El Gobierno publicó este viernes la reglamentación del Régimen de Incentivo de las Grandes Inversiones (RIGI) en el Boletín Oficial. A través del decreto 749/2024, el Poder Ejecutivo le puso letra chica al programa sancionado en agosto pasado con la Ley Bases y el paquete fiscal.

El RIGI busca brindar incentivos, certidumbre, seguridad jurídica y un sistema de protección de derechos adquiridos a los titulares de un único proyecto de inversión, pero que deberá ser superior a los USD 200 millones.

Las empresas que quieran adherir tendrán dos años para hacerlo y el Poder Ejecutivo quedará autorizado a extender ese plazo por hasta un año. El decreto entró en vigencia desde este mismo viernes, con su publicación en el Boletín Oficial.

Los montos mínimos

Hay muchos puntos por analizar en la reglamentación del RIGI. En primer lugar, se puede confirmar que serán ocho los sectores que podrán formar parte del beneficio. Se trata de forestoindustria, turismo, infraestructura, minería, tecnología, siderurgia, energía y el rubro de “petróleo y gas”. Para la gran mayoría se exige un mínimo de inversión de USD 200 millones, pero hay algunas excepciones.

Las inversiones de petróleo y gas destinadas a transporte y almacenamiento deberán superar los USD 300 millones, en tanto que las realizadas con fines de exploración y explotación tendrán que ser mayores a USD 600 millones.

La acreditación del cumplimiento del Monto Mínimo de Inversión en activos computables deberá efectuarse en base a los importes efectivamente erogados por el VPU.

Las ventajas del RIGI

Las ventajas que ofrece el RIGI para los Vehículos Titulares de un Único Proyecto (VPU) incluyen mejores condiciones tributarias, aduaneras y cambiarias.

En cuanto a la parte impositiva, habrá una reducción del Impuesto a las Ganancias al 25% para los VPU. Se buscará una amortización acelerada de bienes muebles e infraestructura. Los quebrantos impositivos no absorbidos dentro de los primeros cinco años podrán ser transferidos. Habrá una devolución de saldos a favor de IVA en un plazo no mayor a tres meses. Además, se permitirá el cómputo del 100% del impuesto sobre Débitos y Créditos Bancarios como crédito en Ganancias.

Por otro lado, las empresas tendrán una exención del pago de Derechos de Importación para traer bienes de capital, repuestos, partes e insumos. “Las importaciones de bienes de capital nuevos, repuestos, partes, componentes y mercaderías de consumo, así como las importaciones temporarias efectuadas por los VPU adheridos al RIGI, se encontrarán exentas de derechos de importación, de la tasa de estadística y comprobación de destino, y de todo régimen de percepción, recaudación, anticipo o retención de tributos nacionales y/o locales”, dicta la normativa.

Durante los primeros tres años del proyecto no habrá tampoco derechos de exportación, o sea retenciones.

Otro retoque importante será en el artículo 196 –incentivos cambiarios–, que limita la obligación de liquidación en el mercado de cambios a las divisas que ingresen por exportaciones de productos que generen los proyectos. Será de un 20% luego de dos años de iniciada la inversión; 40%, después de tres años; y 100%, a partir de los cuatro años.

Ahora bien, cuando se trate del cobro de exportaciones declaradas como “Exportación Estratégica de Largo Plazo”, a efectos de la excepción de la obligación de ingresar y liquidar en el mercado de cambios, los plazos indicados en los incisos precedentes se computarán de la siguiente manera:

“La ‘fecha de puesta en marcha’ del VPU será lo primero que ocurra entre la fecha de la primera exportación del producto que constituye el objeto principal del Proyecto Único y la fecha en que se complete el CUARENTA POR CIENTO (40%) del monto mínimo de inversión en activos computables”, dicta la reglamentación.

Con la publicación de la ley 27.742 se había dado a conocer los incentivos y derechos de un VPU adherido al RIGI cesarán sin efecto retroactivo –dejando de revestir dicho carácter– por las siguientes causas:

Ahora, se conocieron algunos detalles más vinculados a esa situación. Se reglamentó que las empresas tendrán sólo diez días corridos para informar cualquiera de esas situaciones y se estableció que, en caso de quiebra, para que se produzca el cese de los derechos e incentivos, la sentencia judicial que la declare deberá encontrarse firme. El cese tendrá efectos retroactivos a la fecha de la sentencia original de quiebra.

Por otro lado, la reglamentación indica que el VPU podrá solicitar la baja voluntaria del RIGI en cualquier momento. La baja se concretará una vez aprobada por la Autoridad de Aplicación, la que deberá expedirse dentro del plazo máximo de 45 días hábiles administrativos de presentada la solicitud.

Fuentr: Infobae

El Gobierno buscará acelerar esta semana con la reglamentación de distintos aspectos de la ley de Bases, entre ellos la letra chica del régimen de grandes inversiones (RIGI), que es mirado de cerca por las empresas de distintos rubros para saber qué operaciones quedarán alcanzadas por el nuevo esquema con facilidades tributarias y cambiarias. También estará sobre la mesa esta semana la oficialización de un esquema para que los empleados de organismos públicos que se cierren tengan apoyo salarial del Estado mientras se incorporan al sector privado y los cambios a la ley que regula las concesiones de obra pública.

El RIGI es el punto de la ley de Bases más esperado por el sector privado y es señalado como uno de los motores que pueden tener las empresas para realizar grandes inversiones en un puñado de sectores beneficiados por las facilidades que otorga ese régimen. Fuentes del equipo económico aseguraron a Infobae que la reglamentación se trabajará en los próximos días y que se dará a conocer sobre el cierre de la semana. Las empresas están en alerta porque buscan garantía por parte del Gobierno, en especial los industriales, de que la redacción fina asegure que la exención de aranceles para insumos y bienes de capital no excluya al sector fabril local.

A grandes rasgos, el RIGI sostiene que durante 30 años, las exportaciones que surjan de los proyectos que ingresen a ese esquema no pagarán retenciones; tributarán sólo 25% del Impuesto a las Ganancias; podrán tomarse a cuenta de ese impuesto el 100% del impuesto al cheque y gozarán de un mecanismo de compensación de los créditos fiscales de IVA durante la etapa de construcción. A su vez, en materia cambiaria, a partir del segundo año de iniciado el proyecto podrán dejar el 20% de las ganancias fuera del país; el 40% al tercer año y luego la totalidad.

El Gobierno le puso números a las perspectivas de inversión que un sector como el de energía podría tener cuando el RIGI quede establecido en su letra chica. En una presentación reciente del vicepresidente del Banco Central Vladimir Werning en Colombia, donde participó del XIX Conferencia Anual de Estudios Económicos del Fondo Latinoamericano de Reservas (FLAR) en Cartagena, estimó que el rubro tiene en el horizonte inversiones potenciales por algo más de 54.000 millones de dólares. Es un número que ya había expuesto hace pocas semanas ante ejecutivos de fondos de inversión en Nueva York.

