Miguel Ángel Berlini, de 64 años, fue a la Clínica Robles, en el barrio porteño de Belgrano, porque tenía que realizarse una intervención odontológica. El procedimiento era un implante dental, que se supone que no tiene riesgo y requiere solo de sedación, pero nunca recuperó la conciencia al finalizar el proceso.

El cirujano maxilofacial y el cirujano plástico realizaron maniobras de reanimación y dieron aviso al SAME. Se confirmó la muerte del hombre que trabajaba como chofer de una aplicación de transporte de pasajeros.

La causa está a cargo de la fiscal Laura Belloqui quien ordenó el secuestro de la documentación de los médicos, la historia clínica del paciente y la realización de  la autopsia.

La clínica es propiedad del cirujano plástico Marcelo Fernando Robles (57) y el médico cirujano José Miguel Galeano (47) alquiló ese lugar para llevar adelante la operación. Los dos profesionales ahora quedaron detenidos mientras se investiga si hubo mala praxis.

La víctima quería verse bien al sonreír, investigó durante meses y averiguó distintos tratamientos. Se contactó con el cirujano que le planteó un método de implante dental.

Los exámenes prequirúrgicos habían dado bien y no tenía afecciones previas. “Desde que entró al quirófano se perdió toda comunicación con el afuera”, dijo a los medios el sobrino de la víctima, Juan Pablo Curet Berlini.

“A la gente que iba y venía y mi mamá les preguntaba ¿Cómo está Miguel? ¿Ya salió? ¿Cómo va todo? Y la respuesta era siempre: ‘Ya te averiguo’”, recordó Juan.

Finalmente los dos médicos salieron. “Hubo una complicación. Sufrió un paro cardiorrespiratorio”, le dijo Robles, a Alejandra, hermana de la víctima, para informarle había muerto.

La familia contó que un empleado les dijo: “Chicos, no les conviene hacer una autopsia. No la pidan porque después el cuerpo se va a ver feo para el velorio”.  La policía que ya estaba en el lugar les dijo que la autopsia se iba a hacer si o si porque así lo indica el protocolo.

Esta semana fue sancionada en el Senado la denominada Ley “Nicolás”, lo que suposo un gran paso para una mejor atención sanitaria. La finalidad de la normativa es evitar diagnósticos errados y mala praxis. La norma, impulsada por la ONG nacional “Por la Vida y la Salud” e inspirada, entre otros casos, por el de Nicolás Deanna (que murió a los 24 años por una meningitis bacteriana no detectada a tiempo), busca prevenir errores médicos, promover la transparencia y asegurar el respeto a los derechos de los pacientes.

En Entre Ríos, una de las referentes de esta lucha es Lorena Leonhardt, hermana de Liliana —víctima de un caso de mala praxis en Gualeguaychú—, integrante de la comisión directiva y representante provincial de la organización. Su experiencia personal, sumada al trabajo colectivo de más de 400 familias que atravesaron situaciones similares, fue clave para que esta ley viera la luz.

“Desde aquel 3 de octubre de 2017 en que perdí una parte de mi alma con la injusta partida de mi hermana Liliana, me pregunté muchas veces ¿Por qué?”, recordó, en diálogo con Ahora ElDía. La respuesta empezó a tomar forma al conocer a Gabriela Covelli, una abogada de Villa Gesell y madre de Nicolás. “Junto a ella y cientos de familias que habían vivido lo mismo, juntamos nuestras partes rotas y fundamos la ONG ‘Por la Vida y la Salud, Por Vos, Por Mi y Por Todos’. Resignificamos el ‘por qué’, en un ‘para qué’ y empezamos a luchar por un sistema sanitario más seguro y humano”.

Ese camino derivó en la presentación de la ley como moción popular en marzo de 2021: “Golpeamos infinitas puertas, hasta que el diputado Fabio Quetglas empatizó, y no sólo la recibió, sino que la analizó junto con la Academia Nacional de Medicina, el Observatorio Argentino de Seguridad del Paciente, y referentes en seguridad y calidad sanitaria, dándole formato legislativo y haciendo que tome estado parlamentario el 29 de julio de 2022”, detalló Lorena.

El 7 de diciembre de 2023 la ley obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados, pero no fue hasta este jueves que, “gracias a la insistencia y el empuje de la senadora Edith Terenzi”, fue sancionada por Senadores. “Para todas las familias que integramos la ONG significa una gran esperanza de salvar muchas vidas, y el profundo orgullo de saber que en la voz y en honor a los nuestros, lograremos ayudar a otros”, destacó Leonhardt.

“Desde aquel 3 de octubre de 2017 en que perdí una parte de mi alma con la injusta partida de mi hermana Liliana, me pregunté muchas veces ¿por qué?”.

La norma establece un marco jurídico e institucional para garantizar una asistencia sanitaria de calidad y segura, centrada en las personas y las comunidades. “El paciente deja de ser un objeto para convertirse en un sujeto de derecho”, subrayó Leonhardt.

Entre los puntos más urgentes de la ley, Lorena enumeró varios que “cambian de manera contundente el paradigma de salud actual”. Ellos son: el establecimiento de protocolos de actuación (que marcan pautas de atención ante la sintomatología del paciente, evitando acudir a las guardias y que con una simple pastilla o inyectable se dé el alta, sin realizar los debidos estudios, procurando así el diagnóstico oportuno y a tiempo), la obligatoriedad de la carrera sanitaria hospitalaria (otorgándole transparencia y equidad al acceso a cualquier cargo dentro del ejercicio profesional de la salud pública), la creación del Registro Unificado de Eventos Centinela (que busca registrar eventos adversos y prevenirlos).

Además, otros rasgos esenciales son la verificación periódica de aptitudes psicofísicas del equipo de salud (que tiene en cuenta habilidades y prácticas de acuerdo a cada tarea), un registro de sanciones e inhabilitaciones (esta información será de acceso público), y capacitaciones obligatorias en calidad, seguridad de la atención y humanización de la medicina, que se incorporan a todas las carreras de formación del personal de salud.

Uno de los aspectos que enunció Leonhardt es que la Ley Nicolás no requiere de grandes recursos extra, ya que “se valdrá del SISA (Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino), y del Refeps (Red Federal de Registros de Profesionales de la Salud), dependientes del Ministerio de Salud de la Nación, por lo que se podrá implementar en cada rincón del país”.

“En nuestra ciudad la mayor falencia es la falta de diagnóstico oportuno. Los protocolos de atención, los cargos ocupados por capacidad y concurso, la formación del personal en seguridad y calidad en la atención sanitaria, van a prevenir muchos daños y muertes totalmente evitables”, resaltó Lorena.

“El corporativismo malsano, acompaña, encubre y apoya a quienes cometen mala praxis, cuando deberían separar a los profesionales de excelencia de los que no obran con experticia y humanidad”

La referente también puso el foco en las dificultades que enfrentan las víctimas de mala praxis al buscar justicia: “Transitamos largas batallas judiciales, donde nos encontramos con falta de equidad en los procesos, debemos costear abogados y peritos, mientras que los médicos cuentan con un seguro de mala praxis que cubre estos gastos. Hay connivencia médico/judicial, que hace que muchas veces los peritos oficiales cubran a sus colegas y las fiscalías incumplan con su deber de funcionario público. El corporativismo malsano, acompaña, encubre y apoya a quienes cometen mala praxis, cuando deberían separar a los profesionales de excelencia de los que no obran con experticia y humanidad”

“Se nos tilda de perseguir dinero, cuando en la mayoría de los casos iniciamos sólo una demanda penal, dejando de lado la parte civil. Muchos de nosotros esperamos años, logrando la merecida condena cuando el médico ya se ha jubilado, incluso viendo que aún con condena firme migran a otras localidades, rematriculándose y ejerciendo la profesión sin ningún impedimento. Por eso se necesitaba un marco regulatorio, que exponga y nos permita a los ciudadanos tener acceso a las inhabilitaciones y sanciones. Nunca hemos tenido en Argentina control del acto médico, la Ley Nicolás, por fin, viene a poner límite al accionar negligente y descontrolado que imperaba en nuestro país”, remarcó.

