El juez técnico y vocal del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Gualeguaychú, Tobías Podestá, condenó por el delito de "abuso sexual gravemente ultrajante agravado por haber sido cometido contra una menor de 18 años de edad aprovechando la situación de convivencia preexistente".

La sentencia fue dictada luego de la audiencia de cesura realizada tras el veredicto de culpabilidad que emitió un jurado popular el pasado 12 de junio, al término de cinco jornadas de debate desarrolladas en los Tribunales de Gualeguaychú.

Durante el juicio, la acusación estuvo a cargo de la fiscal Martina Cedrés, mientras que la defensa técnica del imputado fue ejercida por el defensor oficial Matías Lonardi. Por tratarse de un proceso vinculado con delitos contra la integridad sexual, el juicio se desarrolló a puertas cerradas, con el fin de resguardar la intimidad de las personas involucradas.

El ex ministro de Planificación Julio De Vido, quien cumple prisión domiciliaria por la causa de la tragedia de Once, volvió a ser condenado por la Justicia, ya que el Tribunal Oral Federal N.º 2 (TOF) lo sentenció con tres años de prisión por la contratación de Odebrecht para los trabajos de ampliación de gasoductos.

Los jueces del TOF 2 lo penaron con tres años en suspenso y le aplicaron la prohibición de manera perpetua para ocupar cargos públicos.

De Vido no fue el único condenado. También recibieron sanciones Daniel Cameron y Cristian Folgar, todo en el marco del juicio por las supuestas irregularidades en la contratación de la empresa Odebrecht para realizar los trabajos de ampliación de los gasoductos Norte y Sur.

Los tres jueces que consideraron partícipe necesario del delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de una función pública a Julio De Vido son: Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Néstor Costabel.

Además, el exsecretario de Energía Daniel Cameron fue considerado autor penalmente responsable del delito de negociaciones incompatibles y recibió tres años de prisión de ejecución condicional, así como también quedó inhabilitado de por vida para ejercer la función pública. Y el ex subsecretario de Combustibles, Cristian Folgar, recibió dos años y seis meses de ejecución condicional e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos, al ser considerado partícipe necesario penalmente responsable del delito de negociaciones incompatibles.

Asimismo, el tribunal del TOF 2 dejó absueltos al exvicepresidente de CAMMESA, Luis Beuret, y al ex subgerente de la compañía, Julio Armando Bragulat, este último por no haber mediado acusación.

En este contexto, otro punto de la condena para De Vido, Cameron y Folgar fija que, durante el mismo tiempo de sus condenas, deberán cumplir las reglas que marcan establecer su lugar de residencia y ponerse al cuidado de un Patronato.

En este sentido, los fundamentos de la sentencia se darán a conocer el cuatro de septiembre, a las 14 horas.

Tanto Daniel Cameron, Julio Bragulat y Luis Beuret decidieron no hablar, pero quienes sí hicieron uso de la palabra fueron Julio De Vido y Cristian Folgar.

En primer lugar, De Vido dijo: “Tuve un problema de salud, un problema cardíaco hace aproximadamente un mes, no me permitieron acceder al debate así que agradezco al tribunal todas las facilidades que me dio en ese sentido” y se mostró con “especial agradecimiento a mis abogados porque siempre se hicieron presentes y me mantuvieron informado del día a día del transcurso del juicio”.

Por su lado, Cristian Folgar, manifestó: “Quisiera dejar el reconocimiento asentado públicamente porque cuando las instituciones funcionan creo que está bien que así quede registrado” y, sobre el caso, marcó que los jueces “tienen el monopolio que les da la sociedad para, en este caso, definir si una persona está o no está en libertad, si es o no culpable de un delito penal. Y eso conlleva una enorme responsabilidad que es la de que el juicio sea justo. Y los juicios nosotros en Argentina los definimos como justos no en función del resultado sino del proceso”.

Folgar también sumó: “Estamos en el 2026 juzgando hechos del 2006, que se empezaron a analizar en el 2016-2017. El paso del tiempo nos aleja de la idea de que el juicio pueda ser justo porque a veces no se puede producir prueba” y, mencionó que “uno de los testigos que en su momento yo designé estaba perfecto de salud y falleció; y unas de las medidas de prueba que se solicitaron ya no estaban más porque por el paso del tiempo no los encontraban”.

A su vez, marcó que “muchos testigos no recordaban lo que habían hecho y un denominador común de este debate fue mostrarles a los testigos lo que los testigos habían firmado más de 20 años atrás. Y eso me parece que es un demérito a la calidad de la decisión que ustedes tienen que tomar”.

Además, sostuvo que “si durante mucho tiempo una persona está procesada y no puede ejercer determinadas funciones, eso termina siendo una suerte de castigo indirecto” y, en relación a su situación personal, añadió que “la defensa ha demostrado que mi mejor defensa es el expediente y son los hechos”; por eso, “creo que los hechos y las constancias de los expedientes se terminaron imponiendo”.

Y cerró diciendo que “Argentina está en emergencia energética por falta de capacidad de transporte. Lo cual obviamente nos dice que allá en el 2006 era absolutamente indispensable y el interés del Estado era hacer expansiones de transporte por las cuales no se tenía financiamiento. Y eso se hizo, y se hizo con un cuerpo normativo que fue avalado por los tres poderes”.

La causa comenzó después de que, en medio de la investigación por el pago de sobornos a diferentes funcionarios públicos y sobreprecios de la empresa Skanska para la construcción de gasoductos, llevada adelante por la Fiscalía Federal N°4, se señalaran maniobras para la adjudicación de las obras de los gasoductos efectuados por la Transportadora de Gas del Norte (TGN) y la Transportadora de Gas del Sur (TGS).

El presunto direccionamiento en la licitación de las obras de lo que fue la segunda ampliación de los gasoductos de la Transportadora de Gas del Norte (TGN) y la Transportadora de Gas del Sur (TGS), entre los años 2006 y 2008, fue lo que se investigó.

En este caso, en el alegato, el fiscal Diego Luciani y José Ipohorski Lenkiewicz acusaron a los exfuncionarios de crear un nuevo marco normativo con la intención de que se realizara lo que llamaron “un auténtico traje a medida de Odebrecht”.

En base a esta hipótesis, pidieron la pena de cuatro años de prisión por el delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas para Julio De Vido y Daniel Cameron. Además, solicitaron tres años y seis meses para Cristian Folgar y Luis Beuret y la absolución para Julio Armando Bragulat luego de considerar la no acreditación de su participación.

Las cuatro defensas argumentaron que las condiciones que se aplicaron para la selección de la contratista derivaron de la crisis de emergencia energética y, por ello, solicitaron la absolución.

Fuente: Noticias Argentinas

En el marco de una investigación de gran relevancia vinculada a presuntos hechos de explotación laboral, la Prefectura Naval Argentina concretó un importante operativo judicial que permitió avanzar significativamente en el esclarecimiento de una causa federal, constituyendo un nuevo golpe contra conductas que vulneran los derechos y la dignidad de los trabajadores.

La pesquisa, desarrollada por personal especializado de la Fuerza, permitió reunir elementos probatorios de alto valor que derivaron en la ejecución de allanamientos simultáneos ordenados por el Juzgado Federal de Gualeguaychú, a cargo del Dr. Hernán S. Viri, en el marco de una causa vinculada a presuntos hechos de trata de personas con fines de explotación laboral.

El éxito del procedimiento fue el resultado de un extenso trabajo investigativo, sustentado en tareas de investigación criminal, análisis de información, vigilancia y recolección de evidencia, permitiendo identificar a los presuntos involucrados y documentar maniobras compatibles con delitos de competencia federal.

La actuación coordinada entre la Fiscalía Federal de Gualeguaychú, a cargo del Dr. Pedro Rebollo, el Juzgado Federal de Gualeguaychú y la Prefectura Naval Argentina volvió a demostrar la eficacia del trabajo interinstitucional para abordar investigaciones de alta sensibilidad social y complejidad operativa. En este sentido, resultó fundamental la labor desarrollada por el organismo especializado en Trata de Personas de la Prefectura Naval Argentina y por la División Investigaciones de Prefectura Paranacito, cuyas tareas permitieron reunir información y elementos probatorios de relevancia para el avance de la causa.

