El juez en lo Contencioso Administrativo Federal Martín Cormick impuso este miércoles una multa (astreinte) de 100 mil pesos por día a la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación, por el “incumplimiento verificado” de una medida cautelar que ordenó actualizar salarios docentes y no docentes, además de garantizar el fondo para becas en el marco de la Ley de Financiamiento Universitario.

“En concordancia con lo proveído en el marco de la causa principal, atento el incumplimiento verificado, corresponde hacer efectivo el apercibimiento dispuesto en fecha 30/9/2026 y disponer la aplicación de astreintes diarias al funcionario titular de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación Argentina”, cargo que ocupa Diego Santilli, resolvió el juez en la resolución.

Cormick fijó en una primera etapa la suma de $ 100.000 diarios “pudiéndose modificar los funcionarios alcanzados y el monto”, advirtió.

Cautelar vigenteLa decisión se tomó en el marco de una medida cautelar que sigue vigente, pese a que el expediente principal donde se debate la aplicación de la Ley está bajo estudio de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal.

Cormick concedió la apelación del Estado Nacional contra el fallo que declaró inconstitucional la cláusula del decreto 759/2025, con la que el Poder Ejecutivo condicionó la puesta en marcha de la ley de Financiamiento Universitario, rechazó un planteo de “reposición” del Gobierno y elevó el expediente al Tribunal de Apelaciones.

Al fijar las multas, el juez hizo lugar ahora a un planteo del Consejo Interuniversitario Nacional, desde donde se sostuvo que “el Estado Nacional continúa sin cumplir la medida cautelar” que fue “confirmada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación el 25 de junio de 2026”.

Cormick había intimado al Estado por el plazo de cinco días, que se cumplieron el 22 de septiembre pasado, bajo apercibimiento de fijar las multas, advertencia que se prorrogó por igual plazo después. “Este plazo está vencido y los pagos aún no se registraron”, sostuvo la demandante y por eso pidió que “se haga efectivo el apercibimiento y se apliquen las astreintes diarias y progresivas por cada día de demora”.

La Ley de Financiamiento establece adecuar “las remuneraciones del personal docente y no docente de las universidades públicas en septiembre de 2025 para reflejar la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) entre enero de 2023 y julio de 2025 implicaría otorgar un incremento salarial del 40,25 % sobre los básicos liquidados en julio de 2025”.

De manera adicional se dispone que las remuneraciones sean actualizadas mensualmente conforme el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Sobre las becas estudiantiles deben recomponerse y actualizarse.

Fuente: Infobae

El Gobierno nacional apeló el fallo de la Justicia que declaró inconstitucional el decreto que frenaba la Ley de Financiamiento Universitario y lo obligaba a cumplir con la normativa.

El recurso presentado por el Ministerio de Capital Humano rechaza la decisión del juez Martín Cormick que dejó sin efecto el Decreto 759/2025 por considerar que causa un “gravamen irreparable”.

Para el Gobierno, la sentencia causa “agravios concretos y de significativa gravedad institucional” ya que ordena la ejecución de la ley “sobre la base de una interpretación arbitraria y fragmentaria del régimen presupuestario aplicable y sin dar adecuada respuesta a defensas centrales oportunamente introducidas por el Estado Nacional”.

En ese sentido, apuntan que el cumplimiento de la normativa “proyecta efectos presupuestarios de gran magnitud y compromete el equilibrio de las cuentas públicas”, ya que acusan que no identifica una “fuente de financiamiento específica y suficiente”.

Desde la cartera comandada por Sandra Pettovello cuestionaron la improcedencia del amparo colectivo presentado por el Consejo Interuniversitario Nacional y la Universidad de Buenos Aires (UBA), dado que no es una “vía idónea para resolver en forma definitiva una controversia que requiere determinar hechos, montos, fuentes de financiamiento y alcances normativos controvertidos”.

Sobre los recursos para su cumplimiento, remarcaron que afecta al equilibrio fiscal, y que la Ley 24.629 debe ser interpretada “armónicamente” junto con las leyes 24.156 y 27.798 que establecen normas para autorizar y ejecutar el gasto público.