Otro tema en el que trabajó el equipo económico para que sea oficializado en estas horas tiene que ver con los cambios a la ley de concesión de obra pública (la N° 17.520), también incluida en la ley de Bases. Un capítulo clave que se reglamentó este lunes en el Boletín Oficial y tiene que ver con el segmento de solución de controversias.

El jefe de Gabinete Guillermo Francos anticipó que en los próximos días se conocerá la reglamentación del régimen de grandes inversiones

“Los contratos podrán prever mecanismos de prevención y solución de controversias, conciliación o arbitraje y que las discrepancias de carácter técnico o económico podrán ser sometidas a un Panel Técnico o Tribunal Arbitral. En caso de optarse por la vía del arbitraje con prórroga de jurisdicción, se prevé que la cláusula arbitral deberá ser aprobada por el Poder Ejecutivo e informada al Congreso”, resumió los cambios de la Ley Bases un informe del estudio Marval O’Farrell Mairal.

Actualmente, ante incumplimientos de contrato por parte del Estado, las empresas suelen acudir al tribunal internacional del CIADI, perteneciente al Banco Mundial. La letra chica buscará afinar ese proceso, en favor de las empresas concesionarias.

Además del RIGI y la obra pública, el Gobierno buscará avanzar como próximo paso en la reglamentación del nuevo esquema que sostendrá el pago del salario durante un año para trabajadores de organismos que el Estado busque cerrar, una de las ideas que en los últimos días verbalizó el ministro de Desregulación y Modernización del Estado, Federico Sturzenegger. La intención es que, en el marco del objetivo para reducir personal y achicar la estructura del Estado, los empleados que se encuentren en planta permanente pero pasen a quedar afectados por la restructuración o reducción de organismos puedan insertarse en el sector privado formal.El personal que no sea reubicado estará obligado a recibir capacitación o desarrollar tareas para otro organismo durante 12 meses, con goce de sueldo. Luego de ese período, si ese trabajador no encontró un puesto en el sector privado será despedido e indemnizado.

“Cuando se fusionan o cerrás organismos, ¿qué haces con la gente? Se le protege el salario durante 12 meses y después se le da una indemnización. Vamos a hacer un esquema para que en esos 12 meses el trabajador pueda ir a una empresa privada y le diga: ‘Probame’. Y esa plata, esos 12 meses se la vamos a dar a la empresa. Si el trabajador quiere se la damos a él, pero si elige se la damos a la empresa”, explicó recientemente Sturzenegger en declaraciones a Radio Mitre.

Sturzenegger también introdujo cambios a la manera en que el Estado contrata empleados. A través del decreto 695/2024, el Gobierno ya había publicado la semana pasada una serie de modificaciones en el sistema de empleo público, que se centran en la implementación de un nuevo sistema de ingreso, así como en la reestructuración y reubicación del personal estatal.

Una de las principales innovaciones es la introducción de una “Evaluación General de conocimientos y competencias” para trabajar en el Estado. Esta evaluación será anónima y la diseñará y reglamentará la Autoridad de Aplicación. La identificación del candidato se realizará únicamente una vez calificado.El decreto establece que la máxima autoridad de la jurisdicción o del organismo descentralizado correspondiente al cargo concursado será responsable de verificar el cumplimiento de los requisitos, “así como de las previsiones pertinentes de las normas sobre ética en el ejercicio de la función pública”. En casos pertinentes, la Unidad de Recursos Humanos podrá consultar a la Oficina Anticorrupción, la cual deberá expedirse en un plazo de cinco días.

Además, las personas designadas deberán presentar una declaración jurada patrimonial y sus antecedentes laborales cuando la función a desempeñar lo requiera. También se ha estipulado que “no podrá efectuarse ninguna designación sin la correspondiente acreditación del certificado de aptitud psicofísica”.Fuente: Infobae

A casi un mes de la promulgación de la Ley Bases, el Gobierno nacional reglamentó la primera parte de la legislación, con el objetivo de avanzar con las reformas que el presidente Javier Milei se propuso llevar a cabo desde el inicio de su gestión. En esta primera etapa, el Ejecutivo estableció la normativa vinculada al Título II, que contempla las modificaciones en el sistema de empleo público, cambios en los procesos administrativos y las privatizaciones de las empresas públicas.

La reglamentación se hizo efectiva a través del decreto 695/2024 publicado esta madrugada en el Boletín Oficial. De esta manera, acelera la implementación de la normativa, que fue el resultado de un largo proceso en el Congreso, que incluyó un primer intento fallido en Diputados durante las sesiones extraordinarias y una última ofensiva que se coronó después de una negociación política que encabezó Guillermo Francos, ya como jefe de Gabinete.

El decreto incluye la reglamentación del Título II, relacionado con la reforma del Estado y los cambios en los procedimientos administrativos, como así también los vinculados a la privatización de empresas públicas y la flexibilización de las condiciones del empleo público. Así, se establecieron las precisiones de la implementación de cerca de 60 artículos de la ley.

Privatizaciones

En ese sentido, instrumentaron el esquema previsto para la concesión o venta parcial o total de las siguientes empresas: Energía Argentina, Intercargo, AySA, Belgrano Cargas, Sociedad Operadora Ferroviaria (SOFSE) y Corredores Viales, Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima (NASA) y el Complejo Carbonífero, Ferroviario, Portuario y Energético a cargo de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT).

De esta manera, se estableció que el ministro o secretario de la Presidencia en cuya jurisdicción se encuentre la empresa o sociedad a privatizar deberá elevar al Poder Ejecutivo un informe en el que se precise la propuesta concreta vinculada al procedimiento y modalidad más adecuada para hacer efectiva la privatización. Este documento tendrá que incluir los siguientes puntos: el carácter total o parcial de la privatización propuesta y su fundamento; las alternativas de procedimiento que se estimen adecuadas al caso; la o las modalidades de las enunciadas que se entiendan convenientes para materializar la privatización; el procedimiento de selección que se prevea utilizar y los plazos estimados para cada una de las etapas del procedimiento de privatización; y la eventual propuesta para el otorgamiento de las preferencias a las que se refiere el artículo 16 de la Ley Nº23.696 y la aplicabilidad, en el caso que corresponda, de un Programa de Propiedad Participada, especificando las clases de sujetos adquirentes y proporción del capital accionario comprendido en el programa. Una copia de este informe será enviado a la Comisión Bicameral del Congreso.

Una vez que el Ejecutivo otorgue la autorización correspondiente, el funcionario podrá iniciar los procedimientos tendientes a la privatización. Luego de esto, el Gobierno precisó los pasos a seguir para convocar a las ofertas del sector privado.

“Previo a la formalización de los contratos que surjan de los procedimientos previstos en el presente Capítulo, la Autoridad de Aplicación deberá dar intervención a la Procuración del Tesoro de la Nación y a la Sindicatura General de la Nación en las actuaciones correspondientes”, aclara la normativa y agrega que en el caso de que la Procuración realice alguna observación o sugerencia al contrato deberá realizarse un nuevo informe.

