En horas del mediodía de este miércoles la Cámara de Diputados aprobó el dictamen de la Comisión de Asuntos Constitucionales que modifica los artículos 2°, 46° y 96° de la Ley N° 10.746 de Juicio por Jurados.

La presidenta de dicha comisión legislativa, Gabriela Lena (Juntos por Entre Ríos) fue la encargada de fundamentar la necesidad de avanzar en el proyecto: “La modificación de los artículos 2, 46 y 96 no vulneran el espíritu de la ley, sino que permiten operativizar el sistema”.

Tras brindar precisiones sobre las reformas, sostuvo que “Entre Ríos junto a Buenos Aires y Córdoba fue pionera en la implementación de los juicios por jurados, pero el despliegue en la provincia ha sido muy lento”.

“Desde 2019 a 2025 solo se han realizado 50 juicios por jurados y el 80% de estos se concentraron en Paraná, Concordia y Gualeguaychú”, indicó la diputada y sostuvo que “hay más de 155 causas que están pendientes”, por lo que llevaría alrededor de cuatro años y medio ponerse al día y, sumando los nuevos, “se generaría un cuello de botella importante”,

“El promedio de duración de un juicio por jurado duplica al de un juicio técnico y eso genera también un cuello de botella, gastos presupuestarios y una dilación del servicio de justicia, tanto para la víctimas como para los acusados”, añadió.

“Creemos que el Estado debe administrar los recursos humanos, técnicos y económicos de una manera responsable para garantizar el acceso a una justicia de calidad”, agregó Gabriela Lena.

Y enseguida aclaró que “esta ley no se está derogando, no se está vaciando un sistema de participación ciudadana, sino que se está garantizando un acceso eficaz para casos que son gravísimos”.

“Democratizar la justicia no es solo convocar al pueblo al estrado, democratizar la justicia es también garantizar que ese llamado sea real, posible, justo y sostenible”, destacó, por lo que remarcó: “Reafirmamos nuestra convicción con este sistema, pero con los ajustes necesarios para que sea un derecho efectivo y no una declamación vacía”.

“La  Justicia no es un edificio, no es un expediente. La Justicia son las personas y este sistema tiene que estar pensado para ellas: para quienes juzgan, para quienes son juzgados y para todas aquellas personas que están esperando respuestas”.

Por su parte, la diputada justicialista Laura Stratta adelantó que el bloque iba a votar dividido porque hay “diversas miradas sobre el tema”.

Enseguida cuestionó que las tres modificaciones se hayan concentrado en un solo artículo del proyecto, ya que ello impidió la posibilidad de “acompañar en general y disentir en particular”.

Luego mencionó que la Cámara de Diputados de la Nación está debatiendo un proyecto impulsado por Gustavo Bordet que busca la sanción de la ley de jurados a nivel nacional y amplía las competencias que tiene la norma, en contraposición con este proyecto que las restringe”.

Finalmente, al argumentar su rechazo a los cambios, consideró que “es un Instituto demasiado joven para hacer una evaluación certera de su funcionamiento y plantear modificaciones”.

Inmediatamente el diputado justicialista Sergio Castrillón adelantó su voto positivo.

Los libertarios también votaron partidos: Carlos Damasco (Fe y Libertad) votó a favor; Roque Fleitas (La Libertad Avanza) también. Débora Todoni, en contra. 

Un proyecto resistido

El proyecto generó el rechazo de varios sectores vinculados a la escenario político y judicial: desde la Asociación Argentina de Juicio por Jurados (AAJJ) advirtieron busca limitar la competencia del jurado popular a delitos con penas superiores a 20 años, consideraron que la medida representa un retroceso constitucional y constituye una amenaza al derecho ciudadano de intervenir en la justicia penal.

“La propuesta, originada en un sector minoritario del Poder Judicial, es flagrantemente inconstitucional, ya que limita el derecho de la ciudadanía a participar en la administración de justicia penal que reconoció la Cortes Suprema”, se señaló oportunamente desde el Instituto Derecho Penal, Procesal y Criminología del Colegio de la Abogacía de Entre Ríos.

En tanto, desde el Instituto de Derecho Penal y la Asociación de Víctimas de Delitos Aberrantes (Vidaer) también expresaron su profundo rechazo a la reforma de la Ley de Juicio por Jurados: argumentan que la modificación es "ilegítima e inconstitucional" y quitará poder a la ciudadanía en decisiones judiciales cruciales, contraviniendo la Constitución Nacional y generando un posible aluvión de litigios.El impacto en GualeguaychúDías anteriores, el fiscal Lisandro Beheran dialogócon Ahora ElDía y reconoció que el proyecto surgió por una dificultad real: “Hay ciudades grandes, como Paraná y Concordia, en que la cantidad de causas elevadas a juicio por jurados supera la posibilidad de llevarlas a cabo. Esto es así porque se requieren una mayor cantidad de medios técnicos y humanos que nunca fueron contemplados. Cuando se dispuso la Ley no se incrementó ningún plantel, ni de funcionarios ni de empleados. Este tipo de juicios requiere una infraestructura”. A lo que agregó: “En ciudades grandes hay retrasos de más de un año o de dos para hacerlo. Esa problemática en ciudades menos pobladas no se percibe”.

Desde su implementación en Gualeguaychú en 2021, se realizaron treinta juicios por jurados. Actualmente hay entre cinco y diez causas en espera. Pero según el Fiscal, en la ciudad no se replica el problema en cuanto a la demora en la realización de los juicios como se experimenta en Concordia o Paraná.

Beheran explicó que en Gualeguaychú no se han registrado grandes inconvenientes de funcionamiento: “Sólo tuvimos par de juicios estancados”, aseguró. Entre los que se puede contar con el caso conocido como “el garrapiñero”. En esa oportunidad, se consideró que el jurado no logró unanimidad y por eso se debe repetir.En cuanto a la posibilidad de su aprobación, lo que ocurrió este miércoles, Beheran evitó opinar sobre decisiones legislativas, aunque señaló: “El punto central es que, de aprobarse, cambiaría la competencia. No se elimina el juicio por jurados, pero sí se restringe. Muchas causas que hoy ingresan ya no lo harían”.

A partir de este miércoles y hasta el viernes próximo se desarrollará en los Tribunales de Gualeguaychú un nuevo juicio por jurados. Será para establecer la “culpabilidad” o “no culpabilidad” de B.D.E en el proceso que se le sigue caratulado “abuso sexual gravemente ultrajante agravado”.

El juez técnico que dirigirá las audiencias del juicio será Arturo Dumón, vocal de Tribunal de Juicio y Apelaciones de Gualeguaychú. El Ministerio Público Fiscal estará representado por el fiscal Lisandro Beherán. La defensa del imputado la ejercerá el defensor oficial Pablo Ledesma. B.D.E llega a juicio en libertad.

Por tratarse de un delito contra la integridad sexual de las personas, el proceso se desarrollará a puertas cerradas. Se trata del centésimo décimo noveno juicio que se desarrolla en la provincia desde que se aprobó este sistema de juzgamiento penal.

Fuente: APFDigital

Durante 2024 se realizaron 34 juicios por jurados en la provincia, cuyo costo fue de $197.444.111. De estos 34 juicios, siete se llevaron a cabo en Gualeguaychú; siete, en Paraná; cinco, en Concepción del Uruguay; tres en Gualeguay; dos, en Victoria; dos, en Concordia; dos, en Chajarí; uno, en La Paz; uno, en San José de Feliciano; uno, en Diamante; uno, en Federal; uno, en Rosario del Tala; y uno, en Villaguay. 

