La Asociación Argentina de Juicio por Jurados (AAJJ) emitió un comunicado tras la media sanción que tuvo en la Cámara de Diputados el proyecto del Poder Ejecutivo que impulsó la reforma de la Ley Nº 10.746 de Juicio por Jurados de Entre Ríos. Así, la AAJJ expresó que “rechaza enfáticamente la media sanción por parte de diputados del proyecto de modificación de la ley de jurados de Entre Ríos, en relación a la competencia, vaciándola de contenido”, se sostuvo en la posición que llevó la firma de la presidenta del la AAJJ, Silvina Manes.

Sesión lamentable

En el comunicado se señaló que “el 2 de julio pasado, en una lamentable sesión, la Cámara de Diputados, trató el proyecto del Poder Ejecutivo que ingresó a la Cámara Baja el 26 de julio de 2024, y con absoluta pobreza argumentativa aprobó la modificación de la competencia del jurado popular y la limitó a delitos y los delitos conexos que con ellos concurren, cuya pena exceda los 20 años de prisión o reclusión”.

Desde la Asociación criticaron que “esta reforma constituye un serio retroceso, desconociendo abiertamente la manda constitucional que establece que todos los juicios criminales terminarán por jurados”. En ese sentido, se destacó que “la AAJJ ha sostenido reiteradamente que la competencia amplia de los jurados para conocer y juzgar todos los Crímenes es uno de los núcleos duros que deben respetar las leyes de jurados”.

Contexto

La AAJJ manifestó que “si bien nos encontramos en un proceso de expansión del sistema constitucional en todo el país, al que la provincia de Entre Ríos se sumó hace unos años, con competencia limitada a delitos más graves, ello no importa bajo ningún concepto, el acotamiento del Poder ciudadano de juzgar cada vez menos delitos, cuando en realidad debería ser lo contrario: el aumento progresivo de la competencia”.

Finalmente, se expresó que “esta Asociación Argentina de Juicio por jurados expresa su preocupación por la nueva embestida contra el derecho de los ciudadanos a participar en la administración de justicia y el firme rechazo a que se modifique la ley de jurados. Esperamos confiados que esto se revierta con seriedad en la Cámara de Senadores”. 

Fuente: APFDigital

La Legislatura entrerriana avanza con una modificación a la Ley de Juicio por Jurados Nº 10.746, vigente desde 2019, que podría recortar sensiblemente el acceso ciudadano a decidir en los procesos penales más graves.

El proyecto, impulsado por el Poder Ejecutivo y con dictamen favorable en Diputados, propone restringir la competencia del juicio por jurados a los delitos cuya pena máxima estimada sea de 21 años o más. De aprobarse, cambiaría la modalidad vigente, en donde todo delito cuya pena máxima sea igual o mayor a 20 años puede ser juzgado por ciudadanos comunes. La diferencia parece mínima, pero en los hechos dejaría afuera a una gran cantidad de causas que hoy sí acceden a este procedimiento, como por ejemplo los abusos sexuales agravados, que tienen una escala penal de hasta 20 años.

“El gran cambio está en el ‘más de 20 años’. Hoy, cualquier delito cuya pena máxima sea de 20 años entra. Con la reforma, sólo los que lo superen serán juzgados por jurados”, explicó el fiscal Lisandro Beheran, coordinador de fiscales de Gualeguaychú, en diálogo con Ahora ElDía.

De aprobarse la reforma, a los jurados populares sólo le quedarían los casos más extremos. “Homicidios y hechos de esas características. Si tomamos ‘hasta 20 años’, el delito más grave es el de abuso sexual. Este desaparecería de la lista, así como desaparecen otros también”, explicó Beheran.

Desde distintos sectores judiciales, académicos y de derechos humanos ya se pronunciaron en contra de la modificación. El Instituto de Derecho Penal de Entre Ríos, la Asociación de Pensamiento Penal, la Asociación Argentina de Juicio por Jurados (AAJJ), el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip) y la Asociación de Víctimas de Delitos Aberrantes (Vidaer), entre otros, emitieron un comunicado conjunto en el que señalaron que la reforma es “ilegítima e inconstitucional”, y que desnaturaliza los avances logrados en participación ciudadana en la Justicia Penal. Denuncian que se busca instalar una “justicia clasista”, al restringir el juicio por jurados a un número muy acotado de delitos.

Beheran reconoció que el proyecto surge por una dificultad real: “Hay ciudades grandes, como Paraná y Concordia, en que la cantidad de causas elevadas a juicio por jurados supera la posibilidad de llevarlas a cabo. Esto es así porque se requieren una mayor cantidad de medios técnicos y humanos que nunca fueron contemplados. Cuando se dispuso la Ley no se incrementó ningún plantel, ni de funcionarios ni de empleados. Este tipo de juicios requiere una infraestructura”. A lo que agregó: “En ciudades grandes hay retrasos de más de un año o de dos para hacerlo. Esa problemática en ciudades menos pobladas no se percibe”.

Desde su implementación en Gualeguaychú en 2021, se realizaron treinta juicios por jurados. Actualmente hay entre cinco y diez causas en espera. Pero según el Fiscal, en la ciudad no se replica el problema en cuanto a la demora en la realización de los juicios como se experimenta en Concordia o Paraná.

Beheran explicó que en Gualeguaychú no se han registrado grandes inconvenientes de funcionamiento: “Sólo tuvimos par de juicios estancados”, aseguró. Entre los que se puede contar con el caso conocido como “el garrapiñero”. En esa oportunidad, se consideró que el jurado no logró unanimidad y por eso se debe repetir.

En total, de los treinta juicios realizados, sólo uno terminó con un veredicto absolutorio y el resto concluyó con condenas por unanimidad. “No hay una tendencia marcada ni a condenar ni a absolver”, aseguró consultado sobre si esta modalidad de juicio favorece algún tipo de resolución por sobre otras.

