intendente colonense pidió que se concrete la Mesa de Cancilleres, prometida para este mes en curso, exigió que los gobiernos nacionales de ambos países “tomen cartas en el asunto”. En particular, planteó que el argentino “tenga una postura más firme” y haga respetar lo comprometido en Cancillería respecto a “mantener informados a los gobiernos nacionales, regionales y locales de las acciones que se vayan desarrollando”.

“El Uruguay viene, sistemáticamente, realizando acciones o dando pasos en pos de la instalación de esta refinería de manera inconsulta con la Argentina, y nosotros, como país, lo tenemos que marcar”, reclamó Walser, recordando que “ya tenemos una historia donde Uruguay se manejó de esta manera y después terminó instalándose la pastera Botnia”.

La oposición sigue muy de cerca la convocatoria a audiencia pública sobre la reforma de la Ley de Glaciares, que se llevará a cabo los días 25 y 26 de marzo, y, pese a que no se conoce públicamente el listado de los anotados, aseguran que ya hay 18 mil inscriptos y reclaman a al oficialismo que se amplíen las jornadas de participación.

A menos de una semana que se lance formalmente el llamado, la cantidad de interesados en participar se fue incrementando de a miles. Tanto, que el diputado Maximiliano Ferraro comparó: "Llenamos un Movistar Arena... y un poquito más".

Ferraro, de la Coalición Cívica, junto a sus pares Sabrina Selva (Unión por la Patria) y María Inés Zigarán (Provincias Unidas), enviaron este martes una nota al presidente de la Cámara baja, Martín Menem; al secretario Parlamentario, Adrián Pagán; y a los titulares de las comisiones de Recursos Naturales y Asuntos Constitucionales, José Peluc y Nicolás Mayoraz, respectivamente.

En la misiva, los legisladores solicitaron que "se disponga la ampliación de la audiencia pública" convocada para el tratamiento del proyecto que ya cuenta con media sanción, "a fin de garantizar una participación ciudadana amplia, efectiva y acorde a los estándares establecidos por el Acuerdo de Escazú (aprobado por Ley N° 27.566)".

Al fundamentar la legislación que garantiza la participación y escucha ciudadana en la toma de decisiones ambientales, los integrantes de la Comisión de Recursos Naturales remarcaron que "al momento se han registrado más de 15.000 personas para participar. Sin embargo, el formato previsto (dos jornadas de nueve horas cada una, con exposiciones limitadas a cinco minutos por participante) permitiría, en el mejor de los casos, la intervención de aproximadamente 216 expositores, lo que representa una fracción mínima de los inscriptos".

"La obligación asumida por el Estado no se agota en la mera convocatoria formal de una audiencia pública, sino que exige adoptar las medidas necesarias para garantizar que la participación pueda ejercerse de manera real y sustantiva, especialmente cuando existe un interés público masivo en intervenir en el proceso", enfatizaron.

A su vez, recordaron que en las audiencias públicas por el debate de la legalización del aborto durante 2018, "la Cámara de Diputados realizó 15 audiencias públicas a lo largo de casi dos meses, con más de 106 horas de debate y 738 expositores, a lo que se sumaron 5 audiencias adicionales en el Senado con cerca de un centenar de oradores".

"Debe considerarse que la masiva inscripción de participantes refleja la diversidad de sectores sociales, académicos, científicos, productivos, empresarios y territoriales interesados en intervenir en el debate", señalaron Ferraro, Selva y Zigarán, publicó Ámbito.

En ese sentido, consideraron que "limitar materialmente el acceso a la palabra a un número reducido de expositores no solo restringe el ejercicio del derecho a la participación, sino que también empobrece la deliberación democrática".

"Un proceso legislativo en el cual las instancias de participación pública resulten meramente formales o simbólicas incrementa significativamente el riesgo de judicialización, en tanto podría alegarse que no se han respetado de manera adecuada los estándares de participación establecidos por la Ley General del Ambiente y por el Acuerdo de Escazú, así como los criterios fijados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación respecto del carácter sustantivo de las audiencias públicas en decisiones que afectan derechos colectivos", advirtieron. 

Fuente: APF Digital

El juez Federal Hernán Viri estuvo en el estudio de Cero y Bolazo, donde se refirió a la causa que involucra al Parque Industrial con hechos de contaminación. 

