Legisladores nacionales del peronismo entrerriano presentaron un proyecto para declarar la emergencia económica y fiscal en la provincia de Entre Ríos, ante el impacto provocado por el fenómeno climático de El Niño. La iniciativa busca dotar al gobierno nacional de herramientas concretas para asistir a los vecinos, comerciantes, productores y al sector turístico.

Según lo planteado por el legislador Michel, la propuesta establece medidas de asistencia financiera especial, que incluyen aportes y préstamos blandos. Asimismo, contempla planes de pago de impuestos nacionales y beneficios impositivos, tales como la prórroga en el vencimiento de tributos y la suspensión de juicios de ejecución fiscal.

Las inundaciones en la provincia de Entre Ríos, producto del fenómeno climático de El Niño, nos obliga a adelantarnos al problema y brindarle al gobierno nacional una herramienta para asistir a los vecinos, comerciantes, productores y al sector turístico entrerriano.

El proyecto alcanza a todos los sectores productivos, con especial énfasis en el turismo y el comercio. Además, la normativa contempla la posibilidad de que el gobierno nacional amplíe la zona de emergencia a otras provincias que atraviesen situaciones similares.

En estos días vimos localidades que están siendo muy afectadas por el fenómeno climático. Es urgente contar con medidas de asistencia concretas para los distintos sectores. No hay margen para la inacción ante estas situaciones.

La iniciativa subraya la necesidad de una respuesta inmediata frente a los daños ocasionados por las condiciones climáticas adversas en la región.

La Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (Fadeeac) destaca la decisión de la Justicia Federal de Entre Ríos de dar curso a una acción de amparo que exige al Ministerio de Economía de la Nación y a la Dirección Nacional de Vialidad la reactivación urgente de las obras de mantenimiento e infraestructura en la red vial provincial. La presentación fue impulsada por los legisladores nacionales peronistas Adán Bahl, Guillermo Michel y Marianela Marclay.El amparo, tramitado ante el Juzgado Federal de Victoria a cargo del juez Federico Martín, pone la lupa sobre la administración del Sistema de Infraestructura de Transporte (Sisvial) y del fideicomiso SIT (Decreto 976/01). Ambos mecanismos se nutren del impuesto a los combustibles líquidos con el fin específico de reparar y conservar las carreteras. Sin embargo, dichos recursos venían siendo derivados a instrumentos financieros en lugar de volcarse a calzadas críticas para la conectividad del país.

Esta medida judicial valida las reiteradas advertencias que Fadeeac viene realizando sobre el deterioro crítico de la red vial argentina y la urgencia de que los fondos generados en buena medida por el propio transporte de cargas regresen a las rutas, tal como establece la ley.“La decisión judicial coincide con los lineamientos y planteos que venimos realizando, al ordenar que los impuestos que paga la ciudadanía con cada carga de combustible vuelvan a los caminos, tal como prevé la normativa”, destacó Cristian Sanz, Presidente de Fadeeac. Asimismo, el dirigente remarcó que la falta de mantenimiento no es una problemática exclusiva de la provincia de Entre Ríos: “El deterioro de las vías de tránsito es un tema alarmante y generalizado que requiere de una acción urgente. Por eso, esperamos que este fallo siente un precedente para que el mismo criterio se haga extensivo al resto de los distritos y corredores del país”.En ese sentido, Sanz hizo hincapié en el impacto directo sobre las personas y la economía: “Garantizar rutas seguras y en buen estado no es un debate de números o cuentas públicas; es un riesgo constante para la vida de todos los que transitamos por los caminos de la Argentina. Las carreteras en mal estado generan siniestros viales, rompen los vehículos y encarecen el flete y la logística. Garantizar condiciones adecuadas es una obligación prioritaria del Estado”.Como prueba del compromiso continuo de la institución con la seguridad vial y la profesionalización del sector, especialistas de Fadeeac y de la Fundación Profesional para el Transporte (FPT) relevaron entre 2021 y 2024 más de 22.700 kilómetros de rutas nacionales y provinciales. El informe técnico resultante fue entregado oportunamente a las autoridades competentes a nivel nacional, provincial y municipal para colaborar en la toma de decisiones.La red vial es el motor del aparato productivo argentino. Sin un mantenimiento adecuado y sostenido, no solo se pone en riesgo la integridad física de quienes están al volante, sino también la competitividad de las economías regionales que mueven la producción del país.Desde Fadeeac se ratifica la necesidad indispensable de que el Gobierno Nacional priorice la seguridad en las carreteras y destine la totalidad de los fondos viales a su fin original: garantizar rutas seguras, operativas y a la altura de lo que la Argentina necesita para desarrollarse.

