Así lo aseguró Diego Zanetti responsable gremial de la Asociación Gremial de Docentes Universitarios de Gualeguaychú (AGDU) .

“El acatamiento es similar a las anteriores oportunidades. Hay docentes trabajando con algunos cursos. Pero al adherirse los equipos de cátedra que tienen a cargo comisiones numerosas el impacto se hace más notorio”, señaló en referencia al nivel de actividad en la Facultad de Bromatología. 

La medida de fuerza forma parte del plan de lucha de la Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu) por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y la recomposición salarial.

Desde el gremio se indicó que el conflicto persiste por la falta de respuestas del Gobierno nacional y señalaron que el presidente Javier Milei lleva 181 días sin aplicar la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada por el Congreso, vetada posteriormente y ratificada por una mayoría especial de ambas cámaras.

En materia salarial, se advirtió que el sector necesita un aumento del 55% para recuperar los niveles de ingresos de noviembre de 2023. También señalaron que la garantía salarial permanece congelada desde hace más de un año y que muchos docentes continúan percibiendo salarios cercanos a los 250.000 pesos.

Desde su sanción, la Ley de Financiamiento Universitario supone uno de los grandes conflictos para el Gobierno nacional que estudiaba, por estos días, la manera de readaptar los números para hacer frente al fallo judicial que obliga a su cumplimiento.

El oficialismo madura una nueva convocatoria a rectores y autoridades universitarias para principios de mayo con intención de alcanzar un acuerdo que deje conforme a las partes.

En varios despachos de Balcarce 50 sostiene que en febrero hubo un principio de acuerdo, que le atribuyen al asesor presidencial, Santiago Caputo, que aspiraba a recomponer los salarios docentes y no docentes en un 12,3% de lo licuado en 2025, pero que no prosperó debido a los prolongados plazos de los tiempos legislativos.

Desde el Salón Martín Fierro señalan contra el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y lo responsabilizan de “haber pisado” el proyecto. En el entorno del legislador descartan la posibilidad y aseguran que las prioridades las fija la Casa Rosada en función de las necesidades.

“Tenemos que acomodar los números para que funcione. No lo podemos pagar, en el mientras tanto vamos ganando tiempo para poder modificar la ley”, confesó un alfil libertario ante este medio.

A través de un recurso extraordinario presentado por la Procuración del Tesoro, a cargo de Sebastián Amerio, la administración libertaria aspira a ganar tiempo luego de que la inflación del mes de marzo que se ubicó en 3,4% complejizó los planes. “Los votos estaban”, se jactan desde una de las tribus violetas.

“Estamos viendo de intentar arreglar el stock pasado y plantear una nueva discusión en el Congreso”, confesó una voz con acceso al despacho presidencial que admitió además que una de las opciones es avanzar por decreto.

Lo cierto es que las autoridades universitarias comienzan a impacientarse y maduran una nueva movilización para los primeros días de mayo. Además, descartan la existencia de un acuerdo con el Ejectuvo y aseguran que en febrero solo “hubo un aviso”.

Entre los cuestionamientos figuran la falta de compensación para los puntos salariales perdidos en 2024, y la falta de proyección para este 2026.

Con la cuestión en el temario es que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se reunió el pasado lunes con el ministro de Economía, Luis Caputo, el guardían de los números, y la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy, la coordinadora de la estrategia legal de la procuración. 

Los días pasan y la presión persiste. El recuerdo de la movilización universitaria de 2024, la más convocante bajo la era Milei, aún permanece en la memoria de varios funcionarios que garantizan que el problema se va a solucionar.

“La gente está cansada, no veo clima social como en aquel entonces”, vaticinó una importante fuente a esta agencia. En paralelo, las autoridades universitarias preparan una nueva convocatoría que podría concretarse de no conformar la propuesta.

Fuente: NA

La Asociación Gremial de Docentes Universitarios (AGDU) anunció un paro total de actividades durante toda la semana del 27 de abril, como parte de la continuidad del plan de lucha de la Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu) por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y la recomposición salarial. En Gualeguaychú, se verá afectado el dictado de clases en la Facultad de Bromatología. 

Desde el gremio se indicó que el conflicto persiste por la falta de respuestas del Gobierno nacional y señalaron que el presidente Javier Milei lleva 181 días sin aplicar la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada por el Congreso, vetada posteriormente y ratificada por una mayoría especial de ambas cámaras. Además, recordaron que existen fallos judiciales de primera y segunda instancia que respaldan su vigencia.

En materia salarial, se advirtió que el sector necesita un aumento del 55% para recuperar los niveles de ingresos de noviembre de 2023. También señalaron que la garantía salarial permanece congelada desde hace más de un año y que muchos docentes continúan percibiendo salarios cercanos a los 250.000 pesos.

El reclamo apunta a que el Estado regularice la deuda con el sector y cumpla con la legislación vigente. “El Gobierno debe pagar la deuda que tiene con nosotros y nosotras, debe cumplir la ley”, sostuvo.

Por último, el gremio entrerriano señaló que se prepara una nueva Marcha Federal Universitaria, que se concretará en mayo.

Fuente: APF

El gobierno del presidente Javier Milei presentó un recurso ante la Cámara Federal para suspender la Ley de Financiamiento Universitario.

Si el tribunal acepta la medida del oficialismo, lo elevará a la Máximo Tribunal. No descartan ir con un recurso en queja si la Cámara no acepta el pedido. Para el oficialismo, hay dos líneas bien marcadas por este tema.

La primera apuesta de envergadura pasa por no transferir fondos a las casas de estudio hasta que se expida el máximo tribunal de Justicia. Porque, argumentan, la normativa que se sancionó es inconstitucional al no determinar de donde salen los recursos para solventar a las universidades.

Por otro lado, ante la versión de que la normativa rompería el déficit fiscal que tanto protege la administración libertaria, en Balcarce 50 señalan que costaría 2,5 billones de pesos. Pero que semejante costo no representaría un problema. “No hay escenario de déficit, hay que ver de dónde se va a sacar la plata, si es un recorte en obra pública, en fondos para las provincias”, grafican.