Mientras tanto, la ONG continúa trabajando por el efectivo cumplimiento de la Ley 26.529, y con campañas de concientización y acompañamiento.

 “Hemos adherido a muchos municipios y provincias enteras al 17 de septiembre, el ‘Día Mundial de la Seguridad del Paciente’, en consonancia con una tendencia mundial en hacer de la vida y la salud, dos derechos humanos fundamentales a defender. Gualeguaychú adhirió a esta conmemoración, y colocamos en Costanera un cartel que recuerda este importante día, con el logo de la organización, la imagen de Liliana, y una frase que acompaña nuestra lucha: ‘Si tu vida derramó tanto amor, que tu partida sirva para salvar a otros’”.

“Con la implementación de la ley seremos fieles custodios de su cumplimiento. Sonaba utópico pensar que un grupo de familiares de víctimas pudiera cambiar la realidad sanitaria del país. Pero el tremendo dolor nos puso de pie. Nos mueve el amor ante la pérdida de lo más amado, y seguiremos construyendo para que la vida y la salud sean siempre prioridad. Esta lucha es de todos”, concluyó Leonhardt.

Quién fue Liliana Leonhardt

Liliana Leonhardt era una gualeguaychuense se desempeñaba como bibliotecaria en el Instituto Magnasco. El 29 de agosto de 2017, a sus 51 años, se presentó en la Clínica Médica San Lucas por un fuerte dolor en la cadera. En esa ocasión, los profesionales decidieron infiltrarla y volvió a su casa. A pocas horas, regresó con un cuadro más complicado y mucho dolor de columna. Presentaba taquicardia y presión alta; y desde ese momento quedó alojada en la Terapia Intensiva de la clínica.

A partir de una resonancia, “se comprobó que su malestar se debía a una hernia de disco". Poco después Liliana pasó a sala común y cuando se le iba a practicar un estudio importante "se rompió el tomógrafo del establecimiento". El 2 de septiembre reingresó en Terapia Intensiva con un deterioro neurológico severo, con compromiso encefálico y fallo renal, y una diarrea sangrante. Tras más de un mes en terapia, murió por una colitis isquémica, que no diagnosticaron.

Después de su fallecimiento, su familia luchó para obtener justicia. En ese proceso, logró que se colocara en la Costanera un cartel que hace referencia al 17 de septiembre, el ‘Día Mundial de la Seguridad del Paciente”, junto con una foto de Liliana.

Alison Calfunao terminó con la amputación de una pierna y la necesidad de un trasplante de corazón, tras una cirugía de ligadura de trompas que derivó en una cadena de complicaciones. La Justicia busca determinar las causas de lo sucedido y si hubo o no alguna responsabilidad. 

El 9 de junio, la mujer, de 30 años,  se realizó la intervención que se suponía sin riesgo en la Clínica San Lucas de Neuquén, pero sufrió dos paros cardíacos en medio de la cirugía.

Luego, fue derivada a otra clínica donde se mantuvo varios días conectada al sistema ECMO (Oxigenación por Membrana Extracorpórea), una tecnología médica que proporciona soporte vital temporal para pacientes con insuficiencia cardíaca o respiratoria grave. 

Allí tuvieron que amputarle la pierna tras una complicación. Tras superar el estado crítico y con la necesidad de un trasplante de corazón, fue traslada en un avión sanitario al Hospital Italiano de Buenos Aires. 

Carina, su mamá, afirmó que nadie le explicó lo sucedido, hizo la denuncia y exige saber “qué le hicieron” durante la intervención.

Finalmente pudieron viajar a Buenos Aires. La operación de trasplante se realizó y su mamá afirmó: “Su corazón fue destrozado, su pierna terminó amputada, su cuerpo y su vida cambiaron para siempre. Pero el 17 de junio, Alison volvió a la vida”.

 Alison continúa internada en recuperación en el Italiano. “Ahora está constantemente con los kinesiólogos para que tenga más estabilidad en el cuerpo”, relató Carina y agregó que “durante la noche tiene muchos ataques de pánico porque siente que le están cortando su pierna”. Hizo referencia a sus nietos: “Los pequeños también están sufriendo sin su mamá porque ella era muy mamá”.

El pedido de la madre de Alison Calfunao

El reclamo de la familia se centra en la ausencia de respuestas. "Desde la Clínica San Lucas no hemos recibido ni una sola palabra. Ningún llamado. Ninguna disculpa. Ninguna explicación. No se solidarizaron. No se hicieron responsables. Nada. El silencio duele tanto como la herida”, sostuvo Carina.

 “Quiero que me expliquen qué le hicieron a Alison dentro de ese quirófano con esos médicos... Quiero saber por qué Alison terminó sin su corazón y sin una pierna”, reclamó. 

La Fiscalía de Delitos contra las Personas interviene en la investigación tras la demanda presentada, según informaron los medios locales. Se ordenó a las clínicas involucradas la entrega de las historias clínicas para su análisis. 

Desde la clínica San Lucas ya entregaron las historias clínicas, según informaron los medios locales. “Exigimos que se conozcan sus nombres. Que den la cara. Que expliquen qué hicieron. Qué no hicieron. Qué ocultaron. Qué falló”, pidió la mamá.

(Crónica)

El hecho sucedió el 7 de septiembre de 2024, cuando el menor F. requirió atención médica urgente. Según la denuncia de sus padres, al solicitar una ambulancia al Hospital “Perú”, se encontraron con una primera barrera. La enfermera, quien atendió la llamada, generó confusión al "insistir o preguntar a la altura de qué casa o familia era, repitiendo en todo momento la dirección, hasta que en un momento la enfermera cortó la llamada, sin llegar a decirnos si la iba a mandar a la ambulancia o no".

Esta situación llevó a los desesperados padres a trasladar a su hijo en el vehículo familiar. La ambulancia, según el relato, llegó al nosocomio después que ellos.

Una vez en el hospital, la situación no mejoró. Los padres relatan un "altercado con la médica de guardia, (…) quien echó del nosocomio a mi marido (…) debido a que este estaba con una crisis de nervios". La denuncia detalla que la Dra. y la enfermera asistieron al niño, le colocaron un suero con Diclofenac y "le dan el alta mandándolo a casa con una simple receta de Diclofenac cada 12 horas por 2 días."

El inicio del sumario fue publicado en el Boletín Oficial de Entre Ríos Nº 28.116.

A pesar del alta, el estado del menor no mejoró; "seguía con fuertes dolores, quejándose en todo momento (…) seguía con la respiración agitada". Ante el agravamiento, los padres decidieron regresar al hospital a las 3 AM. Según su testimonio, allí "se evidenció un trato desconsiderado por parte de las profesionales de la salud y se realizaron esfuerzos mínimos por estabilizarlo. Solamente le tomaron la presión y lo mandaron a una sala común, donde lo dejaron con suero y calmante, no regresando más en ningún momento a realizar un seguimiento durante toda la madrugada tanto la enfermera como la médica”.