En términos presupuestarios, los juicios por jurados son más costosos. Según Beheran, cada uno cobra aproximadamente 100 mil pesos por día. A esto se suman los gastos logísticos, de seguridad, traslados y alojamiento, especialmente si se trata de ciudades del interior.

Consultado sobre la posibilidad de que esta reforma avance, Beheran evitó opinar sobre decisiones legislativas, aunque señaló: “El punto central es que, de aprobarse, cambiaría la competencia. No se elimina el juicio por jurados, pero sí se restringe. Muchas causas que hoy ingresan ya no lo harían”.

En concreto, delitos como el abuso sexual con acceso carnal o con agravantes —que hoy son juzgados por jurados por tener una pena máxima de 20 años— volverían al sistema de juicio técnico, es decir, serían juzgados exclusivamente por jueces. La crítica de los organismos que salieron al cruce de la reforma es que esto recorta el derecho de las víctimas a que su caso sea juzgado por un jurado popular y reduce el control ciudadano sobre el Poder Judicial.

Otra preocupación que se plantea es la forma en que se introdujo el debate. Las organizaciones que rechazan la reforma señalan que no hubo una discusión pública amplia ni participación de expertos ni audiencias abiertas. Por eso la califican de “ilegítima”, más allá de su constitucionalidad.

De concretarse la modificación de la ley, Entre Ríos pasaría a tener uno de los sistemas de juicio por jurados más limitados del país, restringido sólo a delitos gravísimos y que dejaría fuera a un universo importante de causas que, hasta ahora, venían siendo juzgadas con participación ciudadana.

Juicios por juradosEl juicio por jurados fue reglamentado en Entre Ríos por la Ley N.º 10.746, sancionada en 2019 y puesta en práctica tras la pandemia. Se basa en el sistema anglosajón, con un tribunal integrado por 12 ciudadanos titulares y 4 suplentes, que deben llegar a un veredicto por unanimidad. Su implementación fue celebrada como un hito democratizador en el Poder Judicial, al permitir que ciudadanos comunes participen directamente en la decisión sobre la culpabilidad o inocencia de los imputados en delitos graves.

Con una importante participación de escuelas secundarias de Gualeguaychú, se llevó a cabo una jornada organizada por el Consejo de Seguridad Ciudadana donde se presentó la Guía Procedimental Primaria y un manual explicativo sobre Juicios por Jurado. La actividad tuvo lugar en el Centro de Convenciones y reunió a representantes de instituciones vinculadas con la justicia, la educación y la seguridad.

El objetivo de la jornada fue ofrecer herramientas que promuevan una ciudadanía activa, crítica e informada. A través de distintas ponencias, se abordaron temáticas como el funcionamiento del sistema de juicios por jurado, los derechos de las víctimas y el rol de la educación en la construcción de una sociedad más segura e inclusiva.

La presentación de la guía y del manual estuvo a cargo de Ricardo Rodríguez, coordinador del Consejo de Seguridad Ciudadana, quien destacó el trabajo articulado entre instituciones para la elaboración de estos materiales: “Este manual es un ejemplo de cómo, desde el Estado, se pueden generar herramientas que lleguen a las aulas y promuevan el diálogo y la participación en temas fundamentales como la justicia y la seguridad”.

También tomó la palabra Natalia Báez, directora Departamental De Escuelas, quien expresó: “Pensar la educación en relación con la seguridad ciudadana implica reconocer el lugar central que ocupa la escuela en el desarrollo de la ciudadanía y en la construcción de lo común”.

En su intervención, Báez subrayó que la educación tiene el desafío de formar ciudadanos asertivos, capaces de expresarse respetando las diferencias, y remarcó que la escuela debe ser un espacio seguro, donde se vivencie el cuidado, el respeto y la justicia.

“La tarea es ardua y es esencialmente educativa. Es educar para buscar la justicia antes que la venganza y asumir la responsabilidad antes que la culpa”, expresó.

Durante la jornada, los estudiantes también participaron activamente en el intercambio con funcionarios judiciales y docentes, en un clima de escucha y compromiso.

Una alta fuente del Ejecutivo provincial reconoció a APFDigital que el apoyo político al proyecto entró en una zona de stand by. “Tiene luz amarilla”, graficó en alusión a los colores del semáforo. Luego, sentenció: “No vamos a apurarnos. Escucharemos a todos los sectores y veremos qué modificamos” del articulado que está en debate. “La idea es no apurarnos, hacer un debate profundo y amplio y no llevarlo a los fustazos”, resumió. Otra fuente oficial, pero esta vez del Legislativo, fue un poco más allá: “La orden es freezarlo”, reconoció.

La iniciativa tiene sus particularidades. Es un secreto a voces que fue redactado a instancias del Procurador General, Jorge Amilcar Luciano García, y del Defensor General, Maximiliano Benítez. Pero llegó a la Cámara de Senadores por iniciativa del Poder Ejecutivo. Y otro elemento de extrañeza es que no lo firmó el gobernador Rogelio Frigerio si no la vice, Alicia Aluani, mientras estuvo circunstancialmente a cargo de la Gobernación.

García y Benítez expusieron este jueves ante la Comisión que trata el proyecto. Es altamente probable que se sumen algunas audiencias más en Legislación General del Senado. Y que la iniciativa pase a un segundo plano hasta terminar el año. Ambas Cámaras comenzarán en días a discutir el Presupuesto 2025, algo que insumirá toda la energía y agotará los acuerdos políticos entre oficialismo y oposición, sobre todo en Senadores donde Juntos por Entre Ríos está en minoría. Con viento a favor, el texto quedaría para febrero cuando se retomen las sesiones ordinarias.

En la base de la decisión del Ejecutivo de ralentizar la iniciativa hay dos factores centrales.

