Una auditoría del Gobierno detectó un desfasaje de $158.717 millones en los registros internos de la ex Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), que estuvo encabezada por Diego Spagnuolo hasta su desplazamiento en agosto de 2025.

Según publicó LA NACION, la cifra surgió de un análisis realizado por la intervención del organismo y corresponde a diferencias entre las deudas informadas por dos áreas clave. Parte de esos compromisos no había atravesado los controles administrativos establecidos.

El trabajo examinó la gestión de la Andis hasta el 21 de agosto de 2025 y relevó pagos a droguerías, deudas, cajas chicas, equipos electrónicos, contratos, empleados y declaraciones juradas, supo la Agencia Noticias Argentinas.

La auditoría indicó que “se constató una diferencia de $158.717.131.557,63 entre los listados de la deuda exigible”.

Los auditores pidieron información sobre pagos y deudas a la Dirección de Presupuesto y Contabilidad (DPYC) y a la Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Salud (Dnass), que implementaba programas como Incluir Salud. Esta última dependencia informó el monto de deuda más elevado.

El informe también advirtió sobre posibles imprecisiones en la información entregada por la Dnass. Desde esa dirección señalaron que tanto los importes como su clasificación podían haber registrado variaciones por errores involuntarios en la carga realizada por prestadores.

La Dnass se encuentra además bajo análisis del fiscal Franco Picardi en una causa que investiga un presunto fraude con posibles coimas de hasta el 20%. Según la acusación fiscal citada por el medio, los procesos de compra habrían presentado sobreprecios y deficiencias en los procedimientos administrativos.

La auditoría también observó la utilización de la figura de legítimo abono para pagar bienes o servicios ya entregados o cumplidos sin haber atravesado previamente los procedimientos ordinarios de contratación.

Según el informe, hasta la fecha de corte el organismo continuaba utilizando ese mecanismo y solo se habían iniciado seis procedimientos de compras vinculados con esos servicios.

La auditoría no identificó cuáles fueron los pagos efectuados bajo legítimo abono, pero detalló que los prestadores de medicamentos e insumos recibieron $479.504 millones entre 2024 y el 21 de agosto de 2025.

Agencia NA

En el marco de la Causa Cuadernos, la Justicia mostró un video del allanamiento al departamento de la ex presidenta Cristina Kirchner, en 2018.

Las imágenes fueron presentadas a pedido de la Fiscalía, en medio del testimonio del comisario Juan Carlos Barrales, quien estuvo a cargo del operativo en el inmueble de Juncal y Uruguay en Recoleta.

Entre los detalles más llamativos de su declaración, el testigo dijo que en el lugar había "muchos elementos de valor", y que en la habitación había una "puerta blindada" que daba a un vestidor.

Barrales afirmó que estuvo presente en el operativo ordenado por el juez Claudio Bonadío, el cual se realizó junto a miembros de la Gendarmería Nacional y dos testigos. También dijo que el material fílmico y las fotografías fueron guardadas en “sobres con medidas de seguridad e inviolabilidad” y entregadas a la autoridad judicial.

Al respecto de la puerta blindada, el comisario señaló que estaba en la que “supusimos era la habitación matrimonial, porque había almohadones con las iniciales de Néstor Kirchner y la expresidenta”.

JUICIO POR LOS CUADERNOS: ASÍ FUE EL ALLANAMIENTO A CRISTINA KIRCHNEREn el marco de la causa Cuadernos, se conocieron imágenes del allanamiento realizado en una de las propiedades vinculadas a Cristina Fernández de Kirchner.El procedimiento ocurrió en agosto de 2018 y forma…

“Estaba ahí atrás de la cama”, comentó. Según su testimonio, la misma daba a un vestidor o placard, y mientras inspeccionaban “se cerró” y fue nuevamente abierta por el secretario privado de Cristina Kirchner para continuar con el operativo.

Las imágenes que se mostraron permitieron ver el momento en el que la Policía Federal leía la orden de allanamiento e ingresaba al domicilio, además del recorrido de parte del lugar hasta llegar al dormitorio.

En ese momento, el abogado defensor de la expresidenta Carlos Beraldi decidió frenar la exposición de los videos y criticó que la fiscal Fabiana León obró de “mala fe”. Incluso, cuestionó que afectaba a la intimidad de su defendida y era “un exceso”.

Tras un cuarto intermedio, los jueces Enrique Méndez Signori y Fernando Canero decidieron no hacer lugar al pedido de Beraldi y continuar con los videos, aunque solicitó a la fiscal que puntualice los puntos a mostrar. El magistrado Germán Castelli votó en disidencia.

El testimonio de Barrales llamó la atención dado que, según la hipótesis de la investigación, dicho departamento habría sido el lugar donde se resguardaba el presunto dinero de las coimas mencionadas en las anotaciones del chofer Oscar Centeno.

Al continuar con su declaración, el comisario afirmó que en el allanamiento participó un perro de búsqueda entrenado para detectar drogas y divisas que “marcó un lugar”, aunque allí “no había absolutamente nada”. “Puede haber reaccionado a cualquier químico que esté contenido en divisas y drogas”, agregó.

Por otro lado, mencionó que el departamento tenía un sistema de vigilancia interno. Si bien dijo que era algo “poco habitual” con respecto a otros allanamientos que había hecho, mencionó que “es esperable” que haya un sistema de seguridad “particular” ya que se trata de una persona pública.

“Es un allanamiento sensible para nuestra actividad. Es la vivienda de dos figuras públicas muy importantes, son dos expresidentes y sabemos muy bien que iba a ser un procedimiento mirado con lupa”, dijo sobre el final de su exposición.

Fuente: Agencia NA

Después de más de una década de investigación, el caso del Frigorífico Equino Entre Ríos S.A. tendrá debate oral en Gualeguay entre el 10 y el 18 de febrero de 2027. La Fiscalía sostiene que los hermanos Javier y Martín Veronesi compraron en secreto dos plantas competidoras con recursos de la empresa que presidían, y que un estudio contable y dos prestanombres hicieron posible la maniobra. Exportaciones por casi 16 millones de dólares con marcas ajenas, un préstamo con intereses condonados y una empresa entregada sin un peso en la caja, son las piezas de la acusación.

La Oficina Judicial de Gualeguay fijó para los días 10, 11, 12, 15, 16, 17 y 18 de febrero de 2027, desde las 9, el juicio oral en el legajo 678/25, caratulado “Berisso Roberto Horacio - Badaracco Daniel - Darré Alfredo Francisco - Darré Miguel Alfredo - Darré Eduardo Martín s/ administración fraudulenta”. Las fechas surgen de una reprogramación dispuesta el 7 de agosto de 2026 por la directora de la Oficina Judicial, Florencia Bascoy: el cronograma original, fijado el 21 de abril de 2026, incluía los días 8 y 9 de febrero, que el calendario oficial de 2027 declaró feriados de carnaval. El corrimiento debió ajustarse a la agenda de un tribunal integrado por vocales de otras jurisdicciones.

El Tribunal quedó conformado el 12 de febrero de 2026, tras una consulta al Área de Asuntos Administrativos del Superior Tribunal de Justicia: Darío E. Crespo lo presidirá, con Juan Francisco Malvasio y Mauricio Marcelo Mayer -ambos con jurisdicción en Paraná actualmente- como vocales de segundo y tercer voto.

La Oficina Judicial advirtió que las audiencias comenzarán puntualmente, con una tolerancia máxima de quince minutos, que no se admitirán suspensiones salvo que se acredite previamente una circunstancia extraordinaria, y que cada parte será responsable de citar a los testigos y peritos que propuso.

Cómo empezó todo

La causa nació lejos del derecho penal económico. El 24 de septiembre de 2014, Corina Rivas, entonces esposa de Javier Domingo Veronesi, presentó una denuncia en el marco de un conflicto de violencia de género y de un divorcio que derivó en una larga serie de expedientes ante el Juzgado de Familia de Gualeguaychú. La ampliación de esa denuncia, formulada el 12 de noviembre de 2014 por los abogados Leonardo Chesini y Darío Carrazza, y una nueva ampliación de José María Veronesi, hermano de Javier y de Martín y dueño del 33,33 por ciento de las acciones de FEERSA, corrieron el foco hacia la administración del frigorífico gualeyo.