Empleo público

Con respecto a los cambios en la estructura del empleo público, el Gobierno reglamentó las bases para poner en marcha un nuevo sistema de ingreso al Estado y avanzar con las desvinculaciones, despidos y reubicación del personal estatal.

Uno de los principales puntos que establece el decreto es que, de ahora en más, para trabajar en el Estado se deberá aprobar una “Evaluación General de conocimientos y competencias, diseñada y reglamentada a tal efecto por la Autoridad de Aplicación, la que será anónima”. La persona será identificada una vez que sea calificada.

“La máxima autoridad de la jurisdicción u organismo descentralizado al que corresponda el cargo concursado o sujeto a proceso de selección será responsable de la verificación del cumplimiento de los recaudos establecidos en el presente artículo, así como de las previsiones pertinentes de las normas sobre ética en el ejercicio de la función pública”, señala y indica: “En lo concerniente a las normas sobre ética en el ejercicio de la función pública y su aplicación respecto al presente artículo, cuando la Unidad de Recursos Humanos del organismo en que tramita el ingreso lo considere pertinente consultará a la Oficina Anticorrupción o el órgano competente, el que deberá expedirse dentro de los cinco días de efectuada la consulta”.

Sobre este último punto, la reglamentación de la legislación sostiene que, cuando la función a desempeñar lo requiera, las personas designadas tendrán que presentar una declaración jurada patrimonial y adjuntar sus antecedentes laborales.

Por otro lado, dejaron en claro que “no podrá efectuarse ninguna designación sin la correspondiente acreditación del certificado de aptitud psicofísica”. El empleado será evaluado en su desempeño de manera constante y, en el caso de que deba ser promovido, será sometido nuevamente a una instancia de evaluación.

Además, autorizaron las contrataciones ad honorem para la prestación de servicios de asesoramiento, “sin percepción de contraprestación alguna en concepto de retribución, salvo el derecho a que se le reintegren los gastos efectivamente ocasionados mediante las correspondientes rendiciones de cuentas”.

El régimen de contrataciones comprende la contratación por tiempo determinado y la designación en plantas transitorias. Por esto, el personal cumplirá exclusivamente actividades de carácter transitorio o estacional y los contratos deberán especificar las funciones que tendrá, la equiparación escalafonaria y el plazo de duración del trabajo. “El personal sujeto al régimen de contrataciones y el incorporado a plantas transitorias, carecen de estabilidad y su contrato puede ser rescindido o la designación en la planta transitoria cancelada en cualquier momento”, fijaron.

Desde su llegada al Poder Ejecutivo, la gestión libertaria puso en marcha un proceso de reorganización de la planta del Estado al no renovar cientos de contratos y pasar a disponibilidad a aquellos que integran la planta permanente. Sobre la situación de las personas afectadas por la reestructuración, dispusieron la creación del Registro Nacional de Personal en Situación de Disponibilidad y establecieron una escala para asignar el período de disponibilidad del personal alcanzado, que quedó conformada de la siguiente manera:

Las personas que se encuentren en esta situación percibirán en concepto de haber de disponibilidad “un importe mensual equivalente a la retribución asignada a su situación escalafonaria alcanzada en la progresión vertical y horizontal de la carrera administrativa, con exclusión de todo otro concepto remunerativo o no remunerativo”.

Para el cálculo de la indemnización, “se considerarán las retribuciones percibidas hasta el momento del pase a disponibilidad y se computarán los servicios no simultáneos prestados en calidad de personal permanente en el ámbito de la Administración Pública Nacional hasta el momento en que se hubiera notificado fehacientemente al interesado dicho pase, excluidos aquellos que hayan generado con anterioridad una indemnización por aplicación de medidas de reestructuración, retiro voluntario, despido o similar, y los que hayan concluido por una causa que no generó derecho a indemnización”. De igual forma, aquellos que tengan un sumario en curso no podrán cobrar la indemnización hasta que se cierre el expediente.

La instrumentación de este capítulo indica que los empleados que se encuentran de licencia por enfermedad, maternidad y/o accidente no podrán pasar a disponibilidad. Mientras tanto, aquellos que estén próximos a jubilarse —dentro del período máximo de 12 meses— serán reubicados transitoriamente hasta que se resuelva su situación.

Por otra parte, el Gobierno fijó un sistema de puntaje y sanciones para quienes incumplan con sus funciones, por lo que la normativa también precisa los motivos de apercibimientos y aplicación de sanciones. Algunos de los actos que serán tenidos en consideración para esto son llegadas tarde, incumplimiento del horario fijado, inasistencias, condenas judiciales, entre otras.

Procesos administrativos

Mediante el anexo del decreto, se hacen efectivos una serie de cambios y modificaciones en los procesos administrativos de los organismos del Estado a fin de agilizar los tiempos de la gestión.

“Los trámites en el marco de recursos, reclamos y demás impugnaciones previstas en la Ley de Procedimientos Administrativos y en el presente reglamento son gratuitos, con exclusión de aquellos en los que, por normativa específica, se exija el pago de una tasa o suma de dinero por el desarrollo y organización de esa actividad estatal específica y concreta”, garantiza la normativa.

En este apartado, se establece el nuevo Reglamento de Procedimientos Administrativos, que especifica los procesos de los trámites del Estado, otorgándole a los adolescentes la plena capacidad de intervenir directamente en procedimientos administrativos como parte autorizada. Asimismo, contempla a los medios electrónicos como una forma de notificación formal o como una de las maneras válidas para presentar un escrito.

Sin embargo, con este decreto, el oficialismo solo estableció la reglamentación de la primera parte de la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, por lo que aún falta ultimar los detalles para la implementación de los demás títulos de la legislación, dentro de los que se encuentra el RIGI —uno de los principales puntos que más conflictos generó en ambas cámaras y trabó las negociaciones—.

Fuente: Infobae

En la previa de la firma del Pacto de Mayo, luego de su aprobación final el 27 de junio, el Gobierno promulgó este lunes 8 de julio la ley de Bases junto con el paquete fiscal. Ambas normativas ya entraron en vigencia.La administración nacional finalmente publicó los decretos 592 y 593 que disponen la entrada en vigencia de ambas normativas sancionadas por el Congreso luego de meses de negociaciones por parte del Poder Ejecutivo con los bloques dialoguistas de la oposición.Por un lado, la ley Bases le otorga facultades delegadas al presidente Javier Milei y contiene una amplia reforma del Estado, con la transformación de áreas, la eliminación y modificación de normativas vigentes, la creación de nuevos artículos que buscan desregular la economía, una nueva reforma laboral y la implementación del Régimen de Incentivo para las Grandes Inversiones (RIGI).

