Este jueves por la tarde, a partir de las 16.30 horas, estudiantes, docentes, vecinos autoconvocados y distintas organizaciones sociales se concentraron en la esquina de las calles Perón y 25 de mayo para marchar hasta la Plaza San Martín en reclamo por el cumplimiento de la Ley 27.795 de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente.

La manifestación local fue una de las tantas réplicas que tuvieron lugar esta tarde en todo el país en el marco de la 5° Marcha Federal Universitaria. En Buenos Aires,  miles de personas se movilizaron al Congreso de la Nación bajo la misma consigna: exigir al Gobierno nacional y a la Justicia la aplicación inmediata de la Ley de Financiamiento, ratificada cinco veces en el Poder Legislativo.

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Cabe recordar que la norma fue sancionada por el Congreso luego de que ambas cámaras insistieran con la mayoría de dos tercios frente al veto presidencial. Sin embargo, el Poder Ejecutivo condicionó su aplicación mediante el Decreto 759/2025. El pasado 6 de octubre, el juez federal Martín Cormick declaró la inconstitucionalidad de ese decreto y ordenó al Gobierno aplicar la ley.En Gualeguaychú, la movilización fue convocada por la Asociación Gremial de Docentes Universitarios (AGDU), afiliados en la Facultad de Bromatología de la Universidad Nacional de Entre Ríos. La marcha como tal comenzó alrededor de las 17:15 horas. La columna partió desde la esquina céntrica de la Facultad de Bromatología hacia la plaza principal. Entre sus participantes, destacaron los docentes, no docentes, estudiantes y graduados de la UNER y de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER), que fueron acompañados por AGMER y el Centro de Estudiantes de Bromatología, entre otras agrupaciones del sector.

La marcha contó también con el apoyo y participación de ATE, CTA, la Asamblea de Adultos Mayores, la Asamblea de Salud Mental y la Asociación Civil TGD Padres TEA, entre otras agrupaciones locales. Se trata de distintos sectores que no sólo adhieren a este reclamo universitario -dado que atraviesa a la Educación y, por lo tanto, a la sociedad en su conjunto- sino que también han sufrido las políticas de ajuste del gobierno de Javier Milei. Uno de ellos es el de las personas con discapacidad y sus familias, quienes reclaman por una prórroga de la Ley de Emergencia en Discapacidad.

Sobre el reclamo universitario, esta mañana, el decano de la Facultad de Bromatología de la UNER José Dorati dio una entrevista a Cero y Bolazo Stream en la que expresó: “Todos esperamos el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. Para la universidad esa es la consigna con la que nos convocamos hoy. Ha sido un año largo, con muchas marchas y movilizaciones. Queremos cumplir con nuestra misión de investigación y extensión académica, pero para eso necesitamos un área adecuadamente financiada, y tener las condiciones materiales mínimas para funcionar”. 

Al llegar a la plaza, se dio lugar a un acto en el que se leyó un documento de la Asociación de Docentes Universitarios de Gualeguaychú. 

“Las universidades públicas y sus comunidades, junto con el sistema público de investigación, desarrollo e innovación, somos el fruto de una larga lucha en nuestro país por contar con un sistema estatal de educación y de producción de conocimientos que garantiza educación superior de calidad para todos y todas”, remarcó el documento, afirmando que “hoy la universidad pública se constituye como una caja de resonancia de las grandes demandas de la sociedad”.

También destacó que en esta quinta marcha la comunidad universitaria se unió a jubilados, artistas, educadores y personas con discapacidad, “cuyos derechos fundamentales también están siendo vulnerados”.

“Esta lucha es colectiva”, expresó la declaración, vinculando el reclamo educativo con la defensa del territorio y la soberanía nacional. En ese sentido, manifestó “un firme reclamo contra la venta de tierras a extranjeros” y sostuvo: “Las Malvinas son y serán argentinas. Esto es un ataque directo a nuestra soberanía nacional y a nuestros recursos naturales”.Luego tuvieron su turno al micrófono agrupaciones como el Centro de Estudiantes de la Facultad de Bromatología, la Asamblea de Adultos Mayores de Gualeguaychú, referentes de CTA, y la Asociación Civil TGD Padres TEA. También tomó la palabra el decano Dorati, para agradecer el acompañamiento y ratificar el mensaje de lucha.  

La quinta Marcha Federal Universitaria al Congreso de la Nación derivó este jueves en violentos incidentes entre manifestantes y efectivos de Gendarmería en la zona de Rivadavia entre Callao y Rodríguez Peña, epicentro de los enfrentamientos mientras el acto central transcurría del otro lado del escenario.

Luego de más de dos horas de enfrentamiento, en las que los manifestantes arrojaron piedras y los efectivos respondieron con gases, balas de goma y un camión hidrante, finalmente hubo 25 personas detenidas, y ocho efectivos heridos, pertenecientes a Gendarmería, Prefectura y la Policía Federal.

Los incidentes se desataron minutos antes del inicio del acto en el que los rectores de las universidades buscaban leer un documento para dejar expreso su reclamo una vez más, para que el Gobierno Nacional cumpla con la ley de financiamiento universitario.

En otro sector, hombres encapuchados comenzaron de arrojar cascotes. La respuesta de las fuerzas federales fue inmediata y los disturbios continuaron durante más de dos horas.

Los grupos que iniciaron el conflicto emergieron en medio de la zona donde había banderas de sectores políticos de izquierda e iniciaron una intensa pedrea contra la formación que custodiaba el vallado perimetral del palacio legislativo. Las piedras llovían sobre los escudos de los gendarmes y rebotaban contra sus cascos de plástico.

Los incidentes comenzaron luego de la fallida sesión para derogar el decreto 70. REUTERS/Pedro Lazaro Fernandez

Ante la escalada, Gendarmería optó por acercar masivamente sus efectivos para saturar la zona y proteger las vallas, al tiempo que respondía con disparos de balas de goma y gas lacrimógeno. El gas obligó a varios manifestantes —muchos con el rostro cubierto— a retroceder por las calles aledañas. Poco después, un camión hidrante llegó al cruce de Rivadavia y Entre Ríos.

El vehículo requirió la asistencia de un camión tanque para conectar la manguera y abastecerse de agua antes de desplegar su chorro contra los grupos más agresivos. Los proyectiles, lanzados con gomeras por manifestantes, llegaban hasta donde se encontraban los cronistas, lo que obligó a extremar las precauciones durante la cobertura.

Del otro lado de la plaza, el acto central comenzó según lo previsto alrededor de las 16:00, con oradores de gremios y del ámbito educativo en el escenario principal. Sin embargo, los estruendos de los enfrentamientos y el ruido de las motos de los efectivos motorizados se colaban entre los parlantes y provocaban que parte del público comenzara a desconcentrarse.