La presentación, impulsada por los legisladores nacionales peronistas Adán Bahl, Guillermo Michel y Marianela Marclay, solicita que el Ministerio de Economía y la Dirección de Vialidad Nacional retomen el mantenimiento vial. El juez federal de Victoria, Federico Martin, le dio trámite y pidió informes a los organismos.

En el marco de la causa 12957/2026 (“BAHL, ADÁN HUMBERTO Y OTROS c/ ESTADO NACIONAL - MINISTERIO DE ECONOMÍA Y OTRO s/AMPARO LEY 16.986”), la Justicia Federal habilitó el trámite de un amparo que exige al Estado nacional reactivar las obras y el mantenimiento de la red vial en la provincia de Entre Ríos, financiados con fondos del fideicomiso creado por el Decreto 976/01, conocido como fideicomiso SIT.

El fallo del juez Martin ordenó notificar a las partes demandadas y solicitó informes a los organismos del gobierno nacional.

El sustento de la denuncia radica en la administración de los recursos del Sistema de Infraestructura de Transporte (SISVIAL), que se nutre del impuesto a los combustibles líquidos.

A este respecto, Michel explicó que: “Cada vez que un argentino, un entrerriano, carga combustible, parte del impuesto va a un fondo específico para la reparación de las rutas, pero tres de cada cuatro pesos del fondo fueron derivados a instrumentos financieros -bonos, títulos y acciones- en lugar de aplicarse a obras viales”.

“Más de $1,5 billones de pesos que se deberían haber destinado a las rutas fueron a parar a sostener el superávit fiscal maquillado por el gobierno, cuando se deberían haber destinado al mantenimiento y la construcción de rutas en la provincia”, manifestó.

Principales rutas nacionales en Entre Ríos:

·         Ruta Nacional 12: es una vía troncal que ingresa por el Complejo Zárate-Brazo Largo, atraviesa el sur y oeste provincial pasando por Gualeguay, Nogoyá y Paraná, y continúa hacia el norte bordeando el río Paraná hasta el límite con Corrientes.

·         Ruta Nacional 14: conocida como la Ruta del Mercosur, recorre el este de la provincia desde Ceibas hasta el límite con Corrientes, conectando ciudades importantes como Gualeguaychú, Concepción del Uruguay, Colón y Concordia.

·         Ruta Nacional 18: cruza la provincia de oeste a este, uniendo Paraná con el empalme de la Ruta Nacional 14 a la altura de Concordia, pasando por Villaguay y San Salvador.

·         Ruta Nacional 127: conecta el centro-norte provincial desde el empalme con la Ruta 12 (cerca de Federal) rumbo al norte hasta el límite con Corrientes.

·         Ruta Nacional 135: une la Ruta 14 con la ciudad de Colón y el Puente Internacional General Artigas, que comunica con Paysandú (Uruguay).

·         Ruta Nacional 174: es el enlace vial que conforma el Puente Rosario-Victoria, uniendo la provincia con Santa Fe.

·         Otras rutas: Ruta Nacional 130 (cerca de Villa Elisa), Ruta Nacional 131 (Crespo - Diamante), Ruta Nacional 136 (Gualeguaychú hacia Fray Bentos) y Ruta Nacional A015 de acceso a la Represa de Salto Grande.

La comitiva salió desde Concepción del Uruguay rumbo a Colón a fin de efectuar el reconocimiento judicial que había sido ofrecido como prueba por los demandantes Michel, Marclay y Bahl, junto a su abogado Valodia Nichajew.

El magistrado, la perito bióloga Viviana Cousté y los legisladores se hicieron presentes en la costanera de Colón, frente a donde se ubicaría la planta de combustible sintético de la empresa HIF Global. El juez pudo observar que la misma quedaría prácticamente frente a la toma de agua de la localidad entrerriana, a poco más de 3 kilómetros en línea recta.

El objetivo del reconocimiento fue que el magistrado efectúe el relevamiento de los datos de emplazamiento de la planta y la relación que tendría con Colón, así como la evaluación de otros puntos de conocimiento que le sirvan obtener de primera mano.

El procedimiento se hizo en el marco de la demanda civil por Daño Ambiental Preventivo contra HIF Global y a la República Oriental del Uruguay, que se tramita en los juzgados federales de Concepción del Uruguay.