El Gobierno y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) firmaron este martes al mediodía un acuerdo salarial y presupuestario para aliviar el conflicto por los fondos para sostener el funcionamiento de las universidades públicas.

Pese al principio de acuerdo, las entidades educativas mantendrán la demanda ante la Corte Suprema por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, la norma votada favorablemente y ratificada en el Congreso que continúa sin aplicarse.

La propuesta en discusión incluyó un aumento salarial de 24,33% en dos tramos, un ajuste de 21,33% en julio y otro de 3% en octubre. Esa recomposición equivale a 7 puntos correspondientes a 2024, 12,33 puntos de 2025 y el resto busca compensar la pérdida acumulada hasta mayo de 2026. También está prevista una reunión paritaria con los gremios.

Qué incluye la oferta

El acuerdo económico no implica el cierre del litigio. Los rectores hicieron saber que “no retirarán la demanda judicial”, sobre la causa que analiza la Corte Suprema de Justicia por los fondos universitarios.

Además de la suba salarial, el oficialismo incorporó el compromiso de evitar que los salarios universitarios sigan perdiendo frente a la inflación durante 2026. El acta rubricada hoy también incluye un incremento del 50% en el Programa de Becas Estratégicas Manuel Belgrano. Ese programa promueve el acceso, el avance y la finalización de estudios de pregrado y grado en áreas consideradas claves para el desarrollo del país. A eso se sumó un financiamiento de $50 mil millones para hospitales universitarios.

Las conversaciones también abarcaron una negociación puntual para el personal docente de los establecimientos preuniversitarios. En esos colegios de nivel medio, la situación salarial es más delicada porque los docentes también perdieron poder adquisitivo por la quita del Fondo de Incentivo Docente, el FONID.

Ese deterioro forma parte de la negociación abierta entre el Ejecutivo, las universidades y los gremios. El reclamo alcanza tanto a docentes como a no docentes, en un contexto en el que los rectores exigen que cualquier salida incluya una instancia paritaria real y un acuerdo con las organizaciones sindicales.

La causa judicial y la reacción sindical

La causa por la Ley de Financiamiento Universitario tiene una medida cautelar favorable a las universidades, ratificada en dos oportunidades, aunque hoy permanece suspendida por un recurso extraordinario del Poder Ejecutivo. La decisión final quedó en manos de la Corte Suprema, que no tiene un plazo establecido para pronunciarse.

La posición del Gobierno es que la ley sancionada por el Congreso es “ilegal” porque, bajo su interpretación, no cumple con la normativa de administración financiera que exige identificar la fuente de los recursos. Por ese motivo, el Ejecutivo sostiene que mantener la demanda judicial es incompatible con un acuerdo económico entre las partes.

Del lado sindical, la desconfianza continúa. “Por ahora, es todo informal. Entonces no se puede dar crédito a eso. Tenemos que ser muy cuidadosos y serios porque el Gobierno es un interlocutor muy escurridizo. El gobierno tiene que convocar a paritaria, cosas que no hace hace años”, dijeron desde Conadu a Infobae.

Las universidades siguen en estado de alerta. El martes 26 de mayo, centros de estudiantes de la UBA, gremios docentes y otras organizaciones de la comunidad universitaria realizaron clases públicas frente al Palacio de Justicia para reclamar a los jueces Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz una definición sobre la cautelar.

También hubo medidas de fuerza en los colegios preuniversitarios. Estudiantes del Nacional Buenos Aires y del Carlos Pellegrini tomaron los establecimientos como protesta.

Fuente: Infobae

El Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires (UBA), solicitó de manera formal a la Corte Suprema de Justicia de la Nación que "se expida a la mayor brevedad" en la causa judicial vinculada al cumplimiento de la Ley de Financiamiento y le exija al Gobierno Nacional su "inmediata aplicación".

Esta ley, votada por amplia mayoría en ambas Cámaras del Congreso, impacta de manera directa, no sólo en el presupuesto universitario, sino también en la recomposición salarial docente. 

Fuente: Noticias Argentinas

El presidente Javier Milei utilizó sus redes sociales este miércoles para expresar su postura tras la masiva movilización en defensa de la universidad pública. Lejos de buscar un acercamiento con los sectores que protestaron en Plaza de Mayo, compartió una publicación que comparó su salario con el de los rectores de las casas de estudio.

De acuerdo al posteo que el jefe de Estado compartió en X, el jefe del Poder Ejecutivo cobra de $4 millones brutos por mes. Mientras que los rectores cobran “hasta cuatro veces más que el Presidente, hasta $18 millones por mes".

En su jornada en la red social de microblogging, Milei siguió compartiendo críticas contra la convocatoria del martes por la tarde. Insistió que la jornada no respondió únicamente a un reclamo académico, sino a intereses partidarios.

En su descargo, Milei lanzó duras acusaciones contra los sectores de la oposición que participaron de la marcha federal. El jefe de Estado sostuvo que los dirigentes opositores están intentando proteger "sus cajas" políticas y que, para lograrlo, utilizan la defensa de la educación pública como una suerte de "bandera" o escudo mediático que oculta sus verdaderas intenciones financieras.

Desde el oficialismo, la narrativa se mantuvo alineada con las declaraciones del presidente. En ese sentido, la cuenta oficial de La Libertad Avanza había emitido un comunicado subrayando que la administración nacional cumple con sus obligaciones económicas.

En dicho texto, aseguraron que el Gobierno transfirió mensualmente el presupuesto asignado, intentando desactivar la idea de un desfinanciamiento deliberado por parte del Poder Ejecutivo. Algo que también dejó en claro la subsecretaria de Políticas Universitarias que lidera Alejandro “Profe” Álvarez, a lo largo de la jornada.

El día después de la multitudinaria Marcha Federal Universitaria a Plaza de Mayo, el gobierno nacional reflexionó y relativizó el impacto efectivo que la movilización puede tener en la realidad.

“Vos podés juntar cien mil, un millón o cinco millones de personas, pero al otro día la restricción presupuestaria sigue estando ahí”. Las palabras son de Alejandro Álvarez, subsecretario de Políticas Universitarias, quien así quiso dejar en claro que la cantidad de gente que se moviliza no modifica de manera real el límite de fondos disponibles.

El funcionario afirmó que la capacidad del Estado para aumentar el financiamiento universitario en realidad responde a la legislación vigente y a los fondos ya asignados en el presupuesto nacional, más allá de la presión social.