Lo que la Fiscalía terminó reconstruyendo, según el requerimiento de remisión a juicio firmado el 22 de abril de 2021 por el fiscal coordinador Gamal Taleb y el fiscal Jorge Gutiérrez, es una maniobra de “múltiples y diarios actos” que se extendió desde 2010 hasta el 4 de abril de 2016, cuando Javier y Martín Veronesi cesaron como presidente y vicepresidente de FEERSA.

El eje de la acusación es la compra de dos frigoríficos equinos con planta en la provincia de Buenos Aires: Lamar S.A., en Mercedes, y S.A. Indio Pampa, en Trenque Lauquen. Ambos pertenecían a los hermanos belgas Michael y Paul Peeters, titulares de las firmas Tradimar NV y H.I.B. Investments NV. Las negociaciones comenzaron en la segunda mitad de 2010, se cerraron con un viaje de los Veronesi a Bélgica y Francia junto al abogado Edelmiro Pauletti, asesor legal de FEERSA, y en octubre de ese año tomaron el control de las plantas.

Un testigo clave, Daniel Bos, asesor de negocios convocado por los Veronesi, declaró que los hermanos explicaban la operación como “un gran negocio”: con Gualeguay, Mercedes y Trenque Lauquen pasarían a tener tres de las cuatro plantas de faena equina que existían en la Argentina y dominarían el mercado de la carne de caballo. El problema, sostiene la Fiscalía, es que esa expansión no se hizo a nombre de FEERSA, la sociedad que la financiaba, sino a nombre de terceros.

Las acciones de Lamar quedaron en un 95 por ciento a nombre de Noemí Ana María Veronesi, hermana de los imputados, y el 5 por ciento restante a nombre de Bos, luego reemplazado por el propio Javier Veronesi. Las de Indio Pampa se repartieron por mitades entre Roberto Horacio Berisso, un productor rural de Gualeguaychú, y Daniel Badaracco, a quien los testigos describen como un empleado administrativo de FEERSA con un sueldo modesto, ayudante del yegüero de la empresa. Antes, en octubre de 2010, los Veronesi habían creado JMV Corporation S.A., con capital de 100.000 pesos, domicilio en Suipacha 238, cuarto piso, de la Ciudad de Buenos Aires, la misma oficina de Lamar e Indio Pampa, y con sus hijos Juan Cruz y Martina Veronesi, ambos estudiantes, como accionistas. La idea inicial, según la acusación, era transferir allí los paquetes accionarios; después optaron por los testaferros.

En el allanamiento del estudio Darré, en calle 3 de Febrero 125 de Gualeguaychú, se secuestraron borradores de cesión de acciones fechados en noviembre de 2012: uno de Badaracco a favor de Martín Veronesi y otro de Berisso a favor de Javier Veronesi. Para la Fiscalía, esos papeles muestran quiénes eran los verdaderos dueños.

Marcas, clientes y empleados prestados

La acusación describe cómo, durante casi seis años, los recursos del frigorífico de Gualeguay se pusieron al servicio de sus competidores. Las plantas bonaerenses exportaron carne equina con las marcas “Friguay”, “Veronesi” y “Corona Argentina”, registradas ante el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial a nombre de FEERSA. Un informe de la Aduana incorporado a la pericia contable cuantificó los despachos de Lamar con esas marcas en 15.874.806 dólares, sin que en los libros de FEERSA aparezca acto jurídico ni contraprestación que lo respalde.

Clientes históricos de FEERSA que nunca habían comprado a Lamar, como Teisei de Japón, Chevideko de Bélgica y Groenveld de Holanda, pasaron a operar con la planta de Mercedes.

Empleados de FEERSA trabajaron para las otras dos firmas con salario pagado desde Gualeguay: Carlos Martín Benítez, encargado de desposte, pasó meses en Mercedes y Trenque Lauquen; Vanesa Paredes, del área de comercio exterior, viajaba a Buenos Aires los domingos y volvía los viernes entre septiembre de 2010 y agosto de 2011; el jefe de planta José María Benedetti trasladó a Lamar técnicas de producción y calidad de cortes. Los camiones de FEERSA y de Veronesi S.A. hicieron fletes de caballos y de mercadería para las plantas bonaerenses.

Benítez aportó otro dato que la Fiscalía destaca: dijo que, antes de la compra de Lamar, Javier Veronesi lo mandó a retirar 780.000 dólares de una financiera de Buenos Aires, producto de ventas de FEERSA al exterior. José María Veronesi declaró que en la empresa se subfacturaba y se cobraba en negro, y que los hermanos llevaban un cuaderno anotado a lápiz de trazo fino, para poder borrar y escribir las cifras que quisieran.

El préstamo al “magnate”

El 2 de enero de 2013, por decisión de Javier Veronesi y con la anuencia de Martín, FEERSA prestó 1.109.200 pesos a Berisso, sin autorización de la asamblea ni del socio José María. El destino del dinero, según el contrato de mutuo, la transferencia bancaria y los resúmenes de cuenta agregados al legajo, fue un aporte irrevocable de capital en Indio Pampa, la sociedad de la que Berisso figuraba como dueño del 50 por ciento. Los intereses fueron condonados después. En un correo electrónico secuestrado en el estudio contable, Alfredo Darré le envía a Javier Veronesi un contrato de compraventa de acciones y se refiere a Berisso como “el magnate”.

Alfredo Francisco Darré, contador público de Gualeguaychú, y sus hijos Miguel Alfredo y Eduardo Martín, también contadores, eran los asesores externos de FEERSA en materia contable, impositiva y societaria. Al mismo tiempo ejercieron como síndicos de Lamar. Para la Fiscalía, ese doble rol, en plena competencia entre ambas empresas, es la base de la imputación como cómplices necesarios: sin el “diseño legal-comercial” salido del estudio Darré, los Veronesi no habrían podido ejecutar el plan.

Se les atribuye haber ideado la estrategia societaria de las compras, redactado las actas de asamblea y de directorio, diseñado el esquema de tenencias accionarias con testaferros, elaborado las cesiones de acciones a favor de los Veronesi, proyectado el concurso preventivo de Indio Pampa y el vaciamiento de su activo, y hecho declarar que el capital de Lamar estaba compuesto por poco más de siete millones de acciones cuando en realidad eran dieciocho millones.

Los correos electrónicos hallados en el allanamiento son, para la acusación, la prueba más elocuente. En uno, Miguel Darré informa que dejó “las directivas a Hernán, Martín, Javier y Badaracco de cómo seguir” y anuncia: “el plan es el siguiente”. En otro, Alfredo Darré le recomienda a Javier Veronesi que resigne algunas cosas “para que parezca real”, porque de lo contrario “será un vaciamiento y ello no tendrá buenas consecuencias”. Un archivo con el proyecto de una asamblea de Indio Pampa sugiere a quién designar como nuevo director y propone estirar la presentación en concurso para preconstituir la cesación de pagos por deudas con Lamar.

Una empresa entregada sin fondos

El 5 de abril de 2016, tras el desapoderamiento judicial de las acciones de Javier Veronesi en el marco del divorcio, la administración de FEERSA cambió de manos. La acusación describe el cuadro que encontró la nueva conducción: sin dinero en caja; cheques emitidos por 4.823.496,59 pesos con vencimiento entre esa fecha y el 25 de mayo; un compromiso con Chevideko de entregar mercadería que no estaba en stock por 147.051 dólares; una deuda de energía eléctrica de enero, febrero y marzo por 911.777,12 pesos; 1.917.360 pesos en órdenes de pago aprobadas sin cheques y otros 2.067.600 pesos de deuda con proveedores; y ninguna información contable, porque el software y el hardware habían sido reemplazados antes de la entrega.

