El aumento para jubilados y pensionados de Anses en abril de 2026 fue oficializado con una suba del 2,9% en los haberes, en línea con la fórmula de movilidad vigente. Esta actualización impactará en millones de beneficiarios en todo el país, quienes además continuarán percibiendo el bono de $70.000 que el organismo mantiene desde marzo de 2024.

Con este incremento, la jubilación mínima ascenderá a $380.319,31. Al sumarse el refuerzo, el monto total a cobrar alcanzará los $450.319,31. Sin embargo, debido a que el bono permanece congelado, el aumento real para quienes perciben el haber mínimo será del 2,44%.

Impacto del aumento y topes del sistema previsional

Para los jubilados y pensionados con ingresos superiores al haber mínimo, el bono se abonará de forma proporcional hasta alcanzar el mismo tope de $450.319,31. De esta manera, se busca sostener una base de ingresos homogénea entre los beneficiarios del sistema previsional.

En paralelo, el haber máximo también registrará una actualización y llegará a $2.559.188,80 en abril de 2026, consolidando así los nuevos valores dentro de la escala previsional.

Calendario de pagos para haberes mínimos

El cronograma de pagos para jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo se organizará según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI):

Viernes 10 de abril: DNI terminados en 0.

Lunes 13 de abril: DNI terminados en 1.

Martes 14 de abril: DNI terminados en 2.

Fuente: ElOnce

Las jubilaciones aumentarán un 2,9% en marzo de 2026, en línea con la inflación de enero, según dispone el régimen de movilidad jubilatoria aprobado por decreto por el gobierno de Javier Milei (La Libertad Avanza).

Con este aumento, la jubilación mínima a partir del próximo mes será de $ 369.672. Si no se actualiza el bono extra, que desde marzo de 2024 se encuentra congelado en $ 70 mil, el haber mínimo (con bono) alcanzará los $ 439.672.

De este modo, las jubilaciones mínimas (con bono) se ubican en términos reales -es decir, descontando la inflación- un 8,2% por debajo de noviembre de 2023 (último mes completo de la gestión del Frente de Todos). En tanto, registran una caída interanual real del 2,9% con respecto a marzo de 2025.

¿Cómo se calculan los aumentos con la nueva movilidad jubilatoria?En abril de 2024 el Gobierno nacional modificó a través de un decreto de necesidad y urgencia (DNU) la fórmula de movilidad jubilatoria aprobada en la gestión de Alberto Fernández (Frente de Todos), que disponía aumentos trimestrales basados en el incremento combinado de los salarios y de la recaudación previsional de la ANSES.

De acuerdo con el sistema actual, los haberes previsionales son actualizados todos los meses en base al Índice de Precios al Consumidor (IPC) que elabora el INDEC. Es decir, se ajustan por inflación. Además, al momento del cambio de fórmula, se otorgó un ajuste extra del 12,5% para incorporar parte de la inflación de enero de 2024 (que fue del 20,6%).

El INDEC informó que la inflación de enero de 2026 fue del 2,9%, por lo que las jubilaciones de marzo aumentarán en la misma proporción.

¿Quiénes cobrarán el bono de marzo de 2026 y de cuánto es el monto?Los jubilados que perciben el haber mínimo reciben un bono extra que desde marzo de 2024 es de $ 70 mil.

El beneficio también es percibido de forma decreciente por quienes cobren menos de $439.672 (el valor de la mínima con el bono), aunque en esos casos reciben la diferencia entre sus haberes y ese tope. Por ejemplo, si alguien cobra en marzo $429 mil, el bono será de $10.672.

En términos reales, el bono registra desde marzo de 2024 (última vez que se actualizó) una caída del 50,7% de su poder de compra, considerando la inflación. Para evitar esa pérdida, el bono debería ser de $141.860 en marzo de 2026.

En este escenario, la jubilación mínima con bono se ubicaría en marzo de 2026 un 8,2% real por debajo de noviembre de 2023 (último mes completo de la gestión del Frente de Todos). Si se hace una comparación interanual, los haberes mínimos con bono muestran una baja del 2,9% con respecto a febrero de 2025.

En tanto, las jubilaciones por encima de la mínima (que no reciben bonos) aumentaron un 9,9% real por encima de noviembre de 2023 y un 2,1% real interanual. La diferencia con las jubilaciones mínimas reside en el efecto que tiene el congelamiento del bono en el haber final.

Fuente: Chequeado

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), mediante la Resolución 38/2026 publicada en el Boletín Oficial de hoy, estableció los nuevos montos de las bases imponibles mínima y máxima a la Seguridad Social, los haberes jubilatorios y otras prestaciones previsionales que rigen a partir de marzo 2026 ajustados conforme a la variación del Índice de Precios al Consumidor.

Los aumentos que entrarán en vigencia a partir del mes que viene surgen de la fórmula de movilidad jubilatoria que comenzó a utilizarse a partir de abril de 2024. De esta manera, se estableció que las prestaciones de jubilaciones, pensiones y asignaciones se actualizarán una vez por mes según la inflación registrada dos meses antes, reemplazando el mecanismo trimestral. Con este cambio de fórmula de Milei, las jubilaciones mínimas están 100.000 pesos abajo que si hubiera continuado la anterior.

Por este motivo, en el considerando de la norma, el titular de ANSES sostuvo que “corresponde establecer los valores del mes de marzo de 2026 correspondientes a las prestaciones y conceptos previsionales, considerando la variación del Índice de Precios al Consumidor correspondiente a enero de 2026″.

Tras confirmarse que el haber mínimo pasará a $369.600,88 en marzo, se calcula que, si se oficializa el bono extraordinario de $70.000, el ingreso mínimo de los jubilados alcanzará $439.600,88.  De esta manera, continuan por debajo de la línea de indigencia, ubicada en $623.990 para una familia tipo y en 440.226 para una sola persona.

Además, indicaron que desde enero de 2025 los incrementos comenzarán a aplicarse de forma automática y no requerirán nuevas disposiciones.

Para aquellos afiliados que cesen su actividad a partir del 28 de febrero, o que soliciten su beneficio desde el 1 de marzo, las remuneraciones se actualizarán según los índices aprobados por la Subsecretaría de Seguridad Social el 27 de enero de 2026, señala Errepar.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) difundió el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de enero de 2026 y el dato permite determinar los montos que recibirán jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones sociales a partir de marzo. Según el esquema vigente, los haberes se ajustan cada mes en función de la inflación.

