Luciano Peralta 

“Todo sigue igual, todo sigue igual de bien”, dice Viejas Locas en una de sus canciones más populares. Por acá, en el tema humedales, parecer ser todo lo contrario: todo sigue igual de mal. A pesar de la visibilización que, a fuerza de organización y trabajo por parte de los espacios ambientalistas, ha logrado el tema en los últimos años, seguimos sin ley y, consecuentemente, los humedales siguen desapareciendo, total o parcialmente.  

Aclaro algo: Si espera algún dato novedoso en estas líneas, le adelanto, para que no pierda su tiempo, que no lo encontrará. Al menos en el aspecto legislativo.

A pesar de los movimientos que, en noviembre pasado, el tema generó en el plenario de comisiones de la Cámara de Diputados de la Nación, sigue sin haber acuerdo, ya no entre las fuerzas mayoritarias (PJ y Cambiemos, sus tantos nombres de fantasía y aliados), sino dentro de cada frente. 

Pero, al menos, que la ocasión sirva para seguir abonando a la conciencia de las y los ciudadanos de a pie. Esos que no ocupan lugares de toma de decisiones en la gran política, ni son parte de la elite dueña de campos, multinacionales mineras o inmobiliarias que hacen negocios a costos demasiado altos para todos. 

Es en conmemoración del tratado internacional llevado a cabo en la ciudad iraní de Ramsar, en 1971, que cada 2 de febrero se recuerda el Día Mundial de los Humedales. El tratado firmado en esa ocasión es conocido como la Convención de los Humedales, ya que su misión es la de conservar y propiciar el uso racional de estos sistemas ambientales a través de acciones locales y nacionales.

Argentina ratificó dicho acuerdo en 1991, sin embargo, pese a muchas iniciativas legislativas frustradas desde el 2013 a la fecha, esto no ha tenido su correlato en una ley nacional de presupuestos mínimos que ordene, regule y asegure un uso sustentable de los humedales, los cuales ocupan más del 20% del territorio nacional.

Pero, ¿por qué es importante la ley? Una vez más: los beneficios que estos ecosistemas brindan a la sociedad son muy valiosos. Según la Unión Mundial para la Conservación de la Naturaleza (IUCN por sus siglas en inglés), el 40% de las plantas y animales del mundo se crían o viven en estos ambientes, que, por otro lado, nos proveen de agua, madera, peces y otros alimentos vitales para la subsistencia. 

Además, su capacidad de regular el clima, la erosión de los suelos y las inundaciones, disminuye los riesgos de desastres naturales. Y mitigan las consecuencias del cambio climático, ya que pueden almacenar abundantes cantidades de carbono en su vegetación y en el suelo, evitando, de esta manera, que sea liberado a la atmósfera en forma de CO2. Y, no menos importante, son lugares bellísimos para el disfrute y el desarrollo de actividades turísticas, de investigación y educativas. 

Los humedales -el Delta del Paraná, por ejemplo- son áreas que permanecen de forma intermitente en condiciones de inundación o con sus suelos saturados por el agua durante largos periodos de tiempo. 

En los últimos cincuenta años se han pedido más del 35% de los humedales del mundo y el 25% de las especies que los habitaban. Hoy, muchas de las sobrevivientes están en peligro de extinción. Pero, así y todo, pese a la dimensión del problema, hace casi una década que los proyectos de ley de humedales -todas las fuerzas mayoritarias han presentado alguno- no logran superar el lobby político-empresarial para mantener el estado actual de las cosas. 

El gobierno hizo campaña respaldando la Ley de Humedales, pero ahora son los propios gobernadores del “Norte grande” (Mendoza, La Rioja, Formosa, Santiago del Estero, San Juan y Catamarca)los que se oponen al tratamiento en el Congreso. Una muestra más de una gestión signada por no haber estado a la altura de las circunstancias. Mientras tanto, la oposición mayoritaria logró, en noviembre pasado, obtener un dictamen de mayoría a su proyecto. Pero con las provincias en contra, una vez más, todo se vuelve a truncar. 

El problema es grave, tanto o más que el de la educación, la pobreza y la falta de horizontes, tan propio entre quienes crecimos en los 90. ¿Seguiremos sin ley también en 2023? Nunca se sabe en política. Pero, y a los hechos me remito, está claro que sólo la organización popular y el respaldo de la sociedad civil podrá volver a crear las condiciones para pasar de las promesas y el debate a la transformación real. Mientras tanto, todo sigue igual de mal. 