El contador Luis Dalcol, designado administrador judicial de las acciones, informó que la realidad financiera de la empresa distaba de lo declarado por el anterior presidente en la última asamblea y que había existido una “aparente intencionalidad de apartar a la empresa de la competencia”. Rafael Gómez, el nuevo presidente, calculó un déficit de 5.165.214,40 pesos al 25 de abril de 2016, con 1.367.342 pesos en cheques rechazados a la semana de asumir y 2.406.884 pesos de deuda por cargas sociales. Para la Fiscalía, los Veronesi cumplieron la promesa que le habían hecho a su hermano José María de dejarlo en la calle. El frigorífico terminó cerrando.

Una primera remisión a juicio fue declarada inadmisible el 26 de junio de 2017 por el juez de Garantías Sebastián Elal, que devolvió las actuaciones a la Fiscalía para sanear y clarificar las imputaciones. Las acusaciones se reformularon el 9 de diciembre de 2019 y el nuevo requerimiento llegó en abril de 2021. La jueza de Garantías Alejandra Gómez dictó la remisión en noviembre de 2021, pero el Tribunal de Juicio y Apelaciones de Gualeguaychú la revocó en febrero de 2022. La Cámara de Casación Penal de Paraná, el 1° de diciembre de 2022, hizo lugar a los recursos del fiscal Taleb y de la querella y restableció la resolución de primera instancia. El 29 de julio de 2024, la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia rechazó las impugnaciones extraordinarias y exhortó a todas las partes, a los magistrados y a la Oficina de Gestión de Audiencias a actuar con mayor premura para llegar cuanto antes al desenlace.

Recién el 20 de diciembre de 2024 se realizó la audiencia de remisión, y el 4 de abril de 2025 la jueza Gómez firmó el auto de apertura a juicio. Rechazó los tres planteos de las defensas: la supuesta falta de acción de la querella, porque José María Veronesi falleció el 1° de abril de 2022 y sus herederos, Delia Judit Gastaldi, Stéfano, Franco y Paolo Veronesi, ratificaron su voluntad de continuar; la nulidad de los allanamientos de marzo de 2016 en el estudio Darré y en el frigorífico; y la nulidad de la acusación con pedido de sobreseimiento por aplicación del fallo “Cozzi” de la Corte Suprema, que la jueza descartó porque la remisión se presentó a menos de tres meses de la última declaración de imputado y las defensas nunca reclamaron el vencimiento de plazos durante la investigación. Admitió, en cambio, la pericia contable pedida por la defensa de Berisso y Badaracco, a cargo del contador Nicolás Zonis.

Quiénes llegan y quiénes no

Los cinco acusados que se sentarán frente al Tribunal están imputados como cómplices necesarios del delito de administración fraudulenta, previsto en el artículo 173 inciso 7° del Código Penal. El Ministerio Público Fiscal, representado por Taleb y por la fiscal Mariángeles Schell, pide cuatro años de prisión para cada uno; la querella, a cargo de Carrazza y Chesini, cinco años, más las accesorias legales. Las defensas están a cargo de Félix y Sebastián Castillo, por Berisso y Badaracco, y de Leandro Ferrando y Rubén Gallardo, por los Darré. Berisso, nacido en Gualeguay en 1934, llegará al debate con 92 años.

Los tres Veronesi originalmente imputados no estarán. Martín Nelio Veronesi y Noemí Ana María Veronesi murieron durante el trámite y la acción penal se declaró extinguida. Javier Domingo Veronesi, señalado como el principal autor de la maniobra, sufrió en 2017 un traumatismo craneoencefálico grave, con riesgo de vida, que requirió cirugía. El médico forense Marcelo Benetti lo examinó en febrero de 2021 y concluyó que sus facultades mentales se encontraban alteradas y le dificultaban afrontar un juicio, aunque podría mejorar en un plazo de uno a dos años. Como nunca pudo ser notificado de la imputación reformulada en 2019, la investigación en su contra quedó supeditada a su recuperación y sigue en etapa preparatoria en manos de la Fiscalía.

Así, el debate de febrero juzgará a quienes, según la acusación, aportaron el conocimiento contable y los nombres necesarios para que la maniobra fuera posible, mientras la responsabilidad de sus presuntos beneficiarios quedó fuera del alcance de la Justicia por la muerte y por la enfermedad. Durante siete jornadas declararán testigos y peritos, entre ellos Corina Rivas, Bos, Benítez y Paredes, y se incorporará una montaña de documentación societaria, notarial, bancaria y comercial acumulada en cinco cajas secuestradas en el estudio Darré. Será el Tribunal de Crespo, Malvasio y Mayer el que deba resolver, más de diez años después de la primera denuncia, si el cierre de FEERSA fue el resultado de una mala administración o de un plan.

Fuente: Analisis

La Anses dio curso este mes al abono de una asignación vitalicia en favor de Cristina Kirchner por una suma bruta de $16.090.877,01 tras acatar una orden emitida por la Sala 3 de la Cámara Federal de la Seguridad Social.

La resolución, refrendada por los magistrados Juan Fantini y Sebastián Russo mediante una medida cautelar dictada en febrero, ordenó reanudar temporalmente el pago de una de las dos prestaciones especiales que habían sido suspendidas de manera administrativa a finales de 2024.

Aquella decisión original del organismo previsional se había fundamentado en la ratificación de la condena penal dictada contra la exjefa de Estado dentro de la causa conocida como Vialidad, lo cual derivó en una demanda judicial por parte de la exmandataria para obtener la restauración del beneficio económico mientras el fuero discute el expediente principal.

Frente al requerimiento oficial de información pública interpuesto por este medio, la entidad estatal ratificó que “se procedió rehabilitando el beneficio número 47-6-8085213-0 con mensual 08/2026 por un monto bruto de $16.090.877,01 e ingresando los descuentos legales vigentes”, agregando que tales conceptos para obra social e impuesto a las ganancias “se procesan automáticamente con la liquidación mensual”, informó el diario La Nación.

La asignación desembolsada corresponde a la pensión derivada del expresidente Néstor Kirchner y ubica su cifra neta en torno a los $12 millones, habida cuenta de que la administración aplicó una quita del 20% en el haber mensual en función de la resolución 343 del año 2025 para concretar “un recupero del 20% del haber mensual por sumas percibidas indebidamente”.

Asimismo, el organismo declinó liquidar el ítem por zona austral que la exfuncionaria percibía por su domicilio declarado en Santa Cruz y aclaró que la actualización del haber obedecerá a “una variación salarial acordada fuera del ámbito del organismo”.

La medida cautelar concedida por la alzada de la Seguridad Social revirtió un fallo adverso de primera instancia firmado por la jueza Karina Alonso Candis, fundamentando la decisión en motivos alimentarios y sin abordar la pena a seis años de prisión dictada contra la beneficiaria, situación que según un dictamen del procurador Eduardo Casal debería suspender el cobro de fondos previsionales.

Ante el rechazo de la propia Cámara para elevar el tema mediante recurso extraordinario, la Anses y el Ministerio Público Fiscal recurrieron en queja a la Corte Suprema de Justicia para revocar la cautelar.

La erogación final se destrabó en julio luego de que la Justicia aceptara una caución juratoria presentada por la expresidenta, mientras el Estado procura recuperar acreencias por $660.052.338,87 correspondientes al período previo y se mantiene abierto otro expediente judicial iniciado por la exdiputada Graciela Ocaña sobre la incompatibilidad del cobro simultáneo de dos haberes encuadrados en la Ley 24.018.

Fuente: NA

El Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N.º 7 de San Isidro ordenó la realización de allanamientos en el Sanatorio de Los Arcos y la sede de Swiss Medical con el objetivo de esclarecer el presunto análisis de la historia clínica de Don Diego, padre de Diego Armando Maradona, en la Junta Médica Interdisciplinaria, que evaluó el deceso.

Fuentes del caso informaron que los procedimientos se realizarán durante la tarde en la clínica del barrio porteño de Palermo y la prepaga.

Luego de un extenso cuarto intermedio, los jueces Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón accedieron al pedido formulado por el fiscal Patricio Ferrari, quien aseguró que "no van a voltear el juicio".

