El Día Ahora

Sergio Urribarri afirmó que "recibí el respaldo de funcionarios nacionales"

2026-04-01T17:40:14+00:00

En ese marco, insistió en que la condena en su contra no tiene base probatoria. Aseguró que los entrerrianos y argentinos están “mal informados”. Descartó que su cuñado Juan Pablo Aguilera sea propietario de Formato Urbano y cuando se le preguntó por la existencia de un documento de propiedad, mintió al decir que “no existe”.

Por otra parte, negó también que su foto haya estado en el parador de Mar del Plata. Consultado sobre su evolución patrimonial, dijo que tiene “una casa en Concordia, un vehículo, una sociedad con sus hijos y una casa en el lago de 200 o 250 metros, algo así”.

Asimismo, Sergio Urribarri admitió que es “amigo” del empresario paraguayo Diego Armando Cardona Herreros y confundió: “Me sobreseyeron en esa causa porque no hay pruebas y demoraron 23 meses”, cuando la decisión se tomó sólo en base al fallo “Cozzi” porque Fiscalía excedió los plazos procesales previstos en el Código Procesal Penal (CPP) de la provincia.

Además, mencionó el jury contra la fiscal Anticorrupción Cecilia Goyeneche, y culpó a “un sector de la política, la prensa y la justicia” por instalar una historia que no es. “Me sacaron de la cancha pero las pruebas no existen”, insistió.

- Urribarri, usted dice que no robó ¿No sospecha de su cuñado?-- retrucó Tenembaum al final de la entrevista.

- "No hay pruebas Ernesto. Mi cuñado se comió una tapa de un semanario que usted conoce intentando vincularlo con los Panamá Papers", contestó Urribarri, en referencia a aquella edición de Análisis en la que se publicaron los viajes al exterior del cuñado, uno de los cuales fue al país caribeño, paraíso fiscal, pero nunca refiriendo a los Panamá Papers.

"Antes de ayer se contó que en el programa radial de Antonio Tardelli, columnista de Daniel Enz, que Rogelio Frigerio fue visitado por Cecilia Goyeneche y el procurador para que interceda en el jury. Hay una relación entre el marido de Goyeneche, Frigerio y la ex viceintendenta de Paraná. Hay una relación política", subrayó en el mandatario.

