Organizaciones ambientalistas presentaron un amparo colectivo para frenar la reforma de la Ley de Glaciares, aprobada recientemente en el Senado, al considerar que vulnera derechos constitucionales y pone en riesgo reservas estratégicas de agua en Argentina. La acción judicial fue presentada ante el Juzgado Federal de La Pampa y contó con la adhesión de más de 850 mil personas.

El reclamo fue impulsado por la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas y Greenpeace Argentina, que solicitaron una medida cautelar para suspender la aplicación de la norma en todo el territorio nacional. Según indicaron, la reforma debilita la protección de los glaciares y del ambiente periglaciar.

Desde las organizaciones sostuvieron que, hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo, debe continuar vigente la Ley 26.639 sancionada en 2010, que establece un marco de protección ambiental.

Uno de los puntos centrales del planteo radicó en que la nueva normativa permite a las provincias redefinir qué áreas tienen valor hídrico relevante y modificar el inventario de glaciares elaborado por organismos científicos, sin la necesidad de una justificación técnica.

En ese sentido, las entidades advirtieron que todos los glaciares y ambientes periglaciales cumplen un rol esencial como reservas de agua dulce, por lo que cualquier flexibilización en su protección implicaría riesgos ambientales significativos.

Asimismo, alertaron que la reforma podría habilitar actividades extractivas, como la minería, en zonas que anteriormente estaban protegidas, lo que podría generar contaminación y daños irreversibles en ecosistemas sensibles.

Argumentos legales y ambientales

El director ejecutivo de FARN, Andrés Nápoli, afirmó que la reforma vulnera el “piso mínimo de protección ambiental” que debe garantizar el Congreso según la Constitución Nacional. Además, consideró que el dominio de las provincias sobre los recursos naturales no habilita a reducir estándares de protección.

También señalaron que la modificación legislativa contradice compromisos internacionales asumidos por Argentina, como el Acuerdo de Escazú, que promueve la no regresión en materia ambiental, y acuerdos con la Unión Europea.

El planteo judicial se apoyó en el artículo 41 de la Constitución Nacional, que reconoce el derecho a un ambiente sano y habilita la defensa colectiva de los derechos ambientales.

Impacto y participación ciudadana

Las organizaciones recordaron que el proceso legislativo estuvo cuestionado por la falta de participación ciudadana, ya que solo una mínima parte de los inscriptos pudo intervenir en audiencias públicas.

Además, indicaron que la reforma podría afectar la seguridad hídrica de varias provincias, entre ellas La Pampa, que depende de cuencas originadas en zonas cordilleranas donde existen proyectos extractivos, publicó Página12.

Por último, destacaron que la presentación judicial representa una instancia clave para aplicar el principio precautorio, con el objetivo de evitar daños ambientales graves o irreversibles, y remarcaron que la defensa del agua y los glaciares constituye una causa de alcance nacional.

El Poder Ejecutivo nacional oficializó este viernes la promulgación de la Ley N° 27.804, que introduce modificaciones sustanciales al régimen de protección de glaciares y ambientes periglaciares.

La medida, que redefine el alcance de la preservación de estas reservas de agua dulce, fue formalizada mediante el Decreto 271/2026 publicado en el Boletín Oficial, tras su sanción definitiva en el Congreso el pasado 8 de abril con 137 votos a favor, 111 negativos y tres abstenciones.

El cambio fundamental de la nueva normativa radica en la transferencia de competencias hacia las jurisdicciones provinciales. A partir de ahora, cada provincia tendrá la facultad de establecer sus propios criterios técnicos para determinar qué cuerpos de hielo y áreas periglaciares serán protegidos.

Si bien la ley original de 2010 establecía una protección rígida como bienes públicos estratégicos, el nuevo texto permite que aquellas áreas que no sean catalogadas bajo los nuevos criterios locales queden fuera de la protección específica de esta ley.

Fuente: Noticias Argentinas

En una sesión maratónica que finalizó este jueves por la madrugada, la Cámara de Diputados de la Nación aprobó la reforma de la Ley de Glaciares con 137 votos a favor, 111 en contra y 3 abstenciones. La nueva normativa, que ya contaba con media sanción del Senado, introduce cambios significativos en los criterios de protección ambiental para favorecer el desarrollo de proyectos productivos, principalmente mineros.

Los nueve representantes de la provincia de Entre Ríos en la Cámara Baja mantuvieron una postura dividida. El bloque oficialista y sus aliados locales garantizaron la mayoría de los votos entrerrianos a favor del proyecto, mientras que el peronismo votó en bloque por el rechazo.

La reforma modifica la Ley 26.639 sancionada en 2010 y se apoya en los siguientes ejes fundamentales:

Con 129 diputados presentes, el oficialismo consiguió el quórum para avanzar en la sesión para sancionar definitivamente. Además de los diputados libertarios, dieron quórum el PRO, la UCR, Innovación Federal, Independencia, Elijo Catamarca, Adelante Buenos Aires, Por Santa Cruz y, por el bloque Unidos, estuvieron Jorge Rizzotti, Ignacio Aresca, José Nuñez, Sergio Capozzi, Alejandra Torres y la presidenta del bloque, Gisella Scaglia.

