El oficialismo alcanzó un acuerdo con sus aliados en la Cámara de Diputados para restablecer los límites a la venta de tierras a extranjeros. Además, consiguió dictamen para la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que se debatirá en el recinto el próximo 21 de octubre

La decisión se conoció luego de que la Corte Suprema restituyera de manera provisoria la vigencia de la Ley de Tierras mediante una medida cautelar interina. La norma había sido derogada por el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023, firmado por el presidente Javier Milei al inicio de su gestión.

El plenario de las comisiones de Legislación General y Asuntos Constitucionales se realizó un día antes de la sesión convocada por la oposición para tratar la derogación del mega DNU desregulador.

Con el acuerdo, La Libertad Avanza busca acercar posiciones con los bloques aliados que rechazan la eliminación de los límites a la compra de tierras por parte de extranjeros, pero que no quieren avanzar con la derogación total del decreto, que introdujo cambios en distintos sectores de la economía.

Al comienzo de la reunión de comisión, el diputado de la UCR Diógenes González propuso incorporar dos artículos al dictamen. El artículo 38 establece la derogación del artículo 134 del DNU 70/2023, que había eliminado la Ley de Tierras, mientras que el artículo 39 dispone restablecer la vigencia de la Ley 26.737.

Durante el debate, la diputada peronista Paula Penacca cuestionó el cambio de postura del oficialismo, que había impulsado en el Senado la eliminación de las restricciones a la compra de tierras por parte de extranjeros y ahora busca restablecerlas.

“Qué manotazo de ahogado que pegaron. Tuvieron que desempolvar una media sanción que venía del Senado”, sostuvo Penacca. Además, cuestionó que los libertarios acompañaran un dictamen que, según planteó, contradice la postura del presidente Javier Milei, quien firmó el DNU 70/2023.

“Van a reponer una ley sancionada durante el gobierno de Cristina Kirchner, presa por haber defendido los intereses de los argentinos. ¿Van a retroceder en chancletas?”, lanzó la legisladora.

Fuente: TN

El oficialismo apuesta a bloquear la sesión en Diputados prevista para el jueves, en la que la oposición busca derogar el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023 del presidente Javier Milei que entre sus artículos determinó la eliminación de la Ley de Tierras rurales. La jornada legislativa se dará en medio de las tensiones luego del restablecimiento de los límites a la venta de tierras a extranjeros dispuesta por la Corte Suprema.

En una intensa semana en el Congreso, el Ejecutivo trabaja para tratar de desactivar la sesión, que incluye Endeudamiento familiar y Emergencia nacional en Discapacidad, dos ejes de alta sensibilidad para el Gobierno.

Las expectativas pasan por un lado por la resolución del máximo tribunal, que suspendió de manera provisoria los efectos del artículo 154 del DNU que derogaba la Ley de Tierras Rurales. Desde la oposición reconocieron que el fallo les complica su objetivo de reunir el quórum de 129 legisladores.

El oficialismo además maniobró con una doble convocatoria en el Congreso, para el próximo miércoles, en Asuntos Constitucionales y Legislación General, en debate del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. Intentará reincorporar un capítulo vinculado con la derogada Ley de Tierras, con diferencias del proyecto impulsado por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, que profundizó las tensiones internas entre los libertarios.

Por otro lado, LLA citó a una sesión especial para el 21 de octubre que incluye Propiedad Privada, Discapacidad y Desendeudamiento Familiar, justamente dos de los ejes que son reclamo de la oposición en el Congreso. La apuesta del bloque comandado por Gabriel Bornoroni pasa por asegurarse respaldos y frustrar el debate en sesión de la Cámara Baja contra el DNU 70/2023.

El Gobierno iniciará la defensa del Presupuesto 2027El Gobierno empezará a defender esta semana el Presupuesto 2027, en comisión de Presupuesto y Hacienda, con la exposición del secretario de Hacienda, Carlos Guberman, el martes a las 12.00.

El Presupuesto 2027 tiene entre sus ejes una inflación prevista en 18%, un dólar oficial que se ubicaría en $1847,60 a fin del próximo año y una proyección de crecimiento de la economía de 4%. En la previa a su presentación en el Congreso, la iniciativa generó fuertes tensiones con la oposición por los recortes en Discapacidad.

El jefe de bloque de Unión por la Patria en Diputados, Germán Martínez, criticó en A dos voces, por TN, que el ministro de Economía, Luis Caputo, no vaya a presentarse en el Congreso en defensa de la ley: “Ese debate debería arrancar con el ministro de Economía explicando hacia dónde va la economía nacional y cómo eso tiene un reflejo en la ley de leyes, en la ley del presupuesto”.

El legislador chicaneó al funcionario: “Tiene miedo, todavía no se tomó nunca el subte para venir al Congreso, le viene esquivando. El Presupuesto 2027 se presentó el 15 de septiembre pero todavía ni empezaron a tratarlo”.

Fuente: TN

La Corte Suprema de Justicia de la Nación suspendió provisoriamente los efectos del artículo 154 del DNU 70/2023, que derogaba la Ley de Tierras Rurales, mediante una medida cautelar interina dictada en el marco de una causa iniciada por la Asociación Civil Árbol de Pie.

La resolución fue adoptada por los jueces Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti, junto con los conjueces Diego Barroetaveña y Juan Ignacio Pérez Curci. El ministro Carlos Rosenkrantz votó en disidencia.

La suspensión se mantendrá hasta que el Juzgado Federal de Bariloche se pronuncie sobre la legitimación de los demandantes y examine el pedido de medida cautelar presentado por la asociación.

El máximo tribunal consideró necesario adoptar una decisión provisoria para garantizar la tutela judicial efectiva y evitar posibles daños irreparables al ambiente, debido a que los tribunales inferiores no habían resuelto los planteos formulados por los demandantes.

Por qué la Corte suspendió la derogación de la Ley de Tierras

La Asociación Civil Árbol de Pie y otros particulares iniciaron a fines de diciembre de 2023 una acción de amparo colectivo ante la Justicia federal de Bariloche.

En su presentación solicitaron que se declarara la inconstitucionalidad del artículo 154 del DNU 70/2023, al considerar que la derogación de la Ley 26.737 comprometía el derecho a un ambiente sano y equilibrado, reconocido por el artículo 41 de la Constitución Nacional.

Los demandantes sostuvieron que la eliminación de esa legislación ponía en riesgo la utilización racional de los recursos naturales, la preservación de la naturaleza y la diversidad biológica.

Sin embargo, el Juzgado Federal de Bariloche remitió el expediente a la Cámara Federal de La Plata, donde tramitaba otra causa vinculada con la misma disposición del decreto.

Posteriormente, el expediente llegó a la Corte Suprema sin que los tribunales anteriores se pronunciaran sobre la legitimación de los actores ni sobre la medida cautelar solicitada.

Las diferencias entre los casos Árbol de Pie y CECIMEl 29 de septiembre de 2026, la Corte Suprema rechazó la demanda presentada por CECIM, que cuestionaba la derogación de la Ley de Tierras a partir de una presunta afectación de la soberanía nacional.