Si bien al sancionarse la ley se especulaba con que los juicios a llevar adelante serían alrededor de 14 por año, desde 2020 a la fecha se llevaron a cabo 111 debates (22 de promedio/año) y para 2025 se proyectan otros 50, que demandarán más de 570 millones de pesos.

Para este año se había proyectado realizar 37 debates teniendo en cuenta las conocidas variables que surgen en un año judicial y en cada legajo/causa en particular. Las particularidades a tener en cuenta son la estimación de la cantidad de ciudadanos a sortear, contar con un presupuesto viable, hacer contrataciones y disponer de agenda y recursos para afrontar esta nueva modalidad de juzgamiento.

En coordinación con las Oficinas de Gestión de Audiencias (OGAs), como se refirió, se proyectó esa cantidad como posibles juicios, los cuales aumentaron durante el año, al existir disponibilidad de recursos, pero al mismo tiempo, y con el correr de los meses, los debates disminuyeron por circunstancias propias de los legajos (renuncias o licencias de salud de defensas, problemas de salud de personas acusadas, incidentes procesales, abreviados concretados, etcétera), terminando el año judicial con la efectiva realización de 34.

Un dato a destacar es que se logró hacer los juicios entre los 25 y 40 días de la audiencia de admisión de evidencias, permitiéndole a las partes la efectiva concreción de las negociaciones para salidas alternativas, que en caso de no lograrse, se encontraban todas en latente condición para realizar el juicio con la reciente discusión de las evidencias que se rendirían en el plenario. De ese modo se situaban en mejores posiciones para presentar al jurado lo que era discutible y, por otro lado, la magistratura se encontraba en condiciones para dirigir el debate al tener las tesis de las partes al día.

Cada juicio demandó cuatro días en promedio. En la mayoría de los casos, al haberse logrado agilidad en la audiencia de selección de jurados (lo que se denomina “audiencia voir dire”), se comenzó ese mismo día -tal como lo autoriza la Ley 10.746- con las primeras etapas del juicio (promesa del jurado, exhibición del video de sensibilización en cumplimiento de la Ley Micaela, instrucciones iniciales, y en algunos casos, hasta los alegatos de apertura).

Costos

Como se indicó, para la concreción de los 34 juicios por jurados el Poder Judicial destinó este año $197.444.111 de su presupuesto. Este monto incluye remuneraciones para los integrantes del jurado; pago de seguros y viáticos; alquileres de salones en diferentes jurisdicciones para poder realizar los procesos y otros conceptos.

Desde la implementación del sistema se crearon sólo dos cargos en toda la provincia (1 que lo ocupa la Jefatura Contable y otro la Jefatura administrativa, ambos dependientes de la Oficina Provincial de Juicio por Jurados).

El resto del personal que cumple funciones en esta Dirección, como en las distintas OGAs de la provincia, readecuó y amplió sus funciones. Se trató de medidas articuladas con la Coordinación Provincial de Gestión de OGAs para seguir haciendo frente a las necesidades que impone el instituto.

Participación ciudadana

En 2024, en igualdad de género, 544 personas se desempeñaron como jurados, y desde la implementación del sistema popular fueron convocados a la audiencia de selección de jurados 7.945 potenciales jurados, de las cuales 1.776 personas ejercieron ese rol en los 111 juicios realizados.

Proyección para 2025

La estimación del presupuesto para hacer frente a los 50 juicios programados para 2025 es de $570.700.000. 

El objetivo es aumentar la cantidad de juicios en las jurisdicciones de Paraná y Concordia, que presentan la mayor cantidad de legajos pendientes.

Luego de que la semana pasada un jurado popular declare culpable a Conrado González del delito de homicidio preterintencional, este vienes el juez Mauricio Derudi fijó la pena de 3 años de prisión efectiva (la pena más alta para este delito) para el condenado por matar a Alexander Reverdito.

Ahora, las partes tendrán 10 días hábiles para interponer recursos ante la Cámara de Casación. Hasta que la sentencia quede firme, González estará con arresto domiciliario. Si es ratificada la sentencia, será trasladado a la Unida Penal  9 de Gualeguaychú.

El caso

El 1 de enero de 2023, cuando Alexander Reverdito volvía de un boliche, fue atacado por Conrado González, que lo agredió sin mediar palabra y continuó golpeándolo cuando se encontraba en el suelo. La víctima logró incorporarse y llegar hasta su casa, desde donde fue trasladado al Hospital Centenario, donde murió el 2 de enero como consecuencia de un derrame cerebral. 

La autopsia arrojó que el deceso fue consecuencia de los golpes que recibió. 

Todos estos hechos, juzgados en un juicio por jurado, tuvieron como resultado la condena por homicidio preterintencional, es decir que el resultado de muerte no es buscado ni querido por el autor de los hechos, sino provocado como consecuencia secundaria e imprevista de otra acción dolosa cuyo objetivo era causar un mal menor.

La fiscal Natalia Bartolo, no tiene dudas de la responsabilidad de Conrado González en la muerte de Alexander Reverdito, la primera víctima fatal por causas violentas en Entre Ríos durante 2024. Reverdito falleció el 2 de enero de 2024 en Larroque tras sufrir muerte cerebral como consecuencia de la paliza que le propinó González, que comenzó a agredir el joven sin mediar palabras y continuó agrediéndolo después de que había caído al piso y se encontraba indefenso.

El juicio se realizará ante un jurado popular en Gualeguaychú a partir del martes 26 y se prolongará hasta el viernes 29 cuando se conocerá el veredicto del jurado popular. Durante el debate, los jurados analizarán la evidencia de las partes consistente en la declaración del imputado y los testigos, los estudios médicos que se realizaron a Reverdito tras la agresión. A diferencia de la defensa, que intentará probar que hubo una pelea, la fiscal sostuvo que  “siempre mantuvimos que fue una agresión, no una pelea”.

Fiscalía intentará probar que el 1 de enero, cuando volvía de un boliche, Reverdito fue atacado por González, que lo agredió sin mediar palabra y continuó golpeándolo cuando se encontraba en el suelo. La víctima logró incorporarse y llegar hasta su casa, desde donde fue trasladada al Hospital Centenario, donde murió como consecuencia de un derrame cerebral. La autopsia arrojó que el deceso fue consecuencia de los golpes que recibió. González enfrenta una acusación por el delito de Homicidio simple con dolo eventual.

En declaraciones a Canal 9 Litoral, en el paraje rural Talitas, en el Departamento Gualeguaychú, la mamá de Reverdito manifestó: “Una condena va a aliviar, pero el dolor es para siempre. La condena es algo justo por lo que él cometió. Él (por González) tiene que pagar por eso; a mi hijo no me lo devuelve nadie”, sentenció María, y añadió: “La mamá de él va a ir a verlo a la cárcel, lo va a abrazar, va a tomar mate con él, se va a sacar una foto; el mío no vuelve más”.

Una alta fuente del Ejecutivo provincial reconoció a APFDigital que el apoyo político al proyecto entró en una zona de stand by. “Tiene luz amarilla”, graficó en alusión a los colores del semáforo. Luego, sentenció: “No vamos a apurarnos. Escucharemos a todos los sectores y veremos qué modificamos” del articulado que está en debate. “La idea es no apurarnos, hacer un debate profundo y amplio y no llevarlo a los fustazos”, resumió. Otra fuente oficial, pero esta vez del Legislativo, fue un poco más allá: “La orden es freezarlo”, reconoció.