“Si los mayores gastos deben financiarse mediante reasignaciones, ello supone necesariamente reducir créditos destinados a otras finalidades”, enfatizaron. En esa línea, aseguraron que la Ley de Financiamiento Universitario “exigiría reasignar el 90,30% de los créditos disponibles para gastos primarios del Estado Nacional”.

Por otro lado, manifestaron que la confirmación del fallo afectaría a la “división de poderes” al “imponer al Poder Ejecutivo la ejecución de gastos sin resolver previamente su compatibilidad con el régimen legal de administración financiera y con la Ley de Presupuesto vigente”.

De esta forma, el Gobierno busca revocar la sentencia que declaró parcialmente inconstitucional el Decreto 759/2025 y diluir los plazos para el cumplimiento de la ley, en medio de los reclamos del sector universitario para que se otorguen las partidas presupuestarias y se avance en la paritaria para docentes y no docentes.

La Asociación Gremial de Docentes Universitarios (AGDU), afiliados en la Facultad de Bromatología – UNER, informó que los docentes universitarios continúan el plan de lucha nacional en defensa de la Universidad Pública y por el efectivo cumplimiento de la Ley 27.795 de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente. 

En Gualeguaychú, la movilización tendrá lugar en horas de la tarde. La convocatoria local prevé una concentración en 25 de Mayo y Perón y marcha hacia Plaza San Martín, a partir de las 16:30 horas (a confirmar).

El Frente Sindical Universitario sostuvo que la recomposición pendiente alcanza el 33,4% y reclama además el reconocimiento de la deuda salarial acumulada. Desde la entidad gremial, manifestaron que “la cuestión excede una discusión salarial. Está en juego el cumplimiento de una ley sancionada por el Congreso de la Nación y promulgada por el Poder Ejecutivo. El artículo 5° de la Ley 27.795 establece la actualización de los salarios docentes y no docentes y dispone que las negociaciones paritarias aseguren una actualización mensual no inferior a la inflación publicada por el Indec”.

Y agregaron: “La defensa de la Universidad Pública implica también defender las condiciones materiales que hacen posible sus funciones esenciales: docencia, investigación, extensión, formación de profesionales, becas estudiantiles, hospitales universitarios e infraestructura. Por eso reclamamos: el cumplimiento efectivo e inmediato de la Ley 27.795; la recomposición salarial del 33,4% y recuperación del poder adquisitivo perdido; paritarias reales, con negociación colectiva efectiva; actualización de las becas estudiantiles para garantizar ingreso, permanencia y graduación; presupuesto suficiente para sostener la docencia, investigación y extensión.; financiamiento adecuado para los hospitales universitarios; y respeto irrestricto a las decisiones emanadas de los poderes Legislativo y Judicial”.

Por último, AGDU ratificó su compromiso con “una Universidad Pública, gratuita, inclusiva y de calidad, y convoca a la comunidad universitaria y a la sociedad en general a acompañar las acciones de visibilización y protesta”.

El Gobierno apelará en los próximos días el fallo del juez federal Martín Cormick que ordenó aplicar la Ley de Financiamiento Universitario y declaró inconstitucional el decreto con el que el Poder Ejecutivo había condicionado su puesta en marcha.

En la Casa Rosada ya trabajan en la estrategia judicial y, en paralelo, analizan otros mecanismos legales para evitar tener que afrontar de inmediato el gasto que implicaría ejecutar la norma.

“Estamos viendo qué hacemos. Aún no está todo perdido”, señaló una fuente oficial que explicó que la tarea más importante la tiene la Procuración del Tesoro, que conduce Sebastián Amerio y es el principal organismo dedicado a planificar los pasos a seguir para evitar que el Poder Ejecutivo tenga que hacer frente a este gasto.

En Balcarce 50 considerán que todavía tiene herramientas para discutir la resolución, y aunque la apelación ya está decidida, son varias las alternativas que se estudian vinculadas con el impacto presupuestario de la medida.

La decisión judicial alcanzó al Decreto 759/2025, mediante el cual el Gobierno promulgó formalmente la Ley de Financiamiento Universitario, aunque supeditó su aplicación a que el Congreso determinara las fuentes de recursos e incorporara las partidas correspondientes al Presupuesto nacional.

