Luego de que se anunciara un nuevo aumento en la energía eléctrica en Entre Ríos, el ex titular de Aduana Guillermo Michel cargó contra la Ley Bases impulsada por el Gobierno nacional y que fue apoyada por el gobernador Rogelio Frigerio y los legisladores de Juntos por Entre Ríos.

“¿No era que la ley bases beneficiaba a los entrerrianos con la tarifa eléctrica? Entre Ríos aceptó que CAMMESA le pague parte de la deuda por regalías adeudadas por Nación a la Provincia con bonos, y no con efectivo”, explicó el exfuncionario nacional en su perfil de la red social X, donde además explicó que “al aceptar bonos, la quita fue del 58% dado el valor de mercado de esos títulos que usaron para pagarnos a la fecha del Decreto”.

¿No era que la ley bases beneficiaba a los entrerrianos con la tarifa eléctrica? ⚡️💡💡Entre Ríos aceptó que CAMMESA le pague parte de la deuda por regalías adeudadas por Nación a la Provincia con bonos, y no con efectivo. Al aceptar bonos, la quita fue del 58% dado el valor de… pic.twitter.com/BZrfkEpjFJ

Inmediatamente, Michel informó que Entre Ríos quedó en desventaja ante este trato: “Ahora, el gobierno nacional no acepta para la cancelación de compromisos pendientes que se utilicen los bonos que el propio gobierno emitió. Y para colmo la Provincia vuelve a aumentar la tarifa eléctrica”.

“¿Los que apoyaron la ley bases, nos pueden explicar cuál es la ventaja para Entre Ríos en materia energética?”, concluyó dejando la puerta abierta a una respuesta ante esta situación.

La cúpula de la CGT, sin la presencia del miembro del triunvirato Pablo Moyano, se reunió con el secretario de Trabajo, Julio Cordero, a quien le solicitó que se retire la reforma laboral del DNU, luego de los cambios en esa materia que se implementarán con la aprobación de la Ley de Bases en el Congreso.

"Vamos a solicitarle que retire parte del DNU como buen gesto. Vamos a plantear las incoherencias de un texto muy mal escrito", dijo el cosecretario general Héctor Daer antes de ingresar a la reunión realizada en la sede de la cartera laboral en la calle Leandro N. Alem.

El apartado laboral del mega DNU no está en vigencia debido a la el sindicalismo logró trabarlo en la Justicia laboral.

"La semana que viene se juntan con los empresarios y la otra semana va a haber una mesa técnica para definir con precisión la reglamentación de estos artículos que tienen una gran vaguedad y que salieron del capítulo laboral de la Ley Bases. Y vamos a tener respuesta sobre dos temas que pedimos, que son la Corte y la modificación del punto de partida del Impuesto a las Ganancias", agregó Daer tras retirarse del lugar.

La central obrera luego difundió los pedidos que hicieron a la gestión libertaria, en medio de las tensiones y de que la CGT remarcara días atrás que "no hay relación" con el Gobierno.

"Se solicitó que se retire la apelación hecha por la Procuraduría General de la Nación ante la Corte Suprema de Justicia a la sentencia favorable a la postura de CGT sobre la inconstitucionalidad por el capitulo laboral del DNU 70/23 obtenida en Cámara de Apelaciones del Trabajo", sostuvo la entidad de la calle Azopardo.

También se precisó que sobre la aprobada Ley Bases hicieron "cuestionamientos a los artículos que fueran votados por el Congreso respecto a aspectos de la llamada ´reforma Laboral´, como Libertad Sindical, Protección antidiscriminatoria, Intermediación Laboral, ´trabajadores colaboradores´ autónomos y fiscalización del empleo informal". 

"El compromiso es el de permitir dentro de la reglamentación pertinente las observaciones que el equipo técnico legal de CGT acerque a la secretaria, que se mantendrán reuniones al respecto dentro de los próximos 15 días", se precisó. 

También la CGT expresó el rechazo a la "reincorporación del impuesto de Ganancias sobre la cuarta categoría" y consideró que "más allá de las presentaciones judiciales que cada gremio considere realizar a este respecto, son inviables los pisos salariales que fueron tenidos en cuenta, a los efectos de esta ley, en diciembre del año pasado, lo cual debieran considerarse (de persistir este capitulo legal) la actualización por inflación desde entonces".

Además solicitó al Gobierno "la agilización inmediata de los acuerdos ya firmados y aun no homologados" y manifestó la postura que la gestión de Javier Milei "no contempla la producción, el desarrollo y el trabajo, privilegiando solo la cuestión monetaria e inflacionaria". 

"Destacamos el actual estado de profunda recesión, perdidas de empleos en todas las actividades y caída del poder adquisitivo de trabajadores activos (regulares e informales) y pasivos con una falta de perspectivas de mejoras de recuperación económica en el corto plazo", finalizó la central.

Las tensiones internas en CGT volvieron a aflorar en las últimas semanas tras la aprobación de la Ley de Bases, que los gremialistas buscaron bloquear en el Congreso sin éxito, en especial sobre la estrategia a desplegar ante el gobierno de Javier Milei.

Esto quedó reflejado este martes, ya que a la reunión no asistió el camionero Pablo Moyano, ni ningún otro dirigente de ese sector, el FRESIMONA.

Concurrió una comitiva de la central integrada en su mayoría por dirigentes de perfil "dialoguista", entre ellos los cosecretarios generales Héctor Daer y Carlos Acuña, como además Andrés Rodríguez  (UPCN), Gerardo Martínez (UOCRA), Armando Cavalieri (Comercio), José Luis Lingeri (Obras Sanitarias), Jorge Sola (Seguros), Noe Ruíz (Modelos) y Maia Volcovinsky (Judiciales).Fuente: NA

Con este proyecto, PAE será la primera empresa local en vender GNL al mundo aunque podría expandirse a más barcos y otros jugadores de la industria. De hecho, hay negociaciones en curso para sumar a la estatal YPF, la más grandes del mercado argentino.

El anuncio se conoció tras la sanción del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) contenido en la Ley Bases que impulsó el Gobierno de Javier Milei. Uno de los principales interesados en hacerse del fluido de la cuenca neuquina es Brasil, tal como adelantó esta semana su ministro de Minas y Energía, Alexandre Silveira de Oliveira, pero en la industria local esperan llegar a la mayor cantidad de mercados posibles.

Al respecto, Marcos Bulgheroni, CEO de PAE, afirmó: “Buscamos ser protagonistas del desarrollo de los recursos de gas natural de Argentina. El acceso a los mercados mundiales a través de este barco flotante de licuefacción es un primer gran paso para que nuestro país se convierta en un polo exportador generador de divisas. Estamos en negociaciones con YPF y otras compañías del sector para que se sumen al joint venture que formamos con Golar”.

Según informaron ambas empresas, el barco flotante se abastecerá de gas natural utilizando la infraestructura y capacidad existente del sistema en los meses del año con menor demanda local, es decir, en verano. Posteriormente, el objetivo es que pueda operar todo el año.

El buque, denominado Hilli Episeyo, tiene una longitud de casi 300 metros. Fue construido en 1975 y reconvertido para el procesamiento de gas en 2017. Tendrá una capacidad de producción de 2,4 millones de toneladas anuales de GNL, equivalente a 11,5 millones de metros cúbicos día de gas natural, previéndose el inicio de la operación comercial en 2027.

Desde hace tiempo, más allá de las consideraciones técnicas sobre el contenido de la iniciativa, estaban las urgencias políticas. El Gobierno tenía que demostrar ser capaz de conseguir esta ley, con sus limitaciones e inexperiencias a cuestas. Cualquier gestión que se precie de tal, si busca hacer cambios profundos y revolucionarios, tiene que poder garantizar su continuidad en el tiempo y darle un marco legal definitivo. Si es una hoja que se va a mecer por los vientos electorales, todo está en cuestión.

Pero Milei, con sus problemas a cuestas, se dio cuenta de la situación, armó un desparramo y cambió de estrategia en la mitad del río. Y le dio resultado. Lo que pasó la madrugada del viernes es el pie para relanzar su gobierno, que necesita dar señales de continuidad con las reformas.

El mes de junio cerró ayer, por primera vez desde que asumió Milei, con el Banco Central vendiendo más dólares de los que pudo comprar. Fueron 95 millones que bajaron las reservas. Una cifra escasa, pero que enciende las luces amarillas y es otra señal de fatiga de las políticas de Luis Caputo y la necesidad de un relanzamiento de la estrategia. Anida, en los que apoyan la mayor parte de las medidas, la preocupación por la profundización de la caída de la actividad económica y el correlato en el desempleo que tiene. La “V” ya no es “V”, sino una “L” que nadie sabe hasta dónde llegará. El Presidente se abraza, y lo remarca en cada aparición, a una recuperación del poder adquisitivo, no sólo por la baja de la inflación, también por las paritarias. En este contexto, Caputo decidió patear para adelante algunos aumentos de tarifas con el destino de “cuidar” el índice de inflación que, de todas maneras, en junio estará por encima de mayo.

La aprobación de la Ley Bases también será el punto de partida para el desembarco de Federico Sturzenegger, mal que le pese a Caputo. El exministro de Macri será la vuelta de tuerca a la etapa de desregulaciones que imagina el Presidente y que le dará otro impulso a sus reformas. 