El cambio de guardia a primera mañana del 8 de septiembre fue crucial. Enfermeras que ingresaban a su turno revisaron al niño y, al advertir el estado de su abdomen, informaron a la Dra. Fue entonces cuando se decidió el traslado urgente a Gualeguay, aunque con una inquietante frase de la médica: “Por las dudas para que te quedes tranquila mamá”, como si fuera más por cumplir un deseo o capricho de la madre del menor.

El traslado en ambulancia hacia el Hospital “San Antonio” de Gualeguay fue crítico. La enfermera a bordo advirtió que al niño "se le iban los ojos para arriba, se arrancaba los pelos, entró como en una especie de crisis, por lo que le pone la enfermera oxígeno y le pide al chofer que acelere porque el cuadro no era bueno”.

Al llegar a Gualeguay, una médica manifestó: “Lo que leo no es lo que estoy recibiendo, esto es para ir a Paraná no para acá”, procediendo a la intervención quirúrgica inmediata, pero el menor lamentablemente falleció el 12 de septiembre de 2024.

La investigación ha derivado en la apertura de un sumario administrativo para las agentes Nora Evangelina Rein y Melina Florencia Sestua. El sumario busca determinar si sus conductas están "presuntamente incursas en las causales de cesantía”.

Como medida preventiva, ambas enfermeras serán trasladadas y "desafectadas del servicio de guardia" a un sector que no implique atención directa bajo esa modalidad, a fin de garantizar el esclarecimiento de los hechos y la adecuada prestación del servicio.

En cuanto a la Dra. encargada (Trossero), se ha determinado que "estuvo matriculada en nuestra Provincia durante el período comprendido entre el 29 de Febrero y el 15 de Noviembre de 2024, fecha esta última en que canceló su matrícula". Al no contar con vínculo contractual ni matrícula activa, no es pasible de investigación disciplinaria en este momento. (APFDigital)

Luego de haber pasado nueve años en prisión por ejercicio ilegal de la medicina y homicidio culposo, Giselle Rímolo, la falsa doctora que conmocionó a la opinión pública en los años 2000, intenta rehacer su vida lejos del ojo mediático. Ahora, bajo el nombre de Mónica Gaineddu, busca mantenerse en el anonimato mientras reconstruye su rutina diaria.

Cabe recordar que en 2012 fue condenada a nueve años de prisión, pero recién quedó detenida en 2017, cuando la Corte Suprema confirmó la sentencia. Un año más tarde, la pena se redujo a siete años por el beneficio del "dos por uno". Se trata de un régimen procesal penal que se aplicaba en Argentina para compensar las demoras del Estado en llevar a juicio a las personas detenidas preventivamente. Finalmente, en 2022 obtuvo la libertad condicional, tras haber cumplido la mayor parte de su condena.

Fue el programa Intrusos el que logró captar imágenes de Rímolo en su domicilio, aunque ella evitó cualquier contacto con la prensa. Al notar la presencia de las cámaras, ingresó rápidamente a su casa sin hacer declaraciones. 

Este episodio generó revuelo en las redes sociales, donde muchos se preguntan si realmente logró reinsertarse en la sociedad o si sigue cargando con el peso de su pasado.

😱 EL ESCÁNDALO QUE REVOLUCIONÓ AL PAÍS: LA NUEVA VIDA de Giselle Rímolo@intrusos #Intrusos25Años pic.twitter.com/kiG1cC0xq7

Por el momento, la ex mediática parece enfocada en mantenerse alejada del escándalo y en construir una vida distinta, aunque su nombre aún sigue siendo sinónimo de uno de los casos más resonantes de la historia judicial argentina. 

Lejos del mundo de la medicina y de los escándalos que la rodearon, Giselle Rímolo se dedica actualmente a la venta de productos cosméticos a través de plataformas digitales. Aunque evita apariciones públicas, se la vio  en ocasiones realizando actividades cotidianas, como cualquier otra persona que intenta dejar atrás un pasado polémico.

El médico Guillermo Riolo fue increpado este martes por la mañana por familiares de Facundo, el niño de tres años que falleció tras ser intervenido quirúrgicamente por el profesional. El profesional -denunciado por presunta mala praxis- concurrió al Registro de la Propiedad, en calle Gualeguaychú, para cambiar la titularidad de un inmueble.

Los manifestantes le pidieron al profesional, y a quien lo acompañaba, que no se acerquen porque llamarían a la Policía. El médico replicó diciendo que “cuando te enteres cómo fue, vas a ser un problema". "Están en problemas”, les advirtió.

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Se recordará que, a fines de septiembre, personal de la División Delitos Económicos llevó adelante tres allanamientos en el marco que se investiga una mala praxis y que tiene a Riolo como acusado; cuando llegaron los efectivos policiales hasta calle Concordia al 200 para allanar el Instituto médico donde el médico atendía a sus pacientes, el frente del lugar ya había sido intervenido por desconocidos que, a modo de escrache, realizaron pintadas con aerosol negro y escribieron la palabra “ASESINO”.

El médico otorrinolaringólogo Guillermo Riolo fue imputado por el delito de homicidio culposo en el marco de la denuncia por presunta mala praxis tras la muerte del pequeño Facundo, de 3 años de edad. En el marco de la investigación, al médico le suspendieron la matricula, de manera preventiva y provisoria, según así lo dispuso el ministerio provincial de Salud tras la recomendación de la Fiscalía de Estado por las 41 inasistencias que el profesional tuvo durante 2022 y 2023 en el hospital San Martín.

El sumario fue consecuencia del dolor de Marina Aristimuño y Luis Barrios, los papás de Facundo, el nene de 3 años que Riolo operó de amígdalas y adenoides el jueves 19 de septiembre en la Clínica del Sol, de Bovril. Habían acudido a él por recomendación de un pediatra: recorrieron el listado de profesionales de su obra social y así empezó el contacto. La intervención quirúrgica se realizó en Bovril por cuanto Riolo “no atendía en la Clínica Modelo por motivos personales y , además, en el Sanatorio del Niño, con suerte, recién había fecha para fin de año”. Pagaron 254.000 pesos. Facundo ingresó a quirófano a las 16,15 de aquel jueves 19 de septiembre.

Pronto empezaría el calvario. Riolo los anotició a los papás que la cirugía “se había complicado porque encontró un vaso sanguíneo detrás de la nariz y comenzó a tener una hemorragia que no podía parar”. Lo derivaron de urgencia al Sanatorio del Niño, en Paraná, ese mismo jueves. Llegaron a las 19,15. Facundo ingresó a Terapia Intensiva, “deshidratado” y con una hemorragia que no se detenía, e “hizo un paro cardíaco de treinta minutos del cual salió con un diagnóstico negativo”. En el ínterin, intentaron vanamente comunicarse con Riolo: no respondía al teléfono.

Al día siguiente, viernes 20 de septiembre, los médicos del Sanatorio del Niño los anotician del peor diagnóstico: Facundo tenía muerte cerebral y su deceso se confirmó el 25 de septiembre. (Elonce)

El ministro de Salud, Guillermo Grive, recibió este viernes a los padres de Facundo, el niño que falleció luego de una operación de amígdalas realizada por el médico otorrinolaringólogo Guillermo Riolo. Por el hecho, el profesional está siendo investigado por presunta mala praxis y se han sumado otras denuncias por situaciones similares en su contra.