En aquella resolución, el tribunal consideró que la entidad carecía de legitimación activa para impulsar el reclamo, sin pronunciarse sobre la constitucionalidad del artículo 154 del DNU 70/2023.

Tras ese fallo, los representantes de Árbol de Pie solicitaron que se aclarara si la decisión también alcanzaba a su presentación y reiteraron el pedido de protección cautelar.

La Corte distinguió ambos expedientes porque el planteo de Árbol de Pie se encontraba vinculado con la protección del ambiente, mientras que CECIM había fundamentado su demanda en cuestiones de soberanía.

El tribunal destacó que el trámite judicial había dejado sin respuesta los pedidos de los demandantes y que estaban comprometidos tanto el derecho a obtener una decisión judicial oportuna como la protección ambiental.

En ese contexto, resolvió suspender los efectos de la derogación hasta que el juzgado competente examine los planteos pendientes.

La disidencia de Rosenkrantz

El juez Rosenkrantz se pronunció en contra de la medida adoptada por la mayoría. Aunque reconoció que la legitimación invocada por Árbol de Pie difería de la planteada por CECIM, consideró que la Corte Suprema carecía de competencia para dictar una medida cautelar o interina en ese expediente.

Por ese motivo, sostuvo que correspondía remitir la causa a la Justicia federal de Bariloche sin disponer ninguna suspensión. Esa posición habría mantenido vigentes los efectos derogatorios del artículo 154 del DNU 70/2023 mientras continuaba la tramitación judicial.

La decisión mayoritaria, en cambio, establece una protección provisoria y no constituye un pronunciamiento definitivo sobre la constitucionalidad de la derogación de la Ley de Tierras.

Fuente: AHORA

La Corte Suprema de Justicia designó a los dos conjueces que se sumarán al debate por la derogación de la Ley de Tierras, y apura los plazos para resolver el conflicto contra el artículo 154 del DNU 70/23.

El máximo tribunal de justicia anunció que Diego Barroetaveña, miembros de la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal, y Juan Ignacio Pérez Curci, de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza, resultaron elegidos para definir la cuestión.

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Además, decidieron acortar a 24 horas el plazo para que dicha integración quede consentida “en atención a las particulares circunstancias de la causa”, según supo la Agencia Noticias Argentinas.

La Corte Suprema convocó a los dos conjueces para destrabar el conflicto, luego de que sus tres miembros no alcanzaran la unanimidad para definir la validez del artículo 154 del DNU 70/23 que deroga la Ley de Tierras.

El reclamo se originó tras una demanda de la Asociación Civil Árbol de Pie, que reclamó que dicha normativa impulsada por el Gobierno nacional es inconstitucional y debe ser declarada nula.

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La entidad manifestó que la derogación afecta al medioambiente, a la protección del territorio y los recursos naturales, y también a los derechos colectivos de los pueblos originarios.

La presentación inicial se realizó en diciembre de 2023 ante la Justicia Federal de Bariloche, pero luego fue derivado a la Cámara Federal de La Plata, donde tampoco se trató el fondo del planteo. Ahora, se espera que la Corte Suprema defina la cuestión.

Esto ocurre luego de que el máximo tribunal rechazó un amparo presentado por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata (CECIM), por considerar que no cuentan con la legitimación para promoverlo y no había una controversia a resolver.

Fuente: Agencia NA

Durante el acuerdo plenario del día de hoy, y al no lograr unanimidad de criterios, el máximo tribunal del país decidió convocar a dos conjueces para intervenir en una causa vinculada con la validez del artículo 154 del DNU 70/23, que derogó la Ley de Tierras Rurales. El sorteo se realizará en las próximas horas.

Los tres jueces del máximo tribunal analizaron este martes un escrito de una ONG ambiental, que se presentó la semana pasada como una “solicitud de aclaratoria”. Fue tras el fallo del martes pasado que rechazó por falta de legitimación la presentación de la agrupación CECIM, de ex combatientes.

La nueva causa que ahora trata la Corte es una demanda impulsada por la Asociación Civil “Árbol de Pie” que también cuestiona el artículo 154 del DNU 70/23 donde se derogó la Ley de Tierras.

Esa ONG se amparó en el derecho a la protección de ambiente, expresamente contemplado en la Constitución Nacional. Esa demanda no fue tratada por la justicia federal de Bariloche, donde se radicó la presentación; ni por la Cámara Federal de La Plata, adonde se derivó el caso.

El análisis de esta nueva causa va en línea con el comunicado de la Corte Suprema tras la polémica por el fallo CECIM. En el mismo, el tribunal aclaró que en esa causa solo resolvió una cuestión procesal sobre la legitimación de una asociación para pedir una cautelar y no definió la constitucionalidad ni la vigencia del régimen de tierras.

Además, aclaró que la decisión tampoco afecta otras cautelares en trámite ni impide nuevos reclamos ante la Justicia. Por último, señaló que la cuestión de fondo sobre la Ley de Tierras y el artículo 154 del DNU 70/2023 aún no fue resuelta y que será analizada cuando lleguen los planteos correspondientes.

Fuente: Infobae

El 29 de septiembre la Corte Suprema de Justicia de la Nación estableció que el Centro de ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata no poseía legitimidad suficiente para actuar en causas judiciales a los fines de defender la soberanía del estado territorial y representar a los intereses de todos los habitantes del territorio argentino. A su vez, dejó sin resolver la cuestión de fondo, el pedido de declaración de inconstitucionalidad del artículo 154 del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/23, que se había solicitado en el amparo en diciembre del 2023.

Ante ello debemos realizar un análisis articulado de la legislación, fragmentando lo sucedido en tres ejes y situaciones relevantes de este derrotero. Como primer punto resulta necesario ser analizada la constitucionalidad del DNU 70/23. Subsiguientemente la decisión judicial de la CSJN. Y finalmente el intento de balcanización del territorio nacional.

Se debe partir de la base de que, en principio, nuestra Constitución Nacional no habilita al Poder Ejecutivo a legislar mediante DNU. Recordemos que el DNU 70/23 es emitido el 20 de diciembre de 2023. Y el 28 de diciembre se presenta el amparo peticionando se declare la inconstitucionalidad del artículo 154.

Dos años después, en Diciembre del 2025 el Poder Ejecutivo enuncia que enviará el Congreso de la Nación un proyecto de ley con modificaciones sobre la Ley de Tierras. Por lo que deberíamos representarnos, si en el año 2023 existían los presupuestos constitucionales exigidos para el dictado de un decreto de necesidad y urgencia. Y si la situación jurídica y social de ese momento hacía que fuese imposible que se emitiera mediante el correspondiente órgano legislativo. Cuando el Poder Ejecutivo resuelve el dictado de un decreto, específicamente aquellos de necesidad y urgencia, se arroga facultades y competencias del Poder Legislativo, violentando la independencia de poderes. Esta cuestión lamentablemente no fue analizada por la Corte en el reciente fallo.