“Recientemente desde la Codegu presentaron un plan en el que nos dijeron qué estaban haciendo y cuál es la idea de seguir adelante. Lo quiero analizar bien. El fiscal federal también lo va a analizar. Y después, antes de decidir nada, muy probablemente haga una audiencia pública, no sólo con las partes, sino también con la ciudadanía. Y después de eso, tomaré la decisión que tenga que tomar con respecto al Parque Industrial”, señaló. 

Viri contó que “la pericia que llevó adelante la Policía Federal Argentina, arrojo que había una afectación ambiental, los sedimentos encontrados, están contemplados en el anexo 2 de la ley 24.051. Este plan que presentó la Codegu, también quiero ponerlo a consideración de la ciudadanía, y en función de escuchar a todas las partes, tomar una decisión”. 

El juez Federal reconoció ser consciente de que una posible “clausura del Parque Industrial puede afectar a muchos trabajadores”. Sin embargo, destacó “en esta tensión constante que hay entre un bien jurídico y el otro, el juez tiene que tratar de adoptar un temperamento armonioso, porque una vez que se afecta el medio ambiente, es muy difícil la reconstrucción, algunas veces es imposible, y al mismo tiempo es importante el avance industrial, las fuentes laborales, por eso no dispuse directamente la clausura, y propuse la búsqueda de arribar a una solución”.  

La intervención se concretó luego de un proceso de inspección y seguimiento realizado por distintas áreas municipales. Tras las actuaciones correspondientes, se obtuvo la conformidad de los propietarios del terreno ubicado sobre calle Federación, para avanzar con una recomposición integral del predio, tanto desde el punto de vista ambiental como sanitario.

El lugar era motivo de reclamos reiterados por parte de vecinos de la zona desde hace años, quienes manifestaban su preocupación por el funcionamiento del criadero de cerdos en un sector urbano y sin respetar las normativas vigentes, entre ellas la Ordenanza N.º 10781/05, que regula este tipo de actividades dentro del ejido de la ciudad.

Luego de la intervención del Gobierno municipal, los animales fueron reubicados por sus propietarios en otro predio alejado del ejido poblacional, en cumplimiento de la normativa vigente. Paralelamente, personal municipal llevó adelante tareas de saneamiento ambiental que incluyeron el retiro de camiones cargados con toneladas de residuos acumulados en el lugar.

Posteriormente, con la intervención de maquinaria vial, motoniveladoras realizaron trabajos de recomposición del terreno, permitiendo recuperar el espacio y mejorar las condiciones ambientales del sector. 

La Subsecretaría de Ambiente y Seguridad Alimentaria, anunció la apertura de inscripciones al Programa de Educación Ambiental (PEA) para el ciclo 2026. Esta iniciativa, instituida por la Ordenanza N° 11732/2012, busca fortalecer la conciencia ambiental en la comunidad mediante acciones educativas concretas, prácticas y adaptadas a todos los niveles del sistema educativo, tanto formal como no formal.

“La educación ambiental no es solo información, es una herramienta transformadora que permite construir una ciudadanía comprometida con el cuidado del entorno. Iniciamos este proceso en las aulas y lo sostenemos con políticas públicas que promueven cambios reales en el día a día, para que Gualeguaychú siga siendo un referente en sustentabilidad”, expresó la subsecretaria de Ambiente y Seguridad Alimentaria, Ivana Zecca.

Entre las actividades principales se destacan:

- Charlas y talleres interactivos en las propias escuelas y centros educativos, diseñados según el nivel y las necesidades de cada grupo.

- Visitas guiadas al Ecoparque (espacio de tratamiento y valorización de residuos con sectores interpretativos) y a la Reserva Natural Las Piedras, un área protegida que resguarda ecosistemas nativos y permite vivenciar directamente la importancia de la conservación.

- Jornadas de voluntariado ambiental en barrios, con participación activa de estudiantes y vecinos.

- Elaboración de materiales educativos vinculados al calendario ambiental y a problemáticas locales.

Para garantizar el acceso equitativo y facilitar la participación de escuelas de todos los sectores, el Gobierno municipal ofrece transporte gratuito a las instituciones inscriptas que realicen las salidas a Ecoparque y Reserva Las Piedras. Los cupos son limitados y se asignan estrictamente por orden de inscripción, por lo que se recomienda anotarse con anticipación.

Las instituciones interesadas (jardines, escuelas primarias, secundarias, terciarios o universidades) pueden inscribirse de manera sencilla contactando al equipo del programa vía WhatsApp o llamadas al 3446-538979, de lunes a viernes de 7 a 13 horas.