Algunos asistentes buscaron refugio en los bares de la zona, pero varios locales bajaron las persianas y no permitieron el ingreso. A todo esto se sumó la lluvia intensa y el viento que complicaron aún más la permanencia en la plaza.

La movilización había congregado a miles de personas con el reclamo de la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, ratificada en cinco oportunidades por el Poder Legislativo y cuya implementación sigue bloqueada por el gobierno de Javier Milei.

La jornada coincidió, además, con el intento de la oposición en la Cámara de Diputados de derogar el DNU 70/2023, el decreto que desreguló cientos de actividades al inicio de la gestión libertaria, aunque el oficialismo logró evitar el quórum necesario gracias a un puñado de ausencias clave de gobernadores aliados.

El gas lacrimógeno, mientras tanto, también llegó al interior del recinto. Según indicaron fuentes parlamentarias consultadas por Infobae, el efecto se sintió incluso en el anexo del Congreso, donde varios diputados debieron retirarse de los despisos del Palacio Legislativo tras sentirse descompuestos. Entre ellos, la diputada Cecilia Moreau tuvo que recostarse para recuperarse. “Nunca había pasado esto, le pusieron más fuerza al gas”, señalaron las mismas fuentes.

El saldo de los incidentes dejó, además, efectivos heridos. De acuerdo con fuentes policiales, tres integrantes de Gendarmería Nacional Argentina (GNA) y uno de Prefectura Naval Argentina (PNA) resultaron lesionados por el impacto de elementos contundentes durante los enfrentamientos.

En las redes sociales, la funcionario Alejandra Monteoliva cuestionó a quienes protagonizaron los disturbios. “Los mismos violentos de siempre. Quieren imponer el caos, desafiar a las Fuerzas de Seguridad y convertir las calles en una zona liberada”, escribió en su cuenta de X.

Y agregó: “El derecho a manifestarse no es un permiso para ejercer la violencia. Quienes agredan a nuestros efectivos, destruyan bienes públicos o cometan delitos deberán responder ante la Justicia. En Argentina, nadie está por encima de la ley”.

Alrededor de las 16.30, se pudo ver como manifestantes recogían los gases lacrimógenos lanzados por Gendarmería, los introducían en tachos de pintura con agua e intentaban devolverlos hacia el cordón de seguridad. A su vez, los gendarmes recogían las piedras arrojadas por los manifestantes y las devolvían hacia el otro lado.

Se podía ver como una muralla viva de efectivos que se concentró detrás del vallado metálico para evitar que cediera ante la presión de la multitud. Quienes protagonizaron los enfrentamientos portaban máscaras, cascos y banderas de partidos de izquierda, y se diferenciaron de los estudiantes, docentes y trabajadores universitarios que participaron de la marcha.

El Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) confirmó, a través de un parte difundido a las 16:50, que había atendido a dos personas durante los incidentes en los alrededores de Plaza Congreso. Según el reporte, un hombre adulto recibió asistencia en Hipólito Yrigoyen y Virrey Cevallos, donde el personal médico realizó un control clínico sin necesidad de traslado.

El acto central finalizó y las calles quedaron cubiertas de proyectiles

El segundo caso se registró en Rodríguez Peña 80, entre avenida Rivadavia y Bartolomé Mitre, donde una mujer de 57 años presentó síntomas compatibles con un accidente cerebrovascular (ACV). El auxilio fue regulado por telemedicina y, tras la llegada del móvil sanitario al lugar, la paciente fue trasladada al Hospital Ramos Mejía.

El parte del SAME detalló además un tercer llamado, en la calle Solís y Adolfo Alsina, donde se había solicitado asistencia para una mujer adulta con dificultad respiratoria. En ese caso, el auxilio fue anulado por disposición del 911.

Según el balance oficial hasta el momento, dos civiles recibieron atención médica durante la jornada: un hombre y una mujer, ambos mayores de edad. Una de ellas fue atendida en el lugar, mientras que la otra debió ser trasladada a un centro de salud.Fuente: Infobae

Esta tarde, miles de personas se movilizaron al Congreso de la Nación en el marco de la 5° Marcha Federal Universitaria , con el objetivo de continuar con el reclamo de la aplicación “inmediata” de la Ley de Financiamiento, ratificada cinco veces en el Poder Legislativo. 

La jornada contó con el condimento de que se le suma el intento de la oposición para derogar el DNU 70/2023, el mega decreto de Milei que desreguló cientos de actividades al inicio de su gestión.

El personal universitario llegó a esta instancia de protesta con el aval de la Justicia y del Congreso, pero persiste el bloqueo del gobierno de Javier Milei a la implementación de la norma que actualiza los sueldos, becas y fondos de la educación superior según la inflación acumulada desde diciembre de 2023.

La columna de la Universidad de Buenos Aires (UBA) partió temprano desde Plaza Houssay y avanzó por las avenidas Córdoba y Corrientes. Pasadas las 15, los manifestantes aguardaban sobre avenida de Mayo para ingresar a la Plaza del Congreso, donde se montó un escenario desde el que está previsto un acto central a las 16.

Al frente de la movilización avanzaba una bandera con la consigna “Defendamos la UBA”. Entre los asistentes había directores de hospitales universitarios, docentes, estudiantes y dirigentes gremiales, entre ellos Emiliano Cagnacci de Aduba. Detrás se desplegaban banderas de distintas facultades y organizaciones universitarias que ya participaron de anteriores movilizaciones durante la gestión de Javier Milei, junto con referencias a instituciones emblemáticas como el Hospital Roffo y a los tres premios Nobel formados en la UBA.

La jornada estuvo marcada además por las fuertes lluvias que afectaron a la ciudad de Buenos Aires durante la tarde. Como consecuencia, algunos gremios y agrupaciones comenzaron a retirarse antes de lo previsto y los organizadores decidieron adelantar el acto central. Mientras continuaban llegando manifestantes al Congreso, ya tomaban la palabra representantes sindicales y universitarios desde el escenario montado frente al Palacio Legislativo.

También se plegaron a la Marcha Federal Universitaria distintas organizaciones políticas y gremiales, como la CGT, las dos CTA (Trabajadores y Autónoma) y la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), La Cámpora, el Frente de Izquierda de los Trabajadores (FIT), el axelista Movimiento Derecho al Futuro (MDF), entre otros grupos. 

Fuente: Infobae / La Nación

Los docentes universitarios anunciaron un paro de actividades para este miércoles 30 de septiembre. La medida de fuerza, que podría extenderse hasta 72 horas, fue definida por el Frente Sindical de Universidades Nacionales (CONADU) durante un plenario realizado el pasado viernes, con el objetivo de coordinar acciones junto a la Conadu Histórica.

El gremio precisó que la huelga se suspenderá únicamente si el Gobierno cumple, antes del martes 29, con la recomposición salarial del 33,4% establecida en la Ley de Financiamiento Universitario. Hasta el momento, la propuesta oficial del Gobierno alcanzó un 3%, la cual fue rechazada por los docentes al considerar que aún persiste una deuda de actualización salarial cercana al 30%.