“Frente a determinadas versiones mediáticas, el Ministerio nos recibió y nos escuchó. Quedó el compromiso de seguir acompañando a la familia hasta las últimas consecuencias”, explicó al Nueve, Miguel Cullen, abogado de la familia del pequeño. Y agregó: “Vinimos a entender el procedimiento que se hace desde el Ministerio de Salud, pero lo primordial es el acompañamiento desde el punto de vista humano“.

El letrado dijo además que esperan los resultados de la autopsia, aunque prefirió no hacer más declaraciones sobre esta etapa del proceso: “Las investigaciones nos inhabilitan a hacer declaraciones, estamos dando pasos firmes y pedimos paciencia para no entorpecer las pericias. Queremos que la autopsia se haga sin presiones, los médicos saben hacer su trabajo y nos darán el informe cuando esté listo”.

En las últimas horas se conoció un nuevo caso de posible mala praxis por parte del doctor Guillermo Riolo, en este caso contra un niño de 9 años que también fue operado en Bovril. El menor fue derivado al hospital San Roque por algunas complicaciones, pero afortunadamente se mantiene estable.

Vanesa Albornoz, madre de la presunta nueva víctima, dialogó con Canal Nueve Litoral y contó detalles del preocupante caso.

“Mi hijo empezó con mucha tos, ya venía con problemas de amígdalas y adenoides. Decidí llevarlo a un otorrino. En Iosper eran pocos prestadores, entre esos estaba Riolo, y decidimos llevarlo”, comenzó su relato. El profesional le dijo a la familia que en Paraná “no tenía lugar” para operar, por eso los derivó a Bovril, cobrándoles entre 250 y 300 dólares.

Tras la operación, aseguró que le trajeron a su niño “chorreando sangre” por la boca y la nariz, tras lo cual Riolo le dijo que era “normal”.

“En esa hora y media no vino, vino después”, momento en el cual se produjo un cruce entre ambos.

“Estaba fumando afuera con la bata toda ensangrentada”, reveló la mujer. El menor toleró el agua, pero cuando quisieron irse encontraron que no había ningún profesional para evaluarlo. “No supimos qué le hicieron”, lamentó.

El lunes decidieron llevarlo al Sanatorio del Niño, donde le dijeron que estaba bien: “Yo como mamá no me quedé conforme, no lo veía bien. Entonces el martes fui a comprarle helado, y me dijo que no podía respirar, que le dolía. En el San Roque en dos minutos estaban todos los médicos. Estaba deshidratado. Ahora está estable, está bien“, relató.

“Hoy en día, después de una semana, puedo decir que mi hijo está en buenas manos. Y después de una semana en que Facundo murió. Con la mamá de Facu estamos continuamente en contacto, porque estuvimos juntas y pasamos exactamente lo mismo”, lamentó.

La madre del menor aseguró que llevará el caso a la Justicia, y apuntó a la obra social de la provincia, que tenía a un profesional de esas características en su cartilla.

La muerte de Facundo

En horas de la tarde de este miércoles falleció Facundo, el niño de tres años que habría sido víctima de mala praxis durante una cirugía de amígdalas y adenoides, realizada por el reconocido otorrinolaringólogo Riolo.

El pequeño había sido trasladado de urgencia desde la Clínica del Sol en Bóvril, donde se le realizó la cirugía.

“En diciembre, desde el Hospital San Martín se emanaron una serie de denuncias internas por irregularidades. Entre otras, se denunciaron 40 faltas injustificadas, lo que es causal de sumario administrativo”, indicó el funcionario y aseguró que el procedimiento legal “está en término” y sería inminente su resolución, que dispondría la cesantía en el cargo.

Si bien no mencionó otras irregularidades, destacó que la cantidad de ausencias injustificadas se impone como principal argumento para pedir su cesantía en el cargo. Además, sostuvo que la resolución se da a conocer mediante un decreto que deberá llevar la firma del gobernador Rogelio Frigerio.

El cirujano Daniel Ojeda (60), apodado el “Lotocki entrerriano”, había admitido su responsabilidad ante los jueces que lo juzgaron por la muerte de una paciente en la clínica trucha que montó en 2022 en Villa General Mitre, CABA. Ya sabía de lo que se trataba: la Justicia de Entre Ríos lo había condenado por el homicidio de una mujer y por lesionar a otras dos. También lo inhabilitó para ejercer la medicina. Este martes, los magistrados del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°1 porteño le unificaron la pena en 11 años de prisión y en 16 quedó la prohibición sobre su profesión.

Los jueces del TOCC N°1, Fernando Ramírez, Luis Salas y Adrián Pérez Lance, consideraron a Ojeda responsable por los delitos de homicidio simple en concurso ideal con desobediencia a una orden judicial y le dieron la pena de 8 años de cárcel.

Sin embargo, como cuando mató a su segunda paciente ya estaba condenado a 8 años de prisión por otro homicidio ocurrido en la ciudad de Concordia y, además, tenía prohibido ejercer la medicina por 16 años; la pena unificada para Ojeda quedó en 11.

Los fundamentos del fallo que se conoció este martes se difundirán el próximo 1º de octubre. Pero, en este caso, el falso Lotocki “a principios del juicio reconoció su responsabilidad en los hechos que le imputan”, según pudo saber Infobae. Fue ante esto que la Fiscalía, representada por Horacio Azzolin y la auxiliar Jazmín Auat, solicitó en su alegato la condena que finalmente le concedieron los jueces.

Así, el “Lotocki entrerriano” extiende su estadía en el penal de Ezeiza, donde ya cumplía la condena por homicidio imprudente y un amplio abanico de lesiones que le otorgó la Justicia de Entre Ríos por la muerte de una paciente en 2019 en la ciudad de Concordia: la uruguaya Iris Amaro (45) falleció dos días después de someterse a una liposucción con Ojeda. Ese fallo fue confirmado en marzo de este año.

Eso no lo disuadió de seguir practicando tratamientos estéticos riesgosos y en lugares no aptos. Así, se fue de Entre Ríos e instaló en Buenos Aires otra clínica clandestina en la que ofrecía servicios de estética-plástica. El 3 de junio de 2022, Débhora Campos Gonzáles murió tras someterse a una liposucción, según la investigación que llevó adelante el fiscal Marcelo Retes, a cargo de la Fiscalía Criminal y Correccional N°23. Por esa causa llegó al juicio que concluyó este martes y la estancia de Ojeda en la cárcel de Ezeiza se alarga.

La muerte de Campos Gonzáles

En la causa por la que fue condenado este martes, Ojeda reconoció que fue responsable de la muerte de Campos Gonzáles. Según la autopsia que está en el expediente, el fallecimiento pudo “deberse a dos posibilidades”: un uso “indebido de drogas anestésicas inyectadas, o a consecuencia del dolor que habría sufrido producto de anestesia mal proporcionada o combinada, durante el procedimiento llevado a cabo”.

Ojeda le practicó a la víctima una cirugía estética coincidente con una liposucción y eso le produjo, siempre según la causa, “una descompensación hemodinámica... que al no poder ser revertido fue seguido de muerte”.

También se destacó en la autopsia que los forenses hallaron tres “punturas vitales” similares a las que se ven para lograr un “inyección intracardíaca”. Las lesiones atravesaron la parrilla costal, la pleura y el pulmón izquierdo, provocando enfisema, que no tuvo “idoneidad para causar la muerte”, pero se dejó en claro que se buscó acceder al corazón y “no se logró”.