De la política ya consiguió la Ley Bases, ahora la economía necesita más medidas para aventar los fantasmas que acechan. El cepo, ese gran dilema, ni siquiera ofrece opiniones uniformes entre los economistas. Tipos grosos dicen que se puede levantar ya y otros sostienen que todavía no hay margen para hacerlo y estamos lejos. Es una decisión claro que deberá tomar el propio Milei, a sabiendas que la presión va en aumento. El momento y la oportunidad son claves, porque un error podría tener consecuencias mortales, no solamente para el programa, sino para toda la sociedad.

El torniquete en el que está inmersa la economía y por extensión el mercado de cambios, tiene un tiempo de vida concreto. Más sería mala praxis. Pero Milei lo sabe y aprendió en estos meses el equilibrio que debe haber entre política y economía. Por eso eligió a Francos y cedió ante los gobernadores. Se expuso a retomar el Impuesto a las Ganancias cuando él mismo votó por su derogación en el Congreso.

En esta carrera en la que todos los días rinde examen, el capítulo internacional está bien lejos y lo maneja a su manera. En el cóctel hay de todo, de las ganadas y las perdidas aunque debe sentir, como ya pasó con otros presidentes, que lo reconocen más afuera que adentro. Es un virus habitual del poder que se diluye con rapidez cuando los resultados no son los esperados. 

Milei debe imaginar que, si ahora no puede sacar todas las reformas porque no tiene poder institucional, lo hará el año que viene con el impulso de las elecciones legislativas. Es un arma de doble filo pues nadie sabe qué pasará en 2025 y hasta dónde llegarán los números de la economía real. Es un riesgo, supeditado al éxito, aunque sea parcial, de la agenda económica. Nada sigue tan vigente como lo que se habló en la campaña del año pasado, y las expectativas de amplios sectores de la sociedad cuando eligieron a un outsider de la política. Ese colchón de expectativas tiene principio y fin, como cualquier fenómeno social. Sólo así se explica cómo la sociedad soporta un ajuste de magnitudes nunca vistas y una situación dramática. Tan mal hicieron las cosas que la dejaron servida en bandeja. Los mismos de siempre que apuestan al fracaso, no importa quien este. 

La Cámara de Diputados aprobó tanto la ley Bases como la reforma fiscal presentadas por el Gobierno nacional, y despejó el único interrogante que sostenía hasta la medianoche: la recomposición de la cuarta categoría del impuesto a las Ganancias.

Luego de un debate de 13 horas, y con la presencia de Karina Milei, Guillermo Francos y Victoria Villarruel en el recinto, pasada la medianoche se sancionó el primer proyecto legislativo de la gestión de Javier Milei.

La ley Bases aprobada (147 a favor, 104 en contra y 2 abstenciones) replica el texto aprobado en el Senado, que redujo la lista empresas privatizables, eliminó la reforma previsional, reformó el RIGI y amplió la cantidad de organismos estatales que no se pueden disolver. Además, se sancionó la ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes a partir del articulado que había formulado la Cámara de Diputados en abril, que incluye impuesto a las Ganancias, Bienes Personales y el blanqueo de capitales.

Los diputados patagónicos y de un sector de la Unión Cívica Radical en Ganancias fueron las únicas que podían haber evitado un triunfo legislativo total del Gobierno. Incluso aliados desde el primer momento (Carolina Píparo y Florencio Randazzo) amenazaron con el rechazo. Finalmente, las posiciones en contra no inclinaron la votación, Casa Rosada se aseguró a los dubitativos e incluso torció voluntades dentro del peronismo catamarqueño (una abstención y tres votos a favor).

Una de las recurrencias durante el debate fue la posibilidad de judicialización de lo aprobado en la reforma fiscal, que recuperó el texto de Diputados aprobado en abril desconociendo los rechazos del Senado a Ganancias y Bienes Personales. "Tengamos en claro que esto va a ser el insumo, lamentablemente, para aquellos jueces que van a recibir las cientas de miles de demandas, que no van a venir de los diputados sino de los casi 800.000 trabajadores a los que se les cambió en nueve meses su situación impositiva", señaló Vanesa Siley (Unión por la Patria).

En contraposición, desde el oficialismo remarcaron la estabilidad que garantiza esta legislación. Santiago Santurio (La Libertad Avanza) insistió que “es necesario tener los instrumentos, los medios y los acuerdos para dar seguridad jurídica y para que el rumbo sea sostenido en el tiempo. Entendemos que durante seis meses -sin ninguna ley- los índices macroeconómicos han mostrado que el camino es correcto”. “Hay que atarse las manos antes de aumentar el gasto público y deshonrar el sacrificio de millones argentinos. Hagamos que valga la pena, sigamos avanzando, no nos tentemos con salidas fáciles, sostengamos el equilibrio y repartamos mejor el costo de este proceso", consideró a su turno Silvia Lospennato (PRO).

Uno de los legisladores que acompañó la ley en general pero tuvo disidencias parciales, Agustín Domingo (Innovación Federal), recordó que “más allá de mi posición de rechazo al impuesto de las Ganancias al igual que muchos diputados patagónicos porque no compartimos que no se haya contemplado el diferente costo de vida que tenemos, no tenemos ninguna duda de la facultad que tenemos como Cámara de origen de insistir con la media sanción de los cambios que se introdujeron a este paquete fiscal en el Senado".

Aunque su bloque votó a favor, Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica), apuntó que “ojalá que las herramientas que hoy les estamos dando al Presidente y al Gobierno la utilicen con prudencia, equilibrio, mesura y evitando el frío y aséptico discurso que en el nombre de la libertad se intenta construir un nuevo relato desde una visión utilitarista, con un sentido del mérito mal entendido y donde profundiza la polarización”.

Ley Bases: los puntos más importantes que se aprobarán

Entre los nueve capítulos de la ley Bases, y luego de la eliminación de la reforma previsional, los 238 artículos de la legislación aprobada incluye:

*Facultades excepcionales para el Presidente de la Nación: emergencia pública en materia administrativa, económica, financiera y energética por el plazo de un año.*Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI): esquema impositivo que establece estímulos para captación de fondos productivos extranjeros (de al menos de u$s 200 millones) durante 30 años para el sector forestal, turismo, infraestructura, minería, tecnología, siderurgia, energía, petróleo y gas. Cuentan con exenciones de derechos de exportación a partir del tercer año. El Senado estableció que cada provincia pueda definir su adhesión al régimen y un cupo del 20% de adquisición a proveedores locales "siempre y cuando la oferta se encuentre disponible y en condiciones de mercado en cuanto a precio y calidad".*Reforma laboral: extensión del período de prueba a los seis meses para empresas con más de 100 trabajadores, de ocho meses para empresas desde seis hasta 100 trabajadores y de un año en empresas con hasta cinco trabajadores. Los sindicatos continuarán cobrando cuotas de los trabajadores aunque no estén afiliados.*Privatizaciones: se establecen como susceptibles de ser privatizadas a las compañías estatales ENARSA, Intercargo, AySA, Belgrano Cargas, Corredores Viales y SOFSE.*Modificación de ley de hidrocarburos: se establecen mecanismos de desregularización para priorizar la maximización de la producción para la exportación y la renta, modificando el paradigma que se concentraba en el abastecimiento del mercado interno.*Obra pública: el Ejecutivo cuenta con potestad para renegociar o rescindir contratos de obra pública o provisión de bienes y servicios, con excepción a aquellos que tengan un 80% de grado de ejecución o tengan financiamiento internacional.*Reforma impositiva tabacalera: se incrementa el impuesto a los cigarrillos del 70% al 73% y se incluye a la Tabacalera Sarandí.*Reforma fiscal: los puntos más importantes del paquete impositivo*El proyecto de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes, el punto que llegó con mayor grado de conflictividad e incertidumbre al debate, propone:

-Restitución de la cuarta categoría del impuesto a las Ganancias: quedarían contemplados trabajadores asalariados solteros que perciben un salario bruto de $1,8 millones. En caso de casados con dos hijos, el esquema asciende a $2,34 millones.-Régimen de Bienes Personales: el piso del pago del impuesto pasaría de alcanzar a personas con patrimonios de $27 millones a las de $100 millones. Se establecen una reducción de alícuotas progresivas del 0,5% al 1,5%, cuando actualmente es del 1,75%. Los contribuyentes pueden pagar por anticipado el tributo de cinco ejercicios fiscales con una tasa de 0,45% y lograrían congelar su patrimonio.-Gastos tributarios: el Poder Ejecutivo deberá eliminar tratamientos impositivos especiales por hasta 2 puntos del PBI en el plazo de 60 días.-Régimen de Regularización de Activos: se aplica un programa de blanqueo de capitales de hasta u$s100 mil. Las personas que ingresen al régimen no tendrán ninguna penalización por los bienes no declarados y hasta el 30 de septiembre pagarán una alícuota del 5% sobre el excedente declarado a los u$s 100 mil. Desde octubre a diciembre del 2024 esa alícuota asciende al 10%, mientras que desde enero a marzo del 2025 pasa a ser del 15%.-Régimen de Regularización Excepcional de Obligaciones Tributarias, Aduaneras y de Seguridad Social Disposiciones Generales: se establece una moratoria dirigida a contribuyentes para regularizar deudas vencidas al 31 de marzo del 2024. Dentro de los primeros 30 días de sancionada la ley tendrán una condonación del 70% de los intereses resarcitorios y punitorios.-Impuesto a la transferencia inmobiliaria: se elimina la tasa que grava las transferencias.Monotributo: actualización en los máximos de facturación hasta los $68 millones anuales (actualmente, esa suma es de $16 millones). Se elimina la prórroga del denominado Monotributo Social.