El número en la votación con el que el oficialismo consiguió darle sanción definitiva a la norma fue mayor. Pasada la una de la mañana y luego de una larga sesión, la pantalla señaló que los votos positivos fueron 137 contra 111 en contra.

Se estipulaba que se iba a votar más tarde, pero una sesión más tranquila y con un tránsito más apacible para el oficialismo de lo que tenía pensado originalmente cambió los planes y cada uno de los diputados de LLA que se había anotado como orador, uno a uno se fue bajando. "Están los votos, que se queden con los discursos“, dijo a Infobae un diputado libertario.

Activistas de Greenpeace cuelgan una pancarta en el Congreso Nacional exigiendo a los diputados que no traicionen la Ley de Glaciares, vista parcial tras una reja ornamental.

La seguridad de triunfo libertario quedó plasmada alrededor de las 22 horas, un par de horas antes de que se votó, cuando ingresó al recinto de la Cámara de Diputados la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, que se ubicó en el palco de la presidencia de la Cámara y observó el último tramo del debate.

La sesión comenzó con 9 pedidos de apartamiento de reglamento donde todos fueron pedidos por la oposición encarnada en el bloque Izquierda y de Unión por la Patria en donde el oficialismo hizo valer. Uno de los apartamientos de la diputada Paula Penacca tuvo que ver la citación para una interpelación a Manuel Adorni al recinto, que terminó su alocución emulando al Jefe de Gabinete diciendo “fin”. La votación, otra vez, fue a favor de LLA, que contó con el apoyo de los socios. Uno de los apartamientos que suscitó la atención fue el que presentó el diputado Maximiliano Ferraro de la Coalición Cívica en donde señalaba el tratamiento de 3 proyectos respecto de $Libra. Otra vez, el oficialismo mantuvo su mayoría y lo rechazó.

Luego de esos momentos en donde el bloque de LLA no pasó nerviosismo pero sí prestó atención al número que juntaba la oposición y cuán lejos estaba de los 129 que necesita para abrir la sesión.

Pasado esto, comenzó el debate de la modificación de la Ley con la exposición del diputado sanjuanino José Peluc, de La Libertad Avanza, quien fue el que comandó el debate en las comisiones. Luego de hacer un breve repaso de la norma, el diputado con tono cancino comenzó el debate por la modificación de la Ley de Glaciares. "Ustedes leen hasta donde quieren y entienden hasta donde quieren“, respondió el legislador a las críticas de la oposición.

El santafesino libertario Nicolás Mayoraz fue otro que salió en defensa del proyecto y señaló que “con este proyecto de ley, que ya tiene media sanción del Senado, estamos demostrando que la protección ambiental y el desarrollo sustentable son posibles. Que el medio ambiente se protege, que las economías regionales se desarrollan y que una Argentina grande es posible”.

Uno de los diputados que se mostró fuertemente opositor a la norma desde sus inicios fue Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, que consideró la reforma como “totalmente regresiva e inconstitucional” y apuntó contra las mineras y algunos gobernadores. “No tengo ningún problema en decirlo: el sujeto regulado, las mineras, redactaron esta ley, hicieron la conducción del proceso deliberativo”, denunció.

Otro que se opuso fue Miguel ángel Pichetto, diputado de Encuentro Federal, y uno de los que “empujó” la sanción de la ley que se modifica. “La ley que se ha votado en 2010 es una ley autosuficiente que permitía perfectamente conciliar los intereses de un gobierno nacional que, como el de su presidente, tiene una vocación minera, conciliando también con las provincias y acordando fundamentalmente a través de un órgano técnico, científico, que es el IANIGLA, que pasa prácticamente a ser liquidado por esta decisión que van a tomar hoy a la tarde. Por lo tanto, estoy en contra de esta ley. Ratifico lo que voté en el año 2010. No existe ningún argumento ni técnico, ni económico, ni político que avale este cambio”, expuso.

El diputado kirchnerista Juan Grabois también se opuso y señaló que el proyecto oficialista “es una ley envenenada. Mienten cuando dicen que la minería en glaciares no envenena. Van a envenenar el agua. Esta ley es equivalente a poner a Yiya Murano en el tanque de tu casa”, apuntó.

Así fueron pasando, uno a uno, los diputados de la oposición de los diferentes bloques que se oponían al proyecto de modificación de la ley de Glaciares frente al silencio de los legisladores de La Libertad Avanza, el PRO, la UCR; que solo esperaron que pasara el tiempo para votar sin más contratiempo que alguna palabra elevada y no mucho más.

Una persona fue detenida por los incidentes se registran esta tarde entre militantes y la Policía en medio de la protesta contra la Ley de Glaciares que se trata en la Cámara de Diputados.

El hecho se registró en la intersección de Avenida de Mayo y 9 de Julio, donde efectivos de la Policía de la Ciudad intentaban dispersar a los manifestantes con el objetivo de que permanezcan en el Congreso.

Hasta el momento se registró el arresto de un activista que participó de los desmanes en el centro porteño mientras se trata el proyecto impulsado por el Gobierno.

Fuente: NA