El principal es que las reformas que impulsan García y Benítez han mostrado, hasta ahora, ser más una postura personal que el criterio de los Ministerios Públicos que encabezan. Varios de los estamentos inferiores de cada cuerpo disienten, a viva voz o en privado, de las argumentaciones para cambiar un esquema que ha demostrado funcionar bien.

En este orden está la idea de sacar del ámbito del jurado popular a las causas por abuso sexual. El texto en debate alude a que se produciría una revictimización de las personas, sobre todo menores, al declarar ante un cuerpo de 12 ciudadanos. La respuesta que suelen dar defensores oficiales y fiscales que no fueron designados “a dedo” por García es que la víctima también debe declarar ante un juez técnico, llegado el caso, y que a los menores no se los somete a ese trance. Para eso se recurre a la Cámara Gesell.

El segundo elemento de convicción en la decisión de planchar la iniciativa de reforma es que los argumentos legales no tienen la solidez que aparentaban.  A poco de abrirse la discusión, quedó expuesto a la luz que los fallos de la Corte Interamericana que se citan (“V.R.P., V.P.C. y Otros VS. Nicaragua” y "Ángulo Losada Vs. Bolivia") no tienen la interpretación que se les pretendió dar. El organismo supranacional nunca hizo una recomendación abierta a los países del sistema interamericano de que excluyan estos delitos del juicio por jurado. De lo contrario, el tema estaría en discusión en más de una docena de países y no solo en Entre Ríos.

En el fondo de la controversia está el temor de los organismos judiciales a las derivaciones del éxito del sistema de juicios por jurados. Este sistema se copió, en gran medida, del que se aplica en los Estados Unidos. Si se sigue con esta tesitura, podrían incorporarse otros puntales del esquema norteamericano. El que más afectaría a la familia judicial es que en 49 de los 50 estados de la Unión los fiscales se eligen por voto popular directo.

En la Provincia rige un esquema copiado del sistema continental europeo: el Consejo de la Magistratura. Nacido para evitar la discrecionalidad del Gobernador a la hora de proponer jueces, fiscales y defensores, terminó por favorecer la arbitrariedad de dos funcionarios que tienen cargo a perpetuidad y que no fueron votados por nadie. Se trata del Procurador General y del Defensor, quienes al día de hoy tienen nombrados “a dedo” a más del 70% de los cargos de fiscalía y defensoría. (APFDigital)

Este viernes, en Gualeguaychú, el jurado popular que deliberó en el legajo “C.G.J s/Abuso sexual con acceso carnal agravado” no alcanzó unanimidad al momento de emitir su veredicto, tal como lo exige la ley al momento de establecer la culpabilidad o no culpabilidad del imputado.

Por esta razón, para juzgar esta causa deberá realizarse un nuevo juicio ante otro juez técnico y ante un nuevo jurado.

Las audiencias del juicio que culminaron este viernes y que se iniciaron esta semana fueron presididas por el juez técnico Mariano Caprarulo, vocal del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Gualeguaychú. 

Por su parte, el Ministerio Público Fiscal estuvo representado por el fiscal Jorge Gutiérrez y el abogado Pablo Di Lollo estuvo a cargo de la defensa del imputado.

Finalmente, las audiencias se desarrollaron a lo largo de cuatro días en el Palacio de Tribunales; y fueron a puerta cerrada por tratarse de un presunto delito contra la integridad sexual.

El abogado entrerriano, Rubén Pagliotto, que fue ex fiscal de la desaparecida Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA), ex presidente de la Sección Paraná del Colegio de la Abogacía de Entre Ríos (CAER) e impulsor de investigaciones de casos de corrupción de alto impacto, mantuvo una reunión con Julián Alfie, director Ejecutivo del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip), y con Silvina Manes, presidenta de la Asociación Argentina de Juicio por Jurados (AAJJ).

En el encuentro se analizó el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo de Entre Ríos y por un sector minoritario del Poder Judicial, que buscan reducir la cantidad de casos que llegan a juicio por jurados. En este sentido, Pagliotto rechazó el proyecto por inconstitucional y los dirigentes se comprometieron a trabajar por evitar su sanción. Pagliotto, Alfie y Manes analizaron las estrategias para incidir sobre el proceso legislativo y evitar una reforma que afectará el derecho de la ciudadanía entrerriana a participar en la administración de la justicia penal.

Durante el encuentro que mantuvo con las autoridades de las dos máximas asociaciones nacionales en materia de juicio por jurados, Pagliotto afirmó que el sector que impulsa esta propuesta "utiliza argumentos aparentes para vaciar un instituto que habilita con ejemplaridad, la participación de la ciudadanía, juzgando a vecinos, como mandan la Constitución Nacional y la Provincial. Las pretendidas reformas que incentivan algunos funcionarios son excusas para sacar del poder ciudadano esta eficaz herramienta de juzgamiento de delitos”.

Pagliotto profundizó al afirmar que “mientras en otras provincias se incluyen más delitos para ser juzgados por jurados populares, Entre Ríos comienza a retroceder esgrimiendo argumentos baladíes y falaces. No existen razones reales que impidan realizar en plazos razonables los juicios. Meter manos en la ley 10.746, la más avanzada y moderna del mundo juradista, constituiría además de un crimen de lesa constitucionalidad, un enorme retroceso institucional y en términos republicanos, habilitándose, sin lugar a dudas, planteos de inconstitucionalidad".

Por su parte, Manes y Alfie analizaron los datos presentados por los impulsores del proyecto, y concluyeron que bajo ninguna circunstancia justifican una reforma que, además, "es inconstitucional porque la Constitución impide restringir los juicios por jurados una vez que son implementados”.