A la salida de los Tribunales, ubicados en la calle Ituzaingó 340, el abogado Fernando Burlando confirmó que la próxima audiencia se llevará a cabo el jueves 27 de agosto y sostuvo que, para él, "no se trató de un error" el envío de las historias clínicas de Don Diego, fallecido el 25 de junio de 2015 en Los Arcos.

De esta manera, se suspendieron las declaraciones de dos psiquiatras: José Luis Covelli, profesor de la segunda cátedra de Medicina Legal de la Universidad Buenos Aires (UBA) y Enrique Gallego, ex jefe del Cuerpo Médico de Morón.

Efectivos de la Policía de la Ciudad y la Bonaerense encabezarán los allanamientos en la clínica y la empresa de medicina prepaga.

La controversia en el debate surgió el martes cuando el nefrólogo Hernán Trimarchi prestó testimonio acerca de la supuesta "enfermedad renal crónica" del astro argentino, descripta en la Junta Médica de 138 páginas.

Los abogados Nicolás D'Albora y Agustín Varela, defensores de la coordinadora de cuidados domiciliarios de Swiss Medical, Nancy Edith Forlini, compararon los estudios de Don Diego con los de su hijo (2019 y 2020) y constataron que los números de socios eran distintos.

En este sentido, solicitaron consultar a la prepaga y el envío de un oficio a la Oficina de Migraciones para verificar las entradas y las salidas del célebre futbolista hace 11 años.

Fuente: NA

La Junta Médica Interdisciplinaria, que evaluó la muerte de Diego Armando Maradona, analizó la historia clínica del padre del astro argentino.

Fuentes del caso dialogaron con la Agencia Noticias Argentinas y señalaron que la situación es "un desastre para San Isidro y la Fiscalía", lo que renueva cierta disconformidad con el desarrollo del debate.

"Seguramente, una vez acreditada la cuestión de Don Diego, se va a trabajar para resaltar qué estudios y conclusiones se apoyaron en esa prueba, para así no caer en una premisa falsa", explicaron. 

El nefrólogo Hernán Trimarchi, quien prestó testimonio este martes en el segundo debate oral y público por el supuesto homicidio simple con dolo eventual del ex jugador, habría examinado estudios de Don Diego realizados entre 2012 y 2015, año en el que estuvo internado en el Sanatorio Los Arcos hasta su muerte ocurrida a mediados de junio.

El ex entrenador de Gimnasia y Esgrima La Plata (LP) se encontraba en Dubái en ese momento y adelantó su vuelta a la Argentina para asistir al cortejo fúnebre de su padre llevado a cabo en el Cementerio de Bella Vista.

Uno de los voceros de la investigación explicó que en la última audiencia, los abogados Nicolás D'Albora y Agustín Varela, defensores de la jefa de cuidados domiciliarios de Swiss Medical, Nancy Forlini, compararon los estudios de Don Diego con los de su hijo (2019 y 2020) y constataron que los números de socios eran distintos.

En este sentido, solicitaron consultar a la prepaga y el envío de un oficio a la Oficina de Migraciones para verificar las entradas y las salidas del célebre futbolista hace 11 años.

Fuente: NA

El Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2), que tiene a su cargo la ejecución de la condena por la denominada 'Causa Vialidad', dispuso nuevos embargos preventivos y medidas cautelares sobre inmuebles, entre ellos el del departamento de San José 1111 en el que la ex presidenta Cristina Kirchner cumple prisión domiciliaria.

El inmueble pertenece a la firma Los Sauces S.A., sociedad inmobiliaria de la familia Kirchner, y forma parte de los activos societarios y benes de los condenados por los que el fallo ordenó cubrir los 685.000 millones de pesos fijados como monto a decomisar.

La medida abre además el interrogante sobre si Cristina Kirchner deberá eventualmente evaluar otro domicilio para continuar cumpliendo su condena, aunque el tribunal aclaró que los nuevos embargos no implican una subasta o realización inmediata de los bienes ni modifican por ahora su titularidad registral.

Los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso explicaron que las cautelares tienen como objetivo garantizar la indisponibilidad jurídica de los activos mientras continúa el trámite destinado a determinar el decomiso definitivo, con intervención de las partes.

La resolución forma parte de una segunda etapa de ejecución patrimonial. La primera había incluido 111 propiedades solicitadas por el fiscal Diego Luciani y posteriormente aprobadas por el TOF 2 para su decomiso.

De ese conjunto, en noviembre el tribunal había dispuesto avanzar sobre 20 inmuebles vinculados a la familia Kirchner, 85 pertenecientes a Lázaro Báez y sus empresas y otros seis bienes correspondientes a los restantes condenados.

En febrero, la Cámara Federal de Casación Penal confirmó el criterio adoptado por el TOF 2 respecto de esos bienes y ordenó avanzar con el decomiso. Cristina Kirchner y Báez recurrieron esa decisión, por lo que la definición final sobre ese primer grupo de propiedades quedó en manos de la Corte Suprema de Justicia.

Mientras el máximo tribunal analiza esos planteos, el TOF 2 comenzó a avanzar sobre un segundo conjunto de activos, que comprende 144 bienes entre inmuebles y vehículos, además de participaciones accionarias en distintas sociedades.

En esta nueva etapa también fueron incluidos cinco millones de dólares que Florencia Kirchner tenía depositados en una caja de seguridad del Banco Galicia.

Los jueces fundamentaron la extensión de las medidas sobre bienes de Máximo y Florencia Kirchner a partir de las conclusiones de la sentencia condenatoria, que determinó que la maniobra fraudulenta vinculada con la obra pública produjo beneficios económicos directos para Lázaro Báez e indirectos para la familia Kirchner.

Según el tribunal, durante el período investigado, entre 2003 y 2015, existió una conexión económica y comercial comprobada entre las empresas de Báez y los negocios de la familia Kirchner.

En ese marco, las compañías del empresario patagónico alquilaron, explotaron turísticamente y realizaron construcciones en hoteles y propiedades pertenecientes a los Kirchner, tanto en forma personal como a través de Los Sauces S.A. y Hotesur S.A.

Para el TOF 2, esa operatoria permitió que parte del dinero proveniente del delito circulara y quedara asentado en activos de esas sociedades.

A partir de ese criterio, el tribunal sostuvo que pueden ser alcanzados por el decomiso los bienes que los nueve condenados incorporaron a sus patrimonios entre 2003 y 2015, y consideró necesario adoptar medidas cautelares sobre los activos comprendidos en esta segunda etapa para evitar su disposición mientras se define su situación jurídica.

La resolución también invocó el artículo 23 del Código Penal, que permite alcanzar a personas jurídicas o sociedades que se hayan beneficiado con el producto o provecho de un delito y contempla, además, la posibilidad de avanzar sobre bienes o participaciones que hayan sido cedidos o transmitidos gratuitamente a terceros.

De esta manera, el TOF 2 mantiene abierto el proceso de ejecución patrimonial de la condena de la Causa Vialidad mientras la Corte Suprema debe resolver los recursos pendientes sobre el primer grupo de bienes.

Fuente: NA

Facundo Moyano declaró anoche  ante el auxiliar fiscal Julián Pistone y allí contó de forma escueta cuál es el vínculo con Candela Arizaga, la joven que corrió semidesnuda por Belgrano y fue asistida por personal médico, además sobre qué pasó dentro del departamento.

De acuerdo a la indagatoria, a la que accedió la Agencia Noticias Argentinas, Moyano expuso: “Quiero decir que mi vínculo con Candela, mi novia, siempre fue amoroso, afectivo nunca hubo ningún tipo de tensión y menos de agresión física o verbal”.

A su vez, manifestó ante el fiscal que “tampoco el día de la imputación de los hechos hubo impedimento de que salga o entre al departamento".

Luego de la indagatoria y tras lo informado por el Registro Nacional de Reincidencia y la División Información de Antecedentes de la Policía Federal Argentina sobre la inexistencia de impedimentos legales vigentes, se dispuso su liberación.