En cuanto al paquete fiscal, denominado Medidas fiscales paliativas y relevantes, contiene la reimposición del impuesto a las Ganancias para 800.000 trabajadores asalariados, la rebaja en Bienes personales y el blanqueo de capitales, entre otros puntos centrales para el gobierno nacional.Ley de Bases

La ley Bases fue aprobada con 147 votos afirmativos, 107 negativos 2 abstenciones. Tras la eliminación de las privatizaciones de Aerolíneas Argentinas, RTA (Radio y Televisión Argentina) y el Correo que definió el Senado, se esperaba un importante acompañamiento.

A pesar de querer insistir con las privatizaciones, el Gobierno tuvo que ceder en este punto. Lo mismo sucedió con la eliminación de la Moratoria Previsional, que también fue descartada por la Cámara Alta.Paquete Fiscal

En el caso del paquete fiscal, la votación fue afirmativa para los cambios realizados por el Senado con 144 votos, mientras que en Ganancias acompañaron 136 diputados.

Para la restitución de la reducción del impuesto a los Bienes Personales, votaron positivamente 134 diputados. No se consiguió la restitución del artículo 111 para el Gasto Tributario, que necesitaba dos tercios de los votos.El Gobierno promulga la ley Bases y el paquete fiscal en la previa del Pacto de Mayo

En la primera hora del lunes, el Gobierno promulgó sus primeras normativas: la ley de Bases y el paquete fiscal. Ambas normativas entran en vigencia en las horas previas a la firma del Pacto de Mayo, que se llevará adelante esta noche en en San Miguel de Tucumán.

Allí, Javier Milei busca exhibir la foto de mayor consenso político posible y logró confirmaciones de importantes funcionarios, aunque en los últimos días se informaron una serie de ausencias.

La principal gestión de Casa Rosada fue la presencia de gobernadores: al menos hay 18 confirmados. A los diez referenciados con Juntos por el Cambio, se le añaden los pertenecientes a partidos provinciales e incluso un número importante de mandatarios peronistas. Los únicos que, hasta el momento, confirmaron su ausencia fueron Ricardo Quintela (La Rioja), Axel Kicillof (Buenos Aires), Sergio Ziliotto (La Pampa), Gildo Insfrán (Formosa) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego). Se desconoce la decisión de Gerardo Zamora (Santiago del Estero).

En ese marco, de no mediar sorpresas, participarían Osvaldo Jaldo (Tucumán), Raúl Jalil (Catamarca), Gustavo Sáenz (Salta), Martín Llaryora (Córdoba), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Jorge Macri (Ciudad de Buenos Aires), Gustavo Valdés (Corrientes), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Alfredo Cornejo (Mendoza), Ignacio Torres (Chubut), Carlos Sadir (Jujuy), Leandro Zdero (Chaco), Claudio Poggi (San Luis), Rolando Figueroa (Neuquén), Hugo Passalacqua (Misiones), Alberto Weretilneck (Río Negro), Marcelo Orrego (San Juan) y Claudio Vidal (Santa Cruz).

Al igual que en las negociaciones por la ley Bases, el gobernador Gerardo Zamora (Santiago del Estero) resulta un enigma para los organizadores pese a haber pasado la tarde en las oficinas de Francos para sellar un acuerdo por la obra pública. Lo propio hizo el peronista Ricardo Quintela (La Rioja), que anticipó además desde el Patio de las Palmeras de Casa Rosada que no asistirá. Tampoco lo harán Axel Kicillof (Buenos Aires), Sergio Ziliotto (La Pampa), Gildo Insfrán (Formosa) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego).Los nuevos 10 puntos que se firmarán en el Pacto de Mayo

El vocero presidencial, Manuel Adorni, publicó en su cuenta de la red social X los 10 puntos que se firmarán el próximo 9 de julio en el marco del denominado "Pacto de Mayo". El nuevo listado tiene modificaciones respecto al anterior, anunciado el pasado 1 de marzo en la apertura de sesiones ordinarias.

El martes por la noche el Gobierno envió las invitaciones para la vigilia que tendrá lugar el próximo lunes 8 de julio en la Casa Histórica de la Provincia de Tucumán. La Secretaría General de la Presidencia, bajo la órbita de Karina Milei, es la cartera a cargo de organizar la ceremonia por el 208° aniversario del Día de la Independencia.

Los diez puntos son:

Fuente: Ámbito

El presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Martín Menem, estuvo en Paraná. Fue en un breve paso antes de tomar un vuelo a Buenos Aires con Karina Milei. Él y la secretaria General de la Presidencia llegaron a la capital desde Santa Fe, donde estuvieron trabajando en el armado de La Libertad Avanza como partido.Sobre la Ley Bases, que por estos momentos se trata en el Senado, Menem resaltó: "Está muy parejo, se va a votar alrededor de las 20, es algo que definirán los senadores. Si vuelve a Diputados tenemos dos opciones, aceptar las modificaciones o insistir con el texto original", explicó Menem. Y agregó: "Todo proyecto es mejorable, estamos en proceso, aún no hay nada".Sobre la condición de minoría en las cámaras de LLA, el dirigente riojano apuntó: "Es una situación tal vez inédita, el presidente más legitimado de la historia con la participación parlamentaria más pequeña. Se da ese contrapunto, pero se trabaja mucho en los consensos. Lo seguiremos haciendo en la segunda mitad del año, con proyectos que unen a varios bloques dialoguistas".Sobre su paso por la zona, el presidente de la Cámara de Diputados subrayó: "Estamos trabajando en la conformación de la La Libertad Avanza a nivel nacional, distrito por distrito, para tener el espacio listo para las próximas elecciones. Ojalá lo podamos hacer en todas las provincias". Agregó luego que se trabaja en ese sentido en Entre Ríos: "Esperamos llegar a fin de año con todo armado".

Javier Milei sacó un decreto de urgencia que le da el control de Salto Grande a la provincia de Entre Ríos para garantizar el voto del peronista Edgardo Kueider y abrió un foco de tensión con Misiones y las provincias patagónicas.Por medio del decreto que se conoce mientras se vota la ley bases, el presidente creó tres puestos en el directorio de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande.Milei accedió entonces a que el gobernador entrerriano se reparta los puestos con el senador, que es opositor en la provincia pero jugó en tándem para facilitar la aprobación de la ley.Frigerio pondría a su cuñado como presidente de la comisión de Salto Grande y Kueider pondría a los otros dos directores.Las provincias de Neuquén, Rio Negro, Chubut pedían lo mismo para las represas del sur, mientras que Misiones y Corrientes no lograron lo mismo para Yaciretá. Estas provincias, que tienen la llave para la aprobación de la ley este miércoles, ahora piden el mismo tratamiento antes de votar. Fuente: La Política Online

En un intento por lograr la aprobación de la Ley de Bases, el Gobierno decidió retirar a Aerolíneas Argentinas, Radio y Televisión Argentina (RTA) y el Correo Argentino de la lista de empresas susceptibles de privatización. Esta medida forma parte de una serie de concesiones que el oficialismo realizó durante las últimas semanas para reunir más voluntades en el Congreso.