“La ley nació muerta para mí, porque viola el primer principio que es el presupuestario”, indicó antes de explicar que toda ley que no especifica el origen de sus fondos, queda sin efecto según la normativa vigente: “La ley de ejecución presupuestaria dice claramente que toda ley que se haya votado y no indique la fuente de financiamiento, será promulgada y suspendida en el mismo acto”.

“El derecho a manifestarse está garantizado, pero las decisiones sobre políticas públicas las toman quienes representan democráticamente a la sociedad”, indicó Álvarez en declaraciones a Radio Mitre. “Los legisladores y el presidente se eligen en elecciones libres, no por quien junta más gente”, enfatizó.

En ese sentido, Álvarez remarcó que las recientes movilizaciones “no es que están intrusadas por la política, son políticas, están organizadas por los partidos opositores”. Para fundamentarlo, mencionó especialmente al “vicepresidente del Consejo Interuniversitario Nacional, Anselmo Torres”, a quien definió como “un político profesional que se presenta como profesor”.

Además, el subsecretario también criticó la contradicción de defender el ingreso irrestricto a la universidad, a la vez que en la institución dirigida por Torres existen cupos impuestos por amparos judiciales.

En la misma entrevista, Álvarez cuestionó los criterios actuales en la asignación de recursos a las universidades. “El sistema existe para generar graduados. Principalmente, la función es formar gente”, subrayó, pero indicó que existe una “desvirtuación completa”, ya que parte del presupuesto se destina al “pago de salarios a las estructuras políticas” más que a la formación académica.

Al respecto, marcó las distorsiones que provoca la existencia de carreras con uno o dos estudiantes y varios docentes. “Licenciado en Música con orientación en clarinete, un alumno. Licenciado en Filosofía, un alumno. Licenciada en Cultura y Lenguajes Artísticos, dos alumnos. Y así, hay un licenciado en saxo, varios”, ejemplificó. Para Álvarez, trasladar recursos a carreras de mayor demanda, como puede ser la de Ingeniería, tropieza con resistencias internas.

El funcionario precisó que la asignación presupuestaria vigente “carece de reglas aplicadas para la distribución del presupuesto. Hace 40 años que es así”. De inmediato, aseguró que el objetivo es implementar “indicadores objetivos” para mejorar el uso de los fondos públicos, priorizando áreas estratégicas.

Entre los datos destacados, Álvarez mencionó que un graduado en ingeniería de la Universidad Tecnológica Nacional le cuesta al Estado cincuenta millones de pesos. En contraste, un artista egresado de la Universidad Nacional de las Artes demanda cuatrocientos veintitrés millones. “Si se reciben cinco o seis juntos, nos van a salir cuatro mil trescientos millones”, ejemplificó.

A su vez, consideró fundamental repensar el sentido social de la universidad. “El objetivo de los hospitales escuela, el objetivo de la atención primaria en las universidades, es formar a los médicos… No la función infinita, porque nuestra función no es dar salud, es generar graduados”, afirmó.

El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la Federación Universitaria Argentina (FUA) y el Frente Sindical de las Universidades Nacionales convocaron a estudiantes, docentes, no docentes e investigadores a movilizarse este martes 12 de mayo en todo el país. La jornada constituyó la cuarta Marcha Federal Universitaria desde la asunción de Javier Milei como presidente.

El acto central se desarrolló en Plaza de Mayo. Entre los principales reclamos figuran el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario por parte de la Casa Rosada, la falta de acatamiento a fallos judiciales que ordenaron en dos instancias el cumplimiento inmediato de los artículos 5 y 6 de la norma -que ajustan una recomposición de salarios y becas-, la reducción del presupuesto para el sector y la pérdida de poder adquisitivo de los salarios.

El documento final, leído por estudiantes de la Federación Universitaria Argentina (FUA), exigió que el Gobierno cumpla de una vez la ley de financiamiento universitario, votada, ratificada y validada en dos instancias por la Justicia, mientras se espera la intervención final de la Corte.El texto afirma que el poder adquisitivo de las partidas correspondientes a los Gastos de Funcionamiento de las Universidades "no ha superado", en ninguno de los meses de la gestión del presidente Javier Milei, "el 64% del que tenía en enero de 2023".

"El Poder Ejecutivo, en un acto de desprecio institucional sin precedentes, ha decidido alzarse contra los otros dos poderes de la República: ignora la Ley de Financiamiento Universitario N° 27.795 sancionada y ratificada por amplias mayorías en el Congreso, y desoye los fallos de la Justicia que ordenan su cumplimiento inmediato. Cuando el Gobierno decide qué leyes cumple y qué sentencias acata, lo que se rompe no es solo lo relativo al presupuesto universitario, es el contrato social que nos mantiene libres y en un estado de derecho", remarcaron.

En la misma línea, indicaron que desde diciembre de 2023 "se ha perdido el equivalente a casi 9 meses de transferencias"; asimismo, manifestaron que la crisis que atraviesan las universidades "no es solo presupuestaria", porque como ciudadanos "deben denunciar con dolor y firmeza" la "ruptura del acuerdo democrático" de la división de poderes que tenemos en la nación.

Para finalizar, expresaron que la universidad pública y el sistema público de investigación, "son factores fundamentales de la economía del país" y, además, funcionan como recursos estratégicos para que la industria nacional pueda "competir en el mundo" y "generar puestos de trabajo con derechos, y ambientalmente sustentables": "Todo proyecto de país necesita una universidad de excelencia que aporte desde la soberanía científica, tecnológica y de las artes a su desarrollo", añadieron."No permitamos que los pilares de nuestras universidades trabajadores docentes, no docentes, investigadores y estudiantes sean expulsados del sistema. Si hoy no defendemos a nuestras universidades, el futuro de prosperidad para el País será solo un sueño. Es aquí y ahora. La universidad pública se defiende. Por más y mejor educación pública y ciencia", concluyeron.

La movilización, que se replicó en todo el país, contó con el apoyo de la CGT y las dos CTA, que participaron con sus respectivas columnas para exigir la "recomposición salarial para docentes y no docentes" y la aplicación del "presupuesto para el funcionamiento de las universidades y los hospitales universitarios".

Fuente: Infobae / Noticias Argentinas

Bajo el slogan “Milei no sos rey, cumplí la ley”, cientos de docentes, estudiantes y vecinos de Gualeguaychú se movilizaron este martes por la tarde en el marco de la cuarta Marcha Federal Universitaria, que tuvo réplicas en distintos puntos del país. Se trata de una manifestación en contra del fuerte ajuste que ejerce el Gobierno nacional sobre el sector educativo y en reclamo del cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario (Ley 27.795).