Para continuar con el proceso sin inconvenientes, se le impuso, por el plazo que demande el trámite actual, diversas medidas restrictivas, entre ellas fijar domicilio, debiendo comunicar cualquier cambio de residencia dentro de las 24 horas; la obligación de comparecer a todas las citaciones; prohibición de cualquier tipo de contacto con la joven; y restricción de acercamiento.

La investigación contra el ex diputado continúa con el análisis de las cámaras de seguridad de la zona, el informe médico y el allanamiento, además de la toma de testimonios y la declaración de Arizaga con el objetivo de constatar si existió en algún momento la comisión de alguno de los delitos por lo que se encuentra acusado.

En la actualidad, se encuentra acusado de los delitos de lesiones leves y privación ilegítima de la libertad, en contexto de violencia de género.

Fuente: NA

Ricardo Centurión habría arrojado resultados positivos en controles internos de doping realizados por Racing de Córdoba y también habría dado positivo en un control de alcoholemia en la vía pública, dos de los episodios que marcaron el final de su etapa en el conjunto cordobés.

La información trascendió después de confirmarse que el delantero ya no pertenece al plantel de la “Academia” y abandonó Córdoba, en medio de una conflictiva ruptura de su vínculo con la institución.

En el caso de los controles de doping, se trató de pruebas internas efectuadas por Racing y no de controles antidopaje oficiales realizados en el marco de una competencia, una distinción importante respecto de las posibles consecuencias deportivas del episodio.

Por el momento, tampoco trascendió públicamente qué sustancia habría provocado los resultados positivos ni las fechas exactas en las que se realizaron los controles internos.

Además, esta situación se sumó un episodio fuera del ámbito del club: Centurión habría sido sometido a un control de alcoholemia en la vía pública cuyo resultado también fue positivo.

Los dos hechos se agregaron a una serie de problemas disciplinarios que Racing le atribuye al futbolista durante los últimos meses, entre ellos faltas a entrenamientos sin aviso, llegadas tarde y ausencias a sesiones de rehabilitación.

La acumulación de episodios terminó deteriorando definitivamente la relación entre las partes y Centurión dejó de formar parte del equipo, pese a que desde lo estrictamente futbolístico había conseguido responder en varios momentos desde su llegada.

Ahora, Racing de Córdoba analiza iniciar acciones legales contra el ex jugador de Racing de Avellaneda por incumplimiento contractual, por lo que la disputa podría continuar fuera de las canchas.

Así, la nueva oportunidad que Centurión había encontrado en Córdoba terminó nuevamente atravesada por cuestiones extrafutbolísticas, esta vez con los presuntos positivos en controles internos de doping y el resultado de alcoholemia como los episodios más delicados de su salida.

Fuente: Noticias Argentinas 

El Tribunal Oral Federal Nro. 4 condenó a los ex funcionarios Julio de Vido (exministro de Planificación) y José López (exsecretario de Obras Públicas) a cinco años de prisión, además de haberlos inhabilitado de manera perpetua para ejercer cargos públicos, por el cobro de sobornos y administración fraudulenta contra el Estado en el marco del caso de la empresa constructora Skanska.

Asimismo, se dictaron penas para ex directivos de la firma sueca y otros intermediarios; de los 30 acusados que llegaron a la instancia del juicio oral iniciado en el año 2024, 17 personas resultaron absueltas.

Mario Piantoni, ex máximo responsable de la compañía en la región; Gustavo Vago, ex presidente de la empresa en el país; y Javier Azcárate, ex gerente comercial fueron condenado a cuatro años de prisión. El resto de los ex directivos como Eduardo Varni; Héctor Obregón; Juan Carlos Bos; Alejandro Gerlero; y Roberto Antonio Zareba recibieron la pena de tres años en prisión condicional.

El Tribunal que anunció, este mediodía, el veredicto del caso estuvo compuesto por los jueces Jorge Gorini, Guillermo Costabel y María Gabriela López Iñiguez.

El Caso Skanska fue el primer hecho de corrupción que se destapó durante el primer mandato kirchnerista, donde se investigó el supuesto pago de sobornos y sobreprecios por parte de la constructora sueca, con el objetivo de adjudicarse las obras de ampliación de dos gasoductos en el año 2004.

La empresa señalada de direccionar licitaciones y sobornar a ex funcionarios públicos fue acusada, además, de ocultar este esquema con la utilización de un sistema de facturas falsificadas emitidas por más de 20 empresas fantasma, en las que se simulaban servicios que nunca se prestaron.

La prueba fundamental que destapó la maniobra fue una grabación de la propia compañía, en la que un ejecutivo afirmaba que había recibido el pago de coimas a cambio de asegurarse las obras.

Anteriormente, el ex ministro de Planificación fue condenado por la tragedia de Once; la Corte Suprema de Justicia dejó firme la sentencia en noviembre de 2025 y fijó la pena en cuatro años de prisión por ser considerado partícipe necesario por cometer delito de administración fraudulenta. 

Fuente: Agencia NA

 El ex jefe de Gabinete bonaerense Martín Insaurralde reapareció públicamente en las últimas horas en el microcentro y fue grabado, dentro de un auto con la cara cubierta para evitar ser reconocido, luego de que la causa judicial que se le sigue por supuesto enriquecimiento ilícto recobrara fuerza tras con la reciente aparición de un video que exhibía fajos de dólares en un vestidor.

Las imágenes difundidas por canales de televisión mostraban al ex funcionario en el momento en que salía de una cochera del edificio ubicado en la calle Libertad 567, en la Ciudad de Buenos Aires, a metros de Tribunales

En ese lugar, en el décimo piso, se encuentra un estudio jurídico a cargo de la abogada Mariana Gallego, esposa del abogado mediático Mauricio D'Alessandro, y funciona de manera informal una oficina vinculada al Sindicato de Trabajadores de Juegos de Azar, Entretenimiento, Esparcimiento, Recreación y Afines de la República Argentina (Aleara).

Según trascendió, Insaurralde asistiría a ese edificio, al menos tres veces por semana desde marzo de este año, debido a reuniones políticas.

Esta reaparición se produce en el medio de las diversas causas judiciales que lo vinculan por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, y que volvieron a tomar estado mediático luego de la difusión de los videos de su ex esposa, la modelo Jésica Cirio, en los que mostraba varias bolsas con fajos de dólares en el vestidor de una de sus propiedades.

Los investigadores consideran que el dispositivo móvil de Cirio es una pieza clave para el avance de la causa y tienen como objetivo prioritario hallar el archivo de video original dentro de la memoria del teléfono para poder realizar los peritajes tecnológicos correspondientes, determinar la fecha exacta en la que se registraron las imágenes y precisar la procedencia de la suma estimada del dinero que figura en la grabación.

Hasta el momento, el juez federal Luis Armella dictó formalmente la prohibición de salida del país tanto para Insaurralde como para Cirio, días después de que el fiscal Sergio Mola solicitara la detención del ex jefe de Gabinete bonaerense. La resolución judicial, según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, busca asegurar la comparecencia de los imputados.

Además del cierre de fronteras, los involucrados tienen prohibido alejarse a más de 50 kilómetros de sus domicilios declarados sin autorización judicial previa y, además, deberán informar al tribunal con suficiente antelación cualquier desplazamiento que implique permanecer fuera de su domicilio por más de 24 horas.

Fuente: NA

El juez técnico y vocal del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Gualeguaychú, Tobías Podestá, condenó por el delito de "abuso sexual gravemente ultrajante agravado por haber sido cometido contra una menor de 18 años de edad aprovechando la situación de convivencia preexistente".

La sentencia fue dictada luego de la audiencia de cesura realizada tras el veredicto de culpabilidad que emitió un jurado popular el pasado 12 de junio, al término de cinco jornadas de debate desarrolladas en los Tribunales de Gualeguaychú.