La secretaria general de Conadu, Clara Chevalier, se refirió a la situación actual del sector y la necesidad de fortalecer la organización frente a las políticas del gobierno de Javier Milei:

El objetivo es fortalecer la organización colectiva frente a un contexto que está marcado por la fragmentación e individualismo impulsados por el gobierno de Javier Milei.

Este desacuerdo en las paritarias derivó además en la convocatoria a la quinta Marcha Federal Universitaria, la cual ya tiene fecha prevista para el 15 de octubre.

La serie de negociaciones entre el Gobierno y los sectores docentes y no docentes universitarios suma un nuevo capítulo este jueves. Ambas partes se reunieron desde las 11 en el Palacio Pizzurno, en el marco de la discusión paritaria que convocó la Secretaría de Educación, la cual a comienzos de mes propuso un aumento del 3% para septiembre y de 3% para octubre, que fue rechazado por todas las agrupaciones. Esa misma oferta fue la que se repitió en la mañana de hoy y el resultado fue el mismo.

“El aumento no es el deseado y vamos a tomar medidas", avisó una de las contrapartes que estuvo esta mañana en la audiencia con autoridades del Ministerio de Capital Humano. Los integrantes de los sindicatos docentes solicitaron los fondos que establece la judicializada Ley de Financiamiento Universitario: los dos incrementos que dispone el Gobierno más una recomposición del 32,5% que perdieron los salarios durante los primeros años de la administración nacional de Javier Milei.

A las 15 horas habrá un segundo encuentro con las autoridades de Educación con los gremios no docentes. Una vez finalizado, estos se juntarán con los sindicatos docentes para comenzar a diagramar las próximas medidas de fuerza. La posibilidad que toma mayor fuerza es la de convocar a una marcha nacional por las universidades nacionales. Sería la quinta en lo que va de este Gobierno y la segunda en el año.

El contexto en el que se da esta discusión no es menor. El Gobierno asignó $7,3 billones para las universidades públicas en el Presupuesto 2027, una cifra 33% inferior a los $11 billones que reclaman los rectores para sostener salarios, infraestructura, ciencia, becas y hospitales, mientras se profundiza la disputa por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.

Las autoridades de las 60 universidades públicas estimaron que casi el 90% de los recursos requeridos corresponde a salarios docentes y no docentes. El resto contempla gastos de funcionamiento, obras de infraestructura, investigación, becas y hospitales universitarios. La diferencia presupuestaria se superpone con un conflicto judicial y paritario. El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) sostiene que el Ejecutivo aún no cumplió plenamente los artículos 5 y 6 de la Ley 27.795, pese a que una medida cautelar continúa vigente.

“Seguimos insistiendo en que el Gobierno tiene que cumplir en democracia con la Ley de Financiamiento Universitario. Ya hay dos poderes de la Nación, el Legislativo y el Judicial, que dicen que tiene que cumplir. Nunca se ha visto que el Ejecutivo se niegue a aplicar algo que ya fue convalidado por los otros dos poderes”, declaró a Infobae el secretario general de la Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN), Daniel Ricci.

El Gobierno y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) firmaron este martes al mediodía un acuerdo salarial y presupuestario para aliviar el conflicto por los fondos para sostener el funcionamiento de las universidades públicas.

Pese al principio de acuerdo, las entidades educativas mantendrán la demanda ante la Corte Suprema por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, la norma votada favorablemente y ratificada en el Congreso que continúa sin aplicarse.

La propuesta en discusión incluyó un aumento salarial de 24,33% en dos tramos, un ajuste de 21,33% en julio y otro de 3% en octubre. Esa recomposición equivale a 7 puntos correspondientes a 2024, 12,33 puntos de 2025 y el resto busca compensar la pérdida acumulada hasta mayo de 2026. También está prevista una reunión paritaria con los gremios.

Qué incluye la oferta

El acuerdo económico no implica el cierre del litigio. Los rectores hicieron saber que “no retirarán la demanda judicial”, sobre la causa que analiza la Corte Suprema de Justicia por los fondos universitarios.

Además de la suba salarial, el oficialismo incorporó el compromiso de evitar que los salarios universitarios sigan perdiendo frente a la inflación durante 2026. El acta rubricada hoy también incluye un incremento del 50% en el Programa de Becas Estratégicas Manuel Belgrano. Ese programa promueve el acceso, el avance y la finalización de estudios de pregrado y grado en áreas consideradas claves para el desarrollo del país. A eso se sumó un financiamiento de $50 mil millones para hospitales universitarios.

Las conversaciones también abarcaron una negociación puntual para el personal docente de los establecimientos preuniversitarios. En esos colegios de nivel medio, la situación salarial es más delicada porque los docentes también perdieron poder adquisitivo por la quita del Fondo de Incentivo Docente, el FONID.

Ese deterioro forma parte de la negociación abierta entre el Ejecutivo, las universidades y los gremios. El reclamo alcanza tanto a docentes como a no docentes, en un contexto en el que los rectores exigen que cualquier salida incluya una instancia paritaria real y un acuerdo con las organizaciones sindicales.

La causa judicial y la reacción sindical

La causa por la Ley de Financiamiento Universitario tiene una medida cautelar favorable a las universidades, ratificada en dos oportunidades, aunque hoy permanece suspendida por un recurso extraordinario del Poder Ejecutivo. La decisión final quedó en manos de la Corte Suprema, que no tiene un plazo establecido para pronunciarse.

La posición del Gobierno es que la ley sancionada por el Congreso es “ilegal” porque, bajo su interpretación, no cumple con la normativa de administración financiera que exige identificar la fuente de los recursos. Por ese motivo, el Ejecutivo sostiene que mantener la demanda judicial es incompatible con un acuerdo económico entre las partes.

Del lado sindical, la desconfianza continúa. “Por ahora, es todo informal. Entonces no se puede dar crédito a eso. Tenemos que ser muy cuidadosos y serios porque el Gobierno es un interlocutor muy escurridizo. El gobierno tiene que convocar a paritaria, cosas que no hace hace años”, dijeron desde Conadu a Infobae.

Las universidades siguen en estado de alerta. El martes 26 de mayo, centros de estudiantes de la UBA, gremios docentes y otras organizaciones de la comunidad universitaria realizaron clases públicas frente al Palacio de Justicia para reclamar a los jueces Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz una definición sobre la cautelar.

También hubo medidas de fuerza en los colegios preuniversitarios. Estudiantes del Nacional Buenos Aires y del Carlos Pellegrini tomaron los establecimientos como protesta.

Fuente: Infobae

El Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires (UBA), solicitó de manera formal a la Corte Suprema de Justicia de la Nación que "se expida a la mayor brevedad" en la causa judicial vinculada al cumplimiento de la Ley de Financiamiento y le exija al Gobierno Nacional su "inmediata aplicación".