Paralelamente, el oficialismo prometió trabajar en la sanción de una nueva ley. Aunque todavía no están asegurados los respaldos en el Parlamento de dicha normativa. 

En el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) aseguran que las transferencias a las universidades públicas cayeron un 45,6 por ciento desde el 2023 hasta hoy. El presidente del órgano, Franco Bartolacci, anticipó que el panorama es muy complejo a medida que transcurren los días. "La situación es extremadamente crítica”, remarcó.

“Si no hay respuestas de las autoridades, si no se cumple la ley del Congreso, si no se respeta lo que ordenó la Justicia vamos a volver a convocar a la sociedad argentina, Si no conmueve el estado de Derecho, que conmueva la voz del pueblo de la Nación”, adelantó el rector de la Universidad Nacional de Rosario.

Fuente: NA

Puntualmente, la medida cautelar exige que la administración pública cumpla de inmediato con los artículos 5 y 6 de la ley 27.795, que refieren a la actualización de los salarios de los docentes y no docentes de las universidades públicas entre el período 1/12/2023 hasta la sanción de la ley, en septiembre del 2025. También peticiona la recomposición de todos los programas de becas de los estudiantes.

En sus argumentos, los jueces Sergio Fernández y Jorge Morán plantean que resultan poco serios los agravios presentados por el Estado relativos a que la medida cautelar constituiría una sentencia definitiva encubierta.

Además, resaltaron especialmente que el impacto fiscal de la aplicación de la cautelar es bajo y no se afecta sustancialmente el interés público; por el contrario, estaba en juego un derecho central de la Constitución como la educación superior pública.

La cautelar había sido dictada en diciembre del año pasado por el juez federal Enrique Cormick, en el marco de una acción de amparo promovida por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y otras entidades del sistema universitario. La presentación contaba con el respaldo de más de 40 universidades públicas.

En su momento, el magistrado consideró que el Decreto 759/2025 -que suspendió la ejecución de la Ley 27.795 y estableció que la norma solo podrá aplicarse cuando se determinen recursos específicos para solventarla- tenía rasgos de “arbitrariedad e ilegalidad manifiesta”.

Además, sostuvo que existía una “inobservancia clara e incontestable de un deber jurídico, concreto y específico” ante la demora, por su impacto en el funcionamiento universitario.

Sin embargo, Nación calificó la decisión judicial como “arbitraria” y argumentó que la ley requiere definir previamente sus fuentes de financiamiento e incorporar las partidas correspondientes en el Presupuesto. Según el Gobierno, la cuestión presupuestaria compete al Congreso de la Nación y no al Poder Judicial. También advirtió sobre sus posibles efectos en el equilibrio fiscal, algo que fue desacreditado por la Cámara en su fallo.

El conflicto escaló notablemente entre 2024 y 2025, cuando masivas movilizaciones estudiantiles y gremiales tomaron las principales ciudades, con epicentro en la Ciudad de Buenos Aires y réplicas en distintas provincias.

En una segunda Marcha Federal en octubre de 2024 y una nueva protesta el 17 de septiembre de 2025 bajo el lema “Si hay veto, hay marcha”, cientos de miles de personas salieron a las calles para rechazar la decisión del Gobierno de vetar la ley de financiamiento universitario, que ya había contado con la aprobación parlamentaria.

A mediados del año pasado, la oposición logró sancionar una ley de financiamiento en el Congreso y sortear los vetos del presidente Javier Milei. Pese a ello, el Ejecutivo dictó un decreto para evitar la ejecución de la norma.

Para encauzar la situación y evitar una profundización del conflicto tanto en el plano legal como en el judicial, la estrategia oficial apunta a elaborar una ley que no derogue el esquema financiero actual, sino que lo modifique, buscando el consenso político necesario para que el Congreso apruebe una nueva norma capaz de reemplazar la anterior. Desde la Secretaría de Educación, se subraya el compromiso por alcanzar una solución que otorgue no solo recursos, sino también seguridad jurídica a las universidades.

Las federaciones de sindicatos de docentes universitarios Conadu y Conadu Histórica convocaron a un paro nacional de 72 horas para la próxima semana en todo el país, en reclamo de la reapertura de la negociación paritaria y el incumplimiento del Gobierno de la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición Salarial.

La Asociación Gremial de Docentes Universitarios (AGDU) que representa al sector en la UNER adhirió a la medida. En tanto, la Asociación del Personal de la Universidad Nacional de Entre Ríos (APUNER) que agrupa a los trabajadores administrativos y de servicios decidirá entre este lunes y el martes si se suma a la huelga y, en ese caso, cuáles de los días convocados por docentes.

La medida de fuerza de las Conadu fue anunciada para este miércoles 12, jueves 13 y viernes 14 en todas las universidades nacionales del país. Además, los sindicatos advirtieron que pondrán en consideración que no inicie el ciclo lectivo 2026, ante la falta de respuestas del gobierno de Javier Milei.

La decisión surge en respuesta al deterioro de los salarios de los profesores y del personal no docente, que acumularía cerca del 40% en promedio desde diciembre de 2023, en un contexto de parálisis de las conversaciones salariales.

La conflictividad con los universitarios se mantuvo latente en todo 2025, y ahora suma un nuevo capítulo tras el conjunto de paros y movilizaciones de las casas de estudio para apoyar la Ley de Financiamiento Universitario, que se vio jaqueada en varias oportunidades por el Gobierno, reseó Infobae.

La legislación había sido aprobada por amplia mayoría en el Congreso de la Nación, y luego vetada por el presidente Javier Milei. Si bien aquella derogación presidencial posteriormente resultó nuevamente rechazada – al no obtener los dos tercios necesarios para sostener el veto-, el Poder Ejecutivo se las ingenió para promulgarla, pero suspendiéndola de hecho con el argumento de que el Congreso debe determinar las fuentes de financiamiento.

“La ley de administración financiera establece que queda suspendida una norma si no tiene financiamiento. No tendríamos respaldo legal para aplicarla. Si ustedes votan la eliminación a la ley de gravedad, vamos a salir de acá y va a seguir existiendo”, sostuvo Alejandro Álvarez, subsecretario de políticas universitarias.