Cormick entendió que esa cláusula funcionaba, en los hechos, como un nuevo veto a una norma que había sido ratificada por ambas Cámaras, cuando rechazaron el veto original del presidente Javier Milei.

Por ese motivo, ordenó al Poder Ejecutivo adoptar las medidas reglamentarias y administrativas necesarias para poner en funcionamiento la reforma y cumplir con los aumentos establecidos.

La sentencia responde a los amparos presentados por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y la Universidad de Buenos Aires (UBA), que cuestionaron la suspensión de los fondos. El fallo contempla recursos para salarios, becas, investigación, gastos de funcionamiento y hospitales universitarios.

En el entorno de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, ratificaron que la respuesta será por la vía judicial y descartaron una negociación política con las casas de estudio. “No vamos a tener ninguna reunión con las universidades, vamos a apelar”, remarcó uno de los integrantes de la mesa chica de la funcionaria.

La misma fuente sostuvo que el margen de acción sobre las partidas depende ahora del Parlamento: “El presupuesto nacional para el 2027 ya está enviado, por lo que, si lo quieren cambiar, tienen que hacerlo en el Congreso”.

El argumento oficial vuelve a poner el foco en la ley de gastos y recursos, que el Gobierno envió de cara al año que viene y que todavía debe ser discutida por los legisladores.

El Ejecutivo ya había planteado durante el expediente que la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario demandaría erogaciones superiores a un billón de pesos. Según la posición de los representantes del Estado, ese desembolso comprometería el equilibrio fiscal y requeriría una definición parlamentaria específica sobre su financiamiento.

El juez rechazó esa interpretación. En su resolución, sostuvo que la ley sí establecía mecanismos para afrontar los gastos, al habilitar reasignaciones presupuestarias y contemplar el uso de mayores ingresos de recaudación corriente. También recordó que el Gobierno modificó el Presupuesto mediante decretos y decisiones administrativas en varias oportunidades durante 2025.

En el sector universitario ya anticipaban que la Casa Rosada buscaría resistir el fallo. “Seguramente apelen, pero no estamos seguros porque son impredecibles”, afirmó un rector del interior. En el mundo académico no esperaban una convocatoria para dialogar sobre la ejecución de la ley y consideran que la estrategia oficial será sostener la disputa en los tribunales.

La definición abre un nuevo frente para el Gobierno en medio de las negociaciones por el Presupuesto 2027 y de la convocatoria opositora a una sesión especial en Diputados.

La discusión sobre universidades se suma así a otros temas sensibles que el oficialismo deberá enfrentar en el Congreso, mientras intenta preservar el superávit fiscal como eje de su programa económico.

“Vamos a sostener el reclamo hasta el final, como hicimos con la cautelar que conseguimos antes de este fallo”, advirtió una de las autoridades del CIN.

Fuente: Infobae

La Justicia Federal exigió nuevamente la aplicación inmediata de la Ley de Financiamiento Universitario. El Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11 declaró la inconstitucionalidad del tramo del Decreto N° 759/2025 mediante el cual el Gobierno frenó la ejecución de la norma aprobada por el Congreso y ratificada tras el rechazo al veto presidencial del año pasado.

El gobierno de Javier Milei había promulgado formalmente la ley, pero nunca la puso en práctica. Al igual que ocurrió con la ley de Emergencia en Discapacidad, argumentó que el Congreso había dispuesto actualizaciones salariales y presupuestarias sin especificar las partidas concretas de donde surgirían los recursos y que, por lo tanto, incumplía la Ley de Administración Financiera.

El juez Martín Cormick consideró que la estrategia del Gobierno funcionó como un “mecanismo extraconstitucional” y una instancia de veto no prevista en la Constitución Nacional. Además, remarcó que el artículo 9° de la propia ley universitaria otorgaba pautas y herramientas suficientes para que el Poder Ejecutivo reasignara los créditos necesarios para cumplirla.

En la sentencia se intimó al Gobierno a cumplir de manera inmediata la ley y a garantizar los fondos destinados a salarios docentes, gastos de funcionamiento y becas. Según estimaciones del sistema universitario, esto implicaría una recomposición salarial cercana al 33%. La decisión de fondo respalda la cautelar que obligaba a la actualización de salarios y becas, que había sido ratificada por la Corte Suprema.

