La Justicia federal pidió elevar a juicio la causa por el impactante vuelo narco que transportó 359 kilos de cocaína y aterrizó en Entre Ríos en enero de 2025, un caso que mezcla empresarios, pilotos, una ex reina de belleza y una organización internacional. En el centro de la investigación aparece un joven peruano de 22 años, señalado como una pieza clave en la logística del operativo.

El acusado es Steven Alessandro Villanueva Tomas, quien fue detenido y está imputado por facilitar los medios para el tráfico de estupefacientes y tenencia con fines de comercialización, ambos delitos agravados por la participación de múltiples personas. El pedido fue impulsado por la Procunar y el fiscal federal Pedro Rebollo, ante el Juzgado Federal de Gualeguaychú.

Un aterrizaje que destapó la trama

El caso se remonta al aterrizaje de una avioneta Cessna modelo 1965 en la localidad de Ibicuy, provincia de Entre Ríos, proveniente de Bolivia. A bordo viajaban la ex reina de belleza boliviana Jade Callaú y su pareja, el piloto brasileño Leonardo Monte Alto Gusmao, publicó el portal de Redboing.

Ambos fueron detenidos, procesados y llevados a juicio. En el caso de Callaú, aceptó un juicio abreviado de tres años de prisión condicional, fue condenada y luego expulsada del país. Durante el procedimiento, además del cargamento principal, se encontraron 12 gramos adicionales de cocaína debajo del asiento del piloto, lo que reforzó las sospechas sobre el nivel de organización del traslado.

Según la investigación, la aeronave utilizada en el operativo había sido comprada en junio de 2023 por Villanueva, su hermano y su padre, a un valor llamativamente bajo: poco más de cinco millones de pesos, muy por debajo del precio de mercado.

La adquisición se realizó a través de la firma NQT 3232 SRL, creada por los hermanos Villanueva en septiembre de 2023 y dedicada formalmente al transporte de carga. Para registrar la avioneta, incluso, se habría utilizado una dirección inexistente.

Para los investigadores, no se trataba de un negocio más. Todo indica que la empresa y la aeronave eran parte de una estructura logística pensada para el narcotráfico aéreo.

Pruebas clave: droga, dinero y un simulador de vuelo

Los allanamientos realizados por Gendarmería aportaron elementos contundentes. En el departamento de Villanueva, en el barrio porteño de Flores, se encontraron casi cinco kilos de cocaína, 7.000 dólares en efectivo y documentación vinculada a la aeronave.

Pero no fue lo único. En la planta alta de la discoteca familiar, Rumba Latina, se halló un simulador de vuelo con instrumental aeronáutico, junto a manuales técnicos del modelo Cessna utilizado en el operativo.

Además, los registros indicaban que el propio Villanueva había realizado el curso de piloto privado en la Base Aérea de Morón, lo que refuerza la hipótesis de que tenía conocimiento directo del manejo de la aeronave.

La defensa del acusado

Al ser indagado, el joven negó cualquier vínculo con el tráfico de drogas. Aseguró que solo realizó un depósito para la compra del avión como un favor a su hermano y que no tenía relación con el cargamento.

“No tengo ningún tipo de relación con ese contrabando”, sostuvo ante la Justicia. También afirmó que planeaban vender la aeronave y dijo no conocer ni a Callaú ni al piloto brasileño.

El avance de la causa permitió reconstruir una red más amplia. A partir del análisis de teléfonos y nuevos allanamientos, se secuestraron 49 kilos de cocaína adicionales en distintos puntos del país, incluyendo un cargamento oculto bajo un piso de cemento en General Rodríguez, publicó el portal de Redboing.

En ese contexto apareció el nombre de José Alberto García Nazario, un ciudadano peruano señalado como posible dueño del cargamento. Según la investigación, estuvo en Ibicuy el día del aterrizaje y habría coordinado movimientos con los tripulantes.

Actualmente, permanece prófugo y se cree que está en Perú, donde las dificultades políticas y judiciales complican su localización.

Mientras el proceso avanza hacia el juicio oral, la causa mantiene varios frentes abiertos. El hermano de Villanueva continúa prófugo, su padre espera un proceso de extradición y los investigadores no descartan nuevas imputaciones.

El caso del “vuelo narco de la reina de belleza” expone no solo un operativo de gran escala, sino también el uso de estructuras empresariales, aeronaves y vínculos internacionales para el tráfico de drogas en la región.

La actuación de la Fiscalía Federal de Gualeguaychú y la Procunar

Según la investigación del MPF, aportó -junto a su hermano y su padre prófugos- la aeronave que en enero de 2025 aterrizó en Ibicuy con la droga. El acusado tiene 22 años, es de nacionalidad peruana y obtuvo en 2023 una licencia de piloto. Era el encargado del boliche donde se incautó instrumental de simulación de una avioneta. También quedó imputado por la tenencia con fines de comercialización de cinco kilos de cocaína hallados en su casa.

El titular del Juzgado Federal de Gualeguaychú, Hernán Viri, en su momento procesó con prisión preventiva a este piloto de 22 años, de nacionalidad peruana, por su presunta participación en la maniobra de contrabando de más de 350 kilos de cocaína transportados en una avioneta que aterrizó en enero último en un campo ubicado en la localidad entrerriana de Holt Ibicuy. El joven fue detenido durante una serie de allanamientos donde le secuestraron un simulador de vuelo en el local bailable que regenteaba en el barrio porteño Flores y casi cinco kilos de cocaína en su domicilio.

La decisión judicial fue en línea con lo solicitado por el fiscal federal subrogante de la Fiscalía Federal de Gualeguaychú, Pedro Rebollo, y el fiscal coadyuvante Martín Uriona de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), quienes tienen a cargo la investigación, publicó el portal Fiscales.

El juez consideró al imputado partícipe necesario del delito de contrabando de importación agravado por la intervención de más de tres personas, por haber sido cometido empleando un medio de transporte aéreo y por tratarse de estupefacientes destinados a ser comercializados dentro o fuera del país, en concurso real con tenencia de estupefacientes con fines de comercialización en calidad de autor. Además, dispuso un embargo de cinco millones de pesos sobre sus bienes.

La acusación del MPF

De acuerdo con la imputación fiscal, el acusado -junto a su padre y su hermano, ambos prófugos y con pedido de captura internacional- habría provisto la aeronave utilizada en la maniobra de contrabando. La avioneta Cessna fue adquirida en junio de 2023 mediante un aporte conjunto de dinero, por un valor declarado de 13.000 dólares, aunque su valor de mercado superaba los 100.000 dólares.

La investigación del MPF determinó que, pese a contar con una matrícula argentina aparente (LV-GOP), la aeronave tenía debajo pintado un dominio boliviano (CP-3806), y que su verdadera identificación era LV-GQA, dato con el que se llegó a estos tres imputados.

En su dictamen, los fiscales Rebollo y Uriona sostuvieron que el acusado tuvo un “rol activo en la organización narcocriminal investigada” y que actuó en coordinación con su hermano para disponer de la aeronave que fue utilizada en la maniobra de contrabando y “habían adquirido en un esfuerzo mancomunado con su padre”.

El objetivo, según la hipótesis fiscal, era ejecutar un transporte transnacional de cocaína desde Bolivia hacia territorio argentino, con un presunto destino final en el partido bonaerense de Luján. Por circunstancias que se investigan, el aterrizaje debió concretarse en la localidad entrerriana de Ibicuy. Allí fueron detenidas los dos primeros imputados de la causa -un brasileño que piloteaba y una joven de nacionalidad boliviana-, quienes ya se encuentran elevados a la etapa de juicio oral.

Allanamientos y pruebas secuestradas

El procesado fue detenido en uno de los seis allanamientos -cuatro en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y dos en el partido bonaerense de Carlos Casares- realizados el 24 de junio último por el Escuadrón de Operaciones Antidrogas y la Unidad de Inteligencia Criminal “Gualeguaychú” de la Gendarmería Nacional.