El gobernador Rogelio Frigerio recibió a sus pares de Córdoba y Santa Fe. "Trabajamos mucho para la gobernabilidad", aseguró, a instancias de la Ley Bases.

Rogelio Frigerio, gobernador de Entre Ríos, recibió en Paraná a sus pares de Córdoba, Martín Llaryora, y de Santa Fe, Maximiliano Pullaro. 

A instancias de la votación en Diputados de la Ley Bases, el mandatario entrerrianos planteó que "hoy tiene que empezar otro capítulo" en el país.

En el marco del aniversario 55 del retiro de la última compuerta del Túnel Subfluvial, Frigerio se reunió con sus pares de la Región Centro, por lo cual puso en valor la integración entre las provincias. Aseguró que "es un momento difícil para la argentina y los argentinos", por lo que están "trabajando mucho para la gobernabilidad, para que el Gobierno nacional tenga has herramientas e instrumentos que necesita".

Frigerio dijo que es necesario "terminar con una historia demasiado larga, que pasaron demasiados meses y hay que dar vuelta la página". En ese sentido, dijo que ya es necesario "empezar a reivindicar temas como la infraestructura que es determinante para la integración y el desarrollo, que nos va a posibilitar vivir mejor".

Apoyo a la Ley Bases

"Hemos decidido apoyar el pedido del Gobierno nacional que contar con instrumentos para sacar a la Argentina después de la herencia recibida que les ha tocado, como nosotros en la provincia. Por eso hemos decidido acompañar", afirmó.

"A partir de hoy, si esta Ley Bases y el paquete fiscal se concretan, tiene que empezar otro capítulo que espero sea mejor para los argentinos. Necesitamos que al gobierno nacional le vaya bien", reflexionó Frigerio este jueves.

Este jueves se llevará adelante la votación de la Ley Bases en el Congreso, tras las modificaciones que sufrió el proyecto en el Senado. Entre los principales temas que incluye el proyecto de ley impulsado por el Gobierno, se encuentra la reforma laboral, la reforma del Estado (que incluye la privatización de empresas públicas), y la votación de las facultades delegadas para el Poder Ejecutivo.Para lograr la aprobación de la Ley Bases, el oficialismo necesita una mayoría simple en la Cámara de Diputados, es decir, 129 votos. La Ley Bases se vota toda junta y el paquete fiscal, que también se discutirá hoy en la Cámara Baja, con instancias separadas (gastos tributarios, ganancias, bienes personales).Qué es la delegación de facultades legislativas

Se denomina delegación de facultades a la decisión del Congreso de transferir al Poder Ejecutivo atributos y potestades propias.

Como principio general, la Constitución prohíbe la delegación de facultades legislativas al Presidente. Sin embargo, la propia Carta Magna determinó algunas excepciones en casos de emergencia pública, que debe ser establecida por ley y debe fijar un lapso determinado para las potestades que se ceden.

Durante el tiempo establecido en la ley, el Presidente podrá ejercer las funciones legislativas que le fueron transferidas a través de decretos que serán controlados por la Comisión Bicameral creada para tal fin.Que dice la Ley Bases sobre las facultades delegadas

La delegación de facultades surgen de disposiciones incluidas en los dos primeros títulos de la ley, que se transcriben a continuación.

Título I

Declaración de emergencia

Artículo 1°- Declárase la emergencia pública en materia administrativa, económica, financiera y energética por el plazo de un (1) año.

Deléganse en el Poder Ejecutivo nacional las facultades dispuestas por la presente ley, vinculadas a materias determinadas de administración y de emergencia, en los términos del artículo 76 de la Constitución Nacional, con arreglo a las bases aquí establecidas y por el plazo dispuesto en el párrafo precedente.

El Poder Ejecutivo nacional informará mensualmente y en forma detallada al Honorable Congreso de la Nación acerca del ejercicio de las facultades delegadas y los resultados obtenidos.

TÍTULO II

Reforma del Estado

Capítulo I

Reorganización administrativa

Artículo 2°- Establécense, como bases de las delegaciones legislativas dispuestas en el presente capítulo las siguientes:

a) Mejorar el funcionamiento del Estado para lograr una gestión pública transparente, ágil, eficiente, eficaz y de calidad en la atención del bien común;

b) Reducir el sobredimensionamiento de la estructura estatal a fin de disminuir el déficit, transparentar el gasto y equilibrar las cuentas públicas; y

c) Asegurar el efectivo control interno de la administración pública nacional con el objeto de garantizar la transparencia en la administración de las finanzas públicas.

Artículo 3°- Facúltase al Poder Ejecutivo nacional a disponer, en relación con los órganos u organismos de la administración central o descentralizada contemplados en el inciso a) del artículo 8° de la ley 24.156 que hayan sido creados por ley o norma con rango equivalente:

a) La modificación o eliminación de las competencias, funciones o responsabilidades dispuestas legalmente cuyo mantenimiento resulte innecesario; y

b) La reorganización, modificación o transformación de su estructura jurídica, centralización, fusión, escisión, disolución total o parcial, o transferencia a las provincias o a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, previo acuerdo que garantice la debida asignación de recursos.

Quedan excluidos de las facultades del presente artículo las universidades nacionales, los órganos u organismos del Poder Judicial, Poder Legislativo, Ministerio Público y todos los entes que de ellos dependan.

Artículo 4°- Facúltase al Poder Ejecutivo nacional a disponer, en relación con las empresas y sociedades contempladas en el inciso b) del artículo 8° de la ley 24.156, además de lo previsto en el artículo 7° de la presente ley:

a) La modificación o transformación de su estructura jurídica; y

b) Su fusión, escisión, reorganización, reconformación o transferencia a las provincias o a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, previo acuerdo que garantice la debida asignación de recursos.

Artículo 5°- Autorízase al Poder Ejecutivo nacional a modificar, transformar, unificar, disolver o liquidar los fondos fiduciarios públicos de conformidad con las siguientes reglas, y las que surjan de sus normas de creación, instrumentos constitutivos u otra disposición aplicable.

En el caso de que, por decisión fundada de la autoridad competente, se resolviera liquidar y disolver un fondo fiduciario público y discontinuar con el programa o finalidad para la cual fue creado:

a) Si el fondo fuera financiado por una asignación específica de un impuesto coparticipable, aquella se considerará eliminada y el tributo volverá a ser distribuido de conformidad con el régimen establecido por la ley 23.548 y sus normas complementarias y modificatorias;

b) Si el fondo fuera financiado por una asignación específica de un tributo no coparticipable, aquella se considerará eliminada y el tributo volverá a ser destinado al Tesoro Nacional; y

c) Si el fondo fuera financiado por una asignación específica de aportes o recargos obligatorios creados a tal fin, tanto la asignación como los aportes o recargos obligatorios se considerarán eliminados.

Queda excluido de las facultades de este artículo: el Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de Gas, creado por la ley 25.565 y ampliado y modificado por ley 27.637.

Artículo 6°- Autorízase al Poder Ejecutivo nacional a intervenir, por el plazo previsto en el artículo 1° de la presente ley, los organismos descentralizados, empresas y sociedades mencionadas en los incisos a) y b) del artículo 8° de la ley 24.156, con exclusión de las universidades nacionales, los órganos u organismos del Poder Judicial, Poder Legislativo, Ministerio Público y todos los entes que de ellos dependan; la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT); el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET); el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA); la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud “Dr. Carlos G. Malbrán” (ANLIS); la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU); la Unidad de Información Financiera (UIF); el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI); el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG); el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) y las instituciones de la seguridad social.

El interventor ejercerá las competencias del órgano de administración y dirección y actuará: (i) conforme a lo ordenado en el acto de intervención dictado por el Poder Ejecutivo nacional; y (ii) bajo la supervisión y control de tutela del ministro bajo cuya jurisdicción el ente actúa.

En caso de intervención en sustitución de las facultades de las asambleas societarias, los síndicos en representación del sector público nacional serán designados por el Poder Ejecutivo, según la propuesta del ministro referido en el párrafo anterior, cuando así corresponda.

Deberá realizarse, al inicio y al final de toda intervención, una auditoría de gestión del organismo respectivo.Qué poderes tendría Javier Milei si se aprueba la Ley Bases

Tras la aprobación de la Ley Bases, el Presidente tendrá atribuciones en determinados temas que habitualmente son inherentes al Congreso. Contará con esas facultades durante el lapso que prevé la propia norma.

En otros términos, el Presidente podrá realizar reformas sin pasar por el Congreso, que se circunscribirá a fiscalizar al Ejecutivo.

El Gobierno tuvo que ceder con respecto al proyecto inicial que había presentado y realizó concesiones que permitieron que las facultades delegadas, inicialmente pensadas en 11 materias, pasen a apenas 4: administrativa, económica, financiera y energética.