Esta ley, votada por amplia mayoría en ambas Cámaras del Congreso, impacta de manera directa, no sólo en el presupuesto universitario, sino también en la recomposición salarial docente. 

Fuente: Noticias Argentinas

El presidente Javier Milei utilizó sus redes sociales este miércoles para expresar su postura tras la masiva movilización en defensa de la universidad pública. Lejos de buscar un acercamiento con los sectores que protestaron en Plaza de Mayo, compartió una publicación que comparó su salario con el de los rectores de las casas de estudio.

De acuerdo al posteo que el jefe de Estado compartió en X, el jefe del Poder Ejecutivo cobra de $4 millones brutos por mes. Mientras que los rectores cobran “hasta cuatro veces más que el Presidente, hasta $18 millones por mes".

En su jornada en la red social de microblogging, Milei siguió compartiendo críticas contra la convocatoria del martes por la tarde. Insistió que la jornada no respondió únicamente a un reclamo académico, sino a intereses partidarios.

En su descargo, Milei lanzó duras acusaciones contra los sectores de la oposición que participaron de la marcha federal. El jefe de Estado sostuvo que los dirigentes opositores están intentando proteger "sus cajas" políticas y que, para lograrlo, utilizan la defensa de la educación pública como una suerte de "bandera" o escudo mediático que oculta sus verdaderas intenciones financieras.

Desde el oficialismo, la narrativa se mantuvo alineada con las declaraciones del presidente. En ese sentido, la cuenta oficial de La Libertad Avanza había emitido un comunicado subrayando que la administración nacional cumple con sus obligaciones económicas.

En dicho texto, aseguraron que el Gobierno transfirió mensualmente el presupuesto asignado, intentando desactivar la idea de un desfinanciamiento deliberado por parte del Poder Ejecutivo. Algo que también dejó en claro la subsecretaria de Políticas Universitarias que lidera Alejandro “Profe” Álvarez, a lo largo de la jornada.

El día después de la multitudinaria Marcha Federal Universitaria a Plaza de Mayo, el gobierno nacional reflexionó y relativizó el impacto efectivo que la movilización puede tener en la realidad.

“Vos podés juntar cien mil, un millón o cinco millones de personas, pero al otro día la restricción presupuestaria sigue estando ahí”. Las palabras son de Alejandro Álvarez, subsecretario de Políticas Universitarias, quien así quiso dejar en claro que la cantidad de gente que se moviliza no modifica de manera real el límite de fondos disponibles.

El funcionario afirmó que la capacidad del Estado para aumentar el financiamiento universitario en realidad responde a la legislación vigente y a los fondos ya asignados en el presupuesto nacional, más allá de la presión social.

“La ley nació muerta para mí, porque viola el primer principio que es el presupuestario”, indicó antes de explicar que toda ley que no especifica el origen de sus fondos, queda sin efecto según la normativa vigente: “La ley de ejecución presupuestaria dice claramente que toda ley que se haya votado y no indique la fuente de financiamiento, será promulgada y suspendida en el mismo acto”.

“El derecho a manifestarse está garantizado, pero las decisiones sobre políticas públicas las toman quienes representan democráticamente a la sociedad”, indicó Álvarez en declaraciones a Radio Mitre. “Los legisladores y el presidente se eligen en elecciones libres, no por quien junta más gente”, enfatizó.

En ese sentido, Álvarez remarcó que las recientes movilizaciones “no es que están intrusadas por la política, son políticas, están organizadas por los partidos opositores”. Para fundamentarlo, mencionó especialmente al “vicepresidente del Consejo Interuniversitario Nacional, Anselmo Torres”, a quien definió como “un político profesional que se presenta como profesor”.

Además, el subsecretario también criticó la contradicción de defender el ingreso irrestricto a la universidad, a la vez que en la institución dirigida por Torres existen cupos impuestos por amparos judiciales.

En la misma entrevista, Álvarez cuestionó los criterios actuales en la asignación de recursos a las universidades. “El sistema existe para generar graduados. Principalmente, la función es formar gente”, subrayó, pero indicó que existe una “desvirtuación completa”, ya que parte del presupuesto se destina al “pago de salarios a las estructuras políticas” más que a la formación académica.

Al respecto, marcó las distorsiones que provoca la existencia de carreras con uno o dos estudiantes y varios docentes. “Licenciado en Música con orientación en clarinete, un alumno. Licenciado en Filosofía, un alumno. Licenciada en Cultura y Lenguajes Artísticos, dos alumnos. Y así, hay un licenciado en saxo, varios”, ejemplificó. Para Álvarez, trasladar recursos a carreras de mayor demanda, como puede ser la de Ingeniería, tropieza con resistencias internas.

El funcionario precisó que la asignación presupuestaria vigente “carece de reglas aplicadas para la distribución del presupuesto. Hace 40 años que es así”. De inmediato, aseguró que el objetivo es implementar “indicadores objetivos” para mejorar el uso de los fondos públicos, priorizando áreas estratégicas.

Entre los datos destacados, Álvarez mencionó que un graduado en ingeniería de la Universidad Tecnológica Nacional le cuesta al Estado cincuenta millones de pesos. En contraste, un artista egresado de la Universidad Nacional de las Artes demanda cuatrocientos veintitrés millones. “Si se reciben cinco o seis juntos, nos van a salir cuatro mil trescientos millones”, ejemplificó.

A su vez, consideró fundamental repensar el sentido social de la universidad. “El objetivo de los hospitales escuela, el objetivo de la atención primaria en las universidades, es formar a los médicos… No la función infinita, porque nuestra función no es dar salud, es generar graduados”, afirmó.

El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la Federación Universitaria Argentina (FUA) y el Frente Sindical de las Universidades Nacionales convocaron a estudiantes, docentes, no docentes e investigadores a movilizarse este martes 12 de mayo en todo el país. La jornada constituyó la cuarta Marcha Federal Universitaria desde la asunción de Javier Milei como presidente.

El acto central se desarrolló en Plaza de Mayo. Entre los principales reclamos figuran el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario por parte de la Casa Rosada, la falta de acatamiento a fallos judiciales que ordenaron en dos instancias el cumplimiento inmediato de los artículos 5 y 6 de la norma -que ajustan una recomposición de salarios y becas-, la reducción del presupuesto para el sector y la pérdida de poder adquisitivo de los salarios.

El documento final, leído por estudiantes de la Federación Universitaria Argentina (FUA), exigió que el Gobierno cumpla de una vez la ley de financiamiento universitario, votada, ratificada y validada en dos instancias por la Justicia, mientras se espera la intervención final de la Corte.El texto afirma que el poder adquisitivo de las partidas correspondientes a los Gastos de Funcionamiento de las Universidades "no ha superado", en ninguno de los meses de la gestión del presidente Javier Milei, "el 64% del que tenía en enero de 2023".