El senador nacional Adán Bahl y los diputados Guillermo Michel y Marianela Marclay del peronismo solicitaron intervención en la causa en carácter de Amicus Curiae, y el juez federal subrogante, Hernán Viri, hizo lugar al planteo sosteniendo que “se encuentran acreditadas las condiciones de legitimación necesarias”.

En ese marco, junto a los legisladores Gustavo Bordet y Blanca Osuna, y los intendentes de San José y Pueblo Liebig, Gustavo Bastián y Julio Pintos, pusieron a disposición de la ciudadanía el sitio web https://www.amigosdelriouruguay.com para acceder a información del expediente. “La transparencia y el acceso a la información son fundamentales en un tema que puede afectar al Río Uruguay y a nuestras comunidades”, manifestaron.

“Del expediente surge que no se habría activado el procedimiento de información y consulta previa previsto en el artículo 7 y siguientes del Estatuto del Río Uruguay, el cual obliga a los Estados a regular y limitar el uso del río y proteger su medio ambiente”, señalaron.

En ese sentido, puntualizaron que “el artículo 7 es claro: cuando un país pretende realizar una obra que pueda afectar la navegación del río, su régimen, o la calidad de sus aguas, debe comunicar a la CARU acompañando la documentación técnica y los estudios correspondientes, para permitir la evaluación de sus efectos por la otra parte”.

Finalmente, los legisladores peronistas cuestionaron el rol del Gobernador en la situación: “En diciembre de 2019, cuando Rogelio Frigerio era ministro del Interior, la delegación argentina ante la CARU designada por su gestión aprobó la Resolución 28/19 que modificó el Digesto del Río Uruguay debilitando estándares ambientales. Hoy afirma defender el ambiente y el río, pero lo cierto es que fue su propia gestión la que impulsó una decisión que viola el artículo 41 del Estatuto del Río Uruguay”.

El primer encuentro para tratar la reforma de la Ley de Glaciares se concentró en la definición de los mecanismos de discusión para su votación en Diputados. Si bien el plan inicial del Gobierno proyectaba para el 12 de marzo la sanción de la propuesta ya aprobada en el Senado, en un plenario de comisiones de Recursos Naturales y Asuntos Constitucionales definió no llevar la iniciativa a sesión este mes. La oposición solicitó más tiempo de debate y participación ciudadana.

"Teníamos contemplada la posibilidad de extender el debate para después no estar corriendo con el dictamen", aseguraron desde la conducción legislativa libertaria, donde sugirieron que podía ser convocada algún funcionario del Ejecutivo para respaldar el proyecto. "Es un pequeño triunfo, pero hay que cuidar este mes para que no se den vuelta diputados. Hoy ellos no tienen los votos en el recinto y tienen que revertir votos del peronismo", analizaron desde un bloque opositor.

La propuesta modifica la Ley 26.639 de Presupuestos Mínimos para la Protección de los Glaciares y del Ambiente Periglaciar, ratificando a los glaciares como reservas estratégicas de recursos hídricos. Además, añade la posibilidad de autoridades competentes locales de determinar cuándo se trata de "estratégica" la reserva y poder intervenir en la composición del Inventario Nacional de Glaciares (ING), incluyendo o removiendo un "glaciar o geoforma periglacial" según lo contemplen, incluyendo "una instancia de participación ciudadana".

Esta potestad provincial, que se impondría por sobre el criterio del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), se ratificó con las dos reformas de último momento que incorporó el Senado antes de sancionar el proyecto con 40 a favor y 31 en contra. En estas reformas se removió la posibilidad de que la Cancillería intervenga en caso de zonas fronterizas y se eliminó la autoridad de un Comité de Cuenca de fiscalizar cuencas interjurisdiccionales en caso de potencial impacto ambiental.

Debate exprés o audiencias en provincias

El objetivo de la oposición en el inicio del debate fue evitar que se replique la metodología de tratamiento implementado en el Senado de la Nación, en donde hubo sólo dos reuniones de comisiones: una de los gobernadores de las provincias mineras el 17 de diciembre y otros de las empresas junto a ambientalistas el 18 de diciembre. Luego de eso, se dictaminó el proyecto hasta su votación en el recinto, el pasado 26 de febrero.