Además, el Poder Ejecutivo pretendía tener facultades delegadas por dos años con la posibilidad de prorrogarlas por otros dos. Ahora será solo por un año año, prorrogable por un año más con acuerdo del Congreso.El listado de organismos públicos que no podrán ser disueltos por el Poder EjecutivoLa ley protege la estructura actual del CONICETEl proyecto de ley también establece específicamente qué organismos no podrán ser disueltos aún con el uso de facultades delegadas. Se transcribe a continuación el artículo correspondiente:

El Poder Ejecutivo nacional no podrá disponer la disolución de los siguientes organismos: el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET); la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud “Dr. Carlos G. Malbrán” (ANLIS); la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT); el Instituto de la Propiedad Industrial (INPI); el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA); Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM); la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN); la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE); la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA); la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU); la Comisión Nacional de Valores (CNV); el Instituto Nacional Centro Único Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI); la Unidad de Información Financiera (UIF); el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA); el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI); el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG); la Administración de Parques Nacionales (APN); el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA); el Instituto Antártico Argentino (IAA); el Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas para la Defensa (CITEDEF); el Centro de Investigación Tecnológica de las Fuerzas Armadas (CITEFA); el Instituto Geográfico Nacional (IGN); el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES); el Servicio de Hidrografía Nacional; el Servicio Meteorológico Nacional (SMN); el Instituto Nacional del Agua (INA); el Servicio Geológico-Minero Argentino (SEGEMAR); el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP); el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (CENARD); la Superintendencia de Seguros de la Nación; la Superintendencia de Riesgos del Trabajo; y la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación.

En los casos de reorganización, modificación o transformación de la estructura jurídica, centralización, fusión o escisión de los organismos relacionados con la ciencia, la tecnología y la innovación, se garantizará el financiamiento para la continuidad de las funciones de dichos organismos en el marco del Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 2030.Los antecedentes de las facultades delegadas en ArgentinaEl ex presidente Alberto Fernández tuvo facultades delegadasSi bien las facultades delegadas deberían ser excepcionales, varios presidentes en la Argentina contaron con este instrumento a la hora de gobernar.

El antecedente directo es el de Eduardo Duhalde, en 2002, quien en medio de la crisis económica y social que golpeaba al país logró que el Congreso le concediera potestades especiales.

Inicialmente, esas facultades tenían vigencia hasta el 10 de diciembre de 2003, sin embargo fueron prorrogadas de manera sucesiva durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner.

Mauricio Macri también tuvo facultades delegadas hasta el 31 de diciembre de 2017, cuando cumplió la mitad de su mandato.

Alberto Fernández logró también que el Congreso le cediera potestades legislativas, incluso mucho más amplias de las que ahora pretende Milei.

En diciembre de 2019, el Congreso aprobó la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, donde se declaró la emergencia pública “en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social”. La medida se extendió hasta el 31 de diciembre de 2023.

Luego, en 2020, se concedieron otras facultades en virtud de la pandemia de COVID-19.Fuente: Infobae 

Comenzó en la Cámara de Diputados de la Nación la sesión especial para convalidar el proyecto de ley Bases y el Paquete Fiscal, que incluye la reposición del impuesto a las Ganancias.

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, dio por iniciada la sesión a las 12:29 cuando contabilizó 131 diputados nacionales sentados en sus bancas.

En la reunión de labor parlamentaria previa a la sesión por la Ley de Bases se estimó una duración en entre doce y catorce horas, de acuerdo a los cálculos de discursos, homenajes y cuestiones de privilegio.El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, resaltó que la Ley de Bases es “la reforma más importante de la historia” de la Argentina.

“Es la reforma más importante de la historia, por tamaño. Si es la más importante, medio año no me parece mucho. Siempre se puede mejorar y hubiera sido mejor que esté antes”, sostuvo el titular de la Cámara baja en declaraciones a la prensa.Tras las cuestiones de privilegio, comenzó a tratarse la Ley Bases en la Cámara de DiputadosA las 15:17 comenzó la sesión con el debate de la Ley Bases con la presentación del diputado Santiago Santurio de LLA. Luego de un discurso en donde dijo que “es necesario tener los medios para dar seguridad jurídica para que el rumbo y la velocidad sea sostenida en el tiempo. Durante 6 meses sin ninguna ley los indicadores macroeconómicos mostraron buenas señales y esperamos que esta ley confirme el rumbo y nos permita ir más rápido”.Seguí el debate en vivo:

Este jueves, luego de meses de largas negociaciones, idas y vueltas, la ley Bases tendrá su último capítulo tras un extenso paso por el Congreso y recibirá la sanción definitiva en la Cámara de Diputados, que deberá votar si acepta los cambios introducidos por el Senado o si insiste para volver al texto original.

Lo mismo sucederá con el paquete fiscal, luego de que ayer ambos proyectos fueran refrendados con dictamen de mayoría en comisión.

Ley Bases y paquete fiscal: cómo quedarán los proyectos definitivos

Ya hay un acuerdo entre La Libertad Avanza y los dialoguistas para aceptar los cambios del Senado, aunque insistirán con la reposición del impuesto a las Ganancias y los cambios en Bienes Personales.

En el caso de la Ley Bases, se resolverá mediante una única votación de todo el texto, respaldando la totalidad de las modificaciones aplicadas por el Senado, lo que incluye también el paquete de privatizaciones sin Aerolíneas Argentinas, el Correo y los medios públicos.

Sin los votos suficientes tras la declinación de Hacemos Coalición Federal y una parte importante del radicalismo, el oficialismo se tuvo que conformar con el texto del Senado, aunque ya dejó trascender que volverá presentar más adelante con leyes específicas para privatizar las empresas públicas que quedaron afuera.

También quedó afuera del dictamen la eliminación de la moratoria previsional, un tema que traería un fuerte revuelo si se decidiera insistir dado que el capítulo había sido retirado del texto que se sometió a consideración en el Senado.

De esta manera, el régimen especial para que las personas que no llegaron a los 30 años de aportes al SIPA puedan regularizar deudas previsionales y recibir la jubilación, seguirá vigente.

Paquete fiscal: el proyecto se votará en cuatro partes

El dictamen del paquete fiscal tendrá cuatro votaciones en total, empezando por el artículo 111 sobre gastos tributarios que busca eliminar los regímenes especiales de provincias como Tierra del Fuego. Sin embargo, es casi imposible que se avance con este punto ya que fue rechazado en la Cámara alta con las dos terceras partes de los votos, por lo tanto, para insistir sobre el tema, Diputados debería alcanzar la misma mayoría.

La segunda votación en particular será la de Ganancias, y seguidamente se pondrá en votación Bienes Personales. La última votación será para el resto del articulado de la ley Fiscal en su conjunto.

Hasta ayer, en la tropa de La Libertad Avanza y en los bloques dialoguistas daban a entender que la restitución del impuesto a las Ganancias estaba en la cuerda floja, pero con el correr de las horas se fue afinando el poroteo y aparecieron los votos, a cuentagotas, lo cual trajo alivio.

Gustavo Bordet insistió en que “no habrá alivio fiscal a las provincias porque lo que recauden por la coparticipación de impuesto a las ganancias lo van a perder por la reducción en la recaudación de bienes personales". “No sólo es neutro, sino que puede ser un saldo negativo para las provincias”, remarcó. Y aseguró “Se perjudica a los trabajadores y se beneficia a 200.000 personas con alta capacidad contributiva bajándoles las alícuotas”.“El efecto será neutro o negativo, porque a la par de la restitución del impuesto al trabajo, se subirá el piso del impuesto a los bienes personales, que va a favorecer a un sector con gran capacidad contributiva, y se van a reducir los recursos coparticipables. Es decir, a las provincias no les va a traer alivio fiscal”, explicó el diputado nacional. Cabe recordar que el dictamen de la Ley Bases fue mayoritario en favor a las modificaciones realizadas en el Senado, mientras que por la del paquete fiscal se insistirá con la aprobada en diputados que incluye la restitución del impuesto a las ganancias y la modificación de bienes personales. “En lugar de pedir la restitución de impuestos que recaen sobre los trabajadores, la provincia debe reclamar las transferencias directas, que no son discrecionales, sino transferencias que legítimamente corresponden porque están establecidas por ley, como la compensación de la Caja de Jubilaciones, las regalías de Salto Grande o los fondos para los docentes. Esa es la verdadera lucha por los recursos y por el federalismo”, sostuvo Bordet. Sistema previsionalBordet coincidió con el reclamo conjunto de los gobernadores de la Región Centro por el incumplimiento del Gobierno nacional en el financiamiento de las cajas de jubilaciones de sus respectivas provincias.“El reclamo de fondos es legítimo, lo llevé adelante durante mis dos gestiones, tanto en el  Mauricio Macri como en el de Alberto Fernández. Siempre el gobierno central se mostró reticente a enviar estos fondos compensatorios a las Cajas de Jubilaciones no transferidas a la Nación. Pero había transferencias, en cambio ahora han pasado casi 7 meses y no ha llegado un peso a la provincia ni por compensación del sistema previsional, ni por regalías, ni por obra pública ni fondos educativos”, resaltó el ex gobernador. “Si hay un presupuesto nacional que fue reconducido, ese presupuesto merece y debe ser ejecutado y aplicado a las provincias. Esa es la lucha que hay que dar y ojalá los gobernadores de la Región Centro tomen con fuerza este reclamo”, enfatizó finalmente.