La norma (sancionada por el Congreso de la Nación, vetada por el Presidente, y vuelta a ratificar por el Congreso) busca garantizar el sostenimiento presupuestario de las universidades públicas argentinas, estableciendo mecanismos de actualización automática de partidas para funcionamiento y salarios docentes/no docentes frente a la inflación. Su objetivo es asegurar el ingreso, permanencia y terminalidad estudiantil. Surgió para contrarrestar el congelamiento de partidas y el desfasaje presupuestario, buscando una distribución de fondos más previsible para el sistema público.

Sin embargo, los gremios de docentes y estudiantes universitarios aseguran que el Gobierno lleva más de 200 días sin cumplir con la ley. La comunidad educativa de Gualeguaychú se sumó a la protesta federal con dos actividades consecutivas. Primero, a las 16 horas, realizó una clase pública organizada por docentes y estudiantes de la carrera de Medicina Veterinaria. Esta tuvo lugar sobre la vereda de la sede centro de la Facultad de Bromatología, en la esquina de 25 de Mayo y Perón, y tuvo el objetivo de visibilizar el rol de la universidad pública a nivel local.

Luego a partir de las 17 horas, se realizó una concentración en el mismo punto, desde donde pocos minutos después se  emprendió una marcha hacia la Plaza San Martín. 

En el camino, más personas se sumaron a la movilización, al igual que en la plaza, una vez que arribó la columna.

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Allí, Diego Zanetti, representante gremial de la Asociación Gremial de Docentes Universitarios (AGDU), tomó la palabra para agradecer el apoyo de toda la comunidad presente y recordó: 

“Tenemos una Ley de Financiamiento Universitario que el Gobierno decide no cumplir; y tenemos una Ley de Presupuesto 2026, que asigna presupuesto después de una discusión parlamentaria importante, y el inefable Jefe de Gabinete, en su disposición N20 acaba de hacer un recorte de casi 4.500 millones de pesos más a lo que ya nos habían ajustado”.También expresó: “Entendemos que esto es un ajuste sobre el ajuste porque son planillas que no cierran; y quisiéramos hacer entender a la comunidad que no somos una planilla, somos el mecanismo social ascendente que nos permitió a gran parte de nosotros -y me pongo de referencia como primera generación de universitarios- estar acá. Y no estamos defiendo esto solamente por nosotros y por los estudiantes que nos acompañan, lo defendemos por nuestros hijos y por toda una historia de lucha que no va a ser volteada simplemente por las intenciones payasescas de un Presidente de turno”.

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Luego se entonaron las estrofas del Himno Nacional Argentino. A partir de entonces, se compartió un momento de encuentro y concentración entre vecinos, estudiantes y docentes. 

Los docentes universitarios acumularon una pérdida salarial equivalente a 8 sueldos desde noviembre de 2023, con una caída del 34,5% en términos reales. Los datos surgen en la antesala de la marcha federal de este martes por el incumplimiento de la Ley de Financiamiento por parte del Gobierno Nacional, la cual fue aprobada e insistida en el Congreso tras el veto del presidente Javier Milei.

Para poner estas variaciones en números concretos, en base a datos de Conadu, Infobae elaboró ejemplos de salarios brutos para docentes con hasta 2 y 10 años de antigüedad.

De acuerdo con la escala salarial de mayo de 2026, la dedicación exclusiva (40 horas semanales) muestra una brecha significativa determinada por el escalafón y la antigüedad. Un profesor Titular que inicia su carrera o posee hasta dos años de experiencia percibe $1.898.740,01, cifra que se eleva a $2.373.425,01 al alcanzar los 10 años en el cargo.

Un Auxiliar de primera categoría tiene un sueldo inicial de $1.062.708,05, lo que representa apenas un 55% de lo que cobra un Titular con su misma antigüedad.

En el caso de las dedicaciones semiexclusivas de 20 horas semanales, los montos reflejan la presión sobre los ingresos de los cargos intermedios. Un docente Adjunto con una década de trayectoria cobra un bruto de $925.745,76, mientras que un Jefe de Trabajos Prácticos (JTP) con la misma antigüedad llega a los $795.039,03.

Por su parte, un Auxiliar de primera con 10 años de experiencia bajo este régimen horario percibe $664.190,55, lo obliga a la mayoría de los profesionales a buscar fuentes de ingresos adicionales.

La situación resulta más crítica en las dedicaciones simples de 10 horas semanales, las más frecuentes en el sistema universitario nacional. Aquí, los salarios de los niveles iniciales oscilan entre los $212.540,62 y los $265.675,77 brutos dependiendo la antigüedad. Incluso un profesor Titular en este régimen recibe por mes apenas $593.355,63 tras diez años de servicio.

Estas cifras cobran especial relevancia frente a un contexto donde la inflación interanual a comienzos de año se situó en el 32,4% y se proyecta un cierre para 2026 del 27,5%, lo que subraya la magnitud del desafío para mantener el poder adquisitivo del sector académico.

Para medir el efecto del ajuste que aplicó el Gobierno al presupuesto universitario en términos reales, se tomaron cálculos privados con datos a marzo o abril, según el caso. Un informe del Instituto Argentina Grande (IAG) detalló que un titular con dedicación exclusiva, en el acumulado desde el cambio de gestión, cobró $18,5 millones menos a precios de abril.

El recorte presupuestario en las universidades nacionales afecta principalmente a los docentes, ya que el 80% de los fondos se destina a remuneraciones. Como resultado de dicho deterioro en el poder adquisitivo, según el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), más de 10.000 profesionales ya dejaron sus cargos.

Como comparativa, el presupuesto asignado al sistema universitario nacional pasó del 0,72% del PBI en 2023 al 0,47% proyectado para este año, mientras que las transferencias muestran una baja real acumulada del 45,6%

“El gasto en 2025 fue similar al que se realizó en 2007 ($5,5 billones a precios de abril de 2026); y sin tener en cuenta la creación de 13 universidades públicas y los 768.200 nuevos estudiantes que se incorporaron al sistema”, señaló el IAG.

Un informe de CEPA tomó los salarios básicos a marzo de 2026 y, con ellos, estimó el impacto de la inflación sobre su poder adquisitivo al compararlo con la evolución de las canastas de indigencia y pobreza. De acuerdo al análisis, si se considera la Canasta Básica Alimentaria (CBA) y la Canasta Básica Total (CBT) de un Hogar Tipo 2 en marzo de 2026 con los salarios básicos brutos (sin antigüedad) del personal docente y no docente de las universidades nacionales, se advierte que solo una minoría de los cargos supera la línea de pobreza. Ese mes, la CBT fue de $1.434.464.

