La Sala III de la Cámara de Casación y Apelaciones en lo Penal, Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas de la Ciudad de Buenos Aires revocó este viernes el fallo dictado por la jueza Laura De Marinis. La magistrada había declarado la inconstitucionalidad del nuevo Régimen Penal Juvenil en un caso por tentativa de robo agravado, donde sobreseyó a un menor de 14 años.

Según el escrito de 65 páginas, los jueces Ignacio Mahiques, Jorge Atilio Franza y Patricia Ana Larocca hicieron lugar al recurso de apelación presentado por el fiscal Mauro Andrés Tereszko y la auxiliar fiscal Paula Raffa Pirra, de la Unidad Fiscal Especializada en Penal Juvenil. Además de anular el sobreseimiento del menor identificado como M.I.A., los magistrados apartaron del cargo a De Marinis y ordenaron el sorteo de un nuevo juez para intervenir en los autos principales.

El tribunal declaró la validez del artículo 1 de la Ley 27.801, que establece la baja de la edad de imputabilidad de los 16 a los 14 años. En su resolución, los jueces señalaron que la magistrada cometió un error técnico al aplicar la Ley 22.278, la cual ya se encontraba derogada por el artículo 48 de la normativa vigente desde el 5 de septiembre.

Los magistrados argumentaron que De Marinis realizó un juicio de conveniencia y no de constitucionalidad. Al respecto, sostuvieron que la funcionaria judicial confundió planos al utilizar la levedad del hecho y la vulnerabilidad del menor para anular una regla general, aclarando que las observaciones del Comité de Derechos del Niño no son vinculantes.

En su fallo original, la jueza De Marinis había planteado la necesidad de una respuesta estatal basada en la contención y la educación. Al respecto, la magistrada expresó:

Como adultos, no podemos castigar a los niños, niñas y adolescentes por lo que no hicimos, por haberlos dejado en desamparo en su primera infancia, por no brindarles una figura normativa que les permita constituirse como sujetos responsables. Castigarlos por las faltas de respuestas del mundo adulto, significa inexorablemente desresponsabilizarnos de nuestro rol adulto, del deber de corresponsabilidad que pesa sobre nosotros.

La jueza había justificado su postura señalando que la respuesta institucional otorgada a la conducta del menor era regresiva, ya que antes de la nueva ley el Estado no lo perseguía penalmente. Sin embargo, la Cámara de Casación desestimó estos argumentos, ratificando la plena vigencia del nuevo régimen penal para adolescentes desde los 14 años.

Comenzó a regir este sábado el nuevo Régimen Penal Juvenil, que introduce modificaciones en el tratamiento judicial de los adolescentes de entre 14 y 16 años que sean acusados de cometer delitos.

Uno de los principales cambios es la reducción de la edad de imputabilidad, que pasa a contemplar a adolescentes desde los 14 años. Hasta ahora, el régimen vigente establecía un esquema diferente para los menores de esa franja etaria.

La nueva normativa también establece un sistema específico para el juzgamiento de adolescentes, con reglas diferenciadas respecto del régimen aplicable a los adultos y con la intervención de organismos especializados.

Además, prevé medidas socioeducativas y de acompañamiento, aunque también contempla sanciones para los casos de delitos graves. La aplicación de una eventual pena deberá considerar la edad del adolescente, las características del hecho y su situación particular.

De esta manera, el nuevo Régimen Penal Juvenil modifica de forma sustancial el tratamiento de los jóvenes de 14 a 16 años dentro del sistema judicial penal argentino.

La Fiscalía de Gualeguaychú investiga una denuncia vinculada a una empresa familiar de la ciudad, en cuyo marco tuvo lugar una serie de allanamientos realizados en los últimos días que generaron repercusión pública. La intervención del fiscal Lucas Pascual, a cargo de la causa, comenzó a partir de una denuncia radicada hace aproximadamente un mes. El fiscal precisó que se trata de una empresa familiar en la que se había designado a una persona —identificada como "liquidador"— con facultades para vender bienes muebles, como automotores e inmuebles, con el objetivo de incorporar luego ese patrimonio a la caja de la sociedad.

La controversia se originó en una asamblea realizada el año pasado, en la que se dejó constancia de que el dinero obtenido por determinadas ventas no habría ingresado a las cuentas de la empresa. “Eso es lo que se está investigando”, señaló el fiscal en diálogo con Radio Máxima.

La hipótesis que investiga la Fiscalía es la de una presunta "administración infiel", una figura que en este caso remite a que una persona vendió bienes muebles e inmuebles sin haber rendido cuentas de esas operaciones. Pascual indicó que, además del liquidador, se investiga también al comprador de los bienes y al escribano que intervino en las transacciones, para determinar si existió algún tipo de connivencia entre ellos, y remarcó que denunciante y denunciado pertenecen a la misma familia, y que el liquidador era, a su vez, parte de la empresa.

En el marco de la causa se allanaron una escribanía, el domicilio y el lugar de trabajo de la persona que compró los bienes, y el domicilio de quien se desempeñaba como liquidador. En esos procedimientos se secuestraron documentos vinculados a las ventas, la computadora del comprador y el libro de la escribanía interviniente; al liquidador se le secuestraron una computadora, dinero y documentación diversa.

Respecto de las operaciones cuestionadas, Pascual detalló que se trata de la venta de cuatro camiones y cuatro inmuebles, a dos compradores distintos: uno adquirió los inmuebles y otro los camiones. El fiscal indicó que esa venta no fue resuelta en una asamblea y que, hasta el momento, el destino del dinero —que calificó como un monto elevado en dólares— no fue establecido. En cuanto a lo que resta de la investigación, la documentación y los elementos secuestrados deben ser analizados y la Fiscalía solicitará informes a entidades bancarias para establecer si el dinero de las ventas ingresó o no a la cuenta del liquidador. “Todavía es muy prematuro”, advirtió el fiscal sobre los alcances actuales de la pesquisa.

Por su parte, el abogado defensor de uno de los denunciados señaló que la propia documentación y elementos secuestrados durante los allanamientos permitirán acreditar, según su criterio, la legalidad de las actuaciones cuestionadas y agregó que la denuncia presenta “un tinte de real malicia”, por ocultamiento de información societaria y distorsión de datos objetivos, lo cual fue deliberado con el fin de inducir a error a la fiscalía y la Justicia.

El letrado indicó, también, que las personas mencionadas en la causa se pusieron a disposición de la Justicia y realizaron presentaciones espontáneas, y afirmó que los actos cuestionados como delictivos fueron en realidad llevados a cabo con legalidad y buena fe. Destacó también que no existen imputados en la causa. Sobre los hechos investigados en particular, prefirió no brindar precisiones, para no afectar la labor de la Justicia.

Por último, consideró que la incorporación de una pluralidad de personas habría tenido como propósito otorgarle un encuadre penal a un conflicto que, de no ser así, habría quedado circunscripto a una cuestión particular entre privados. En esa misma línea, sostuvo que, de haberse mantenido en ese terreno, el caso no estaría generando esa notoriedad deliberadamente buscada por el denunciante, ni siendo analizado en el fuero penal, el cual –siempre a entender de la defensa- ha sido inducido a actuar mediante reticencias y engaños. Además, consideró que la denuncia sería un intento de mejorar su situación por parte de un grupo de personas que se verían alcanzadas por las consecuencias de un juicio oral y público que ya tiene fecha de realización para el próximo mes de febrero ante el Tribunal de Juicios de Gualeguay.