En un ejercicio final de realismo, el Gobierno terminó de negociar con aliados y opositores “dialoguistas” los puntos cruciales para sancionar la Ley Bases y su complemento, el paquete fiscal. El jueves, entonces, los proyectos irán al recinto de Diputados para cerrar la muy extensa prueba legislativa, superado ya el medio año de gestión libertaria. Ese paso le permitiría al oficialismo poner el foco en otros temas de su agenda -el Pacto de Mayo, cuyo relanzamiento pasó casi inadvertido- y atender cuestiones inquietantes, como la relación con el FMI, en un contexto de frío económico.

Después de su último viaje internacional, Javier Milei debe definir, entre otras cuestiones, el lugar que ocuparía Federico Sturzenegger en el Gabinete. Lo que se suponía un camino sencillo cuando fue pensada inicialmente esa formalización, se convirtió en un asunto delicado por el contexto mayor de la gestión, que relaciona también la interna con la situación económica. Parece claro que no hay margen para batallas domésticas sin retorno.

La necesaria muestra de capacidad de gestión en continuado está vinculada directamente con la contención de las disputas, duras, que hasta ahora dejaron un significativo número de baja de funcionarios -el último sacudón fue en Seguridad- y exponen que están en observación algunas áreas ministeriales. En ese escalón se pretendería acotar las internas. Y el dilatado caso de Sturzenegger es especialmente sensible, en espejo con Economía y menos, con la jefatura de Gabinete. Guillermo Francos y Luis Caputo son piezas centrales en el tablero del Gobierno.

Hay otro ingrediente que depende exclusivamente de Olivos y que hace a la gobernabilidad, algo que por supuesto no se agota en la necesidad de acuerdos políticos en el Congreso. Y se trata de las señales de intolerancia, un factor gravitante en términos de previsibilidad. Milei volvió en estos días a cargar de manera desmedida contra legisladores de espacios opositores -muchos de ellos, la llave para el acuerdo que le daría el primer éxito legislativo desde que asumió la Presidencia- a raíz del proyecto de movilidad jubilatoria, que ya fue aprobado en Diputados y seguramente volverá a escena, en el Senado.

Esas descalificaciones, que se proyectaron sobre otros ámbitos -alguna decisión judicial, periodistas-, exponen una tendencia de fondo, repetida y con eco del pasado reciente, que recrea el concepto de enemigo y demanda alineamiento antes que mecanismos de acuerdo. Por lo pronto, la realidad del Congreso -fragmentado, pero con el oficialismo en minoría absoluta- y el juego de los gobernadores terminaron armando un cuadro de concesiones que, de todos modos, representa un logro en sí mismo, incluso más allá de los contenidos de las leyes, para el Gobierno.

El capítulo que imagina ahora Milei constituirá otro test. Desde el oficialismo dejan trascender los primeros movimientos para instalar el tema del Pacto de Mayo apenas pasada la votación en Diputados. El Presidente repuso su convocatoria la semana pasada, en el discurso por el Día de la Bandera. Y en esa asociación con fechas históricas, la cita pasó para el 9 de Julio, en Tucumán, cómo se suponía y de manera abierta junto a gestos de ida y vuelta con Osvaldo Jaldo. El gobernador tucumano es uno de los jefes provinciales del PJ que exponen fisuras en el armado peronista que intenta contener el kirchnerismo, sobre todo en el Congreso.

Fuentes vinculadas a gobernadores de lo que fue JxC destacan que las señales de acompañamiento a ese llamado no significan un apoyo ilimitado y sin condiciones. Se verá cómo evoluciona la convocatoria, pero los recelos tienen que ver no sólo con la elaboración del texto del Pacto de Mayo, sino además con la escenografía. Es decir, si el Gobierno busca vestir el acto como acuerdo o como una puesta con tono hegemónico.

En cualquier caso, la aprobación de los dictámenes de la Ley Bases y el paquete fiscal mostró un amplio juego de negociaciones, públicas y reservadas. También, las limitaciones. El Gobierno, como era previsible, aunque hubo pulseada, aceptó que no había margen -según algunos, legal además de político- para insistir con las privatizaciones de Aerolíneas Argentinas, Correo y medios de RTA. En cambio, logró el compromiso de reponer la reversión parcial de Ganancias y las modificaciones a Bienes Personales.

El trámite del acuerdo, expresado en los dictámenes, se apoyó en un entramado más claro que el del Senado. Con disidencias y sin ocultar internas, que tendrán expresión el jueves en el recinto, el entendimiento incluyó al PRO, en condición de aliado, y la UCR, Hacemos Coalición Federal, Innovación Federal y la CC. Fue clara además la relación con jefes locales: la decena de JxC, varios provinciales y al menos tres del PJ.

El debate será seguramente áspero. Y en medios legislativos hay especulaciones sobre una posible carga posterior desde filas propias o cercanas al kirchnerismo. Desde el bloque peronista/K fueron llamativas las descalificaciones de los proyectos como “mamarrachos jurídicos”. Y en medios aliados del oficialismo advirtieron sobre la posibilidad de que eso mismo anticipe la intención de “judicializar” el tema.

En el vértigo nacional, la aprobación de las leyes sigue siendo un dato político central, pero no del mismo calibre que tuvo la riesgosa apuesta en el Senado. Al menos, es lo que exponen los “mercados”, en un contexto de especulaciones variadas con foco en la política cambiaria. A eso se sumó un contrapunto con el FMI, cuyos mensajes por lo general están lejos de ser lineales y, menos, sólo técnicos.

Por eso mismo, la tirantez tiene diferentes ingredientes. Primero fueron las diferencias sobre los tiempos y el modo de la salida del cepo. Luis Caputo buscó contener la situación y evitó escalar. Milei, en cambio, cuestionó sin nombrarlo a Rodrigo Valdés por el modo en que el Fondo hizo la “vista gorda” frente a los niveles y tipo de pasivos del Banco Central en la anterior gestión.

Los manejos del FMI, en distintas etapas y con sentido político, no constituyen una novedad. El punto en este caso es si la declaración presidencial constituye un hecho aislado o expone un giro, después de gestos como el reciente encuentro con Kristalina Georgieva en el marco del G7. Es un tema mayor cualquiera sea la respuesta a ese interrogante. El resto de la política, por ahora, observa en silencio.

El oficialismo llegó a un acuerdo con la oposición dialoguista para ratificar todas las modificaciones que se hicieron en el Senado. También quedó afuera la eliminación de la moratoria previsional. El jueves a las 12 el texto llegará al recinto. Todavía hay dudas sobre Ganancias y Bienes Personales.

El oficialismo y la oposición dialoguista (PRO, HCF, UCR, Innovación Federal y Coalición Cívica) avanzaron hoy en un plenario de las comisiones de Presupuesto, Legislación General y Asuntos Constitucionales con la firma del dictamen del proyecto de Ley Bases que se tratará en el recinto de la Cámara de Diputados este jueves a las 12.

Para simplificar la negociación política y agilizar el trámite parlamentario, el dictamen simplemente consta de un artículo donde se ratifican todas las modificaciones que se hicieron al texto en el Senado.

“Las Comisiones de Legislación General, de Presupuesto y Hacienda y de Asuntos Constitucionales han considerado el proyecto de ley que le fuera pasado en revisión Expte. (CD 37/2024) (13-06-2024) Mensaje 0007/2023 y Proyecto de Ley de bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos (0025-PE-2023); y, por las razones expuestas en el informe que se acompaña y las que dará el miembro informante, aconsejan aceptar las modificaciones introducidas por el honorable senado en su totalidad, la cual consta de los siguientes Títulos: Título I – Declaración de Emergencia; Título II – Reforma del Estado; Título III - Contratos y Acuerdos Transaccionales; Título IV – Promoción del Empleo Registrado; Título V – Modernización Laboral; Título VI – Energía; Título VII – Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones – RIGI; Título VIII – Medidas Fiscales para un Ajuste Equitativo y de Calidad; Título IX – Disposiciones Finales; y, Anexo I”, dice el texto que se consensuó.

El principal revés para el Gobierno fue el rechazo de los dialoguistas a insistir con la redacción original que salió de la Cámara de Diputados para volver a incluir Aerolíneas Argentinas, el Correo Argentino y Radio y Televisión Argentina en la lista de empresas que se podrán privatizar.

La suerte de esas tres empresas quedó sellada ayer por la tarde cuando el bloque Hacemos Coalición Federal le informó al Gobierno que no estaban de acuerdo con insistir con la redacción original para evitar que la venta de las empresas públicas termine judicializada. El argumento fue que esas empresas fueron retiradas del texto antes de que los senadores lo aprobaran en general. Por lo tanto, técnicamente no sería una modificación.

La decisión del bloque que conduce Miguel Ángel Pichetto también terminó por saldar la discusión interna del bloque UCR. Así, ante la eventual falta de votos, se inclinó la balanza en favor de quienes pretendían “respetar los acuerdos que se hicieron en el Senado”. La posición de volver a incluir esas tres empresas quedó en minoría, representada por el jefe de bloque Rodrigo de Loredo, junto a Pamela Verasay, Martín Tetaz, Francisco Monti y Luis Picat.

El dictamen contemplará la privatización de Energía Argentina S.A. e Intercargo SAU, más la privatización/concesión de AySA, Belgrano Cargas y Logística S.A., Sociedad Operadora Ferroviaria S.E. (SOFSE) y Corredores Viales S.A.

 “Creemos que se puede insistir en esta ley con el impuesto a las Ganancias y con el impuesto a los Bienes Personales, porque formaron parte del expediente que fue aprobado en general en el Senado, independientemente de que después a su turno en los respectivos capítulos y artículos no obtuvieron la mayoría para ser aprobados en particular”, explicó Nicolás Massot, del bloque Hacemos Coalición Federal.