Los organismos de control habían observado las contrataciones de publicidad

2021-11-15T00:00:00+00:00

El ex ministro Pedro Báez quedó expuesto en el juicio donde se investiga el desvío de fondos públicos a través de campañas publicitarias para financiar la candidatura presidencial de Sergio Urribarri, a partir de las revelaciones de que la Contaduría General de la Provincia y el Tribunal de Cuentas habían objetado el modo en que se realizaban esas contrataciones porque no respetaban las formalidades legales. Así quedó expuesto durante la declaración del contador Héctor Enrique, integrante del Gabinete Pericial Contable del Ministerio Público Fiscal, que tuvo a su cargo el análisis de los expedientes de publicidad correspondientes al período 2010-2015. El contador reveló detalladamente además cómo funcionaban los esquemas de devolución de dinero que habría recibido Juan Pablo Aguilera, cuñado del ex gobernador, tanto por la cartelización de las contrataciones de publicidad en la vía pública como por la instalación del parador playero en Mar del Plata, que la fiscalía asegura que tenía como objetivo promocionar la figura de Urribarri. De acuerdo con la acusación, entre 2010 y 2015, Urribarri y Báez “sustrajeron fondos públicos” por un monto total de 24.204.918,69 pesos y los direccionaron a favor de las empresas TEP SRL y Next SRL, que se le atribuyen a Aguilera, a través de un sistema de cartelización que consistía en realizar una simulación en la distribución de la publicidad hacia otras empresas. El contador logró reconstruir que, en 2010, a la empresa TEP SRL se le asignó el 40 por ciento de la publicidad en la vía pública; Emiliano Giacopuzzi, que figuraba en los papeles como dueño de la firma, recibió el 4 por ciento; mientras que Fernando Montañana y Jesús José María Bustamante recibieron el 25 por ciento cada uno. Aunque los porcentajes asignados a cada empresa varían en los años siguientes, los fiscales aseguran que gran parte de los montos que recibían las otras firmas era reembolsado a Aguilera casi en su totalidad. Sin embargo, el contador Enrique aseguró que “en 2010, se advirtió que el encuadre legal (que se les dio a las contrataciones de publicidad en la vía pública) no sería adecuado porque no se hizo una compulsa de precios y entonces no se puede determinar si los pagos se corresponden con los valores de mercado”, dijo citando un informe del Tribunal de Cuentas. Del mismo modo, detalló objeciones realizadas por el Tribunal de Cuentas a contrataciones realizadas en 2013 y 2014 porque, de acuerdo con los informes que leyó ante el tribunal, “no se habría aplicado cabalmente la legislación vigente”. El testimonio resulta de gran relevancia porque ataca el principal argumento esgrimido por los abogados defensores en cuanto a que las contrataciones se hicieron cumpliendo con los mecanismos institucionales y contaron con la aprobación y verificación de los organismos de control establecidos por la Constitución Provincial, es decir, la Contaduría General, la Tesorería, la Fiscalía de Estado y el Tribunal de Cuentas. Sin embargo, el contador Enrique señaló que la Contaduría General de la Provincia también planteó objeciones porque advirtió se habían emitido órdenes de publicidad a favor de proveedores con una fecha anterior a que estos presentaran propuestas de publicidad. “Las fechas de inicio del expediente y la nota del proveedor inician con posterioridad a la fecha de la orden de publicidad”, explicitó. En todos los casos, las órdenes de publicidad estaban firmadas por el entonces gobernador Urribarri y el ministro de Cultura y Comunicación, Pedro Báez. En ese marco es que Enrique citó un informe de la Contaduría General de la Provincia en el que se advierte que “las autorizaciones deberán ser previas a la realización del gasto, excepto que medien probadas razones que justifiquen su aprobación posterior”. En algunos casos, las órdenes de publicidad se emitían hasta seis meses antes de la fecha de inicio del expediente administrativo y en otros casos se emitían para prestar servicios de publicidad en fechas anteriores. El parador en espejo El esquema de devolución se replicó también en la instalación del parador playero de Mar del Plata, en enero de 2015, de acuerdo con el informe que expuso el contador ante el tribunal que integran José María Chemez, Carolina Castagno y Elvio Garzón. La instalación del parador estuvo a cargo de la empresa El Juego en que andamos SRL, a la que se le abonaron 14.561.870 pesos. Pero una parte, que se estima en una suma cercana a los 4,5 millones de pesos, habría retornado a Aguilera en efectivo, por medio de transacciones bancarias y también a través de la emisión de facturas de otras empresas a favor de El juego en que andamos. Lo que explicó el contador Enrique es que para efectivizar el esquema de devoluciones se utilizaron facturas que simulaban servicios prestados por las empresas Visual Ilusion, Megaprint SA, Phillips, Wall Street Vía Pública –que pertenece a Enrique Albistur, histórico empresario de publicidad, ex secretario de Medios durante los gobiernos kirchneristas y dueño del departamento donde vivía Alberto Fernández hasta que asumió como Presidente de la Nación– y Fredy Publicidad SRL, a favor de El juego en que andamos. En total, según el informe contable, sumarían 2.807.500 pesos, que volvieron a las cuentas de TEP SRL y Next SRL. El esquema de devolución, dijo el contador, está validado por la información aportada por el fisco, los datos extraídos por la propia empresa y los registros bancarios. “La emisión de facturas por distintas personas en favor de la firma El juego en que andamos SRL simulan la existencia de una operatoria comercial normal. La simulación se da por la existencia de documentación de las operaciones que no se han efectivamente materializado, careciendo así de sinceridad”, consignó Enrique en el informe sobre el que expuso en el juicio. En ese esquema resultó trascendental el rol de Corina Cargnel, contadora de las empresas TEP y Next, porque era la persona que gestionaba la confección de facturas con las empresas subcontratadas e intermediarias y también los retornos. “El rol de Corina Cargnel es el de administradora principal de las finanzas de TEP y Next; sobre ella están los dueños, sobre ella están los socios”, aseguró Enrique. “Juan pablo Aguilera es el socio, dueño de las empresas y ella le vuelca la información para que tome decisiones sobre determinadas cuestiones de inversión”, agregó el contador. Fuente: Página Política

¿Qué dijo Vitagliano sobre su vínculo con Aguilera y la campaña del FpV en Entre Ríos?