Semanas atrás, el magistrado había rechazado el pedido de la administración libertaria para levantar la cautelar al considerar que el acuerdo firmado en junio no alcanzaba para demostrar que el conflicto estaba resuelto. Además, había intimado al Estado a detallar y documentar el nivel de cumplimiento alcanzado que luego consideró no probado.

El derrotero judicial de la ley, que insta al Gobierno a reforzar fondos y contempla una recomposición salarial desde 2023, comenzó cuando los rectores interpusieron una acción de amparo contra el Estado tras la suspensión, por decreto, de la Ley de Financiamiento Universitario (Ley 27.795) hasta que se definieran las fuentes para financiarla dentro del presupuesto general.

Cormick ordenó el cumplimiento inmediato de los artículos 5 y 6, referidos a las actualizaciones salariales y de las becas. El Gobierno apeló y la Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal confirmó el fallo de primera instancia y ratificó la medida cautelar a favor de las universidades. El Ejecutivo entonces recurrió a la Corte Suprema mediante la presentación de un recurso extraordinario que fue aceptado. El máximo tribunal luego dejó firme la medida cautelar.

A eso se sumó una presentación de la Universidad de Buenos Aires (UBA) que pedía incluir en la cautelar la actualización presupuestaria de los gastos de funcionamiento, incluyendo las partidas para hospitales universitarios y de ciencia.

El camino de la ley también ya había sido extenso. Fue aprobada por el Congreso el 22 de agosto del año pasado. Luego fue vetada por el Presidente y volvió a pasar por ambas cámaras, que la ratificaron. En 2024, Milei ya había vetado una iniciativa similar y en esa oportunidad el Congreso no la sostuvo.

Dos meses después del acuerdo de junio, el conflicto universitario se reactivó cuando los gremios docentes y no docentes volvieron a parar en reclamo por el financiamiento. Denunciaban un triple incumplimiento por parte del Gobierno: por no aplicar la ley de financiamiento aprobada, no cumplir con la cautelar y tampoco con el acuerdo firmado con los rectores.

El Gobierno pagó el aumento salarial –21,33% para junio y un 3% adicional en octubre– y el aumento para las becas Manuel Belgrano, pero no pagó el 20% de incremento para los gastos de funcionamiento ni la partida extra para los hospitales universitarios ($50.000 millones) porque no se desactivó el reclamo judicial.

El presupuesto 2027 presentado por el Gobierno sigue incumpliendo la ley de financiamiento. Se estima destinar alrededor de $7,3 billones para el funcionamiento de las universidades nacionales el año que viene. Los rectores, en cambio, habían adelantado que, para ajustarse a la ley, serían necesarios $11 billones, es decir, casi un 50% más de lo que contempla el proyecto oficial.

Mantiene los valores del período 2024-2026, lo que consolida un 24,9% menos, en términos reales, que el presupuesto 2023, según la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ).

Los rectores fueron nuevamente a buscar apoyo a su pedido en el Congreso. Explicaron su presupuesto y pidieron modificaciones razonables en una reunión convocada por Unión por la Patria. Luego comenzaron a reunirse con diputados y senadores.

Luego de haber rechazado el 3% de aumento que ofreció el Gobierno en las dos reuniones paritarias de septiembre, los gremios anunciaron nuevas medidas de fuerza y la Quinta Marcha Federal Universitaria para el 15 de octubre.

A diferencia de las medidas de fuerza anteriores, donde la movilización tuvo como escenario principal la Plaza de Mayo, el destino final de esta convocatoria era el Palacio de Tribunales. La propuesta fue ratificada por el CIN, que convocó a movilizar “en defensa de la universidad pública argentina”.

Los rectores fueron la semana pasada nuevamente a buscar apoyo a su pedido en el Congreso. Explicaron su presupuesto y pidieron modificaciones razonables. Lo hicieron en una reunión convocada por Unión por la Patria en el auditorio del anexo A del Parlamento.