La iniciativa tiene sus particularidades. Es un secreto a voces que fue redactado a instancias del Procurador General, Jorge Amilcar Luciano García, y del Defensor General, Maximiliano Benítez. Pero llegó a la Cámara de Senadores por iniciativa del Poder Ejecutivo. Y otro elemento de extrañeza es que no lo firmó el gobernador Rogelio Frigerio si no la vice, Alicia Aluani, mientras estuvo circunstancialmente a cargo de la Gobernación.

García y Benítez expusieron este jueves ante la Comisión que trata el proyecto. Es altamente probable que se sumen algunas audiencias más en Legislación General del Senado. Y que la iniciativa pase a un segundo plano hasta terminar el año. Ambas Cámaras comenzarán en días a discutir el Presupuesto 2025, algo que insumirá toda la energía y agotará los acuerdos políticos entre oficialismo y oposición, sobre todo en Senadores donde Juntos por Entre Ríos está en minoría. Con viento a favor, el texto quedaría para febrero cuando se retomen las sesiones ordinarias.

En la base de la decisión del Ejecutivo de ralentizar la iniciativa hay dos factores centrales.

El principal es que las reformas que impulsan García y Benítez han mostrado, hasta ahora, ser más una postura personal que el criterio de los Ministerios Públicos que encabezan. Varios de los estamentos inferiores de cada cuerpo disienten, a viva voz o en privado, de las argumentaciones para cambiar un esquema que ha demostrado funcionar bien.

En este orden está la idea de sacar del ámbito del jurado popular a las causas por abuso sexual. El texto en debate alude a que se produciría una revictimización de las personas, sobre todo menores, al declarar ante un cuerpo de 12 ciudadanos. La respuesta que suelen dar defensores oficiales y fiscales que no fueron designados “a dedo” por García es que la víctima también debe declarar ante un juez técnico, llegado el caso, y que a los menores no se los somete a ese trance. Para eso se recurre a la Cámara Gesell.

El segundo elemento de convicción en la decisión de planchar la iniciativa de reforma es que los argumentos legales no tienen la solidez que aparentaban.  A poco de abrirse la discusión, quedó expuesto a la luz que los fallos de la Corte Interamericana que se citan (“V.R.P., V.P.C. y Otros VS. Nicaragua” y "Ángulo Losada Vs. Bolivia") no tienen la interpretación que se les pretendió dar. El organismo supranacional nunca hizo una recomendación abierta a los países del sistema interamericano de que excluyan estos delitos del juicio por jurado. De lo contrario, el tema estaría en discusión en más de una docena de países y no solo en Entre Ríos.

En el fondo de la controversia está el temor de los organismos judiciales a las derivaciones del éxito del sistema de juicios por jurados. Este sistema se copió, en gran medida, del que se aplica en los Estados Unidos. Si se sigue con esta tesitura, podrían incorporarse otros puntales del esquema norteamericano. El que más afectaría a la familia judicial es que en 49 de los 50 estados de la Unión los fiscales se eligen por voto popular directo.

En la Provincia rige un esquema copiado del sistema continental europeo: el Consejo de la Magistratura. Nacido para evitar la discrecionalidad del Gobernador a la hora de proponer jueces, fiscales y defensores, terminó por favorecer la arbitrariedad de dos funcionarios que tienen cargo a perpetuidad y que no fueron votados por nadie. Se trata del Procurador General y del Defensor, quienes al día de hoy tienen nombrados “a dedo” a más del 70% de los cargos de fiscalía y defensoría. (APFDigital)

El texto propuesto por el Ejecutivo tomó estado parlamentario en la última sesión de la Cámara de Diputados. La modificación principal se da en el artículo segundo. La redacción vigente establece: “Deberán ser obligatoriamente juzgados por jurados, aún en su forma tentada y junto con los delitos conexos que con ellos concurren, los delitos cuya pena máxima en abstracto sean de veinte (20) o más años de prisión o reclusión”. La nueva redacción omite la “forma tentada” y deja sólo a los que se ejecutaron.

Además, la reforma propone que cuando esta modificación entre en vigencia, abarque también a los procesos que no hayan llegado a la audiencia de selección de jurados. Esto reconfiguraría la marcha de muchas causas hacia el juzgamiento a través de un Tribunal de Juicio compuesto por jueces.

Como principal razón para la modificación, el Gobierno esgrime la saturación del sistema. “La amplitud de la norma ha generado una demora significativa en la realización de los juicios, conforme se desprende de los informes que han realizados las distintas áreas del Poder Judicial provincial actualmente con agenda 2024 agotada y 2025 completándose”, precisa en los fundamentos.

“Se advierte, ante todo, que el volumen de causas a la espera del veredicto de un jurado popular hace impracticable el cumplimiento de los estándares del plazo razonable de los procesos judiciales, según los criterios de la Corte Interamericana”, precisa la fundamentación.

Asimismo, trae a colación antecedentes de la la Corte Interamericana que postulan que los delitos sexuales no deben ser juzgados por jurados populares.

La reacciónAnte el proyecto oficial, cuatro organizaciones plantearon su oposición. Y tildaron de inconstitucional la iniciativa. Se trata del Instituto de Derecho Penal de Entre Ríos;: Inecip (instituto de estudios comparados en ciencias penales y sociales); la Asociación de Pensamiento Penal y la Asociación Argentina de Juicios por Jurados.

“La propuesta, originada en un sector minoritario del Poder Judicial, es flagrantemente inconstitucional, ya que limita el derecho de la ciudadanía a participar en la administración de justicia penal que reconoció la CSJN en el fallo Canales (2019) y porque afecta el derecho de víctimas e imputados a ser juzgados por los jueces naturales establecidos por la Constitución Nacional: los jurados populares”, esgrimieron en una nota enviada a los legisladores provinciales.

Luego, señalaron: “El artículo 118 de la Carta Magna es claro: una vez establecidos los juicios por jurados, todos los juicios criminales deben ser terminados bajo esa modalidad y queda prohibido que lo hagan jueces técnicos”.

Además, postularon que justificar la modificación de la ley por la mora en los juicios es un “diagnóstico errado”, ya que apunta “a las consecuencias en vez de ocuparse de las causas reales”.

“Las limitaciones organizativas del sistema judicial no pueden cercenar garantías ni el derecho de la sociedad a participar en la administración de justicia. Además, no se puede alegar una garantía (plazo razonable) para cercenar otra (juicio por jurados), cuando ambas son perfectamente compatibles, como demuestra la experiencia de la mitad de las provincias del país. Si la gestión del sistema judicial está provocando demoras, la solución es mejorar esa gestión”, razonaron.

“Cuando una salida, por más cómoda o fácil que parezca, es inconstitucional, debe ser rechazada sin mayores miramientos. Las demoras del sistema de justicia penal tienen otras soluciones, que no requieren nuevos recursos ni gastos, sino la decisión de las autoridades judiciales de impulsar cambios en sus formas de trabajo que permitan mejorar la eficiencia del sistema, sin afectar el derecho ciudadano a participar en la administración de justicia”, remataron. 

Fuente: APFDigital

Luego del escándalo suscitado por la fuga de Ricardo Videla a comienzos de la semana, finalmente se dio curso al Juicio por Jurados que tenía como objetivo determinar la culpabilidad o inocencia de ambos imputados. 

Ledezma y Videla estaba acusados por robo agravado por el uso de arma de fuego luego de asaltar una estación de servicio en Urdinarrain.