2021-11-09T00:00:00+00:00

Carlos Eduardo Vitagliano está ligado a diversos rubros y tuvo negocios en paralelo con TEP y Next y con Aguilera con su empresa Visual Illusion. El presidente de Visual Ilusión SA contó, este martes, que ofreció a Juan Pablo Aguilera ser socio de su firma gráfica, luego de concluir la campaña política del Frente para la Victoria (FpV) en 2015. “Yo se lo ofrecí. Después Juan Pablo Aguilera desapareció. Está bien, yo lo entiendo, se quedó sin nada”, dijo en el Salón de Actos del Superior Tribunal de Justicia. Unos minutos después, la fiscal Patricia Yedro le mostró al empresario un contrato donde Visual Ilusión vendía el 50 por ciento de sus acciones a Tep SRL. En ese documento, Emiliano Giacopuzzi aparece como gerente de Tep. En las cláusulas, debajo del documento, se establecía “que no se incluya la actividad textil y los bienes afectados a ella”. –¿Emiliano Giacopuzzi que figura como gerente de Tep en ese contrato es el mismo Emiliano que usted declaró que fue a visitarlo en Visual Ilusión? –preguntó la fiscal Yedro. La consulta no fue respondida por oposición de los defensores que no podían ver el documento completo. –Señor presidente, acá hay algo raro porque yo no tengo cónyuge, soy soltero. El documento dice de conformidad de su cónyuge presente en el acto –interpuso el testigo. –¿Conoce este documento, lo firmó, sabe a qué se refiere? –repreguntó la fiscal. –No, yo no vendí mi empresa nunca. Le cedí el 50 por ciento a mi sobrino hace dos años, él la levantó. Este tipo de operaciones, cuando usted está en el mercado viene alguien y le dice que quiere, usted le dice ponga la plata y te doy la empresa. Yo no vendía, la opción que siempre busqué fue capitalizar mi empresa. Campaña política del PJ El testimonio de Vitagliano fue extenso y confuso. Se mostró ofuscado. En reiteradas oportunidades apeló a su trayectoria profesional y empresarial. “Soy el segundo en gráfica digital del país”, soltó. De hecho, contó que su empresa provee puntos de venta a Carrefour, Jumbo, YPF, y presta servicios a otras empresas grandes con asiento en el país, a las que mencionó. “No sabía que ustedes tenían mis conversaciones privadas con otro privado”, se encolerizó cuando le mostraron chats de WhatsApp con la contadora Corina Cargnel. Desconoció vínculo entre Juan Pablo Aguilera y Formato Urbano. Se limitó a decir que toda su relación con Aguilera se debió a la campaña política del PJ, aunque reconoció que Corina Cargnel estaba vinculada tanto a Aguilera como a la empresa Tep. Dijo también que trabajar con la campaña política del Frente para la Victoria en Entre Ríos, con Aguilera como intermediario, le dejó “un calvo” pero decidió pasar página. “La etapa de Entre Ríos se terminó en mayo de 2016 y dejó un clavo. La sigo peleando y gracias a Dios tengo a Leonardo -de la Casa, su sobrino- que se hizo cargo del 50 por ciento de la empresa, removió a todos, echó a todos y tomó personal nuevo”. Cuando comenzó su testimonial, el fiscal Gonzalo Badano le preguntó por la empresa El Juego en que andamos y por Gerardo Caruso. El empresario dijo no recordar nada. Entonces le hicieron leer un correo que él mismo envió a Fiscalía, en el cual refirió trabajos con esa empresa. Cabe señalar que El juego en que andamos de Caruso contrató con el gobierno de Entre Ríos, a través del Ministerio de Turismo. A fines de 2014 el Gobierno destinó dinero con carácter de urgencia para instalar el parador en la playa La Perla de Mar del Plata. “No tengo idea del trabajo para El juego en que andamos. Si contesté esto, lo debo haber buscado en su momento. Me hicieron una consulta, seguramente pregunté, me dieron el detalle y contesté”, dijo, en referencia al mensaje que él mismo escribió, donde habló de un trabajo promocional