Los letrados también analizaron que “las autoridades del Poder Judicial alegan un cuello de botella que no es tal. Presentan 139 casos pendientes de ir a juicio por jurados, un número que consideran inabordable, cuando de los propios datos oficiales se desprende que más de la mitad de esos casos se van a resolver por juicio abreviado, es decir, sin necesidad de realizar un juicio por jurados”.

Por otro lado señalaron que "el costo del jurado puede reducirse a través de resoluciones administrativas del propio Poder Judicial. Pero, en vez de ir por esa vía, promueven esta reforma legislativa que se convierte en un primer intento de quitarle al soberano (el pueblo) el poder que históricamente concentraban los jueces y que se resisten a perder". (APFDigital)

Se realizó hoy, en la sede del Instituto de Ayuda Financiera a la Acción Social (IAFAS), el sorteo público de 10.200 personas en igualdad de género que integran el padrón electoral vigente y serán potenciales jurados populares, de acuerdo a los requisitos establecidos por la Ley 10.746, que regula el funcionamiento de ese sistema de juzgamiento penal. 

El sorteo discriminó por jurisdicción y por sexos, con el objeto de confeccionar el listado definitivo de las personas que podrán integrar el Tribunal de Jurados en los juicios penales que se llevarán a cabo en Entre Ríos en 2025. 

El acto fue transmitido por el Servicio de Información y Comunicación del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos (STJER), vía streaming y a través de su canal de YouTube.

Los jurados están integrados por doce personas titulares y cuatro suplentes en igualdad de género, en tanto que los juicios se desarrollan en el lugar donde sucedieron los hechos.

Números sorteados

De acuerdo con lo dispuesto por la Sala en lo Penal del STJER, se eligieron 10.200 electores masculinos y femeninos empadronados en el registro general actualizado, discriminados de la siguiente forma: 1.759 por Paraná; 1.315 para la ciudad de Concordia y otro tanto para Concepción del Uruguay y Gualeguaychú; 877 para Gualeguay; y, en cada caso, 263 para San José de Feliciano, Chajarí, Federación, Federal, La Paz, Vllaguay, Diamante, Nogoyá, Rosario del Tala, Colón, Victoria, Islas del Ibicuy y Villa Paranacito y 200 de San Salvador.

La selección incluyó además el sorteo complementario de 150 electores masculinos y femeninos para Gualeguay, Diamante y San José de Feliciano, y de otros 300 para Gualeguaychú.

El contralor del sorteo estuvo a cargo de la titular de la Escribanía Mayor de Gobierno, Sandra Taborda. La actividad estuvo a cargo del coordinador de Juicio por Jurados del Poder Judicial, Fermín Bilbao; en tanto que como veedores participaron el fiscal coordinador de Paraná, Álvaro Piérola, por el Ministerio Público Fiscal; el defensor oficial Gaspar Reca Ríos, por el Ministerio Público de la Defensa; y Carla Cusimano, de la Asociación de Víctimas de Delitos Aberrantes de Entre Ríos (Vidaer), en representación de organizaciones no gubernamentales vinculadas a la materia, tal como prevé el artículo 18º de la Ley 10. 746. También estuvieron presentes representantes del Tribunal Electoral de Entre Ríos; el presidente del IAFAS, Diego Martínez Domé; el director del organismo, Marcelo Mounfort y el escribano Julio César Saurin.

El juez Arturo Dumón impuso la pena de 8 años y 6 meses de prisión efectiva a Lisandro Hernán Ledezma, hallado culpable por un jurado popular del delito de "robo agravado por ser en despoblado y por haberse cometido con armas de fuego en concurso ideal y en concurso real con portación ilegal de arma de fuego de uso civil".

El veredicto del jurado popular se produjo al concluir el proceso que se realizó desde el 22 al 26 de abril de este año en los Tribunales de Gualeguaychú.

La defensa técnica de Ledezma fue ejercida por el abogado Matías Lonardi. El Ministerio Público Fiscal estuvo representado por el fiscal Jorge Gutiérrez.

En cuanto a Ricardo Manuel Videla, de 46 años, también imputado en esta causa, sigue prófugo de la Justicia desde la noche anterior al juicio y aún no fue localizado por la Policía de Entre Ríos. Una vez que se de con su paradero se deberá iniciar un nuevo juicio por jurados para determinar su culpabilidad o inocencia en el hecho que se le imputa.

En el marco del proceso caratulado “Cepeda Héctor Aníbal s/ Homicidio simple”, comenzaron las audiencias en la Sala del Tribunal de Juicio y Apelaciones de la ciudad.

Las jornadas de debate son presididas por el juez técnico,  Mauricio Derudi. El Ministerio Público Fiscal está representado por Martina Cedrés, en tanto que el defensor del imputado es el abogado Matías Lonardi.

El imputado, acusado por la muerte de  Jorge Pighetti, ocurrida el 5 de octubre de 2023 en el barrio 348 Viviendas de Gualeguaychú,  llegó a juicio con prisión preventiva.

Este lunes fue la primera de las 4 audiencias que tendrá el juicio por jurado, que se espera que culmine el próximo jueves 7 de marzo.

“Fue mucho tiempo que paso del primer juicio, ha sido mucho tiempo de lucha, no fue fácil para mí, he tenido que sobrepasar muchas cosas, me han agarrado ataques de ansiedad y de pánico por la pérdida de mi hermano. Ver que se lo declaró culpable quiere decir que se hizo justicia, ahora uno puede llegar a convivir más tranquilo. Estamos muy agradecidos con el jurado porque se basó en las pruebas”, alegó Ezequiel Castro, hermano de Iván Pérez, el joven asesinado por la espalda por el sargento Mauricio Gómez. 

Es importante recordar que ya se había celebrado un primer juicio por jurados pero no se había arribado a una conclusión unánime.