El proceso judicial avanzó con uno solo de los culpables porque desde el martes, día en que comenzó el juicio, Videla se encuentra prófugo. El sujeto estaba cumpliendo prisión domiciliaria a pesar de que la fiscal Martina Cedrés había solicitado la prisión preventiva. 

A pesar de estos hechos, el Jurado Popular dictaminó la culpabilidad de la dupla ante lo cual, Lisandro Ledesma aguardará en prisión preventiva la audiencia de cesura que será el jueves próximo.

Mientras tanto el otro imputado, Ricardo Manuel Videla, continúa prófugo y de lograrse su captura, habrá que hacer un nuevo juicio por jurados para definir su culpabilidad o no, en la causa por el asalto a la estación de servicio.

Este miércoles, después de tres días de debate, el jurado popular que analizaba la causa encontró a Héctor Ánibal Cepeda culpable del delito de homicidio simple por la muerte de Jorge Pighetti, un crimen que tuvo lugar seis meses atrás en el barrio 348 Viviendas de Gualeguaychú.Las audiencias tuvieron lugar en la Sala del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Gualeguaychú y la decisión del jurado fue unánime.El juez técnico Mauricio Derudi presidió las deliberaciones desde el lunes y dispuso la prisión preventiva de Cepeda hasta la lectura de sentencia, la cual será el miércoles 20 de marzo a las 8hs. Además, fijó la audiencia de cesura para el próximo miércoles 13 a las 8.30 hs.Por otra parte, el Ministerio Público Fiscal estuvo representado por la fiscal Martina Cedrés, mientras que el defensor del imputado fue el abogado Matías Lonardi.

Pasadas las 8 y media de este viernes arrancó el segundo juicio por jurados contra el sargento de la Comisaría Octava Mauricio Gómez, quien está acusado de matar a Iván Pérez el 9 de octubre de 2019 durante una persecución en el barrio Molinari.

En la primera de las cuatro audiencias que se llevó a cabo el viernes por la mañana estuvo presente el imputado y también parte de la familia del joven de 24 años fallecido.

Recordemos que en el primer juicio no hubo acuerdo entre los jurados en cuanto a la culpabilidad o inocencia de Gómez, por lo que la causa quedó en stand by hasta la realización de este nuevo juicio.

La familia de la víctima está representada legalmente por el abogado Pablo Di Lolo, la Fiscalía está a cargo de Lisandro Beherán y la defensa del policía la lleva adelante el letrado Alfredo Vitale.

Luego de la de del viernes, restan tres audiencias en el centro de convenciones. Las mismas, se realizarán durante la semana que viene.

El caso

El 9 de octubre de 2019, entre las diez y media y las once de la mañana, vecinos del barrio Molinari de Gualeguaychú reportaron el robo de unas herramientas de un taller mecánico y hasta allí concurrió el Móvil 647 de la Policía de Entre Ríos. Enseguida los oficiales Juan Alberto Zapata y Mauricio Javier Gómez detuvieron a una persona y en otra recorrida divisaron a Iván Pérez, que estaba con unos amigos a unas cuadras.

En el primer juicio, una mujer que había declarado inicialmente bajo reserva de identidad ratificó que unos minutos antes de que cayera muerto en un descampado había visto al joven cirujeando en cercanías del barrio Molinari.

Según la reconstrucción que hizo el Ministerio Público Fiscal, cuando los policías vieron a Iván Pérez iniciaron una persecución. El seguimiento continuó por un callejón hasta que el joven salió a un descampado e intentó atravesarlo en dirección hacia una iglesia evangélica. El relato policial es confuso sobre lo que ocurrió en ese ínterin hasta el desenlace fatal. Gómez dice que Zapata se negó a perseguir al joven a pie porque tenía un problema en la rodilla. Zapata dice que Gómez bajó de la camioneta y salió corriendo detrás del joven.              

Cuatro personas vieron el desenlace fatal. Sus testimonios coinciden en que la camioneta conducida por Gómez avanzó por el descampado y en un momento frenó bruscamente, Gómez bajó del vehículo, avanzó unos pasos, extrajo el arma, apuntó y disparó hacia donde corría Iván Pérez, de espaldas a él. En cuanto a Zapata, dicen haberlo visto llegar unos segundos después, a pie.

Los vecinos escucharon el disparo. “Se sintió muy fuerte”, dijo una adolescente que vio la escena desde una ventana en su casa. “Vi un fogonazo y humo blanco”, agregó su madre. El “humo blanco”, emanaba del arma que sostenía Gómez.

El tiro que mató a Iván Pérez ingresó por la nuca, por el lado derecho, de abajo hacia arriba. Las pericias determinaron que fue efectuado a una distancia de entre noventa y cien metros –el casquillo se encontró a noventa y cinco metros del cuerpo– y no había obstáculos que impidieran la visión del policía, ni árboles, ni arbustos, ni yuyos. Una pericia determinó que el arma de Gómez “estaba en estado regular de conservación y era apta para producir el disparo”, los tres dispositivos de seguridad funcionaban correctamente, para accionar el gatillo el policía debió realizar una fuerza de 5,2 kilos de fuerza y se descartó que se hubiera producido algún tipo de rebote del proyectil. Fue un disparo limpio.

En el primer juicio, el fiscal y el abogado que representa a la familia del joven solicitaron que el policía sea condenado. El defensor Alfredo Vitale, en tanto, dijo que el disparo fue “involuntario” (sic) y que Gómez “no tuvo intención ni voluntad de quitarle la vida a Iván Pérez”. En ese juicio, el jurado quedó estancado, es decir, no logró arribar a un veredicto de unanimidad, requisito que marca la norma vigente para dar por resuelta la disputa judicial. Si ese escenario se repitiera en el segundo juicio, el policía saldría absuelto.

Este hecho fue juzgado por un jurado popular el 31 de marzo de 2021 aunque sus integrantes no alcanzaron una votación unánime como exige la ley que rige el Instituto. Por ello, el juicio se declaró "estancado” y al tratarse de un juicio nulo, se constituyó un nuevo jurado popular para realizar un nuevo proceso.

El juez técnico es el vocal del Vocal del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Gualeguaychú, Arturo Exequiel Dumón. La fiscalía está representada por  Lisandro Beherán mientras que la querella la ejerce el abogado Pablo Di Lollo. En la defensa de Gómez, actúa Alfredo Vitale.

Las audiencias de debate comenzarán hoy y continuarán lunes, martes y miércoles en el Centro de Convenciones de la ciudad.

El sargento, que se encuentra en libertad con medidas restrictivas, está imputado del delito de homicidio calificado por el abuso de la función y agravado por ser funcionario público en el marco de un procedimiento que se llevó a cabo en el barrio Molinari, al sur de la ciudad de Gualeguaychú, luego de un robo, fuga y persecución.

El gobernador Gustavo Bordet, acompañado por la ministra de Gobierno y Justicia, Rosario Romero, resaltó la importancia de la normativa sobre la institución del juicio por jurados, “porque una ley de esta naturaleza atraviesa, además, de las discusiones que se dieron en las asociaciones y en distintos círculos, a los tres poderes del Estado. Aquí participaron activamente el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo en enviar un proyecto de ley y el Poder Judicial aportando todo lo necesario para dotar a este proyecto de la estructura jurídica que necesitaba y se llegó no solo a la sanción de la ley sino también a pleno funcionamiento que hoy está en la provincia de Entre Ríos y que hay que destacarlo en su funcionamiento”.