Y concluyó: “Pero por ese mismo motivo, y para tratar de ser coherente e institucionalista, la moratoria previsional y la privatización de Aerolíneas Argentinas, RTA y Correo Argentino tienen un carácter absolutamente diferente que no habilita la insistencia de Diputados. No solamente porque formaron parte de un acuerdo de quórum para que esta ley fuera posible, y eso en sí mismo para nosotros al menos tiene un valor, sino porque además en términos jurídicos consideramos que ni siquiera fueron sujetos a votación ni en general”.

Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones

El régimen de incentivo a las grandes inversiones fue uno de los puntos más debatidos en el Senado. En concreto, se modificó el artículo 165 para limitarlo a ciertos sectores: foresto-industria, infraestructura, minería, energía, tecnología, turismo, siderurgia, petróleo y gas.

En tanto, hubo un gesto para proveedores locales, ya que el compromiso para este caso será “como mínimo el 20% de la totalidad del monto de inversión, siempre y cuando la oferta se encuentre disponible y en condiciones de mercado”.

Otro retoque importante se dio en el artículo 196 -incentivos cambiarios-, sobre el cobro de exportaciones: será de un 20% luego de dos años de iniciada la inversión; 40%, después de tres años; y 100%, a partir de los cuatro años.

Moratoria previsional

El título provisional fue retirado del texto antes de la votación en general. Por lo que la eliminación de la moratoria no se trató en el Senado y por lo tanto Diputados optó no insistir sobre ese punto para evitar discusiones reglamentarias. La misma situación aplica para la creación de la Prestación de Retiro Proporcional para las personas que lleguen a le edad jubilatoria sin la cantidad de años de aportes. Esta iniciativa del radicalismo también quedó fuera del texto final que se debatirá el jueves.

Contratos y acuerdos transaccionales

La principal modificación fue que “se entenderá que resulta económica y financieramente inconveniente para el interés público la suspensión o rescisión de los contratos de obra pública que se encontraran físicamente ejecutadas en un ochenta por ciento (80%) a la fecha de la sanción de la presente ley, o que cuenten con financiamiento internacional para su concreción”.

Reforma del Estado

Las facultades del Poder Ejecutivo para poder intervenir organismos públicos se limitó en el Senado aún más con la prohibición de disolver organismos vinculados a la cultura. Ya en Diputados se había elaborado un listado de organismos que quedaban protegidos, como por ejemplo el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI); el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG); la Administración de Parques Nacionales (APN); la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA); y el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA).

Además, en los casos de reorganización, modificación o transformación de la estructura jurídica, centralización, fusión o escisión de los organismos relacionados con la ciencia, la tecnología y la innovación, se “garantizará el financiamiento para la continuidad de las funciones de dichos organismos” en el marco del Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 2030.

Reforma laboral

El Senado bajó de 5 a 3 la cantidad de trabajadores colaboradores con los que podrá contar un trabajador independiente para llevar adelante un emprendimiento productivo. Será una relación autónoma y por lo tanto no existirá un vínculo de dependencia entre ellos.

Medidas anti bloqueos sindicales

Se podrá dar por terminada una relación laboral (grave injuria laboral) la participación activa en bloqueos o tomas de establecimiento.

Se presume que existe injuria grave cuando, durante una medida de acción directa: se afecte la libertad de trabajo de quienes no adhieran a la medida de fuerza, mediante actos, hechos, intimidaciones o amenazas; se impida u obstruya total o parcialmente el ingreso o egreso de personas y/o cosas al establecimiento; se ocasionen daños en personas o en cosas de propiedad de la empresa o de terceros situadas en el establecimiento o se las retenga indebidamente.

La Cámara de Diputados trataba esta tarde el dictamen del proyecto de Ley Bases, en el marco de la decisión del oficialismo y de los bloques dialoguistas de aceptar las modificaciones aplicadas por el Senado, de cara a la sesión que se desarrollará el jueves.

Así lo confirmó el presidente del bloque de La Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni, al abrir la ronda de oradores en el plenario de las comisiones de Legislación General, Asuntos Constitucionales y Presupuesto y Hacienda.

“Nuestra posición es aceptar las modificaciones enviadas por el Senado”, adelantó el cordobés, en un efímero discurso, en el que argumentó que el debate ya se había realizado previamente y que no tenía sentido seguir alargando el proceso.

A continuación, el jefe de la bancada de Unión por la Patria, Germán Martínez, rebatió a Bornoroni al sostener que “los debates nunca se agotan”.

“No solamente no se agota sino que van apareciendo más elementos para tratar de entender la dimensión del debate en el cual estamos insertos desde hace más de seis meses”, aseveró.

Para el santafesino, la Ley Bases del Gobierno “es hija de la arbitrariedad”, “hija de oscuros arreglos en el Congreso de la Nacion e hija de la represión que se dio apenas quince días atrás” cuando la iniciativa se trató en el Senado.

También esgrimió que “va a ser hija de interpretaciones absolutamente caprichosas de artículos de la Constitución Nacional, especialmente del artículo 81” sobre los procedimientos legítimos para la formación de una ley.

“Es una ley absolutamente viciada, absolutamente arbitraria, con una enorme cantidad de visos de inconstitucionalidad. Y es una ley que a mi criterio  va a terminar definiéndose en gran parte de su contenido en tribunales”, subrayó Martínez, que ratificó el “firme rechazo” de Unión por la Patria al proyecto. 

“Esta ley no viene a solucionar ninguno de los problemas de los argentinos, como la caída de más de cinco puntos del producto, la desocupación que ya alcanza el 7,7% en el primer trimestre, los salarios y jubilaciones, la falta de obra pública”, enumeró.

A su turno, el diputado de Hacemos Coalición Federal Nicolás Massot ratificó que su bloque acompañará la ley Bases tal cual provino del Senado, y aunque reconoció que hay “cuestiones de fondo” en la que podría “coincidir en insistir” con la versión de Diputados, la decisión es “no hacerlo” en función de respetar los acuerdos políticos..

“En el Senado el Gobierno obtuvo una mayoría que le permitió avanzar con esta ley con la versión posible”, expresó.

“Reivindiquemos los acuerdos, porque eso es muy importante”, exhortó Massot.

Una vez que finalice el plenario de comisiones, Presupuesto y Hacienda seguirá deliberando en torno al paquete fiscal.

Según se adelantó, el oficialismo y los bloques dialoguistas aceptarán las modificaciones del Senado a la Ley de Medidas Fiscales, Paliativas y Relevantes, pero insistirán con los artículos que reponen la cuarta categoría del impuesto a las Ganancias y la rebaja de las alícuotas de Bienes Personales.

A su vez, insistirán en la redacción del artículo 111° de la sanción de Diputados sobre gastos tributarios, que sugiere la eliminación de regímenes especiales en determinadas provincias.Fuente: Noticias Argentinas

En las próximas horas, el Gobierno nacional dará por terminada la discusión sobre la posibilidad de avanzar con la idea de volver a incluir Aerolíneas Argentinas, el Correo Argentino y Radio y Televisión Argentina en el listado de empresas a privatizar que promueve la Ley Bases.

El bloque que conduce Miguel Ángel Pichetto, Hacemos Coalición Federal, ya había adelantado que no iba a acompañar un intento del oficialismo de insistir en esa línea. El argumento es que las empresas fueron retiradas de la ley cuando se votó en el Senado y que avanzar con la reincorporación implicaría abrir la puerta a una judicialización de toda la Ley Bases.

En las últimas horas hubo una reunión de la bancada de la Unión Cívica Radical para tratar de conseguir una posición uniforme y, aunque hay algunos diputados que quieren ir por la línea que plantea la Casa Rosada, se impuso la “doctrina Pichetto” y finalmente se acordó que no insistirán con incorporar esas tres empresas al listado de compañías del Estado nacional que pueden ser privatizadas.

Fuentes que participaron del encuentro explicaron a infobae que sólo los diputados Francisco Monti, Martín Tetaz, Luis Picat y Pamela Verasay entienden que la postura de una posible judicialización no es real. El resto decidió sumarse a lo que venía planteando HCF.

Además, la mayoría de los radicales decidieron respetar la posición de los senadores del mismo espacio, que públicamente habían reclamado que no se modifique este punto. “La van a decir al Gobierno que si quiere privatizar estas compañías, que mande una ley específica y se vuelve a discutir, pero así como llega del Senado, en donde ellos lo sacaron del texto antes de votar, no van a acompañar”.

Respecto de este punto, los que quieren avanzar con las privatizaciones señalan que la versión que ellos apoyaron sí tiene ese punto y cuentan con potestad plena para ratificar las privatizaciones originales, sin importar lo que haya realizado la Cámara alta. Otro fundamento que dieron es que, en caso de ir por allí, se abriría la posibilidad de judicialización y entraría en riesgo el Régimen de Incentivo a Grandes Inversiones (RIGI).

Distinto camino se adoptaría, por ahora, para el paquete fiscal. Primero, porque el oficialismo y la oposición dialoguista negocian para reactivar el capítulo del impuesto a las Ganancias y Bienes Personales.

El último punto es necesario para el blanqueo que promueve el Gobierno, aunque en las últimos días comenzaron a dudar algunos gobernadores, quienes se verían beneficiados si se mantuvieran las alícuotas vigentes.