"El Poder Ejecutivo, en un acto de desprecio institucional sin precedentes, ha decidido alzarse contra los otros dos poderes de la República: ignora la Ley de Financiamiento Universitario N° 27.795 sancionada y ratificada por amplias mayorías en el Congreso, y desoye los fallos de la Justicia que ordenan su cumplimiento inmediato. Cuando el Gobierno decide qué leyes cumple y qué sentencias acata, lo que se rompe no es solo lo relativo al presupuesto universitario, es el contrato social que nos mantiene libres y en un estado de derecho", remarcaron.

En la misma línea, indicaron que desde diciembre de 2023 "se ha perdido el equivalente a casi 9 meses de transferencias"; asimismo, manifestaron que la crisis que atraviesan las universidades "no es solo presupuestaria", porque como ciudadanos "deben denunciar con dolor y firmeza" la "ruptura del acuerdo democrático" de la división de poderes que tenemos en la nación.

Para finalizar, expresaron que la universidad pública y el sistema público de investigación, "son factores fundamentales de la economía del país" y, además, funcionan como recursos estratégicos para que la industria nacional pueda "competir en el mundo" y "generar puestos de trabajo con derechos, y ambientalmente sustentables": "Todo proyecto de país necesita una universidad de excelencia que aporte desde la soberanía científica, tecnológica y de las artes a su desarrollo", añadieron."No permitamos que los pilares de nuestras universidades trabajadores docentes, no docentes, investigadores y estudiantes sean expulsados del sistema. Si hoy no defendemos a nuestras universidades, el futuro de prosperidad para el País será solo un sueño. Es aquí y ahora. La universidad pública se defiende. Por más y mejor educación pública y ciencia", concluyeron.

La movilización, que se replicó en todo el país, contó con el apoyo de la CGT y las dos CTA, que participaron con sus respectivas columnas para exigir la "recomposición salarial para docentes y no docentes" y la aplicación del "presupuesto para el funcionamiento de las universidades y los hospitales universitarios".

Fuente: Infobae / Noticias Argentinas

Bajo el slogan “Milei no sos rey, cumplí la ley”, cientos de docentes, estudiantes y vecinos de Gualeguaychú se movilizaron este martes por la tarde en el marco de la cuarta Marcha Federal Universitaria, que tuvo réplicas en distintos puntos del país. Se trata de una manifestación en contra del fuerte ajuste que ejerce el Gobierno nacional sobre el sector educativo y en reclamo del cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario (Ley 27.795).

La norma (sancionada por el Congreso de la Nación, vetada por el Presidente, y vuelta a ratificar por el Congreso) busca garantizar el sostenimiento presupuestario de las universidades públicas argentinas, estableciendo mecanismos de actualización automática de partidas para funcionamiento y salarios docentes/no docentes frente a la inflación. Su objetivo es asegurar el ingreso, permanencia y terminalidad estudiantil. Surgió para contrarrestar el congelamiento de partidas y el desfasaje presupuestario, buscando una distribución de fondos más previsible para el sistema público.

Sin embargo, los gremios de docentes y estudiantes universitarios aseguran que el Gobierno lleva más de 200 días sin cumplir con la ley. La comunidad educativa de Gualeguaychú se sumó a la protesta federal con dos actividades consecutivas. Primero, a las 16 horas, realizó una clase pública organizada por docentes y estudiantes de la carrera de Medicina Veterinaria. Esta tuvo lugar sobre la vereda de la sede centro de la Facultad de Bromatología, en la esquina de 25 de Mayo y Perón, y tuvo el objetivo de visibilizar el rol de la universidad pública a nivel local.

Luego a partir de las 17 horas, se realizó una concentración en el mismo punto, desde donde pocos minutos después se  emprendió una marcha hacia la Plaza San Martín. 

En el camino, más personas se sumaron a la movilización, al igual que en la plaza, una vez que arribó la columna.

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Allí, Diego Zanetti, representante gremial de la Asociación Gremial de Docentes Universitarios (AGDU), tomó la palabra para agradecer el apoyo de toda la comunidad presente y recordó: 

“Tenemos una Ley de Financiamiento Universitario que el Gobierno decide no cumplir; y tenemos una Ley de Presupuesto 2026, que asigna presupuesto después de una discusión parlamentaria importante, y el inefable Jefe de Gabinete, en su disposición N20 acaba de hacer un recorte de casi 4.500 millones de pesos más a lo que ya nos habían ajustado”.También expresó: “Entendemos que esto es un ajuste sobre el ajuste porque son planillas que no cierran; y quisiéramos hacer entender a la comunidad que no somos una planilla, somos el mecanismo social ascendente que nos permitió a gran parte de nosotros -y me pongo de referencia como primera generación de universitarios- estar acá. Y no estamos defiendo esto solamente por nosotros y por los estudiantes que nos acompañan, lo defendemos por nuestros hijos y por toda una historia de lucha que no va a ser volteada simplemente por las intenciones payasescas de un Presidente de turno”.

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Luego se entonaron las estrofas del Himno Nacional Argentino. A partir de entonces, se compartió un momento de encuentro y concentración entre vecinos, estudiantes y docentes. 

Los docentes universitarios acumularon una pérdida salarial equivalente a 8 sueldos desde noviembre de 2023, con una caída del 34,5% en términos reales. Los datos surgen en la antesala de la marcha federal de este martes por el incumplimiento de la Ley de Financiamiento por parte del Gobierno Nacional, la cual fue aprobada e insistida en el Congreso tras el veto del presidente Javier Milei.

Para poner estas variaciones en números concretos, en base a datos de Conadu, Infobae elaboró ejemplos de salarios brutos para docentes con hasta 2 y 10 años de antigüedad.

De acuerdo con la escala salarial de mayo de 2026, la dedicación exclusiva (40 horas semanales) muestra una brecha significativa determinada por el escalafón y la antigüedad. Un profesor Titular que inicia su carrera o posee hasta dos años de experiencia percibe $1.898.740,01, cifra que se eleva a $2.373.425,01 al alcanzar los 10 años en el cargo.

Un Auxiliar de primera categoría tiene un sueldo inicial de $1.062.708,05, lo que representa apenas un 55% de lo que cobra un Titular con su misma antigüedad.

En el caso de las dedicaciones semiexclusivas de 20 horas semanales, los montos reflejan la presión sobre los ingresos de los cargos intermedios. Un docente Adjunto con una década de trayectoria cobra un bruto de $925.745,76, mientras que un Jefe de Trabajos Prácticos (JTP) con la misma antigüedad llega a los $795.039,03.

Por su parte, un Auxiliar de primera con 10 años de experiencia bajo este régimen horario percibe $664.190,55, lo obliga a la mayoría de los profesionales a buscar fuentes de ingresos adicionales.