Durante el juicio, la acusación estuvo a cargo de la fiscal Martina Cedrés, mientras que la defensa técnica del imputado fue ejercida por el defensor oficial Matías Lonardi. Por tratarse de un proceso vinculado con delitos contra la integridad sexual, el juicio se desarrolló a puertas cerradas, con el fin de resguardar la intimidad de las personas involucradas.

El ex ministro de Planificación Julio De Vido, quien cumple prisión domiciliaria por la causa de la tragedia de Once, volvió a ser condenado por la Justicia, ya que el Tribunal Oral Federal N.º 2 (TOF) lo sentenció con tres años de prisión por la contratación de Odebrecht para los trabajos de ampliación de gasoductos.

Los jueces del TOF 2 lo penaron con tres años en suspenso y le aplicaron la prohibición de manera perpetua para ocupar cargos públicos.

De Vido no fue el único condenado. También recibieron sanciones Daniel Cameron y Cristian Folgar, todo en el marco del juicio por las supuestas irregularidades en la contratación de la empresa Odebrecht para realizar los trabajos de ampliación de los gasoductos Norte y Sur.

Los tres jueces que consideraron partícipe necesario del delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de una función pública a Julio De Vido son: Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Néstor Costabel.

Además, el exsecretario de Energía Daniel Cameron fue considerado autor penalmente responsable del delito de negociaciones incompatibles y recibió tres años de prisión de ejecución condicional, así como también quedó inhabilitado de por vida para ejercer la función pública. Y el ex subsecretario de Combustibles, Cristian Folgar, recibió dos años y seis meses de ejecución condicional e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos, al ser considerado partícipe necesario penalmente responsable del delito de negociaciones incompatibles.

Asimismo, el tribunal del TOF 2 dejó absueltos al exvicepresidente de CAMMESA, Luis Beuret, y al ex subgerente de la compañía, Julio Armando Bragulat, este último por no haber mediado acusación.

En este contexto, otro punto de la condena para De Vido, Cameron y Folgar fija que, durante el mismo tiempo de sus condenas, deberán cumplir las reglas que marcan establecer su lugar de residencia y ponerse al cuidado de un Patronato.

En este sentido, los fundamentos de la sentencia se darán a conocer el cuatro de septiembre, a las 14 horas.

Tanto Daniel Cameron, Julio Bragulat y Luis Beuret decidieron no hablar, pero quienes sí hicieron uso de la palabra fueron Julio De Vido y Cristian Folgar.

En primer lugar, De Vido dijo: “Tuve un problema de salud, un problema cardíaco hace aproximadamente un mes, no me permitieron acceder al debate así que agradezco al tribunal todas las facilidades que me dio en ese sentido” y se mostró con “especial agradecimiento a mis abogados porque siempre se hicieron presentes y me mantuvieron informado del día a día del transcurso del juicio”.

Por su lado, Cristian Folgar, manifestó: “Quisiera dejar el reconocimiento asentado públicamente porque cuando las instituciones funcionan creo que está bien que así quede registrado” y, sobre el caso, marcó que los jueces “tienen el monopolio que les da la sociedad para, en este caso, definir si una persona está o no está en libertad, si es o no culpable de un delito penal. Y eso conlleva una enorme responsabilidad que es la de que el juicio sea justo. Y los juicios nosotros en Argentina los definimos como justos no en función del resultado sino del proceso”.

Folgar también sumó: “Estamos en el 2026 juzgando hechos del 2006, que se empezaron a analizar en el 2016-2017. El paso del tiempo nos aleja de la idea de que el juicio pueda ser justo porque a veces no se puede producir prueba” y, mencionó que “uno de los testigos que en su momento yo designé estaba perfecto de salud y falleció; y unas de las medidas de prueba que se solicitaron ya no estaban más porque por el paso del tiempo no los encontraban”.

A su vez, marcó que “muchos testigos no recordaban lo que habían hecho y un denominador común de este debate fue mostrarles a los testigos lo que los testigos habían firmado más de 20 años atrás. Y eso me parece que es un demérito a la calidad de la decisión que ustedes tienen que tomar”.

Además, sostuvo que “si durante mucho tiempo una persona está procesada y no puede ejercer determinadas funciones, eso termina siendo una suerte de castigo indirecto” y, en relación a su situación personal, añadió que “la defensa ha demostrado que mi mejor defensa es el expediente y son los hechos”; por eso, “creo que los hechos y las constancias de los expedientes se terminaron imponiendo”.

Y cerró diciendo que “Argentina está en emergencia energética por falta de capacidad de transporte. Lo cual obviamente nos dice que allá en el 2006 era absolutamente indispensable y el interés del Estado era hacer expansiones de transporte por las cuales no se tenía financiamiento. Y eso se hizo, y se hizo con un cuerpo normativo que fue avalado por los tres poderes”.

La causa comenzó después de que, en medio de la investigación por el pago de sobornos a diferentes funcionarios públicos y sobreprecios de la empresa Skanska para la construcción de gasoductos, llevada adelante por la Fiscalía Federal N°4, se señalaran maniobras para la adjudicación de las obras de los gasoductos efectuados por la Transportadora de Gas del Norte (TGN) y la Transportadora de Gas del Sur (TGS).

El presunto direccionamiento en la licitación de las obras de lo que fue la segunda ampliación de los gasoductos de la Transportadora de Gas del Norte (TGN) y la Transportadora de Gas del Sur (TGS), entre los años 2006 y 2008, fue lo que se investigó.

En este caso, en el alegato, el fiscal Diego Luciani y José Ipohorski Lenkiewicz acusaron a los exfuncionarios de crear un nuevo marco normativo con la intención de que se realizara lo que llamaron “un auténtico traje a medida de Odebrecht”.

En base a esta hipótesis, pidieron la pena de cuatro años de prisión por el delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas para Julio De Vido y Daniel Cameron. Además, solicitaron tres años y seis meses para Cristian Folgar y Luis Beuret y la absolución para Julio Armando Bragulat luego de considerar la no acreditación de su participación.

Las cuatro defensas argumentaron que las condiciones que se aplicaron para la selección de la contratista derivaron de la crisis de emergencia energética y, por ello, solicitaron la absolución.

Fuente: Noticias Argentinas

En el marco de una investigación de gran relevancia vinculada a presuntos hechos de explotación laboral, la Prefectura Naval Argentina concretó un importante operativo judicial que permitió avanzar significativamente en el esclarecimiento de una causa federal, constituyendo un nuevo golpe contra conductas que vulneran los derechos y la dignidad de los trabajadores.

La pesquisa, desarrollada por personal especializado de la Fuerza, permitió reunir elementos probatorios de alto valor que derivaron en la ejecución de allanamientos simultáneos ordenados por el Juzgado Federal de Gualeguaychú, a cargo del Dr. Hernán S. Viri, en el marco de una causa vinculada a presuntos hechos de trata de personas con fines de explotación laboral.

El éxito del procedimiento fue el resultado de un extenso trabajo investigativo, sustentado en tareas de investigación criminal, análisis de información, vigilancia y recolección de evidencia, permitiendo identificar a los presuntos involucrados y documentar maniobras compatibles con delitos de competencia federal.

La actuación coordinada entre la Fiscalía Federal de Gualeguaychú, a cargo del Dr. Pedro Rebollo, el Juzgado Federal de Gualeguaychú y la Prefectura Naval Argentina volvió a demostrar la eficacia del trabajo interinstitucional para abordar investigaciones de alta sensibilidad social y complejidad operativa. En este sentido, resultó fundamental la labor desarrollada por el organismo especializado en Trata de Personas de la Prefectura Naval Argentina y por la División Investigaciones de Prefectura Paranacito, cuyas tareas permitieron reunir información y elementos probatorios de relevancia para el avance de la causa.

Los procedimientos desplegados permitieron consolidar evidencia de interés para la causa y profundizar las líneas investigativas en curso, reafirmando el compromiso institucional en la lucha contra la trata de personas, la explotación laboral y otras formas de criminalidad compleja.

Asimismo, durante los allanamientos se procedió al secuestro de diversos elementos de interés para la investigación, entre ellos armas de fuego, chalecos tácticos y otros efectos que serán sometidos a las pericias correspondientes, fortaleciendo el cuadro probatorio reunido por los investigadores.