Ahora bien, la segunda consideración a examinar, corresponde a realizar un estudio respecto a lo resuelto por la Corte sobre la legitimidad que posee el Centro de ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata para presentarse en dicha acción. Tomando en consideración lo resuelto por la Corte, en el apartado 7mo del fallo se menciona que: “la soberanía territorial es el conjunto de competencias que, con independencia de cualquier otro poder o autoridad, corresponden al Estado para el ejercicio de sus funciones y que consiste, básicamente, en la facultad de gobernar un territorio determinado con exclusión de cualquier otro estado”. Consecuentemente en el apartado 9no, la Corte ratifica su posición estableciendo la falta de legitimación de la actora para resolver en dicha cuestión.

Es oportuno mencionar que, si bien resulta antipática la resolución, el Superior Tribunal de la República Argentina bajo estas premisas no está resolviendo la cuestión del artículo 154 del DNU 70/23 pensando en la situación actual, sino que posiblemente lo haga adelantándose a cualquier controversia futura que pueda llegar a concurrir.

Menester es mencionar que es cierto que el Estado no puede transferir la defensa de la soberanía sobre un territorio a una Organización no Gubernamental debido a que es el propio Estado Nacional quién debería hacerlo. Pero ¿Está el Estado Nacional actual realizando una efectiva defensa de la soberanía y del territorio nacional? Y ¿Cuáles son los motivos por los que la Corte Suprema no analizó la cuestión de fondo a tratar?

El conflicto subyacente de esta resolución, no es en sí el planteo respecto a la legitimidad de una Organización para presentarse ante la Justicia en defensa de un territorio nacional, sino los motivos por los cuales la Corte Suprema de Justicia de la Nación decidió no resolver y avocarse al pedido de declaración de inconstitucionalidad del artículo 154  y las consecuencias institucionales de no haberlo hecho.

Una de ella, y nos encontramos con la tercer y más preocupante de las cuestiones, es la referida a la intención de balcanización de nuestro territorio nacional.

Cuando hablamos de balcanización hacemos referencia al peligro que implica la fragmentación de la titularidad económica y territorial en favor de capitales externos pudiendo producir efectos materiales de fragmentación del control económico y estratégico del territorio. Va de suyo que la compra y comercialización de territorios nacionales podría conllevar a la fragmentación de nuestro territorio nacional, como así también al debilitamiento de nuestra soberanía, exponiéndonos a intereses políticos y económicos, pero también un peligro mayor, que es la neo-colonización de nuestras tierras.

La Corte Suprema de Justicia aclaró el alcance de una decisión reciente que indirectamente terminó ratificando la vigencia de un decreto del gobierno nacional que permite la venta sin límites de tierras a los extranjeros.

El fallo, emitido el martes pasado, generó el rechazo de la oposición política en la Argentina y una fuerte discusión pública.

A través de un comunicado de prensa, una medida inusual del tribunal para explicar el sentido de sus sentencias, los ministros Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti informaron que en el caso se decidió “un aspecto procesal, que se refiere a la legitimación de una asociación para obtener una medida cautelar; y se ajusta estrictamente a todos los precedentes de esta Corte Suprema”.

“La sentencia no afecta a otras medidas cautelares que están en trámite con el mismo objeto y toda persona que considere que el régimen legal de tierras es inconstitucional, puede peticionar una medida cautelar, que esta decisión no impide”, resaltó.

Para entender la polémica, hay que retrotraerse al conflicto judicial, que comenzó cuando el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) de La Plata promovió un amparo contra el Estado Nacional. En marzo de 2024, la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata revocó una decisión de primera instancia y admitió el reclamo, declarando la inconstitucionalidad del artículo 154 del DNU 70/2023, dictado por Javier Milei en el inicio de su gestión.

Ese artículo dispone la derogación de la ley de tierras vigente (26.737) que, entre otros puntos, establecía un tope máximo de 15% para la adquisición de tierras por parte de extranjeros.

Finalmente, la Corte anuló el fallo de la Cámara porque consideró que la organización civil que promovió la acción no tenía legitimidad para hacerlo y no discutió en ningún momento el alcance del discutido artículo 154 del decreto. Pero en la práctica, terminó ratificando la vigencia del mismo y habilitó la venta de tierras sin límites, algo que generó críticas e incluso la organización de una movilización para los próximos días.

En lo que pareció ser una respuesta a los cuestionamientos, en su comunicado de este jueves el máximo tribunal de justicia del país resaltó: “Los grupos de interés sobre el tema también pueden recurrir al reclamo judicial, lo que, en una democracia, es más adecuado que la promoción de discursos de odio y descalificación en las redes sociales”.

Y, además, envía un mensaje a la dirigencia política, al afirmar que la resolución no obstaculiza la labor del Congreso, cuya Cámara de Diputados postergó la discusión de la validez del decreto 70/2023.

Si bien los jueces no pueden anticipar su pensamiento sobre conflictos que podrían llegar a su jurisdicción en un futuro, en el mensaje difundido hoy recordaron que el tribunal “ha ejercido un liderazgo en la protección de los recursos naturales, el ambiente y los bienes colectivos durante más de veinte años”, y no es conveniente intentar confundir a la población en este aspecto.

“La crítica es correcta; la descalificación y el odio solo deteriora las instituciones y la democracia”, resaltaron.

Y detallaron: “La controversia fundamental referida a la ley de tierras, es decir, el artículo 154 del DNU 70/2023 y la vigencia de la ley 26.737, (Régimen de Protección al Dominio Nacional sobre la propiedad, posesión o tenencia de tierras rurales”, no ha sido resuelta en este caso, como se aclaró expresamente".

“La Corte se expedirá sobre las normas jurídicas conocidas como ley de tierras cuando lleguen esos reclamos, lo que no ha ocurrido hasta el momento. De modo que no puede interpretarse de ninguna manera que exista una posición del Tribunal o de los ministros sobre el referido régimen”, completó el tribunal.

El mismo día en que el oficialismo comienza a debatir el proyecto para reforzar su reclamo de soberanía de las islas Malvinas en la Cámara de Diputados, la oposición busca apoyos para convocar a una sesión especial contra el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/23, luego de que el fallo de ayer de la Corte Suprema restableciera la vigencia del artículo 154, que elimina los límites a la venta de tierras a extranjeros. Una discusión que toca de lleno la cuestión de la soberanía y que cuenta con un reciente antecedente adverso para el Gobierno en el Senado: el rechazo de un capítulo entero del proyecto de propiedad privada.

Es justamente ese revés el que envalentona a los diputados de Unión por la Patria, Provincias Unidas, la Coalición Cívica, la izquierda y algunos bloques provinciales, que se esperanzan con volver a reunir los consensos necesarios para llevar la discusión al recinto. Para habilitar el debate necesitan 129 diputados y, una vez alcanzado el quorum, una mayoría simple —la mitad más uno de los presentes— para voltear el decreto de necesidad y urgencia de 2023 que ya fue rechazado por el Senado, en marzo de 2024.

Según pudo saber LA NACION, la intención de los bloques opositores es llamar en las próximas horas a una sesión especial para el miércoles 7 de octubre o el próximo 14. La duda sobre la fecha radica en que este miércoles todavía podrían registrarse bajas, ya que algunos diputados viajarían este fin de semana a Brasil para asistir a las elecciones presidenciales.