La situación resulta más crítica en las dedicaciones simples de 10 horas semanales, las más frecuentes en el sistema universitario nacional. Aquí, los salarios de los niveles iniciales oscilan entre los $212.540,62 y los $265.675,77 brutos dependiendo la antigüedad. Incluso un profesor Titular en este régimen recibe por mes apenas $593.355,63 tras diez años de servicio.

Estas cifras cobran especial relevancia frente a un contexto donde la inflación interanual a comienzos de año se situó en el 32,4% y se proyecta un cierre para 2026 del 27,5%, lo que subraya la magnitud del desafío para mantener el poder adquisitivo del sector académico.

Para medir el efecto del ajuste que aplicó el Gobierno al presupuesto universitario en términos reales, se tomaron cálculos privados con datos a marzo o abril, según el caso. Un informe del Instituto Argentina Grande (IAG) detalló que un titular con dedicación exclusiva, en el acumulado desde el cambio de gestión, cobró $18,5 millones menos a precios de abril.

El recorte presupuestario en las universidades nacionales afecta principalmente a los docentes, ya que el 80% de los fondos se destina a remuneraciones. Como resultado de dicho deterioro en el poder adquisitivo, según el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), más de 10.000 profesionales ya dejaron sus cargos.

Como comparativa, el presupuesto asignado al sistema universitario nacional pasó del 0,72% del PBI en 2023 al 0,47% proyectado para este año, mientras que las transferencias muestran una baja real acumulada del 45,6%

“El gasto en 2025 fue similar al que se realizó en 2007 ($5,5 billones a precios de abril de 2026); y sin tener en cuenta la creación de 13 universidades públicas y los 768.200 nuevos estudiantes que se incorporaron al sistema”, señaló el IAG.

Un informe de CEPA tomó los salarios básicos a marzo de 2026 y, con ellos, estimó el impacto de la inflación sobre su poder adquisitivo al compararlo con la evolución de las canastas de indigencia y pobreza. De acuerdo al análisis, si se considera la Canasta Básica Alimentaria (CBA) y la Canasta Básica Total (CBT) de un Hogar Tipo 2 en marzo de 2026 con los salarios básicos brutos (sin antigüedad) del personal docente y no docente de las universidades nacionales, se advierte que solo una minoría de los cargos supera la línea de pobreza. Ese mes, la CBT fue de $1.434.464.

Tabla con salarios brutos de docentes y no docentes universitarios en marzo de 2026, comparados con la canasta básica alimentaria y total (CEPA)

Entre los docentes, únicamente los titulares con dedicación exclusiva exceden ese monto, con un sueldo bruto de $1.555.834. En el caso del personal no docente, solo los cargos de los niveles 1 y 2 logran cubrir la canasta.

A su vez, la CBA, que marca la línea de indigencia, alcanzó los $658.011 en marzo. A excepción de los titulares y asociados con dedicación semi-exclusiva, el resto de los cargos docentes, incluidos los de dedicación simple, quedaron por debajo de ese umbral.

La Ley de Financiamiento Universitario insistida en el Congreso establecía la convocatoria a una paritaria nacional para que recuperen el terreno perdido desde diciembre de 2023 hasta octubre de 2025, fecha prevista para su publicación en el Boletín Oficial.

Mientras tanto, en Casa Rosada aseguran: “Hoy en día no vamos a pagar. Lo digo así porque realmente no tenemos la plata". Estiman que la suma adeudada asciende a 2,5 billones de pesos.

En la misma línea, el subsecretario de políticas universitarias, Alejandro Álvarez, dijo: “La consigna de ellos es ‘cumplan la ley’. No se puede cumplir porque es abstracta, quedó derogada al aprobarse el Presupuesto. Cuando se aprueba una ley presupuestaria previa a la aprobación del Presupuesto, este la deroga de manera implícita, porque no puede haber asignaciones por fuera de eso”.

“Implicaría un gasto que el Estado no está en condiciones económicas de afrontar hoy”, agregó.

Por otra parte, mediante la Decisión Administrativa 20/2026, el Gobierno dispuso recientemente un ajuste de $78.768 millones a programas de la Secretaría de Educación.

Según el anexo correspondiente, la reducción incluye una poda de $5.303.000.000 en transferencias de capital destinadas a infraestructura del conocimiento, con afectación directa a obras en trece casas de estudio.

La Universidad Nacional de La Plata es la más perjudicada, con $1.043.000.000 menos. Le siguen la Universidad Nacional de General San Martín y la Universidad Nacional de Avellaneda, con recortes de $700.000.000 cada una; Río Cuarto, con $680.500.000; y Entre Ríos, con $540.000.000.

El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la Federación Universitaria Argentina (FUA) y el Frente Sindical de las Universidades Nacionales convocaron a estudiantes, docentes, no docentes e investigadores a movilizarse este martes 12 de mayo en todo el país. La jornada constituye la cuarta Marcha Federal Universitaria desde la asunción de Javier Milei como presidente.

El acto central se desarrollará en Plaza de Mayo, con concentración desde las 17 y discursos previstos a partir de las 18. Sin embargo, desde las primeras horas de la tarde ya comienzan a llegar miles de manifestantes a las inmediaciones de la Casa Rosada.

Entre los principales reclamos figuran el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario por parte de la Casa Rosada, la falta de acatamiento a fallos judiciales que ordenaron en dos instancias el cumplimiento inmediato de los artículos 5 y 6 de la norma -que ajustan una recomposición de salarios y becas-, la reducción del presupuesto para el sector y la pérdida de poder adquisitivo de los salarios.

Las organizaciones convocantes argumentan que la situación presupuestaria de la universidad pública se agravó en los últimos meses, sin señales de rectificación por parte del Gobierno.

En GualeguaychúEn sintonía con las masivas movilizaciones que se prevén para esta tarde en todo el país, en Gualeguaychú habrá una clase pública a las 16 horas, organizada por docentes y estudiantes de la carrera de Medicina Veterinaria, que se desarrollará sobre la vereda de la sede centro de la Facultad de Bromatología, en la esquina de 25 de Mayo y Perón. 

Una hora más tarde, a las 17, se realizará una concentración en el mismo punto. Allí está prevista una asamblea abierta en la que se informará sobre la situación que atraviesan las universidades nacionales, marcada por reclamos salariales, reducción de partidas y denuncias de desfinanciamiento, bajo el slogan: “Milei no sos rey, cumplí la ley”. Luego, los participantes marcharán junto a distintos sectores de la comunidad hacia Plaza San Martín. 

Noticia en desarrollo…

La Confederación General del Trabajo (CGT) anunció que mañana será parte de la marcha universitaria para acompañar y reclamarle al Gobierno “por la educación, por la universidad pública y la ciencia nacional”.

La movilización tendrá lugar en todo el país “para cuidar el futuro de nuestros hijos e hijas”, afirmaron desde la CGT desde donde aseguraron que “marchamos junto a los estudiantes en defensa de la educación pública”.