Los sectores del oficialismo que impulsan la ley de humedales sufrieron el jueves un revés político en el plenario de comisiones de Recursos Naturales, Agricultura y Presupuesto ya que Juntos por el Cambio logró unificar una posición y se quedó con el dictamen de mayoría. Constreñido por la falta de apoyo de los gobernadores, el Frente de Todos y sus aliados firmaron un texto propio en minoría.

Tal como se preveía, los mandatarios provinciales hicieron sentir su peso y varios diputados oficialistas se ausentaron o decidieron no acompañar el proyecto impulsado por Leonardo Grosso, presidente de Recursos Naturales. Los diputados del Frente de Todos Daniel Brue y Nilda Moyano, de Santiago del Estero; Pamela Calletti, de Salta; Sergio Casas, de La Rioja; Silvana Ginocchio y Anahí Costa, de Catamarca; María Parola y Nelly Daldovo, de Formosa; y Liliana Paponet, de Mendoza, no votaron con el resto de la bancada.

El plenario de comisiones había entrado en cuarto intermedio hace más de un mes debido al reclamo de los gobernadores de ser escuchados. Sin embargo, la semana pasada, tras haber sido invitados en varias oportunidades, decidieron no enviar representantes (a excepción de Buenos Aires) para explicar la posición de las provincias. Juntos por el Cambio tampoco estuvo presente bajo el argumento de que se estaba violando el reglamento porque el cuarto intermedio estaba caído.

Tras las firmas de los dictámenes, los proyectos quedaron listos para ser debatidos en el recinto. La prórroga por decreto de las sesiones ordinarias juega a favor de quienes impulsan la ley ya que el margen de tiempo se amplía hasta fines de diciembre. Sin embargo, el panorama es incierto. Desde el Frente de Todos especularon con que ocurrirá lo mismo que en 2020, cuando un proyecto obtuvo dictamen pero nunca fue tratado. “Juntos por el Cambio sacó el dictamen de mayoría pero no va a pedir tratarlo en el recinto”, denunciaron.

“Con los firmantes de los dos dictámenes tenemos más de la mitad más uno en la Cámara de Diputados, solo tenemos que resolver las diferencias, el articulado, el ‘finito’. Esperemos que la semana que viene vayamos a discutir la ley de humedales para darle media sanción”, presionó Grosso al cerrar el plenario.

El radical Ricardo Buryaile, titular de Agricultura, adelantó que la oposición planea “escuchar a los que no están”, en referencia a las provincias del norte y cuyo.

En términos generales, el proyecto consensuado por Juntos por el Cambio reconoce una mayor incidencia de las provincias, ya que, por ejemplo, para la elaboración del inventario de humedales toma la información que hayan generado cada distrito y CABA. Por otro lado, la autoridad de aplicación de la norma serán los Ministerios de Ambiente y Agricultura, de forma conjunta.

“Pretendimos buscar un equilibrio lógico. Nuestro dictamen fija los lineamientos para encauzar las tensiones que todos debemos reconocer inherentes a la gestión de los territorios”, dijo Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica.

Y agregó: “El texto que hoy proponemos es fruto de un esfuerzo para acercar y armonizar las diferentes miradas y las observaciones que hemos recibido, porque entendimos que sí es necesaria la ley de humedales, y que tenemos que ponernos de acuerdo y acompañar a quienes producen y viven en ellos”.

En la bancada oficialista reconocieron que la definición de qué es un humedal que quedó plasmada en el dictamen de mayoría “no es tan diferente” a la propuesta por el oficialismo, por lo que no descartaban continuar negociando para alcanzar los consensos mínimos.

Por Luciano Peralta 

Cuando parecía que se generaban las condiciones para avanzar en el tratamiento conjunto de la Ley de Humedales o, mejor dicho, de los proyectos que existen para regular el uso de estas áreas naturales, otra vez la presión por el rechazo se hizo sentir y puso un freno al trabajo legislativo de una norma que espera hace más de diez años. 

Tras la suspensión, por una semana en principio, aunque nunca se retomó el plenario de comisiones, fueron los gobernadores de las provincias del Norte Grande –que integran Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, La Rioja, Santiago del Estero, Chaco, Formosa, Corrientes y Misiones– quienes hicieron público el rechazo al proyecto de ley por entender que, de aprobarse, se vería afectada la explotación minera, en particular, y los desarrollos productivos en general. Tal rechazo lo hicieron llegar desde Estados Unidos, donde se encontraban por una gira de negocios junto a funcionarios del gobierno nacional. 