Dentro de la oposición, la bonaerense Sabrina Selva (Unión por la Patria), la porteña Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) y la jujeña María Inés Zigarán (Provincias Unidas) solicitaron una serie de encuentros en la ciudad de Buenos Aires y otras en diferentes distritos, por el carácter interjurisdiccional de las cuencas hídricas. Ferraro argumentó que el 36% del territorio continental tiene como fuente hídrica el deshielo glaciar, mientras que el bonaerense Juan Grabois (Unión por la Patria) pidió garantizar el traslado a las provincias para que puedan intervenir comunidades afectadas que no tengan acceso a Internet.

A ello, el santafesino Nicolás Mayoraz (La Libertad Avanza) contraofertó una sola audiencia pública el 25 de marzo, con cinco minutos de intervención por exponente. Con el transcurso del debate, el diputado oficialista cedió y propuso dos encuentros, uno presencial el 25 de marzo en la ciudad de Buenos Aires y el otro abierto a la participación en plataformas el 26 de marzo, con reuniones de comisiones conjuntas posteriores para dictaminar. A pesar de ello, advirtió que "el tiempo es finito".

El plenario en el que participó la Comisión de Recursos Naturales ocurre un día después de la suspensión de una actividad que iba a tener lugar en el mismo espacio, con el objetivo de revisar los fondos para prevención de incendios en la provincia de Chubut. "Evitan dar la cara por los incumplimientos del Gobierno en la prevención y combate contra el fuego, precarizan a los brigadistas, retienen fondos que deben enviar a los bomberos y apuran la entrega de los Glaciares", criticó la rionegrina Adriana Serquis (Unión por la Patria), publicó Ámbito. 

En un paso significativo hacia la preservación de la biodiversidad local, el Gobierno de Gualeguaychú firmó el Decreto N.º 191/2026, mediante el cual se crea la Mesa de Conservación del Tordo Amarillo (Xanthopsar flavus). Esta iniciativa, enmarcada en el Sistema Municipal de Áreas Protegidas y Biodiversidad dependiente de la Subsecretaría de Ambiente y Seguridad Alimentaria, busca coordinar acciones interinstitucionales para proteger esta especie emblemática, declarada en peligro crítico a nivel nacional y provincial.

El Tordo Amarillo, ave representativa de la ciudad desde 2008 y Monumento Natural Provincial por la Ley N.º 11.078, ha visto reducida su población debido a la transformación de pastizales naturales, la expansión agropecuaria y el drenaje de humedales. Actualmente, en Argentina, solo subsisten dos poblaciones disyuntas: una en el sur de Entre Ríos y otra en el noreste de Corrientes. Como indicador biológico de la salud de ecosistemas clave, su conservación es esencial para mantener servicios ambientales como la regulación hídrica, el almacenamiento de carbono y el control de la erosión.

La Mesa de Conservación, constituida formalmente a partir de la firma del decreto el 28 de enero pasado, estará integrada por la Subsecretaría de Ambiente y Seguridad Alimentaria como entidad coordinadora. Además, se invita a participar de manera ad honorem y voluntaria a representantes de diversos organismos estatales, ONGs, fundaciones y agrupaciones vecinales interesadas en la temática. Entre los miembros iniciales destacan:

-Dirección de Fiscalización de la Provincia de Entre Ríos – Recursos Naturales.

-Dirección de Áreas Protegidas de la Provincia de Entre Ríos.

-Fundación Azara.

-ONG Aves Argentinas.

-Organización Aves de Gualeguaychú.

-Organización Aves de Ibicuy.

-Museo Almeida.

-Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) – Sede Gualeguaychú.

-Sociedad Rural de Gualeguaychú.

-Dirección Provincial de Vialidad – Zonal Gualeguaychú.

-Reserva Natural Privada “Potrero de San Lorenzo”.

El decreto establece que nuevos organismos u organizaciones podrán incorporarse mediante una solicitud formal de adhesión, la cual será evaluada y aprobada por mayoría simple en reunión ordinaria. Dentro de los próximos 30 días, la Mesa elaborará su Reglamento Interno de Funcionamiento, que será aprobado por la Subsecretaría de Ambiente y Seguridad Alimentaria.

Esta medida refuerza el compromiso del Municipio con la Ordenanza N.º 12.394/2024, que creó el Sistema Municipal de Áreas Protegidas y Biodiversidad, y responde a la necesidad de articular esfuerzos conjuntos para monitoreo, educación ambiental y restauración de hábitats.