En el local bailable que el acusado regenteaba en el barrio porteño de Flores -denominado “Rumba Latina” y ubicado sobre avenida Rivadavia al 7200-, se secuestró un simulador de vuelo completo (con tablero, palancas, pedales y partes de aeronave), además de manuales de aviación correspondientes a aeronaves Cessna. El joven obtuvo en 2023 su licencia de piloto privado tras un curso realizado en una escuela de aviación situada en la Base Aérea del partido bonaerense de Morón, destacó el portal Fiscales.

En su domicilio, ubicado en la calle San Nicolás al 300, también en Flores, fueron hallados 4,945 kilogramos de cocaína distribuidos en dos paquetes rectangulares escondidos en un compartimiento oculto de un mueble, balanzas de precisión, elementos para el fraccionamiento de estupefacientes y dinero en efectivo (1.841.380 pesos y 7.040 dólares).

El descargo del acusado

Al ampliar su declaración indagatoria -en la original se negó a declarar-, el ahora procesado aseguró que el depósito de dinero que hizo para la compra de la aeronave fue “un favor que le hizo a su hermano”. Negó tener relación con la droga incautada en Entre Ríos y explicó que junto a su hermano su intención era dedicarse a hacer “vuelos de bautismo y de instrucción”. Alegó además que el simulador estaba en desuso, que solo lo usaron cuando hacían el curso de piloto y que lo tenía en el boliche por falta de espacio en otro sitio.

Sin embargo, el juez Viri consideró que este descargo constituye “un vano intento de mejorar su complicada situación procesal” y remarcó que la documentación secuestrada en los domicilios del imputado acredita su “estrecho vínculo” con la aeronave, lo que lo aleja de una participación circunstancial en los hechos.

La resolución del juez

Al disponer el procesamiento, el juez afirmó que tanto este acusado como su hermano y su padre -aún prófugos- “proveyeron el medio de transporte utilizado para trasladar el material estupefaciente desde el Estado Plurinacional de Bolivia hasta la República Argentina”.

“Si bien de los distintos elementos probatorios recolectados se desprende que el nombrado no tenía dominio ni decisión directa en la concreción de las maniobras -esto es el contrabando del tóxico-, lo cierto es que se comprobó que realizó aportes trascendentales y fundamentales que lo alejan de una consideración completamente ajena a los hechos y lo acercan al rol de colaborador esencial y confiable, ya que su aporte -medio utilizado para trasladar la sustancia-, permitió consumar la maniobra ilícita en trato”, concluyó Viri al fundamentar el procesamiento.

Respecto de la segunda imputación -por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización- el juez remarcó que “se encuentra acreditada” a partir de la cantidad de droga, los diversos elementos para su fraccionamiento y acondicionamiento y el dinero en efectivo incautados en su domicilio de Flores.

El caso

Esta investigación es una derivación de la causa que se inició el 22 de enero de 2025, alrededor de las 20, cuando una avioneta Cessna 210 E, con matrícula adulterada, aterrizó en el establecimiento rural “Campo Grande”, aproximadamente a 15 kilómetros de la localidad de Holt Ibicuy, por un camino con dirección a la localidad de Mazaruca.

En la aeronave se hallaron 358,95 kilogramos de cocaína distribuidos en diez bultos con 342 envoltorios tipo ladrillos. En el lugar fueron detenidos su piloto, un ciudadano brasileño que al principio brindó una falsa identidad y luego se determinó que se trataba de Leonardo Monte Alto Gusmao -quien ya registra una condena por un hecho similar en Brasil-, y Jade Isabela Callaú Barriga, de nacionalidad boliviana. La joven fue “reina de la belleza” en su país y además es la sobrina política de Jorge Adalid Granier Ruiz, quien fue condenado por liderar una organización dedicada al tráfico aéreo de cocaína. A requerimiento de la fiscalía, ambos ya están elevados a la etapa de juicio oral, publico el portal Fiscales.

Según los fiscales, la aeronave partió desde Santa Ana de Yacuma, en Bolivia, cargó la droga en la frontera con Paraguay y cruzó a la Argentina, donde tenía como supuesto destino final un punto del partido bonaerense de Luján, lo que no pudo ser concretado por motivos ajenos a la voluntad de los imputados y motivó el aterrizaje en la zona de Holt Ibicuy.

Fuente: Ahora

La Justicia Federal de Gualeguaychú desbarató un plan ideado por un jefe narco de Diamante para asesinar en el exterior al juez federal de Paraná, Leandro Ríos, y al fiscal federal José Ignacio Candioti, en el marco de una causa que los involucra.

La maniobra se vinculó al narco Leonardo Airaldi, quien habría pagado 40 mil dólares a un sicario uruguayo para concretar los ataques durante supuestas vacaciones de los magistrados en ese país, aunque ninguno de ellos estuvo en Uruguay ni tenía previsto viajar.

En este contexto, el gobernador Rogelio Frigerio se refirió al grave hecho: “El narcodelincuente Leonardo Airaldi, a quien detuvimos en marzo de 2024, intentó desde la Unidad Penal N° 9 de Gualeguaychú organizar un atentado contra la Justicia y el Estado. Gracias al profesionalismo de nuestro Servicio Penitenciario y a la rápida intervención de la Justicia Federal, el plan fue desbaratado“, sostuvo Frigerio.

“En ese marco, quiero destacar también la actuación del juez Dr. Viri y del fiscal Dr. Rebollo, cuya labor fue clave para impedir que esta amenaza avanzara”, agregó.

El gobernador se solidarizó con los afectados: Mi solidaridad con el juez Leandro Ríos, el fiscal José Ignacio Candioti y especialmente con el ministro Néstor Roncaglia, con quien estuve en contacto durante toda la jornada. No nos van a intimidar. Para los delincuentes no hay lugar en Entre Ríos

Con el correr de las horas y de la investigación que lleva adelante la Justicia Federal de Gualeguaychú, han surgido nuevos elementos que obligaron a una nueva presencia de la Justicia Federal en la cárcel de El Potrero, donde se encuentra alojado Leonardo Airaldi, un hombre que fue presidente de la Sociedad Rural de Diamante y que está acusado de ser el líder de una organización narco que habría tratado de quitar del medio a los funcionarios que debían juzgarlo en los próximos días.

Según la acusación, este preso de 44 años que se presentaba como productor agropecuario, está vinculado con el descubrimiento de 30 kilos de cocaína que se resguardaban en una vivienda de Puerto Gaboto que alquilaba, una localidad costera santafesina ubicada en el departamento San Jerónimo, sobre la Ruta 11, a 120 kilómetros de Santa Fe. Tenía logística para recibir estupefacientes en un establecimiento rural de su propiedad ubicado en el sector de islas, jurisdicción de Diamante, y trasladarla por el río Paraná para abastecer redes narcos en el litoral.

Airaldi tiene dos causas por narcotráfico y una de ellas se tramita en Entre Ríos. Casualmente, este martes debía comenzar el juicio en su contra, luego de sufrir un revés a un planteo realizado por su abogada Mariana Barbitta ante el Juzgado Federal de Paraná, que tiene como juez a Leandro Ríos y como fiscal a José Ignacio Candiotti: las dos supuestas víctimas a las que se pensaba asesinar mediante el pago de 40 mil dólares a un sicario uruguayo mientras los funcionarios vacacionaban en Punta del Este.

Pero al parecer, con el correr de las horas se habría podido establecer que el ministro de Seguridad de Entre Ríos, Néstor Roncaglia, también era una de las personas que se debía asesinar y esto estaría dentro de una de las nuevas declaraciones que consiguió el fiscal Federal de Gualeguaychú, Pedro Rebollo, en el procedimiento que se realizó este sábado por la tarde en la Unidad Penal Nº 9.

Todo el plan se logró desbaratar gracias a las declaraciones de dos presos, que durante los últimos días habían pasado algunas de sus horas con Airaldi en la celda, a quienes les habría dado detalles sobre el plan que tenía para asesinar a los funcionarios federales Ríos y Candiotti.