En enero, el IPC registró un aumento del 2,9 por ciento. Este porcentaje se trasladará directamente a las prestaciones que paga la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), por lo que se prevé una actualización equivalente en las jubilaciones y demás asignaciones sociales desde el próximo mes.

El ajuste se suma a los incrementos del 1,9% en octubre y 2,1% en noviembre, 2,3% en diciembre, 2,4% en enero y 2,8% en febrero conforme al sistema de movilidad mensual establecido en el Decreto 274/2024, que dejó sin efecto la fórmula de actualización trimestral anterior.

Con este nuevo aumento, el haber mínimo será de $369.560,34 en marzo. De confirmarse el bono de $70.000, la jubilación mínima alcanzaría $441.572,40.

El incremento del 2,9% también impactará en las pensiones no contributivas (PNC), la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y las distintas asignaciones familiares y universales que abona la Anses. Así, la PUAM se elevará a $295.648,43, mientras que las pensiones no contributivas por invalidez o vejez quedarán en aproximadamente $258.677,18. Las madres de siete hijos recibirán un monto de 369.560,34 pesos.En cuanto a la Asignación Universal por Hijo (AUH), el valor subirá a $132.796,38. La Asignación por Embarazo (AUE) se incrementará a $125.336,48 por hijo; de ese monto, el 80% se paga mensualmente y el 20% restante se abona de manera anual tras la presentación de las libretas correspondientes.

Cómo queda el cuadro de valores de Anses en marzo 2026Jubilación mínima: $369.560,34Jubilación mínima con bono: $441.572,40PUAM: $295.648,43PUAM con bono: $367.652,36Pensiones no contributivas: $258.677,18Pensiones no contributivas con bono: $330.705,03Pensión Madre de 7 Hijos:$369.560,34Pensión Madre de 7 hijos con bono: $441.572,40AUH: $132.796,38AUH con Discapacidad: $432.415,18Asignación Familiar por Hijo (primer rango): $66.401,26Asignación por Embarazo (AUE): $125.336,48Desde abril de 2024, las jubilaciones, pensiones y asignaciones sociales se actualizan mensualmente según la inflación de dos meses previos. El propósito de este esquema es evitar los atrasos que generaba la fórmula trimestral y lograr que los ingresos sigan más de cerca la evolución de los precios.

El Decreto 274/2024, firmado por el presidente Javier Milei, formalizó este cambio en la metodología de cálculo y dispuso una transición con aumentos mensuales atados al IPC. Desde enero de 2025, las actualizaciones se realizarán en forma automática, sin necesidad de nuevos decretos.

Todavía falta la confirmación oficial del cronograma de pagos de la Anses para febrero. Se estima que continuará el esquema habitual, con acreditaciones que se ordenan según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) de cada beneficiario. Las jubilaciones y pensiones mínimas se abonarían desde la segunda semana del mes, como suele ocurrir, y los haberes de montos superiores desde la tercera semana. En paralelo, el organismo previsional sigue efectuando los pagos correspondientes a febrero de 2026, que registraron un aumento del 2,85 por ciento.

La inflación fue del 2,9% en eneroLa inflación de enero de 2026 fue de 2,9%, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), lo que llevó la variación interanual a 32,4%. La publicación del informe tuvo lugar en medio de cuestionamientos por la salida de Marco Lavagna del organismo y la postergación de la nueva fórmula para actualizar la canasta de consumos, prevista para este mes.

Alimentos y bebidas no alcohólicas mostró la mayor suba en el mes, con un incremento del 4,7%. Restaurantes y hoteles se ubicaron en segundo lugar, con un aumento del 4,1 por ciento.

En el análisis regional, la suba de Alimentos y bebidas no alcohólicas estuvo impulsada principalmente por aumentos en carnes y derivados, así como en verduras, tubérculos y legumbres. Por otro lado, Educación tuvo el menor incremento mensual, con 0,6%, mientras que Prendas de vestir y calzado registró una baja de 0,5 por ciento.

Fuente: Infobae

La marcha de jubilados alrededor del Congreso que se realiza desde hace años los días miércoles se sostiene este 2026 y volvió a registrar incidentes.

Esta vez los disturbios se produjeron sobre calle Rivadavia, cuando el núcleo que mantiene la protesta intentó descender a la calle y fue arrinconado por efectivos de la policía que los empujó contra la vereda para evitar la interrupción del tránsito. Se trató de la aplicación del llamado Protocolo Antipiquetes que impone rigurosamente el ministerio de Seguridad Nacional, con el cual priva a la ciudadanía del ejercicio de su legítimo derecho a la protesta.

Así, los manifestantes quedaron atrapados contra el frente del edificio de la Auditoría General de la Nación, en las adyacencias del histórico palacio del Congreso de la Nación.

Con el objetivo de dispersar la protesta, que estaba integrada por un reducido número de jubilados, los efectivos de la Policía Federal arrojaron gases, lo que afectó visiblemente a las personas que intentaban manifestarse. Fueron auxiliados por integrantes de las postas de salud, que normalmente acuden a las manifestaciones para ayudar a quienes son impactados por la respuesta de la policía.

Los haberes jubilatorios en Argentina registran una pérdida del 27,4% como consecuencia del cambio en la fórmula de actualización impulsado desde diciembre de 2023 por el gobierno de Javier Milei, según precisó un estudio privado.

El cambio se implementó mediante el DNU 274/2024, que reemplazó el esquema de actualización de la Ley 27.609 por uno basado exclusivamente en la inflación.

Esta decisión fue una de las herramientas que le permitió a la administración libertaria lograr el superávit fiscal.

Un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) estimó que tras los aumentos por inflación de diciembre la jubilación mínima sin bono se ubica en $340.886.

En contraste, de haber continuado vigente la fórmula anterior, el haber mínimo alcanzaría los $434.279, lo que representa una brecha de $93.393 mensuales para los beneficiarios del sistema previsional.

El documento señala que “la fórmula anterior, en el tiempo, hubiera sido superadora para los haberes jubilatorios, y se la eliminó intencionalmente antes de que se produjeran las mejoras”.

El informe denuncia que la modificación por decreto se produjo en el “preciso momento en que la fórmula anterior podría haber significado una mejora real en los haberes”.

CEPA explica que el esquema derogado se basaba en la recaudación de la seguridad social y la variación de salarios, indicadores que presentan un rezago y permiten ganarle a la inflación cuando esta comienza a bajar.