Álvarez se presentó en la comisión junto a Carlos Torrendell, secretario de Educación, pero fue el encargado de contestar preguntas sobre las universidades. La ley de financiamiento fue promulgada la semana pasada por el Gobierno, que suspendió su aplicación.

La norma contempla un pago retroactivo a los docentes y no docentes en función de la pérdida de poder adquisitivo a noviembre de 2023, para luego aplicar una indexación en función de la suba de precios.

Álvarez confirmó que no tendrán en cuenta está obligación. “Está previsto el aumento de salarios, pero no el que pide el sindicato, que significa dos billones más. Los gobiernos anteriores se manejaron con impuesto inflacionario”, cuestionó el funcionario. Contó que paga 300 mil millones de pesos mensuales en salarios y hasta 550 cuando hay aguinaldos.

“Cada punto de aumento, son 3.500 millones. Tenemos una paritaria por encima del promedio del Estado. La mejor manera de recortar salarios es licuarlos con inflación”, acusó Álvarez.

Las universidades, en la mira

La oposición salió al cruce, pero no logró ablandar a los funcionarios. “Las universidades se sostienen por el esfuerzo de los docentes y los alumnos ¿Dónde está la ley que decía que había que aumentar los fondos de la SIDE? Hablan de la libertad, pero la quieren sólo porque la puede pagar”, acusó Leandro Santoro, de Unión por la Patria (UP).

“Usted mantiene la verba radical, ahora que se fue a un espacio comunista”, le respondió Álvarez, quien acusó a la UBA de no aceptar una auditoría de la SIGEN. “¡La ley dice otra cosa!”, le gritó la radical Mariela Coletta, cercana a Martín Lousteau. La casa de estudios sólo permite ser monitoreada por la AGN.

Hugo Yasky hizo la misma enumeración de gastos sin fuentes que avaló el Gobierno. “Tendrían que lavarse la boca para el gobierno que más escuelas construyó en este país, que construyó universidades. Hagamos una reunión con representantes de la comunidad académica", dijo.

Para el año 2026 el aumento previsto en paritaria docente y no docente va a promediar el 9,5% en el mejor de los casos, con una inflación proyectada del 10%", calculó Danya Tavela, de DPS, autora de la ley de financiamiento universitario.

El subsecretario se mostró feliz por el triunfo en las elecciones legislativas y se permitió ironías. “Le doy dos buenas noticias: no cerró ninguna universidad. El presidente del CIN dijo que renunciaron diez mil docentes: el sistema tiene 198 mil, había 196 y el índice de rotación era de 2.3%. Se aprobó la incorporación del 100% de las demandas de muchas gestiones, para cargos docentes y no docentes”.

La siguiente buena noticia que enumeró Álvarez fue el incremento del presupuesto que es de 4.8 millones, representando 14% respecto del ejecutado en 2025. “Se van a cubrir las necesidades de todas las universidades. Todas recibieron el financiamiento al 100% de todas las actividades que venían desarrollando", remarcó.

Vayan a las mineras

Tan feliz estaba Álvarez que se permitió una broma para el kirchnerismo: “Ustedes tendrían que aplaudir cuando abre una minera o una oficina de Mercado Libre. Porque pagan impuestos y permiten aumentar sueldos”, les propuso.

El subsecretario enumeró otros datos alarmantes, como que sólo el 45% de la matrícula tiene más de una materia rendida al año. “Hay un montón de gente que ya no forma parte del sistema universitario o va cada tanto”, se lamentó y contó que hay una clase de arpa.

Torrendell hizo un discurso introductorio con un sinfín de críticas al kirchnerismo. “Hubo un descontrolado gasto público, con la lógica de dependencia del Estado de las personas”, se presentó.

“Queremos que el gasto sea entendido como una inversión. Que se vea en las personas. Que no sea burocracia sino una inteligencia en los recursos públicos. Mientras había una política del Estado Presente, se fueron vaciando capacidades profesionales por grupos ideológicos”, cerró Torrendell, publicó Letra P.

El secretario defendió uno de los aspectos más polémicos del presupuesto como es la eliminación de los topes de financiamiento a la educación, con porcentajes del PIB. "No era una buena señal tener esa obligación y no cumplirla", se justificó. Remarcó que en las últimas décadas, el presupuesto universitario subió en proporción al total de las partidas. "No es cierto que aumentaron la inversión", se defendió. (APFDigital)

La Universidad de Buenos Aires (UBA) resolvió iniciar acciones judiciales contra el Poder Ejecutivo Nacional para exigir el cumplimiento de la Ley 27.795 de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición Salarial, sancionada por el Congreso y promulgada por decreto, pero con su aplicación suspendida hasta que el Poder Legislativo defina las fuentes de financiamiento.

El Consejo Superior de la institución adoptó la decisión por unanimidad durante su sesión del 22 de octubre de 2025. En su resolución, la UBA sostuvo que “este decreto que promulga formalmente, pero suspende materialmente la ejecución de la ley, altera el sistema republicano de frenos y contrapesos establecido en el artículo 1° de la Constitución Nacional y quebranta la voluntad soberana del Congreso de la Nación”.

El texto aprobado agrega que la medida del Ejecutivo “implica la vulneración de derechos constitucionalmente establecidos afectando al sistema universitario y a su comunidad al no poder acceder al financiamiento necesario y a la recomposición salarial establecidos en la ya mencionada ley”.

La resolución, registrada bajo el expediente EX-2025-04995445-UBA-DME#REC, instruyó al rector a iniciar las acciones judiciales pertinentes “a fin de exigir la inmediata implementación efectiva de la Ley 27.795”. También dispuso que se comunique la medida a todas las unidades académicas, colegios secundarios, hospitales universitarios e institutos dependientes de la universidad.

Autoridades de la UBA (Fotografía: Jaime Olivos)

El Consejo Superior fundamentó la decisión en la situación económica que atraviesa el sistema universitario nacional. En los considerandos se expresó que “esta Universidad ha manifestado reiteradamente su profunda preocupación ante la grave situación presupuestaria que afecta a las Universidades Nacionales y ante el menoscabo salarial de los trabajadores y trabajadoras docentes y nodocentes”.