Pero la incertidumbre va más allá. Es que incluso los propios impulsores de esta maniobra no tienen certeza sobre cómo pueden actuar algunos diputados de los bloques del centro que adhieren a aspectos generales del decreto, como los vinculados a las privatizaciones o a la ley de alquileres.

“El DNU 70 ya cumplió su ciclo. Parte de lo que era caducó, muchas de las emergencias que describe ya no están, vencieron en 2025 y fueron reemplazadas por ley, como, por ejemplo, la reforma laboral”, planteó un diputado opositor, en un mensaje dirigido a quienes todavía no tienen una postura clara al respecto.

En ese sentido, señaló que, si los reparos pasan por el articulado sobre alquileres, el oficialismo podría presentar un proyecto de ley específico que, muy probablemente, contaría con los avales necesarios en el Congreso. Lo mismo correría para otras cuestiones como las relacionadas a las privatizaciones o la libre elección de obras sociales sindicales.

Entre las definiciones que se barajan aparece la de separar la discusión del DNU de otros temas sensibles, como morosidad y discapacidad. Si bien la oposición tenía previsto incluirlos en la próxima sesión, algunos legisladores advierten sobre el riesgo que conllevaría la jugada. Por estas horas, evalúan, en cambio, postergar ambos proyectos hasta el 21, cuando el oficialismo tiene previsto realizar una convocatoria en la que también sumaría la iniciativa sobre Malvinas.

A fines de ordenar una estrategia común, desde la bancada peronista que conduce Germán Martínez se reunieron esta mañana con representantes del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM), la entidad que había logrado frenar ante la Justicia el articulado que permitía la venta de tierras a extranjeros y cuya vigencia ahora fue restablecida por la Corte.

El diálogo con el resto de los bloques críticos para unificar los pasos a seguir está previsto durante y después del plenario de las comisiones de Defensa Nacional, Legislación Penal y Relaciones Exteriores y Culto, a cargo de Carlos Zapata, Laura Rodríguez Machado y Juliana Santillán, respectivamente, donde desde este mediodía se trata el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional impulsado por el Gobierno.

En efecto, Martínez fue uno de los primeros en tomar la palabra durante el encuentro y exigió a Zapata un cronograma claro de trabajo sobre la cuestión de Malvinas para “compatibilizar el trabajo en comisiones con la sesión especial para rechazar el DNU 70”.

De este modo, el jefe del bloque de UP anticipó el llamado a sesionar, al tiempo que apuntó contra “el escandaloso fallo de la Corte”, una muestra de la tensión con la que comenzó el plenario, en el que también abundan las críticas de varios legisladores por la ausencia de funcionarios de peso a la hora de discutir el proyecto.

La controversia se apalancó también en redes sociales donde desde ayer los diputados expresaron su repudio al fallo de la Corte y alertaron por sus alcances.

“Mientras se lavan la cara con un proyecto de ley de “soberanía nacional”, van a extranjerizar la tierra estratégica de la Argentina sin límite alguno", arremetió Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica.

“A nosotros, diputados y senadores, nos toca activar con urgencia todos los mecanismos legislativos, legales e institucionales para frenarlo”, reclamó Ferraro.

En simultáneo, un grupo de senadores de UP presentó un proyecto de ley en la Cámara alta que deroga el artículo 154 y restituye la plena vigencia del Régimen de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales, “con las modificaciones vigentes al momento de la entrada en vigor del DNU 70″.

Sin embargo, hay quienes ven con malos ojos el accionar de los peronistas en el Senado y se valen, en primer lugar, de una cuestión jurídica para sostener que no se puede derogar solo una parte de un DNU y, por otro, consideran que “le drenan el quórum” a los diputados.

Es que la cuestión parteaguas dentro de los distintos bloques. Mientras algunos legisladores se ven en la obligación de ir contra el DNU por reestablecer la venta de tierras a extranjeros sin ninguna limitación, otros aprovechan para de dar de baja de manera definita el megadecreto.

“Ya voté en el Senado en contra y voy a estar muy contento de hacerlo de forma negativa nuevamente en Diputados porque es profundamente inconstitucional”, remarcó Martín Lousteau.

Mientras tanto, el Gobierno activó desde esta mañana un operativo de control de daños en Diputados y convocó a sus aliados más cercanos a un encuentro encabezado por Martín Menem y el jefe del bloque libertario, Gabriel Bornoroni, a fin de contener la avanzada opositora.

La visión del riojano, alter ego de Karina Milei en Diputados, es clara y está vez va en línea con la de la Casa Rosada: no poner en riesgo el DNU, incluso si para ello debe hacer ciertas concesiones a los aliados.

En concreto, los libertarios exploran la posibilidad de incluir un capítulo que delimite los alcances de la venta de tierras a extranjeros en el reciente proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que cuenta con media sanción del Senado y todavía debe pasar por la Cámara baja.

Tras el fallo de la Corte Suprema que revocó la sentencia que había declarado la inconstitucionalidad del artículo 154 del DNU 70/23, el Gobierno le pone paños fríos al tema y analiza estrategias para blindar el decreto clave.

La idea que se analiza en algunos despachos de Casa Rosada gira en torno a la posibilidad de aprovechar el escenario abierto por la decisión del Máximo Tribunal para abrir un canal de negociación con los bloques aliados.

Para eso, el oficialismo evalúa reflotar la Ley de Tierras, en el marco del debate pendiente por la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que tiene media sanción del Senado y está en Diputados, y conversar con las bancadas aliadas con el objetivo de defender el DNU impulsado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

"Puede ser una ventana de oportunidades. La oposición quiere voltear el DNU y para eso tenemos que explicar bien y evitar que discursivamente la Ley de Tierras se mezcle con este tema", precisó a la Agencia Noticias Argentinas una fuente legislativa.

En la administración libertaria evalúan la chance de sumar nuevamente la Ley de Tierras al debate en Diputados y aplicar cambios en función de lo que los aliados planteen. Eso haría que el proyecto volviera a la Cámara Alta y, al mismo tiempo, funcionaría como una estrategia para blindar la normativa que en Balcarce 50 definen como "garante de gobernabilidad".

"La idea es ceder algunos aspectos de Inviolabilidad, pero te garantizas el decreto 70/2023, que es una herramienta de gobernabilidad. Los aliados no van a querer prenderse en esa", afirmó una voz de la administración libertaria.

Sin embargo, otras voces del Poder Ejecutivo prefieren evitar la "dicotomía" a la hora de analizar la decisión de la Corte de revocar el fallo de la Cámara Federal de La Plata, que había dado lugar a una acción de amparo presentada por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM) contra el Poder Ejecutivo Nacional, con el objetivo de obtener la declaración de inconstitucionalidad y nulidad del artículo 154 del DNU.

"Hay una lectura no muy jurídica que se hizo. Se rechazó por una cuestión procesal, de legitimación. El fallo es correcto, favorable, pero no definitivo porque la Corte no resolvió la cuestión jurídica de fondo", expresó un funcionario al tanto de la cuestión procesal.