A través de un video difundido en las redes sociales desde la CGT argumentaron que se movilizarán para “defender la educación y la ciencia nacional” porque “es proteger el trabajo, la producción y el porvenir de millones de argentinos y argentinas”.

Por eso, mañana martes 12 de mayo, “igual que siempre, nos vemos en la calle”, dijeron “porque un país, sin ciencia, sin educación pública, es un país sin desarrollo, sin soberanía y mucho menos un futuro”.

Además, sumaron que lo hacen “por la educación, por la universidad pública y la ciencia nacional” y por “la educación libre y gratuita crea la movilidad social ascendente”.

Por último, marcaron la solidaridad a la marcha y que “la CGT va a adherir y va a acompañar a los compañeros docentes y no docentes”.

En este sentido, señalaron que marcharán a las 15 horas desde Diagonal Sur y Bolívar “junto a los estudiantes y la educación pública”. 

Fuente: Agencia NA

La comunidad universitaria volverá a salir a las calles este martes 12 de mayo en una nueva edición de la Marcha Federal Universitaria, una convocatoria nacional impulsada por rectores, docentes, no docentes y estudiantes en reclamo por el financiamiento del sistema público de educación superior. En la ciudad, la jornada tendrá actividades abiertas a toda la comunidad y culminará con una movilización hacia la Plaza San Martín.

La convocatoria local comenzará a las 16 horas con una clase pública organizada por docentes y estudiantes de la carrera de Medicina Veterinaria, que se desarrollará sobre la vereda de la sede centro de la Facultad de Bromatología, en la esquina de las calles 25 de Mayo y Perón. La propuesta busca visibilizar el rol de la universidad pública a nivel local.

Una hora más tarde, a las 17, se realizará una concentración en el mismo punto. Allí está prevista una asamblea abierta en la que se informará sobre la situación que atraviesan las universidades nacionales, marcada por reclamos salariales, reducción de partidas y denuncias de desfinanciamiento, bajo el slogan: “Milei no sos rey, cumplí la ley”. Luego, los participantes marcharán junto a distintos sectores de la comunidad hacia Plaza San Martín.

Diego Zanetti, representante gremial de la Asociación Gremial de Docentes Universitarios (AGDU) en Gualeguaychú había manifestado en anteriores declaraciones a este medio que “la universidad pública argentina representa un pilar esencial para la movilidad social ascendente, la producción de conocimiento soberano y el desarrollo nacional. No hay ninguna duda de eso. Pero hoy enfrenta una grave crisis bajo la presidencia de Javier Milei. Esta crisis integra un desfinanciamiento sistemático, el deterioro salarial creciente y el incumplimiento flagrante de normativas sancionadas por el Congreso Nacional, como la Ley de Financiamiento Universitario (Ley 27.795)”.

En los tres meses que va del ciclo lectivo, han sido varias las medidas de fuerza que se han realizado en rechazo y reclamo de esta situación, y ha alcanzado niveles de acatamientos históricos en la Facultad de Bromatología, según Zanetti.

La movilización en Gualeguaychú se enmarca dentro de una protesta federal que tendrá su acto central en Plaza de Mayo, en la Ciudad de Buenos Aires, y que contará con réplicas en diferentes ciudades del país. La convocatoria fue ratificada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), junto a la Federación Universitaria Argentina (FUA) y el Frente Sindical de las Universidades Nacionales.

En representación de la Universidad Nacional de Entre Ríos estará el reciente rector electo, el gualeguaychuense Juan Manuel Arbelo.

Desde los distintos sectores organizadores sostienen que el funcionamiento de las universidades públicas se encuentra comprometido por la falta de actualización presupuestaria y la pérdida del poder adquisitivo de trabajadores docentes y no docentes.

Así lo aseguró Diego Zanetti responsable gremial de la Asociación Gremial de Docentes Universitarios de Gualeguaychú (AGDU) .

“El acatamiento es similar a las anteriores oportunidades. Hay docentes trabajando con algunos cursos. Pero al adherirse los equipos de cátedra que tienen a cargo comisiones numerosas el impacto se hace más notorio”, señaló en referencia al nivel de actividad en la Facultad de Bromatología. 

La medida de fuerza forma parte del plan de lucha de la Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu) por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y la recomposición salarial.

Desde el gremio se indicó que el conflicto persiste por la falta de respuestas del Gobierno nacional y señalaron que el presidente Javier Milei lleva 181 días sin aplicar la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada por el Congreso, vetada posteriormente y ratificada por una mayoría especial de ambas cámaras.

En materia salarial, se advirtió que el sector necesita un aumento del 55% para recuperar los niveles de ingresos de noviembre de 2023. También señalaron que la garantía salarial permanece congelada desde hace más de un año y que muchos docentes continúan percibiendo salarios cercanos a los 250.000 pesos.

Desde su sanción, la Ley de Financiamiento Universitario supone uno de los grandes conflictos para el Gobierno nacional que estudiaba, por estos días, la manera de readaptar los números para hacer frente al fallo judicial que obliga a su cumplimiento.

El oficialismo madura una nueva convocatoria a rectores y autoridades universitarias para principios de mayo con intención de alcanzar un acuerdo que deje conforme a las partes.

En varios despachos de Balcarce 50 sostiene que en febrero hubo un principio de acuerdo, que le atribuyen al asesor presidencial, Santiago Caputo, que aspiraba a recomponer los salarios docentes y no docentes en un 12,3% de lo licuado en 2025, pero que no prosperó debido a los prolongados plazos de los tiempos legislativos.

Desde el Salón Martín Fierro señalan contra el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y lo responsabilizan de “haber pisado” el proyecto. En el entorno del legislador descartan la posibilidad y aseguran que las prioridades las fija la Casa Rosada en función de las necesidades.

“Tenemos que acomodar los números para que funcione. No lo podemos pagar, en el mientras tanto vamos ganando tiempo para poder modificar la ley”, confesó un alfil libertario ante este medio.

A través de un recurso extraordinario presentado por la Procuración del Tesoro, a cargo de Sebastián Amerio, la administración libertaria aspira a ganar tiempo luego de que la inflación del mes de marzo que se ubicó en 3,4% complejizó los planes. “Los votos estaban”, se jactan desde una de las tribus violetas.

“Estamos viendo de intentar arreglar el stock pasado y plantear una nueva discusión en el Congreso”, confesó una voz con acceso al despacho presidencial que admitió además que una de las opciones es avanzar por decreto.

Lo cierto es que las autoridades universitarias comienzan a impacientarse y maduran una nueva movilización para los primeros días de mayo. Además, descartan la existencia de un acuerdo con el Ejectuvo y aseguran que en febrero solo “hubo un aviso”.

Entre los cuestionamientos figuran la falta de compensación para los puntos salariales perdidos en 2024, y la falta de proyección para este 2026.