El primero de ellos, de 48 años, relató que Airaldi tiene mucho poder dentro de la Unidad Penal y que ese poder lo ejerce con los internos y el personal penitenciario. Este condenado le relató al fiscal Rebollo que Airaldi estaba molesto porque le habían “caminado” 40 mil dólares que le había pagado a un sicario uruguayo para que matara a Ríos y Candiotti mientras vacacionaban en Punta del Este.

El supuesto asesino a sueldo recibió el pago de los miles de dólares, pero no cumplió nunca con el encargo y al parecer eso tenía molesto a Airaldi que el próximo martes debía enfrentar el juicio en su contra por la causa de narcotráfico. En su declaración, el preso relató que Airaldi sentía que el juez Ríos le había “inventado una causa” y Candiotti tenía “todo arreglado para que le de 15 años de condena”.

Todo esto originó el primer procedimiento del viernes por la tarde. Personal del Escuadrón 56 de Gendarmería Nacional con asiento en Gualeguaychú allanó el Pabellón E y secuestraron teléfonos, anotaciones, cocaína y documentación. Pero en las últimas horas surgió una nueva declaración, que tomó este sábado por la tarde el fiscal Rebollo a otro interno de la Unidad Penal 9, que sumó al ex jefe de la Policía Federal y actual ministro de Seguridad de Entre Ríos, Néstor Roncaglia, dentro de las supuestas víctimas que tenía este plan criminal. Lo que aún resta esclarecer son los motivos que tenía el jefe narco para tenerlo dentro de la lista de enemigos a quienes debía eliminar.

La investigación sigue su curso y habría fuertes denuncias por partes de ambos presos sobre el poder que ejerce Airaldi dentro de la cárcel, pero principalmente las palabras de uno de ellos comprometen al personal del Servicio Penitenciario por la connivencia dentro de la institución.

En paralelo, fuentes judiciales señalaron que se evalúan medidas de protección adicionales para los funcionarios mencionados y que no se descartan nuevas imputaciones a partir del análisis del material secuestrado en los procedimientos. Los teléfonos celulares y la documentación incautada serán sometidos a pericias técnicas para determinar el alcance real de los contactos y la eventual existencia de otros involucrados.

El expediente, que combina causas por narcotráfico y presuntas maniobras para entorpecer el accionar judicial, quedó bajo estricta reserva mientras avanzan las diligencias. En los próximos días podrían definirse nuevas audiencias y resoluciones procesales que marcarán el rumbo de una investigación que suma capítulos y mantiene en alerta al ámbito judicial y político de la región.

A través de la red X, el diputado nacional por Entre Ríos se refirió al trabajo del Juzgado Federal de Gualeguaychú en la investigación iniciada por el testimonio de un recluso de la Unidad Penal Nº9 que  reveló un complot ideado por un capo narco que incluía la contratación de un sicario extranjero y el pago de sumas importantes de dinero.

Días atrás, en declaraciones radiales, Michel había asegurado que “sin el juez Federal y el fiscal Federal, Gualeguaychú sería una mini Rosario”.

Mi solidaridad con el Dr. Leandro Ríos, el Dr. José Ignacio Candioti y el Ministro Roncaglia.También quiero destacar la actuación del juez Dr. Viri y del fiscal Dr. Rebollo.El trabajo que realizan el Juzgado Federal y el Ministerio Público Fiscal en Gualeguaychú y en nuestra… pic.twitter.com/Ik54fehA9u

En su mensaje, Michel dijo: “Mi solidaridad con el Dr. Leandro Ríos, el Dr. José Ignacio Candioti y el Ministro Roncaglia. También quiero destacar la actuación del juez Dr. Viri y del fiscal Dr. Rebollo. El trabajo que realizan el Juzgado Federal y el Ministerio Público Fiscal en Gualeguaychú y en nuestra provincia es clave para la seguridad y la tranquilidad de nuestros vecinos”.

Según informaron desde el Juzgado Federal a Ahora ElDía, el juez Hernán Viri dispuso en la causa en la que se investiga la afectación ambiental como consecuencia del mal funcionamiento de la planta de tratamiento ubicada en el Parque Industrial Gualeguaychú, una audiencia que se llevará a cabo el próximo viernes 13 de febrero a las 9.30 horas en la sede local de la Asociación de Magistrados y Funcionarios. 

La misma fue convocada luego de haber recibido los resultados de las pericias oportunamente ordenadas, y lo que surge de las testimoniales brindadas por los peritos.

A la audiencia fueron convocados la Municipalidad, la CODEGU, los representantes del Parque Industrial y las empresas que están ubicadas en el mismo y quieran participar de dicha audiencia.

“Luego de ello se resolverá los pasos a seguir y en especial si corresponde o no la clausura del parque, tal como sugirió uno de los peritos”, confirmaron desde la Justicia Federal a este medio.

El Juzgado Federal de Gualeguaychú realizó un desembolso de 4 millones de pesos para el Hogar de Ancianos y se anunció que contará con un aporte de la Justicia de manera sostenida.

Esta mañana, el intendente Mauricio Davico acompañó al juez Federal, Hernán Viri y al fiscal Federal, Pedro Rebollo en su visita al Hogar.

Allí, acompañados por el presidente de la comisión directiva de esa institución, Gustavo Píccoli, los recibieron el jefe de Gabinete, Luciano Garro; el secretario de Desarrollo Humano, Juan Ignacio Olano; el concejal Benito Bacigalupo e integrantes de la comisión directiva del Hogar de Ancianos.

En el inicio de la visita, el juez Viri explicó de dónde surgen los aportes que recibirá la Institución. “El nuevo Código Procesal Penal Federal establece que en ciertos delitos -cuando no son graves-, puede haber una resolución alternativa a conflictos, donde hay una reparación económica. Esto es un acuerdo al que llega el fiscal con la defensa, me presentan el acuerdo, yo lo homologo y le damos el destino a ese dinero a alguna entidad benéfica”.

En ese sentido, indicó que en más de un año se ha destinado al hospital Centenario más de 100 millones de pesos, al Centro de Salud Juan Baggio, a Madres Cuidadoras y a Cáritas.

“La idea es tratar de diversificar esta ayuda económica, como para que lo reciba la mayor cantidad de personas”, dijo Viri, e insistió: “pretendemos, sobre todo en la medida de lo posible, que sea constante para que puedan tener un aporte sostenido en el tiempo, porque el trabajo que hacen es muy valioso y valorable. Tenemos que apoyarlos”. 

El intendente Davico destacó la predisposición y la respuesta efectiva del juez Viri y del fiscal Rebollo ante su requerimiento de ayuda para el Hogar de Ancianos. “Es tan importante este gesto, que debería ser contagioso. Ojalá pase más seguido, tener funcionarios judiciales con solidaridad, pensando realmente en las cosas importantes”, resaltó, a la vez que afirmó que “para nosotros, los gurises y los adultos mayores son muy importantes”. 

Gustavo Píccoli expresó su agradecimiento a la gestión del intendente Davico y al aporte dispuesto por el juez Viri y el fiscal Rebollo. “Nosotros seguimos a nuestro guía, el padre Luis Jeannot Sueyro, y cuando no llegamos, cuando nos falta para comprar algo, lo invocamos y aparece la solución, como en este caso, con este aporte”, expresó emocionado. 

La visita al Hogar incluyó una recorrida por el casi centenario edificio, donde los funcionarios pudieron conocer los detalles de las obras que se realizan con la colaboración del Rotary Club y otros actores de la sociedad.

Es importante destacar que hoy el Hogar de Ancianos puede recibir aportes de la Justicia federal porque cuenta con habilitación municipal y con avanzada gestión del trámite provincial. Si no la tuviera, el Juzgado no podría entregar su ayuda económica. 