“Esa vez sentimos una sensación de angustia y frustración, además todo el tiempo esperando el juicio por la pandemia y ver que no se había llegado a un acuerdo era muy doloroso, pero en este juicio teníamos mucha fe de que sea diferente”, resaltó Castro. 

Y agregó que en este nuevo juicio “siempre confiamos en el jurado y le damos las gracias porque gracias a ellos se llegó a esto, teníamos mucha fe de que se iba a dar así. Si ellos se remitían a las pruebas no podía fallar”. 

Finalmente, Ezequiel contó que “veníamos atravesando momentos muy difíciles, no es fácil la perdida de un hijo para mi vieja y para mí de mi hermano, yo esperaba con muchas ansias este juicio”.  

Luciano Peralta 

En noviembre de 2019 se sancionó la Ley Nº 10.746 de Juicio por Jurados en Entre Ríos, que modificó la manera de realizar los juicios en la provincia en los casos en que se juzguen delitos graves, cuya pena máxima en abstracto sea de 20 años o más de prisión.

En estos casos, el tribunal estará formado por un Juez técnico y un jurado integrado por 12 ciudadanos –mitad mujeres y mitad varones–, quienes deberán decidir si ese hecho existió como tal y si la persona acusada es o no culpable. 

Este mecanismo es un mandato que estableció la Constitución Nacional de 1853 y que fue adoptado por la provincia de Entre Ríos para garantizar la participación ciudadana en la administración de justicia. Al respecto, el abogado, docente y vocal del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Gualeguay, Dardo Tortul, explicó que, si bien “es un sistema antiguo, es nuevo en su puesta en marcha; pasó más de un siglo para que este mecanismo empiece a funcionar”.

“El juicio por jurados es la forma de participación ciudadana más profunda que tiene el sistema judicial. Si bien hay otras formas de participación ciudadana, como el sistema de designación del Consejo de la Magistratura, a través de representantes de asociaciones civiles, o el control a través de audiencias públicas, el juicio por jurados implica la intervención directamente en un caso judicial, desempeñándose como jueces ciudadanos que no son parte del sistema de justicia”, expresó a Ahora ElDía, tras la charla denominada “Participación ciudadana en la Justicia. Juicios por Jurados y Violencia de Género”, organizada por Libertas, organización jurídica feminista de Gualeguaychú. 

¿Cualquier persona puede ser jurado? ¿cómo se lleva a cabo la elección de las mismas? Son de las preguntas que más genera el tema. Al respecto, Tortul explicó que “existen tres sistemas de selección, dos de las cuales son por azar”.

“Primero, a nivel provincial se confecciona un padrón de las posibles personas que podrían ser jurados, luego cada jurisdicción selecciona un número mínimo de 36 potenciales jurados. Hasta ahí el sistema es por sorteo. Después, está la tercera instancia, que es la audiencia de voir dire o decir verdad, donde, a través de un mecanismo de exclusión en el que intervienen las partes, se seleccionan a los 12 jurados y a los cuatro suplentes”, explicó el letrado. Al tiempo que aclaró que “si el juez lo considera, puede ser mayor el número de suplentes”. 

Si todas las personas que integran el jurado popular no votan de la misma manera –culpabilidad o inocencia– el juicio queda estancado y debe hacerse de nuevo. En este sentido, Tortul dijo que “la ley prevé un deber fuerte, para nosotros los jueces, respecto a hacer lo posible para generar el consenso”.

“El consenso tiene que ser muy fuerte dentro del jurado. No puede ser una mayoría que se imponga sobre una minoría. Es una forma de generar consenso social. Hay que saber, también, que, si en el segundo juicio, que se lleva a cabo con otro juez técnico y otro jurado, también queda estancado, hay una absolución automática. De ahí, la necesidad de evitar el estancamiento”, remarcó. 

Por último, sobre los planteos que ha generado este sistema y sus posibles modificaciones, el vocal del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Gualeguay, dijo que “mucha gente plantea discutir la obligatoriedad o no del sistema de jurados, basándose en que es un derecho optativo del imputado. Eso sucede en otras provincias. Nuestra ley lo establece como un derecho del imputado, pero también como un derecho de la ciudadanía de participar en la administración de justicia”, aunque “son temas que seguramente serán discutidos en instancias a futuro”. 

Al respecto, Ezequiel Castro, hermano de Pérez habló en Ahora Cero Radio sobre la manifestación que llevará a cabo.

“Es una concentración  frente a tribunales, más que nada para ver si se puede llegar a una fecha. Nosotros tenemos un abogado que está todo el tiempo con nosotros. Él se ha movido todo el tiempo, pero hasta ahora no hay fechas pactada para un nuevo juicio, por eso la concentración para que nos den una fecha. No queremos que pase un año más, él anda libre y nosotros sufriendo”, refirió. 

Castro según relató, fue testigo ocular de lo que le pasó a su hermano: “Yo vi casi todo lo que pasó”, contó. 

“La que vive en el barrio Molinari es mi mamá, y mi casa está cerca. Desde mi casa se ve clarito el campito. Cuando pasó eso, vi cuando él estaba corriendo”. 

“Acá estamos hablando de un caso de gatillo fácil, él iba desarmado, y otra que nunca se dio la voz de alto. Para eso tenemos la justicia, él tendría que haberlo agarrado y esposado y dejárselo a la justicia”, comentó sobre el accionar del policía que terminó con la vida de su hermano.

Sobre el juicio anterior, Castro lo calificó como “una vergüenza”, porque “la jueza permitió muchas cosas. Llevaron a otro perito para que evalué lo que pasó. Acá hay un solo perito que hizo la prueba balística, y cómo van a llevar a otro muchacho. Fue una falta de respeto”.

Sobre el imputado, manifestó que se abstuvo de declarar durante el juicio. En esta dirección, Castró apuntó: “Que se haga justicia, y que pague como todos tienen que pagar, no porque sea de la fuerza va a tener privilegios”. 