Los procedimientos desplegados permitieron consolidar evidencia de interés para la causa y profundizar las líneas investigativas en curso, reafirmando el compromiso institucional en la lucha contra la trata de personas, la explotación laboral y otras formas de criminalidad compleja.

Asimismo, durante los allanamientos se procedió al secuestro de diversos elementos de interés para la investigación, entre ellos armas de fuego, chalecos tácticos y otros efectos que serán sometidos a las pericias correspondientes, fortaleciendo el cuadro probatorio reunido por los investigadores.

Cabe destacar también la participación del Consejo Provincial de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de Trata y Tráfico de Personas de la Provincia de Entre Ríos, cuyos profesionales brindaron acompañamiento, asistencia y contención a las personas alcanzadas por las medidas judiciales, garantizando un abordaje integral centrado en la protección de las potenciales víctimas.

Desde distintos ámbitos se destacó la importancia del trabajo conjunto desarrollado entre la Fiscalía Federal, el Juzgado Federal de Gualeguaychú, los organismos de asistencia especializados y la Prefectura Naval Argentina, cuya intervención resultó determinante para alcanzar los objetivos fijados por la pesquisa y avanzar sobre una problemática que constituye una grave vulneración de los derechos humanos.

La Cámara Federal de Casación Penal rechazó los recursos extraordinarios de la defensa de Cristina Kirchner y dejó firme la medida que ordenó decomisar sus bienes en el marco de su condena por la causa Vialidad.

De esta forma, la Justicia evitó que el trámite escalara a la Corte Suprema y seguirá adelante con los trámites para que la ex mandataria devuelva al Estado Nacional 111 bienes de su familia y del empresario Lázaro Báez.

En desarrollo...

Fuente: Noticias Argentinas

La situación judicial del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, podría agravarse en las próximas semanas luego de que el juez federal Ariel Lijo analizara convocarlo a declaración indagatoria antes del inicio de la feria judicial de invierno.

La medida se enmarca en la investigación por presunto enriquecimiento ilícito y por sus vínculos con el productor televisivo Marcelo Grandio, propietario de la productora Imhouse, empresa que mantiene contratos con la TV Pública.

Según trascendió en tribunales federales, el magistrado aguarda el resultado de las últimas medidas de prueba solicitadas junto al fiscal Gerardo Pollicita para definir el llamado a indagatoria. En el entorno judicial consideran que una eventual citación implicaría que el expediente alcanzó un grado de avance significativo y que existirían elementos suficientes para sospechar de la posible comisión de delitos.

La causa se concentra principalmente en la relación entre Adorni y Grandio, a quien el funcionario definió públicamente como un amigo cercano. La Justicia investiga si el productor costeó el viaje que Adorni realizó junto a su familia a Punta del Este durante el fin de semana largo de Carnaval, a bordo de un avión privado.

Aunque el funcionario aseguró reiteradamente que el traslado fue abonado con dinero propio, distintos documentos incorporados al expediente complicaron esa versión. El broker aeronáutico Agustín Issin Hansen declaró ante la Justicia que el vuelo fue reservado y pagado por Grandio, quien además recibió la facturación correspondiente a través de su productora Imhouse.

La investigación judicial sostiene que la empresa Alpha Centauri facturó el tramo de ida directamente a Imhouse, mientras que el regreso fue posteriormente facturado por 3000 dólares a Grandio. “El vuelo lo reservó y pagó Marcelo Grandio”, afirmó Issin ante la Justicia, contradiciendo la explicación pública del funcionario nacional.

En paralelo, según se supo, el juzgado ordenó una serie de cruces telefónicos entre los teléfonos de Grandio, Adorni y Horacio Silva, socio fundador de Imhouse, con el objetivo de determinar si existieron comunicaciones coincidentes con la firma de contratos entre la productora y la TV Pública. También se analiza la geolocalización de los dispositivos para reconstruir posibles encuentros y vínculos operativos.

Los convenios bajo sospecha incluyen producciones televisivas, programas radiales y ciclos de streaming emitidos en medios estatales. Entre ellos aparecen “La caja de Pandora”, “Giros en Línea Recta”, “Enredados”, “La Sala” y “Gritalo Mundial”, este último conducido por Grandio.

La Justicia también investiga el patrimonio personal del jefe de Gabinete. Uno de los focos está puesto en una propiedad ubicada en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz, cuya adquisición y posterior remodelación generaron sospechas sobre el origen de los fondos utilizados.

De acuerdo con la investigación, la vivienda habría sido escriturada en noviembre pasado por aproximadamente 120.000 dólares, a lo que se sumarían gastos por unos 245.000 dólares en remodelaciones integrales y mobiliario. Parte de esas obras, según consta en el expediente, habría sido realizada sin facturación formal.

Los investigadores judiciales sostienen que los ingresos declarados por Adorni no resultarían compatibles con el nivel de gastos detectados, especialmente considerando, además, la existencia de hipotecas comprometidas para financiar operaciones inmobiliarias.

Otro elemento bajo análisis es la presunta utilización de efectivos de la Gendarmería Nacional para custodiar el ingreso al country donde reside el funcionario. La hipótesis judicial es que, de comprobarse que los agentes fueron destinados a tareas de seguridad personal ajenas a funciones oficiales, podría configurarse el delito de peculado por utilización indebida de recursos públicos.

Mientras tanto, en Comodoro Py crece la expectativa sobre la definición de Ariel Lijo, quien deberá resolver si avanza formalmente con la indagatoria de uno de los funcionarios más cercanos al presidente Javier Milei.

Fuente: NA

El juez federal Julián Ercolini procesó a la exfiscal Viviana Fein por la contaminación de la escena donde fue encontrado muerto el fiscal Alberto Nisman.

Fein estuvo a cargo en un primer momento de la investigación de la muerte del entonces titular de UFI-AMIA hasta que la causa fue elevada al fuero federal. En febrero de este año fue citada a los tribunales de Comodoro Py, en el marco de la causa que llevan adelante el fiscal Eduardo Taiano junto a Ercolini.

En medio de las acusaciones por no preservar el lugar de los hechos, Fein se defendió y aseguró que “fue escalonado el ingreso, no estuvieron todas esas personas juntas en el interior y eso se puede observar perfectamente en el video”.

EN LA ESCENA. Fein en la cocina del departamento donde encontraron el cuerpo de Nisman (Foto: Policía Federal).Además, Fein aseguró que esas personas “no contaminaron absolutamente nada. Nadie describe cómo se contaminó o qué faltó. Nunca nadie lo describió”.

“Miren lo que está adentro de la causa, no lo que se habla al margen de la causa. Es lo único que le pido a los medios, con todo respeto. Lean la causa, las pericias, en particular una, la criminalística, de la que nadie habla”, pidió la exfiscal.

“Yo se quién soy y cómo he actuado. Nadie me engañó, eran todos peritos de gran trayectoria”, remarcó Fein antes de retirarse de Comodoro Py.A Nisman lo encontraron muerto de un disparo en la cabeza en el baño de su departamento en Puerto Madero, el 18 de enero de 2015. La Justicia todavía intenta determinar quiénes cometieron el presunto asesinato, de acuerdo con la hipótesis de la fiscalía de Taiano.

Nisman investigaba el atentado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina, que fue en 1994. Poco antes de su muerte había presentado una denuncia contra la entonces presidenta, Cristina Kirchner, por presunto encubrimiento de los iraníes responsables del ataque terrorista.

La acusación en su contraSegún el dictamen presentado por Taiano, Fein incurrió en negligencias graves durante las primeras horas en el lugar de los hechos. Estas fallas, que incluyeron la alteración o pérdida de evidencias clave, generaron un escenario de desorden que complicó el avance de la causa.