Siempre según la visión del centro de estudios, con el sistema actual, las jubilaciones "no perderán poder adquisitivo, pero tampoco podrán recuperar" lo perdido anteriormente.

La situación es más crítica para quienes perciben la jubilación mínima debido al congelamiento del bono compensatorio.

Desde marzo de 2024, este refuerzo se mantiene en $70.000, lo que ha provocado una licuación de su valor real.

"Mientras que los haberes se incrementaron entre marzo de 2024 y diciembre de 2025 154%, la mínima, con bono incluido, solo aumentó 101%", precisa el análisis.

Para que el bono mantuviera su poder de compra original frente a la evolución del haber básico, en diciembre de 2025 debería ascender a $177.485. Esta diferencia de $107.485 representa el recorte mensual que sufren los jubilados de menores ingresos por la falta de actualización de este concepto.

El informe puntualiza que "las jubilaciones con bono se ubicarán 16,8% por debajo" de los niveles registrados en el último trimestre de la gestión de gobierno previa.

El análisis histórico comparativo refuerza la caída de los ingresos. El inicio de la actual gestión significó un "rápido retroceso de los haberes" de 26,3% para las jubilaciones sin bono y de 21,3% para aquellas que lo perciben.

Estos valores sitúan el poder de compra actual un 3% por debajo del promedio registrado durante la década de 1990.

Asimismo, el Poder Ejecutivo utilizó su facultad de veto para anular leyes que buscaban recomponer los ingresos del sector.

El informe recuerda que en agosto de 2025 se vetó una norma que preveía un aumento excepcional del 7,2% para completar la inflación de enero de 2024 y la actualización del bono a $110.000. Con dicha ley, la mínima con bono "hubiera alcanzado en agosto los $446.935, recuperando el poder adquisitivo perdido en los meses posteriores a la asunción de Milei".

Finalmente, la finalización de la moratoria previsional en marzo de 2025 agrava el panorama para los adultos mayores.

Sin esta herramienta de inclusión, el CEPA advierte que "9 de cada 10 mujeres y 8 de cada 10 varones que alcanzan la edad de retiro no pueden jubilarse" por no contar con los 30 años de aportes.

En su lugar, deben acceder a la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), que equivale a solo el 80% de una jubilación mínima y exige una edad mayor para las mujeres.

Fuente: Noticias Argentinas

Una serie de incidentes se registraron en la tarde de este miércoles en la marcha que los jubilados llevan adelante todas las semanas en las inmediaciones del Congreso, mientras los diputados debatían el Presupuesto 2026.

Los manifestantes voltearon las vallas y se enfrentaron a los empujones con los efectivos de la Policía Federal y Gendarmería que estaban dispuestos en el lugar para hacer cumplir el protocolo antipiquetes. Las fuerzas federales utilizaron un camión hidrante para desalentar la protesta.

La Policía Federal está a cargo del operativo en Congreso, mientras la Policía de la Ciudad se ubicó en un tercer cordón de seguridad, indicaron fuentes policiales a la Agencia Noticias Argentinas.

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, expresó que “un puñado de violentos identificados como Club Antifascista, ya denunciados por el Ministerio, derrumbaron el vallado y atacaron a las Fuerzas”.

Y señaló que “como dice la doctrina de Seguridad y Orden: la manifestación debe ser pacífica. Si hay violencia, las Fuerzas actuarán. El protocolo está vigente”.

Mientras tanto, la Cámara de Diputados debatía desde las 14.30 el proyecto de Presupuesto 2026, la ley de Principio de Inocencia Fiscal y la ley de Compromiso Nacional por el Equilibrio Fiscal y Monetario.

Por su parte, diversas agrupaciones sindicales y sociales llevarán a cabo este jueves a las 15 una movilización “multitudinaria” hacia Plaza de Mayo en rechazo al proyecto de ley de Modernización Laboral impulsado por el oficialismo.

Así lo había anunciado la CGT el lunes último, después de una reunión del Consejo Directivo del triunvirato que componen Jorge Sola, (Seguros), Cristian Jerónimo (Industria del Vidrio) y Octavio Argüello (Camioneros).

Fuente: Noticias Argentinas

Este martes 9 de diciembre, comenzó el pago del aguinaldo para los jubilados y pensionados de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses). Debido a que el orden de liquidación se da a partir de la terminación del DNI, es clave conocer todo lo que se debe tener en cuenta.

Junto al Sueldo Anual Complementario (SAC), se acreditará también el aumento en el haber regular, el cual es proporcional a la inflación de dos meses previos, es decir, en este caso, la de octubre. La suba será de 2,34%.

Además, también se deberá disponer de un bono completo de $70.000 o proporcional hasta alcanzar el tope de ingresos establecido para el mes. De todas formas, este no les corresponde a todos los titulares, puesto que, quienes cobren más, no tendrán la posibilidad de obtenerlo.

Pago del aguinaldo: ¿Qué deben tener en cuenta los jubilados durante diciembre?

Para que los jubilados puedan administrar sus ingresos y verificar que el monto sea correcto, es fundamental conocer las tres reglas básicas que rigen este beneficio en diciembre: el cálculo, el “piso garantizado” y el calendario.

1. El cálculo del 50%

El aspecto más importante es cómo se calcula el monto exacto. El medio aguinaldo de diciembre equivale al 50% (la mitad) del haber bruto más alto que el jubilado haya percibido entre julio y diciembre de 2025.

En el caso de los jubilados de la mínima, el SAC se define sobre el salario actualizado de $340.879,59. Esto arroja un aguinaldo de $170.439,79.

2. El triple cobro y el piso garantizado

 El aguinaldo se integra en la liquidación más importante del año. Los jubilados de la mínima reciben su haber actualizado ($340.879,59) más el bono de $70.000, garantizando un piso de $410.879,59.

Al sumarle el aguinaldo, el monto total bruto que recibe un jubilado de la mínima en diciembre asciende a $581.319,38.

3. Calendario de cobros de diciembre

El aguinaldo se cobra en la misma fecha asignada para el haber mensual, según la terminación del DNI. El pago para las Pensiones No Contributivas (PNC) y los jubilados de la mínima con DNI 0, 1, 2 y 3 se realiza entre el martes 9 y el jueves 11 de diciembre. Los pagos para los haberes superiores se extienden hasta el martes 23 de diciembre.