El Juzgado Federal de Gualeguaychú, a cargo del  Dr. Hernán Viri, ordenó la realización de dos allanamientos sobre 2 domicilios emplazados en la ciudad de Gualeguaychú, en el que se secuestró  $50.000.000,00; 22.562,00 de dólares y 8.720,00 pesos uruguayos . En total, arrojó un total de $180.918.746,00.                                                

Además, se retuvieron elementos electrónicos: 2 CPU; 4 celulares; 2 máquina contadora de billetes; 1 DVR.; 1 Notebook; 10 Pendrives; 1 Tablet y 1 Disco rígido. Vehículos: 1 Camioneta Ford modelo Maverick ; 1 Volkswagen modelo TAOS. y Documentaciones de interés. 

El millonario operativo surgió de una investigación minuciosa realizada por la Fiscalía Federal de Gualeguaychú a cargo del Dr. Pedro Rebollo, en conjunto con la Procelac (Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos). Dicha investigación tiene su génesis el día 30 de julio del 2024, la cuál surge de una denuncia anónima, dónde se mencionó que un hombre residente en la localidad realizaba compra-venta de dólares de forma ilegal. Por tal motivo, el magistrado ordenó a la Delegación de Inteligencia Criminal e Investigaciones de la Prefectura Gualeguaychú, realicen tareas investigativas.

Ante lo expuesto, a través de distintas tareas de campo, análisis de información y escuchas telefónicas, se logró identificar al investigado como así también el lugar (cueva) donde realizaba la actividad ilícita. La modalidad delictual se realizaba en una de sus viviendas, donde con previa comunicación telefónica, se coordinaba y concretaba las compra y venta de dólares de forma ilegal.   Por tal motivo, la Fiscalía interviniente solicitó al Juzgado Federal, las correspondientes ordenes de allanamientos sobre la vivienda utilizada para dichas transacciones, como así también el domicilio donde rescindiría.                              Es importante mencionar, que para el cumplimiento de las manda judicial se contó con la colaboración del personal de la Central de Investigaciones (Departamento Delitos Económicos) dependiente de la Dirección de Inteligencia Criminal e Investigaciones y personal de la Gerencia de Fiscalización de Actividades No Autorizadas del Banco Central de la República Argentina.

El miércoles a las 9 horas se realizará en el Crematorio Gualeguaychú, ubicado a metros del acceso a la altura de la rotonda del Cristo de la Hermandad. El juez federal Hernán Viri dispuso la quema de casi mil kilos de marihuana y 400 kilos de cocaína que han sido secuestros en diferentes procedimientos realizados por las fuerzas federales, ordenados por el juzgado. El Ministerio de Seguridad de Entre Ríos prestará colaboración en la logística para el traslado de la droga.

Según fuentes judiciales, Viri le solicitó al ministro de Seguridad de Entre Ríos Néstor Roncaglia que disponga del operativo de seguridad para realizar el traslado de los estupefacientes desde donde se encuentra secuestrada hasta el crematorio para su incineración. Para el procedimiento se ha confirmado la presencia del Ministro y de otras autoridades.

La Cámara Federal de Paraná, integrada por Mateo Busaniche, Cintia Gómez y Beatriz Aranguren, resolvió este lunes “rechazar los recursos de apelación interpuestos por la defensa de Carlos Cáceres y Jacinto Cuello y, en consecuencia, confirmar la resolución del 21 de marzo de 2025, en cuanto decreta la prisión preventiva y dispone el embargo de los nombrados…”.

El Tribunal intervino en el proceso en virtud de los recursos de apelación interpuestos por las defensas de Cáceres, de 33 años, y de Cuello, de 43 años, contra la resolución que decretó la prisión preventiva de ambos por el delito de Hurto simple y dispuso el embargo sobre sus bienes.

La Cámara sostuvo “en relación a ambos, que aun cuando las consideraciones sobre el monto de la pena conminada en abstracto y la posibilidad de procedencia de una condena de ejecución condicional le serían aplicables, la existencia de antecedentes penales es fundamento razonable para presumir el riesgo procesal que llevó al a quo a mantener sus detenciones”. Así, se concluyó que “dadas las circunstancias del caso, la privación de libertad se presentaba como la única modalidad idónea para asegurar con efectividad la comparecencia y sujeción de los imputados al proceso”.

El caso

Las actuaciones se iniciaron “el 7 de marzo de 2025 con la denuncia formulada por Pablo Cafferata -empleado de la Aduana de Gualeguaychú- quien puso en conocimiento que en horario del almuerzo, ocasión en la que no había nadie en la oficina del depósito de la Aduana, dos personas que desconocía, ingresaron a esa planta –por calle San Lorenzo- y sustrajeron dos computadoras -una completa (CPU y Monitor) y la restante un CPU-, lo que habría quedado acreditado a través de las cámaras de seguridad del lugar”.

El Tribunal evaluó que el fiscal auxiliar “habría dejado debida constancia de que, con posterioridad a la recepción de la denuncia, recibió una llamada del Administrador de Aduana Gualeguaychú (Gustavo Falcón), informando que los sujetos de la filmación estarían en las inmediaciones de la Terminal de Ómnibus, por lo que se comunicó con el Comandante Tatarín de la GNA, a quien le solicitó que juntamente con el referido Administrador, se constituyeran en el lugar.

También se consignó que “se observó que uno de los sospechosos habría dejado un bolso en el kiosco de la Terminal y se habría retirado del lugar; y que al entrevistar al señor que lo atendía, les confirmó esa circunstancia, diciendo que dos personas de cabello oscuro, de los cuales uno era ‘medio rengo’, le habían dejado ese bolso en custodia, y que lo vendrían a retirar entre las 20 y 20:30 horas”.

De conformidad a la normativa vigente “se requisó el bolso de mención y se pudo corroborar que efectivamente se trataba de las computadoras sustraídas. Además, se puso en conocimiento que en razón del horario de partida que los sujetos informaron al quiosquero, personal de GNA se dirigió a las boleterías, con el objeto de consultar qué ómnibus partían en esos horarios”.

En la terminal se informó que “uno de los micros salía a las 20:30 y que dos masculinos de los cuales uno era rengo, habían sacado boletos, pudiendo determinarse a través de sus DNI que se trataba de Cáceres y Cuello. Por tal motivo, se realizaron patrullajes por la zona, lo que culminó con la detención de los nombrados, y el 10 de marzo se les recibió declaración indagatoria”.

Abstracto

La Cámara, al tratar los agravios planteados por la defensa contra el dictado de la prisión preventiva de Cáceres y Cuello, advirtió que el 12 de marzo el juez de primera instancia “rechazó las excarcelaciones de los nombrados”, resoluciones que fueron “confirmadas por este Tribunal el 7 de abril de 2025 –oportunidad en que se valoró negativamente la posibilidad de la morigeración de la detención de ambos…”.

También entendió que “atento a que el dictado de la prisión preventiva –de fecha 21 de marzo de 2025- fue previo a la expedición por parte de esta Alzada al analizar los riesgo procesales, entiendo que el recurso de apelación en este punto ha devenido de abstracto tratamiento”. Respecto del monto del embargo, determinado en 50.000 pesos, la Cámara entendió que “se encuentra debidamente fundado, ponderado en específico las circunstancias socioeconómicas y ambientales de los cautelados, así como el aseguramiento perseguido con dicha medida…, por lo que el quantum de 50.000 pesos luce ajustado debiendo rechazarse el agravio en lo que a este punto respecta”.

Antecedentes

No obstante que el planteo devino abstracto, la vocal Gómez realizó consideraciones respecto de la situación de los acusados. Así, respecto a Cuello, evaluó que su ocupación sería delivery y ayudante de cerrajería, que el 26 de octubre de 2017 el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 22 de Capital Federal, le impuso la pena única de seis años de prisión, con costas, comprensiva de la pena única de cuatro años y tres meses de prisión y costas, aplicada el 9 de noviembre de 2015 por Privación ilegal de la libertad, y la pena de dos años y seis meses de prisión en suspenso en orden al delito de Robo calificado por el uso de arma de fuego que no era apta para el disparo por hallarse descargada, en grado de tentativa y Tenencia ilegítima de arma de guerra.