También la “excesiva tardanza en llegar al lugar; permitir a su llegada que el descontrol previo continuara; entrar sin la vestimenta adecuada; permitir la libre circulación de personas por el departamento sin identificarlos ni saber qué función cumplían allí, y manipular y permitir la manipulación de pruebas sin el correcto resguardo”.

Entre las fallas mencionadas están el paso de más de 80 personas por el departamento antes de resguardar las pruebas iniciales, lo que Taiano calificó como un “auténtico caos” con impacto directo en la recolección de indicios.

Para el fiscal la zona más afectada fue el baño, donde apareció el cuerpo de Nisman. En un informe previo de agosto, Taiano ya había señalado la “falta de diligencia” en el manejo del lugar.

El fiscal advirtió sobre “la existencia de concretas y graves irregularidades cometidas por los funcionarios públicos en el departamento de Puerto Madero”, en la noche en que encontraron el cuerpo de Nisman. Taiano alertó que “esas irregularidades podrían poner en riesgo el descubrimiento completo de la verdad”.

Fuente: TN

La situación judicial y política que atraviesa Manuel Adorni, acusado por enriquecimiento ilítico, se complica cada vez más: las últimas pruebas reunidas por el fiscal federal Gerardo Pollicita confirmaron que el jefe de Gabinete realizó operaciones con criptomonedas no declaradas.

Esta información se suma a las otras tantas, que se vienen recabando hace semanas, y llevó a que los diputados nacionales de los bloques Encuentro Federal y el Frente de Izquierda de los Trabajadores (FIT) exigieran una sesión especial, para el jueves 14 de mayo, con el objetivo de interpelar al funcionario en el Congreso.

Si bien el respaldo del presidente Javier Milei hacia Adorni se mantiene intacto, este tema se consolidó como una de las principales preocupaciones del Gobierno Nacional e intensificó el pedido permanente de la renuncia del jefe de Gabinete, tanto de propios como de ajenos.

Horas atrás, Pollicita confirmó movimientos de dinero digital y operaciones con criptoactivos no declarados por Adorni, según informes de plataformas virtuales recibidos este fin de semana. En este contexto, la investigación sobre la brecha entre sus ingresos y sus gastos avanza, debido a que se detectaron compras y pagos mensuales entre USD18.000 y USD20.000, cifras que superan significativamente sus ingresos oficiales.

Hasta el momento, Adorni evitó dar detalles técnicos sobre la causa para "no obstruir a la justicia", pero afirmó en varis entrevistas y en sus habituales conferencias de prensa que no renunciará y que su situación patrimonial se aclarará. Esta postura, sumado al apoyo de Milei, hace que el jefe de Gabinete resista en su cargo.

Fuente: NA

En la continuidad del juicio por la muerte de Diego Armando Maradona, este jueves declaró Carlos Cassinelli, médico forense de la Policía bonaerense que participó en la autopsia, quien sostuvo que el astro futbolístico "agonizó 12 horas".

Mientras mostraba un video de la autopsia, el profesional precisó que el cuerpo de Diego presentaba un "edema generalizado", por lo que había "agua por todos lados".  Gianinna Maradona, presente en la audiencia, pidió salir de la sala para no ver las imágenes.

Se espera también para esta jornada el testimonio de cinco médicos que evaluaron al exjugador semanas antes de su fallecimiento, Guillermo Burry, Marcos Correa, Óscar Franco, Martín Cesarini y Flavio Tunessi, involucrados en el ingreso de Maradona al sanatorio Ipensa de La Plata el 2 de noviembre de 2020.

En los Tribunales de San Isidro, Casinelli recordó que en noviembre de 2020 fue a una estación de servicio para encontrarse con su colega Federico Corasaniti y el jefe de la Policía Científica de Zona Norte, el comisario mayor Méndez (Cristian), con quienes concurrió a la vivienda del barrio cerrado San Andrés donde se halló el cuerpo de Maradona.

"La gente de Criminalística tomó fotografías y fijó las evidencias. El cuerpo estaba vestido con una remera Puma y un short negro. Estaba hinchado, con un hongo de espuma en la boca, en posición de cúbito dorsal y con los brazos y las piernas extendidas", precisó.

Cassinelli explicó que el cadáver presentaba "edema" y el abdomen era "prominente", mientras que tenía "livideces" y la data de muerte fue de cinco horas y media, a las 11.30 de la mañana de aquella jornada.

"Edema generalizado" y "agua por todos lados"

El profesional señaló que el cuerpo de Diego presentaba un "edema generalizado", por lo que había "agua por todos lados", al tiempo que mencionó el "falso hongo de espuma" en la boca de la víctima, lo que implica de una "insuficiencia cardíaca".

"Había ventanales tapiados, cortinas cerradas, la cama separada de la pared, una especie de frigo bar con botellas de agua mineral, 'talitas', caramelos, ampollas de Ranitidina, envases de jeringas, saches de sueros, un inodoro portátil, un televisor, un placar y un sillón masajeador", enumeró sobre los elementos encontrados en la habitación, y negó la presencia de aparatología médica en el dormitorio.

Larga agonía de Diego Maradona

El médico sostuvo que la temperatura de la habitación donde se lo encontró muerto era de "25 grados", mientras que el ventilador y el aire acondicionado estaban "prendidos".

El médico admitió que "no sabría decirle con exactitud" el tiempo de la agonía de Maradona ante la pregunta del fiscal Cosme Iribarren. Sin embargo, reconoció que "en un momento" se concluyó que la agonía fue de "12 horas", dato que está incluido en la Junta Médica.

Cassinelli sostuvo que el astro presentaba una data de muerte de entre "las 9 y las 12" del 25 de noviembre de 2020, cuando se realizó la autopsia en la Morgue de San Fernando, y precisó que se registraron los tatuajes de la víctima, mientras que describe "los vasos sanguíneos congestivos y prominentes" del cerebro, que fue extraído para su análisis.

Explicación de la autopsia de Maradona

El médico legista precisó que Maradona tenía "tres litros de ascitis o un poco más", que "no se forma en dos o tres días", sino "en siete o diez días", y todo este testimonio se brindaba mientras se exhibía un video de la autopsia.

En la filmación se observó a los especialistas llevar la cabo la incisión en el abdomen, del cual salía mucha agua, a la vez que el pulmón derecho presentó un peso de 700 gramos: "Está aumentado por el líquido".

El profesional manifestó que "el pulmón izquierdo de Maradona pesó 658 gramos", y el corazón del exfutbolista estaba "notablemente aumentado de tamaño con un peso de 503 gramos".

¿Cuál fue la causa de la muerte?

El especialista precisó que el corazón de Maradona estaba aumentado de tamaño por una "miocardiopatía dilatada", mientras que la causa de la muerte fue un "edema agudo de pulmón" y una "insuficiencia cardíaca". "Era un corazón grande, dilatado", puntualizó.

Cassinelli indicó que "el edema cerebral es consecuencia de una hipoxia cerebral", mientras que en el caso del exjugador "sí había una hipoxia cerebral". "Esto es un cuadro crónico, no fue una muerte súbita", señaló ante el contrainterrogatorio del abogado Nicolás D'Albora, defensor de la jefa de cuidados domiciliarios de Swiss Medical, Nancy Forlini.

Imputados en la causa

El juicio, que se desarrolla en los tribunales de San Isidro, busca determinar la responsabilidad de siete profesionales de la salud acusados de homicidio con dolo eventual por la muerte del exjugador en noviembre de 2020.

Además de Luque, están imputados la psiquiatra Agustina Cosachov, el psicólogo Carlos Díaz, la doctora y coordinadora de Swiss Medical Nancy Forlini, el médico Pedro Di Spagna, el coordinador de enfermeros Mariano Perroni y el enfermero Ricardo Almirón.

Fuente: Crónica

La Cámara Federal de Casación anuló por mayoría la resolución de que había confirmado el procesamiento del ex presidente Alberto Fernández en la causa Seguros.