El Gobierno nacional dispuso, a través del Decreto 897/2025 publicado en el Boletín Oficial, el pago de un bono extraordinario previsional de hasta 70.000 pesos a abonarse en el mes de noviembre.

La medida alcanza a los titulares de jubilaciones, pensiones contributivas y no contributivas, así como a los beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM). Según lo establecido, el pago será realizado por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) y tiene por objetivo compensar los efectos derivados de la anterior fórmula de movilidad previsional, vigente entre 2021 y junio de 2024.

El bono extraordinario fue dispuesto en el marco de las modificaciones implementadas por el Decreto 274/2024, que estableció una nueva fórmula de actualización mensual de haberes basada en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). El decreto firmado por el presidente Javier Milei indica que esta asignación adicional tiene carácter no remunerativo y no será computable para ningún otro concepto.

El bono extraordinario de $70.000 se pagará como complemento a los haberes previsionales, que este mes se actualizan en función del índice de inflación publicado por el Indec. De acuerdo con los datos de septiembre, el reajuste será del 2,08%, en línea con la variación de precios del 2,1%.

Cuánto cobrarán los jubilados en noviembre

Con este ajuste, la jubilación mínima se elevará a $333.052,70, y al sumarse el bono extraordinario, el monto total a cobrar será de $403.052,70.

Los valores actualizados para noviembre son los siguientes:

Jubilación mínima: $333.052,70 + bono de $70.000 = $403.052,70

Jubilación máxima: $2.241.129,34

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $266.442,16 + bono de $70.000 = $336.442,16

Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez o vejez: $233.136,88 + bono de $70.000 = $303.136,88

De esta manera, el bono previsional volverá a funcionar como refuerzo de los haberes más bajos, en el marco de la política de asistencia económica a adultos mayores y personas con discapacidad.

El Juzgado Federal N° 2 de Mendoza, a cargo del juez Pablo Oscar Quirós, resolvió extender a todo el territorio nacional la medida cautelar que suspendió las resoluciones del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP–Pami) N° 2431/2024 y N° 2537/2024, las cuales habían modificado el régimen de cobertura gratuita de medicamentos.

Con esta decisión, el magistrado ordenó al organismo “garantizar nuevamente la provisión del 100% de los medicamentos esenciales” a todos los jubilados y pensionados del país.

La resolución fue dictada el 22 de octubre y notificada al día siguiente. En ella, el juez hizo lugar al pedido de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), que había solicitado la extensión de la cautelar previamente concedida en Córdoba y Salta. El tribunal reconoció la legitimación activa de la entidad por su alcance nacional y su trayectoria institucional en la defensa de derechos fundamentales.

Representación y fundamentos de la medida

Los presidentes de la APDH, Eduardo Tavani, Paula Topasso y Mariela Pérez Cisneros, ratificaron ante el tribunal lo actuado por los abogados Mabel Sessa y Carlos Vicente, quienes habían requerido que la medida se hiciera extensiva a todos los beneficiarios del país.

El juez Quirós consideró que la organización, fundada en 1975 y con más de 30 regionales en el país, cumplía con el estándar de “representación adecuada” establecido por la Corte Suprema en el precedente Halabi (Fallos: 332:111).

En su escrito, destacó que la APDH actúa “en defensa integral de los derechos humanos, incluyendo las áreas de salud, educación, género, diversidad y pueblos originarios”, y que su estructura federal acredita una representación efectiva en todo el territorio nacional.

El magistrado sostuvo que se verificaron los tres requisitos exigidos por la Corte para admitir acciones colectivas: una conducta institucional uniforme que afecta al conjunto de afiliados del Pami, una pretensión de cesar el daño común mediante la restitución del programa “Vivir Mejor” y la normativa previa, y la imposibilidad de canalizar reclamos individuales con eficacia debido a la dispersión judicial y a la vulnerabilidad económica del grupo afectado.

Argumentos del tribunal

En sus fundamentos, el fallo señaló que las resoluciones impugnadas habían introducido criterios socioeconómicos “irrazonables y desproporcionados”. Entre ellos, la exigencia de presentar información patrimonial y de ingresos que el Estado ya posee, lo que —según el juez— contraviene los principios de eficiencia administrativa y debida diligencia previstos en la Ley de Procedimientos Administrativos.

El magistrado remarcó que la suspensión se dictó para proteger “de manera urgente el derecho a la salud de las personas mayores, un grupo especialmente vulnerable y de preferente tutela por parte del Estado”. Citó la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores (Ley 27.360) y recordó que “en tiempos de crisis económica debe reforzarse la protección de los derechos sociales, evitando retrocesos en las políticas públicas sanitarias”.

Efectos y alcance de la decisión

La resolución judicial reafirmó los principios de igualdad ante la ley y tutela judicial efectiva. En su parte resolutiva, ordenó al Pami suspender la aplicación de las resoluciones N° 2431/2024 y N° 2537/2024 en todo el país y dispuso que los trámites ya iniciados por los beneficiarios mantendrán plena validez.

Además, instruyó al organismo a informar en un plazo de 48 horas las medidas adoptadas para implementar la decisión y a publicar la resolución en medios digitales nacionales para garantizar su conocimiento público.

El fallo recordó que el mismo tribunal ya había dictado cautelares similares en distintas jurisdicciones, impulsadas por entidades como la Asociación de Jubilados y Pensionados de Mendoza (Jubypen), la Red de Defensa al Consumidor y Usuario (Redecu) de Tucumán, el Centro de Jubilados 21 de Septiembre, la APDH de Córdoba y Salta, y las centrales sindicales CTA y CTA Autónoma. Varias de estas medidas fueron ratificadas por la Cámara Federal de Mendoza.

Reacción de la APDH

Desde la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos celebraron el fallo y lo definieron como “un paso fundamental para frenar el retroceso en materia de derechos que implican las políticas de ajuste del gobierno nacional”.

La entidad expresó que “los adultos mayores merecen una protección especial e integral, inmediata y actual”, y consideró que el fallo representa “una respuesta contundente en defensa del derecho a la salud y la vida”.

Por último, la APDH reafirmó que este precedente “refuerza la esperanza de que los derechos adquiridos por el pueblo argentino sigan siendo protegidos ante embestidas estatales regresivas” y aseguró que continuará “defendiendo la vida, la salud y la dignidad de las personas, en especial de los adultos mayores”.