En cuanto a Cáceres, se analizó que su ocupación es la de empleado en un restaurante y se valoró que el 10 de enero de 2018 el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°53 de Capital Federal, lo condenó a 15 días de prisión de cumplimiento efectivo, por el delito de Hurto en grado de tentativa; que el 20 de febrero de 2020 el Juzgado Nacional de Rogatorias le envío al Director del Registro Nacional de Reincidencia y Estadística Criminal que registraba orden de detención del 2 de diciembre de 2019 del Juzgado de Garantías N°3 del Departamento Judicial La Plata por el delito de hurto.

También se consideró que el 3 de junio de 2021 el Juzgado en lo Correccional N°3 de La Plata informó que en el marco de otra causa por Hurto que se le impuso la pena de un año y seis meses de cumplimiento efectivo, comprensiva de la dictada en la causa N° 8082 de ocho meses de prisión de efectivo cumplimiento por el delito de Hurto, y la dictada el 30 de mayo de 2018 por el Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas N°10 de CABA, en una causa por el delito de Amenazas simples, Amenazas agravadas por el uso de armas y Violación de domicilio, todos en concurso real, donde se lo condenó a la pena de un año de prisión en suspenso.

Fuente: APF Digital

Ocurrió a las 15 horas en el edificio ubicado en San Lorenzo, entre Del Valle y Concordia. Las dos personas lograron sustraer dos computadoras e insumos. 

Se trata de dos hombres mayores de edad oriundos de Buenos Aires, que aprovecharon el horario de almuerzo de los empleados para irrumpir en la Aduana y llevarse dos computadoras y otros elementos. 

Luego de un operativo de inteligencia entre el Juzgado Federal, a cargo de Hernán Viri, la Físcalía Federal de Gualeguaychú y la Gendarmería Nacional -con colaboración de personal de la Aduana-, dos horas después, lograron cercar y atrapar a los individuos, uno de 30 años y el otro de 40 años, que estaban intentando huir rumbo a Buenos Aires. 

Los delincuentes fueron apresados y puestos a disposición de la Justicia y también fue recuperado la totalidad de los elementos robados. El lunes por la mañana, el Juez federal les tomará declaración a ambos. 

La investigación por presunta Coacción, extorsión y defraudación contra la administración pública, a personas con percepción de algún tipo de ingreso “familiar de emergencia”, “plan social” y/o “programa de empleo”, llevada adelante por el Juzgado Federal de Gualeguaychú, avanzó el pasado lunes, al contar con los oficios judiciales para llevar adelante 22 allanamientos en inmuebles de la ciudad de Gualeguaychu y uno en Gualeguay.

A raíz de denuncias recepcionadas a través de la línea 134 y tras un período para reunir los elementos de pruebas sobre los involucrados. Se detuvo a dos personas por tenencia de estupefacientes y otras 11 personas quedaron supeditadas a la causa al secuestrarles 1.474.380 pesos argentinos, celulares, computadoras, tablets, tarjetas de memorias y documentaciones de interés, según manifestaron oficialmente desde Gendarmería Nacional.

El juzgado federal de Gualeguaychú procesó con prisión preventiva a diez imputados acusados de conformar una organización criminal que contrabandeaba todo tipo de mercadería como armas, municiones, relojes, cigarrillos, calzado y ropa de marcas falsificadas, desde la localidad entrerriana de Villa Paranacito hasta la República Oriental del Uruguay.

La resolución fue dictada por el juez federal Hernán Viri en línea con lo solicitado por el fiscal federal subrogante a cargo de la Fiscalía Federal de Gualeguaychú, Pedro Mariano Rebollo, junto con la Unidad Fiscal Especializada en Criminalidad Organizada (UFECO), a cargo de Santiago Marquevich.

Los diez acusados quedaron procesados por el delito de contrabando de exportación cuádruplemente calificado por el número de personas que intervinieron en el hecho, por tratarse de elementos que pudieran afectar la salud pública, por el valor de la mercadería y por tratarse de armas y municiones, todos en calidad de coautores. Además, dos de ellos también fueron procesados por un segundo cargo, el de comercialización de productos con marca registrada falsificada, en grado de tentativa.

Asimismo, el magistrado ordenó trabar embargos sobre sus bienes de sumas que van desde los 50 mil hasta los 200 mil pesos para cada uno de ellos.

De acuerdo a la investigación del MPF, todos están acusados de conformar una banda que se dedicaba al transporte de todo tipo de mercadería -armas, cigarrillos apócrifos, ropa de marcas falsificadas, fauna ictícola, zapatillas, repelentes, relojes, etc.- desde la localidad entrerriana de Villa Paranacito hacia la República Oriental del Uruguay. El contrabando se hacía en horarios nocturnos y a través de pasos clandestinos.

Según la pesquisa, la mercadería, en gran parte, provenía de la provincia de Buenos Aires y de la ciudad entrerriana de Gualeguaychú y luego era trasladada hasta la mencionada localidad de Villa Paranacito, para su posterior contrabando al vecino país.

La organización criminal habría funcionado por lo menos desde el 17 de agosto de 2022 hasta el 25 de junio pasado, fecha en que se realizaron los procedimientos ordenados oportunamente y realizados por personal de la Prefectura Naval Argentina.

El caso

La investigación se inició en 2022, por parte del fiscal subrogante de la fiscalía federal de Gualeguaychú, Pedro Mariano Rebollo, tendiente a corroborar la existencia de una organización criminal dedicada al contrabando de mercaderías desde la Ciudad de Villa Paranacito, ubicada en la provincia de Entre Ríos, hacia la República Oriental del Uruguay a través de pasos clandestinos.

Con la profundización de la pesquisa y corroborados los extremos investigados, así como también la participación de integrantes de nacionalidad uruguaya y argentina en la referida organización criminal, se judicializó la investigación con intervención del Juzgado Federal de Gualeguaychú, quedando el expediente delegado en el MPF.

Ante la complejidad de la investigación, la fiscalía solicitó la colaboración de UFECO. Luego de dos años de investigación, se pudo corroborar -mediante escuchas telefónicas, registros fílmicos y secuestros de mercadería- la presunta participación de once personas con roles claramente distribuidos en el delito de contrabando investigado.

Dinero en pesos y dólares, calzado y más prendas de vestir incautadas en los allanamientos. Foto: Prefectura Naval Argentina

Por ello, el fiscal Rebollo y la UFECO solicitaron de manera conjunta la realización de 18 allanamientos en las ciudades entrerrianas de Villa Paranacito y Gualeguaychú y en el partido bonaerense de Lomas de Zamora, así como también la detención de las once personas identificadas como integrantes de la organización.

El pasado 25 de junio, el juez Viri dispuso los allanamientos y las detenciones solicitados por el MPF, y de los once imputados, diez fueron localizados y detenidos, mientras uno de nacionalidad uruguaya aún se encuentra prófugo.

Además, en esos operativos, se logró el secuestro de 45 bultos que contenían 19 armas de fuego, 789 municiones, 2.239 cartones de cigarrillos apócrifos de la marca comercial “Nevada” de origen uruguayo, 705 relojes pulsera de origen chino, 800 prendas de vestir presuntamente de marcas falsificadas, 1.300 metros de redes de pesca, gran cantidad de electrodomésticos de industria china, siete embarcaciones, seis motores fuera de borda de distintas potencias y varios vehículos automotores.

Argumentos del juez

El juez Viri señaló que, a partir de la “abundante y sólida” prueba reunida en el expediente, se encuentra acreditado, al menos en esta etapa procesal, que los hombres procesados detenidos formaron parte de la organización criminal cuyo objeto fue el contrabando de mercaderías varias.

“Así ha quedado demostrado, conforme los diversos elementos probatorios antes referidos, como son las conversaciones telefónicas con diferentes acopiadores de pescado de la República Oriental del Uruguay, así como también las mantenidas con integrantes de la organización delictiva”, resaltó en la resolución.