El tribunal ordenó dictar una nueva decisión en la causa penal en la que Fernández estaba con procesamiento confirmado por supuestas “negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública”.

La determinación fue tomada por la Sala IV del tribunal, con los votos de los jueces Mariano Borinsky y Javier Carbajo. En tanto, el camarista Gustavo Hornos votó en disidencia y pidió dejar firme el procesamiento.

Los magistrados que votaron a favor de anular el procesamiento estuvieron en línea con la postura del fiscal ante la Cámara Federal, José Agüero Iturbe, quien sostuvo que no había elementos para procesar al expresidente.

“No hay juez sin acusador”, expresaron los magistrados, que remarcaron que tanto la defensa de Fernández como la fiscalía solicitaron revocar el procesamiento y dictar la falta de mérito.

Fuente: NA

La Justicia federal investiga una denuncia por presunto abuso sexual contra el jefe de Seguridad de River Plate a partir de una presentación realizada por una empleada del club, según consta en registros judiciales.

El expediente quedó radicado en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 45, Secretaría 122, bajo la carátula “Acero, Gustavo s/abuso sexual – art. 119”, y fue registrado en la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, con último movimiento el 8 de abril de 2026.

En paralelo, representantes de socios del club elevaron el 13 de abril una nota al presidente Stefano Di Carlo para solicitar, con carácter urgente, precisiones sobre si la dirigencia tomó conocimiento del hecho denunciado y si involucra a personal de la institución.

En el escrito también requirieron saber si se activaron los mecanismos previstos en el Protocolo contra la Violencia de Género, si el caso alcanza a un funcionario de alto rango y si existieron notificaciones formales sobre actuaciones judiciales.

La denuncia por Abuso Sexual de una empleada de River (con iniciales N.Q) dentro del club contra un integrante de la Gerencia de Seguridad de River, es un escándalo y preocupa al Presidente Di Carlo junto a toda su dirigencia, en especial a Ramiro Alvarez (Responsable del área de… pic.twitter.com/dcgLGc4JVB

El tema tomó estado público tras publicaciones en la red X del periodista Pablo Calvari, quien calificó como “complicadísima” la situación del jefe de Seguridad y reclamó un pronunciamiento institucional, además de cuestionar el silencio de áreas internas.

En el club dejaron trascender que la denunciante había sido previamente cuestionada por reclamos de socios y que fue citada a una reunión en la que se le habría anticipado una posible sanción disciplinaria.

De acuerdo con esa versión y supo la Agencia Noticias Argentinas, el contacto físico señalado en la denuncia se habría limitado a un gesto al finalizar el encuentro y ahora la Justicia está investigando los hechos.

Fuente: NA

La Justicia procesó al anestesista Hernán Boveri y a la exresidente Delfina Lanusse por administración fraudulenta, en el marco de la investigación por el presunto robo de fármacos del Hospital Italiano, cuya causa derivó en la muerte del médico Alejandro Zalazar.

El juez Javier Sarmiento dictaminó, además, el embargo millonario y la prohibición para salir del país a ambos profesionales, quienes continuarán libres mientras se lleve adelante el proceso.

El fiscal Lucio Herrera sostiene que los acusados habrían aprovechado su posición estratégica en el área de anestesiología para vulnerar los controles de stock del hospital y sustraer ampollas que requieren una custodia estricta, tales como el propofol y el fentanilo, encontrados en el departamento de Zalazar, ubicado en la calle Juncal 4622 del barrio porteño de Recoleta.

La investigación se originó tras una serie de auditorías internas en la clínica privada que detectaron inconsistencias en el inventario de medicamentos anestésicos, al tiempo que los registros de quirófano no coincidían con el egreso real de dosis de la farmacia central.

Durante las semanas de pesquisa se llevaron a cabo diversos allanamientos, entre los que están tres domicilios y la sede de la Asociación de Anestesia, Analgesia y Reanimación (AAAA). En una de las viviendas allanadas se encontraron una caja con tubos con anestesia clínica, jeringas, agujas y ampollas con sedantes quirúrgicos. Según el informe, éstos fármacos habrían sido usados de manera recreativa en reuniones o “fiestas” organizadas por Zalazar, de 31 años, hallado muerto el pasado 20 de febrero.

Mientras tanto continúa la investigación por el deceso del enfermero gualeguaychuense Eduardo Betancourt, de 44 años, quien falleció por una “cardiopatía hipertrófica y dilatada con congestión pulmonar”, de acuerdo al resultado de la autopsia.

En su vivienda, la Policía de la Ciudad halló tres ampollas de fentanilo pertenecientes al laboratorio HLB Pharma del empresario Ariel García Furfaro, procesado en el expediente por las 111 muertes del opioide contaminado. Sin embargo, esas dosis no corresponden a los lotes adulterados del fármaco, según informó la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°21 de la Ciudad de Buenos Aires.

San Lorenzo, Racing, Temperley, Los Andes, Excursionistas, Deportivo Morón, Defensores de Glew, Argentinos Juniors, Acassuso, Deportivo Armenio, Dock Sud, Independiente, Victoriano Arenas, Brown de Adrogué y Platense, serían algunos de los clubes en los que se están llevando a cabo los procedimientos.

Los procedimientos, a cargo de la Policía Federal, buscan secuestrar documentación sobre contratos de sponsoreo, préstamos, descuentos de cheques y movimientos financieros vinculados a Sur Finanzas, la firma del financista Ariel Vallejo.

El objetivo es determinar si los fondos derivados de estos acuerdos ingresaron efectivamente a las cuentas de las instituciones, en qué fechas, a qué cuentas y bajo qué registración contable. El análisis estará a cargo de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco) y de áreas especializadas de la Policía Federal, que realizarán un estudio integral del patrimonio de los clubes.

Vallejo fue citado a indagatoria para el 5 de mayo, acusado de liderar una asociación ilícita dedicada al lavado de dinero. Según la Fiscalía, la estructura habría operado entre septiembre de 2020 y diciembre de 2025, con al menos 16 integrantes, incluidos familiares y colaboradores.

La acusación sostiene que la financiera habría implementado maniobras como “condiciones financieras abusivas en descuentos de cheques”, “mutuos usurarios” y “contratos de sponsorización simulados o carentes de ejecución real”, generando perjuicios económicos a distintas entidades deportivas.

Además, se investiga el presunto uso de clubes como fachada para canalizar dinero no declarado. La causa también analiza los vínculos con el presidente de la AFA, Claudio Tapia, ya que el propio Vallejo admitió que su empresa ingresó al fútbol a través de esa relación.

El juez dispuso la inhibición general de bienes de los imputados, la prohibición de salida del país y el secuestro de vehículos de alta gama.

Fuente: NA.

Desde hace días el foco de información se encuentra asociado a la trama oscura detrás de las fiestas con Propofol y Fentanilo, fármacos que fueron robados del Hospital Italiano y por el que se investigan las muertes del anestesista Alejandro Zalazar y del enfermo Eduardo Bentancourt. Con dos imputados que cada vez están más complicados, los investigadores quieren saber si este caso es la punta del iceberg de una estructura delictiva en la que profesionales de la salud llevaban a cabo diversos eventos en los que se realizaban “viajes controlados” con elementos robados de los centros médicos.

Conforme a la información aportada a este medio, la causa inició el pasado 20 de febrero cuando la Policía de la Ciudad acudió a la calle Juncal al 4600, en el barrio de Palermo, por la denuncia de familiares de Zalazar que no tenían novedades del profesional desde hace horas. Cuando los efectivos arribaron, encontraron al joven sin signos vitales y tendido en el suelo, aunque no presentaba indicios de violencia.

Sin embargo, lo que llamó la atención a las autoridades fueron los objetos descartables que estaban junto al cadáver y una vía conectada en uno de los pies, a la vez que la autopsia reveló que falleció como consecuencia de la inyección de Propofol y Remifentanilo.