El juez federal de Mendoza, Pablo Oscar Quiros, se declaró competente para llevar adelante el amparo colectivo en beneficio de todos los jubilados-beneficiarios del PAMI en Entre Ríos, que impulsaron los gremios de UOMA (Fernando Daglio), Alimentación (Miguel Klenner), Festram (Mario Barberán) y Apinta (Gustavo Vespo), todos con sede en Concepción del Uruguay, con el patrocinio del abogado Valodia Nichajew.

La acción busca que el PAMI retrotraiga la resolución de diciembre que quitó la gratuidad de los medicamentos, además de que incorporó requisitos y trámites que deberían hacer los jubilados y jubiladas para acceder a los mismos.

En este marco, el juzgado ya dictó medidas cautelares, en el mismo sentido de lo solicitado por los entrerrianos, para Mendoza, Tucumán, Salta, Córdoba y CABA, consignó Babel Digital.

Entre los argumentos que fundaron el reclamo se encuentran que “los derechos de los adultos mayores son progresivos, no regresivos”. O sea, que si los jubilados tenían un derecho reconocido (los medicamentos en este caso) no se los pueden quitar.

Otro de los puntos fue que el PAMI no podría justificarse en cuestiones económicas, ya que hace pocas semanas el Gobierno Nacional, del que la obra social recibe fondos, decidió no cobrar unos 1.700 millones de dólares al sector agroexportador. El resúmen sería: “No hay dinero para los medicamentos de los adultos mayores, pero sí para los que exportan”.

Fuente: Ahora

Una nueva marcha de jubilados se registraba en la tarde de este miércoles en las inmediaciones del Congreso, donde el Ministerio de Seguridad desplegaba un fuerte operativo policial en cumplimiento del protocolo antipiquetes.

Los jubilados se movilizaban como todos los miércoles en reclamo de un incremento en sus ingresos y contra las políticas de ajuste del gobierno de Javier Milei.

Fuentes oficiales indicaron que la Policía Federal estaba a cargo del primer anillo de seguridad, mientras los efectivos de la Policía de la Ciudad se mantenían en un segundo anillo.

El miércoles último la Policía de la Ciudad había detenido a tres personas como consecuencia de los incidentes registrados en la movilización.

Fuente: NA

La Canasta Básica del Jubilado trepó 26,12% en los últimos seis meses y ya supera el $ 1.500.000, con mayor incidencia de gastos en alimentos y medicamentos, según expuso un relevamiento de la Defensoría de la Tercera Edad. La cifra expone el ajuste sobre los ingresos que sufren los adultos mayores, que perciben un bono que está congelado 

La medición que contempla los costos de las principales necesidades de los jubilados alcanzó un valor de $1.514.074, lo que implica un incremento por encima del 26% respecto al $1.200.523 calculado en abril.

La cifra que exhibe actualmente la canasta se compone en un 27% por consumo de medicamentos, que ascienden a $ 402.880; un 23% de gastos de alimentación, que escalan a $ 348.000; un 19% está asociado a vivienda, que demanda $294.000; y un 7% se va en limpieza con un costo de $107.444, entre otros.

El reporte explicó que los valores surgen de “la compulsa de los centros urbanos del país, en donde viven más personas mayores”, precisando que “el relevamiento se hace en la Ciudad de Buenos Aires, el conurbano bonaerense, las ciudades de Mendoza, Córdoba y Rosario”. Al analizar los números, desde la entidad sostienen que se trata de “una historia que se repite”, señalando que “los nuevos datos de la Canasta Básica de los Jubilados ratifican la situación de precariedad y miseria en la que se hunde cada vez más el sector”.

En este sentido, hacen hincapié en la disparidad que existe entre el costo de una canasta básica ($1.514.074) y el monto de la jubilación mínima ($ 390.214 con bono en septiembre), la cual tienen cuatro millones y medio de jubilados. Lo mismo sucede con los beneficiarios de la Pensión Universal para Adultos Mayores (PUAM) y con los que perciben pensiones no contributivas que el mes pasado cobraron $326.222, con el bono de $70.000 incluido.

Considerando las proyecciones de inflación del REM-BCRA para los próximos 12 meses  y la cantidad de beneficiarios titulares del Sistema Integrado Previsional Argentino, se estima que el veto de Milei implica una pérdida agregada de $ 468 mil millones mensuales para los jubilados del país, de acuerdo a un informe del CEPA.

Esta cifra alcanza $ 5,6 billones en los próximos 12 meses para el conjunto de 6.104.055 jubilados y jubiladas de Argentina. Este cálculo surge de la no actualización del bono a $ 110.000 —que debía ajustarse luego por inflación— y de la no recomposición del 7,2% correspondiente al saldo pendiente de la inflación de enero 2024.

Esta pérdida no solo impacta directamente sobre los ingresos de un sector vulnerable, sino que también se traduce en una menor actividad económica.

Una serie de incidentes con empujones y corridas se registraron este miércoles en las inmediaciones del Congreso durante una nueva marcha de jubilados, en una protesta que fue reprimida con gas lacrimógeno por parte de los efectivos de seguridad.

Organizaciones de jubilados, acompañados por centrales sobreras volvieron movilizarse hoy en la Plaza Congreso Congreso en rechazo al ajuste del Gobierno de Javier Milei y contra el veto presidencial a la ley que establecía aumentos para el sector previsional.

Como parte de la represión los efectivos de la Policía Federal demoraron a un hombre, de nombre Víctor, que desde su detención en un vehículo policial señaló en declaraciones a los medios presentes que los gendarmes lo “golpearon en la espalda” y lo detuvieron sin mediar explicaciones.

Los montos de las jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares se actualizan según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) que calcula el Indec.

En agosto, el IPC se ubicó en 1,9%, por lo que los haberes se ajustarán en ese mismo porcentaje, conforme a lo establecido en el Decreto 274/24. Al aumento mensual se le suma el bono extraordinario de $70.000, que se mantiene congelado desde marzo de 2024.

Cuánto será la jubilación mínima en octubre 2025

En octubre, la jubilación mínima aumentará de $390.277,18 a $396.298,38, correspondientes a $326.298,38 más el bono de $70.000. Por su parte, la jubilación máxima pasará de $2.154.562,04 a $2.195.498,72.

Cabe señalar que quienes cobran haberes máximos no reciben el bono, ya que esta ayuda extraordinaria está destinada únicamente a jubilaciones y pensiones que no superen el monto mínimo.