Asimismo, recordó que la UBA “ha declarado la emergencia tanto en materia salarial como presupuestaria” y que la norma aprobada por el Congreso “tiene por objeto garantizar la protección, el sostenimiento del financiamiento de las Universidades Nacionales en todo el territorio de la República Argentina y la recomposición salarial de los trabajadores y trabajadoras docentes y nodocentes”.

En otro tramo del documento, el cuerpo colegiado enfatizó que “la Ley da respuesta a la situación crítica tanto de funcionamiento de las universidades nacionales, como salarial de sus trabajadores y trabajadoras, y por tanto su no aplicación arbitraria solo sigue profundizando esta crisis”.

El texto señala también que “la no ejecución de esta Ley es un ataque directo a uno de los bienes más valiosos de nuestra sociedad: la Universidad Pública Argentina”.

Por último, el Consejo remarcó que resulta “imprescindible que de manera inmediata el Poder Ejecutivo Nacional cumpla con la efectiva ejecución de la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del salario, asignándose en forma urgente los recursos presupuestarios necesarios, en cumplimiento con las obligaciones constitucionales y legales vigentes”.

Una de las manifestaciones en defensa de la educación pública

El máximo órgano de gobierno de la UBA, que integran el rector, los decanos de las trece facultades y representantes de los claustros de profesores, graduados y estudiantes, consideró que el cumplimiento de la ley es esencial para garantizar la educación pública y la institucionalidad democrática en el país.

Este martes, el Gobierno promulgó la Ley N° 27.795, que establece un nuevo régimen de financiamiento para las universidades públicas y la recomposición salarial del personal docente y no docente, y la Ley N° 27.796, que declara la emergencia sanitaria de la salud pediátrica y de las residencias nacionales en salud en la República Argentina por un año. Sin embargo, la aplicación de ambas quedó suspendida hasta que el Congreso de la Nación determine las fuentes de financiamiento e incluya las partidas necesarias en el Presupuesto Nacional. Hace un mes ocurrió lo mismo con la Ley de Emergencia en Discapacidad.

Esta decisión fue oficializada en la madrugada de este martes, con la publicación de los decretos 759/2025 y 760/2025 en el Boletín Oficial. Así, el Poder Ejecutivo suspendió la aplicación de las legislaciones, debido al impacto fiscal que, consideran, traería a las cuentas del Estado.

En respuesta a la dilación del Gobierno para promulgar la ley de Financiamiento Universitario, la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) anunció medidas de fuerza para esta semana, ante el vencimiento de los plazos legales para sancionar la norma. Este martes, habrá una jornada de protesta y el miércoles se llevará a cabo un paro de 24 horas en todo el país.

Se espera que docentes, estudiantes y organizaciones sociales se sumen a las medidas de fuerza para reforzar el reclamo contra el Gobierno. La ley recibió la aprobación del Congreso, luego del veto del Poder Ejecutivo, gracias al voto favorable de más de dos tercios de cada una de las Cámaras. Algunas universidades pararán tanto el martes como el miércoles.

“La dilación del Gobierno sólo genera tensión y malestar”, apuntó el Secretario General de FAGDUT, Ricardo Mozzi, en declaraciones que reprodujo Ámbito.

“Hoy es el último día que tiene el Ejecutivo para promulgar la Ley de Financiamiento Universitario y el silencio es total. Senadores y Diputados ya la aprobaron y además rechazaron su veto, ¿Qué más quieren?”, preguntó el gremialista en nombre de los docentes de la UTN, que no tendrá clases en ninguna de sus 30 facultades ni el martes ni el miércoles.

En la misma línea, Mozzi agregó: “Mientras el Presidente Milei sigue enfocado en contraer deuda en dólares para negocios de unos pocos, más de la mitad de los docentes universitarios están bajo la línea de la pobreza”.

La ley de Financiamiento Universitario apunta a la reapertura de paritarias para docentes y nodocentes (paralizadas desde octubre del año pasado); actualizar fondos para gastos de funcionamiento, becas y desarrollo científico y la conformación de una caja de $10.000 millones, con actualización anual por IPC, para impulsar el ingreso a carreras estratégicas.

Según la OPC, el impacto presupuestario del proyecto de ley para este año sería de $1.959.974 millones, equivalentes a 0,23% del PBI.

Durante la sesión de este jueves, el Senado también rechazó el veto a la ley de Emergencia en Salud Pediátrica, impulsada por los reclamos de trabajadores del Hospital Garrahan, y la recomposición del sistema de residencias médicas.

La iniciativa exige fondos para “la asignación prioritaria e inmediata de recursos presupuestarios para bienes de uso y consumo”, “la recomposición inmediata de los salarios del personal de salud” y la derogación de la resolución del 2109/25 con la que el Ministerio de Salud modificó el sistema de residencias. Según la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), la inversión anualizada de esa erogación alcanzaría los $133.433 millones.

El Senado rechazó esta tarde los vetos presidenciales a las leyes de financiamiento universitario y de declaración de Emergencia en pediatría, con foco en el Hospital Garrahan.

Si bien el gobierno de Javier Milei retomó hace dos semanas el diálogo político, y pese a que sumó múltiples fotos con sectores dialoguistas, el oficialismo no alcanzó los votos para detener el rechazo de los vetos.

La suerte está echada para ambas iniciativas, por lo que la Casa Rosada deberá promulgar ambas leyes y aceptar las insistencias del Poder Legislativo, que se contabilizarán en Balcarce 50 como otra derrota.

El temario, que se definió hoy en una reunión de Labor Parlamentaria, incluyó la prórroga de la designación de Mirta Delia Tyden como vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de Posadas, Misiones, y dos tratados internacionales.

También el cuerpo intenta darle media sanción al Programa Alerta Sofía, creado en el año 2019 por el Ministerio de Seguridad bajo la gestión de la actual titular de la cartera, Patricia Bullrich, con el objetivo de difundir de manera urgente desapariciones de menores.