Mientras tanto, esta semana volvieron a ser noticias los incendios en las islas del delta del río Paraná. Brigadistas del gobierno nacional y de las provincias de Entre Ríos, Santa Fe y Buenos Aires volvieron a combatir el fuego, una imagen cada vez más repetida y dramática. Las postales del fuego y la impunidad se multiplicaron desde las islas frente a la ciudad de Paraná hasta las localidades bonaerenses de Ramallo, Zárate y San Nicolás. Mientras que el humo y el olor a quemado afectó gran parte de esta zona del país. 

En este contexto, las organizaciones ambientalistas volvieron a evidenciar su bronca y decepción, y a exigir el tratamiento del proyecto de ley consensuado, presentado el 2 de marzo pasado por el diputado nacional (FdT) Leonardo Grosso, uno de los impulsores del mismo.

“Las imágenes apocalípticas del ecocidio en danza se multiplican, como si los estados nacional y provinciales no pudieran prevenir lo que hace años vemos como sucede organizadamente. Desde las organizaciones hermanas de Paraná expresaban que el aire era irrespirable. El fuego en Islas de Santa Fe se veía desde la ciudad. En San Pedro lo mismo,aire intoxicante con afectación directaa toda la población. En la superficie de isla quemada,el suelo esta pulverizado”, advirtieron, una vez más, desde la Multisectorial Humedales, a través de un comunicado publicado el viernes. 

“En Ramallo, la ciudadanía se convocó frente a la Municipalidad para reclamar acción concreta sobre el monstruoso foco que permitióque ardieran hogaresy, además, el trabajo de apicultores. Vimos además videos de animales quemados, que, si no fueron asesinados por las llamas, quedaron con graves quemaduras. La ciudadanía además se está organizando para recibir elementos de curación para los animales. Se estén recibiendo donaciones para las familias a las cuales el fuego les arrancó todo. Y esto es: por la avariciahumana y la falta de prevención y regulación en las prácticasque se realizan en el territorio”, dispararon. 

En esta línea, reclamaron a los y las jefas de los bloques de la Cámara Baja - GermánMartínez, Mario Negri, Cristian Ritondo, Juan Manuel López,  Diego de Loredo, Luis Di Giacomo y Margarita Stolbizer- que dispongan la fecha pronta y concreta para el plenario de comisiones por la ley de humedales. “Por esta ley que la ciudadanía ya expresó que necesita, y la construyóen todo el territorio argentino: Regulación y prevención para garantizar una integración de producción con conservación ambiental”.

El respaldo de 1836 investigadores y académicos

Lo hicieron a través de un documento publicado el jueves, en el que reclamaron la urgente sanción de la norma para proteger estas zonas clave para la conservación del ambiente. Y, además, rebatieron los argumentos de los mandatarios provinciales que están trabando el tratamiento en Diputados.

“Desde nuestro lugar como académicos e investigadores de Universidades Nacionales y del Sistema científico nacional queremos expresar nuestra profunda preocupación frente a la posibilidad de perder una nueva oportunidad para obtener dictamen en reunión plenaria de comisiones, que habilite al debate del proyecto de ley de presupuestos mínimos de conservación ambiental para el uso racional y sustentable de los humedales, en la HCDN”, dice el documento firmado por Beatriz Sarlo, Pablo Alabarces, Dora Barrancos, Roberto Gargarella y Ricardo Manetti, entre los 1836 firmantes. 

“Estos ecosistemas son de importancia vital para el desarrollo de la vida humana debido a su inestimable aporte en materia de bienes y servicios ecosistémicos, así como por su valor de legado para las generaciones futuras; todo lo cual ha sido reconocido a nivel internacional a partir de la suscripción del Convenio Ramsar en el año 1971”, expresaron. Al tiempo que apuntaron que “en los últimos días hemos sido testigos de cómo ciertos sectores de la política han apelado a un conjunto de argumentaciones falaces inscriptas en intereses sectoriales, claramente contrarios de establecer cualquier tipo de regulación. Esto nos exige desmontar estas afirmaciones, basados estrictamente en los contenidos del expediente 0075-D-2022”, explicaron los firmantes, para abordar luego cada uno de los argumentos esgrimidos por los gobernadores de las provincias del Norte Grande:

Se trata de una clara maniobra dilatoria. Este proyecto es el resultado de un largo proceso de sedimentación que inicia con la primera media sanción de 2013, nutrido en 2020 por los aportes de una infinidad de reuniones informativas y por el trabajo conjunto desarrollado por especialistas científicos, técnicos, ambientalistas de las provincias, asesores y legisladores. En la actualidad el proyecto cuenta con el apoyo de más de 500 organizaciones socioambientales de todo el país.