Tabla con salarios brutos de docentes y no docentes universitarios en marzo de 2026, comparados con la canasta básica alimentaria y total (CEPA)

Entre los docentes, únicamente los titulares con dedicación exclusiva exceden ese monto, con un sueldo bruto de $1.555.834. En el caso del personal no docente, solo los cargos de los niveles 1 y 2 logran cubrir la canasta.

A su vez, la CBA, que marca la línea de indigencia, alcanzó los $658.011 en marzo. A excepción de los titulares y asociados con dedicación semi-exclusiva, el resto de los cargos docentes, incluidos los de dedicación simple, quedaron por debajo de ese umbral.

La Ley de Financiamiento Universitario insistida en el Congreso establecía la convocatoria a una paritaria nacional para que recuperen el terreno perdido desde diciembre de 2023 hasta octubre de 2025, fecha prevista para su publicación en el Boletín Oficial.

Mientras tanto, en Casa Rosada aseguran: “Hoy en día no vamos a pagar. Lo digo así porque realmente no tenemos la plata". Estiman que la suma adeudada asciende a 2,5 billones de pesos.

En la misma línea, el subsecretario de políticas universitarias, Alejandro Álvarez, dijo: “La consigna de ellos es ‘cumplan la ley’. No se puede cumplir porque es abstracta, quedó derogada al aprobarse el Presupuesto. Cuando se aprueba una ley presupuestaria previa a la aprobación del Presupuesto, este la deroga de manera implícita, porque no puede haber asignaciones por fuera de eso”.

“Implicaría un gasto que el Estado no está en condiciones económicas de afrontar hoy”, agregó.

Por otra parte, mediante la Decisión Administrativa 20/2026, el Gobierno dispuso recientemente un ajuste de $78.768 millones a programas de la Secretaría de Educación.

Según el anexo correspondiente, la reducción incluye una poda de $5.303.000.000 en transferencias de capital destinadas a infraestructura del conocimiento, con afectación directa a obras en trece casas de estudio.

La Universidad Nacional de La Plata es la más perjudicada, con $1.043.000.000 menos. Le siguen la Universidad Nacional de General San Martín y la Universidad Nacional de Avellaneda, con recortes de $700.000.000 cada una; Río Cuarto, con $680.500.000; y Entre Ríos, con $540.000.000.

El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la Federación Universitaria Argentina (FUA) y el Frente Sindical de las Universidades Nacionales convocaron a estudiantes, docentes, no docentes e investigadores a movilizarse este martes 12 de mayo en todo el país. La jornada constituye la cuarta Marcha Federal Universitaria desde la asunción de Javier Milei como presidente.

El acto central se desarrollará en Plaza de Mayo, con concentración desde las 17 y discursos previstos a partir de las 18. Sin embargo, desde las primeras horas de la tarde ya comienzan a llegar miles de manifestantes a las inmediaciones de la Casa Rosada.

Entre los principales reclamos figuran el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario por parte de la Casa Rosada, la falta de acatamiento a fallos judiciales que ordenaron en dos instancias el cumplimiento inmediato de los artículos 5 y 6 de la norma -que ajustan una recomposición de salarios y becas-, la reducción del presupuesto para el sector y la pérdida de poder adquisitivo de los salarios.

Las organizaciones convocantes argumentan que la situación presupuestaria de la universidad pública se agravó en los últimos meses, sin señales de rectificación por parte del Gobierno.

En GualeguaychúEn sintonía con las masivas movilizaciones que se prevén para esta tarde en todo el país, en Gualeguaychú habrá una clase pública a las 16 horas, organizada por docentes y estudiantes de la carrera de Medicina Veterinaria, que se desarrollará sobre la vereda de la sede centro de la Facultad de Bromatología, en la esquina de 25 de Mayo y Perón. 

Una hora más tarde, a las 17, se realizará una concentración en el mismo punto. Allí está prevista una asamblea abierta en la que se informará sobre la situación que atraviesan las universidades nacionales, marcada por reclamos salariales, reducción de partidas y denuncias de desfinanciamiento, bajo el slogan: “Milei no sos rey, cumplí la ley”. Luego, los participantes marcharán junto a distintos sectores de la comunidad hacia Plaza San Martín. 

Noticia en desarrollo…

La Confederación General del Trabajo (CGT) anunció que mañana será parte de la marcha universitaria para acompañar y reclamarle al Gobierno “por la educación, por la universidad pública y la ciencia nacional”.

La movilización tendrá lugar en todo el país “para cuidar el futuro de nuestros hijos e hijas”, afirmaron desde la CGT desde donde aseguraron que “marchamos junto a los estudiantes en defensa de la educación pública”.

A través de un video difundido en las redes sociales desde la CGT argumentaron que se movilizarán para “defender la educación y la ciencia nacional” porque “es proteger el trabajo, la producción y el porvenir de millones de argentinos y argentinas”.

Por eso, mañana martes 12 de mayo, “igual que siempre, nos vemos en la calle”, dijeron “porque un país, sin ciencia, sin educación pública, es un país sin desarrollo, sin soberanía y mucho menos un futuro”.

Además, sumaron que lo hacen “por la educación, por la universidad pública y la ciencia nacional” y por “la educación libre y gratuita crea la movilidad social ascendente”.

Por último, marcaron la solidaridad a la marcha y que “la CGT va a adherir y va a acompañar a los compañeros docentes y no docentes”.

En este sentido, señalaron que marcharán a las 15 horas desde Diagonal Sur y Bolívar “junto a los estudiantes y la educación pública”. 

Fuente: Agencia NA

La comunidad universitaria volverá a salir a las calles este martes 12 de mayo en una nueva edición de la Marcha Federal Universitaria, una convocatoria nacional impulsada por rectores, docentes, no docentes y estudiantes en reclamo por el financiamiento del sistema público de educación superior. En la ciudad, la jornada tendrá actividades abiertas a toda la comunidad y culminará con una movilización hacia la Plaza San Martín.

La convocatoria local comenzará a las 16 horas con una clase pública organizada por docentes y estudiantes de la carrera de Medicina Veterinaria, que se desarrollará sobre la vereda de la sede centro de la Facultad de Bromatología, en la esquina de las calles 25 de Mayo y Perón. La propuesta busca visibilizar el rol de la universidad pública a nivel local.