Además, hay bloques como la Coalición Cívica y la UCR que quieren exponer de nuevo, en una votación en particular, sobre el capítulo relacionado con el régimen de promoción industrial de Tierra del Fuego, que el Senado rechazó con dos tercios.

Esto no fue tomado de buena manera por La Libertad Avanza y algunos macristas que son los que buscan mantenerlo. Los “lilitos” apuntan al ministro de Economía, Luis Toto Caputo, como el hombre detrás del blindaje que el régimen de Tierra del Fuego logró en la Cámara Alta con los dos tercios de los votos, algo que hoy es imposible de conseguir en Diputados.

Esta tarde se terminará de definir el texto de ambas leyes que irán al recinto. El camino para las comisiones de las próximas horas sería el siguiente. Desde las 15, un plenario de tres -Legislación General, Presupuesto y Hacienda; y Asuntos Constitucionales- dictaminará la aceptación de la Ley Bases como vino del Senado. A partir de las 18, la segunda de ellas analizará el paquete fiscal, donde saldría un despacho más amplio por lo de Ganancias, Bienes Personales y Tierra del Fuego.

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, descartó acuerdos con la oposición dialoguista por la Ley Bases en la Cámara de Senadores y anticipó que insistirán con la sanción del Impuesto a las Ganancias y a los Bienes Personales y las privatizaciones. Además, explicó lo que ocurrió con este último artículo.

En diálogo con el periodista Ignacio Ortelli para el programa Si pasa, pasa (Radio Rivadavia), Francos detalló que el Gobierno intentará mantener Ganancias y Bienes Personales porque lo considera "un tema que favorecería mucho a las cuentas provinciales”, y añadió: “Son recursos de mucha importancia para las arcas provinciales”.

Con respecto a las privatizaciones de las empresas del Estado, confesó: “No teníamos los votos para aprobarlas como habían salido, entonces hubo que sacarlas. Pero si Diputados insiste con las privatizaciones, estamos totalmente de acuerdo”.

“Eso no quiere decir que haya habido una acuerdo sino que no teníamos los votos, por eso lo retiramos”, aclaró, y agregó: “En el Senado tenemos 7 de 72, si no tenemos los votos se saca. Nuestra intención era que se apruebe, si lo sacamos fue porque no teníamos los votos ni el apoyo. Eso no significa que estemos de acuerdo con esa medida”.

Asimismo, defendió las modificaciones implementadas en el Régimen de Inversión para las Grandes Inversiones (RIGI), pero descartó la eliminación de los ítems en la Cámara Alta. A pesar de las quejas de diputados opositores como el radical Pablo Blanco, el titular de ministros reiteró que la quita de empresas solo fue debido a la falta de apoyos. 

“Es una política del Gobierno disminuir las empresas del Estado. Creemos que todas deberían estar", reiteró en la previa al llamado a comisiones para dar tratamiento al proyecto el próximo jueves, y sumó: "Queremos avanzar en este proceso de quitarle al Estado la decisión de empresas que son públicas”.

Por otra parte, respaldó la decisión de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, de desplazar al secretario de Seguridad, Vicente Ventura Barreiro, por haber intentado “interferir” en un proceso licitatorio de servicios de comida para el Servicio Penitenciario Federal.

“Si le generaron dudas fue correcto lo que han hecho", aprobó Francos, y sumó: "Ella tomó una decisión en función de lo que había pasado en una licitación que se había tomado por el tema alimentos. Como dijo el Presidente, en términos gráficos, no iba a tolerar ningún hecho de corrupción”.

Por último, hizo eco del potencial desembarco de Federico Sturzenegger en el Gabinete de Javier Milei al sostener que todavía restan definirse las competencias del área que ocupará con rango ministerial, y que el mandatario “debe estar de acuerdo en lo que plantea Sturzenegger”.Fuente: Noticias Argentinas

Pocos han descripto tan bien al gobierno de Javier Milei como lo hizo hace pocas horas el gobernador de Santa Fe Maximiliano Pullaro. “Nosotros con el Presidente tenemos poco contacto. Es más, a muchos de nosotros nos conoce poco y no sé si le interesa tanto. Él está para las grandes políticas y para defender su gobierno en el exterior. Sí tenemos contacto permanente con sus colaboradores que nos apoyan permanentemente. Bullrich, Francos, Petri. Y son muy eficaces”. El mandatario santafesino hizo una buena pintura del gobierno libertario, que lo describe desde adentro.

Milei no ejerce el poder la manera tradicional. Para algunos no sabe cómo hacerlo, para otros directamente no le interesa. Sí ha cambiado en estos primeros meses en el poder. La unción de Francos como superministro es la muestra más acabada. Cuando las papas quemaban y era necesario obtener sí o sí la Ley Bases, no dudó y echó mano a un operador tradicional. Quedaron girones de la ley en el camino pero era más importante mostrar el logro. Ahora en Diputados volverán a pelear por el Impuesto a las Ganancias y las privatizaciones pero es otra historia, distinta a la del Senado. El jueves incluso, y apenas se bajó del avión que lo trajo de regreso del Acto por el Día de la Bandera en Rosario, recibió a cuatro mandatarios del norte, que ratificaron dos cosas: su apoyo a la Ley Bases y el pedido de reposición de Ganancias, clave para sus propias arcas.

A las pocas horas se tomó el avión para Europa, donde otra vez lo esperan reuniones importantes. Casi un calco de lo que describió Pullaro. Acá todavía está pendiente la incorporación de Sturzenegger al gabinete, una preocupación más para Caputo que aun así sigue incrementando su poder interno. Es una carrera desesperada contra el tiempo. Mientras los números de la inflación el respondan y el superávit siga vivo, tendrá margen. Pese a que la economía todavía no da señales claras de rebote. Las estadísticas dan muestras de la profundidad del pozo en el que estamos y los síntomas son débiles. 

Igual que los que da la oposición al modelo libertario. Hoy, la contra, parece estar en manos de la iglesia con sus misas de protesta que en los verdaderos referentes políticos. El senador entrerriano Edgardo Kueider, que con su voto permitió la aprobación de la Ley Bases, abrió una gran caja cuando disparó que en la oposición hay gente que quiere que se pudra todo. No es novedad lo que dice y se emparenta con la filosofía de cuanto peor, mejor. No es nuevo ni patrimonio del peronismo, por supuesto. Sí destapó la interna larvada y sin zanjar que tiene el PJ, en medio de una lluvia de pedidos de desafiliación. Esas balas también le pegan de lleno a Gustavo Bordet, ex gobernador entrerriano, que llevó a Kueider al lugar que hoy ocupa. Buen tiempo pasó hasta que Bordet criticó la postura de su cuadro, aunque dijo estar en desacuerdo con la expulsión. 

El peronismo no puede salir del estado de shock de la derrota electoral a manos de un outsider que hizo su carrera desde las redes sociales y cantando y gritando arriba de los escenarios. Pero eso debería ser casi anecdótico. Lo que debería contar es el mal gobierno de los Fernández en el 2019-2023 y los problemas de liderazgo que tuvo que soportar el experimento que pergeñó Cristina en el 2019. 

Ese saldo pendiente es el que aún condiciona a buena parte del peronismo-kirchnerismo que se ha refugiado en la Provincia de Buenos Aires. Ahí la interna entre Kicillof y Máximo se ha vuelto insoportable y se ha extendido como una mancha a los distritos del Conurbano. La Cámpora resiste porque sabe que vienen por ella. Herido el liderazgo de Cristina, con más cuestionamientos, hay que barajar y dar de nuevo. Kicillof se anota en esa carrera porque en el 2027 no habrá reelección en Buenos Aires. La candidatura presidencial la tiene al alcance de la mano. Será con el apoyo de Cristina o sin él. 

Si ocurre esto último debería ser  a costa de La Cámpora y del liderazgo de la propia jefa. Estas peleas de superestructura no vislumbran un serio debate interno como piden distintos sectores del peronismo. ¿Cuál es el rumbo que tiene que tomar desde el punto de vista ideológico? ¿Quién se va a hacer cargo del liderazgo que, por una cuestión de tiempo además, va dejando Cristina? ¿Cómo plantarse ante un gobierno como el de Milei que siempre corre los límites y es, en muchos aspectos, un espejo de los mejores años del kirchnerismo? No por lo ideológico claro sino por su metodología. El peronismo arrastra tantos interrogantes  como dudas de su accionar en el pasado reciente. Pero es una cuestión de tiempo. Hasta que se organicen y sospechen que el retorno al poder no está lejos. 

En este caso, se trata del senador provincial por el departamento Tala Juan Diego Conti, quien afirmó que “si vos llegas a un cargo a través de una boleta de un partido político que después deja el poder, vos no podes votar en contra del partido porque estas no solo traicionando al partido, sino fundamentalmente a la ciudadanía que te voto”, sostuvo el legislador. 

Además, el ex intendente de Maciá recordó que “antes de ocupar un cargo electivo por el peronismo,  había ocupado un alto cargo en nuestro gobierno provincial”.

Asimismo, expresó en respuesta a las declaraciones de Kueider: “Sabemos que los partidos ya no son lo que eran hace 40 años en términos de representación, pero eso no te excusa ni justifica, todo lo contrario, lo que genera actos como el de Kueider es profundizar el descontento y la apatía con la política”.