En tanto, durante la concentración, la familia leerá un documento al respecto del caso. 

Este viernes a las 17 hs., familiares y allegados a Iván Pérez se convocarán frente a los Tribunales de Gualeguaychú para pedir que se haga un nuevo juicio por jurado, ya que en el que se realizó no hubo coincidencia entre los integrantes y no se pudo llegar a un veredicto."Han pasado casi cuatro años de aquel mediodía del 9 de octubre de 2019, en el que el policía Mauricio Gómez decidió sacar su arma y asesinar a Iván, en un descampado del barrio Molinari. Iván estaba sólo y desarmado", expresaron a través de un comunicado.También mencionan que "el primer juicio realizado en 2021 no hubo decisión unánime del jurado. Con dolor y mucha angustia hemos esperado la concreción del segundo juicio, y sin embargo en estos dos años no nos han confirmado nada. Pasan otros juicios mientras el nuestro se posterga"."Nuestra paciencia se agotó, estamos hablando de un homicidio y, como sostienen desde organismos de derechos humanos locales se califica al hecho como un caso de gatillo fácil, de extrema violencia institucional", añadieron. Finalmente, pidieron “por la memoria de Iván", y sostuvieron que “la impunidad pone en riesgo a toda la sociedad”. 

"Que la Justicia entrerriana instrumente de forma inmediata lo que sea necesario para enjuiciar al asesino de Iván", concluyeron.

En conversación con Ahora Cero Radio, el letrado Arturo Dumón informó cuáles son las medidas que deberá cumplir el padre de Jesica para garantizar su llegada a la condena en libertad. 

“Todavía por una cuestión institucional debe respetarse el estado de inocencia, por esas razones se dispusieron medidas que no son privativas pero si de restricción: todos los días debe comparecer frente a jefatura, se estableció una finanza económica que debe depositar y prohibición de salida del país, y la entrega del documento tal y como lo establece la normativa judicial”, ilustró Dumón. 

“Cuiden mucho a sus niñas , a sus niños”, comienza el emotivo texto que compartió Jesica en sus redes sociales en la noche del jueves.

“Enseñenles que ellos son muy importantes, a qué confíen en ustedes mamás y papás, a qué su cuerpo es sagrado y que son muy valiosos en esta vida. Mañana (por hoy) será un día muy difícil para mí pero se que será un incentivo para muchas mujeres y muchos hombres que pasaron por la misma situación o similar... Es difícil? Si claro... La vida sigue pero mis anécdotas de niña y de adolescente tal vez no las pueda contar por qué mi tristeza vivirá por siempre y aunque se haga justicia, nada se puede revertir...”, expresó la gualeguaychuense.

“Un papá debe amar, no tocar, no violar... Un papá debe cuidar, abrazar y contener, no pegar hasta lastimar. Un papá debe acompañar, no asustar ni amenazar”, sostuvo. 

“¿Por qué apagar las ilusiones? La niñez es la etapa más importante, que marcara tu vida. Mañana (por hoy) comienza el juicio que espere por tantos años, por mi , por mis hermanos y por todos los niños... Basta de violaciones, basta de maltratos y basta de muertes infantiles. Gracias a todos, no te calles, no estamos más solos”, concluyó su emotivo posteo.

Además, hace 10 días, cuando se conoció que el juicio por jurado tenía fecha de inicio, expresó lo siguiente:

"Quiero agradecer profundamente la cantidad de veces que compartieron mi publicación... (en referencia a un posteo en el que hizo pública la denuncia contra su padre) Quise hacerlo público hace muchos años pero mi espera fue debido a la justicia... Tardó pero llegó! Quiero que sepan que si bien hoy tengo 32 años, esta lucha viene desde hace muchos años sin ser pública, tuve una vida muy dura, llevo un dolor muy grande por dentro que jamás sanará, una niña muy dolida que no pudo disfrutar de nada... ni de su niñez, ni mucho menos su adolescencia.

Sentí que dios me había abandonado, con tan solo 12 años llegué a sentir ganas de morir, de no existir más. Por qué no quería callarme más... no quería ser más castigada de esa forma...

Hoy soy muy fuerte para contar todo, y esto lo hago más que nada por todas ustedes, por muchas mujeres que me escribieron dándome fuerzas sintiéndose identificadas, hablen chicas... Ya no estamos más solas, ya podemos gritar que entre todas vamos a ayudarnos!

Miren estas fotos (posteó fotos de ella de niña) y díganme qué fue lo que le atrajo de mi? Esa pregunta es la que le haré el día del juicio...

Siento vergüenza por qué es mi progenitor una persona PEDERASTA... pederasta es la palabra apropiada para referirse al abuso sexual que se comete con niños! JUSTICIA POR MI Y POR MUCHAS. JUICIO POR JURADO VIERNES 30 DE JUNIO. JUSTICIA".

De esta manera, Jesica se desahogó a través de las redes sociales, y este viernes comenzó a transitar el doloroso proceso del juicio, en la que se determinará la culpabilidad o inocencia de su padre.

Presidido por el juez técnico Mauricio Derudi, vocal del Tribunal de Juicios y Apelaciones de Gualeguaychú e Islas del Ibicuy, comenzará este martes 4 un juicio por jurados en Islas del Ibicuy. Será para establecer la culpabilidad o inocencia de los imputados en el legajo caratulado “Barrios, Carlos Orlando Exequiel-Velázquez, Elio Enrique-Barrios, Adrián Andrés s/ homicidio simple y tentativa de homicidio”. Se trata del juicio por la muerte de Sergio García, asesinado en octubre de 2021, en un contexto de un enfrentamiento en una fiesta.

Las audiencias, que comenzarán el 4 de abril y se extenderán hasta el martes 11, se realizarán en el Salón Punto Digital de la localidad, a partir de las 8.30.