Luego de la aprobación en el Senado, el oficialismo aceleró en la Cámara de Diputados y este miércoles dará el puntapié inicial en un plenario de comisiones con la reforma a la Ley de Glaciares, una iniciativa de suma relevancia para los planes del Gobierno de captar inversiones millonarias en megaminería e hidrocarburos, y que despierta preocupación en las organizaciones ambientalistas.

El inicio del debate, previsto para las 10, reunirá a las comisiones de Recursos Naturales y Preservación del Ambiente (cabecera), presidida por el libertario José Peluc, y la de Asuntos Constitucionales, encabezada por Nicolás Mayoraz.

Si bien la meta del Gobierno es que la reforma sea ley antes de fin de mes, la discusión no se va a agotar este mismo miércoles con la firma del dictamen.

La idea que flota en los pasillos de la Casa Rosada, y que los operadores del Congreso manejan con sigilo en la Cámara baja, es que el presidente Javier Milei y la comitiva que lo acompañará al “Argentina Week 2026” -evento que tendrá lugar en Nueva York entre el 9 y el 12 de marzo- puedan mostrar la media sanción del Senado como un imán para atraer la atención de inversores internacionales que deseen apostar por extraer las riquezas del suelo argentino.

De todos modos, no se descarta que la semana que viene, en paralelo a la realización de este evento en Estados Unidos, se pueda firmar dictamen y aprobar en el recinto de la Cámara baja.

De dónde viene

El 26 de febrero pasado, el Senado aprobó la reforma a la Ley de Glaciares con 40 votos afirmativos, en tanto que recibió 31 rechazos, incluidos dos votos del bloque peronista: los ex gobernadores de San Juan Sergio Uñac y de Catamarca, Lucía Corpacci.

La aprobación del proyecto era un compromiso asumido por el Gobierno con los gobernadores de provincias cordilleranas que buscan una legislación más dinámica y menos rígida para destrabar y multiplicar las inversiones en minería e hidrocarburos.

Los puntos clave 

El proyecto de reforma a la Ley 26.639 de Presupuestos Mínimos para la Protección de Glaciares y del Ambiente Periglacial busca redefinir el alcance de las zonas protegidas para permitir tareas de exploración y explotación económica en determinadas áreas periglaciares que actualmente están blindadas e inhabilitadas para actividades extractivistas e industriales.

El proyecto busca eliminar la prohibición automática de actividades extractivas en las áreas periglaciales, con el fin de que se autorice el desarrollo de actividades económicas siempre y cuando estén aprobadas por evaluación de impacto ambiental.

Además, la iniciativa le transfiere facultades a las provincias para decidir qué zonas proteger y cuáles no, reduciendo la injerencia de la administración central.

Los bloques de la oposición dura y organizaciones ambientalistas rechazan la iniciativa debido a que quedaría sin efecto la prohibición de actividades que puedan afectar la condición natural de áreas consideradas reservas estratégicas de recursos hídricos que son vitales para el consumo humano, para la biodiversidad y para el equilibrio climático.

La iniciativa oficial introduce una precisión al hablar de las “formas periglaciares”, y alienta a distinguir entre aquellas que cumplen funciones de “reservas estratégicas de recursos hídricos y proveedores de agua para la recarga de cuencas hidrográficas” de aquellas que no necesariamente cumplen dicha finalidad y son aptas para la utilización económica.

Esto significa que con la nueva ley no todo el territorio periglaciar quedaría a salvo de explotación económica, sino solo aquellas formaciones que tengan una función hídrica comprobable.

La normativa actual, que data del 2010, protege tanto los glaciares visibles como las formaciones periglaciares que están constituidas por una mezcla suelos congelados de agua dulce, roca y sedimentos.

Con la modificación propuesta, se mantiene la prohibición para el desarrollo de actividades económicas en glaciares pero se abre una puerta para desarrollar proyectos de inversión en áreas que no tengan una función hídrica fehaciente.

El proyecto crea el Inventario Nacional de Glaciares, cuya confección y funcionamiento estará a cargo del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), con la coordinación de la Secretaría de Energía, que es la autoridad de aplicación.

Entre las actividades prohibidas, es decir, aquellas que “alteran de modo relevante la condición natural” o el valor hídrico de los glaciares se encuentran aquellas que liberen sustancias contaminantes, residuos o productos químicos; obras de arquitectura o infraestructura; exploración o explotación minera e hidrocarburífera; y actividades industriales.

En cambio, las actividades permitidas son las investigaciones científicas, las tareas de rescate de emergencia, y la práctica de deportes no motorizados como andinismo y escalada.

Fuente: Noticias Argentinas