Consultado si cree la decisión de Kueider se trató de una decisión inconsulta, Conti respondió que “claramente fue  exclusivamente personal y los beneficios por lo tanto también serán personales. Lamentablemente algunos que se autoperciben dirigentes quieren convertir la política en un kiosco, con el perdón de los kiosqueros, y hay quienes queremos seguir creyendo que la política es otra cosa”

Por otra parte, Conti señaló que el senador nacional “no argumento en ningún momento porque votó como lo hizo, lo único que hizo fue reaccionar ante las razonables críticas de la militancia que esperábamos otra cosa”.

Además repudió las críticas al peronismo: “Decir que el peronismo quería que explote todo además de una mentira, es una grave ofensa y un desconocimiento de la historia de nuestro movimiento que en la Argentina fue el que siempre sufrió golpes de estado, persecuciones y desaparecidos. Encima en el mes de junio, que es un mes con fechas trágicas para el peronismo como 9 de junio de 1956 con los fusilamientos de José León Suarez que significó el asesinato de 18 militares y 13 civiles o el 16 de junio del 55 cuando bombardearon la Plaza de Mayo para derrocar a Perón”.

Por último, indicó que  “La ley Bases que impulsa el gobierno nacional es un paquete muy perjudicial para el país. Y el argumento de los aliados de que hay que acompañar porque la gente lo votó no lo comparto en absoluto, porque si es por eso a nuestro candidato (Massa) lo voto más del 40% de la gente con un programa muy distinto”. 

Sin embargo, desde la gestión del gobernador Rogelio Frigerio defendieron la decisión del senador Kueider a la hora de dar su voto positivo a la Ley Bases. 

El ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso, expresó su acompañamiento a la posición del senador peronista ante el debate de la Ley Bases. Tras retuitear declaraciones del legislador de Concordia, en las que llama al peronismo a “dejar gobernar”, Troncoso acompañó la sentencia. “No se puede ser oposición por oposición misma”, argumentó el funcionario provincial.

Para Troncoso, en política, “el camino es el diálogo y el debate responsable”. Por eso, consideró que “hay que darle las herramientas” al gobierno de Javier Milei para “avanzar con las transformaciones que votó mayoritariamente la sociedad”. .

Valoró que así lo entendieron “todos” los senadores entrerrianos. Y celebró el acompañamiento de Kueider a la postura en el recinto de Alfredo De Angeli, del PRO y de Stella Olalla, del radicalismo.

“Ya están los días confirmados y la idea es tener las reformas para antes del 9 de julio, pero todo dependerá de las personas que tienen que levantar la mano para votar”, explicó a Infobae un importante referente del oficialismo, al referirse al futuro de la Ley Bases y el Paquete Fiscal, que volvieron a la Cámara de Diputados para su revisión final.

Luego de varias conversaciones con los representantes de la oposición “dialoguista”, el Gobierno aceptó algunas de las reformas del texto que se introdujeron en el Senado y está pronto a conseguir que el Congreso le apruebe las ansiadas reformas, con las que viene insistiendo desde principios de año.

De acuerdo con lo que precisaron distintas fuentes parlamentarias, el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, convocará a plenario de comisiones para el martes y miércoles próximo, con el objetivo de que ambas iniciativas obtengan dictamen y se pasen a tratar el jueves.

La primera de esas jornadas será la más extensa, ya que será el momento en que se definirán los aspectos finales de la Ley Bases y los legisladores deberán decidir qué cambios impuestos por los senadores aceptarán y cuáles intentarán rechazar.

Como ya reconoció el propio jefe de Gabinete, Guillermo Francos, principal funcionario a cargo de las negociaciones, el oficialismo va a insistir con los artículos vinculados a las privatizaciones y a los impuestos a los Bienes Personales y de Ganancias.

Por otra parte, sin embargo, no se va a volver a discutir el Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI), por lo que van a permanecer todas las correcciones que se hicieron en el Senado.

Así lo decidió Francos junto a los jefes de los principales bloques de diputados, cuando se reunieron la semana pasada, poco después de que en la Cámara alta la vicepresidenta Victoria Villarruel desempatara la votación y lograra a último minuto la aprobación del proyecto.

“Tuvimos conversaciones con diputados sobre las modificaciones que se hicieron y nuestra posición. Las modificaciones concretas al RIGI son las que tenemos que mantener, porque clarifican lo que tenía que ver con productores locales, Pymes y demás”, detalló el jefe de Gabinete.

El Gobierno cree que la votación final de la ley será menos tormentosa, ya que tendría los acuerdos necesarios con el resto de los espacios como para insistir con los artículos que considera indispensables.

Para el momento en el que comience el plenario de comisiones que va a debatir el asunto, el presidente Javier Milei ya estará de regreso en la Argentina, luego de la nueva gira internacional que realizará durante este fin de semana y que lo llevará en esta oportunidad a España, Alemania y Chequia.

Luego de encabezar un acto por el Día de la Bandera en la ciudad de Rosario, el mandatario nacional volverá este jueves a Buenos Aires y a las 19:00 tiene previsto partir rumbo a Madrid, la primera parada de su itinerario, donde recibirá un premio y se encontrará con la máxima autoridad local, Isabel Díaz Ayuso.

El sábado se trasladará a Alemania, donde le entregarán otro galardón y el domingo tendrá una reunión bilateral con el jefe de Estado de ese país, Olaf Scholz. El lunes estará en Chequia, donde también se encontrará con su par local, Petr Pavel, y posteriormente retornará a la Argentina.

Ya nuevamente en la Casa Rosada, Milei seguirá de cerca las últimas conversaciones por la Ley Bases y deberá definir, entre otras cuestiones, qué ocurrirá con el atrasado Pacto de Mayo, que se firmará una vez que el Congreso apruebe las reformas propuestas por el Gobierno.

Aunque todavía no hay nada confirmado al respecto, algunos integrantes del oficialismo consideran que una buena fecha para realizar el acuerdo con los gobernadores será el próximo 9 de julio, cuando se cumplirán 208 años de la Declaración de la Independencia.

Si bien la sede del evento seguiría siendo la ciudad de Córdoba, queda determinar aún cuáles serán las 10 políticas de Estado que se firmarán, las cuales fueron anunciadas por el Presidente, pero podrían sufrir modificaciones siguiendo recomendaciones de los mandatarios provinciales, según reconoció a este medio tiempo atrás un influyente colaborador.

Por lo pronto, Francos recibió este miércoles en su oficina al presidente de la Cámara de Diputados, quien llegó acompañado de su primo y subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem, para ultimar los detalles de lo que será la sesión en el recinto de la semana que viene, en la que el oficialismo intentará que se sancione su primera ley desde el inicio de gestión.

En la previa del panel donde disertará sobre educación y alfabetización en Paraná, María Eugenia Vidal dialogó con Canal 9Litoral. La actual diputada nacional aseguró que "el PRO va a trabajar para que haya Ley Bases" y ponderó la iniciativa delineada por el Poder Ejecutivo, que volverá a la Cámara Baja con modificaciones.

Ley Bases: qué dijo María Eugenia Vidal

"El PRO va a trabajar para que haya ley bases, porque el presidente necesita herramientas para gobernar como han tenido todos los presidentes. Vamos a volver a votar los cambios que nos pidan e insistiremos con lo que creemos que está bien", indicó Vidal. Y agregó: "Sabemos que el camino es doloroso, pero venimos bien".

Sobre la iniciativa de la Casa Rosada, la legisladora resaltó: "Hay un régimen para que vengan nuevas inversiones, en las provincias hay potencial, detrás de esas inversiones hay empleo formal, que es el mejor pago, de calidad. Además, plantea una moratoria para pymes agobiadas por la crisis y que precisan financiar deudas. También habrá nuevas reglas para el trabajo, para que no haya más miedo a tomar gente por los juicios. Hay cambios que son buenos para el país y para la gente".

El costo total del operativo montado la semana pasada para contener las protestas en las inmediaciones del Congreso contra la Ley Bases y el paquete fiscal asciende a 130 millones de pesos y el Gobierno intimó a cuatro organizaciones sociales para que lo paguen.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció hoy que se realizó una presentación judicial para intimar al MST (Movimiento Socialista de los Trabajadores); el PTS (Partido de los Trabajadores Socialistas); Barrios de Pie y el Movimiento Evita a afrontar el costo total del despliegue de las fuerzas federales.

Según detalló en la conferencia de prensa de este martes, 55.3 millones de pesos corresponden a la Policía Federal; 32.7 millones de pesos a la Prefectura Naval; y 42.6 millones de pesos a Gendarmería. Además, de ese total, 13.6 millones de pesos corresponden a daños en el equipamiento "que se utilizó para reprimir a los violentos"."Con respecto al supuesto accionar de determinados agentes, será cuestión de la Justicia investigar, y en tal caso el Ministerio de Seguridad tomará las acciones pertinentes", dijo Adorni al ser consultado por presuntos excesos por parte de las fuerzas de seguridad.Detenidos y próximas manifestaciones

Actualmente, 16 personas permanecen detenidas por los enfrentamientos con la Policía en las inmediaciones del Congreso, mientras el Senado debatía los proyectos del oficialismo. En respuesta a estas detenciones, se convocó a una nueva manifestación para este martes a las 16.30 en Plaza de Mayo, con el objetivo de reclamar la liberación de los detenidos.Fuente: Filo.news