La ley se enmarca en lo establecido por el artículo 41 de la Constitución Nacional, en el cual las provincias delegan en la Nación la facultad de sancionar leyes de presupuestos mínimos ambientales. Los derechos de propiedad no se ven vulnerados por la sanción y aplicación de estas leyes, sólo se establecen los marcos regulatorios a los efectos de asegurar la sustentabilidad de los ecosistemas alcanzados. Las provincias participan activamente de la realización del inventario nacional de humedales, “Será liderado por la Autoridad Nacional de Aplicación con participación de equipos técnicos, de organismos científicos y de gestión y de las Autoridades locales de las jurisdicciones”, destaca el proyecto.

La Ley no establece prohibiciones a priori a ningún tipo de actividad. Sólo se establece que las autoridades competentes deberán solicitar una evaluación de impacto ambiental de forma previa a autorizar la realización de nuevas actividades o la ampliación de las actividades existentes. Se busca garantizar sustentabilidad de los ecosistemas de humedales en el largo plazo y así evitar formas de explotación que los inutilice o haga desaparecer en el corto-mediano plazo.

De nuevo, se trata de una ley que fijará un conjunto de regulaciones a ser contempladas por los respectivos proyectos de inversión, que hoy se realizan sobre estos ecosistemas prácticamente sin control, con impacto muy negativos. Asegurar la sustentabilidad de los servicios ecosistémicos provistos por los humedales en tiempos de crisis climática como la actual, colabora en garantizar derechos humanos fundamentales para una vida digna de las poblaciones, como el acceso al agua, al aire limpio y a la producción de alimentos.

Nada se dice en el articulado de la ley que avale esta afirmación. Por el contrario, las comunidades que históricamente han construido un vínculo con estos ecosistemas, lo han hecho en un marco de armonía con su entorno, desarrollando sistemas de producción y formas de habitar respetuosas con los pulsos de la naturaleza. En todo caso, son las prácticas extractivistas desarrolladas en los últimos años las que afectan y expulsan a estas comunidades.

“A partir de lo anterior, y ante la posibilidad de nuevas estrategias dilatorias o de distracción sobre los debates de fondo, instamos a superar las presiones de lobbies poco interesados en la conservación de los humedales y hacer prevalecer el buen criterio de preservarlos, desde una mirada comprehensiva y de largo plazo que favorecerán a todos, incluso a los que producen sobre humedales”, expresaron las y los académicos. 

Este jueves productores isleños junto con las entidades rurales de la mesa de enlace cortaron parcialmente el puente Rosario-Victoria en contra de la Ley de humedales que comenzó a discutirse en plenario de comisiones la semana pasada y que iba a seguir debatiéndose esta mañana pero se suspendió. 

En el centro de la discusión están las actividades productivas que afectaría la nueva normativa y por eso los gobernadores pidieron sentarse en la mesa. Para los productores que esta mañana cortaban el puente, hay además “otro estofado”: la generación de recursos por medio de la ley para repartir políticamente.

En declaraciones radiales, Roberto Sotomayor, que vive y trabaja como productor agropecuario con su familia en las islas del delta entrerriano, sostuvo que “ninguna ley nueva va a terminar con los incendios intencionales, que hace falta más control y señaló que justamente, detrás de las quemas parecen perseguirse objetivos políticos”.

Señaló que hay una “intención de poner a la ciudadanía en contra del campo. Hoy parece ser que ser productor es una mala palabra. No les interesa escuchar nuestra verdad”, protestó, advirtiendo que "justamente somos los productores los primeros cuidadores del humedal”.

“Estuve en el Congreso el jueves pasado y ahí vi los estofados que se cocinan, a la «ley Grosso» solo le importan el dinero para repartir. La ley es una caja política del oficialismo”, acusó sobre la iniciativa del diputado del Frente de Todos Leandro Grosso, también llamada, dentro de los proyectos presentados, como “la de consenso” con las organizaciones socioambientales.