El Ministerio Público Fiscal estará representado por el fiscal Lisandro Beherán, en tanto que los defensores serán Matías Lonardi, en representación de los imputados Adrián y Carlos Barrios, mientras que Darío Carraza representará a Elio Velázquez. La querella la ejercerá el abogado Raúl Jurado.

Acerca del hecho

Los imputados Carlos Barrios y Elio Velázquez están acusados de atacar a dos hombres con armas blancas el 3 de octubre de 2021, alrededor de las 5 de la mañana, en la zona ubicada en calle Gabriela Mistral entre Libertad y Dolores de Urquiza, en Ibicuy. El tercer imputado, Adrián Barrios, está acusado de haber colaborado de forma esencial en ese hecho.

Una de las personas atacadas sufrió una lesión cortante en su antebrazo derecho -ante la defensa que opuso con su brazo,- la que demandó tres puntos, y menos de un mes de curación e inhabilitación laboral. La otra víctima falleció por falla múltiple de órganos y sepsis, como consecuencia de una herida cortante en zona del franco izquierdo, de cinco centímetros de longitud, aproximadamente, con evisceración, la que lesionó el estómago, el colon y la cúpula diafragmática izquierda, con el consiguiente neumotórax. Su deceso se produjo el 26 de octubre de 2021 en el Hospital de Zarate.

La víctima Sergio García recibió un corte de un arma blanca al intentar defender a un amigo que estaba siendo atacado durante un festejo y estuvo tres semanas internado en terapia intensiva en un hospital de Zárate hasta que murió.

En el marco de la causa caratulada “P.M.G s/Abuso sexual con acceso carnal agravado”, este martes a las 9 se llevará a cabo la audiencia de voir dire, durante la cual se elegirán los 12 integrantes titulares y los 4 suplentes del jurado popular, en igualdad de género.

Fechas de las audiencias

Las audiencias del juicio se iniciarán el miércoles, continuarán el jueves y viernes y culminarán el lunes 28 de noviembre. Todas las jornadas, que comenzarán a las 8 en el Salón de Audiencias del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Concepción del Uruguay, serán a puertas cerradas, por tratarse de un supuesto delito contra la integridad sexual.

Datos claves

El juicio estará dirigido por la jueza técnica, Melisa María Ríos, mientras que el Ministerio Público Fiscal estará representado por la fiscal María Gabriela Seró. Los abogados defensores de P.M.G serán José Ostolaza y Pablo Sotelo.

A P.M.G se le imputan los delitos de abuso sexual gravemente ultrajante y abuso sexual con acceso carnal, ambas figuras agravadas por la situación de convivencia preexistente, en concurso real y corrupción de menores agravada, que concurre idealmente con las anteriores.

Fuente: El Entre Ríos - SIC - STJ.

El 5 de noviembre de 2019 hubo un cambio de paradigma en el sistema judicial entrerriano: con la sanción de la Ley Nº 10.746 de Juicio por Jurados, Entre Ríos implementó el sistema de juzgamiento penal mediante Juicio por jurados, modificando así la forma de realizar los juicios en la provincia, para los casos en que se juzguen delitos graves, cuya pena máxima en abstracto sea de 20 años o más de prisión.

El juicio por jurados es un mandato que estableció nuestra Constitución Nacional de 1853 en sus artículos 24, 75 inciso 22 y 118, y que la Constitución de la provincia de Entre Ríos adoptó en el artículo 122 inciso 23, para garantizar la participación ciudadana en la administración de justicia y acercarla a la sociedad.

Es por esto, a tres años de sancionada la Ley, durante el viernes 11 y el sábado se realizó en Gualeguaychú la Jornada Provincial de Juicio por Jurados, una actividad que atrajo a casi 100 integrantes del Poder Judicial, quienes debatieron, intercambiaron experiencias y plantearon inquietudes para poder hacer aún mejor este sistema de justicia.

“Lo fundamental es que recién estamos comenzando a transitar por el sistema de juicio por jurados, lo mismo a nivel nacional: si bien nosotros arrancamos hace poco, el primer juicio por jurado pasó hace más tiempo en la provincia de Buenos Aires. Estamos, naciendo, recién arrancando, dando los primeros pasos en algo que aún no tenemos tradición jurídica. Por eso la idea de la Jornada es intercambiar experiencias y aprender entre todos. Nadie tiene la fórmula mágica en esto, nadie tiene nada definido, por eso lo importante es intercambiar experiencias y plantear inquietudes para poder así mejorar el sistema”, informó a Ahora ElDía el Vocal del Tribunal de Juicios y Apelaciones de Gualeguaychú Arturo Dumón

Sobre el balance de este sistema puesto en función hace tres años atrás, el juez Dumón señaló que “en la provincia de Entre Ríos se llevaron adelante ya 33 juicios por jurado, de los cuales 9 fueron en la localidad de Gualeguaychú, y la verdad es que en el 98% de los casos fue exitosos en el sentido que obtuvimos veredictos, ya sean de culpabilidad o inocencia, que es lo que hace exitoso el proceso”.

“Las personas que no pertenecen al Poder Judicial, una vez que integró un jurado y participó de las distintas etapas le cambia un poco la visión que tiene sobre nosotros, los que estamos en la Justicia, sobre todo se hace eco de la responsabilidad que es dar un veredicto de culpabilidad o inocencia”, explicó Dumón sobre cómo l sociedad recibió este sistema y agregó: “Se dan cuenta que esto es algo que no es fácil y sencillo. Por eso, cuando termina de participar en el proceso, quedan muy agradecidos y les cambia la visión del sistema judicial, entiende la responsabilidad que implica un proceso o un juicio y desde ese punto de vista social es que me refiero a esta democratización de la Justicia, no desde el del punto de vista de la política”.