Al ampliar, se refirió a la importancia del ejemplar y expresó: “Esta edición del libro es hacer docencia, es poder explicar de algún modo este proceso, pero lo más importante es que pueda llegar a todas nuestras escuelas y a todos quienes puedan querer consultarlo en alguna de las tantas bibliotecas que tiene la provincia de Entre Ríos y que de esta manera pueda fortalecer la institución y las instituciones se fortalecen justamente con el trabajo mancomunado de toda la sociedad”. “Esta es la tarea que tendremos que seguir por delante”, concluyó el mandatario.

Participación ciudadana

Al analizar los alcances del sistema, la ministra de Gobierno y Justicia, Rosario Romero, recordó que el instituto del juicio por jurados estaba contemplado “desde la Constitución de 1933 y se conservó en la reforma de 2008”. Luego, resaltó: “Estamos orgullosos de los consensos que se lograron, de que todas las fuerzas políticas, con el Poder Judicial, en conjunto con los ministerios públicos, con el Colegio de Abogados, la Asociación de la Magistratura, coincidimos en esta ley de juicio por jurado, que es de las mejores que existe en la Argentina, que fuimos abrevando en otras leyes que se dieron en otras provincias antes, aprovechando las experiencias”.

“Estamos muy contentos con esta enorme participación ciudadana que genera el juicio por jurados, nada más y nada menos que en los procesos judiciales de mayor importancia. Es una forma de participación rotunda de la ciudadanía en la cosa judicial y que la vamos a notar en las generaciones que vienen. Cuando parecía que el Poder Judicial era el más cerrado, el más inexpugnable, a participación popular le da otra matriz”, agregó.

Ejemplo a imitar en el país

El director del Centro de Juicio por Jurados y Participación Ciudadana, Andrés Harfuch, destacó la institución del juicio por jurados en Entre Ríos en el plano nacional: “Estoy muy contento de venir a la presentación este libro, que es maravilloso. Tengo experiencia en todo el país, pero la de Entre Ríos, con 72 juicios por jurados hechos, sin ningún escándalo y con la participación de cientos de personas, mujeres y varones entrerrianos que han dado sus veredictos, es un ejemplo a imitar”.

Al dar cuenta de sus alcances, agregó: “Afortunadamente, en Entre Ríos hubo un consenso político del gobierno y de la oposición, por eso la ley salió por unanimidad. Eso demuestra que es una institución sólida. Realmente venimos a festejar los cinco años de vigencia de la ley y quienes más han empujado y militado el juicio por jurados son las propias víctimas, los que son agredidos por el delito, que ven a los jurados como sus iguales, como sus pares, y confían más en ellos”.

Calidad democrática

Por su parte, el ex coordinador del Superior Tribunal de Justicia para el Estudio y la Implementación de Juicios por Jurados, Elvio Garzón, dijo estar “convencido que Entre Ríos desde hace cuatro años atrás ha dado un salto de calidad democrática inigualable”.

Apuntó que “uno que lo puede ver día a día, dado que me ha tocado estar en cuatro juicios por jurado puede ver como la comunidad al principio está como un poco reticente para poder participar, pero una vez que concluye el juicio ya su sensación, su semblante es totalmente diferente, es más con decir que las personas que no pueden deliberar, los jurados suplentes, se quedan con ganas de participar y automáticamente ya quieren saber cuándo van a ser convocados”.

Inmediatamente, resaltó que “Entre Ríos ha dado un salto de calidad democrática inigualable, dado que muchos de los que estamos aquí presente, cada uno, desde el ámbito que nos tocó hemos participado de un trabajo responsable, serio, logrando la mayor cantidad de consensos posible”. Y recordó que “este trabajo lo iniciamos en junio de 2019, el gobernador el 12 de agosto mandó el proyecto, el 16 de octubre la Cámara de Senadores le da media sanción y el 5 de noviembre de 2019 se promulgó la ley de Juicio por Jurados”.

Aseguró que “en el país debe haber sido la ley que con mayor rapidez se ha sancionado y no significa que no haya sido estudiada, al contrario, porque fueron días, jornadas de incansable labor entre todos los sectores”.

El contenido

El libro Juicio por Jurados en Entre Ríos. Un avance institucional que se logró a partir de los consensos políticos y entre los poderes del Estado, compendia la producción de la Ley 10.746, llamada Juicio por Jurados, que contribuye a democratizar la administración de la justicia en la provincia, a fortalecer las instituciones y la calidad de participación ciudadana.

Refleja el esfuerzo por saldar una deuda postergada por más de 80 años por distintos gobiernos entrerriano al reunir reflexiones, antecedentes y aportes de convencionales constituyentes, legisladores, jueces y juezas; también de juristas, pensadores y pensadoras de las ciencias sociales. Todo ellos estudiosos de la institución de juicios por jurados a lo largo de la historia.

La obra reúne también reflexiones, antecedentes y aportes de convencionales constituyentes, legisladores, jueces y juezas, juristas, pensadores y pensadoras de las ciencias sociales; es decir hombres y mujeres que estudiaron la institución de juicios por jurados a lo largo de la historia.

Autores

El gobernador Gustavo Bordet, acompañado por la ministra de Gobierno y Justicia, Rosario Romero, resaltó la importancia de la normativa sobre la institución del juicio por jurados, “porque una ley de esta naturaleza atraviesa, además, de las discusiones que se dieron en las asociaciones y en distintos círculos, a los tres poderes del Estado. Aquí participaron activamente el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo en enviar un proyecto de ley y el Poder Judicial aportando todo lo necesario para dotar a este proyecto de la estructura jurídica que necesitaba y se llegó no solo a la sanción de la ley sino también a pleno funcionamiento que hoy está en la provincia de Entre Ríos y que hay que destacarlo en su funcionamiento”.