En paralelo, el Hospital Italiano denunció el robo de productos anestésicos y con el avance de la investigación por la muerte de Zalazar se pudo determinar que la vía conectada pertenecía al instituto médico del barrio de Almagro. Con esta información, comenzó el entramado de una causa que recién comienza y que podría desmantelar una organización mucho más amplia.

Las causas tramitan por juzgados diferentes y se conocieron de forma pública en los últimos días de marzo.

En la actualidad, hay dos profesionales imputados. Se tratan de Hernán Boveri, anestesista y que trabaja en dicho hospital, al cual renunció tras el conocimiento del caso; y también se encuentra Delfina Lanusse, residente de tercer año, que está con licencia forzosa.

Ambos se encuentran en libertad, fueron indagados y allí solo manifestaron ser inocentes, para luego señalar que no iban a responder preguntas y que presentarían un escrito. Solo se los prohibió salir del país.

Sin embargo, se conocieron las declaraciones del jefe y subjefe del área de anestesiología del Hospital Italiano, quienes complicaron la situación de Boveri y Lanusse al sostener que la joven reconoció tener problemas de consumo desde hacía dos años.

Se sumó también que el profesional admitió que en tres o cuatro oportunidades había drogado a Lanusse, pero siempre con su consentimiento y que había sido ella quien robó los medicamentos.

Durante las semanas de pesquisa se llevaron a cabo diversos allanamientos, entre los que están tres domicilios y la sede de la Asociación de Anestesia, Analgesia y Reanimación. Acerca de los inmuebles particulares, se informó que en uno de ellos se halló una caja con tubos con anestesia clínica, jeringas, agujas y ampollas con sedantes quirúrgicos.

En las últimas horas se dio a conocer una muerte más que podría estar relacionada a la causa. Consiste en Bentancourt, un enfermero de 44 años que fue hallado sin vida dentro de su departamento en la calle Fray Justo Santa María de Oro al 2428, Palermo.

En el análisis del inmueble, los efectivos hallaron en la cocina una jeringa, un guante descartable de látex y ampollas con distintos fármacos como, por ejemplo, Propofol, Lidocaína, Difenhidramina, Dipirona, Hioscina, Fentanilo, Diclofenac, Clonazepam, Midazolam, Dexzametazona, Adrenalina, Haloperdol, Metoclopramida, Diazepam, Keterolac, Cloruro De Potasio, Ceftriaxona, Penicilina, Succinivolina.

Qué se hacían en las fiestas

Aunque la causa está en su etapa de instrucción, se cree que detrás de los protagonistas hay un entramado en el que se organizaban diversas fiestas, a las que se debía pagar en dólares para asistir.

En el lugar había personas, que serían médicos, y que se encargaban de suministrar de forma improvisada y por vía intravenosa los fármacos de sedación, entre los que se destacan el Propofol y el Fentanilo.

En la lectura de las invitaciones se expresa que se trataban de “viajes controlados” ya que había un encargado de brindar asistencia respiratoria en caso de que algún participante sufriera apnea, lo que podía ocasionar su muerte. A su vez, se supo que utilizaban bombas de infusión para regular la dosis.

Sobre el primer punto, creen que Zalazar hizo ese mecanismo, pero falleció producto de una congestión, edema pulmonar y edema meningoencefálico por sobredosis.

Qué es el Propofol, el Fentanilo y qué puede causar su mala administración

El Propofol es un inductor anestésico y se utiliza de forma diaria en operaciones, aunque se usa mayormente en endoscopias y colonoscopias por su inicio de acción rápido y recuperación pronta.

Los expertos sostienen que debe ser administrado por médicos anestesiólogos o profesionales entrenados debido a su potencia y riesgos respiratorios, por lo que su uso inadecuado o sobredosis puede ser fatal.

Acerca del Fentanilo, es conocido como un opioide sintético de acción rápida y potente utilizado en anestesia para inducir y mantener la inconsciencia, sedación y analgesia profunda durante cirugías.

Como ocurre con el Propofol, debe ser inyectado por anestesiólogos debido a que su uso irregular puede generar adicción y hasta riesgo de depresión respiratoria.

Fuente: Noticias Argentinas

La investigación por la muerte de Eduardo Bentancourt, el enfermero gualeguaychuense de 44 años hallado sin vida este viernes en un departamento de Palermo, ha sumado en las últimas horas el testimonio de su entorno más cercano, que oscila entre el dolor de la pérdida y la sospecha de una trama oculta. 

Mientras la Justicia analiza el arsenal de fármacos secuestrados en la vivienda de Fray Justo Santa María de Oro al 2400, su círculo íntimo en Gualeguaychú se organiza para hacer retornar sus restos, al tiempo que una de sus amigas más cercanas denuncia públicamente que el fallecimiento no fue accidental ni una decisión voluntaria.

Daniela, amiga de Eduardo desde hace aproximadamente diez años, habló con LA NACION y planteó serias dudas sobre la escena con la que se encontró la Policía de la Ciudad. Para ella, la hipótesis de una autoeliminación o una vinculación con fiestas de élite es inverosímil. “Edu era la persona más empática y hermosa, y no por ser mi amigo, sino porque así vivía él. Sus compañeros de trabajo y sus pacientes lo amaban. Solo sé que él no quiso ser parte de algo; hay mucha gente de alto estatus, mucha plata involucrada. Sabía de más y armaron una escena de película”, afirmó.

En su relato, Daniela destacó la imposibilidad técnica de que Bentancourt se hubiera suministrado la medicación hallada por sus propios medios: “El que conoce un poco sabe que es imposible autoadministrarse cuatro ampollas de propofol. ¡Cuatro! Cuando con la dosis mínima ya entrás en sedación profunda”. Además, mostró su indignación ante las versiones que circulan sobre eventos privados de lujo: “Cada vez salen más cosas y me indigna que lo relacionen con esas famosas fiestas de Propofol donde la entrada cuesta casi tres mil dólares. Eso representa como cuatro sueldos nuestros; es una locura. Necesitaban a alguien para desviar la tremenda trama que hay detrás de todo esto. Él no quiso ser parte, vio algo seguramente y, conociéndolo, no iba a estar de acuerdo. Pagó muy caro, pagó con su vida”, sentenció su amiga.

Por último, cuestionó el acceso a la gran cantidad de ampollas secuestradas, señalando que el enfermero llevaba apenas un mes en la Ciudad de Buenos Aires y se encontraba aún en la búsqueda activa de empleo.

Movilización de colegas

Mientras estas sospechas toman estado público, en Gualeguaychú el impacto por la noticia ha movilizado a sus colegas. Eduardo Bentancourt se había titulado en enfermería en el Instituto de Enseñanza Superior María Inés Elizalde, cuya formación se dicta en el Hospital Centenario, institución donde también se desempeñó profesionalmente con una conducta que sus pares calificaron como excelente hasta su reciente renuncia. Ante la conmoción y la falta de recursos, sus familiares, junto con sus antiguos compañeros de estudio y de trabajo, han iniciado una colecta interna con el objetivo de recaudar los fondos necesarios para trasladar el cuerpo desde la Capital Federal hacia esa ciudad de Entre Ríos.

El operativo policial que dio origen a la causa ocurrió el viernes 3 de este mes a las 16.10, luego de que Rocío Marianela Bentancourt, hermana del enfermero, alertara al 911 por la falta de contacto con él desde el 30 de marzo. Al ingresar en el departamento del noveno piso del con la copia de la llave de la propietaria, los efectivos hallaron a Eduardo sentado en una silla del comedor, con sangre en la boca y sin signos vitales. Si bien se detectó una punción venosa en su antebrazo derecho, no se observaron signos de violencia física en el lugar.

La Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 21, a cargo de Alberto Vasser, ordenó el secuestro de 112 ampollas de diversas drogas críticas encontradas en una bolsa dentro de una caja, que incluyen fentanilo, propofol, midazolam, lidocaína, adrenalina y succinilcolina, entre otras. También se incautaron jeringas, guantes de látex y tres teléfonos celulares. El hallazgo ha generado interrogantes debido a la similitud de los fármacos con los del caso del anestesista Alejandro Zalazar, ocurrido el 20 de febrero pasado a pocas cuadras, aunque Bentancourt no había sido vinculado a esa investigación para determinar la muerte del médico de guardia del Hospital Ricardo Gutiérrez, en un departamento también del barrio porteño de Palermo.