Este mes, quienes perciben la Prestación Universal para el Adulto Mayor (PUAM) cobrarán $256.221,74, sumado al bono de $70.000, por lo que el total ascenderá a $326.221,74.

Por su parte, los titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez o vejez recibirán $224.194,02, que con el bono de $70.000 alcanzarán un total de $294.194,02.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS) continúa realizando los pagos de jubilaciones y pensiones correspondientes octubre 2025, según la terminación del DNI. A continuación, el cronograma de cobros.

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo: cuándo cobro en octubre de 2025

DNI terminados en 0: a partir del 8 de octubreDNI terminados en 1: a partir del 9 de octubreDNI terminados en 2: a partir del 10 de octubre (podría cambiar por el feriado)DNI terminados en 3: a partir del 13 de octubreDNI terminados en 4: a partir del 14 de octubreDNI terminados en 5: a partir del 15 de octubreDNI terminados en 6: a partir del 16 de octubreDNI terminados en 7: a partir del 17 de octubreDNI terminados en 8: a partir del 20 de octubreDNI terminados en 9: a partir del 21 de octubre

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo: cuándo cobro en octubre de 2025

DNI terminados en 0 y 1: a partir del 22 de octubreDNI terminados en 2 y 3: a partir del 23 de octubreDNI terminados en 4 y 5: a partir del 24 de octubreDNI terminados en 6 y 7: a partir del 27 de octubreDNI terminados en 8 y 9: a partir del 28 de octubre

El Gobierno nacional oficializó que pagará el bono de hasta $70.000 para jubilados y pensionados con haberes mínimos en septiembre de 2025. La medida fue publicada en el Boletín Oficial a través del decreto 613.

El bono está destinado a quienes perciben prestaciones contributivas que no alcancen el haber mínimo de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y pensiones no contributivas por vejez, invalidez y madres de siete hijos o más.

El decreto establece que el bono será de hasta $70.000 para quienes perciban un monto igual o menor al haber mínimo previsional garantizado, conforme al artículo 125 de la Ley 24.241.

Cuánto cobrarán los jubilados en septiembre de 2025

Si bien resta la oficialización, tras el último dato de inflación del INDEC se supo que la jubilación mínima será de $390.277,17, incluido el bono extraordinario de $70.000.

La jubilación mínima será en septiembre de $320.277,17 sin el bono, tras el aumento del 1,9% que se fijó en línea con la inflación de julio.

Fuente: Ahora

Este miércoles la Cámara de Diputados llevó a votación dos de los cuatros vetos presidenciales. Primero fue la Emergencia en Discapacidad que con 172 votos rechazó la medida anunciada por Milei. Luego fue el turno de un aumento en las jubilaciones que, a pesar de haber logrado mayoría, quedó a seis votos de llegar al mínimo necesario para insistir con la ley.

La decisión de acompañar o no los vetos por parte de los legisladores entrerrianos en algunos casos se vieron modificados. La diputada Marcela Antola (Democracia para Siempre) en la Emergencia voto a favor de insistir en la Ley pero en el aumento de las jubilaciones se abstuvo. El otro que presentó cambio entre ambos expedientes fue Atilio Benedetti (UCR) ya que en el primero estuvo ausente mientras que en el segundo votó en contra de promulgar un incremento para los jubilados.

Los legisladores que si mantuvieron su voto en ambas votaciones fueron los pertenecientes a Unión por la Patria: Gustavo Bordet, Blanca Osuna, Carolina Gaillard y Tomas Ledesma. Los cuatro votaron afirmativo en que tanto la Emergencia en Discapacidad como el aumento en jubilaciones se convirtieran en Ley.

Quienes tampoco modificaron sus votos fueron Nancy Ballejos (PRO), Beltrán Benedit (LLA) y Francisco Morchio (Encuentro Federal). La diferencia con los del Bloque de UxP fue que los tres legisladores acompañaron el veto de Milei en ambos expendientes.

Fuente: APF

La oposición consiguió dos tercios de los votos y aprobó insistir con la Ley de Emergencia en Discapacidad que había sido vetada por Javier Milei. Pero más tarde no pudo repetir ese resultado y quedó firme la anulación de la suba jubilatoria. 

La oposición no llegó a los dos tercios de votos necesarios para que insistir con la Ley vetada por Milei que disponía un bono a los haberes previsionales. Hubo 160 votos afirmativos y 83 negativos.

Unión por la Patria, Encuentro Federal, Democracia para Siempre, la Coalición Cívica, el Frente de Izquierda y un sector del bloque de la UCR votaron en contra del veto, mientras que La Libertad Avanza y el PRO se abroquelaron y levantaron un muro para defender la decisión presidencial.

La diputada nacional del Frente de Izquierda Vilma Ripoll instó a “quebrar este veto indigno al presidente Milei y después ir por todo”.

Su compañero de bancada Alejandro Vilca aclaró que “este proyecto no es una solución sino que es algo paliativo”.

“Hay que tirar abajo este nefasto veto de Javier Milei, para defender la jubilación digna”, exhortó el jujeño del FIT.

A su turno, el jefe del bloque de la Coalición Cívica, Juan Manuel López, sostuvo que “el ajuste que quieren hacer es intolerable”.

“Siempre estuvimos para recomponer de manera razonable y responsable, sin impedir el plan de estabilización al gobierno de Milei”, añadió.

En tanto, el jefe de bloque de Democracia para Siempre, Pablo Juliano, advirtió a los diputados que habían votado a favor cuando se aprobó la media sanción de la ley, y que ahora podrían revisar sus posturas para ayudar al Gobierno.

"Si vos venís a transfugar tu voto acá y traicionás a los jubilados que no pueden llegar a fin de mes, no sos digno de estar sentado en estas bancas", remarcó.

"No podés decir una cosa hace media hora y darte vuelta. No lo podés hacer. No hay llamado del gobierno nacional, no hay llamado del gobernador de tu provincia, no hay llamado de nadie que te tenga que dar vuelta el voto, agregó. 

A su turno, el diputado del MID Eduardo Falcone ratificó que “hay fuentes alternativas” para financiar el aumento a los jubilados, por lo que ratificó el apoyo de su espacio a la ley.

La diputada nacional del PRO Silvana Giudici aseguró que este “conjunto de medidas” que impulsa la oposición basado en una “narrativa de la sensibilidad “tiraría por la borda el esfuerzo que se le ha pedido a los argentinos en estos 22 meses” del Gobierno de Milei.