“Cuando empezó este sistema de juicio por jurado hace un tiempo, yo era uno de los que tenía cierto recelo o temor sobre a la institución en cuanto a la capacidad de nosotros mismo tener la capacidad de bajarle a la gente la información necesaria para que tomen una decisión justa, imparcial y objetiva. Y la experiencia nos ha indicado que no es tan complejo para nosotros y no le ha resultado complejo a la sociedad entender figuras delictivas, cuestiones constitucionales o de principios procesales, y de alguna manera es una manera de enseñanza de nosotros los jueces técnicos y los fiscales y los defensores hacia la sociedad en general”, sostuvo. 

“La experiencia nos indica que es muy saludable el sistema y que es un derecho del ciudadano participar de cuestiones públicas y faltaba esta pata en lo judicial”, concluyó. 

La Jornada Provincial de Juicio por Jurados estuvo organizada por la Asociación de la Magistratura y la Función Judicial de Entre Ríos, el Instituto de Derecho Federal, Provincial y Municipal de la AAJC (Asociación Argentina de Justicia Constitucional) y el Instituto de Derecho Penal, Procesal Penal y Juicio Por Jurados de la AAJC.

Entre los expositores estuvieron Matías Mariano Deane, Juez del Tribunal Oral en lo Criminal Nº 5 de La Matanza, Provincia de Buenos Aires; Cristian Diego Penna, Defensor Oficial en lo Criminal y Correccional (Dpto. Judicial San Martín) Buenos Aires; Pablo Hernán Santamarina, Fiscal a cargo de la Unidad Funcional N.º 8 (Pergamino) Buenos Aires; María Luján Giorgio, Vocal de la Cámara de Casación Penal (Concordia); Darío Gustavo Perroud, Vocal de la Cámara de Casación Penal (Concordia); Alicia María Vivian, Vocal del Tribunal de Juicios y Apelaciones de Gualeguaychú e Islas del Ibicuy; Mauricio Derudi, Vocal del Tribunal de Juicios y Apelaciones de Gualeguaychú e Islas del Ibicuy; Arturo Dumón, Vocal del Tribunal de Juicios y Apelaciones de Gualeguaychú e Islas del Ibicuy; Lisandro Beherán, Fiscal Coordinador de la Jurisdicción de Gualeguaychú e Islas del Ibicuy; y Alejandro Giorgio – Defensor Oficial ante la Cámara de Casación Penal.

El jurado popular compuesto por 12 vecinos determinó que Nelson Rolando Torres es culpable de la haberle provocado la muerte a Fabricio Arrúa, en la causa caratulada “s/homicidio agravado por la utilización de arma de fuego”.

El debate comenzó el miércoles y finalizó este lunes con una extensa jornada en el Salón de la Caja Municipal de Jubilaciones de Gualeguaychú, donde finalmente el jurado determinó por unanimidad la culpabilidad del acusado, que había sido señalado como el autor de los tres disparos que terminaron con la vida de Fabricio Arrúa el 9 de agosto del 2021 en la zona norte de nuestra ciudad.

El juez técnico que dirigió el proceso judicial fue Arturo Dumón, quien finalizada la jornada expresó a AHORA ElDia que “en una nueva audiencia que se ha fijado se determinará la pena en función del delito por el cual se dictaminó la culpabilidad de Torres. Esta audiencia será el próximo lunes a las 11, con la presencia de las partes y en esa audiencia se debatirá la pena que se impondrá a la persona que el jurado popular halló culpable”, recordando que las penas van “de un mínimo de 8 años a un máximo de 25 años”.

Por su parte, el abogado Martín Britos, uno de los abogados querellantes en la causa, señaló a AHORA ElDía que “fue un juicio largo, con jornadas muy intensas y finalmente el jurado popular llegó a la conclusión de la culpabilidad del imputado Torres por la muerte de Arrúa. El lunes próximo, se determinará la pena que el jurado técnico impondrá al Torres en relación a los hechos que se le imputaban y por los cuales el jurado lo halló culpable”.

Cabe destacar que Torres se encontraba cumpliendo con prisión domiciliaria durante el transcurso del juicio. El lunes, luego de que se conozca la pena que recibirá, se indicará también el lugar de cumplimiento de dicha pena, que será en una unidad carcelaria.

Este lunes el jurado popular compuesto por 12 vecinos determinará si Nelson Rolando Torres es culpable o inocente en la causa caratulada “s/homicidio agravado por la utilización de arma de fuego”.

El debate comenzó el miércoles y finalizará con la resolución en horas de la tarde de este lunes. Las audiencias se desarrollan en el Salón de la Caja Municipal de Jubilaciones de Gualeguaychú. 

Recordemos que es juzgado por ser señalado como el autor de los tres disparos que terminaron con la vida de Fabricio Arrúa el 9 de agosto del 2021 en la zona norte de nuestra ciudad.

El juez técnico que dirige el proceso judicial es Arturo Dumon. Por el Ministerio Público Fiscal interviene Mauricio Guerrero. Por la Defensa técnica hace lo propio José María Morrison. La querella la ejercen los abogados Martín Brittos y Rubén Virué.

Al respecto del desarrollo del juicio, Brittos señaló a Ahora ElDía que este lunes “es la última jornada que tenemos intervención las partes, hemos finalizado los alegatos de la parte acusadora, hemos expuesto y probado nuestra teoría del caso, sólo nos queda esperar”.

“Confiamos en que vamos a tener el veredicto de culpabilidad por homicidio sin ningún tipo de justificación”, aseveró, y remarcó que “ahora resta esperar el alegato de la defensa y que después el jurado delibere y dicte su veredicto”. 

Según supo Ahora ElDía, la resolución del jurado popular se daría en horas de la tarde, salvo que se demore el debate y se postergue hasta mañana.