A las 10 de la mañana de este jueves comenzará una sesión clave en el Senado ya que la oposición podría volver a darle un golpe duro al Gobierno. De la misma manera que lo hicieron con la ley de emergencia en discapacidad, buscarán insistir sobre las leyes de financiamiento universitario y de emergencia en salud pediátrica, ambas vetadas por el presidente Javier Milei,

La sesión fue pactada este martes tras una reunión en el despacho de la vicepresidenta Victoria Villarruel, que contó con la presencia de todos los jefes de bloque de la Cámara alta. El eje central del debate será el futuro de los vetos.

El antecedente directo en la Cámara de Diputados expresó una amplitud en la construcción opositora de los dos tercios. La emergencia en salud pediátrica reunió 181 a favor, 60 en contra y una abstención. En tanto, la Ley de Financiamiento Universitario -cuyo futuro estaba más comprometido en el inicio de la sesión- reunió 174 a favor; 62 en contra y dos abstenciones.

En tanto, en la última votación en el Senado, durante el mes de agosto, la definición también fue holgada: 58 votos a favor y 10 en contra para el fondo de universidades y 60 apoyos y 8 rechazos para la iniciativa del Garrahan.

Además de los vetos, la oposición también buscará agregar al temario el proyecto presentado por el peronismo que tiene el objetivo de blindar el programa nuclear argentino y frenar la venta del 44% de las acciones de la empresa Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima (NASA), que tiene a su cargo tres centrales nucleares.

Bajo el título “El rol estratégico del sector nuclear para el desarrollo nacional”, la oposición rechazó el Decreto 695/2025 publicado en el Boletín Oficial con las firmas del presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, que dispuso la privatización de parte de la empresa. La iniciativa cuenta con la firma de José Mayans, jefe del bloque de Unión por la Patria en la Cámara alta, y de otros 24 senadores.

El bloque peronista buscará incluir este proyecto en el temario durante la reunión de comisión de Ciencia, que espera incorporarlo y dictaminar. De todas formas, como no está incluido en el plan de Labor Parlamentaria, para que este tema sea tratado durante la sesión del jueves tendrá que contar con el apoyo de dos tercios de los presentes.

Otro de los puntos que está en duda para la próxima sesión es la prórroga, por cinco años, de la vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de Posadas, Mirta Delia Tyden. También se podría debatir la propuesta para que el sistema de Alerta Sofía -desaparición de personas- deje de estar regulado por decreto y el mismo sea por una ley sancionada por el Congreso, publicó Ámbito. 

Fuente: APFDigital

El presidente Javier Milei reaccionó en redes sociales a la caída de los vetos a universidades y el Garrahan en Diputados. “En el Partido del Estado tenés a los kukas y a los "antikukas" que votan igual que los kukas pero disfrazados de republicanos”, lanzó en clara advertencia a los exaliados que no lo acompañaron.

“Votar a cualquiera de las versiones del Partido del Estado es votar que tus hijos se vayan para Ezeiza. Ya lo vivimos eso. Ya sabemos cómo termina. La Libertad Avanza o Argentina retrocede. VIVA LA LIBERTAD CARAJO...!!!”, completó.

En la víspera, la oposición se anotó un doble triunfo aplastante en Diputados. Luego de un debate casi exprés, los bloques de la oposición, avalados por buena parte de los gobernadores que supieron ser "aliados" del Gobierno, ratificaron y giraron al Senado la Emergencia para el Garrahan y la Ley de de Financiamiento Universitario.

Ambas leyes habían sido vetadas por el presidente Javier Milei por "atentar" contra el equilibrio fiscal. Los libertarios intentaron frenar la votación, pero la propuesta cayó en saco roto. Ambas leyes recibieron un mayor caudal de votos que cuando se aprobaron, originalmente, a mediados de septiembre.

Luego de un debate de más de cuatro horas de debate, el oficialismo sufrió una derrota peor de lo esperada. Es que si bien cuando se puso en marcha la sesión había dudas en torno al futuro de las dos leyes, los números fueron contundentes. La Emergencia para el Garrahan reunió 181 a favor, 60 en contra y una abstención. A mediados de septiembre, cuando se aprobó, había sumado 159 votos a favor, 67 en contra y 4 abstenciones. Habían sido 27 los ausentes.

En tanto, la Ley de Financiamiento Universitario -cuyo futuro estaba más comprometido en el inicio de la sesión- reunió 174 a favor; 62 en contra y dos abstenciones. En septiembre esa ley había reunido159 apoyos, 75 rechazos y 5 abstenciones. Mientras que habían sido 19 los ausentes. El Senado ya estableció fecha de tratamiento de los dos proyectos: el jueves 2 de octubre.

La diputada del PRO Silvia Lospennato aseguró que no es cierto que quienes vote en contra del veto “quieran voltear al Gobierno”  y dijo que “hay un déficit en la gestión”, al reconocer las diferencias que existen en el bloque macrista ya que el grueso de esa bancada respaldo la postura libertaria.

El bloque del PRO exhibió fuertes diferencias sobre los vetos a las leyes de Garrahan y de Universidades, ya que siete de los 22 que conforman esa bancada votaron a favor de rechazar las decisiones del Gobierno.

Lospennato señaló que “no se puede decir que quienes voten en contra del veto quieran voltear al Gobierno” o a que lo hagan a favor es "porque hayan recibido coimas del Gobierno”.

Dijo que uno de los problemas mas serios es que "se rompió la confianza en el Gobierno y es necesario que la recomponga, se rompió la confianza del mercado, y en la política y esa la tenemos todos la obligación de reconstruirla

“ No vamos a resolver ni el problema de la salud ni el problema de la educación con estas leyes. Estas leyes son un parche que van a resolver un déficit de gestión, simplemente”, agregó.

Lospennato dijo que el problema que tiene la argentina “es no hay presupuesto y esta es la primera violación a la ley de administración financiera que debería preocuparnos a todos”

“Cuando tengamos un presupuesto sancionado, nadie debería presentar durante el ejercicio propuestas que incrementen el gasto sin la correspondiente partida de recursos”, agrego

Además pidió “reconstruir mayorías en este congreso. Es posible porque hay una mayoría que tiene responsabilidad fiscal, pero que quiere que las cosas se mejoren”

Señaló que “el desafío es que ahora, a partir de la sanción del próximo presupuesto, podamos reconstruir mayorías. El gobierno tiene la mayor responsabilidad. Es con respeto, es hablando con el otro, es escuchando y es con una responsabilidad para que salgamos adelante”

Fuente: Noticias Argentinas

Se llevó a cabo en la tarde de hoy una nueva manifestación en reclamo por el financiamiento universitario, con una multitudinaria convocatoria en la ciudad. Mientras el Congreso rechazó el veto que firmó Javier Milei, en la esquina de 25 de Mayo y Perón se concentró una gran cantidad de personas, entre los que se encontraban docentes y estudiantes, bajo el lema “Educación y Salud Pública Ahora y Siempre”.