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En una reunión conjunta, las Comisiones de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano; Agricultura y Ganadería; Presupuesto y Hacienda, abordarán un régimen de presupuestos mínimos para la identificación, conservación, protección, restauración ecológica y uso racional de los humedales.

Las distintas manifestaciones se realizarán durante el sábado 17 y el domingo 18 de septiembre, en el marco de la Acción Plurinacional por los Humedales que llevan adelante organizaciones ambientales, sociales y territoriales de todo el país conjuntamente con sindicatos, universidades, partidos políticos, legisladores, clubes y ONG.

Desde la Multisectorial por los Humedales del Río Uruguay se informó que habrá “acciones de visualización, movilización y concentración en más de 200 ciudades” de todo el país “en defensa de los Humedales y en reclamo de un Plenario de Comisiones para el tratamiento de la Ley de presupuestos mínimos para la protección de los Humedales de la República Argentina”.

Corte del puente

La Multisectorial Humedales de Rosario convocó a concentrar el sábado desde las 14 en la explanada que sube hacia el puente Rosario-Victoria, desde Boulevard Rondeau. Allí harán un corte total del puente “para exigir basta de quemas, basta de ecocidio, y Ley de humedales ya (proyecto consensuado)”, remarcaron.

El documento, titulado “Otra vez bajo humo, nos vemos en el puente”, la Multisectorial señaló que el lunes Rosario amaneció “nuevamente cubierta de humo y sin poder respirar” y denunció: “aire que hoy respiramos tiene 200 mcg de contaminación. Esto significa: es tóxico para la salud de cualquier persona, afectando infancias, adultos, embarazadas, y personas con patologías respiratorias. Pero eso no es lo peor. El humo que sentimos no es más que el síntoma visible de la destrucción que avanza en beneficio de unos pocos”.

En Concepción del Uruguay

En tanto, la Multisectorial por los Humedales del río Uruguay se concentrará el domingo a las 15 en la Defensa Sur de Concepción del Uruguay, donde habrá una radio abierta, números artísticos, actividades de información y concientización y un banderazo. Luego, a las 18, marcharán hacia Plaza General Ramírez. 

“Nuestros humedales se encuentran en estado de emergencia debido a las actividades extractivistas relacionadas a los sectores concentrados de la agroindustria, la minería y la especulación inmobiliaria, los cuales avanzan sin control, degradando y destruyendo los humedales ante la desidia e inoperancia de las autoridades en todos los niveles”, se advirtió. (Fuente: APFDigital)

El senador de Juntos por el Cambio, Alfredo De Angeli estuvo en Villa Paranacito respondiendo a una convocatoria de habitantes de la zona  por la preocupación que han generado los proyectos relacionados con la Ley de Humedales, que impactaría negativamente en la zona y expulsaría literalmente  a quienes vienen produciendo hace  150 años. “Muchas familias llevan tres y cuatro generaciones trabajando en una zona difícil, zona a la cual han mejorado cuidando el recurso suelo y mejorando inclusive el mismo”, afirmó De Ángeli.El legislador nacional afirmó que los habitantes de las islas, especialmente los jóvenes, están preocupados por el futuro de las mismas. Temen por proyectos que no condicen con la realidad en torno a la Ley de Humedales y dijo que algunos generan incertidumbre en jóvenes que estudian y se preparan para seguir trabajando al igual que sus padres y abuelos en las islas.“En cuanto a los proyectos de Ley sobre los humedales, son varios los que se manejan, algunos de ellos muy extremos y que indudablemente no conocen la idiosincrasia de la gente que habita todo el delta entrerriano. Sus historias de vida, las producciones que llevan adelante, tales como forestación, nuez pecán, ganadería, apicultura y demás en todo el delta entrerriano que es muy amplio”.“Paranacito tiene 1500 hectáreas de Pecán que se comercializa en distintos puntos, además de darle valor agregado en la Cooperativa del Delta. Se trata de la mayor superficie implantada en Entre Ríos y una de las más importantes en el país”, agregó.En cuanto a la apicultura indicó que “es una economía que está avanzando, siendo muy codiciada la miel de las islas por la calidad de la misma y porque se produce en un ambiente natural”.“Es clave para el buen funcionamiento de los campos en la zona, además de arraigar a los productores en el campo”, sostuvo sobre la actividad ganadera que se practica en el lugar.