Al ampliar, se refirió a la importancia del ejemplar y expresó: “Esta edición del libro es hacer docencia, es poder explicar de algún modo este proceso, pero lo más importante es que pueda llegar a todas nuestras escuelas y a todos quienes puedan querer consultarlo en alguna de las tantas bibliotecas que tiene la provincia de Entre Ríos y que de esta manera pueda fortalecer la institución y las instituciones se fortalecen justamente con el trabajo mancomunado de toda la sociedad”. “Esta es la tarea que tendremos que seguir por delante”, concluyó el mandatario.Participación ciudadanaAl analizar los alcances del sistema, la ministra de Gobierno y Justicia, Rosario Romero, recordó que el instituto del juicio por jurados estaba contemplado “desde la Constitución de 1933 y se conservó en la reforma de 2008”. Luego, resaltó: “Estamos orgullosos de los consensos que se lograron, de que todas las fuerzas políticas, con el Poder Judicial, en conjunto con los ministerios públicos, con el Colegio de Abogados, la Asociación de la Magistratura, coincidimos en esta ley de juicio por jurado, que es de las mejores que existe en la Argentina, que fuimos abrevando en otras leyes que se dieron en otras provincias antes, aprovechando las experiencias”.“Estamos muy contentos con esta enorme participación ciudadana que genera el juicio por jurados, nada más y nada menos que en los procesos judiciales de mayor importancia. Es una forma de participación rotunda de la ciudadanía en la cosa judicial y que la vamos a notar en las generaciones que vienen. Cuando parecía que el Poder Judicial era el más cerrado, el más inexpugnable, a participación popular le da otra matriz”, agregó.Ejemplo a imitar en el paísEl director del Centro de Juicio por Jurados y Participación Ciudadana, Andrés Harfuch, destacó la institución del juicio por jurados en Entre Ríos en el plano nacional: “Estoy muy contento de venir a la presentación este libro, que es maravilloso. Tengo experiencia en todo el país, pero la de Entre Ríos, con 72 juicios por jurados hechos, sin ningún escándalo y con la participación de cientos de personas, mujeres y varones entrerrianos que han dado sus veredictos, es un ejemplo a imitar”.Al dar cuenta de sus alcances, agregó: “Afortunadamente, en Entre Ríos hubo un consenso político del gobierno y de la oposición, por eso la ley salió por unanimidad. Eso demuestra que es una institución sólida. Realmente venimos a festejar los cinco años de vigencia de la ley y quienes más han empujado y militado el juicio por jurados son las propias víctimas, los que son agredidos por el delito, que ven a los jurados como sus iguales, como sus pares, y confían más en ellos”.Calidad democráticaPor su parte, el ex coordinador del Superior Tribunal de Justicia para el Estudio y la Implementación de Juicios por Jurados, Elvio Garzón, dijo estar “convencido que Entre Ríos desde hace cuatro años atrás ha dado un salto de calidad democrática inigualable”.Apuntó que “uno que lo puede ver día a día, dado que me ha tocado estar en cuatro juicios por jurado puede ver como la comunidad al principio está como un poco reticente para poder participar, pero una vez que concluye el juicio ya su sensación, su semblante es totalmente diferente, es más con decir que las personas que no pueden deliberar, los jurados suplentes, se quedan con ganas de participar y automáticamente ya quieren saber cuándo van a ser convocados”.Inmediatamente, resaltó que “Entre Ríos ha dado un salto de calidad democrática inigualable, dado que muchos de los que estamos aquí presente, cada uno, desde el ámbito que nos tocó hemos participado de un trabajo responsable, serio, logrando la mayor cantidad de consensos posible”. Y recordó que “este trabajo lo iniciamos en junio de 2019, el gobernador el 12 de agosto mandó el proyecto, el 16 de octubre la Cámara de Senadores le da media sanción y el 5 de noviembre de 2019 se promulgó la ley de Juicio por Jurados”.Aseguró que “en el país debe haber sido la ley que con mayor rapidez se ha sancionado y no significa que no haya sido estudiada, al contrario, porque fueron días, jornadas de incansable labor entre todos los sectores”.Se hace camino al andarEn ese marco, el autor de la iniciativa de ley, el entonces diputado Ángel Giano (actual diputado y presidente de la Cámara baja), dijo estar “contento por ser partícipe de un cambio estructural en los procesos penales en Entre Ríos, no solo en la participación popular o que el pueblo pueda ser parte de un proceso penal, sino también porque hacia adentro de la estructura del Poder Judicial hay mayor democratización”.En orden se refirió a un cambio que se produjo también “en la forma del lenguaje”. Es decir, “debe haber más claridad desde los fiscales, los defensores y, obviamente, los jueces”, aclaró.“Entre Ríos estuvo a la vanguardia porque recogió lo mejor de otras leyes y, además, porque aquí hay maestros y grandes especialistas que se dedican hace mucho tiempo a militar el juicio por jurados y le han dado transcendencia”, valoró Giano y agregó: “Obviamente, después, con los aportes de la misma Justicia entrerriana. Hace poco, el Superior Tribunal de Justicia”.Por último, el diputado dijo que “se hace camino al andar, hay mucho por empujar y romper algunas estructuras que vienen desde la formación universitaria y les cuesta entender que, cuando hay participación popular, el lenguaje tiene que ser claro y, obviamente, cambiar el paradigma de qué manera se condena, sobre todo en los delitos con mayores penas en la provincia de Entre Ríos”.PresenciasDe la ceremonia participaron la vicegobernadora Laura Stratta, el presidente de la Cámara de Diputados, Ángel Giano; la presidenta de la Fundación Iapser, Mariel Ávila; la ministra de Desarrollo Social, Marisa Paira; la directora Departamental de Escuelas de Paraná, Adela Ramírez; el intendente de Paraná, Adán Bahl; el secretario General de la Gobernación, Franco Ferrari; los vocales del Superior Tribunal de Justicia; legisladores provinciales; jueces federales de garantías y fiscales coordinadores, autoridades universitarias y autoridades judiciales, entre otros.El contenidoEl libro Juicio por Jurados en Entre Ríos. Un avance institucional que se logró a partir de los consensos políticos y entre los poderes del Estado, compendia la producción de la Ley 10.746, llamada Juicio por Jurados, que contribuye a democratizar la administración de la justicia en la provincia, a fortalecer las instituciones y la calidad de participación ciudadana.Refleja el esfuerzo por saldar una deuda postergada por más de 80 años por distintos gobiernos entrerriano al reunir reflexiones, antecedentes y aportes de convencionales constituyentes, legisladores, jueces y juezas; también de juristas, pensadores y pensadoras de las ciencias sociales. Todo ellos estudiosos de la institución de juicios por jurados a lo largo de la historia.La obra reúne también reflexiones, antecedentes y aportes de convencionales constituyentes, legisladores, jueces y juezas, juristas, pensadores y pensadoras de las ciencias sociales; es decir hombres y mujeres que estudiaron la institución de juicios por jurados a lo largo de la historia.AutoresHoracio Rosatti. Prólogo.Gustavo Bordet: “Democratizar la acción de hacer justicia”.Andrés Harfuch: “Características de la ley entrerriana y su respaldo democrático y popular”.Alfredo Pérez Galimberti: “El jurado hace escuela”.Susana Medina: “Juicio por jurados y equidad de género”.Miguel Ángel Giorgio: “Breves reflexiones sobre el estándar de Prueba más allá de toda duda razonable”.Martín Carbonell: “El veredicto del jurado y los recursos: los nuevos paradigmas y modelos de actuación”.Rosario Romero: “Otro modo de administrar justicia”.Ángel Giano: “Consideraciones generales y particulares de la Ley 10.746”.Marciano Martínez: “El aporte de la abogacía en el juicio por jurados y los héroes olvidados de 1933”.Laura Stratta: “El juicio por jurados y su potencial democratizador”.Elvio Garzón: “Selección del jurado: audiencia de voir dire”.Diego Lara: “El jurado pensado como base de la democracia y la participación ciudadana en el Poder Judicial”.Carla Cusimano: “Una perspectiva desde la sociedad”.Raymundo Kisser: “El largo camino del juicio por jurados en las constituciones nacional y provincial”.Alejando Cánepa - María Gabriela López Arango: “El rol de las partes y la necesidad del control cruzado”.Miguel Ángel Cullen: “Los dilemas en torno al derecho de ser juzgado por jurados y el imperativo dispuesto por la ley”.Rubén Pagliotto: “La justicia en manos del soberano y la Constitución honrada”.Esteban Vitor: “Reseña histórica y el caso de los galeses en Argentina”.Fuente: APFDigital

El padre de Jesica fue encontrado culpable por un Jurado Popular y ahora esperará la confirmación de la sentencia en una unidad carcelaria.

En horas del mediodía del martes, personal policial de la Jefatura Departamental Gualeguaychú dio cumplimiento a un oficio procedente de la Cámara de Casación de Concordia, procediendo a la detención de una persona de 50 años de edad, quien fue trasladado a la UP9.

El 4 de julio pasado, este sujeto había sido encontrado culpable por un jurado popular en una causa por el delito de abuso sexual gravemente ultrajante reiterado y abuso sexual con acceso carnal reiterado agravado en perjuicio de su propia hija, quien había sido la denunciante. Sin embargo, el Tribunal Penal de Gualeguaychú hizo lugar al pedido de la defensa, para que esperara la firmeza de la condena en libertad bajo controles diarios.