Con el presidente Javier Milei en París, en el marco de la Argentina Week, y una parte importante del Gabinete en la delegación presidencial, el oficialismo deberá discutir la estrategia para sostener un DNU clave y mantener el vínculo con los aliados.

Fuente: Noticias Argentinas

La decisión de la Corte Suprema que revocó la inconstitucionalidad de la derogación de la Ley 26.737 provocó reacciones de dirigentes de Unión por la Patria, el Partido Socialista y el Frente de Izquierda. Los referentes reclamaron que la Cámara de Diputados rechace el DNU 70/2023 y, en varios casos, convocaron a movilizarse.

El tribunal hizo lugar al recurso extraordinario del Estado, revocó la sentencia de la Cámara Federal de La Plata y rechazó la demanda del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) de La Plata. La Corte sostuvo que la asociación no acreditó legitimación para llevar adelante la acción colectiva.

La resolución dejó vigente la derogación de la Ley de Tierras Rurales, que imponía límites a la titularidad y tenencia de terrenos rurales por parte de personas físicas o jurídicas extranjeras.

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, calificó la decisión como “el fallo de la infamia”. “La Corte acaba de tomar una decisión gravísima que afecta la soberanía nacional y la voluntad popular”, escribió.

Kicillof sostuvo que el Gobierno retiró su proyecto en el Senado porque no reunió los votos necesarios. “Lo que no pudieron conseguir con el Congreso y con el pueblo, ahora pretenden conseguirlo a través del Poder Judicial”, afirmó. Además, cuestionó al presidente Javier Milei y expresó: “Argentina para los argentinos”.

El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez sostuvo en una entrevista con Infobae en Vivo que, a partir de la resolución, “Argentina no cuenta con una ley que proteja las tierras rurales frente a la extranjerización o la compra por parte de personas físicas o jurídicas extranjeras o de Estados extranjeros”.

Según su interpretación, el DNU 70/2023 derogó por completo la Ley de Tierras y eliminó las restricciones para la compra de propiedades rurales. El constitucionalista afirmó que el fallo de la Corte “revocó una sentencia de la Sala III de la Cámara Federal de La Plata, que declaró la inconstitucionalidad del DNU en este punto y conservaba la plena vigencia de la Ley de Tierras”.

Gil Domínguez calificó la sentencia como “dogmática” y “arbitraria”. También cuestionó que la Corte negara legitimación al CECIM de La Plata: “¿Quién más va a estar con legitimación procesal, con representación colectiva adecuada, que un centro de excombatientes de Malvinas, que tiene dentro de su objeto social la defensa de la integridad territorial?”.

Sobre la posibilidad de una nueva judicialización, señaló: “La Corte dice ‘acá no, pero en otro caso sí’. Ahora, para la Corte solamente se puede acceder a la Justicia si se titulariza un derecho individual”.

El senador de Unión por la Patria, Mariano Recalde, afirmó que “la Corte Suprema falló en contra de la Ley de Tierras que el pueblo defendió en las calles”. También sostuvo: “Si no alcanzó con una enorme movilización, vamos a tener que hacer dos”.

“El Senado ya rechazó el DNU 70 que derogó la Ley de Tierras. Si Diputados lo rechaza completamente, frenamos la venta del país”, escribió Recalde, quien cerró su mensaje con una convocatoria: “Es ahora, en el Congreso y en las calles”.

El jefe del bloque de Unión por la Patria en Diputados, Germán Martínez, cuestionó a los integrantes del máximo tribunal y señaló que “la misma ley” cuya derogación quedó vigente “quiso modificarse en el Senado y una enorme movilización popular lo impidió”.

“Hoy, gracias a la Corte de Milei, la tierra de las y los argentinos puede ser vendida sin límite a los extranjeros”, expresó Martínez. Luego fijó los “objetivos” de su espacio: “Pueblo en las calles y rechazo pleno del DNU 70”.

La diputada Julia Strada, también de Unión por la Patria, pidió “bajar ese DNU en el Congreso” y cuestionó la decisión judicial en un mensaje que tituló: “Sobre la ley de tierras y el escándalo de los tres tipos de la Corte Suprema reviviendo un capítulo frenado del DNU 70 para vender el país”.

El diputado socialista Esteban Paulón sostuvo que la resolución restableció la derogación de la Ley 26.737 y afirmó que esa norma fijaba límites a la adquisición de terrenos por extranjeros.

“Ahora, la responsabilidad está en el Congreso. En Diputados debemos rechazar el DNU 70/23, tal como hizo el Senado”, planteó. También hizo “un llamamiento” a sus pares para convocar “urgente una sesión especial”.

La diputada del Frente de Izquierda Myriam Bregman reclamó “anular el decreto 70/23” y afirmó que el tratamiento pendiente corresponde a la Cámara de Diputados. “Integrantes del Frente de Izquierda nos hemos puesto a disposición reiteradamente para llamar a una sesión especial”, indicó.

“Se necesitan 10 firmas, es increíble que no aparezcan. Sesión en mano, nos sentamos en el recinto y que se vea quién es quién”, agregó Bregman.

La diputada de Unión por la Patria Victoria Tolosa Paz publicó el mensaje “Argentina: se vende” y cuestionó que “después de semanas de debate y movilizaciones, tres jueces decidan por todo un país”.

“A los legisladores nos votó el pueblo y tenemos la responsabilidad de representarlo”, sostuvo Tolosa Paz. “No podemos permitirlo. Algo de la República debe quedar en pie, a pesar de este Gobierno vendepatria”, agregó.

La ex secretaria Legal y Técnica Vilma Ibarra también criticó la sentencia. “La Constitución dice que son nulos de nulidad absoluta, pero la CSJN vuelve inaplicable esa disposición y le permite a Milei gobernar por DNU”, expresó. Luego reclamó: “Que se muevan los diputados”.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación desestimó una demanda que buscaba anular la derogación de la Ley de Tierras Rurales, una medida dispuesta por el Poder Ejecutivo a través del artículo 154 del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023. De esta manera, el máximo tribunal revocó la inconstitucionalidad que había dictado previamente la Cámara Federal de La Plata sobre el DNU.

En un fallo firmado este martes, la Corte consideró que la entidad que inició la acción legal carece de la legitimidad necesaria para cuestionar la norma en los tribunales, al no configurarse un caso o controversia judicial concreto.

El conflicto judicial comenzó cuando el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) de La Plata promovió un amparo contra el Estado Nacional. La organización civil solicitó que se declarara la inconstitucionalidad y la nulidad de la derogación de la Ley 26.737, la cual regulaba y limitaba la posesión, propiedad o tenencia de tierras rurales en manos de ciudadanos o empresas extranjeras.

Según la presentación de la agrupación, la eliminación de este marco de protección facilitaba la extranjerización del territorio y la creación de latifundios, lo que afectaba de manera directa la soberanía nacional y la integridad territorial de la República Argentina.

En la primera etapa del proceso, el Juzgado Nacional en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo N° 4 de La Plata rechazó la presentación judicial.