En redes sociales, el pesar de la comunidad se manifestó en numerosos mensajes de despedida. “No tengo las palabras suficientes cuando la vida sorprende con una despedida tan inesperada… Todo queda en silencio, en incredulidad, en un dolor que cuesta entender. Fuiste una persona especial, de esas que dejan marca”, escribió Daniela en un posteo que resume el sentimiento de quienes lo conocieron.

El antecedente de Zalazar

La muerte de Bentancourt guarda similitudes con la de Zalazar. Según la autopsia, el médico de 31 años murió por sobredosis. Aunque aún se estudian las muestras para determinar si se trató de propofol y fentanilo. El hallazgo de insumos médicos junto a su cuerpo inició una investigación que rastreó el origen de las sustancias hasta el Hospital Italiano, donde la víctima no trabajaba.

Por el robo y distribución de fármacos sedantes de acción ultrarrápida, como propofol y fentanilo, la Justicia imputó al médico Hernán Boveri y a la residente Delfina Lanusse, que trabajaban en el Hospital Italiano de Buenos Aires, quienes tienen prohibido salir del país. Boveri renunció a su cargo tras el sumario interno en el Italiano.

La causa, bajo el expediente N° 8922/2026, investiga el desvío de drogas hospitalarias para reuniones privadas conocidas como “Propofest”, donde profesionales de la salud utilizaban bombas de infusión con fines recreativos.

Según audios y mensajes de WhatsApp que circulan entre médicos, en estos encuentros había personas encargadas de intervenir ante cuadros de apnea (depresión respiratoria severa) provocados por la sedación. Aunque se menciona que Zalazar habría asistido a estas reuniones, la fiscalía ahora busca determinar si el arsenal de 112 ampollas encontrado en la casa de Bentancourt puede pertenecer al mismo circuito irregular de suministros que le costó la vida al anestesiólogo hace pocas semanas.

Fuente: La Nación

El lunes 20 de abril comenzarán las audiencias del proceso por haber ingresado USD 200 mil sin declarar. El ex senador por Entre Ríos, Edgardo Kueider, lleva un año y tres meses en prisión domiciliaria en Asunción, la capital de Paraguay.

En unos 15 días, Kueider enfrentará su primer round con la ley. La cita será en la Torre Norte del Palacio de Justicia, ubicado en el barrio Sajonia de la capital paraguaya. En uno de sus salones de estilo moderno-brutalista, el ex legislador nacional transitará el proceso por contrabando en grado de tentativa.

El delito que se les imputa a él y a Iara Guinsel, su ex secretaria y actual pareja, tiene una pena mínima de dos años y medio. En caso de recibir una condena, el tiempo que pasó en prisión domiciliaria deberá ser considerado.

La estrategia defensiva de Kueider se sustenta en dos puntales, publicó InfoBae. El primero, que el dinero no es una mercancía y que, por tanto, no existió tentativa de contrabando. La acusación penal, y también los antecedentes administrativos paraguayos, tienen la postura inversa. El segundo, que los USD 200 mil que se le encontraron no eran de su propiedad, tampoco de Guinsel, y que habían sido juntados en Paraguay.

Según este relato, el efectivo pertenecía a inversores paraguayos en bienes raíces del vecino país. Le había sido entregado a Guinsel momentos antes de su captura. Su ex secretaria, completa la versión, sería una intermediaria entre compradores y desarrolladores.

El ex senador y su pareja habrían recibido el dinero cash en Ciudad del Este durante las últimas horas del martes 3 de diciembre de 2024. Luego habrían cruzado a cenar a Foz do Iguaçu, Brasil, vía el Puente de la Amistad. Al regresar, ya en la madrugada del miércoles 4, se produjo la intercepción en el lado paraguayo.

Dónde está Kueider

El ex legislador entrerriano y Guinsel residen hoy por hoy en un departamento del edificio Insignia 3. Se trata de una urbanización compuesta por dos torres. Cuenta con unidades de dos dormitorios de 60 m² También hay de tres habitaciones y 70 m² de superficie. Todos vienen con cochera. Los que están en planta baja tienen acceso a un patio privado.

Como áreas comunes se cuentan quincho con parrilla en cada torre, parque infantil y espacios de ejercicio al aire libre. En todo el predio hay cámaras de seguridad y vigilancia las 24hs. El alquiler promedio en la zona es de USD 800.

El complejo se encuentra en la intersección de las calles Manantiales y Capitán Pintado, Barrio Ytay o Villa Policial de Luque. La Comisaría 52° de la Policía Nacional ha montado un operativo de vigilancia en la zona para controlar a los dos detenidos de nacionalidad argentina.

Allí llegaron en enero pasado, luego de que en diciembre les rescindieron el contrato en el dúplex que ocupaban en el barrio San Vicente. Allí fue el lugar donde más tiempo estuvieron.

El primer destino de su arresto domiciliario fue el complejo Tierra Alta, ubicado en la esquina de las calles Del Maestro y Gonzalo Bullnes. El predio contaba con piscina, gimnasio y quincho. Kueider y Guinsel permanecieron en la unidad 103 un mes. Allí tuvo una guardia permanente de la Comisaría Sexta de la Policía Nacional de Paraguay.

Cuentas pendientes con la Justicia

El ex senador nacional tiene otro proceso abierto en Paraguay. Se trata del juicio de extradición. El trámite se inició a pedido de la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado. La magistrada lo investiga por enriquecimiento ilícito y lavado de activos. La Fiscalía paraguaya dictaminó que podía ser remitido a nuestro país luego de cumplir con el juicio por contrabando.

Pero ese no es el único tribunal de la Argentina que tiene en la mira a Kueider. En la Justicia de Concordia hay un legajo abierto por los mismos delitos. Esta investigación abarca toda la carrera política del ex legislador. Comienza cuando fue electo concejal de la ciudad en 1999. El expediente de Arroyo Salgado se centra en el período 2015 - 2019.

Fuente: APFDigital

Con la declaración de siete empresarios y un funcionario, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°7 de Buenos Aires reanudará este martes 7 de abril las audiencias en el juicio oral por la denominada causa “Cuadernos”. Hay tres entrerrianos citados a declarar en las próximas audiencias.

En el debate, que comenzó en noviembre pasado, se juzga a la expresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, 19 exfuncionarios, dos de sus choferes y 65 empresarios, entre ellos los entrerrianos Daniel Pitón, Mario Maxit y  Gabriel Losi, por liderar, organizar o conformar una asociación ilícita que, entre 2003 y 2015, recaudó dinero de distintas empresas de los sectores de la construcción, energía y transporte, a cambio de beneficiarlos con la adjudicación de contratos estatales.

Mario José Maxit (director comercial de Isolux Ingeniería S.A.) está citado para el jueves 9 de abril. Gabriel Pedro Losi (vicepresidente de Losi S.A.) debe declarar el martes 14. El último en prestar declaración será Daniel Claudio Pitón (integrante de José Eleuterio Pitón S.A.), convocado para el jueves 16.

La fiscal general Fabiana León representa al MPF en el juicio de la causa Cuadernos. Sostiene que existió una asociación ilícita destinada a recaudar dinero de contratistas del Estado a cambio de la adjudicación de obras públicas y concesiones.

De acuerdo con el cronograma informado por el TOCF N°7, integrado por los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli, el martes declarará en la audiencia del martes próximo serán indagados los empresarios Benjamín Gabriel Romero (titular de Hidrovía S.A.), Jorge Juan Mauricio Balán (presidente de Industrias Juan F. Secco S.A.), Hugo Alberto Dragonetti (presidente de Panedile Argentina S.A.), Rodolfo Armando Poblete (gerente general de Hidrovía S.A.), Rubén Francisco Valenti (directivo de Industrias Metalúrgicas Pescarmona -IMPSA- SAICyF)-, Osvaldo Atenor Acosta y Jorge Guillermo Neira (accionista mayoritario y director, respectivamente, de Electroingeniería S.A.), y el exasesor del secretario general de la Presidencia, Julio Daniel Álvarez.