“A la sazón de lo invocado, resulta palmaria la afectación al bien jurídico protegido salud pública por parte de las maniobras desplegadas por la organización criminal investigada. Ello toda vez que, por la sensibilidad del producto alimentario y otros -como cigarrillos- contrabandeado de forma clandestina, sin contar con el más mínimo control sanitario y bromatológico, contraviene de manera tajante los rigurosos controles establecidos por la normativa local e internacional para la extracción, procesamiento, transporte y posterior consumo humano”, señaló el juez.

Y agregó: “Las conductas traídas a estudio tienen la entidad suficiente para provocar un daño irreparable a las personas que eventualmente consuman dichos productos, los cuales, desde su extracción, manipulación y transporte, evadieron todo tipo de control bromatológico y sanitario”.

Por otro lado, el juez hizo hincapié en el período en el cual habría funcionado la organización criminal y remarcó que, tal como ha quedado acreditado en las probanzas recolectadas en el marco de la presente investigación, “pudo haberse logrado un elevado patrimonio, contando para ello con embarcaciones y logística para mover las diversas mercaderías en contrabando, obteniendo así ganancias en dólares”.

Luego se refirió a la coautoría de cada uno de los imputados y señaló que se encuentra acreditado que todos los imputados “tenían conocimiento de la ilicitud de las maniobras desplegadas” y que, de esta manera, cada uno aportó al “plan común de la organización criminal investigada”. A la vez, señaló que cada uno de ellos “tenía una función o labor específica en la maniobra delictiva”.

“Como resultado de todo el cuadro probatorio conformado en la investigación, surge la presencia de un patente acuerdo de voluntades entre los mencionados tendiente a la consecución del fin ya expuesto”, añadió.

Por último, Viri destacó que no se trató de un hecho circunstancial o aleatorio y aislado, sino que “por lo menos desde hace aproximadamente dos años los imputados venían desplegando un accionar mancomunado y sistematizado vinculado al contrabando de exportación de variados productos desde la República Argentina hacía la República Oriental del Uruguay, lo cual fue advertido y debidamente documentado por personal de la Delegación de Inteligencia Criminal e Investigaciones de la Prefectura Paranacito de la Prefectura Naval Argentina”. 

Un ciudadano uruguayo imputado por transportar estupefacientes de Argentina a Uruguay fue extraditado por pedido del Juzgado Federal de Gualeguaychú. 

El operativo fue realizado por la División de Unidad Operativa Federal de la Policía Federal de la ciudad, quienes trasladaron al imputado desde el puente internacional General San Martín hasta el Juzgado Federal ubicado sobre calle San Martín.

Según informaron a Ahora ElDía fuentes cercanas al caso, el sujeto fue indagado ayer por el juez federal Hernán Viri, quien ahora dispone de diez días para resolver su situación procesal.

El hombre fue rastreado por Interpol Uruguay e Interpol Argentina y fue localizado en Montevideo, lugar donde reside.

El martes por la tarde, el juzgado Federal de Gualeguaychú, a cargo del juez Hernán Viri, llevó a cabo varios allanamientos para desbaratar el funcionamiento de una organización criminal dedicada al contrabando de mercaderías que utilizaba embarcaciones para cruzar desde este país a la República Oriental del Uruguay. 

Tras la realización de los 18 allanamientos –que tuvieron lugar en Gualeguaychú, Ceibas, Villa Paranacito y varias localidades de la provincia de Buenos Aires–,  9 personas quedaron detenidas y fueron incomunicadas a la espera que presten declaración ante el Juzgado. 

Sin embargo, dos integrantes de la supuesta banda de contrabandista lograron escapar: según informaron desde el Juzgado Federal a Ahora ElDía, dichos sujetos continúan en con el estatus de prófugo, por lo que las investigaciones y el trabajo de rastreo se intensificaron para dar con los mismos lo antes posible. 

La banda vendía de manera clandestina diferentes productos o mercadería, entre ellos: pescados, cigarrillos de marcas apócrifas, ropa, calzado, desodorantes, repelentes, armas, electrodomésticos, etc; y cobrando por ello en dólares.

Los procedimientos se realizaron de forma simultánea para desbaratar el funcionamiento de la organización criminal. En total fueron 18, la mayoría de ellos en la localidad de Villa Paranacito y, también, en Ceibas, Gualeguaychú y provincia de Buenos Aires. 

Con un gran movimiento de personal de la fuerza interviniente –alrededor de 150 personas– la Prefectura de Paranacito de la Prefectura Naval Argentina detuvo a 9 personas que se encuentran incomunicadas. 

Los allanamientos fueron exitosos ya que se pudo secuestrar mucha información relevante para la causa, entre ello: cerca de 50 celulares, varias camionetas, automóviles y embarcaciones, armas de diverso calibre, gran cantidad de zapatillas, vestimenta y relojes apócrifos y dinero en efectivo, tanto en pesos y dólares.

El juzgado Federal de Gualeguaychú, a cargo del juez Hernán Viri, llevó a cabo varios allanamientos para desbaratar el funcionamiento de una organización criminal dedicada al contrabando de mercaderías que utilizaba embarcaciones para cruzar desde este país a la República Oriental del Uruguay. 

La banda vendía de manera clandestina diferentes productos o mercadería, entre ellos: pescados, cigarrillos de marcas apócrifas, ropa, calzado, desodorantes, repelentes, armas, electrodomésticos, etc; y cobrando por ello en dólares.

Los procedimientos se realizaron de forma simultánea para desbaratar el funcionamiento de la organización criminal -en total fueron 18-. La mayoría de ellos en la localidad de Villa Paranacito y, también, en Ceibas, Gualeguaychú y provincia de Buenos Aires. 

Con un gran movimiento de personal de la fuerza interviniente -alrededor de 150 personas- la Prefectura de Paranacito de la Prefectura Naval Argentina- detuvo a 9 personas que se encuentran incomunicadas a la espera que presten declaración ante el Juzgado. Todavía quedan 2 personas por detener las que se encuentran prófugas. 

Los allanamientos fueron exitosos ya que se pudo secuestrar mucha información relevante para la causa, entre ello: cerca de 50 celulares, varias camionetas, automóviles y embarcaciones, armas de diverso calibre, gran cantidad de zapatillas, vestimenta y relojes apócrifos, dinero en efectivo –pesos y dólares.

El 9 de febrero pasado, el juez Federal Hernán Viri ordenó la clausura de ciertos espacios del predio del ex Frigorífico debido a la presencia de transformadores con PCB, asbesto y 400 mil litros de fuel oil almacenados en tanques y dentro de la cañería interna, todos elementos altamente contaminantes. 

“Realmente son altamente tóxicos, tanto si los respirás o te toca la piel. Ni hablar si lo consumís. Tiene una toxicidad muy fuerte, de un grado altísimo. Y todo eso estaba en el frigorífico, y es por eso que dispuse la clausura de algunos locales porque me transmitieron que había personal de Vialidad que tenía acceso a esos lugares”, informó a Ahora ElDía Hernán Viri. 

¿Cómo llegaron a la investigación en las instalaciones del ex Frigorífico? Esta esta última causa se inició por la denuncia de una vecina sobre la presencia de asbesto y PCB en el lugar. Ante esta denuncia dispuse unas tareas investigativas en el es Frigorífico. Fue cuando encontraron unos transformadores y unas cañerías que tendrían estas dos sustancias. En virtud de eso, dispuse el allanamiento, que lo llevó adelante la División de Delitos Ambientales de la Policía Federal, que son los técnicamente idóneos para realizar esta tarea. Ellos fueron los que secuestraron todo este material que mandé a analizar, aunque las primeras pericias indicaron que se trata de asbesto y PCB. Para tener en cuenta la peligrosidad de estas sustancias, los policías ingresaron revestidos en trajes especiales que los aislaban del ambiente.