Otra concesión significativa fue la eliminación del artículo que proponía suprimir la moratoria previsional. Estos cambios buscan facilitar la obtención del apoyo necesario para avanzar con el proyecto de ley.

Desde las 10 de la mañana, y con un quórum ajustado, la Cámara de Senadores debate el proyecto de Ley de Bases y el paquete fiscal. 

Hasta poco antes del inicio de la discusión, el oficialismo se mostraba confiado en tener los votos necesarios para la aprobación en general del primer proyecto. Sin embargo, la inesperada baja de dos senadores santacruceños generó preocupación y podría llevar a un escenario de empate, en el cual la decisión recaería en la presidencia del cuerpo, actualmente a cargo de Victoria Villarruel.

Pero este escenario podría verse alterado debido al viaje del presidente Javier Milei a Italia para participar del G7. Una vez que el mandatario cruce la frontera, Villarruel asumirá la presidencia de la Nación y ya no podrá liderar el debate en el Senado, debiendo ceder su lugar al presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala. Esta situación podría generar controversias, ya que Abdala, siendo legislador, tendría que votar dos veces en caso de empate.Fuente: Filo.news

El ministro de Economía Luis Caputo aseguró que la inflación, cuyo índice oficial se conocerá el próximo jueves, estará por debajo del 5%, y anticipó que en caso de que el Congreso apruebe la Ley Bases el Gobierno retrotraerá la suba de la alícuota de impuesto PAIS de 17,5% a 7,5% para las importaciones, que había implementado como parte del paquete inicial de medidas.“Creo que hace no mucho más de dos meses me preguntabas si la inflación iba a llegar a un dígito en el segundo semestre. Estábamos en marzo. Bueno, llegó a un dígito en abril. Después dijeron, ‘no, pero no puede bajar del 7%′. Bueno, está por debajo del 5 por ciento. Y eso es lo más importante que nosotros podemos darle a la gente. Es fundamental la inflación para la recuperación, porque eso genera una normalidad que no ves en Argentina hace mucho tiempo”, dijo el jefe del Palacio de Hacienda en una entrevista con LN+.En ese sentido, dijo que “lo ideal” sería que la desinflación sea complementado con la aprobación de la ley ómnibus en el Congreso. “Todos sabemos que la ley es buena. La oposición sabe que la ley es buena. Como dije el otro día en una charla, esa es la razón por la que no la votan. Justamente, la razón por la que no la votan es porque es buena. Y la oposición hoy está con un solo objetivo, no digo la oposición toda, que ya sabemos está con un único objetivo, que es tratar de voltear el gobierno”, disparó.“Todo lo que hemos dicho que dijimos que iba a pasar, pasó. Dice que es mejor que sea la ley de Bases y la ley fiscal, pero que el gobierno pueda seguir gobernando sin la ley Bases. Yo lo dije siempre, es mucho mejor que la ley Bases pase, es para los argentinos. Siempre sospeché que no la iban a pasar. Por eso había armado un programa económico preparado para combatir eso. Y de hecho fuimos a equilibrio fiscal el mes uno. Y también dije en su momento que subía el impuesto PAIS para combatir esto, porque si no, nos iban a tener agarrados”, apuntó.“También dije que iba a ser de corto plazo. Y dijeron, no, ‘se van a enamorar’. Una vez que en Argentina ponen un impuesto, no lo sacan más. Va a ser como el impuesto al cheque. Bueno, ya lo anunció el presidente el otro día. Se aprueba la ley y vamos a retrotraer esa suba de impuestos. La vamos a bajar del 17,5 al 7,5 por ciento. Entonces va a bajar fuertemente el costo argentino. Eso va a ser probablemente un nuevo escalón para abajo en el nivel de inflación. Porque el impuesto PAIS joroba y mucho”, aseveró Caputo.El ministro aseguró que la economía dio en mayo “signos de recuperación en mayo en varios sectores: se están recomponiendo los ingresos y las jubilaciones también. En mayo la economía pegó la vuelta”. Mencionó al respecto que el mes pasado la producción y venta de autos aumentó el 5% y que también creció la actividad minera.

Además refutó la reciente apreciación de Alfonso Prat Gay de que la economía haya entrado en una híper-recesión, en función de lo que indica la caída de la recaudación del impuesto al cheque.

“Hay algo que se está comiendo”, dijo sobre el comentario del exministro de Economía del gobierno de Mauricio Macri. “Nosotros el 25 de mayo sacamos una comunicación en el Boletín Oficial y reprogramamos los vencimientos del impuesto al cheque, son $140.000 millones que pasaron de mayo a junio, con lo cual la merma respecto del año pasado fue de 8% (no de 25% como había indicado Prat Gay)”. Además, explicó Caputo, la caída interanual en la recaudación había sido en abril del 15%, con lo cual la caída del 8%, si bien seguía siendo una variación negativa, confirma que “la caída pegó la vuelta”.

He aquí un punteo de las aseveraciones del ministro a lo largo de la entrevista:

El Gobierno tendrá este martes un primer panorama real sobre la cantidad de votos que tendrán, para la definición artículo por artículo, la Ley Bases y el paquete fiscal en el Senado. El objetivo del oficialismo es finalizar ese proceso mañana mismo, cuando espera reunirse con el sector dialoguista de la Cámara alta para blindar los trabajosos dictámenes de mayoría logrados la semana pasada, en medio de temores por una reapertura de negociaciones y la tensión que genera el despacho de minoría que presentará el radical Martín Lousteau.Tras lo ocurrido durante casi un mes en las comisiones de Legislación General; Presupuesto y Hacienda; y Asuntos Constitucionales, el oficialismo empezó a “peinar” desde el viernes último el articulado junto al segundo de jefatura de Gabinete, José Rolandi; y la secretaria de Planeamiento Estratégico, María Ibarzábal Murphy.La idea de La Libertad Avanza es contar con un escenario previo de votos y mantener una cumbre con jefes de bloque dialoguistas para decidir, de cara a una sesión que sería entre miércoles y jueves de la semana próxima, la viabilidad de armar bloques de artículos para tratar en conjunto y agilizar el trámite. En tanto, los más sensibles irán por separado.“Mientras más rápido se haga esto, mejor. Pero hay que hacerlo con calma. Además, no se sabe qué puede aparecer en el camino”, sinceraron anoche desde un despacho libertario a Infobae. Lo cierto es que, tras el plenario de comisiones, algunos grifos no quedaron del todo cerrados y el oficialismo sospecha -con toda lógica- de picardías que pueda llegar a hacer un puñado de legisladores. Por ello la necesidad de tener lo más detallado el artículo por artículo. No obstante, la votación se presupone tediosa y cargada de nerviosismo.Con sólo ver las firmas en disidencia de varios senadores -incluso, de quienes se habían comprometido a no llegar a dicha instancia-, hay varios artículos que hoy están más del lado de la derrota que de su aval. La clave, como reiteró en varias ocasiones este medio, es que ninguno de los eventuales traspiés lleguen a dos tercios de los votos. Si no, será imposible revertir un resultado adverso de ese calibre en Diputados, si es que los textos regresan en segunda revisión a la Cámara baja.El senador radical y presidente del centenario partido, Martín Lousteau.Para las próximas horas se espera que aterricen los despachos en minoría del Frente de Todos -rechazo de ambos textos- y el de Lousteau, quien además es el titular del centenario partido. “Otra vez se diferenció y si agrega todas las cosas que anunció, como jubilaciones y fondos universitarios, va a exponer al resto que firmó. Ni me quiero imaginar lo que puede llegar a ser en el recinto, con el kirchnerismo especulando a sumarse a alguna propuesta que llegara a hacer”, deslizó un legislador opositor a este medio.