Cabe destacar también la participación del Consejo Provincial de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de Trata y Tráfico de Personas de la Provincia de Entre Ríos, cuyos profesionales brindaron acompañamiento, asistencia y contención a las personas alcanzadas por las medidas judiciales, garantizando un abordaje integral centrado en la protección de las potenciales víctimas.

Desde distintos ámbitos se destacó la importancia del trabajo conjunto desarrollado entre la Fiscalía Federal, el Juzgado Federal de Gualeguaychú, los organismos de asistencia especializados y la Prefectura Naval Argentina, cuya intervención resultó determinante para alcanzar los objetivos fijados por la pesquisa y avanzar sobre una problemática que constituye una grave vulneración de los derechos humanos.

La Cámara Federal de Casación Penal rechazó los recursos extraordinarios de la defensa de Cristina Kirchner y dejó firme la medida que ordenó decomisar sus bienes en el marco de su condena por la causa Vialidad.

De esta forma, la Justicia evitó que el trámite escalara a la Corte Suprema y seguirá adelante con los trámites para que la ex mandataria devuelva al Estado Nacional 111 bienes de su familia y del empresario Lázaro Báez.

En desarrollo...

Fuente: Noticias Argentinas

La situación judicial del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, podría agravarse en las próximas semanas luego de que el juez federal Ariel Lijo analizara convocarlo a declaración indagatoria antes del inicio de la feria judicial de invierno.

La medida se enmarca en la investigación por presunto enriquecimiento ilícito y por sus vínculos con el productor televisivo Marcelo Grandio, propietario de la productora Imhouse, empresa que mantiene contratos con la TV Pública.

Según trascendió en tribunales federales, el magistrado aguarda el resultado de las últimas medidas de prueba solicitadas junto al fiscal Gerardo Pollicita para definir el llamado a indagatoria. En el entorno judicial consideran que una eventual citación implicaría que el expediente alcanzó un grado de avance significativo y que existirían elementos suficientes para sospechar de la posible comisión de delitos.

La causa se concentra principalmente en la relación entre Adorni y Grandio, a quien el funcionario definió públicamente como un amigo cercano. La Justicia investiga si el productor costeó el viaje que Adorni realizó junto a su familia a Punta del Este durante el fin de semana largo de Carnaval, a bordo de un avión privado.

Aunque el funcionario aseguró reiteradamente que el traslado fue abonado con dinero propio, distintos documentos incorporados al expediente complicaron esa versión. El broker aeronáutico Agustín Issin Hansen declaró ante la Justicia que el vuelo fue reservado y pagado por Grandio, quien además recibió la facturación correspondiente a través de su productora Imhouse.

La investigación judicial sostiene que la empresa Alpha Centauri facturó el tramo de ida directamente a Imhouse, mientras que el regreso fue posteriormente facturado por 3000 dólares a Grandio. “El vuelo lo reservó y pagó Marcelo Grandio”, afirmó Issin ante la Justicia, contradiciendo la explicación pública del funcionario nacional.

En paralelo, según se supo, el juzgado ordenó una serie de cruces telefónicos entre los teléfonos de Grandio, Adorni y Horacio Silva, socio fundador de Imhouse, con el objetivo de determinar si existieron comunicaciones coincidentes con la firma de contratos entre la productora y la TV Pública. También se analiza la geolocalización de los dispositivos para reconstruir posibles encuentros y vínculos operativos.

Los convenios bajo sospecha incluyen producciones televisivas, programas radiales y ciclos de streaming emitidos en medios estatales. Entre ellos aparecen “La caja de Pandora”, “Giros en Línea Recta”, “Enredados”, “La Sala” y “Gritalo Mundial”, este último conducido por Grandio.

La Justicia también investiga el patrimonio personal del jefe de Gabinete. Uno de los focos está puesto en una propiedad ubicada en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz, cuya adquisición y posterior remodelación generaron sospechas sobre el origen de los fondos utilizados.

De acuerdo con la investigación, la vivienda habría sido escriturada en noviembre pasado por aproximadamente 120.000 dólares, a lo que se sumarían gastos por unos 245.000 dólares en remodelaciones integrales y mobiliario. Parte de esas obras, según consta en el expediente, habría sido realizada sin facturación formal.

Los investigadores judiciales sostienen que los ingresos declarados por Adorni no resultarían compatibles con el nivel de gastos detectados, especialmente considerando, además, la existencia de hipotecas comprometidas para financiar operaciones inmobiliarias.

Otro elemento bajo análisis es la presunta utilización de efectivos de la Gendarmería Nacional para custodiar el ingreso al country donde reside el funcionario. La hipótesis judicial es que, de comprobarse que los agentes fueron destinados a tareas de seguridad personal ajenas a funciones oficiales, podría configurarse el delito de peculado por utilización indebida de recursos públicos.

Mientras tanto, en Comodoro Py crece la expectativa sobre la definición de Ariel Lijo, quien deberá resolver si avanza formalmente con la indagatoria de uno de los funcionarios más cercanos al presidente Javier Milei.

Fuente: NA

El juez federal Julián Ercolini procesó a la exfiscal Viviana Fein por la contaminación de la escena donde fue encontrado muerto el fiscal Alberto Nisman.

Fein estuvo a cargo en un primer momento de la investigación de la muerte del entonces titular de UFI-AMIA hasta que la causa fue elevada al fuero federal. En febrero de este año fue citada a los tribunales de Comodoro Py, en el marco de la causa que llevan adelante el fiscal Eduardo Taiano junto a Ercolini.

En medio de las acusaciones por no preservar el lugar de los hechos, Fein se defendió y aseguró que “fue escalonado el ingreso, no estuvieron todas esas personas juntas en el interior y eso se puede observar perfectamente en el video”.

EN LA ESCENA. Fein en la cocina del departamento donde encontraron el cuerpo de Nisman (Foto: Policía Federal).Además, Fein aseguró que esas personas “no contaminaron absolutamente nada. Nadie describe cómo se contaminó o qué faltó. Nunca nadie lo describió”.

“Miren lo que está adentro de la causa, no lo que se habla al margen de la causa. Es lo único que le pido a los medios, con todo respeto. Lean la causa, las pericias, en particular una, la criminalística, de la que nadie habla”, pidió la exfiscal.

“Yo se quién soy y cómo he actuado. Nadie me engañó, eran todos peritos de gran trayectoria”, remarcó Fein antes de retirarse de Comodoro Py.A Nisman lo encontraron muerto de un disparo en la cabeza en el baño de su departamento en Puerto Madero, el 18 de enero de 2015. La Justicia todavía intenta determinar quiénes cometieron el presunto asesinato, de acuerdo con la hipótesis de la fiscalía de Taiano.

Nisman investigaba el atentado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina, que fue en 1994. Poco antes de su muerte había presentado una denuncia contra la entonces presidenta, Cristina Kirchner, por presunto encubrimiento de los iraníes responsables del ataque terrorista.

La acusación en su contraSegún el dictamen presentado por Taiano, Fein incurrió en negligencias graves durante las primeras horas en el lugar de los hechos. Estas fallas, que incluyeron la alteración o pérdida de evidencias clave, generaron un escenario de desorden que complicó el avance de la causa.

También la “excesiva tardanza en llegar al lugar; permitir a su llegada que el descontrol previo continuara; entrar sin la vestimenta adecuada; permitir la libre circulación de personas por el departamento sin identificarlos ni saber qué función cumplían allí, y manipular y permitir la manipulación de pruebas sin el correcto resguardo”.

Entre las fallas mencionadas están el paso de más de 80 personas por el departamento antes de resguardar las pruebas iniciales, lo que Taiano calificó como un “auténtico caos” con impacto directo en la recolección de indicios.

Para el fiscal la zona más afectada fue el baño, donde apareció el cuerpo de Nisman. En un informe previo de agosto, Taiano ya había señalado la “falta de diligencia” en el manejo del lugar.