¿Cuál es el riesgo que hubo para las personas que tuvieron acceso a esos lugares?Realmente, el riesgo concreto no lo sé. Un perito químico que conozco de investigación de la la causa UPM (ex Botnia) y otras causas ambientales, una persona que realmente sabe mucho sobre este tema, me aconsejó sobre los lugares que había que clausurar, porque realmente si las personas accedían allí, corría el riesgo de salud. Indicó cuáles eran y esos fue lo que clausuré. En el resto de los lugares no hay ningún problema ni posibilidad de contagio ni de contaminación. 

Entonces, lo que hoy está en funcionamiento no es riesgoso. Exactamente, eso me lo aseguró este perito químico que fue parte de la comitiva que llevó adelante el allanamiento. 

Además se encontró una gran cantidad de fuel oil: ¿Cómo pasó esto desapercibido durante todo este tiempo? Me dijeron que son aproximadamente 400.000 litros distribuidos entre varios tanques y todas las cañerías inferiores e internas. Cuando funcionaba el Frigorífico, generaban ellos mismos la electricidad. Hablo que esto pasaba hace 70 u 80 años. Ya en el año 2021, cuando fue la primera causa, le había ordenado a la Municipalidad que dispusiera lo necesario para ponerle fin a eso. Si bien desde el Municipio me informaron que habían contratado dos empresas, es claro que no se llevó adelante el trabajo. Este tema del fuel oil generó otra investigación: el fiscal federal Pedro Rebollo me pidió investigar a la gestión anterior por un posible incumplimiento. 

¿Quién debería haberse asegurado de que este trabajo se realizara? La Secretaría de Ambiente es la que tiene, por decirlo de alguna manera, el poder de policía, por llamarlo de alguna manera. No obstante, si uno toma dimensión y magnitud de lo que implican los 400.000 litros de fuel oil, más todo el asbesto, que es bastante, más el PCB, que es mucho, y sobre todo la técnica y la idoneidad que hay que tener presente para sacar eso, lo que estoy pensando es convocar a una mesa de diálogo entre la Municipalidad y la Provincia porque creo que puede llegar a exceder la capacidad técnica y económica local. Y yo lo que quiero es que, más allá de la cuestión penal que estoy llevando adelante, es darle un fin a esto, darle una solución final de una vez por todas. Porque es algo que la ciudad lo está sufriendo desde hace 70 años, y las gestiones pasan, más allá del color político, y todo sigue igual, y en definitiva quien se ve afectado es el medio ambiente y las personas. 

¿Tan complicado es el tema que una empresa privada no puede hacerse cargo?Capaz que hasta a una empresa le excedería este tipo trabajo. Y creo que es así por la magnitud que me transmitieron los peritos: es realmente muy grande el problema y no sé si cualquier empresa lo puede hacer. Si tengo en cuenta esto, no sé si la municipalidad tiene los recursos económicos para contratarla. Quizás los tiene, pero quizás no. Yo quiero que se le dé una solución final y no solo quiero comprometer a la municipalidad sino también a la Provincia, y si hay que convocar a la Nación, se convocará también a la Nación. 

¿De quién es la responsabilidad de sacar los transformadores? ¿Del Municipio o de la Cooperativa Eléctrica? Eso está en pleno trámite y es una de las cuestiones más importantes. De hecho, aunque no lo creas, y en pleno siglo XXI no está muy claro a quién pertenece al predio del ex Frigorífico, porque era un sitio provincial que después se cedió a la municipalidad, pero al mismo tiempo algunos dicen que nunca se perfeccionó jurídicamente esa transición. Después hubo una cesión de la municipalidad a Vialidad. Todas estas son cuestiones que yo ya le requerí a la Provincia para determinar, primero, quién tiene el dominio y la responsabilidad del predio. Quiero saber si esos transformadores pertenecen a la Cooperativa Eléctrica, si pertenecen al Frigorífico, a la Municipalidad o a la Provincia. Y, más allá de la responsabilidad penal, también para que lo solucionen y lo saquen. Estas son cuestiones que en el marco de esta última causa que formé se van a ir despejando y se van a ir determinando. 

Se encontró con un verdadero laberinto… Absolutamente. Hay expedientes en Paraná que quizás estén extraviados porque hace 50, 60 o 70 años, obviamente, no existía la digitalización. Está todo papelizado. La verdad es que es un trabajo titánico, pero hay que hacerlo.

En este sentido, ¿cómo sigue la causa? ¿Cuáles son los pasos a seguir desde el Juzgado Federal?En este momento se están haciendo las pericias químicas de lo que sacamos del ex Frigorífico, y después dispuse una multiplicidad de medidas y de informes. Para saber todo necesito concretamente que la provincia me envíe la documentación respecto de quién es el ex Frigorífico, a quién pertenecen los generadores, quién tiene el dominio, quién tiene la responsabilidad de mantenerlo, a quien le corresponde el cuidado. Una cuestión que pude constatar el día de la inspección ocular, es que en 2021 pudimos dar con quien había robado la canilla que provocó el derrame de fuel oil porque había cámaras. Hoy en día están las cámaras, pero me dijeron que no funcionan porque desde diciembre no estaban más los discos rígidos. O sea que desde el cambio de gestión que no están más los discos rígidos. ¿Se trata de un hurto, de una quita intencional? No lo sé, eso lo estamos investigando, pero eso también fue fruto de la inspección ocular. Cuando yo consulto ya que tenía la experiencia anterior, pedí las imágenes de esas cámaras, pero no estaban funcionando porque no estaban los discos rígidos. Y eso es una pena porque en la causa anterior fue determinante porque vimos el momento justo en que se habían robado la canilla. En cambio, hoy en día es imposible. Quizás el Gobierno actual debería hacer un relevamiento de estas cuestiones porque son muy valiosas. De hecho, se lo transmití en ese al jefe de Gabinete Luciano Garro. Le dije que desde el punto de vista de la justicia y la seguridad es importante que todas las cámaras estén funcionando. No solo por este hecho, sino por muchos otros que pueden pasar, como por ejemplo causas de contrabando o narcotráfico. Realmente aportan prueba muy valiosa las cámaras de seguridad. 

¿Cuál es Su visión de Gualeguaychú a nivel ambiental? Yo creo que es una sociedad muy comprometida. Desde que llegué acá, ya hace cinco años, noté eso. El compromiso que tiene el gualeguaychuense es en realidad con todo lo que afronta, pero puntualmente con respecto al ambiente tiene un compromiso y una lucha. Es una sociedad aguerrida en ese sentido, defiende los valores que cree que son importantes. Todo eso lo vimos y lo vemos en la lucha contra las pasteras. Eso fue algo claro, y en particular en la Asamblea Ambientalista y todas las organizaciones ambientales. Creo que realmente es el ADN del gualeguaychuense: el ser férreo en sus creencias, el exigir de las autoridades, el elevar la vara de las autoridades. Todo esto lo admiro y siempre lo comento en todos lados porque realmente es para destacar. No le va a ser fácil a un funcionario, y ojalá nunca deje de ser así, porque se les exige. Yo lo vivo en carne propia y está bien. Continúan las luchas y son persistentes, y creo que es algo para distinguir. Esto no pasa en otros lados, ni siquiera en localidades cercanas o de la misma Entre Ríos. Es una distinción que yo noté sólo acá.

La función civil y social de la Justicia Federal

Entre las causas y operativos más resonantes que ha investigado el Juez Federal Hernán Viri están la de los abusos en el Regimiento, los allanamientos por contrabando o la compra de alcohol en gel por parte del Municipio durante la pandemia.

Sin embargo, también tiene en sus manos una serie de causas que se tramitaron en el fuero civil; y las mismas muchas veces son tanto o más importantes que las que llegan a los diarios, llegando a depender la vida o muerte de una persona en cada una de sus decisiones.

“Muchas veces trabajamos con los amparos, sobre todo en los temas de salud. Las cautelares que brindamos, a una persona que lo necesita literalmente le cambiamos la vida. Es cuando obligamos a una prepaga, a una obra social o al gobierno a darle a alguien que lo necesita medicamentos o un estent o una bomba de insulina o directamente obligarlos a que lo operen”, relató en la entrevista que brindó a Ahora ElDía.