“Lo que buscan es volver al pasado. No quiero ser cómplice del fracaso de la Argentina”, enfatizó la legisladora cercana a Patricia Bullrich.

El jefe del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, apuntó contra los que “están mirando para otro lado” en este debate luego de haber colaborado con la media sanción de la ley de aumento jubilatoria el 4 de junio pasado.

El santafesino habló de posibles “prebendas” a gobernadores como herramienta de presión para que algunos diputados cambien su voto y blinden el veto de Milei, por lo que pidió ser “serios” y “responsables” para “defender los derechos de los jubilados”.

Francisco Monti (Liga del Interior-LLA) llamó a “terminar con décadas de voluntarismo” y afirmó que "es mucho más fácil levantar alguna bandera con demagogia y discursos bonitos".

“Pero venimos aquí con responsabilidad a defender el principal ancla que tiene el plan de estabilización que es el programa fiscal”, explicó el catamarqueño.

En la misma sintonía, el libertario Álvaro González justificó la defensa del veto y señaló que la ley se presenta como “solidaria” pero no lo es.

“Esconde una trampa que es aumentar el gasto publico, atacar el equilibrio fiscal, y para colmo sin decir ninguna fuente de financiamiento. Es decir que buscan pan para hoy y hambre para mañana”, concluyó el mendocino. 

La sesión continúa con una larga lista de temas, con la extensión de la moratoria previsional y la asistencia a Bahía Blanca tras el temporal. Además, tratarán los proyectos de los gobernadores para repartir ATN y una propuesta de Julio Cobos para modificar el huso horario,

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, dijo que el Ejecutivo “no podrá cumplir” las leyes si la oposición logra revertir los vetos presidenciales a los proyectos de Emergencia en Discapacidad y al aumento de haberes jubilatorios. Según el funcionario, el Poder Ejecutivo no cuenta con recursos para responder a esas obligaciones y cuestionó tanto el procedimiento parlamentario como las motivaciones políticas detrás de las iniciativas.

El jefe de la cartera política remarcó que los proyectos opositores carecen de dictamen de comisión, punto que los obliga a reunir dos tercios de los votos para su tratamiento en el recinto y la insistencia sobre los textos ya vetados. “Creo que el veto que dictó el Presidente, con una argumentación de 30 páginas, e ir al recinto sin un dictamen de comisión me parece poco serio”, expresó Francos en diálogo con Mitre.

Según el funcionario, la oposición apunta a una sanción “absolutamente política” con la mira puesta en las próximas elecciones. “Ven que el Gobierno está fuerte en el consenso popular para las elecciones y quieren horadar”, aseveró el ministro.

“Si vamos a ser legalistas, deberían estar en el Presupuesto. No puede el Poder Legislativo decirle cómo gastar”, insistió. Según su planteo, “no tenemos recursos para enfrentar esto, claramente no nos pueden hacer cumplir”, advirtió, y agregó que la única alternativa, emitir dinero, “tampoco lo vamos a hacer porque es una política central de este Gobierno no emitir y no tener déficit”.

El funcionario relacionó los vetos y las discusiones recientes con los criterios adoptados por gestiones anteriores. Alertó sobre el riesgo de regresar a un esquema económico caracterizado por la emisión sin respaldo y la inflación. “Si no, volvemos a la etapa kirchnerista que todo se soluciona con dinero imaginario. Eso hace volver a la inflación. Y la gente no quiere más inflación. La gente quiere estabilidad, no quiere inflación”, enfatizó.

En respuesta a preguntas sobre la emisión monetaria, Francos se refirió al rumbo que sigue la Casa Rosada desde el inicio del mandato actual. “Desde que anunció el Presidente que no se emitía y que quedaba esta base monetaria no emitió un peso más. En su momento, cuando hubo que comprar dólares, se emitió. Estoy hablando de hace meses, casi el año pasado”, aclaró el ministro.

La situación de los jubilados y personas con discapacidad también ocupó lugar central en el debate. Un sector de la oposición responsabilizó al Gobierno nacional de mostrarse “cruel con los jubilados y los discapacitados”. Frente a esa acusación, Francos replicó: “No hay mayor crueldad para los sectores más carentes de la población que la inflación”.

El gobierno de Javier Milei enfrenta una mega sesión en la Cámara de Diputados con una agenda muy incómoda por su alto impacto social y fiscal.

La oposición viene envalentonada tras haber logrado una contundente victoria legislativa hace dos semanas, cuando se dio media sanción al aumento del financiamiento universitario y la emergencia en pediatría, y se rechazaron media docena de decretos delegados. Y a eso se suma el inicio de la campaña, que obligará a muchos a pensar detenidamente su posición para no perder votos en la recta final de la carrera electoral.

El gobierno de Javier Milei enfrentará hoy una mega sesión en la Cámara de Diputados con una agenda muy incómoda por su alto impacto social y fiscal. A pocas horas del inicio del debate, el panorama todavía es incierto porque las recientes tensiones con los gobernadores por el reparto de fondos y los “heridos” que dejaron los cierres de listas en todas las provincias podrían inclinar la balanza en contra de los libertarios.

La oposición viene envalentonada tras haber logrado una contundente victoria legislativa hace dos semanas, cuando se dio media sanción al aumento del financiamiento universitario y la emergencia en pediatría, y se rechazaron media docena de decretos delegados. Y a eso se suma el inicio de la campaña, que obligará a muchos a pensar detenidamente su posición para no perder votos en la recta final de la carrera electoral.

“Que quede claro quiénes apoyan y que los que votan en contra de los jubilados y discapacitados paguen el costo político”, resumía un diputado dialoguista la semana pasada, cuando aún se debatía si era conveniente incluir tantos temas “pesados” en una misma sesión. Esa discusión la ganaron los que proponían ir al recinto lo más rápido posible: en parte porque saben que será más difícil que todos los diputados estén presenten en la etapa final de la campaña electoral (“Van a estar militando en sus provincias, ¿cómo los traés?”, reconoció una diputada peronista) y también porque mezclar iniciativas garantizará el quórum.

Justamente por eso la oposición repitió la táctica de la última sesión y los proyectos relacionados con los fondos que reclaman las provincias irán en el medio y al final del debate. Una forma de evitar que los gobernadores vacíen el recinto después de aprobar los proyectos que les interesan. “Si quieren los fondos, que voten primero las jubilaciones”, sintetizaron entre los dialoguistas.