Por lo que se consideró que “no utilizó el instrumental adecuado o bien careció de pericia para utilizarlo”, pero tampoco pidió una ambulancia del SAME y no hubo indicios de que la víctima haya sido intubada, algo que, quizá “podría haber mejorado su situación”.

Para la Justicia, Ojeda operó sin “el acompañamiento de profesionales médicos” que se requieren para casos de este estilo, “como mínimo, un anestesiólogo”. Pero, además, el departamento en el que se hizo la cirugía no estaba habilitado como clínica, sino que era para habitar como vivienda “sin poseer las instalaciones sanitarias correspondientes, hallándose en el lugar elementos de quirófano oxidados y defectuosos”.

Allí se encontró un desfibrilador y un electro bisturí que “no poseen antecedentes de habilitación ni registro ante la ANMAT” y, además, le atribuyeron que “no proporcionó la información correspondiente” a la víctima: no le hizo firmar los formularios de consentimiento.

Pero, sobre todo, Ojeda, según la acusación, violó la prohibición que tenía desde el 15 de enero de 2021 por la causa de Concordia por la muerte de Amaro y por la cual estaba inhabilitado para ejercer la profesión.

“Representándose y previendo cabalmente el eventual resultado de muerte, a sabiendas de las condiciones generales en que llevaría a cabo la práctica quirúrgica investigada, la falta de pericia y conocimiento en la materia, la inhabilitación para su ejercicio; programó, inició y continuó la misma sobre el cuerpo de la víctima, conformándose con la posible producción del resultado fatal, no adoptando tampoco conducta alguna demostrativa de voluntad de evitar el mismo”, rezaba la acusación que lo puso en el banquillo y por el que ha admitido su responsabilidad.

El caso contra Ojeda le valió al cirujano el apodo del “Lotocki entrerriano” por las similitudes con la muerte de Rodolfo Christian Zárate y de Romina Vega por las que Aníbal Lotocki va a juicio y fue absuelto, respectivamente.

El cirujano Daniel Ojeda (60), apodado el “Lotocki entrerriano”, no tuvo reparos en admitir su responsabilidad ante el tribunal que lo juzga por la muerte de una paciente, ocurrida en la clínica trucha que había montado en 2022 en el barrio porteño de Villa General Mitre, cuando ya estaba condenado por la Justicia de Entre Ríos e inhabilitado para ejercer la profesión.

“A principios del juicio reconoció su responsabilidad en los hechos que le imputan”, trascendió sobre el debate que se lleva adelante ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°1 al que llegó acusado por el delito de homicidio simple con dolo eventual en concurso ideal con desobediencia.

La Fiscalía de juicio, a cargo de Horacio Azzolin, ante este panorama solicitó en su alegato la pena unificada de 11 años de prisión y 16 de inhabilitación. Hay que recordar que Ojeda está preso en la cárcel de Ezeiza y tiene una condena previa de 8 años de prisión y una prohibición para ejercer la medicina de 16.

Justamente, esa condena por homicidio imprudente y un amplio abanico de lesiones de la Justicia de Entre Ríos fue confirmada en marzo de este año por la muerte de una paciente en 2019 en Concordia: la uruguaya Iris Amaro (45) falleció dos días después de someterse a una liposucción con Ojeda.

Eso no lo disuadió de seguir practicando tratamientos estéticos riesgosos y en lugares no aptos. Así, se fue de Entre Ríos e instaló en Buenos Aires otra clínica clandestina en la que ofrecía servicios de estética-plástica. El 3 de junio de 2022, Débhora Campos Gonzáles murió tras someterse a una liposucción, según la investigación que llevó adelante el fiscal Marcelo Retes, a cargo de la Fiscalía Criminal y Correccional N°23. Por esa causa llegó al juicio del que se conocerá el veredicto en breve.

En la causa que ahora lo tiene en el banquillo, Ojeda reconoció que fue responsable de la muerte de Campos Gonzáles. Según la autopsia que está en el expediente, el fallecimiento pudo “deberse a dos posibilidades: por un lado, un uso indebido de drogas anestésicas inyectadas, o a consecuencia del dolor que habría sufrido producto de anestesia mal proporcionada o combinada, durante el procedimiento llevado a cabo”.

Ojeda le practicó a la víctima una cirugía estética coincidente con una liposucción y eso le produjo, según la causa, “una descompensación hemodinámica... que al no poder ser revertido fue seguido de muerte”.

También se destacó en la autopsia que los forenses hallaron tres “punturas vitales en región paraesternal izquierda, similar a lo observado en punturas para lograr inyección intracardíaca”. Las lesiones atravesaron la parrilla costal, la pleura y el pulmón izquierdo, provocando enfisema, que no tuvo “idoneidad para causar la muerte”, pero se dejó en claro que se buscó acceder al corazón y “no se logró”.

Por lo que se consideró que “no utilizó el instrumental adecuado o bien careció de pericia para utilizarlo”, pero tampoco pidió una ambulancia del SAME y no hubo indicios de que la víctima haya sido intubada, algo que, quizá “podría haber mejorado su situación”, sostuvo el fiscal en su elevación a juicio.

Para la Justicia, Ojeda operó sin “el acompañamiento de profesionales médicos” que se requieren para casos de este estilo, “como mínimo, un anestesiólogo”. Pero, además, el departamento en el que se hizo la cirugía no estaba habilitado como clínica, sino que era para habitar como vivienda “sin poseer las instalaciones sanitarias correspondientes, hallándose en el lugar elementos de quirófano oxidados y defectuosos”.

Allí se encontró un desfibrilador y un electro bisturí que “no poseen antecedentes de habilitación ni registro ante la ANMAT” y, además, le atribuyeron que “no proporcionó la información correspondiente” a la víctima: no le hizo firmar los formularios de consentimiento.

Pero, sobre todo, Ojeda, según la acusación, violó la prohibición que tenía desde el 15 de enero de 2021 por la causa de Concordia por la muerte de Amaro y por la cual estaba inhabilitado para ejercer la profesión.

“Representándose y previendo cabalmente el eventual resultado de muerte, a sabiendas de las condiciones generales en que llevaría a cabo la práctica quirúrgica investigada, la falta de pericia y conocimiento en la materia, la inhabilitación para su ejercicio; programó, inició y continuó la misma sobre el cuerpo de la víctima, conformándose con la posible producción del resultado fatal, no adoptando tampoco conducta alguna demostrativa de voluntad de evitar el mismo”, rezaba la acusación que lo puso en el banquillo y por la que ha admitido su responsabilidad.

El caso contra Ojeda le valió al cirujano el apodo del “Lotocki entrerriano”, por las similitudes con la muerte de Rodolfo Christian Zárate y de Romina Vega, por las que Aníbal Lotocki va a juicio y fue absuelto, respectivamente.

Fuente: Infobae

A principio de mayo se conoció un caso que habría ocurrido el 8 de noviembre del año pasado: una enfermera del Hospital Centenario denunció a una colega suya de haber suministrado cloruro de potasio a Graciela Mabel Santana, una paciente de 65 años que estaba en internada en Terapia Intensiva. Este proceder habría provocado su muerte.

Tras conocerse la denuncia, la Justicia ordenó exhumar su cuerpo la semana pasada y que sea depositado en la Morgue del Cementerio Norte. Finalmente, durante la jornada del jueves fue trasladado a la morgue de Oro Verde –departamento de Paraná–, donde la semana que viene se le realizará la autopsia. 