El fiscal advirtió sobre “la existencia de concretas y graves irregularidades cometidas por los funcionarios públicos en el departamento de Puerto Madero”, en la noche en que encontraron el cuerpo de Nisman. Taiano alertó que “esas irregularidades podrían poner en riesgo el descubrimiento completo de la verdad”.

Fuente: TN

La situación judicial y política que atraviesa Manuel Adorni, acusado por enriquecimiento ilítico, se complica cada vez más: las últimas pruebas reunidas por el fiscal federal Gerardo Pollicita confirmaron que el jefe de Gabinete realizó operaciones con criptomonedas no declaradas.

Esta información se suma a las otras tantas, que se vienen recabando hace semanas, y llevó a que los diputados nacionales de los bloques Encuentro Federal y el Frente de Izquierda de los Trabajadores (FIT) exigieran una sesión especial, para el jueves 14 de mayo, con el objetivo de interpelar al funcionario en el Congreso.

Si bien el respaldo del presidente Javier Milei hacia Adorni se mantiene intacto, este tema se consolidó como una de las principales preocupaciones del Gobierno Nacional e intensificó el pedido permanente de la renuncia del jefe de Gabinete, tanto de propios como de ajenos.

Horas atrás, Pollicita confirmó movimientos de dinero digital y operaciones con criptoactivos no declarados por Adorni, según informes de plataformas virtuales recibidos este fin de semana. En este contexto, la investigación sobre la brecha entre sus ingresos y sus gastos avanza, debido a que se detectaron compras y pagos mensuales entre USD18.000 y USD20.000, cifras que superan significativamente sus ingresos oficiales.

Hasta el momento, Adorni evitó dar detalles técnicos sobre la causa para "no obstruir a la justicia", pero afirmó en varis entrevistas y en sus habituales conferencias de prensa que no renunciará y que su situación patrimonial se aclarará. Esta postura, sumado al apoyo de Milei, hace que el jefe de Gabinete resista en su cargo.

Fuente: NA

En la continuidad del juicio por la muerte de Diego Armando Maradona, este jueves declaró Carlos Cassinelli, médico forense de la Policía bonaerense que participó en la autopsia, quien sostuvo que el astro futbolístico "agonizó 12 horas".

Mientras mostraba un video de la autopsia, el profesional precisó que el cuerpo de Diego presentaba un "edema generalizado", por lo que había "agua por todos lados".  Gianinna Maradona, presente en la audiencia, pidió salir de la sala para no ver las imágenes.

Se espera también para esta jornada el testimonio de cinco médicos que evaluaron al exjugador semanas antes de su fallecimiento, Guillermo Burry, Marcos Correa, Óscar Franco, Martín Cesarini y Flavio Tunessi, involucrados en el ingreso de Maradona al sanatorio Ipensa de La Plata el 2 de noviembre de 2020.

En los Tribunales de San Isidro, Casinelli recordó que en noviembre de 2020 fue a una estación de servicio para encontrarse con su colega Federico Corasaniti y el jefe de la Policía Científica de Zona Norte, el comisario mayor Méndez (Cristian), con quienes concurrió a la vivienda del barrio cerrado San Andrés donde se halló el cuerpo de Maradona.

"La gente de Criminalística tomó fotografías y fijó las evidencias. El cuerpo estaba vestido con una remera Puma y un short negro. Estaba hinchado, con un hongo de espuma en la boca, en posición de cúbito dorsal y con los brazos y las piernas extendidas", precisó.

Cassinelli explicó que el cadáver presentaba "edema" y el abdomen era "prominente", mientras que tenía "livideces" y la data de muerte fue de cinco horas y media, a las 11.30 de la mañana de aquella jornada.

"Edema generalizado" y "agua por todos lados"

El profesional señaló que el cuerpo de Diego presentaba un "edema generalizado", por lo que había "agua por todos lados", al tiempo que mencionó el "falso hongo de espuma" en la boca de la víctima, lo que implica de una "insuficiencia cardíaca".

"Había ventanales tapiados, cortinas cerradas, la cama separada de la pared, una especie de frigo bar con botellas de agua mineral, 'talitas', caramelos, ampollas de Ranitidina, envases de jeringas, saches de sueros, un inodoro portátil, un televisor, un placar y un sillón masajeador", enumeró sobre los elementos encontrados en la habitación, y negó la presencia de aparatología médica en el dormitorio.

Larga agonía de Diego Maradona

El médico sostuvo que la temperatura de la habitación donde se lo encontró muerto era de "25 grados", mientras que el ventilador y el aire acondicionado estaban "prendidos".

El médico admitió que "no sabría decirle con exactitud" el tiempo de la agonía de Maradona ante la pregunta del fiscal Cosme Iribarren. Sin embargo, reconoció que "en un momento" se concluyó que la agonía fue de "12 horas", dato que está incluido en la Junta Médica.

Cassinelli sostuvo que el astro presentaba una data de muerte de entre "las 9 y las 12" del 25 de noviembre de 2020, cuando se realizó la autopsia en la Morgue de San Fernando, y precisó que se registraron los tatuajes de la víctima, mientras que describe "los vasos sanguíneos congestivos y prominentes" del cerebro, que fue extraído para su análisis.

Explicación de la autopsia de Maradona

El médico legista precisó que Maradona tenía "tres litros de ascitis o un poco más", que "no se forma en dos o tres días", sino "en siete o diez días", y todo este testimonio se brindaba mientras se exhibía un video de la autopsia.

En la filmación se observó a los especialistas llevar la cabo la incisión en el abdomen, del cual salía mucha agua, a la vez que el pulmón derecho presentó un peso de 700 gramos: "Está aumentado por el líquido".

El profesional manifestó que "el pulmón izquierdo de Maradona pesó 658 gramos", y el corazón del exfutbolista estaba "notablemente aumentado de tamaño con un peso de 503 gramos".

¿Cuál fue la causa de la muerte?

El especialista precisó que el corazón de Maradona estaba aumentado de tamaño por una "miocardiopatía dilatada", mientras que la causa de la muerte fue un "edema agudo de pulmón" y una "insuficiencia cardíaca". "Era un corazón grande, dilatado", puntualizó.

Cassinelli indicó que "el edema cerebral es consecuencia de una hipoxia cerebral", mientras que en el caso del exjugador "sí había una hipoxia cerebral". "Esto es un cuadro crónico, no fue una muerte súbita", señaló ante el contrainterrogatorio del abogado Nicolás D'Albora, defensor de la jefa de cuidados domiciliarios de Swiss Medical, Nancy Forlini.

Imputados en la causa

El juicio, que se desarrolla en los tribunales de San Isidro, busca determinar la responsabilidad de siete profesionales de la salud acusados de homicidio con dolo eventual por la muerte del exjugador en noviembre de 2020.

Además de Luque, están imputados la psiquiatra Agustina Cosachov, el psicólogo Carlos Díaz, la doctora y coordinadora de Swiss Medical Nancy Forlini, el médico Pedro Di Spagna, el coordinador de enfermeros Mariano Perroni y el enfermero Ricardo Almirón.

Fuente: Crónica

La Cámara Federal de Casación anuló por mayoría la resolución de que había confirmado el procesamiento del ex presidente Alberto Fernández en la causa Seguros.

El tribunal ordenó dictar una nueva decisión en la causa penal en la que Fernández estaba con procesamiento confirmado por supuestas “negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública”.

La determinación fue tomada por la Sala IV del tribunal, con los votos de los jueces Mariano Borinsky y Javier Carbajo. En tanto, el camarista Gustavo Hornos votó en disidencia y pidió dejar firme el procesamiento.

Los magistrados que votaron a favor de anular el procesamiento estuvieron en línea con la postura del fiscal ante la Cámara Federal, José Agüero Iturbe, quien sostuvo que no había elementos para procesar al expresidente.

“No hay juez sin acusador”, expresaron los magistrados, que remarcaron que tanto la defensa de Fernández como la fiscalía solicitaron revocar el procesamiento y dictar la falta de mérito.

Fuente: NA