La actividad es organizada por un grupo de artistas y vecinos autoconvocados que buscan informar a la comunidad sobre el alcance de la iniciativa y expresar su rechazo.

"Nosotros pertenecemos a diferentes expresiones culturales y decidimos hacer un encuentro cultural donde vamos a llevar información a las personas. Creemos que a través del arte se llega más fácil a los corazones, y a movilizar las conciencias", explicó Luján Erpen, una de las organizadoras.

La convocatoria surgió de manera espontánea entre personas vinculadas al ámbito cultural y otros vecinos que pertenecen a diferentes organizaciones. "Nos parece importante que los ciudadanos y la población estemos unidos, nos miremos y nos escuchemos", sostuvo.

Durante la jornada habrá diversas intervenciones artísticas. "Va a haber danza, bandas, poesía, la cuerda de candombe y una chica pintando", detalló Erpen, quien remarcó que el objetivo principal es acercar información sobre el proyecto de ley y generar un espacio de reflexión colectiva.

"Es profundamente peligroso lo que estamos viviendo. No va a haber vuelta atrás si se aprueba", advirtió. Además, señaló que la convocatoria también busca enviar un mensaje a los legisladores nacionales: "Es un llamado a los senadores para que no aprueben esta ley y también un apoyo. Entendemos que las presiones que pueden recibir son fuertes, entonces que sepan que hay todo un pueblo que está diciendo que no quiere que esto suceda es importante".

En paralelo con las actividades previstas en los Obeliscos, habrá personas entregando volantes en el puente Méndez Casariego para difundir la convocatoria y los motivos de la protesta.

Erpen vinculó la movilización con la defensa del ambiente y la soberanía nacional. "La idea es tratar de despertar todos juntos y defender nuestro territorio, nuestra soberanía". En ese sentido, afirmó que "el cambio climático que estamos viendo se puede percibir en todo el mundo y está llegando a Gualeguaychú también. Es producto de este extractivismo y esta locura de tomar y explotar los territorios sin importar nada".

Finalmente, la organizadora cuestionó las políticas del Gobierno nacional y llamó a la participación ciudadana. "Son momentos para unirnos, tomar conciencia, informarnos y estar en la calle. Que sepan que hay un pueblo que no está a favor de esto que quieren llevar adelante", concluyó.

Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada

El proyecto elimina el tope del 15% de tierras rurales en manos de extranjeros que fijaba la Ley 26.737 (Régimen de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales) desde 2011. Prohíbe la compra de tierras rurales por parte de cualquier Estado extranjero, organismos, empresas públicas o fondos estatales aunque admite que solo podrían hacerlo, con autorización expresa de la provincia y de la Nación, si no representa "riesgo a la seguridad, defensa y soberanía nacional".

Para privados extranjeros, habilita la compra sin restricciones, pero las provincias pueden autorizar, regular o vetar ventas dentro de su jurisdicción. Mantiene la prohibición absoluta de adquisición en zonas de frontera.

En materia de Expropiaciones, plantea una definición más restrictiva de "utilidad pública" y obligación de justificar cada operación de forma específica, concreta y proporcional.

El Gobierno propone incorporar el lucro cesante (la ganancia que se deja de percibir como consecuencia de la indemnización) “cuando sea consecuencia directa e inmediata de la expropiación”, fija el valor del bien antes de la intervención del Estado y actualiza el valor por inflación más “una tasa de interés razonable comercialmente que fije la sentencia”.

El proyecto busca acelerar los procesos de desalojo: otorga 10 días hábiles de intimación para falta de pago o vencimiento de contrato. Se distingue entre inquilinos morosos y usurpadores a la vez que se agregaron protecciones para menores, personas con discapacidad y adultos mayores antes del desalojo.

En materia de Manejo del Fuego, elimina la prohibición de 60 años para venta y cambio de uso de tierras afectadas por incendios. El dictamen del Senado rechazó los cambios referidos a bosques nativos y mantuvo la veda de 60 años, pero aceptó eliminar el plazo de 30 años para venta/cambio de uso en otros casos.