Por su parte, el 9 de abril, también será el turno de Rubén David Aranda (presidente de Chimen Aike S.A.), Miguel Ángel Marconi (directivo de Supercemento S.A.I.C.), César Arturo De Goycoechea (director de Isolux Corsán Argentina S.A.), Alberto Ángel Padoán (82) (integrante del directorio de Vicentin SAIC y expresidente de la Cámara de Comercio de Rosario). También declararán Sergio Hernán Passacantando (exgerente de Administración de la Dirección Nacional de Vialidad -DNV- y exempleado de la financiera Inverness S.A. entre los años 2003 y 2005), Nelson Guillermo Periotti (exadministrador general de la DNV), y Sandro Férgola (exgerente de Obras y Servicios Viales y Subadministrador General de Vialidad).

Durante la jornada del 14 de abril, indagarán a Miguel Marcelino Aznar (presidente de Vialco S.A. y Decavial SAICAC), Gerardo Cartellone (directivo y presidente de Cartellone Construcciones Civiles S.A.), Patricio Gerbi (presidente de Coarco S.A. / Equimac S.A. (UTE)), Ricardo Santiago Scuncia (integrante del Grupo Roggio S.A.), Santiago Ramón Altieri (directivo de IECSA S.A.), Marcela Edith Sztenberg y Silvio Mion (vicepresidenta e integrante, respectivamente, de Equimac S.A.).

Está previsto que el 16 de abril declaren Roberto Juan Orazi (presidente de Hidraco S.A.), Julio José Paolini (presidente de Paolini Hnos. S.A.), Pablo José Gutiérrez (representante de Fontana Nicastro S.A.), Jorge Sergio Benolol (integrante de JCR S.A.), Adrián Eduardo Pascucci (socio gerente de Alquimaq S.R.L.) y Oscar Abel Sansiñena (representante de Cleanosol Argentina S.A.).

El 21 de abril, serán indagados Luis Armani (representante de Vialmani S.A.), Guillermo Escolar (directivo de Cleanosol Argentina S.A.), Juan Bautista Pacella (representante de Constructora Dos Arroyos), Carlos Eduardo Arroyo (presidente de Green S.A.), Mario Ludovico Rovella (responsable de Rovella Carranza S.A.), José Gerardo Cartellone y Tito Biagini (directivo y presidente de Cartellone Construcciones Civiles S.A.)-

Por su parte, el 23 de abril, comparecerán Alfredo Kot (integrante de Cartellone Construcciones Civiles S.A.), Osvaldo Manuel De Sousa y Cristóbal Manuel López (presidente entre 2009 y 2014 y socio mayoritario, respectivamente, de CPC S.A. y Grupo Indalo); Rodolfo Perales (presidente de Perales Aguiar S.A. desde 2010); Eduardo Luis Kennel (gerente Administrativo Financiero de José J. Chediack S.A.I.C.A. desde 1999); Juan Manuel Collazo (exasesor y directivo de Corporación América S.A., integrante de Helport S.A.), Ricardo Antonio Repetti (gerente de Vialco S.A. desde 2008), y Carlos Fabián De Sousa (presidente, entre 2016 y 2017, de CPC S.A. y Grupo Indalo).

Finalmente, el TOCF indagará a Mauricio Pascucci (socio gerente de Alquimaq S.R.L), María Rosa Cartellone (directiva y presidenta de Cartellone Construcciones Civiles S.A.), a los exsecretarios de Transporte de la Nación Ricardo Raúl Jaime y Juan Pablo Schiavi, y a Obdulio Ángel Barbeito (gerente general de Homaq SA).

Asimismo, se informó que, próximamente, se fijará la fecha en las que declararán el exsecretario de Obras Públicas y de Transporte de la Nación José Francisco López, y los empresarios Marcelo Marcuzzi (directivo de Covico Concesionario Vial S.A., COPRISA S.A., Estructuras SACICIF, Glikstein y Cia SACIAM,  ICF Sudamericana S.A. y Noroeste Construcciones S.A. -UTE-) y Juan José Luciano (titular de Luciano S.A.).

Mauricio Novelli, el empresario involucrado en el caso $LIBRA, se encuentra cada vez más complicado y el fiscal Eduardo Taiano, luego de los resultados de los peritajes que se conocieron hasta el momento, podría solicitar su detención.

Durante los próximos días, Novelli enfrentaría un posible pedido de prisión preventiva, al mismo tiempo en que la justicia analiza cómo se habría conectado el dinero de las estafas cripto con el financiamiento político.

Según la información recolectada por la Dirección de Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP), el peritaje en los dispositivos móviles de Novelli, se encontraron más de 35 comunicaciones entre el empresario y allegados al Gobierno Nacional durante el mismo 14 de febrero de 2025, día del lanzamiento y la caída del memecoin.

Asimismo, se detectaron numerosas comunicaciones y un supuesto borrador de acuerdo confidencial de pagos por 5 millones de dólares entre Novelli y el presidente Javier Milei. El documento, creado el 11 de febrero del 2025, consiste en una anotación escrita originalmente en inglés, que indicaría tres pagos: el primero por adelantado, el segundo luego de una publicación de Milei en redes sociales y el tercero, posterior a la firma de un contrato en persona.

Esto derivó en la detección de ciertas contradicciones, entre los registros técnicos, con la versión inicial del Presidente de la Nación, sobre cuándo y cómo promocionó el proyecto de inversión en la criptomoneda $LIBRA desde su cuenta de X oficial.

Luego de los resultados obtenidos, se espera que en el mes de abril la Justicia profundice en la investigación, debido a que los chats y audios recuperados dejan entrever un supuesto vínculo comercial de mucho tiempo, previo al lanzamiento de $Libra, con el entorno presidencial y presuntos pagos ilegales. Por otra parte, la Cámara de Casación ya rechazó planteos de Novelli para levantar embargos.

Fuente: NA

Este jueves se desarrolló la tercera audiencia en el juicio contra Leonardo Airaldi y otros ocho acusados, en un proceso que se extendió durante seis horas y que incluyó la declaración de dos de los cuatro testigos que estaban pautados. El debate continuará el próximo 9 de abril.

La jornada comenzó con un planteo de la defensora Mariana Barbitta, quien se opuso al traslado de Airaldi al penal de Ezeiza por considerarlo inconstitucional. Sin embargo, el fiscal José Ignacio Candioti sostuvo que debía rechazarse, ya que se trataba de una revisión encubierta “bajo el ropaje de una cuestión constitucional” previamente denegada.

Recordó que el tribunal, integrado por Noemí Berros, Emilce Rojas y José María Escobar Cello en una resolución del 27 de febrero, había fundamentado que Airaldi era considerado un preso de alto riesgo, apoyándose en dos causa por la que está siendo juzgado, Más allá que luego sumó otra por el supuesto plan criminal para asesinar funcionarios judiciales.

Los jueces le dieron la razón a Candioti y rechazaron el extenso planteo realizado por Barbitta.

El exdirector de Investigaciones, Ángel Ricle, relató que la pesquisa se inició tras denuncias de vecinos que advertían movimientos sospechosos y hablaban de una supuesta pista de aterrizaje, con la presencia de hombres armados. A partir de tareas de campo en Diamante, planimetrías y escuchas telefónicas, se determinó la existencia de una organización criminal encabezada por Airaldi, dedicada al negocio de la marihuana.

Ricle describió el rol de cada imputado, mencionando a María Soledad Touzet como encargada de rendir cuentas al líder, y a Juan Erbes, vinculado al bar Mandela, como socio en la actividad ilícita. También habló de otros acusados.