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En esta ocasión, la Marcha Federal Universitaria contó con lemas como “¿Por qué tanto miedo de educar al pueblo?”, “La educación es un derecho, no un privilegio”, y “Educación y Salud Pública Ahora y Siempre”. Aproximadamente a las 17, la concentración comenzó a desplazarse hacia la Plaza San Martín.

De qué se trata la ley de financiamiento

La iniciativa, que fue aprobada en la Cámara baja por una amplia mayoría de 158 votos afirmativos, establece que los gastos de funcionamiento de las casas de estudios, hospitales universitarios y partidas para investigación se deben actualizar por inflación automáticamente. También ordena la convocatoria a paritarias -dentro de tres meses- para recomponer el salario docente y no docente y aumentar las becas, entre otros puntos.

Reclamos en la Plaza San Martín

Maru Olivera, representante de la Asamblea Autoorganizada Gualeguaychú, inició la oratoria de la concentración: “La principal razón de la movilización es el rechazo al veto de la ley de Financiamiento Universitario, una norma que había sido sancionada en el Congreso con amplio consenso entre los parlamentarios. Dicha norma buscaba actualizar los salarios de todo el personal universitario de acuerdo a la inflación, así como también asegurar recursos para el adecuado funcionamiento de las universidades nacionales. Los sectores educativos denuncian una caída importante de los recursos destinados a salarios, funcionamiento e infraestructura”.  

“Hoy, frente a todos ustedes, queremos dejar un mensaje directo a quienes tienen la responsabilidad política de decidir. A los diputados y senadores actuales y a quienes serán electos en octubre. Les exigimos que estén a la altura de este momento histórico. No alcanza con discursos de compromiso. Necesitamos que voten en contra del veto de Miley, que defiendan la educación pública con hechos, no con palabras”, destacó la jóven sobre el reclamo y la manifestación. 

El profesor Guillermo García, al tomar la palabra, manifestó: “Hoy, la historia nos vuelve a convocar, así como nos convocó el año pasado el veinticinco de abril para levantar las banderas de la Universidad Pública y ese otoño se convirtió en colorido, por nuestras voces, por nuestros carteles, por nuestros libros, que representan el símbolo vivo de nuestra cultura heredada, de nuestra posibilidad concreta de construir el presente y también de construir el futuro”.

“Tenemos la misión de decir, aunque estamos en el desierto, que hay un futuro, que hay otras cosas que nos tienen que invitar a soñar. Por eso, por nosotros, por nuestros hijos, por las futuras generaciones y por todos los habitantes, hombres y mujeres del mundo, que quieran venir a habitar esta tierra argentina, por ellos y por todos los que vengan, levantamos los brazos, levantamos nuestros carteles y decimos ¡Sí a la universidad pública!”, cerró el docente.

Por su parte, tomaron la palabra algunos sindicatos docentes, como Agmer, ATE y CTA, que reconocieron que “Luchar sirve, organizarse sirve, mantener las banderas en alto sirve, por lo tanto no es momento de flaquear, no es momento de dudar, simplemente sigamos, continuemos, que luchar sirve”.

Con un micrófono abierto, representantes la Asamblea de Adultos Mayores recordaron que cada miércoles están en la plaza, llegando a la asamblea número 27°, y que en su reclamo se suman otras voces: “Vienen desocupados a visitarnos, la gente de discapacidad, los estudiantes, muchas personas nos visitan todos los miércoles. Nuestra modalidad es sentarnos a debatir y pensar el futuro para todos”. 

Julián, estudiante de la Facultad de Bromatología de la Universidad de Entre Ríos, se sumó a las voces: “Venimos hoy en reclamo por el veto al Presupuesto Universitario, lo cual impacta en lo que son los sueldos de los docentes y no docentes. Esto repercute enormemente en lo que es la calidad educativa de nosotros. Hoy los docentes se están yendo de las aulas, están buscando oportunidades mejores y es entendible. Eso, sumado a otras variantes por fuera de lo académico, a los a lo que son los alquileres inflados y los bienes y servicios que están por las nubes, hoy en día es un desafío grande poder llevar una vida académica siendo foráneo en una ciudad que no es de nosotros”.

“La universidad debe seguir siendo el motor de igualdad, movilidad social y justicia para nuestra sociedad que la necesita”, cerró el estudiante.

Horas antes, José Dorati, Secretario de Extensión de la Facultad de Bromatología de la UNER, visitó Ahora Cero Radio y destacó la importancia de la educación pública en la sociedad en general: "No hay nada que ofrezca el Estado que pueda cambiar tanto la vida como una formación universitaria. Tener la formación universitaria te cambia la vida a vos, le cambia la vida a tus hijos y le cambia la vida a tus nietos".

“El 80% de los estudiantes de la Facultad de Bromatología son primera generación de estudiantes universitarios, el primero de la familia que va a la universidad. Esos estudiantes tienen un montón de desafíos: no tienen en la casa alguien que les diga cómo se rinde un parcial, cómo se rinde un final, cómo es la carrera universitaria y, además, muchos de ellos están acá porque no se pudieron ir a otro centro universitario de otro lugar y necesitan poder trabajar también", destacó el secretario.

La oposición intentará revertir hoy en la Cámara de Diputados los vetos del presidente Javier Milei para ratificar las leyes de aumento de financiamiento universitario y la declaración de Emergencia en Pediatría, por la crisis en el Hospital Garrahan, entre otros proyectos legislativos que el Gobierno resiste su sanción.