Una hora más tarde, a las 17, se realizará una concentración en el mismo punto. Allí está prevista una asamblea abierta en la que se informará sobre la situación que atraviesan las universidades nacionales, marcada por reclamos salariales, reducción de partidas y denuncias de desfinanciamiento, bajo el slogan: “Milei no sos rey, cumplí la ley”. Luego, los participantes marcharán junto a distintos sectores de la comunidad hacia Plaza San Martín.

Diego Zanetti, representante gremial de la Asociación Gremial de Docentes Universitarios (AGDU) en Gualeguaychú había manifestado en anteriores declaraciones a este medio que “la universidad pública argentina representa un pilar esencial para la movilidad social ascendente, la producción de conocimiento soberano y el desarrollo nacional. No hay ninguna duda de eso. Pero hoy enfrenta una grave crisis bajo la presidencia de Javier Milei. Esta crisis integra un desfinanciamiento sistemático, el deterioro salarial creciente y el incumplimiento flagrante de normativas sancionadas por el Congreso Nacional, como la Ley de Financiamiento Universitario (Ley 27.795)”.

En los tres meses que va del ciclo lectivo, han sido varias las medidas de fuerza que se han realizado en rechazo y reclamo de esta situación, y ha alcanzado niveles de acatamientos históricos en la Facultad de Bromatología, según Zanetti.

La movilización en Gualeguaychú se enmarca dentro de una protesta federal que tendrá su acto central en Plaza de Mayo, en la Ciudad de Buenos Aires, y que contará con réplicas en diferentes ciudades del país. La convocatoria fue ratificada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), junto a la Federación Universitaria Argentina (FUA) y el Frente Sindical de las Universidades Nacionales.

En representación de la Universidad Nacional de Entre Ríos estará el reciente rector electo, el gualeguaychuense Juan Manuel Arbelo.

Desde los distintos sectores organizadores sostienen que el funcionamiento de las universidades públicas se encuentra comprometido por la falta de actualización presupuestaria y la pérdida del poder adquisitivo de trabajadores docentes y no docentes.

Así lo aseguró Diego Zanetti responsable gremial de la Asociación Gremial de Docentes Universitarios de Gualeguaychú (AGDU) .

“El acatamiento es similar a las anteriores oportunidades. Hay docentes trabajando con algunos cursos. Pero al adherirse los equipos de cátedra que tienen a cargo comisiones numerosas el impacto se hace más notorio”, señaló en referencia al nivel de actividad en la Facultad de Bromatología. 

La medida de fuerza forma parte del plan de lucha de la Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu) por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y la recomposición salarial.

Desde el gremio se indicó que el conflicto persiste por la falta de respuestas del Gobierno nacional y señalaron que el presidente Javier Milei lleva 181 días sin aplicar la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada por el Congreso, vetada posteriormente y ratificada por una mayoría especial de ambas cámaras.

En materia salarial, se advirtió que el sector necesita un aumento del 55% para recuperar los niveles de ingresos de noviembre de 2023. También señalaron que la garantía salarial permanece congelada desde hace más de un año y que muchos docentes continúan percibiendo salarios cercanos a los 250.000 pesos.

Desde su sanción, la Ley de Financiamiento Universitario supone uno de los grandes conflictos para el Gobierno nacional que estudiaba, por estos días, la manera de readaptar los números para hacer frente al fallo judicial que obliga a su cumplimiento.

El oficialismo madura una nueva convocatoria a rectores y autoridades universitarias para principios de mayo con intención de alcanzar un acuerdo que deje conforme a las partes.

En varios despachos de Balcarce 50 sostiene que en febrero hubo un principio de acuerdo, que le atribuyen al asesor presidencial, Santiago Caputo, que aspiraba a recomponer los salarios docentes y no docentes en un 12,3% de lo licuado en 2025, pero que no prosperó debido a los prolongados plazos de los tiempos legislativos.

Desde el Salón Martín Fierro señalan contra el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y lo responsabilizan de “haber pisado” el proyecto. En el entorno del legislador descartan la posibilidad y aseguran que las prioridades las fija la Casa Rosada en función de las necesidades.

“Tenemos que acomodar los números para que funcione. No lo podemos pagar, en el mientras tanto vamos ganando tiempo para poder modificar la ley”, confesó un alfil libertario ante este medio.

A través de un recurso extraordinario presentado por la Procuración del Tesoro, a cargo de Sebastián Amerio, la administración libertaria aspira a ganar tiempo luego de que la inflación del mes de marzo que se ubicó en 3,4% complejizó los planes. “Los votos estaban”, se jactan desde una de las tribus violetas.

“Estamos viendo de intentar arreglar el stock pasado y plantear una nueva discusión en el Congreso”, confesó una voz con acceso al despacho presidencial que admitió además que una de las opciones es avanzar por decreto.

Lo cierto es que las autoridades universitarias comienzan a impacientarse y maduran una nueva movilización para los primeros días de mayo. Además, descartan la existencia de un acuerdo con el Ejectuvo y aseguran que en febrero solo “hubo un aviso”.

Entre los cuestionamientos figuran la falta de compensación para los puntos salariales perdidos en 2024, y la falta de proyección para este 2026.

Con la cuestión en el temario es que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se reunió el pasado lunes con el ministro de Economía, Luis Caputo, el guardían de los números, y la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy, la coordinadora de la estrategia legal de la procuración. 

Los días pasan y la presión persiste. El recuerdo de la movilización universitaria de 2024, la más convocante bajo la era Milei, aún permanece en la memoria de varios funcionarios que garantizan que el problema se va a solucionar.

“La gente está cansada, no veo clima social como en aquel entonces”, vaticinó una importante fuente a esta agencia. En paralelo, las autoridades universitarias preparan una nueva convocatoría que podría concretarse de no conformar la propuesta.

Fuente: NA

La Asociación Gremial de Docentes Universitarios (AGDU) anunció un paro total de actividades durante toda la semana del 27 de abril, como parte de la continuidad del plan de lucha de la Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu) por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y la recomposición salarial. En Gualeguaychú, se verá afectado el dictado de clases en la Facultad de Bromatología. 

Desde el gremio se indicó que el conflicto persiste por la falta de respuestas del Gobierno nacional y señalaron que el presidente Javier Milei lleva 181 días sin aplicar la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada por el Congreso, vetada posteriormente y ratificada por una mayoría especial de ambas cámaras. Además, recordaron que existen fallos judiciales de primera y segunda instancia que respaldan su vigencia.

En materia salarial, se advirtió que el sector necesita un aumento del 55% para recuperar los niveles de ingresos de noviembre de 2023. También señalaron que la garantía salarial permanece congelada desde hace más de un año y que muchos docentes continúan percibiendo salarios cercanos a los 250.000 pesos.