Por su parte, Jesús Luna, subjefe de Investigaciones, explicó que las tareas en Diamante y Victoria se iniciaron en el marco de una causa por supuesto abuso de armas pero revelaron un esquema delictivo dedicado al tráfico de drogas en la región en constante mutación, con cambios de roles e integrantes.

Respaldó sus afirmaciones con escuchas telefónicas incluidas en el requerimiento de elevación a juicio, donde se hablaba explícitamente de estupefacientes. Luna señaló además que Airaldi se jactaba de ser “dueño del puente caminero Rosario-Victoria” y mantenía vínculos con policías, entre ellos Roberto Coronel, mencionado en las escuchas.

Como en la primera audiencia, Airaldi siguió el juicio via Zoom desde el penal de Ezeiza, donde se encuentra alojado desde febrero, luego de que el condenado por narcotráfico Daniel “Tavi” Celis revelara que Airaldi planeaba asesinar al juez federal Leandro Ríos y al fiscal José Ignacio Candioti.

La audiencia se reanudó tras la declaración de Airaldi la semana pasada. En el juicio hay dos expedientes unificados: uno iniciado en Diamante (2019-2024) y otro en Santa Fe (2022).

La acusación

El Ministerio Público está representado por Diego Iglesias (PROCUNAR), junto al fiscal general José Ignacio Candioti, el fiscal auxiliar Juan Sebastián Podhainy y el funcionario Martín Uriona.

Además de Airaldi, enfrentan cargos Roberto Fabián Coronel (policía), Juan Erbes, Marino Martínez, María Soledad Touzet, Sebastián Armocida, Joel Schonfeld, Gonzalo Olivero (policía santafesino) y Cristian Sánchez. Otros cuatro procesados —Manuel Enrique Cuello, José Nicolás Godoy, Armando Marcelo Balcaza y Carlos David Schumacher— negocian juicios abreviados y no forman parte de este debate.

Dos expedientes, una misma trama

El caso santafesino se originó en agosto de 2022, cuando se secuestraron casi 30 kilos de cocaína en una vivienda de Puerto Gaboto. La Fiscalía sostiene que la logística y las propiedades rurales utilizadas pertenecían a Airaldi, quien habría coordinado operaciones desde una estancia en una isla del río Paraná. Por este caso está prófugo Diego Torres, el puestero que cuidaba las islas de Airaldi, y se sospecha que fue asesinado.

En paralelo, la Justicia Federal de Paraná investigó desde 2019 a Airaldi y a más de una decena de personas por integrar una organización dedicada al narcotráfico, con operaciones terrestres y fluviales en la región.

El debate oral se extenderá hasta julio. La próxima audiencia será el jueves 9 de abril.

En la jornada de este jueves, los testigos policiales detallaron cómo funcionaba la organización liderada por Airaldi. Su testimonio se cimentó con escuchas telefónicas y un trabajo de campo que le permitió a los investigadores establecer que rol cumplía cada uno de los acusados en la banda.

Fuente: AHORA

El juez en lo penal económico Diego Amarante le negó este miércoles al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, la salida del país, en el marco de la causa contra esa entidad por retención indebida de aportes.

El dirigente había solicitado a la Justicia ausentarse del país por un período de 60 días, cuando faltan 78 días para el comienzo del Mundial de Estados Unidos, Canadá y México.

En la resolución, a la que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas, el magistrado consideró que “la imprecisión de los motivos alegados, sumada a la falta de actualidad de la documentación y los antecedentes de conducta reseñados, impiden realizar el examen de proporcionalidad necesario para flexibilizar la medida vigente”.

 “No obsta a lo expuesto que este tribunal haya otorgado autorizaciones de mayor extensión en otros legajos, toda vez que dicha facultad se encuentra supeditada a una valoración integral y casuística de cada supuesto particular, extremo que en el presente caso no se verifica con la solidez necesaria para acceder a lo peticionado”, añadió.

Adelanto…

En el marco del inicio del juicio por narcotráfico que se desarrolla en Paraná, Leonardo Airaldi, principal imputado en la causa, rompió el silencio este martes por la mañana ante el Tribunal Oral Federal (TOF). Durante la identificación de los imputados, el empresario rural entrerriano se refirió a las graves acusaciones que lo vinculan con un presunto plan para atentar contra la integridad del fiscal de la causa, José Candioti, mediante el uso de sicarios.

La jornada judicial comenzó con la resolución del TOF respecto a los planteos de la defensa de Airaldi, ejercida por la abogada Mariana Barbitta. El tribunal rechazó el pedido de apartamiento de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar) solicitado por la Defensa de Airaldi por una supuesta falta de “igualdad de armas”.

Airaldi y su abogada defensora Mariana Barbitta

Asimismo, los magistrados consideraron prematuros y extemporáneos los pedidos de nulidad sobre la causa de Diamante y la remisión a juicio, mientras que la validez de las escuchas telefónicas será evaluada al momento de la sentencia.

Airaldi, de 44 años y apodado “Leo”, brindó detalles sobre su estructura empresarial y su situación financiera. Declaró estar al frente de seis empresas familiares que generan ingresos de aproximadamente 50 millones de pesos anuales. A pesar de administrar estancias de más de 1.000 hectáreas, lotes en Diamante y diversas embarcaciones, el imputado afirmó no poseer bienes a su nombre personal, ya que todos figuran bajo la titularidad de sus sociedades.

Por otro lado, hizo especial énfasis en sus problemas de salud, mencionando operaciones de columna, ojos y diversas afecciones gástricas y alérgicas que complican su estadía en el penal de Ezeiza, donde asegura tener dificultades para acceder a su medicación.

En sus palabras al Tribunal, Airaldi reconoció tener una condena por tenencia de arma de guerra en Santa Fe, que le valió una pena de tres años de prisión condicional.

Hacia el final de su intervención, Airaldi abordó el tema que ha generado mayor conmoción: la supuesta orden de asesinar al fiscal José Ignacio Candioti. Ante el tribunal, el imputado expresó su solidaridad con Candioti y fue categórico al afirmar que “jamás se me cruzó por la cabeza sacarle la vida a nadie”.

La aclaración fue un un gesto que buscó distanciarse de las acusaciones de violencia que le endilgó el condenado por narcotráfico Daniel “Tavi” Celis. Airaldi concluyó su declaración agradeciendo la presencia del fiscal en el recinto.

Candioti en la primera jornada del juicio el 3 de marzo

Airaldi afronta un juicio que unificó dos causas: Diamante y Santa Fe. En ambos casos es acusado de liderar una banda narcotraficante con ramificaciones en ambas provincias dedicada a recibir, acopiar y distribuir cargamentos de cocaína, utilizando propiedades en campos e islas de ambas costas del río Paraná.

La causa de Santa Fe se originó a partir del descubrimiento de un lote de 30 kilos de cocaína en un predio de su propiedad en Puerto Gaboto en 2022. La causa entrerriana deriva de investigaciones sobre Airaldi y otras 14 personas que se remontan a 2019 y se extienden hasta 2024 por narcotráfico mediante logística terrestre y fluvial desde estancias e islas del Paraná, con vínculos con redes de distribución regional.

El presunto jefe narco llegó este martes por la mañana a los Tribunales Federales de calle Urquiza de Paraná en medio de un importante operativo del Servicio Penitenciario Federal que lo trasladó desde la cárcel de Ezeiza, donde fue recluido después de descubrirse el supuesto plan para matar al fiscal Candioti, que habría estado pergeñando en el penal de Gualeguaychú donde esperaba el juicio.

Además de Airaldi, enfrentan cargos el policía Roberto Fabián Coronel, Juan Erbes, Marino Martínez, María Soledad Touzet, Sebastián Armocida, Joel Schonfeld, el policía santafesino Gonzalo Olivero y Cristian Sánchez. Otros cuatro procesados —Manuel Enrique Cuello, José Nicolás Godoy, Armando Marcelo Balcaza y Carlos David Schumacher— negocian juicios abreviados y no forman parte de este debate.

Fuente: Ahora / 9Litoral