El oficialismo de La Libertad Avanza (LLA), en alianza con el PRO, llega debilitado a la sesión para alcanzar el tercio de votos necesarios que se requiere para sostener los vetos, tras perder las elecciones bonaerenses del 7 de septiembre frente al peronismo. Desde hace meses, el Gobierno viene sufriendo varias derrotas consecutivas en el Congreso, en la previa de las elecciones legislativas del 26 de octubre.

En la oposición había optimismo y cierta cautela en lograr el objetivo de la insistencia de las leyes que refuerzan los fondos destinados al hospital pediátrico insignia y las universidades nacionales. Pero en las últimas horas, la Casa Rosada articuló varias estrategias para conseguir el apoyo para blindar los vetos, con nuevos fondos a gobernadores aliados y dialoguistas, y el anuncio de futuros aumentos al personal del Garrahan.

En caso de que se rechacen los dos vetos, será un golpe duro para el Gobierno, porque en el Senado sí la oposición cuenta con una amplia mayoría de dos tercios para confirmar la insistencia de las dos leyes.

La Universidad de Buenos Aires (UBA) advirtió este martes que el proyecto de Presupuesto 2026 presentado anoche por el presidente Javier Milei “profundiza la crisis financiera” del sistema universitario argentino. Según el comunicado que difundió la casa de estudios, las partidas previstas por el Poder Ejecutivo sellan el recorte vigente, consolidan el deterioro salarial en los docentes y mantienen los gastos en niveles mínimos, situación que afecta el funcionamiento académico y científico de la institución.

En el documento emitido tras el anuncio del Ejecutivo, la UBA afirmó que la propuesta oficial ratifica los salarios de los profesores “bajo la línea de pobreza” y no contempla una recomposición para gastos operativos esenciales, como así tampoco una actualización de las becas estudiantiles. Además, alertó que las obras de infraestructura universitaria siguen paralizadas y que no existe ninguna previsión presupuestaria para reanudarlas.

Las autoridades de la universidad sostuvieron que, tras dos años sin presupuesto aprobado y con prórrogas desactualizadas, la inversión en educación superior en 2025 será la más baja de los últimos veinte años. El texto remarca que el proyecto de presupuesto para 2026 consolida los recortes implementados en el último año y medio. Según la UBA, la falta de actualización de partidas y la cancelación de obras comprometen el funcionamiento de la enseñanza, la investigación y la provisión de servicios básicos.

Varias organizaciones volverían a marchar el miércoles, para cuando está convocada la sesión en Diputados (Rs Fotos)

Entre los puntos críticos que señala la universidad, se incluyen la ausencia de mecanismos para evitar que el presupuesto pierda valor en 2026 y la falta de medidas para recuperar el poder adquisitivo de los salarios docentes y no docentes. Durante 2024 y 2025, el deterioro de estos ingresos impactó de manera directa sobre la planta académica y administrativa, además de afectar la calidad educativa.

El comunicado advierte que “la medida con relación al Producto Bruto Interno (PBI), la inversión proyectada para 2026 mantiene el piso histórico alcanzado el año anterior y vuelve a situarse por debajo del 0,5% del PBI”. Asimismo, la casa de estudios insistió en la necesidad de que el Congreso de la Nación ratifique la Ley de Financiamiento Universitario para asegurar la continuidad del sistema público durante 2026.

Por último, la UBA subrayó en su texto que “más que nunca, resulta imprescindible que el Congreso ratifique la Ley de Financiamiento Universitario para garantizar el funcionamiento de las universidades públicas en 2026”.

El Ministerio de Capital Humano denunciará a las autoridades de la Universidad de Buenos Aires (UBA) por “incumplimiento de los deberes de funcionario público al impedir que el alumnado acceda al sitio oficial y bloquear ese acceso por una pagina con contenido de carácter político partidario”.

Cabe mencionar que al querer ingresar a la página de la UBA aparece un mensaje escrito en mayúscula en referencia a la medida que tomó el Presidente, Javier Milei, sobre el Financiamiento Universitario: “No al veto”.

Además, el Ministerio solicitará la investigación de quienes ordenaron crear el subdominio https://noalveto.uba.ar a fin de determinar las responsabilidades administrativas y legales correspondientes.

“Las universidades nacionales deben garantizar el normal funcionamiento institucional y la igualdad de acceso a la información académica y administrativa”, remarca Capital Humano. Y agrega: “La manipulación de los canales oficiales de comunicación y la utilización de recursos públicos con fines partidarios configuran una violación a estos principios, además de comprometer la transparencia que debe regir en la gestión de las universidades”.

El Gobierno de Javier Milei vetó en su totalidad el Proyecto de Ley Nº 27.795, que proponía un nuevo esquema de financiamiento para la educación universitaria pública y la recomposición salarial de docentes y no docentes. La medida fue formalizada a través del Decreto 647/2025, publicado este miércoles 10 de septiembre, y representa un fuerte rechazo a la iniciativa sancionada por el Congreso el pasado 21 de agosto.

La decisión del Poder Ejecutivo, que se produce en un contexto de tensión entre el Gobierno y las universidades por recortes presupuestarios, fue confirmada por fuentes oficiales. Según supo Noticias Argentinas, el veto generará una nueva escalada en el conflicto con el sector educativo y con la oposición parlamentaria, que había impulsado la norma.

El Proyecto de Ley de "Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente" Nº 27.795 buscaba:

La norma planteaba medidas claras para consolidar el financiamiento de la Universidad Pública en todo el país. A continuación, se resumen los puntos centrales:

Garantizar el financiamiento: Establecía como objeto “garantizar la protección y el sostenimiento del financiamiento de la educación universitaria pública en todo el territorio de la REPÚBLICA ARGENTINA”.

Partidas presupuestarias específicas: Determinaba que el Poder Ejecutivo Nacional debía definir partidas presupuestarias destinadas al programa 26 “Desarrollo de la Educación Superior” para:

Afianzar el ingreso, la permanencia y la terminalidad del estudiantado.

Garantizar la formación continua.

Asegurar las condiciones laborales y salariales de docentes y no docentes.

Incrementar recursos para tecnología digital.

Impulsar la formación y fortalecimiento del personal.

Ampliar la oferta de carreras universitarias y preuniversitarias.

Promover la función de extensión universitaria.