Sin embargo, ahora ese planteo formulado fue denegado, disponiendo además que mientras la condena quede firme, el imputado debe permanecer privado de su libertad en la Unidad Penal N° 9, lugar donde, una vez realizada la documentación de rigor, fue trasladado por el personal de la Jefatura.

El nuevo juicio por jurados se celebrará el 30 de noviembre y el  1 ,4,5 y 6 de diciembre, según confirmó el abogado de la familia de Iván Pérez, Pablo Di Lollo.

La cantidad de años que implica la carátula del caso, homicidio agravado por la condición de funcionario público, es lo que obliga a que el juicio sea realizado bajo la modalidad de juicio por jurados. 

La defensa de Pérez irá por la condena perpetua como intentó en el 2021, cuando no hubo unanimidad por parte del jurado. 

Sobre la demora en la reasignación de una nueva fecha, Di Lollo explicó que los juicios por jurados que tienen prioridad son aquellos en los que los imputados tienen prisión preventiva, y como Mauricio Gómez está en libertad la reprogramación llevó más tiempo. 

En tanto, Exequiel Castro en comunicación con Ahora Cero Radio expresó que no quería que pasara un año más sin realizarse el juicio. Y manifestó: “Él anda libre y nosotros sufriendo”, en relación a Mauricio Gómez.

Por otra parte, calificó al juicio como “una vergüenza” porque “la jueza permitió muchas cosas. Llevaron a otro perito para que evaluara lo que pasó. Acá hay un solo perito que hizo la prueba balística, y cómo van a llevar a otro muchacho. Fue una falta de respeto”.

En el comunicado leído frente a tribunales, Castro dijo: “Nosotros, familiares y amigos de Iván Pérez, junto a integrantes de organizaciones de derechos humanos, movimientos sociales, sindicales y políticos de Gualeguaychú estamos aquí para exigir justicia. Justicia por Iván”.

Y continuó: “Hace casi cuatro años, al mediodía del 9 de octubre de 2019, el policía Mauricio Gómez decidió sacar su arma reglamentaria y asesinar a Iván, en un descampado del barrio Molinari. Iván estaba sólo y desarmado. Se trata a las claras de un homicidio, de un caso de gatillo fácil”.

Además, resaltó el cansancio y “angustia” de la familia ante la espera de una nueva fecha. Y finalizó dando a conocer  la instancia para la concreción del juicio en noviembre y diciembre. Sin embargo, señaló que estarán atentos a que se cumplan los plazos definidos. 

Por último, agradeció la presencia de los asistentes, entre los que se encontraba Matías Ayastuy, director de Derechos Humanos e Ignacio Journet, referente del área.

COMUNICADO DE LA FAMILIA DE IVAN PEREZ

¡Queremos justicia ya!Nosotros, familiares y amigos de Iván Pérez, junto a integrantes de organizaciones de derechos humanos, movimientos sociales, sindicales y políticos de Gualeguaychú estamos aquí para exigir justicia. Justicia por Iván.

Hace casi cuatro años, al mediodía del 9 de octubre de 2019, el policía Mauricio Gómez decidió sacar su arma reglamentaria y asesinar a Iván, en un descampado del barrio Molinari. Iván estaba sólo y desarmado. Se trata a las claras de un homicidio, de un caso de gatillo fácil.

Como familiares y amigos hemos estado atentos al transcurso de la causa, hemos transitado el primer juicio realizado en 2021, en el que no hubo decisión unánime del jurado. Con dolor y mucha angustia hemos esperado la concreción del segundo juicio, y sin embargo han pasado dos años sin realizarse. Pasan otros juicios mientras el nuestro se ha postergado.

Nuestra paciencia se agotó y por eso estamos acá, en este acto de reclamo de justicia. Porque hablamos de un hecho de extrema gravedad institucional que el Poder Judicial de Entre Ríos no ha juzgado en los tiempos lógicos.

¿Cuánto más tiempo quieren que pase? ¿Acaso quieren que nos resignemos a la impunidad? Les avisamos que no lo haremos, de ninguna manera.No vamos a admitir que un agente de policía ejecute a un pibe y no pase nada. No lo haremos. Por la memoria de Iván y porque la impunidad pone en riesgo a toda la sociedad. Porque otros jóvenes de nuestra provincia, como Sebastián Briozzi, Miguel Varela y Gabriel Guzmán han sido víctimas recientes del gatillo fácil.

Por eso decimos BASTA DE IMPUNIDAD ¡JUSTICIA POR IVÁN PEREZ!Queremos decirles que alzar la voz, reclamar y movilizarse da sus frutos. Nos informaron ahora que tenemos fecha para el JUICIO. Según nos han dicho comenzará el 30 de noviembre hasta el 6 de diciembre.

Estaremos atentos a que estos tiempos se cumplan. Y sobre todo, a que se haga justicia y que el asesino de Iván sea condenado.

Por último, queremos agradecer el acompañamiento de todos ustedes. De muchas personas que nos apoyan, de las organizaciones locales. Esto es importantísimo para nuestra familia, para afrontar estos momentos y lo que viene.

¡JUSTICIA POR IVÁN PEREZ!

Según informó Arturo Dumón, juez técnico de la causa, la fiscalía no argumentó a lo largo de los 7 años que tardó la causa en llegar a juicio ninguna prueba de que el imputado entorpeciera el proceso penal. 

“La fiscalía no justificó pertinentemente la prisión preventiva. No se argumentó debidamente ni se acreditaron riesgos procesales”, destacó Dumón.

Y agregó que “todavía quedan vías recursivas para el imputado, y todavía por una cuestión constitucional debe respetarse el estado de inocencia”.

“La prisión preventiva no puede usarse como un adelanto de pena, en tanto no haya una sentencia firme, y la condena no va a estar firme en tanto no sea acreditada por casación”. 

Por otra parte, sobre quién protegerá a Jésica en tanto se espere la condena, el juez técnico expresó: “Nosotros desde la justicia siempre actuamos luego de los delitos cometidos, nosotros no podemos hacer una prevención de delitos futuros, para eso están las fuerzas de seguridad”.

En tanto, el 25 de julio será la audiencia de cesura del juicio en donde se conocerá el monto de la pena. 

El jurado popular encontró este jueves  a Ayelén Macarena Ortiz, culpable del delito de homicidio agravado por razones de vínculo y por haber sido cometido con alevosía, por el fallecimiento de su hijo de dos años. 

Las audiencias se desarrollaron desde el viernes pasado en las salas del Tribunal de Juicio y Apelaciones, de Gualeguaychú, y fueron presididas por la jueza técnica, vocal Alicia Cristina Vivian.

“Nosotros, el jurado, encontramos a la acusada Ayelén Macarena Ortiz, culpable del delito de homicidio agravado por razones de vínculo y por haber sido cometido con alevosía, conforme al requerimiento de la acusación”, leyó la presidenta del jurado ante la jueza coordinadora, Alicia Vivian.

La audiencia de cesura, durante la cual las partes expondrán sus argumentos sobre la pena que deberá cumplir la imputada, se realizará el próximo jueves 15 a las 8. En tanto, la magistrada le prorrogó la prisión preventiva hasta que la sentencia quede firme.

Durante las audiencias, el Ministerio Público Fiscal estuvo representado por Lisandro Beherán y la defensa de la imputada estuvo a cargo del abogado Pablo Ledesma como defensor oficial.