De hecho, un radical que no estampó la rúbrica en el dictamen de la Ley Bases fue el bonaerense Maximiliano Abad, que integra la comisión de Asuntos Constitucionales. Aguardará a que Lousteau presente su propuesta. Semanas atrás, ambos fueron protagonistas en los despachos de los embajadores políticos de Javier Milei. Ahora, buscan de nuevo ser árbitros de la compulsa.

Los proyectos de Ley Bases y paquete fiscal tendrán modificaciones por doquier, en comparación con los textos originales que vinieron de Diputados. La preocupación extra es la masa crítica de rechazo a un capítulo clave para el Gobierno: las privatizaciones, aunque también se suman las facultades delegadas, la reinstauración de Ganancias y algunos puntos del Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI).

Como contó Infobae el fin de semana último, en la bandeja de privatizaciones hay una que preocupa a casi todas las bancadas: Aerolíneas Argentinas. La Casa Rosada no aflojó ahí y por ahora defiende, con todas sus armas, la política de cielos abiertos que pretende implementar. El inconveniente que se agregó en los últimos días fue la fuerte presión a legisladores antes de subirse a aviones.

A medida que aparecieron estas inquietudes surgió una idea que, si bien no tiene aval, se piensa ante una situación apremiante: quitar a Aerolíneas Argentinas del anexo como última opción. El resto, intocables. Sin embargo, la Casa Rosada ya dejó en claro su postura sobre el tema y no quiere cambiar aún más esa lista.Fuente: Infobae

El oficialismo logró, con mucho esfuerzo, los dictámenes de la ley Bases y el paquete fiscal en el Senado. Los despachos aterrizarán al recinto antes de mitad de junio y, si bien habrá modificaciones varias a los textos originales que vinieron de Diputados, los libertarios temen por una masa crítica de rechazo a un capítulo clave para el Gobierno: las eventuales privatizaciones.

La disputa por este tema se inició con mucha tensión en la Cámara baja, donde la oposición esquiló varios objetivos mileístas. No obstante, hay uno que quedó y que preocupa a casi todas las bancadas: Aerolíneas Argentinas. La Casa Rosada no aflojó ahí y por ahora defiende, con todas sus armas, la política de cielos abiertos que pretende implementar. El problema que se agregó en los últimos días fue la fuerte presión a legisladores antes de subirse a aviones.

En concreto, el artículo 7 del dictamen de mayoría establece: “Decláranse ‘sujeta a privatización’, en los términos y con los efectos de los capítulos lI y Il de la ley 23.696, las empresas y sociedades de propiedad total o mayoritaria del Estado nacional enumeradas en el anexo I que forman parte de la presente ley. Para proceder a la privatización de tales empresas y sociedades, se podrá considerar la transferencia a las provincias de contratos que se encuentren en ejecución”.

Sobre el final del despacho se encuentra el anexo. Allí aparecen Aerolíneas Argentinas S.A; Energía Argentina S.A, Radio y Televisión Argentina S.E., e Intercargo SAU. En tanto, para la “privatización/concesión” quedaron Agua y Saneamientos Argentinos S.A, Correo Oficial de la República Argentina S.A, Belgrano Cargas y Logística S.A, Sociedad Operadora Ferroviaria S.E. (SOFSE), y Corredores Viales S.A.

“Con los cambios que se dieron en los dictámenes se podrá perder en algunos o varios artículos, pero nada que no se pueda pelear después en Diputados. Teníamos un problema con Ganancias y si bien estamos lejos de solucionarlo, se dieron concesiones. Sobre todo, a los patagónicos. El tema es que, con Aerolíneas Argentinas, chocaron visiones de país y se escuchó a todos, pero vinieron funcionarios y también dieron sus argumentos. Creo que es de lo más delicado que quedó para el recinto”, reconocieron desde el oficialismo a Infobae.

Desde que arrancó la discusión en la Cámara alta, este tema fue motivo de consulta y queja en varias de las reuniones de las comisiones de Legislación General; Presupuesto y Hacienda; y Asuntos Constitucionales de la Cámara alta. “Cada vez se suman más los que somos interceptados en los aeropuertos para pedirnos por Aerolíneas. Al principio, fue sutil. Ahora, ya no tanto”, deslizó un legislador a Infobae.

El temor en la La Libertad Avanza es que, de aquí al 12-13 de junio, cuando se espera que se debatan las iniciativas en el recinto de la Cámara alta, aumente la presión sobre legisladores y esto influya en el resultado de la votación. El peor escenario para el oficialismo es que se llegue a un rechazo por dos tercios -lejano- y el artículo no pueda revertirse en Diputados. No sólo eso: por más que fuese otro tipo de mayoría, el alerta es que la Cámara baja tampoco consiga número para insistir con la versión original.

A medida que aparecieron estas inquietudes surgió una idea que, si bien no tiene aval, se piensa ante una eventual situación apremiante: quitar a Aerolíneas Argentinas del anexo como última opción. El resto, intocables. No obstante, la Casa Rosada ya dejó en claro su postura sobre el tema y no quiere modificar aún más la lista en cuestión.

Otro ítem que se sigue con lupa es el de las facultades delegadas. Desde el viernes último, los enlaces del Senado y del Gobierno iniciaron el punteo fino de votos, artículo por artículo. En los próximos días habrá un potencial escenario y, sobre ello, se harán los últimos análisis para que la votación sea lo menos traumática posible.

Fuente: Infobae

El ministro del Interior, Guillermo Francos, deslizó hoy la posibilidad de que el Gobierno posponga el Pacto de Mayo, convocado por el presidente Javier Milei para comprometer a la dirigencia en una serie de políticas de Estado, si el Congreso no aprueba la Ley Bases.

“La ley está avanzando en el Senado, en las comisiones. Esperamos para hoy tener el dictamen final. Estamos tratando de conciliar entre todos las propuestas de modificaciones, y creo que al final del día de hoy podemos tener un dictamen final”, aseguró el funcionario.