Desarrollar la función de investigación.

Prever la provisión y mantenimiento de infraestructura y equipamiento.

Impulsar la internacionalización inclusiva de la enseñanza, investigación y extensión.

Asegurar y profundizar programas de bienestar estudiantil e incrementar la inversión en becas.

Actualización por IPC: Encomendaba al Poder Ejecutivo Nacional actualizar al 1 de enero de 2025 el monto de los gastos de funcionamiento de las universidades públicas, según la variación acumulada del Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el INDEC entre el 1 de mayo y el 31 de diciembre de 2024.

La objeción total al proyecto de ley se fundamenta en la visión del Gobierno de mantener el control sobre el gasto público y evitar lo que considera intromisiones en las facultades del Poder Ejecutivo para administrar los recursos del Estado. Sin embargo, la medida abre un nuevo frente de conflicto con un sector que reclama mayores fondos para garantizar la calidad y accesibilidad de la educación superior.

Con un resultado cantado de antemano -de hecho, el tema fue habilitado con dos tercios, sin problemas, al igual que su aprobación final-, la oposición senatorial le asestó una nueva derrota esta tarde al Gobierno libertario, con la sanción de la ley que mejora y blinda los presupuestos de universidades públicas. Bajo este panorama, el Ejecutivo ya prepara un nuevo veto.

Al momento de la definición, la iniciativa obtuvo 58 votos a favor, diez en contra y las abstenciones de Andrea Cristina, Victoria Huala (ambas, del PRO) y Juan Carlos Romero (Provincias Unidas) y . La discusión no termina y continuará en el Congreso: ante un cantado veto desde la Casa Rosada, la norma podrá ser insistida por la oposición, que precisará dos tercios en ambas Cámaras.

El texto impone la actualización “al 1º de enero de 2025, según la variación acumulada del Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), en el período comprendido entre el 1º de mayo al 31 de diciembre de 2024”, del “monto de los gastos de funcionamiento de las universidades públicas”. Y, para el corriente año, subas bimestrales.

Por otra parte, el Ejecutivo “deberá actualizar los salarios de los docentes y no docentes de las universidades públicas entre el período 1º/12/2023 hasta la sanción de la presente ley, en un porcentaje que no puede ser inferior al Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el INDEC en el mismo período”. Y todo incremento tendrá que “ser remunerativo y bonificable”.

A un mes de la eventual sanción, habrá “convocar con carácter obligatorio a la negociación paritaria, con una periodicidad que no podrá exceder los tres (3) meses calendarios, asegurando en todos los casos y tramos de la negociación una actualización mensual no inferior a la inflación publicada” por el INDEC, tanto “para personal docente como no docente”.

“En los cinco meses de 2025, se transfirió un 22,5% menos de lo que fue en primeros cinco meses de 2023”, alertó el peronista Fernando Salino, uno de los primeros en hacer uso de la palabra. El puntano agregó que, dos años atrás, lo destinado del Producto Bruto Interno “fue 0,72%”, mientras que para el corriente período “se estima en 0,43%”. Según sus cálculos, estimó un costo fiscal de la ley de 0,12% del PBI.

Por su parte, el radical bonaerense Maximiliano Abad expresó: “Si en 2024 se hubieran resuelto los reclamos sobre educación, salud y haberes jubilatorios, hoy estaríamos discutiendo los lineamientos de un modelo productivo integral para nuestro país, como una reforma tributaria profunda y la modernización del mundo del trabajo. Pero no, permanentemente retrocedemos, no avanzamos y el en mundo en el cual estamos viviendo, que es muy duro y desafiante para los países emergentes, vivimos tirándonos tiros en los pies, con decisiones que nos perjudican”.

“No es un tema de recursos. Recursos no faltan, sino un marco legal que los ordene para las prioridades que los argentinos tienen. Gobernar sin Presupuesto es como navegar sin GPS, sin brújula y se avanza a la deriva. Estamos a pocos días que Gobierno tenga que enviarlo -en referencia a la ley de gastos 2026- al Congreso”, dijo Abad. Y añadió: “Es un error monumental pensar que el crecimiento va a ser automático por exportaciones del campo, la minería o Vaca Muerta. Tenemos a dirigentes que estén haciendo la plancha esperando que venga una avalancha de dólares”.

“No venimos a votar en contra de ningún presidente, no es un partido de fútbol”, sinterizó el silvestre santacruceño José María Carambia para avalar la iniciativa. En tanto, el referente universitario y radical Flavio Fama sentenció: “Cuando escucho que se roban toda la plata, como si -las universidades- fuesen una bolsa de gatos, cuando pasa más de un año y medio que estamos discutiendo estas cosas, ¿dónde están las auditorías? ¿Dónde están los autores de esas cosas tan feas que nos hicieron creer que pasaban en las universidades argentinas? ¿Qué argentino no quiere tener una universidad pública? ¿De qué estamos hablando?“.

El cierre de oradores estuvo a cargo del jefe libertario, Ezequiel Atauche (Jujuy), que direccionó el foco en la educación inicial. Sobre esto, advirtió: “Uno de cada 10 niños no sabe leer. En los niveles más bajos, uno de cada 5. Uno de cada dos no puede comprender textos, y todos estos datos ponen en evidencia los muchísimos años de malos manejos en el país”.

“Se pervirtió durante décadas y se utilizaron las aulas como lugares de lavado de cerebro y de disputa ideológica muy tristes. Se enseñaron cosas que no se debían enseñar”, indicó el titular del bloque oficialista. Y concluyó: “El 4% de los egresados del país se producen en el 30% de las universidades, que se llevan el 55% del presupuesto en salarios“. (Fuente: Infobae)

El Senado inició la sesión en la que se debatirá un extenso temario que incluye proyectos sobre financiamiento universitario, la emergencia en pediatría, decretos delegados y acuerdos militares.

La oposición se prepara para sancionar las leyes que declara la emergencia pediátrica por un año -Hospital Garrahan de emblema- y que refuerza los presupuestos de universidades públicas.

Además, se desactivarían cuatro decretos de facultades delegadas y un DNU ya rechazados la semana pasada por Diputados, por lo que perderán vigor.