El reclamo apunta a que el Estado regularice la deuda con el sector y cumpla con la legislación vigente. “El Gobierno debe pagar la deuda que tiene con nosotros y nosotras, debe cumplir la ley”, sostuvo.

Por último, el gremio entrerriano señaló que se prepara una nueva Marcha Federal Universitaria, que se concretará en mayo.

Fuente: APF

El gobierno del presidente Javier Milei presentó un recurso ante la Cámara Federal para suspender la Ley de Financiamiento Universitario.

Si el tribunal acepta la medida del oficialismo, lo elevará a la Máximo Tribunal. No descartan ir con un recurso en queja si la Cámara no acepta el pedido. Para el oficialismo, hay dos líneas bien marcadas por este tema.

La primera apuesta de envergadura pasa por no transferir fondos a las casas de estudio hasta que se expida el máximo tribunal de Justicia. Porque, argumentan, la normativa que se sancionó es inconstitucional al no determinar de donde salen los recursos para solventar a las universidades.

Por otro lado, ante la versión de que la normativa rompería el déficit fiscal que tanto protege la administración libertaria, en Balcarce 50 señalan que costaría 2,5 billones de pesos. Pero que semejante costo no representaría un problema. “No hay escenario de déficit, hay que ver de dónde se va a sacar la plata, si es un recorte en obra pública, en fondos para las provincias”, grafican.

Paralelamente, el oficialismo prometió trabajar en la sanción de una nueva ley. Aunque todavía no están asegurados los respaldos en el Parlamento de dicha normativa. 

En el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) aseguran que las transferencias a las universidades públicas cayeron un 45,6 por ciento desde el 2023 hasta hoy. El presidente del órgano, Franco Bartolacci, anticipó que el panorama es muy complejo a medida que transcurren los días. "La situación es extremadamente crítica”, remarcó.

“Si no hay respuestas de las autoridades, si no se cumple la ley del Congreso, si no se respeta lo que ordenó la Justicia vamos a volver a convocar a la sociedad argentina, Si no conmueve el estado de Derecho, que conmueva la voz del pueblo de la Nación”, adelantó el rector de la Universidad Nacional de Rosario.

Fuente: NA

Puntualmente, la medida cautelar exige que la administración pública cumpla de inmediato con los artículos 5 y 6 de la ley 27.795, que refieren a la actualización de los salarios de los docentes y no docentes de las universidades públicas entre el período 1/12/2023 hasta la sanción de la ley, en septiembre del 2025. También peticiona la recomposición de todos los programas de becas de los estudiantes.

En sus argumentos, los jueces Sergio Fernández y Jorge Morán plantean que resultan poco serios los agravios presentados por el Estado relativos a que la medida cautelar constituiría una sentencia definitiva encubierta.

Además, resaltaron especialmente que el impacto fiscal de la aplicación de la cautelar es bajo y no se afecta sustancialmente el interés público; por el contrario, estaba en juego un derecho central de la Constitución como la educación superior pública.

La cautelar había sido dictada en diciembre del año pasado por el juez federal Enrique Cormick, en el marco de una acción de amparo promovida por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y otras entidades del sistema universitario. La presentación contaba con el respaldo de más de 40 universidades públicas.

En su momento, el magistrado consideró que el Decreto 759/2025 -que suspendió la ejecución de la Ley 27.795 y estableció que la norma solo podrá aplicarse cuando se determinen recursos específicos para solventarla- tenía rasgos de “arbitrariedad e ilegalidad manifiesta”.

Además, sostuvo que existía una “inobservancia clara e incontestable de un deber jurídico, concreto y específico” ante la demora, por su impacto en el funcionamiento universitario.

Sin embargo, Nación calificó la decisión judicial como “arbitraria” y argumentó que la ley requiere definir previamente sus fuentes de financiamiento e incorporar las partidas correspondientes en el Presupuesto. Según el Gobierno, la cuestión presupuestaria compete al Congreso de la Nación y no al Poder Judicial. También advirtió sobre sus posibles efectos en el equilibrio fiscal, algo que fue desacreditado por la Cámara en su fallo.

El conflicto escaló notablemente entre 2024 y 2025, cuando masivas movilizaciones estudiantiles y gremiales tomaron las principales ciudades, con epicentro en la Ciudad de Buenos Aires y réplicas en distintas provincias.

En una segunda Marcha Federal en octubre de 2024 y una nueva protesta el 17 de septiembre de 2025 bajo el lema “Si hay veto, hay marcha”, cientos de miles de personas salieron a las calles para rechazar la decisión del Gobierno de vetar la ley de financiamiento universitario, que ya había contado con la aprobación parlamentaria.

A mediados del año pasado, la oposición logró sancionar una ley de financiamiento en el Congreso y sortear los vetos del presidente Javier Milei. Pese a ello, el Ejecutivo dictó un decreto para evitar la ejecución de la norma.

Para encauzar la situación y evitar una profundización del conflicto tanto en el plano legal como en el judicial, la estrategia oficial apunta a elaborar una ley que no derogue el esquema financiero actual, sino que lo modifique, buscando el consenso político necesario para que el Congreso apruebe una nueva norma capaz de reemplazar la anterior. Desde la Secretaría de Educación, se subraya el compromiso por alcanzar una solución que otorgue no solo recursos, sino también seguridad jurídica a las universidades.

Las federaciones de sindicatos de docentes universitarios Conadu y Conadu Histórica convocaron a un paro nacional de 72 horas para la próxima semana en todo el país, en reclamo de la reapertura de la negociación paritaria y el incumplimiento del Gobierno de la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición Salarial.

La Asociación Gremial de Docentes Universitarios (AGDU) que representa al sector en la UNER adhirió a la medida. En tanto, la Asociación del Personal de la Universidad Nacional de Entre Ríos (APUNER) que agrupa a los trabajadores administrativos y de servicios decidirá entre este lunes y el martes si se suma a la huelga y, en ese caso, cuáles de los días convocados por docentes.

La medida de fuerza de las Conadu fue anunciada para este miércoles 12, jueves 13 y viernes 14 en todas las universidades nacionales del país. Además, los sindicatos advirtieron que pondrán en consideración que no inicie el ciclo lectivo 2026, ante la falta de respuestas del gobierno de Javier Milei.

La decisión surge en respuesta al deterioro de los salarios de los profesores y del personal no docente, que acumularía cerca del 40% en promedio desde diciembre de 2023, en un contexto de parálisis de las conversaciones salariales.