El primer tema de la agenda será la insistencia con la declaración de emergencia en discapacidad. Esta ley, aprobada por amplia mayoría y vetada por Milei por su impacto fiscal, aumenta las pensiones y también indexa por inflación las prestaciones profesionales. Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, la medida tendría un impacto de entre el 0,22% y el 0,42% del PBI. Ante la consulta de Infobae, tanto en la oposición como en el oficialismo coincidían en que tiene muchas chances de ser aprobada (rechazar el veto).

Luego seguirá el aumento del 7,2% para las jubilaciones y pensiones, y el incremento del bono, que iría de $70 mil a $110 mil (después se actualizará por inflación). Estas leyes también fueron vetadas por Milei y para la OPC representan un gasto del 0,7% del PBI. En este caso, el panorama no está claro y será determinante el rol de la UCR y de los gobernadores.

En tercer lugar se debatirá el proyecto para repartir con las provincias de forma automática los Adelantos del Tesoro Nacional (ATN). Esta iniciativa llega con media sanción del Senado y el respaldo de todos los gobernadores. Sin embargo, cuando se debatió en comisión, los libertarios hicieron una propuesta intermedia en su dictamen de minoría y sumaron el apoyo de los alfiles de los gobernadores Alfredo Cornejo (Mendoza), Ignacio Torres (Chubut) y Marcelo Orrego (San Juan). Otros mandatarios provinciales reconocieron que “estudiarían” la propuesta, especialmente teniendo en cuenta que, aunque sea menos beneficiosa, no sería vetada.

El temario se completa con el proyecto para destrabar la comisión $Libra, que nunca comenzó a funcionar porque el empate de fuerzas impidió elegir a un presidente. La nueva iniciativa, que se dictaminó la semana pasada, establece mecanismos para elegir autoridades en caso de igualdad de votos. “Si se produce un empate, se designará presidente al miembro propuesto que cuente con el respaldo de los bloques parlamentarios que representen la mayor cantidad de diputados en la Cámara”, señala.

También se tratarán proyectos para modificar los husos horarios -para ahorrar energía- y una actualización de montos para el delito de evasión tributaria.

Después la oposición intentará revertir el veto a la declaración de emergencia en Bahía Blanca. Este proyecto había sido incluído originalmente en el temario de la última sesión pero se quitó a último momento por falta consenso.

Para el final quedará el rechazo al veto a la moratoria previsional y el proyecto para coparticipar el impuesto a los combustibles líquidos. La primera iniciativa propone restituir el sistema que permitía que las personas sin los 30 años de aportes pudieran comprar los saldos faltantes para acceder a la jubilación mínima. Este proyecto no cuenta con el apoyo mayoritario de los bloques dialoguistas por lo que el veto presidencial probablemente será ratificado.

En cuanto al impuesto a los combustibles líquidos, que se tratará último para evitar que los gobernadores saboteen el quórum, la Casa Rosada también hizo una contrapropuesta durante el debate en comisión. Aunque desde las provincias aún no dieron ninguna señal pública.

Los votos que definirán el resultado

El año pasado el gobierno nacional logró blindar dos vetos presidenciales (jubilaciones y universidades) gracias al apoyo del PRO, el MID, los “radicales con peluca” y algunos gobernadores. Pero esta vez podría enfrentar algunos problemas para volver a conseguir “87 héroes” que defiendan a capa y espada el equilibrio fiscal.

En la oposición se entusiasman con algunos indicios. Por ejemplo, el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, publicó un mensaje en sus redes sociales en el que rechazaría el veto a la emergencia en discapacidad. “Argentina no va a salir adelante dándole la espalda a quienes más lo necesitan”, dijo el mandatario provincial. Si bien no dio detalles sobre su posición respecto a las jubilaciones, sus diputados más cercanos votaron a favor de la media sanción.

Cerca del gobernador de Tucumán Osvaldo Jaldo aseguraron que el bloque independencia seguirá respaldado el aumento jubilatorio y la emergencia en discapacidad. El mandatario dijo hace un mes que “no coincidía” con las decisión de Milei de vetar las leyes.

La posición de Jaldo es importante porque había sido el primero en romper el bloque peronista para marcar su buena sintonía con el gobierno de Milei y lo apoyó sin fisuras en casi todas las votaciones hasta el momento. Además, sus tres diputados (Agustín Fernández, Elía Marina Fernández y Gladys Medina) habían formado parte de los “87 héroes” que el año pasado vetaron el aumento de las jubilaciones.

Cuando se trató el aumento jubilatorio por primera vez en Diputados también recibió el apoyo de dos diputadas salteñas de Innovación Federal que responden directamente el gobernador Gustavo Sáenz. La relación entre el líder salteño y la Casa Rosada no atraviesa el mejor momento, tras las elecciones legislativas provinciales donde perdió a manos de los libertarios en Salta capital.

Por su parte, el PRO también esconde algunas incógnitas ya que el acuerdo electoral en provincia de Buenos Aires y en CABA dejó algunos inconformes, como María Eugenia Vidal, que junto a otros 8 compañeros de la bancada amarilla se abstuvo cuando se aprobó la media sanción. Vidal criticó públicamente el acuerdo con los libertarios en capital y difícilmente acompañe al Gobierno.

También hubo 9 abstenciones en el bloque UCR. Su presidente, Rodrigo de Loredo hizo todo lo posible para cerrar una alianza con los libertarios en Córdoba pero no lo logró. Por eso se abre una incógnita sobre qué harán los representantes del partido centenario ahora que quedaron superadas las negociaciones electorales. Los representantes de Mendoza Lisandro Nieri y Pamela Verasay, cercanos al gobernador Cornejo, ya dejaron trascender que jugarán con el oficialismo. El resto aún no se definió públicamente.

En la previa de la sesión, desde la oposición salieron a aclarar que las abstenciones favorecen al Gobierno porque aumentan el umbral para llegar a los dos tercios. En cambio, en caso de ausentarse, se necesitan menos votos para alcazar la mayoría especial. “Votar afirmativo = defender la ley y a los jubilados. Votar en contra o abstenerse = defender al Gobierno”, sintetizó el diputado Oscar Agost Carreño, flamante candidato del PRO “no macrista” en Córdoba.

Fuente: Infobae