“Son decisiones que se tomarán en el momento que sepamos como termina todo esto. Es una película de suspenso: si se aprueba o no se aprueba, se llega, no se llega. Cuando sepamos qué fecha manejamos tomaremos al decisión, por ahora es ir al Pacto de Mayo”, amplió.Tampoco me parece tan importante. Si se termina bien y si no se termina veremos qué hacemos con el Pacto de Mayo, si lo hacemos en mayo, si lo postergamos y lo hacemos tratada la ley”.

Son decisiones que se tomarán en el momento que sepamos como termina todo esto. Es una película de suspenso: si se aprueba o no se aprueba, se llega, no se llega. Cuando sepamos qué fecha manejamos tomaremos al decisión, por ahora es ir al Pacto de Mayo”, agregó.

El plenario de las comisiones de Legislación General; de Presupuesto y Hacienda; y de Asuntos Constitucionales del Senado continuará este martes con el debate de la ley Bases y el paquete fiscal, en medio de guiños del Gobierno libertario a favor de cambios a ambas iniciativas que reclama la oposición dialoguista y que suavizarían el clima de la Cámara alta, aunque forzarán el regreso de las mismas en segunda revisión a Diputados.

La investigación contra un grupo de piqueteros

Francos, por otro lado, se refirió a la causa judicial que investiga la extorsión de un grupo de piqueteros contra beneficiarios de planes sociales y diferentes asistencias estatales. “Ojalá la investigación pueda culminar con la imposición de penas para los responsables; alguna vez tenemos que dar el ejemplo de que hay justicia en la Argentina”, aseguró.

“Es una gran cantidad de delitos. De forzar a las personas, de abuso, de usar la pobreza como instrumento para beneficiarse políticamente. Es un Estado paralelo. Hay que terminar con ese tipo de cosas”, añadió el ministro del Interior. Y amplió: “Ya lo sabíamos, no es algo nuevo, pero ahora se comprueba, se aprieta a la gente a través de las necesidades, el hambre y los problemas”.

Con relación al expediente judicial, ayer se ordenó un allanamiento en las viviendas y sedes de dirigentes y militantes acusados de extorsionar a beneficiarios de planes sociales para que participen de manifestaciones callejeras y vendan al público alimentos y productos distribuidos por programas que ejecutaba el ex Ministerio de Desarrollo Social. Las actuaciones surgieron a partir de testimonios brindados por las víctimas a la línea 134 que habilitó el Gobierno.

Entre los acusados figuran, entre otros, Jeremías Canteros, Elizabeth Palma y otros tres dirigentes de apellidos Puppo, Delgado y Vásquez, que integran el Polo Obrero y otros grupos piqueteros que administraban comedores populares. También está bajo la lupa la actuación del Movimientos Barrios de Pie y del Frente de Organizaciones en Lucha (FOL).

En el listado de investigados también figuran Dina Iramain, Brisa Paucara, Ronald Vargas, Iván Candotti, Lorenzo Martelli, Mercedes Fossat, Manuel Alonzo, María Cecilia Cowper, Carlos Ignacio Fernández Kostiuk, Nilsa Elena Torres, Leslie Castillo, Blanca Beatriz Chuquimia Tarquino, Gloria Santa Jaramillo Morales, María Isolda Dotti, Gloria Estrada, Emmanuel Barriento, Tania Cassamello, según se indicó.

El Senado de la Nación retomará este lunes a las 15 el tratamiento de la ley de Bases y el paquete fiscal, luego de haber entrado en cuarto intermedio el jueves pasado. Lo hará con la reunión plenaria de las comisiones de Legislación General, de Presupuesto y Hacienda y de Asuntos Constitucionales, y con la oposición marcando el ritmo del tratamiento.Los planes del oficialismo, que aspiraba a conseguir un dictamen exprés, quedaron enterrados y el ritmo de ambos proyectos en la Cámara alta lo impusieron los bloques dialoguistas, algo que, parece, haber sorprendido a propios y extraños. Sin embargo, las luces de alerta siempre estuvieron, ya que el Senado, en este caso, se apresta a ser cámara revisora de las iniciativas y fue notoria la falta de política con los líderes de los bloques.Este nuevo contexto, detalló la agencia Noticias Argentinas, hizo que el dictamen que le permita a La Libertad Avanza llegar al recinto sea una verdadera incógnita. De no extenderse más allá de esta semana, recién podrían desembarcar en el Senado el jueves 23 de mayo, a solo dos días del Pacto de Mayo convocado por el presidente Javier Milei para el 25, en la ciudad de Córdoba.El jueves, el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, reconoció que aceptaron la nota enviada por el kirchnerismo en la que pidió la inclusión de nuevos expositores sin dar detalles de quiénes. La senadora Juliana Di Tullio ya había anticipado el miércoles que pediría la visita de la CGT, las dos CTA y la OIT al plenario. Luego de la intervención de Abdala, un grupo de senadores pidió que se amplíe el tiempo para añadir expositores a esa lista, que sería reducida a cinco por bloque.Los puntos más golpeados de la primera semana de la ley de Bases y el paquete fiscal, y que dejaron entrever un sinfín de modificaciones en capítulos clave, fueron el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI), Ganancias, nuevo blanqueo de capitales, moratoria y la reforma laboral. El calendario le jugará una mala pasada al oficialismo en este sentido, ya que el miércoles 15 expondrá por primera vez en el recinto su informe de gestión el jefe de Gabinete, Nicolás Posse.El senador de Unión por la Patria, Oscar Parrilli, dijo que el bloque "teóricamente tiene los 37 votos" para rechazar la ley de Bases en el Senado y señaló que la oposición no es arbitraria, sino en contra de la gestión de Javier Milei."Nosotros, los senadores de Unión por la Patria hemos tenido ya dos reuniones con la presencia total y hemos ratificado nuestra voluntad de votar en contra en general de la ley", dijo este sábado en el programa "Conflicto de intereses", que conduce Juan Amorín por Radio 10.Pero aclaró que "también hay dos senadores misioneros que fueron en la Boleta de Unión por la Patria", en referencia a Sonia Rojas Decut y Carlos Arce (del Frente Renovador de la Concordia de Misiones). Mencionó también a los senadores Camau Espínola y Eduardo Kueider, ambos peronistas no K."De manera que teóricamente tenemos que tener los 37 votos", vaticinó el legislador. Parrilli planteó que "más allá del conteo o del poroteo", su bloque se opone "no por un capricho" sino porque el gobierno de Javier Milei está proponiendo "una serie de medidas que se probó que fracasaron", publicó Perfil. Fuente: APFDigital

Tras el fracaso en el periodo de sesiones extraordinarias, el gobierno de Javier Milei volvió a la carga con la Ley Bases que ya cuenta con media sanción en Diputados. Sin embargo, para evitar un nuevo revés parlamentario, en Casa Rosada ya dan por descontado que deberán introducir nuevas modificaciones al texto de la norma. Así lo reconoció el ministro del Interior, Guillermo Francos quien puntualizó que están negociando dos puntos clave: el Régimen de Incentivo para las Grandes Inversiones (RIGI) que ofrece desmedidas ventajas a las grandes multinacionales y la restitución del Impuesto a las Ganancias.