En esa instancia se determinó que la condición invocada por la asociación de excombatientes resultaba insuficiente para otorgarle el rol de parte legitimada en el expediente. Asimismo, dejó sin efecto una medida cautelar previa y ordenó retirar la inscripción del caso del Registro de Procesos Colectivos.

Excombatientes del CECIM La Plata, en el cementerio de Darwin

Posteriormente, en marzo de 2024, la Sala III de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata revocó esa decisión inicial tras un recurso de apelación presentado por el CECIM. El tribunal de alzada admitió el reclamo, declaró la inconstitucionalidad del artículo 154 del DNU 70/2023 y ordenó registrar nuevamente la causa como un proceso colectivo.

Para justificar su postura, los camaristas Carlos Vallefín y Roberto Lemos Arias argumentaron que la soberanía nacional constituye un bien colectivo y que impedir la impugnación de la norma a una asociación de excombatientes de Malvinas afectaba la dignidad del ordenamiento jurídico. Ante este fallo, el Estado Nacional interpuso un recurso extraordinario federal para elevar el debate a la máxima instancia judicial.

La definición de la Corte Suprema

La Corte Suprema de Justicia de la Nación, con las firmas de los magistrados Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, declaró procedente el recurso extraordinario del Estado, revocó la sentencia de la Cámara Federal de La Plata y rechazó la demanda.

El tribunal centró su análisis en la legitimación activa, un requisito constitucional indispensable que exige la existencia de un “caso” o “controversia” real para que los jueces federales puedan intervenir. La resolución recordó que la reforma constitucional de 1994, si bien amplió las vías de acceso a la justicia, no eliminó la necesidad de demostrar un perjuicio concreto, ya que los tribunales no tienen la función de realizar un control abstracto de legalidad o depurar el ordenamiento jurídico de manera objetiva.

Los ministros de la Corte explicaron que la soberanía territorial, definida como la facultad exclusiva del Estado para gobernar y ejercer sus funciones dentro de un espacio geográfico determinado, es un elemento constitutivo del propio Estado. Por esta razón, determinaron que estas competencias estatales no pueden encuadrarse bajo la categoría de “bien colectivo” en los términos del artículo 43 de la Constitución Nacional.

Al no existir un bien colectivo afectado, la Corte concluyó que tampoco se configuró un derecho de incidencia colectiva que habilitara la personería de la asociación civil para litigar en este asunto.

En su pronunciamiento, el tribunal supremo advirtió sobre la persistencia de fallos de instancias inferiores que admiten representaciones legales “notoriamente alejadas” de la jurisprudencia establecida. Los jueces señalaron que habilitar expedientes judiciales sin la existencia de una causa real representa una transgresión al principio de división de poderes establecido en la Constitución.

Finalmente, la Corte Suprema aclaró que esta sentencia se limitó exclusivamente a resolver la falta de legitimación de la parte actora y la ausencia de un caso judicial.

Por lo tanto, el fallo no implica un pronunciamiento sobre la validez constitucional del DNU 70/2023 ni representa una interferencia en las atribuciones del Poder Legislativo para analizar la norma de emergencia.

Fuente: Infobae

Tras el traspié sufrido la semana pasada con el retiro de capítulos clave de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, el Gobierno reunió a su mesa política. El objetivo fue reordenar la agenda parlamentaria y repasar el esquema de aliados. Como novedad, el ministro Federico Sturzenegger se incorporó al encuentro para explicar sus proyectos de desregulación.

La secretaría general de la Presidencia, Karina Milei, resolvió que la mesa política audite de ahora en más las iniciativas elaboradas por Sturzenegger antes de que lleguen al Congreso, con el objetivo de moderar propuestas consideradas “muy ambiciosas” y evitar nuevos traspiés parlamentarios como el de la semana pasada.

Puertas adentro del oficialismo, el cuestionamiento apuntó a que el proyecto de reforma de Ley de Tierras se redactó sin pasar por ningún filtro político antes de llegar al recinto.

Más temprano, Sturzenegger fue ratificado en su cargo a través del vocero presidencial, Adrián Ravier, que expresó que “es una figura clave”.

Federico Sturzenegger, en Casa Rosada (Foto de archivo)

Las iniciativas pendientes de sanción son varias. Además de la ley que retrocedió en el Senado, restan la reforma de la carta orgánica del Banco Central —calificada por el presidente Javier Milei como prioridad absoluta— y la reforma política, que incluye la eliminación de las PASO. También figuran en el radar libertario los proyectos de Inocencia Fiscal II, Zonas Frías y el paquete económico que acompañará los cambios en el Banco Central.

En Casa Rosada aseguran que hay acuerdo con los gobernadores para avanzar con Zonas Frías, la iniciativa que recorta subsidios al gas en regiones de clima frío y que ya tiene media sanción en Diputados. El jefe de Gabinete, Diego Santilli, dialogó con los mandatarios provinciales sobre el tema, al que se sumará un proyecto elaborado en conjunto para zonas cálidas.

Por otro lado, se mantiene la agenda de recorridas por los distritos: Santilli y el ministro de Economía, Luis Caputo, viajarán el jueves a Catamarca para reunirse con el gobernador Raúl Jalil y con el mandatario de Santiago del Estero, Elías Suárez, en un viaje que había sido reprogramado por factores climáticos. El motivo es la puesta en marcha de la Red de Acueductos y Plantas Potabilizadoras Albigasta.

Pese al optimismo oficial, hay dirigentes aliados que marcan límites en la agenda. Sobre la reforma política, este martes el jefe de la bancada del PRO, Cristian Ritondo, se distanció de la idea de suspender las PASO: “Es un debate que todavía no tenemos saldado dentro del PRO. Todavía no estamos para acompañar la transformación de la ley”, afirmó en el panel Democracia y Desarrollo, que compartió junto con Bullrich.

En ese ámbito la jefa de La Libertad Avanza en el Senado admitió que “un gobierno que reforma y va para adelante en algunos momentos choca”.

Fuente: TN

En paralelo con las protestas que tuvieron lugar este jueves en distintos puntos del país, principalmente en las afueras del Congreso de la Nación, decenas de gualeguaychuenses se reunieron desde las 18 horas en la Plaza Urquiza, frente al Municipio, para manifestarse en contra del proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada que se debate en el Senado.Según pudo saber Ahora ElDía, la iniciativa surgió de vecinos autoconvocados, que ya realizaron una concentración el domingo pasado para informar a la ciudadanía sobre el proyecto que impulsa el Gobierno nacional. 

También se hicieron presentes organizaciones como Agmer, CTA, ATE y Madres de Plaza de Mayo Gualeguaychú.

La concentración se realizó a pesar del tiempo frío, ventoso e inestable que afectó a la ciudad este jueves. Un factor que disminuyó significativamente la cantidad de concurrentes a la manifestación, pero no impidió que la ciudadanía expresara su reclamo en las calles.

Luego de que el oficialismo resolviera eliminar el capítulo vinculado a la venta de tierras rurales a capitales extranjeros para evitar que el proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada se postergara, el Senado comenzó a debatir el resto de la iniciativa.