Según explicaron allegados al caso, la decisión de trasladar el cuerpo de Santana a Oro Verde responde a que cuando el caso puede involucrar una mala praxis, como podría ser esta ocurrida en el Hospital Centenario, la autopsia o el estudio se hace en otra departamental para evitar cualquier tipo de connivencia.

La acumulación de causas que afronta Aníbal Lotocki terminaron por acorralarlo, y este miércoles por la tarde el médico se entregó luego de que la Sala 4 de la Cámara Criminal ordenara su detención inmediata.

A las pocas horas de notificado, Lotocki se ajustó a derecho al presentarse en una dependencia de la Policía Federal de la ciudad de La Plata situada en la calle 49 N° 1004.

“Hay elementos que permiten acreditar el riesgo de que el imputado se fugue o intente entorpecer la investigación”, informaron fuentes judiciales.

En el fallo, los jueces Hernán López, Ignacio Rodríguez Varela y Julio Luciani analizaron: “El estado actual de los procesos acumulados pone en evidencia una sustancial variación en la naturaleza y gravedad de los episodios en examen y de su proyección en aquellos y en la estimación de los reaseguros tendientes a mantener a Aníbal Lotocki sujeto al proceso”.

Al evaluar los riesgos de que el imputado permanezca en libertad, los jueces sostuvieron que la voluntad de entorpecer la investigación era evidente “por los indicios que proporcionaba ya la falsificación de la historia clínica” de Rodolfo Cristian Zárate.

Aníbal Lotocki fue condenado el siguiente 16 de febrero por el Tribunal Oral número 28 a cuatro años de prisión e inhabilitación especial para el ejercicio de su profesión por el plazo de cinco años, en orden al delito de lesiones graves (causa 50.949/15)” de distintas modelos, entre ellas la fallecida Silvina Luna.

Noticia en desarrollo.

La Justicia le dio una pésima noticia a Aníbal Lotocki, ya que confirmó su procesamiento por la muerte de Rodolfo Cristian Zárate por homicidio simple con dolo eventual, con una pena que va desde los 8 a los 25 años de prisión.

Se trata de un paciente de 50 años, padre de dos hijos, al que el polémico médico le había hecho una lipoaspiración en un quirófano “durante 10 horas” en abril de 2022, y quien falleció a las pocas horas.

“La cámara confirmó que hubo un homicidio”, exaltó Rodrigo Alegre el veredicto de la Sala 4 de la Cámara del Crimen.

Al parafrasear uno de los argumentos del tribunal cámara, el periodista de TN comentó la negligencia de Lotocki: “Si no lo hubiese operado, o se hubiese tomado los cuidados necesarios, estaría vivo”.

“La cámara confirmó que hubo un homicidio”.

Entre los argumentos, los magistrados explicaron que por los exámenes prequirúrgicos Lotocki debería haber sabido que “Zárate era fumador, diabético y que tenía problemas circulatorios”, con lo cual existía riesgo de muerte.

Cristian Zárate y Romina Sicoli.

De esta manera, a Aníbal Lotocki no solo “lo complica el testimonio de la enfermera”, sino además las grabaciones del interior de la clínica Cemeco de Caballito durante su fatídica interveción.

Procesaron a Aníbal Lotocki.

El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 60 rechazó hoy el pedido de detención del médico Aníbal Lotocki en la causa que le sigue el actor y productor uruguayo Raphael Dufort, quien manifestó sufrir graves problemas de salud tras ser operado en su clínica.

Según informaron en El Diario de Mañana (América), el juez Edmundo Rabbione decidió “no hacer lugar” al pedido realizado el viernes pasado por el fiscal Lucio Herrera y por el querellante porque “este tipo de denuncia requiere una gran rigurosidad de pruebas y una rigurosa evaluación de pruebas, antes de tomar la gravísima determinación de disponer una detención”, de acuerdo a lo expresado por el documento judicial.

El periodista Martín Candalaft detalló que la resolución alcanza solamente a la denuncia que presentó Dufort a través de su abogado Roberto Casorla. Vale destacar que el mismo viernes 15, el fiscal Sandro Abraldes también pidió la detención de Lotocki en la causa que lleva adelante Fernando Burlando representando a Silvina Luna, Stefy Xipolitakis, Gabriela Trenchi y Pamela Sosa.

El panelista especialista en judiciales explicó que fue un juez subrogante quien leyó la denuncia y la documentación médica y tomó la decisión que comunicó por escrito: “Es muy preciso investigar con suma delicadeza y mucho detalle esta denuncia pero no hace falta que esté preso Lotocki. La libertad del imputado en nada interfiere para la libre obtención de las importantes pruebas que restan recolectar”, interpretó Candalaft, explicando que el hecho de que el médico esté en libertad no interfiere en el proceso.

Sin embargo, el periodista objetó este punto, al recordar la detención de Lotocki en la causa que investiga la muerte de Cristian Zárate, cuando la policía lo encontró en un consultorio con la puerta trabada y borrando documentación que podría resultar comprometedora. “Hay algún antecedente de querer entorpecer una causa”, resumió.

En el escrito, el magistrado también hace mención al peligro de fuga, una de las variables que podrían incidir en una posible detención. “Tengo que valorar que el imputado siempre ha estado a derecho y ha dado cabal cumplimiento a las pautas impuestas en el marco para mantener su libertad ambulatoria”. En este sentido, concluye: “No se observó riesgo procesal que implique ordenar el encarcelamiento preventivo del imputado, por lo que NO HARÉ LUGAR a dicha detención”.

El escrito que rechaza el pedido de detención de Aníbal Lotocki

Respecto a la causa que lleva adelante Burlando y que contempla entre otros el caso de Silvina Luna, Candalaft aclaró que se trata de un tribunal diferente. “Ese juez ya dio el ok para la inhabilitación, que ya se hizo efectiva, y ahora tiene que resolver por la detención sobre esos cuatro años que está condenado. Que serán esos cuatro años y nada más”, aseguró.

En tanto, la periodista Andrea Taboada apuntó que la noticia había causado mucha bronca dentro del grupo que integran las víctimas de Aníbal Lotocki y al que ella tiene acceso. “Hay que seguir presentando denuncias”, es el pedido casi unánime, ya que día a día se suman nuevos casos de pacientes que fueron atendidos por el médico,y que ante el desenlace trágico de Silvina Luna y Mariano Caprarola deciden acercarse a la justicia.

Horas previas a conocerse esta noticia, María José Favarón, la esposa del médico, se había manifestado ante la prensa en una improvisada conferencia en la puerta de su domicilio, intentando, una vez más, defender la integridad y la reputación de su esposo. “Estamos mal. Nadie se merece lo que nosotros... me refiero a la persecución, a las amenazas, esto no está bien. Él siempre se presentó donde se tenía que presentar, declaró donde tenía que declarar. Siempre habló, siempre estuvo a derecho. Él hizo todo lo que tenía que hacer, lo que la ley dice. Me parece muy injusto todo esto”, expresó.

Silvina Luna sigue internada en estado delicado a raíz de los múltiples problemas de salud -como hipercalcemia e insuficiencia renal- que desarrolló a partir de las intervenciones estéticas que le practicó el cirujano Aníbal Lotocki hace más de 10 años.

Ya en 2012, cuando los procedimientos eran recientes, la modelo le consultó a Aníbal Lotocki por las molestias y dolores que experimentó durante un viaje a España. Esos chats y las respuestas del médico cirujano fueron divulgados esta semana.