Según explicó Francos, el objetivo es que la Cámara alta apruebe la iniciativa en general y se introduzcan las modificaciones durante el debate en particular, lo que permitiría llegar al Pacto de Mayo con el paquete prácticamente sancionado.

"Hay algunas propuestas de modificación que estamos analizando en conjunto con los senadores en algunos aspectos del RIGI: algunos legisladores entienden una cosa y nosotros entendemos otra, así que estamos analizando cómo puede clarificarse el artículo", señaló Francos.

El Senado de la Nación entró en cuarto intermedio hasta mañana y, de esta manera, quedó postergado el deseo del oficialismo por conseguir el dictamen de mayoría de la ley de Bases y el paquete fiscal que le permita desembarcar en el recinto el jueves 16.

De esta manera, el nuevo escenario patea la discusión en el hemiciclo para el 23 de mayo, a solo dos días del pacto convocado por el presidente Javier Milei, en Córdoba.

Fue luego de que La Libertad Avanza (LLA) aceptara la nota enviada por el kirchnerismo en la que pidió la inclusión de nuevos expositores y, también, de fuertes cuestionamientos de bloques aliados que dejaron entrever un sinfín de modificaciones en capítulos clave: Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI), Ganancias, nuevo blanqueo de capitales, moratoria, reforma laboral, etc.

El Gobierno tiene todas las de perder con el paquete fiscal ya que su rechazo cosecha amplias voluntades entre los senadores patagónicos por la restitución de la cuarta categoría de Ganancias. Este punto es más que importante para el ministro Francos que cuenta voto a voto para la aprobación del proyecto en general.

La Patagonia nuclea a varios bloques federales que, de estar alineados con Balcarce 50, inclinarían la balanza para el lado de Francos contra el kirchnerismo, por estas horas estancado en 33 votos y con pocas chances de mantener a su tropa alineada en la votación en particular.

El otro tema de conflicto es el RIGI, el régimen de inversiones que concede grandes beneficios a empresas extranjeras que inviertan más de 200 millones de dólares en el país. La oposición no sólo entiende que esas condiciones son excesivas, sino también que significan una discriminación para las compañías locales.

La agenda del Senado en relación con el tratamiento de la ley de Bases y el paquete fiscal continuará el lunes próximo cuando se retome el plenario de Legislación General, Asuntos Constitucionales y Presupuesto y Hacienda. El calendario le jugará una mala pasada al oficialismo en este sentido, ya que el miércoles 15 expondrá -por primera vez- en el recinto su informe de gestión el jefe de Gabinete, Nicolás Posse.

En medio de la jornada de paro general que impulsó la CGT, el Senado de la Nación retomó la actividad del debate en comisiones de la Ley Bases y el paquete fiscal que comenzó con la comisión de Presupuesto y Hacienda, donde se presentó el secretario de Hacienda, Carlos Guberman. Sin embargo, el oficialismo no logró ni siquiera el respaldo de legisladores aliados y, por eso, se llamó a un cuarto intermedio y la discusión se pospuso hasta la semana que viene.A partir de las 10:30 comenzaron a llegar los senadores Juan Carlos Romero y Andrea Cristina (Cambio Federal), los radicales Pablo Blanco, Martín Lousteau, Victor Zimmerman y Flavio Fama, Guadalupe Tagliaferri (PRO), Alejandra Vigo (Unidad Federal), Mónica Silva (Juntos Somos Río Negro) y Ezequiel Atauche (LLA).

La novedad fue que se ausentaron los integrantes del bloque Unión por la Patria, Eduardo De Pedro, Jesús Fernando Rejal, Carlos Alberto Linares, Juan Manzur, María Teresa González y Antonio Rodas.

La decisión de continuar con las comisiones se tomó ayer por la tarde-noche, con la opinión de la mayoría de los bloques y Unión por la Patria evitó emitir opinión. Hoy se observó vacío el espacio destinado para UP.Reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, en el salón Azul del Senado de la Nación; el 9 de Mayo de 2024, en Buenos Aires; Argentina. Foto: Comunicación Senado.“No fueron porque hay paro nacional”, explicaron a Infobae desde el bloque de senadores kirchnerista durante el transcurso de la mañana. Frente a la consulta de si iban a participar en el plenario de comisiones de Asuntos Constitucionales, Presupuesto y Hacienda y Legislación, evitaron responder. Sin embargo, algunos senadores consultados señalaron que tampoco estaba previsto asistir al encuentro de la tarde. Finalmente esto no será necesario porque el debate se pospuso hasta la semana que viene.Tanto en la intimidad como en las conversaciones públicas había legisladores del radicalismo, del PRO y de los partidos provinciales que adelantaban que no estaban en condiciones de firmar el dictamen porque entendían que había muchos cambios para introducir.

“Hay legisladores que no quieren la delegación de facultades, los patagónicos rechazan la privatización de Aerolíneas Argentinas, la presentación que se hizo sobre el blanqueo de capitales que hizo Guberman fue un desastre para el oficialismo; los senadores del radicalismo (entre ellos Martín Lousteau), PRO y las provincias se iban turnando para destrozarlo”, explicó un operador de uno de los bloques que mantiene diálogo con referentes parlamentarios que responden a Javier Milei.

En La Libertad Avanza entonces empezaron a dar por descontado que no iban a tener dictamen hasta la semana que viene. “Hoy no alcanzamos”, reconoció un senador libertario a la salida del Salón Azul. “No tenemos el número para las firmas”, agregó. “Todo pasa para la otra semana, hoy no se puede dictaminar”, apuntó el presidente del bloque PRO, Luis Juez, frente a los periodistas.En paralelo, el peronismo está armando una lista de invitados para citar el martes y miércoles próximos, que incluirá a representantes de la CGT y las dos CTA. Además, UP también planea tener voces que lleguen de diferentes provincias para atacar el Régimen Impositivo de Grandes Inversiones (RIGI).

En el bloque kirchnerista ahora apuestan a que la semana que viene los invitados al plenario y a la comisión de Presupuesto ayuden a dilatar el debate y, también, a apuntalar las opiniones desfavorables de los senadores de los otros bloques que no se muestran muy convencidos de apoyar los proyectos de la Casa Rosada que ya cuentan con media sanción.

“Todo apunta a que, sin importar cuándo, se vaya al recinto en el Senado, esto vuelve a Diputados porque los proyectos van a tener modificaciones”, concluyeron desde esa bancada.Fuente: Infobae

La Cámara de Diputados aprobó la normativa que habilita la posible privatización de cuatro empresas publicas, entre ellas, Aerolíneas Argentinas. Además, serán sujetas a concesión otras cinco. 

Las empresas a privatizar:

Las empresas sujetas a privatización o concesión

Fuente: Noticias Argentinas