La jornada se desarrolla con tensión adentro y afuera del recinto del Senado. Alrededor del Congreso de la Nación marchan movimientos sociales y organizaciones en contra de la propuesta oficialista. Adentro, el inicio de la sesión estuvo marcado por los cruces entre el oficialismo y la oposición por la crisis que mantiene el gobierno de Milei con Brasil por los insultos del libertario a Lula.

Minutos después, el presidente del bloque del PJ, José Mayans, mocionó para levantar la sesión, argumentando que el dictamen final del proyecto había llegado recién al mediodía, sin permitir un periodo serio de estudio. La propuesta no prosperó: el oficialismo demostró que cuenta con 38 votos, aunque hay cautela con el desenlace de la sesión.

Además, se definió que la participación en forma virtual de los senadores Anabel Fernández Sagasti (Justicialista - Mendoza) y Flavio Fama (UCR - Catamarca) se defina en comisiones, luego del pedido realizado por ambos por cuestiones de salud.Noticia en desarrollo…

Fuente: TN / Infobae

Luego de que el oficialismo resolviera eliminar el capítulo vinculado a la venta de tierras rurales a capitales extranjeros para evitar que el proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada se postergara, el Senado comenzará a debatir el resto de la iniciativa a partir de las 14 horas.

La exclusión del aspecto más controvertido de la iniciativa se precipitó después de una serie de rechazos expresados durante la tarde del martes. Mientras Bullrich ofrecía una conferencia para anunciar modificaciones en la venta de tierras a extranjeros —pasando de la liberalización total a la actualización del tope del 15% al 25%—, al menos cuatro legisladores que se presumía votarían a favor expresaron dudas y negaron haber comprometido su apoyo.

En este contexto, se espera una nueva jornada de tensión en el Congreso de la Nación. Mientras que varios movimientos sociales y organizaciones convocaron a manifestarse en contra de la propuesta oficialista, el inicio de la sesión estará marcado por la votación que definirá si los senadores Anabel Fernández Sagasti (Justicialista - Mendoza) y Flavio Fama (UCR - Catamarca) podrán participar por la vía virtual por complicaciones de salud.

La senadora nacional Juliana Di Tullio (PJ) presentó una impugnación formal contra el legislador Joaquín Benegas Lynch en el marco de las discusiones sobre la modificación de la Ley de Tierras e Inviolabilidad de la Propiedad Privada.

La acusación señala posibles conflictos de interés entre el rol legislativo de Benegas Lynch y su actividad económica privada como socio de una firma dedicada al asesoramiento, valoración y administración de bienes inmuebles rurales.

Frente a la presentación de la senadora opositora y diversas publicaciones de prensa, Joaquín Benegas Lynch publicó un descargo público a través de su cuenta oficial en X (ex Twitter) respondiendo a los cuestionamientos de manera textual:

“Respondo a alguna notas periodisticas, que cuanto menos, tienen mala fe en relación a mi empresa y la ley de tierras. Pero esto es parte de venir del sector privado y meterse en este fango de la política”.

“Por un lado, si, tengo una empresa agropecuaria. No es ningún descubrimiento, es público, está en mi DDJJ. Hace más de 20 años que trabajo en el sector, soy socio fundador y mayoritario de esta empresa desde hace seis años. La empresa se dedica a administrar campos, asesorar a dueños de campos y compradores y a valorizar campos. Nuestros clientes son argentinos y extranjeros, y hemos operado no solo en Argentina sino en otros países de la región. Y estoy orgulloso no solo por la empresa y nuestro equipo que va creciendo, sino haber representado familias argentinas y extranjeras que han arriesgado su capital, invirtiendo en producción y generando cientos de puestos de trabajo en nuestro país”.

“Lo que sí corresponde explicar, porque asumí una responsabilidad como legislador, es qué se votaba mañana y por qué lo votaría eventualmente si se logra apoyo de la mayoría de senadores. El proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, en su capítulo de Tierras, viene a reformar la nefasta ley de tierras actual. Nuestro proyecto prohíbe de manera explícita que Estados extranjeros, sus empresas estatales y sus fondos soberanos adquieran tierra en la Argentina —incluido el control de hecho y las sociedades interpuestas—. Y por otro lado, busca una apertura para la inversión privada, única generadora de riqueza para los argentinos. Es decir: se cierra la puerta que había que cerrar, la de los Estados extranjeros, y se abre la que nunca debió cerrarse, la del argentino que quiere vender su campo y elegir a quién”.

“Porque la Ley 26.737 no frenó ninguna invasión. Mientras se le ponía tope al productor italiano o español, en la Patagonia, el gobierno kirchnerista, entregaba una concesión por 50 años a una empresa vinculada a un Estado Extranjero. Se controló al que compraba un campo y no al que buscaba posición estratégica. Asi de hipócrita es la vieja política”.

“Lo que sí hizo esa ley fue achicar la demanda y castigar el patrimonio de los argentinos, que hoy controlan el 95% de las tierras rurales de nuestro país”.

“Uruguay, Australia o Estados Unidos no fijan cupos por nacionalidad para el privado. Tienen registro. Y el Estado se ocupa de lo que hay que ocuparse: de que se cumpla la ley y de que no entren Estados extranjeros. Es exactamente el modelo de este proyecto”.

“Y así como voté el Presupuesto, la Modernización Laboral con el RIMI, Tratados de Libre Comercio y otros proyectos, me encontrarán siempre votando a favor del sector privado, los argentinos laburantes, emprendedores y empresas que compitan”.

“¿ Y beneficia a los empresarios que al campo argentino le vaya bien? Sí. Igual que a las cientos de miles de pymes agropecuarias del país, a sus empleados y a los pueblos que viven de ellas. Mi empresa es parte del sector. Un beneficio general no es un privilegio particular: no hay en esta ley una sola línea escrita para mi empresa, ni un permiso que yo obtenga y otro no”.

“Mi posición la expresé en varios medios. Mi voto está a la vista y mi actividad también. El que quiera discutir el proyecto, lo discuto con gusto. Venimos a protegernos de los Estados Extranjeros y a promover la inversión privada. Ni más ni menos”. (APFDigital)

Si bien el Gobierno dio de baja la cláusula de venta de tierras a extranjeros para salvar la sesión en el Senado, eso no cambió la movilización estipulada al Congreso por parte de gremios y organizaciones sociales, que rechazan la totalidad de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.

“Se sostiene la movilización”, le expresaron a la Agencia Noticias Argentinas desde el entorno de uno de los dirigentes de la CGT, una de las centrales obreras que confirmó presencia en Parlamento para este jueves a las 14.

En el Frente de Sindicatos Unidos (Fresu), grupo de gremios distanciados de la conducción cegetista, el diagnóstico es similar al de la calle Azopardo: van a protestar frente el Parlamento a partir del mediodía ya que continúan en el texto aquellos artículos que consideran “nocivos”.

Este grupo de "duros" del gremialismo mencionó las partes del texto que determinan desalojos exprés para inquilinos, comunidades indígenas y campesinos, la limitación de la capacidad del Estado de realizar expropiaciones y las modificaciones en la ley de fuego para habilitar la venta de tierras quemadas, entre otros puntos. Con esas normativas en pie, el Fresu considera imprescindible mantener la movilización.