“Cuando se presenta un amparo con una cautelar yo la resuelvo en 24 o 48 horas. Ese es el tiempo máximo que yo me tomo para dar respuesta a la persona. A veces estos casos no tienen relevancia mediática porque es una persona anónima. Pero sé que a esa persona y a esa familia le cambió la vida, y eso también es una satisfacción”, concluyó.

El ex jefe del Regimiento Juan Facundo Candiotti volvió a tener que declarar ante el Juez Federal Hernán Viri, esta vez por la tercera denuncia por abuso sexual en las instalaciones del predio militar que realizó una mujer que era soldado voluntaria. 

Recordemos que Candiotti está con prisión preventiva desde abril de 2023, cuando fue imputado por "incumplimiento de deberes de funcionario público, encubrimiento agravado por la calidad de funcionarios públicos y lesiones psicológicas agravadas por violencia de género y falso testimonio".

Durante la indagatoria, Candiotti respondió las preguntas que le realizó Viri, aunque fuentes del Juzgado Federal informaron a Ahora ElDía que también se abstuvo de contestar otras.

Todo sucedió durante la tarde del miércoles, cuando ex jefe del Regimiento fue trasladado a Gualeguaychú desde Paraná, lugar donde cumple la prisión preventiva.

De acuerdo a lo informado a Ahora ElDia, en la noche del martes en un operativo de rutina y control que realizaba el personal del Puesto Caminero Gualeguaychú ubicado en la Ruta 14, llevó adelante un procedimiento por disposición del Juzgado Federal Competente que culminó con el secuestro de la suma total de 25.000 dólares estadounidenses.

El operativo se originó cuando se detuvo la marcha de un colectivo Scania modelo K410 destinado al transporte de pasajeros, que viajaba por la Autovía 14 desde la terminal de Retiro hasta Paraguay.

El chófer del micro manifestó a los policías que tres de los pasajeros venían manteniendo una conducta fuera de lugar, molestando al resto de la tripulación. A los mismos se los invitó a descender del vehículo para para su correcta identificación y contralor preventivo, tratándose de tres hombres mayores, domiciliados en provincia de Buenos Aires.

Al momento de requisar a las tres personas en cuestión, se corroboró que los mismos transportaban entre sus pertenencias una importante suma de dinero extranjero,  del cual no pudieron justificar su procedencia ni avalar su tenencia, alcanzando la suma de 25 mil dólares, los cuales fueron secuestrados.

Se puso en conocimiento de lo actuado al Juzgado Federal de Gualeguaychú a cargo del Dr. Hernán Viri, quedando las tres personas correctamente identificadas y supeditadas a la causa que se inició en consecuencia.

El allanamiento realizado en el puesto situado a la altura del kilómetro 119 de la autopista es parte de una causa derivada de una investigación por la cual fue desarticulada una banda presuntamente regenteada por Vicente Teodoro Pineda, alias “Tigre”, quien tenía su base de operaciones en el partido bonaerense de Moreno y había extendido su zona de influencia hacia la provincia de Entre Ríos como proveedor de cocaína y marihuana a pequeñas estructuras –incluso un puesto de venta en una unidad penal– y con su propio negocio minorista, según informaron fuentes del caso.

De aquella pesquisa surgieron indicios que condujeron hacia policías de distintas reparticiones de la provincia. Se recopilaron pruebas, testimonios y decenas de horas de escuchas telefónicas muy comprometedoras y que configuran varios tipos delictivos, explicaron esos informantes.

La investigación iniciada hace aproximadamente un año en el Juzgado Federal de Gualeguaychú –a cargo de Hernán Viri– y con intervención de la fiscalía federal de esa jurisdicción, se encuentra actualmente bajo la conducción del juez federal de Victoria, Federico Martín.

Durante las primeras horas de la tarde, efectivos de Gendarmería comenzaron a clasificar diferentes elementos de interés para la causa en la que se investigan presuntos delitos de cohecho y venta ilegal de autopartes en el puesto caminero de la Policía de Entre Ríos.

Hasta el momento, la Gendarmería contabilizó alrededor de 40 vehículos para inventariar y según fuentes vinculadas a la causa, entre las personas investigadas en la causa se encuentran el jefe y subjefe del puesto de control perteneciente a la Policía de Entre Ríos.

La causa originariaSegún constancias de la causa, el Tigre Pineda tenía distintos mecanismos de distribución de cocaína y marihuana a distintas personas que luego vendían la droga en kioscos de narcomenudeo en Gualeguay y Gualeguaychú.

A su vez, era dueño de la estación de servicio La Posta, de la calle Urquiza 2467, de Gualeguaychú, que funcionaba como una pantalla para la venta minorista de estupefacientes.

Según difundió a fines de octubre Página Judicial, la estructura tenía una sofisticada organización: Pineda estaba en la cúspide de la pirámide, encargado de proveer la droga desde Buenos Aires; a su vez, los empleados de la estación de servicio colaboraban en la administración del negocio en Entre Ríos con roles específicos, ya que uno de ellos se encargaba de recaudar el dinero para entregárselo al jefe y otro atendía el minimercado en el que, además de gaseosas y comestibles, se vendían estupefacientes, del mismo modo que el lavadero no era un lugar solo de aseo de vehículos.

Había también quien se encargaba de recibir la droga; los acopiadores, que eran también fraccionadores, y los distribuidores dedicados a la venta al menudeo o a la reventa.

Una estructura independiente, en tanto, le compraba drogas a Pineda y las revendía en la unidad penal de Gualeguay, adonde eran introducidas a través de los más ingeniosos mecanismos, según se ha podido determinar. Esta situación también abre otra sospecha entre los investigadores respecto de la intervención de agentes penitenciarios.

La esposa de Pineda era la encargada de recaudar el dinero de la venta de drogas, para luego entregárselo al Tigre. El dinero era introducido en el circuito legal a través de transacciones que incluían la compra de terrenos, vehículos y un esquema clandestino de préstamos. La pantalla del lavado era la estación de servicio. (Fuente: La Nación)

Detectaron indicios de trata laboral en un campo dedicado a la producción de paja, en la provincia de Entre Ríos. Fue durante un operativo de la Administración Federal de Ingresos Públicos en el que constataron que tres trabajadores cumplían jornadas laborales de 14 horas y vivían en condiciones infrahumanas en el acoplado de un camión dentro del predio. 

Las graves irregularidades fueron denunciadas por el organismo conducido por Carlos Castagneto ante la justicia federal de Gualeguaychú.

En el operativo desarrollado por AFIP, a través de la Dirección General de Recursos de la Seguridad Social (DGSESO), también participaron miembros del área local de Trabajo.

Agentes de la DGSESO, que dirige Mara Ruiz Malec, llevaron adelante una fiscalización presencial en una finca entrerriana. El procedimiento permitió constatar la presencia de tres personas cuya actividad consistía en cortar paja y luego atarla en forma de mazos, por los que recibían 100 pesos por cada unidad. Las labores comenzaban a las 6 de la mañana y se prolongaban hasta las 20 horas, de lunes a viernes. Ninguna de las presuntas víctimas se encontraba registrada formalmente ante la AFIP.Entre los evidentes indicios de explotación laboral, también se encontraron las condiciones inhumanas en la que vivían. Los trabajadores dormían en el acoplado de un camión en desuso, hacinados y sin luz, agua potable ni baños. Para bañarse, utilizaban baldes y entibiaban el agua previamente con leña. Además, sufrían descuentos por los alimentos que consumían y las propias herramientas de trabajo.

A raíz de los numerosos indicios compatibles con el delito de trata de personas con fines de explotación laboral por parte de los presuntos empleadores, se radicó una denuncia ante el Juzgado Federal de Gualeguaychú.La AFIP posee una línea de atención gratuita 0800-999-3368 (opción 3) para denunciar indicios de trata laboral, reducción a la servidumbre, trabajo infantil y contratación de migrantes irregulares y el mail tratalaboral@afip.gob.ar. La denuncia puede ser anónima.