La conflictividad con los universitarios se mantuvo latente en todo 2025, y ahora suma un nuevo capítulo tras el conjunto de paros y movilizaciones de las casas de estudio para apoyar la Ley de Financiamiento Universitario, que se vio jaqueada en varias oportunidades por el Gobierno, reseó Infobae.

La legislación había sido aprobada por amplia mayoría en el Congreso de la Nación, y luego vetada por el presidente Javier Milei. Si bien aquella derogación presidencial posteriormente resultó nuevamente rechazada – al no obtener los dos tercios necesarios para sostener el veto-, el Poder Ejecutivo se las ingenió para promulgarla, pero suspendiéndola de hecho con el argumento de que el Congreso debe determinar las fuentes de financiamiento.

“La ley de administración financiera establece que queda suspendida una norma si no tiene financiamiento. No tendríamos respaldo legal para aplicarla. Si ustedes votan la eliminación a la ley de gravedad, vamos a salir de acá y va a seguir existiendo”, sostuvo Alejandro Álvarez, subsecretario de políticas universitarias.

Álvarez se presentó en la comisión junto a Carlos Torrendell, secretario de Educación, pero fue el encargado de contestar preguntas sobre las universidades. La ley de financiamiento fue promulgada la semana pasada por el Gobierno, que suspendió su aplicación.

La norma contempla un pago retroactivo a los docentes y no docentes en función de la pérdida de poder adquisitivo a noviembre de 2023, para luego aplicar una indexación en función de la suba de precios.

Álvarez confirmó que no tendrán en cuenta está obligación. “Está previsto el aumento de salarios, pero no el que pide el sindicato, que significa dos billones más. Los gobiernos anteriores se manejaron con impuesto inflacionario”, cuestionó el funcionario. Contó que paga 300 mil millones de pesos mensuales en salarios y hasta 550 cuando hay aguinaldos.

“Cada punto de aumento, son 3.500 millones. Tenemos una paritaria por encima del promedio del Estado. La mejor manera de recortar salarios es licuarlos con inflación”, acusó Álvarez.

Las universidades, en la mira

La oposición salió al cruce, pero no logró ablandar a los funcionarios. “Las universidades se sostienen por el esfuerzo de los docentes y los alumnos ¿Dónde está la ley que decía que había que aumentar los fondos de la SIDE? Hablan de la libertad, pero la quieren sólo porque la puede pagar”, acusó Leandro Santoro, de Unión por la Patria (UP).

“Usted mantiene la verba radical, ahora que se fue a un espacio comunista”, le respondió Álvarez, quien acusó a la UBA de no aceptar una auditoría de la SIGEN. “¡La ley dice otra cosa!”, le gritó la radical Mariela Coletta, cercana a Martín Lousteau. La casa de estudios sólo permite ser monitoreada por la AGN.

Hugo Yasky hizo la misma enumeración de gastos sin fuentes que avaló el Gobierno. “Tendrían que lavarse la boca para el gobierno que más escuelas construyó en este país, que construyó universidades. Hagamos una reunión con representantes de la comunidad académica", dijo.

Para el año 2026 el aumento previsto en paritaria docente y no docente va a promediar el 9,5% en el mejor de los casos, con una inflación proyectada del 10%", calculó Danya Tavela, de DPS, autora de la ley de financiamiento universitario.

El subsecretario se mostró feliz por el triunfo en las elecciones legislativas y se permitió ironías. “Le doy dos buenas noticias: no cerró ninguna universidad. El presidente del CIN dijo que renunciaron diez mil docentes: el sistema tiene 198 mil, había 196 y el índice de rotación era de 2.3%. Se aprobó la incorporación del 100% de las demandas de muchas gestiones, para cargos docentes y no docentes”.

La siguiente buena noticia que enumeró Álvarez fue el incremento del presupuesto que es de 4.8 millones, representando 14% respecto del ejecutado en 2025. “Se van a cubrir las necesidades de todas las universidades. Todas recibieron el financiamiento al 100% de todas las actividades que venían desarrollando", remarcó.

Vayan a las mineras

Tan feliz estaba Álvarez que se permitió una broma para el kirchnerismo: “Ustedes tendrían que aplaudir cuando abre una minera o una oficina de Mercado Libre. Porque pagan impuestos y permiten aumentar sueldos”, les propuso.

El subsecretario enumeró otros datos alarmantes, como que sólo el 45% de la matrícula tiene más de una materia rendida al año. “Hay un montón de gente que ya no forma parte del sistema universitario o va cada tanto”, se lamentó y contó que hay una clase de arpa.

Torrendell hizo un discurso introductorio con un sinfín de críticas al kirchnerismo. “Hubo un descontrolado gasto público, con la lógica de dependencia del Estado de las personas”, se presentó.

“Queremos que el gasto sea entendido como una inversión. Que se vea en las personas. Que no sea burocracia sino una inteligencia en los recursos públicos. Mientras había una política del Estado Presente, se fueron vaciando capacidades profesionales por grupos ideológicos”, cerró Torrendell, publicó Letra P.

El secretario defendió uno de los aspectos más polémicos del presupuesto como es la eliminación de los topes de financiamiento a la educación, con porcentajes del PIB. "No era una buena señal tener esa obligación y no cumplirla", se justificó. Remarcó que en las últimas décadas, el presupuesto universitario subió en proporción al total de las partidas. "No es cierto que aumentaron la inversión", se defendió. (APFDigital)

La Universidad de Buenos Aires (UBA) resolvió iniciar acciones judiciales contra el Poder Ejecutivo Nacional para exigir el cumplimiento de la Ley 27.795 de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición Salarial, sancionada por el Congreso y promulgada por decreto, pero con su aplicación suspendida hasta que el Poder Legislativo defina las fuentes de financiamiento.

El Consejo Superior de la institución adoptó la decisión por unanimidad durante su sesión del 22 de octubre de 2025. En su resolución, la UBA sostuvo que “este decreto que promulga formalmente, pero suspende materialmente la ejecución de la ley, altera el sistema republicano de frenos y contrapesos establecido en el artículo 1° de la Constitución Nacional y quebranta la voluntad soberana del Congreso de la Nación”.

El texto aprobado agrega que la medida del Ejecutivo “implica la vulneración de derechos constitucionalmente establecidos afectando al sistema universitario y a su comunidad al no poder acceder al financiamiento necesario y a la recomposición salarial establecidos en la ya mencionada ley”.