En la CTA Autónoma también apuestan a sostener lo planificado para este jueves y en las organizaciones sociales la idea es la misma: construir una gran marcha que refleje el malestar social contra el gobierno de Javier Milei. "Se mantiene la convocatoria hasta nuevo aviso", expresaron, a su vez, en la UTEP.

Este miércoles a la mañana en la calle Azopardo, las tres centrales obreras armaron una conferencia de prensa para rechazar la normativa. Allí estuvieron el triunvirato cegetista compuesto por Jorge Sola, Cristian Jerónimo y Octavio Argüello, además de Hugo Godoy (CTA-A) y Hugo Yasky (CTA-T), quienes denunciaron que la iniciativa oficialista de flexibilizar los topes de venta de tierras a extranjeros es un intento de "ponerle un cartel de venta al país" para beneficiar a "unos pocos millonarios".

Fuente: Noticias Argentinas

El defensor central de la Selección Argentina, Lisandro Martínez, se pronunció en contra de la flexibilización en la venta de tierras contemplada en el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada que impulsa el Gobierno Nacional.

"Licha" lo hizo a través de sus historias de Instagram, donde reposteó un contenido audiovisual que mostraba paisajes de distintos puntos de la naturaleza del país acompañado por el texto "Defender las Tierras". A esto, el jugador del Manchester United le sumó la frase propia: "¡Las tierras argentinas no se venden!".

El deportista oriundo de Gualeguay, emitió este mensaje en la previa del debate parlamentario donde el Senado definiría los puntos de la iniciativa tras las arduas negociaciones políticas.

La Ley de Tierras en Argentina establece un tope máximo de dominio o posesión de tierras rurales en manos extranjeras del 15% a nivel nacional, provincial y municipal, prohibiendo además que una misma nacionalidad supere el 30% de ese porcentaje permitido.

En un primer momento el proyecto impulsado por el oficialismo y por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, proponía eliminar por completo estos límites, sin embargo la jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, había introducido un esquema que elevaba el tope hasta el 25% para intentar destrabar acuerdos con gobernadores y bloques aliados.

Frente a la falta de los votos necesarios en la Cámara alta y al rechazo frontal de mandatarios provinciales, el oficialismo debió dar marcha atrás y postergar por completo el capítulo de extranjerización de tierras del proyecto de ley, optando por avanzar únicamente con los apartados que reunían consenso tales como los cambios en materia de desalojos, escrituración, expropiaciones y la Ley de Manejo del Fuego.

Fuente: Noticias Argentinas

El Gobierno retiró finalmente el capítulo de extranjerización de tierras del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que debía tratarse este jueves en el Senado. La decisión de la jefa del oficialismo en el Senado, Patricia Bullrich, se dio en medio de una fuerte presión de los bloques aliados.

Pese a la jugada de Bullrich, se mantiene en pie la sesión agendada para este jueves a las 14. El oficialismo continuará con el cuarto intermedio solicitado en la sesión del pasado 16 de julio con el resto del proyecto de Propiedad Privada, que en sus otros capítulos modifica las expropiaciones, los desalojos y la Ley de Fuego.

El Gobierno va a presentar el capítulo de Tierras como ley aparte y postergará el debate para más adelante, aunque aún sin fecha definida. La apuesta de Bullrich es lograr un consenso fuerte con “el grupo de los 44″, el bloque que agrupa a los senadores de La Libertad Avanza, el PRO, la UCR y varias fuerzas provinciales.

La sesión de este jueves estará marcada no solo por la tensión parlamentaria sino también por una movilización frente al Congreso. Hay una marcha convocada por la CGT, las dos CTA, los movimientos sociales de la UTEP y un sinfín de agrupaciones políticas, ambientales, campesinas y de autoconvocados.

Qué planteaba la reforma de la Ley de Tierras

La iniciativa que el Gobierno tuvo que sacar del proyecto de ley de Propiedad Privada planteaba varias modificaciones a la actual Ley de Tierras Rurales, entre ellas la propuesta de elevar al 25% el límite de tierras que pueden quedar en manos de extranjeros, pero también la derogación de una serie de medidas protectoras vigentes, como el límite de 1.000 hectáreas para un mismo dueño en zona núcleo y la posibilidad de apropiarse de cursos de agua o zonas de frontera.

El panorama se complicó para el oficialismo cuando temprano este miércoles se conocieron expresiones explícitas de varios gobernadores y senadores dialoguistas. Uno fue el gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, que planteó abiertamente que las senadoras nacionales tucumanas Beatriz Ávila y Sandra Mendoza se “aponen a la aprobación de la ley”.

También el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, planteó a través de un video que envió a la Legislatura local un proyecto de ley “para que las tierras de nuestra provincia sean para argentinos”. Y apuntó: “No estamos de acuerdo con la extranjerización de la tierra y no vamos a acompañar iniciativas que avancen en ese sentido en el ámbito nacional”.

Fuente: TN

La iniciativa surge de vecinos autoconvocados que ya realizaron una concentración el domingo pasado para informar a la ciudadanía sobre el proyecto que se tratará en la Cámara de Senadores este jueves.

En esta ocasión, la manifestación será frente al Municipio en la Plaza Urquiza a las 18 horas, con un pedido directo a los senadores. 

“Es un llamado a los senadores para que no aprueben esta ley y también un apoyo. Entendemos que las presiones que pueden recibir son fuertes, entonces que sepan que hay todo un pueblo que está diciendo que no quiere que esto suceda es importante”, manifestó Lujan Erpen , una de las organizadoras.

Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada

El proyecto eleva el tope del 15%  al 25% de tierras rurales en manos de extranjeros que fijaba la Ley 26.737 (Régimen de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales) desde 2011. Prohíbe la compra de tierras rurales por parte de cualquier Estado extranjero, organismos, empresas públicas o fondos estatales aunque admite que solo podrían hacerlo, con autorización expresa de la provincia y de la Nación, si no representa "riesgo a la seguridad, defensa y soberanía nacional".

En materia de Expropiaciones, plantea una definición más restrictiva de "utilidad pública" y obligación de justificar cada operación de forma específica, concreta y proporcional.

El Gobierno propone incorporar el lucro cesante (la ganancia que se deja de percibir como consecuencia de la indemnización) “cuando sea consecuencia directa e inmediata de la expropiación”, fija el valor del bien antes de la intervención del Estado y actualiza el valor por inflación más “una tasa de interés razonable comercialmente que fije la sentencia”.

El proyecto busca acelerar los procesos de desalojo: otorga 10 días hábiles de intimación para falta de pago o vencimiento de contrato. Se distingue entre inquilinos morosos y usurpadores a la vez que se agregaron protecciones para menores, personas con discapacidad y adultos mayores antes del desalojo.

En materia de Manejo del Fuego, elimina la prohibición de 60 años para venta y cambio de uso de tierras afectadas por incendios. El dictamen del Senado rechazó los cambios referidos a bosques nativos y mantuvo la veda de 60 años, pero aceptó eliminar el plazo de 30 años para venta/cambio de uso en otros casos.