Con la cuestión en el temario es que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se reunió el pasado lunes con el ministro de Economía, Luis Caputo, el guardían de los números, y la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy, la coordinadora de la estrategia legal de la procuración. 

Los días pasan y la presión persiste. El recuerdo de la movilización universitaria de 2024, la más convocante bajo la era Milei, aún permanece en la memoria de varios funcionarios que garantizan que el problema se va a solucionar.

“La gente está cansada, no veo clima social como en aquel entonces”, vaticinó una importante fuente a esta agencia. En paralelo, las autoridades universitarias preparan una nueva convocatoría que podría concretarse de no conformar la propuesta.

Fuente: NA

La Asociación Gremial de Docentes Universitarios (AGDU) anunció un paro total de actividades durante toda la semana del 27 de abril, como parte de la continuidad del plan de lucha de la Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu) por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y la recomposición salarial. En Gualeguaychú, se verá afectado el dictado de clases en la Facultad de Bromatología. 

Desde el gremio se indicó que el conflicto persiste por la falta de respuestas del Gobierno nacional y señalaron que el presidente Javier Milei lleva 181 días sin aplicar la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada por el Congreso, vetada posteriormente y ratificada por una mayoría especial de ambas cámaras. Además, recordaron que existen fallos judiciales de primera y segunda instancia que respaldan su vigencia.

En materia salarial, se advirtió que el sector necesita un aumento del 55% para recuperar los niveles de ingresos de noviembre de 2023. También señalaron que la garantía salarial permanece congelada desde hace más de un año y que muchos docentes continúan percibiendo salarios cercanos a los 250.000 pesos.

El reclamo apunta a que el Estado regularice la deuda con el sector y cumpla con la legislación vigente. “El Gobierno debe pagar la deuda que tiene con nosotros y nosotras, debe cumplir la ley”, sostuvo.

Por último, el gremio entrerriano señaló que se prepara una nueva Marcha Federal Universitaria, que se concretará en mayo.

Fuente: APF

El gobierno del presidente Javier Milei presentó un recurso ante la Cámara Federal para suspender la Ley de Financiamiento Universitario.

Si el tribunal acepta la medida del oficialismo, lo elevará a la Máximo Tribunal. No descartan ir con un recurso en queja si la Cámara no acepta el pedido. Para el oficialismo, hay dos líneas bien marcadas por este tema.

La primera apuesta de envergadura pasa por no transferir fondos a las casas de estudio hasta que se expida el máximo tribunal de Justicia. Porque, argumentan, la normativa que se sancionó es inconstitucional al no determinar de donde salen los recursos para solventar a las universidades.

Por otro lado, ante la versión de que la normativa rompería el déficit fiscal que tanto protege la administración libertaria, en Balcarce 50 señalan que costaría 2,5 billones de pesos. Pero que semejante costo no representaría un problema. “No hay escenario de déficit, hay que ver de dónde se va a sacar la plata, si es un recorte en obra pública, en fondos para las provincias”, grafican.

Paralelamente, el oficialismo prometió trabajar en la sanción de una nueva ley. Aunque todavía no están asegurados los respaldos en el Parlamento de dicha normativa. 

En el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) aseguran que las transferencias a las universidades públicas cayeron un 45,6 por ciento desde el 2023 hasta hoy. El presidente del órgano, Franco Bartolacci, anticipó que el panorama es muy complejo a medida que transcurren los días. "La situación es extremadamente crítica”, remarcó.

“Si no hay respuestas de las autoridades, si no se cumple la ley del Congreso, si no se respeta lo que ordenó la Justicia vamos a volver a convocar a la sociedad argentina, Si no conmueve el estado de Derecho, que conmueva la voz del pueblo de la Nación”, adelantó el rector de la Universidad Nacional de Rosario.

Fuente: NA

Puntualmente, la medida cautelar exige que la administración pública cumpla de inmediato con los artículos 5 y 6 de la ley 27.795, que refieren a la actualización de los salarios de los docentes y no docentes de las universidades públicas entre el período 1/12/2023 hasta la sanción de la ley, en septiembre del 2025. También peticiona la recomposición de todos los programas de becas de los estudiantes.

En sus argumentos, los jueces Sergio Fernández y Jorge Morán plantean que resultan poco serios los agravios presentados por el Estado relativos a que la medida cautelar constituiría una sentencia definitiva encubierta.

Además, resaltaron especialmente que el impacto fiscal de la aplicación de la cautelar es bajo y no se afecta sustancialmente el interés público; por el contrario, estaba en juego un derecho central de la Constitución como la educación superior pública.

La cautelar había sido dictada en diciembre del año pasado por el juez federal Enrique Cormick, en el marco de una acción de amparo promovida por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y otras entidades del sistema universitario. La presentación contaba con el respaldo de más de 40 universidades públicas.

En su momento, el magistrado consideró que el Decreto 759/2025 -que suspendió la ejecución de la Ley 27.795 y estableció que la norma solo podrá aplicarse cuando se determinen recursos específicos para solventarla- tenía rasgos de “arbitrariedad e ilegalidad manifiesta”.

Además, sostuvo que existía una “inobservancia clara e incontestable de un deber jurídico, concreto y específico” ante la demora, por su impacto en el funcionamiento universitario.

Sin embargo, Nación calificó la decisión judicial como “arbitraria” y argumentó que la ley requiere definir previamente sus fuentes de financiamiento e incorporar las partidas correspondientes en el Presupuesto. Según el Gobierno, la cuestión presupuestaria compete al Congreso de la Nación y no al Poder Judicial. También advirtió sobre sus posibles efectos en el equilibrio fiscal, algo que fue desacreditado por la Cámara en su fallo.

El conflicto escaló notablemente entre 2024 y 2025, cuando masivas movilizaciones estudiantiles y gremiales tomaron las principales ciudades, con epicentro en la Ciudad de Buenos Aires y réplicas en distintas provincias.

En una segunda Marcha Federal en octubre de 2024 y una nueva protesta el 17 de septiembre de 2025 bajo el lema “Si hay veto, hay marcha”, cientos de miles de personas salieron a las calles para rechazar la decisión del Gobierno de vetar la ley de financiamiento universitario, que ya había contado con la aprobación parlamentaria.

A mediados del año pasado, la oposición logró sancionar una ley de financiamiento en el Congreso y sortear los vetos del presidente Javier Milei. Pese a ello, el Ejecutivo dictó un decreto para evitar la ejecución de la norma.

Para encauzar la situación y evitar una profundización del conflicto tanto en el plano legal como en el judicial, la estrategia oficial apunta a elaborar una ley que no derogue el esquema financiero actual, sino que lo modifique, buscando el consenso político necesario para que el Congreso apruebe una nueva norma capaz de reemplazar la anterior. Desde la Secretaría de Educación, se subraya el compromiso por alcanzar una solución que otorgue no solo recursos, sino también seguridad jurídica a las universidades.