La resolución, registrada bajo el expediente EX-2025-04995445-UBA-DME#REC, instruyó al rector a iniciar las acciones judiciales pertinentes “a fin de exigir la inmediata implementación efectiva de la Ley 27.795”. También dispuso que se comunique la medida a todas las unidades académicas, colegios secundarios, hospitales universitarios e institutos dependientes de la universidad.

Autoridades de la UBA (Fotografía: Jaime Olivos)

El Consejo Superior fundamentó la decisión en la situación económica que atraviesa el sistema universitario nacional. En los considerandos se expresó que “esta Universidad ha manifestado reiteradamente su profunda preocupación ante la grave situación presupuestaria que afecta a las Universidades Nacionales y ante el menoscabo salarial de los trabajadores y trabajadoras docentes y nodocentes”.

Asimismo, recordó que la UBA “ha declarado la emergencia tanto en materia salarial como presupuestaria” y que la norma aprobada por el Congreso “tiene por objeto garantizar la protección, el sostenimiento del financiamiento de las Universidades Nacionales en todo el territorio de la República Argentina y la recomposición salarial de los trabajadores y trabajadoras docentes y nodocentes”.

En otro tramo del documento, el cuerpo colegiado enfatizó que “la Ley da respuesta a la situación crítica tanto de funcionamiento de las universidades nacionales, como salarial de sus trabajadores y trabajadoras, y por tanto su no aplicación arbitraria solo sigue profundizando esta crisis”.

El texto señala también que “la no ejecución de esta Ley es un ataque directo a uno de los bienes más valiosos de nuestra sociedad: la Universidad Pública Argentina”.

Por último, el Consejo remarcó que resulta “imprescindible que de manera inmediata el Poder Ejecutivo Nacional cumpla con la efectiva ejecución de la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del salario, asignándose en forma urgente los recursos presupuestarios necesarios, en cumplimiento con las obligaciones constitucionales y legales vigentes”.

Una de las manifestaciones en defensa de la educación pública

El máximo órgano de gobierno de la UBA, que integran el rector, los decanos de las trece facultades y representantes de los claustros de profesores, graduados y estudiantes, consideró que el cumplimiento de la ley es esencial para garantizar la educación pública y la institucionalidad democrática en el país.

Este martes, el Gobierno promulgó la Ley N° 27.795, que establece un nuevo régimen de financiamiento para las universidades públicas y la recomposición salarial del personal docente y no docente, y la Ley N° 27.796, que declara la emergencia sanitaria de la salud pediátrica y de las residencias nacionales en salud en la República Argentina por un año. Sin embargo, la aplicación de ambas quedó suspendida hasta que el Congreso de la Nación determine las fuentes de financiamiento e incluya las partidas necesarias en el Presupuesto Nacional. Hace un mes ocurrió lo mismo con la Ley de Emergencia en Discapacidad.

Esta decisión fue oficializada en la madrugada de este martes, con la publicación de los decretos 759/2025 y 760/2025 en el Boletín Oficial. Así, el Poder Ejecutivo suspendió la aplicación de las legislaciones, debido al impacto fiscal que, consideran, traería a las cuentas del Estado.

En respuesta a la dilación del Gobierno para promulgar la ley de Financiamiento Universitario, la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) anunció medidas de fuerza para esta semana, ante el vencimiento de los plazos legales para sancionar la norma. Este martes, habrá una jornada de protesta y el miércoles se llevará a cabo un paro de 24 horas en todo el país.

Se espera que docentes, estudiantes y organizaciones sociales se sumen a las medidas de fuerza para reforzar el reclamo contra el Gobierno. La ley recibió la aprobación del Congreso, luego del veto del Poder Ejecutivo, gracias al voto favorable de más de dos tercios de cada una de las Cámaras. Algunas universidades pararán tanto el martes como el miércoles.

“La dilación del Gobierno sólo genera tensión y malestar”, apuntó el Secretario General de FAGDUT, Ricardo Mozzi, en declaraciones que reprodujo Ámbito.

“Hoy es el último día que tiene el Ejecutivo para promulgar la Ley de Financiamiento Universitario y el silencio es total. Senadores y Diputados ya la aprobaron y además rechazaron su veto, ¿Qué más quieren?”, preguntó el gremialista en nombre de los docentes de la UTN, que no tendrá clases en ninguna de sus 30 facultades ni el martes ni el miércoles.

En la misma línea, Mozzi agregó: “Mientras el Presidente Milei sigue enfocado en contraer deuda en dólares para negocios de unos pocos, más de la mitad de los docentes universitarios están bajo la línea de la pobreza”.

La ley de Financiamiento Universitario apunta a la reapertura de paritarias para docentes y nodocentes (paralizadas desde octubre del año pasado); actualizar fondos para gastos de funcionamiento, becas y desarrollo científico y la conformación de una caja de $10.000 millones, con actualización anual por IPC, para impulsar el ingreso a carreras estratégicas.

Según la OPC, el impacto presupuestario del proyecto de ley para este año sería de $1.959.974 millones, equivalentes a 0,23% del PBI.

Durante la sesión de este jueves, el Senado también rechazó el veto a la ley de Emergencia en Salud Pediátrica, impulsada por los reclamos de trabajadores del Hospital Garrahan, y la recomposición del sistema de residencias médicas.

La iniciativa exige fondos para “la asignación prioritaria e inmediata de recursos presupuestarios para bienes de uso y consumo”, “la recomposición inmediata de los salarios del personal de salud” y la derogación de la resolución del 2109/25 con la que el Ministerio de Salud modificó el sistema de residencias. Según la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), la inversión anualizada de esa erogación alcanzaría los $133.433 millones.

El Senado rechazó esta tarde los vetos presidenciales a las leyes de financiamiento universitario y de declaración de Emergencia en pediatría, con foco en el Hospital Garrahan.

Si bien el gobierno de Javier Milei retomó hace dos semanas el diálogo político, y pese a que sumó múltiples fotos con sectores dialoguistas, el oficialismo no alcanzó los votos para detener el rechazo de los vetos.

La suerte está echada para ambas iniciativas, por lo que la Casa Rosada deberá promulgar ambas leyes y aceptar las insistencias del Poder Legislativo, que se contabilizarán en Balcarce 50 como otra derrota.

El temario, que se definió hoy en una reunión de Labor Parlamentaria, incluyó la prórroga de la designación de Mirta Delia Tyden como vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de Posadas, Misiones, y dos tratados internacionales.

También el cuerpo intenta darle media sanción al Programa Alerta Sofía, creado en el año 2019 por el Ministerio de Seguridad bajo la gestión de la actual titular de la cartera, Patricia Bullrich, con el objetivo de difundir de manera urgente desapariciones de menores.