"Hola Aníbal, te cuento que ya estoy en Ibiza, re engripada y con fiebre. No sé si la fiebre viene de la inflamación en la cola. Donde me rellenaste tenía un hematoma, me duele que casi no puedo sentarme", escribió Silvina Luna el 25 de julio de 2012.

"No sé si fue el avión o el calor de acá pero empeoró y me duele mucho. ¿Hay posibilidad de que se infecte algo? ¿Qué puedo hacer? Espero tu respuesta", consultó la modelo en los chats mostrados en el programa "TN Central".

Cinco días más tarde, el 30 de julio de 2012, Luna reportó la evolución de su estado: "Los pinchazos siguen. Tengo algo duro alrededor del muslo. ¿Se pudo haber encapsulado?", pero la respuesta de Aníbal Lotocki fue estandarizada y a la distancia.

"Lo que sentís es parte de la cicatrización", aseguró el médico -quien reconoce no estar especializado en cirugía plástica- antes de sugerir que la modelo se hiciera "masajes o drenajes en la zona" y que tomara ibuprofeno "que con eso se tiene que solucionar la cuestión".

Después de insistir con el cirujano Luna cambió de médicos y los profesionales de la salud que la vieron hasta la fecha empezaron a declarar en la causa por mala praxis que ella le inició a Lotocki.

Según los testimonios, el dolor de Luna durante su viaje a Ibiza tenía que ver con granulomas en los muslos y tumoraciones producto del exceso de metacrilato que le había aplicado Lotocki. (m1)

La familia de un paciente de 33 años que murió en una clínica psiquiátrica de La Plata denunció al centro de salud por mala praxis. Los allegados de la víctima aseguran que el joven falleció luego de cinco paros cardíacos como consecuencia de una sobredosis en la medicación.

Eliazar Jonatan Carlos Marrupe Lozano estaba internado desde hacía 16 años en la Clínica Psiquiátrica San Juan, ubicada sobre la calle 115 entre 36 y 37, debido a un retraso madurativo y problemas de ansiedad.

Su madre fue contactada este miércoles por los médicos del SAME, quienes le avisaron que el joven tenía la presión baja.

La mujer se comunicó con la clínica para que le dieran más detalles sobre el estado de salud de su hijo, ya que se encuentra a varias horas del centro de salud. La médica le explicó que a su hijo “lo habían puesto en la cama con sus pies a 45 grados y que le habían colocado suero y oxigeno”, según detalló el portal 0221.

La madre había visto a su hijo por última vez hace 12 días y le había comentado que tenía problemas intestinales.

Ante la descompensación del joven, un hermano llegó a la clínica psiquiátrica y lo estaba esperando personal médico del SAME, quienes le dijeron que “necesitaba comprar una medicación, naloxona, para tratar una intoxicación con opiáceos” y que la clínica no tenía.

El hermano de la víctima fue a comprar la medicación pero no la encontró en las farmacia. Al regresar, le informaron que su hermano había tenido cinco paros cardíacos y que estaban tratando de estabilizarlo. Sin embargo, a los minutos, le informaron que a pesar de las tareas de reanimación no pudieron salvarlo.

Según consta en la denuncia, el joven le pidió explicaciones a los médicos de lo que había sucedido pero los profesionales no le dieron argumentos concretos sobre lo que había ocurrido Fue entonces que la familia decidió hacer la denuncia en la comisaría y se inició una investigación “por averiguación de causales de muerte”. La causa está en la UFI N°15 del Departamento Judicial de La Plata, a cargo de la fiscal Cecilia Corfield.

De acuerdo al certificado de defunción, al que el diario El Día tuvo acceso, la causa de muerte fue una insuficiencia cardíaca producto de una aparente bronco aspiración. Sin embargo, de acuerdo a voceros policiales y en el libro de guardia, se detalló “intoxicación por opiáceo”.

En tanto, el abogado de la familia, Christian Parodi, adelantó que pedirá el cambio de caratula a “homicidio” por “la negligencia o impericia de los médicos de la clínica”. Por su parte, la Clínica Psiquiátrica San Juan no emitió ningún comunicado sobre el caso, ni realizó un descargo sobre lo sucedido.

Profunda conmoción tras la muerte de una joven de 30 años y de su bebé durante un parto que se realizó el domingo en el hospital Pasteur. El caso dio un giro impactante cuando la mamá de la víctima denunció por negligencia y mala praxis a los médicos que atendieron a su hija.

De acuerdo a la versión que dio la mujer, Natalia Resser entró al centro de salud con contracciones y a punto de tener a su bebé, pero los médicos no la habrían querido atender por el paro del personal de salud que regía durante esa jornada.

Luego de varios minutos de insistencia, la víctima pudo ingresar al hospital “gracias a un policía que pateaba la puerta”, según contó la madre. Pero la situación no mejoró, porque los especialistas habrían esperado a un cambio de guardia para atender a la joven.

“En ese tiempo que esperó, sufriendo como un perro, al bebé dejó de latirle su corazoncito y mi hija hizo un pico de presión”, relató la mujer al medio Villa María Ya. Una hora fue el tiempo que demoraron los médicos en atender a la joven, hasta que le realizaron una ecografía de ultrasonido y confirmaron que el bebé no tenía latidos.La denunciante contó que, a raíz de confirmar el fallecimiento de su nieto, le realizaron una cesárea de urgencia. “Ahí ella escuchó, mientras le hacían todo y la atendían, que el bebé estaba muerto”, detalló sobre el tratamiento de los médicos del centro de salud de Córdoba.

“La manosearon, la ultrajaron, le lastimaron un brazo. La habían anestesiado con epidural para hacerle la cesárea, no tendrían que haberle tocado el brazo, pero la sacudieron tanto para sacarle el bebé que la lastimaron toda. Gritaba de dolor, cuando siendo una cesárea se anestesia y no duele nada, y lo sé por experiencia propia”, agregó la mujer.

El hospital Pasteur fue denunciado por mala praxis y negligencia. Pero el drama no terminó ahí, porque unos minutos después de la cesárea los médicos le informaron a la familia que tenían que operar nuevamente a Natalia para sacarle el útero porque presentaba sangrado.Previo a esa segunda operación, la cambiaron de sala: “La pasaron a una pieza común donde le agarró una grave hipotermia. Las médicas se asustaron y la volvieron a pasar a terapia. Ella estaba muy ida, no reaccionaba nada”, explicó la madre.Luego de algunas horas, finalmente los médicos operaron a la joven y fue en esa intervención en la que -de acuerdo al parte médico oficial que presentaron el lunes- habría fallecido de un paro cardíaco del cual la intentaron reanimar. “Se estaba yendo en sangre y no lo pudieron controlar”, agregó.Según el relato de la mujer, los maltratos no terminaron ahí, porque desde el hospital Pasteur las obligaron a hacer todos los trámites rápidamente. “Nos apuraron a retirar a mi hija muerta y a mi nieto muerto. Tengo sus audios que me mandaba, sufriendo, que no la querían atender.

“La dejaron morir sola como si fuera un perro, eso le hicieron a una chica de 30 años con toda una vida por delante, dejando a una criatura de tres años sin madre”, concluyó. Hasta el momento, el hospital no salió a dar declaraciones al respecto.

Liliana Leonhardt fue una bibliotecaria en el Instituto Magnasco de 51 años que permaneció más de un mes en terapia intensiva y que murió por consecuencia de lo que sus familiares consideraron una mala praxis médica. 