La semana pasada también se reunieron los gremios con el Gobierno. En la reunión paritaria, volvieron a ofrecerles un aumento del 3%, la misma oferta que en la reunión anterior, a inicios de mes. Luego, los gremios anunciaron nuevas medidas de fuerza y la Quinta Marcha Federal Universitaria para el 15 de octubre. Ante la consulta de LA NACION, varias fuentes universitarias contestaron que la convocatoria sigue vigente.

A diferencia de las medidas de fuerza anteriores, donde la movilización tuvo como escenario principal la Plaza de Mayo, el destino final de esta convocatoria es el Palacio de Tribunales. La propuesta fue ratificada por el CIN, que convocó a movilizar “en defensa de la universidad pública argentina”. Después trasladaron la movilización al Congreso, porque la fecha coincide con la sesión especial que busca activar la oposición en la Cámara de Diputados para tratar el rechazo al DNU 70/2023 por lo que también habrá movilizaciones en contra del fallo de la Corte Suprema sobre la Ley de Tierras.

Los docentes universitarios anunciaron un paro de actividades para este miércoles 30 de septiembre. La medida de fuerza, que podría extenderse hasta 72 horas, fue definida por el Frente Sindical de Universidades Nacionales (CONADU) durante un plenario realizado el pasado viernes, con el objetivo de coordinar acciones junto a la Conadu Histórica.

El gremio precisó que la huelga se suspenderá únicamente si el Gobierno cumple, antes del martes 29, con la recomposición salarial del 33,4% establecida en la Ley de Financiamiento Universitario. Hasta el momento, la propuesta oficial del Gobierno alcanzó un 3%, la cual fue rechazada por los docentes al considerar que aún persiste una deuda de actualización salarial cercana al 30%.

La secretaria general de Conadu, Clara Chevalier, se refirió a la situación actual del sector y la necesidad de fortalecer la organización frente a las políticas del gobierno de Javier Milei:

El objetivo es fortalecer la organización colectiva frente a un contexto que está marcado por la fragmentación e individualismo impulsados por el gobierno de Javier Milei.

Este desacuerdo en las paritarias derivó además en la convocatoria a la quinta Marcha Federal Universitaria, la cual ya tiene fecha prevista para el 15 de octubre.

La Asociación Gremial de Docentes Universitarios (AGDU) adhiere al paro nacional universitario de 48 horas convocado para este jueves 27 y viernes 28 de agosto por la Conadu, en el marco de un plan de lucha que ya lleva más de 300 días de reclamo por el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario N° 27.795. La Ley fue ratificada por el Congreso tras el veto del Poder Ejecutivo Nacional y respaldada por un fallo de la Corte Suprema de Justicia que ordenó aplicar de manera inmediata la actualización de salarios y becas.

A través de un comunicado, AGDU señaló que "a casi tres años de gestión de Javier Milei, la universidad pública argentina atraviesa una de las crisis presupuestarias más severas de su historia democrática. Mientras el discurso oficial insiste en el relato del "déficit cero" y en la eficiencia del ajuste, los datos del propio sector muestran otra cosa: según estimaciones gremiales, los trabajadores universitarios perdieron más de un tercio de su poder adquisitivo desde diciembre de 2023, y para recomponer el salario a los valores de aquel momento haría falta un incremento superior al 50%. Ese "orden fiscal" que el Gobierno exhibe como logro se sostiene, en los hechos, sobre los salarios de quienes enseñan, investigan y sostienen los hospitales universitarios del país".

La recomposición salarial está en el centro de la disputa, e incluye no solo un porcentaje de aumento salarial (31,2% hasta fines de julio más la inflación de agosto) sino también el cobro de los salarios adeudados (ya son más de cuatro)  trabajadores de las universidades.

A los reclamos se suman "los incumplimientos en gastos de funcionamiento y fondos para hospitales que viene acarreando el gobierno nacional respecto de lo firmado en junio, y la mora a la convocatoria por preuniversitarios. En ese sentido, el Plenario de Delegados avanzó en definiciones de la propuesta de la Conadu para preuniversitarios, que debe ser un monto remunerativo por cargo.

Agmer convocó también a un paro de 48 horas para los docentes de la provincia, denunciando que la pérdida salarial frente a la inflación alcanza el 16,1% entre diciembre de 2025 y julio de 2026.