Ayelén Macarena Ortiz llegó al juicio cumpliendo prisión preventiva en la comisaría del Menor y la Mujer. El Ministerio Público Fiscal, le imputó responsabilidad en el fallecimiento de su hijo de dos años.

La emoción de una abuela

Como ocurrió en todas las jornadas del juicio, un grupo de familiares de Tahiel, encabezados por su abuela paterna Fabiana Magallán, quien una vez conocido el fallo del jurado popular, dijo a AHORA ElDia que “vine a todas las sesiones, fue muy duro todo, revivir el calvario que pasó Tahiel”.

Visiblemente emocionada, la mujer dijo que “siento que se hizo justicia, ahora espero que haya una condena dura, ejemplar. Espero que no haya ningún Tahiel más, ni en Gualeguaychú ni en ningún otro lado”.

“Era lo que esperábamos junto a la familia que lo estaba criando al nene. Yo siempre agradezco lo que ellos hicieron por Tahiel. Yo desde los cuatro meses no lo veía, y lo volvió a ver en el cajoncito, porque ni siquiera antes me dejaron despedirlo”.

Antes que comience el juicio, el abogado defensor oficial Pablo Ledesma dialogó con Ahora ElDía, y señaló que “la defensa es un derecho que tenemos todos los ciudadanos, en donde el  Estado provee la asistencia. En este caso que brindamos nosotros desde el Ministerio Público de la Defensa, justamente destinado para la gente que carece de recursos para ello”, y acotó que “estoy desde los primeros instantes, inmediatamente asumida la defensa”.

Consultado sobre los testigos que va a presentar la defensa, señaló que “tenemos un número importante, un buen material probatorio, no solamente de testigos, también pruebas de otra índole, pericial, y material que entiendo que va a ser, al menos a eso aspiramos, al convencimiento del jurado de que mi asistida Macarena Ortiz es inocente del hecho de que se la acusa”. 

En relación a las pruebas, indicó que “no me voy a expedir porque quiero ser respetuoso y justamente creo que el ámbito donde tiene que suceder eso es justamente en el juicio, así que hasta tanto ello no suceda, no voy a manifestar nada al respecto”.

Siguiendo su hipótesis, ante la consulta de quién es responsable de la muerte de Tahiel si Macarena Ortiz es inocente, respondió que “eso lo  decidirá el jurado, para eso estamos acá, para tratar de dilucidar y arrimarnos a la verdad, que es lo que todos aspiramos como ciudadanos”. 

En la misma línea, resaltó que va por la absolución de Macarena: “Claramente voy a tratar de sostener el estado de inocencia. Mi objetivo es tratar de que ella, así como llega, se vaya de aquí inocente“.

Macarena llegó a Tribunales desde la Comisaría de la Mujer donde se encuentra alojada, luego de haber estado unos días en el Servicio de Salud Mental del Hospital Centenario.

Los condenados son Luis Francisco Tellechea, Gisela Vanesa Ovelar, Roxana Andrea Rodríguez y el menor D.A.A. En el caso sólo fue absuelto A.L.T, porque no hubo acusación del Ministerio Público Fiscal (MPF) y tampoco de la querella.El juicio se sustanció bajo la carátula “Godoy, Rafael Axel-Tellechea, Luis Francisco Armando-Ovelar, Gisela Vanesa, sobre tentativa de homicidio agravado por alevosía en concurso real con homicidio agravado por alevosía” y su acumulada “Rodríguez, Roxana Andrea-D.A.A-A.L.T: /Tentativa de homicidio agravado por alevosía”.

En su veredicto, el jurado consideró a Tellechea "culpable como coautor del delito de homicidio agravado por alevosía y como coautor del delito menor incluido el de lesiones leves agravadas por alevosía". Y a Gisela Vanesa Ovelar y a Roxana Andrea Rodríguez "culpables como coautora del delito de tentativa de homicidio agravado por alevosía".

El jurado también consideró culpable a D.A.A como coautora del delito menor incluido de "tentativa de homicidio simple". A.L.T fue absuelto porque no hubo acusación del MPF y tampoco de la querella. 

¿Irán a prisión?Tras el veredicto del jurado, se dispuso la prisión preventiva de Tellechea en la Unidad Penal N°7 de Gualeguay; Ovelar cumplirá prisión preventiva domiciliaria y Rodríguez, por acuerdo de las partes, aguardará en libertad la sentencia.

El juez técnico que dirigió el proceso, que se inició el pasado 17 de mayo, fue Roberto Javier Cadenas, vocal del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Gualeguay. Las audiencias se realizaron en el salón de los Bomberos Voluntarios de Gualeguay (25 de Mayo 1080), a puertas cerradas.

El Ministerio Público Fiscal estuvo representado por Rodrigo Molina mientras que la querella particular fue ejercida por el abogado Javier Ronconi. La defensa de Tellechea y Rodríguez la realizó la abogada Susana Alarcón, en tanto que a los imputados Ovelar, D.D.A y A.L.T los patrocinó Agustina Quattrocchi en su doble carácter de defensora y representante del Ministerio Pupilar, ya que hay menores imputados. Los imputados llegaron a juicio en libertad, en tanto que Godoy acordó un juicio abreviado.

La audiencia de cesura -cuando fijen el monto de la pena para los condenados- será el 1 de junio a las 8.50, en los Tribunales de Gualeguay. 

El crimenLa Fiscalía atribuyó a Tellechea que durante la madrugada del 1 de enero de 2022 intervino en una agresión de la que participaron al menos 15 personas. Los imputados portaban armas blancas con las que asestaron golpes a Jesús Leonardo Fernández, quien recibió siete puntazos, tres los cuales penetraron en el dorso del tórax y le provocaron lesión pulmonar con hemotórax derecho y hemoneumotórax izquierdo, causándole la muerte minutos después por hemorragia masiva.

A su vez a Tellechea, Ovelar, Rodríguez, DDA y ALT se les imputó que en esa fecha y hora, también en el parque Quintana de Gualeguay, actuando en base a un plan común y aprovechándose de que Valeria Vanesa Velardis no podía defenderse, le propinaron una severa golpiza apta para darle a muerte. El resto de los imputados lo estuvo por tentativa de homicidio agravado por alevosía en calidad de coautores.

María, la madre del joven Alexander Reverdito, dialogó con AHORA sobre el pedido de justicia que llevan adelante por el asesinato ocurrido en Larroque y las expectativas que tienen. "Mi marido está en contacto con la fiscal. La verdad que estamos muy conformes, un trabajo excelente, todo muy rápido", aseguró.María afirmó que tiene expectativas de que el juicio por jurados que se realizará en Gualeguaychú pueda arrojar un poco de justicia a este caso que conmocionó a la sociedad. "Tiene que haber una condena justa. Mi hijo tenía 20 años, había salido a festejar Año Nuevo con sus amigos y hoy no lo tenemos más. Nos queda ese lugar vacío. Estamos con un dolor enorme, es algo sumamente horrible", expresó."A las marchas las vamos a seguir haciendo, porque el pedido de justicia tiene que estar vigente", dijo María, quien reiteró que "no fue una pelea" el hecho en el cual murió su hijo, "porque Alexander no se defendió en ningún momento".

El casoAlexander Reverdito falleció el 1° de enero de este año tras recibir una golpiza. El muchacho murió consecuencia de los golpes recibidos por Conrado González, quien está detenido con prisión preventiva e imputado por homicidio simple.Reverdito terminó muriendo en el Hospital Centenario de Gualeguaychú, al día siguiente del ataque por el cual se imputó a González. Desde entonces, su familia reclama justicia.