El hecho despertó el enojo de los ciudadanos y la competencia de la Justicia mantuvo la causa abierta durante más de cinco años, sin embargo ahora se supo que la misma fue archivada. 

Esto se supo por una publicación que realizó Lorena  Leonhardt en su perfil de la red social Facebook, donde criticó con dureza el accionar de la Fiscalía y la Justicia.

“Perdón Liliana. Archivan tu causa con la falaz justificación de que la colitis isquémica que no diagnosticaron (obstrucción del flujo sanguíneo al intestino que se trata restableciendo dicho flujo con stent o derivando la arteria obstruida), tiene el mismo tratamiento que la colitis pseudomembranosa (infección que diagnosticaron erróneamente y que Liliana no padeció)”, comenzó el comunicado.

“Según la Fiscalía, el tratamiento para ambas patologías es el mismo: antibióticos. 

Todo comenzó el 29 de agosto de 2017, cuando a las 16 Liliana llegó a la Clínica Médica San Lucas por un fuerte dolor en la cadera. En esa ocasión se decidió infiltrarla y regresó a su casa. Alrededor de las 20 regresó con un cuadro más complicado. Presentaba taquicardia y presión alta; y desde ese momento quedó alojada en la Terapia intensiva de la clínica.

Según su familia, tenía un terrible dolor de columna "que luego se comprobó, a partir de una resonancia, que se debía a una hernia de disco". Poco después Liliana pasó a sala común y cuando se le iba a practicar un estudio importante "se rompe el tomógrafo de San Lucas". El 2 de septiembre regresa a Terapia Intensiva con un deterioro neurológico severo, con compromiso encefálico y fallo renal, y una diarrea sangrante.

El peregrinar de la familia comenzó cuando todo se agravó y no se daba con el diagnóstico. Los médicos de San Lucas recomendaban un traslado a un centro de mayor complejidad y desde la Obra Social de Trabajadores de las Comunicaciones (OSTRAC) a la cual pertenecía Liliana se ofrecía la clínica La merced, de Martín Coronado en la provincia de Buenos Aires. Esta oferta no convencía a los médicos porque no se trataba de un centro de salud muy diferente al de Gualeguaychú. 

No hubo acuerdos y el tiempo transcurría. No se definía un lugar para trasladar a Liliana y la familia decidió por presentar una cautelar al juez de Familia Héctor Vassallo, la cual fue desestimada por el magistrado. En estos vaivenes se llegó al 3 de octubre, cuando Liliana murió.

“Meses prometiendo la imputación de los dos médicos responsables, presentamos prueba clara del punto de partida del padecimiento de Liliana, cuando la acción pública y la búsqueda de la verdad material debió ser responsabilidad del Ministerio Público Fiscal. Les presentamos una pericia de una médica que fue patóloga de la policía científica de Mar del Plata, con un currículum y experiencia intachables, que demostró que los resultados de la anatomía patológica de los órganos analizados luego de la autopsia fueron mal interpretados por los forenses, y no se llamó a declaración testimonial a la patóloga oficial para confirmar este planteo de nuestra querella”, prosiguió el escrito publicado en Facebook. 

“Ni siquiera nos dieron la posibilidad de una Junta Médica ante peritos oficiales independientes, fuera de la provincia de Entre Ríos (habiendo presentado una pericia de parte con el detalle de las falencias médicas que padeció Liliana, día por día, con rigor científico y que debió generar la acción de Fiscalía de al menos secuestrar la colonoscopía realizada el 8 de septiembre de 2017, que no aparece en Historia Clínica ni en el expediente)”, continuó el relato sobre los vaivenes posteriores a la muerte de Liliana.

“Nunca quise iniciar demanda Civil, jamás perseguí dinero con la muerte de Liliana, solo perseguía Justicia Penal. La verdad, la pena para que los responsables no sigan causando más daño, pero la justicia fue ciega, sorda y muda”, criticó Lorena con dureza, quien además agregó que “mi error fue confiar en una fiscal que hace meses prometía imputar, pedir la Junta Médica correspondiente y si así lo determinaba, elevar a debate oral. La inacción durante más de 4 años de la Fiscalía nos duele profundamente”.

“Necesitamos una justicia con perspectiva de víctimas, a la que le interese más la búsqueda de la verdad que el dolor de cabeza que les genera imputar a alguien de la corporación médica”, solicitó. 

“Liliana no fue diagnosticada a tiempo, murió con sepsis generalizada, y es un imperdonable yerro de la Fiscalía decir que la medicación que recibió con el diagnóstico erróneo y totalmente incoherente con sus síntomas, era la misma que resolvía la isquemia (bloqueo de las arterias) que padecía”, describió. 

“Cualquier persona, aún sin ser médico, sabe que una arteria bloqueada se debe desobstruir, y si esto no pasa a nivel abdominal, se produce todo lo que Liliana padeció después: necrosis de sus órganos y muerte tisular, que en la autopsia se encontraron ambos riñones, hígado e intestino delgado necróticos, la falta de irrigación sanguínea provocó la muerte de cada uno de ellos”, explicó.

“Creí, confié y esperé hace meses que la promesa de la fiscal se cumpliera. No solo sentimos con mi abogado y mi familia decepción, sentimos que la justicia nos defraudó. Le manifesté a la fiscal que ‘volvieron a matar a Liliana’, y lo sentimos así porque nuestro corazón, que ya estaba roto, vuelve a sangrar. La Ley Nacional de Víctimas, que nos ampara ante el pedido de justicia y el pedido de participación en nuestras causas, esta vez no se cumplió. No tenemos la obligación de presentar peritos ni abogados, la acción pública es deber del Ministerio Público Fiscal. Pero nos ignoraron, nos engañaron y nos defraudaron”, se lamentó.

“La muerte por isquemia es uno de los padecimientos más dolorosos que puede sentir un ser humano. El índice de muerte es del 22% solo en pacientes que no son diagnosticados precozmente, de avanzada edad y con muchas comorbilidades. No era el caso de Liliana. Su muerte era evitable, y Fiscalía no se tomó la molestia ni siquiera de entender la diferencia entre la enfermedad que mató a Liliana y la que erróneamente diagnosticaron”, protestó.

“¡No tiene perdón, no tienen justificación, no tienen alma! Descansá en paz Liliana. Luché todo lo que pude. Recién cuando lo vivan, cuando le pase a uno de sus seres queridos, quienes tienen en sus manos el poder de impartir justicia sabrán lo que se siente. ¡Tu vida fue muy valiosa! Luchadora, aguerrida, empática, solidaria y tan necesaria. ¡Todo lo contrario a los que tuvieron en sus manos la capacidad de buscar tu verdad material!”, se despidió Lorena de su hermana Liliana.

Denuncian mala praxis en el Hospital Delicia Concepción de Masvernat de Concordia, luego del fallecimiento de una joven. La paciente, de 22 años, había atravesado un procedimiento de aborto consentido.

Sus familiares presentaron la denuncia ante la Justicia, que quedó en manos del fiscal Martín Núñez.

El fallecimiento se produjo el jueves en el hospital de Concordia y se investigarán las circunstancias en que sucedió. Según se informó, la joven estaba internada con un cuadro de pancreatitis y se le había realizado un aborto terapéutico consentido.

Sin embargo, su salud siguió desmejorando hasta fallecer. De acuerdo a los medios locales, se indicó que la joven habría sufrido una infección tras la intervención médica.