para la provincia de Entre Ríos y en el cual envió una factura emitida por Visual Ilusión a El juego en que andamos. Agregó que “por práctica no trabajo con gobiernos”. En otro tramo, su relato giró sobre la empresa Tep y Next. Fue en esa parte de su testimonio que contó de su relación con Juan Pablo Aguilera. “Tep y Next son dos impresores pequeños de Entre Ríos. Recibí una llamada de un especialista en colorimetrista por esas empresas. Me preguntó si podía, permitía que su socio le fuera a dar mano a empresas de Entre Ríos en impresión, creo que de cama plana”, recordó. “Creo que Reynaldo habló con un chico que se llama Emiliano e hicimos como pseudo alianza porque lo que hacíamos para supermercados, lo podían vender Tep y Next. Creo que nos hicieron algo para Carrefour cuando se nos quebró una máquina”, ahondó. Declaró que ese vínculo comenzó entre 2014 o 2015. La empresa de Vitagliano realizó trabajos en el marco de la campaña del Frente para la Victoria en Entre Ríos. Le hicieron leer un correo que él mismo mandó a los fiscales contando que en determinado momento, en su empresa lo visitó Cargnel y Giacopuzzi, interesados en comprar máquinas, que la contadora le presentó a Aguilera que era “jefe de la Casa de Entre Ríos”. También le mostraron numerosos pasacalles impresos en Visual Ilusión con candidatos del peronismo. Unos minutos más tarde, respondiendo a las preguntas de la fiscal Yedro, el testigo negó un vínculo contractual entre Visual Ilusión y Tep. Inmediatamente le mostraron un contrato de managment entre las dos firmas. Es decir, un acuerdo de poder de administración entre las dos empresas. “Usted ya explicó que es socio con su sobrino de su empresa. Pero en algún momento ¿cedió acciones de su empresa?”, consultó la fiscal. “En realidad pasamos muy mal la etapa de Macri. Cuando terminó la etapa de Aguilera, teníamos un proyecto. Había hablado de un proyecto de continuidad con equipamiento y máquinas. Toda la estrategia la tengo en la cabeza. Habíamos hablado que cuando se terminara la campaña política, Juan Pablo Aguilera podía ser socio. Yo le había dado esa posibilidad. Y la verdad fracasó, se terminó la campaña y Aguilera despareció. Yo lo entendí, se quedó sin nada. Yo le di la posibilidad si quería ser socio de Visual pero para eso nos tomamos la campaña política para ver cómo funcionábamos como socios. En ese momento estaba buscando una salida porque estaba cansado de la gráfica, no me daba los resultados que esperaba. Lo que ofrecía es que el dinero se ponga en la empresa, se compren máquinas, se restructure y vaya para adelante. Pero eso no funcionó”, contó. Refirió en ese sentido a la compra de una máquina de mesa de corte Esco del exterior, por la cual tomó un crédito que aún no terminó de pagar. “Me costó 230 mil euros, puse 20 mil euros a fines de 2015 y lo demás se financió. Se refinancié tres veces. Hoy debo 125 mil euros. El año 2017, 2018 y 2019 fueron muy malos para mí y toda la ganancia que saco en mi estudio de abogados la puse en Visual Ilusión”, acotó. Manifestó además que a Aguilera lo conoció mientras estaba en la Casa de Entre Ríos. “El Instituto del Seguro estaba por perder contrato de la ART de San Juan, había salido en los diarios. Entonces pregunté por alguien en la Casa de Entre Ríos y a raíz de eso hablé con Juan Pablo Aguilera. Eso no salió bien porque ustedes perdieron el contrato a manos de Sancor, porque había temas de corrupción entre el Instituto y San Juan. Aguilera me dijo que representaba a Entre Ríos y que podíamos hacer una gran campaña política. En todos mis negocios, a las personas les pido media medalla, pero a la otra media medalla me la gano. Le dije a Aguilera que había que comprar una máquina, polietileno, el mejor y más barato. Le dije que podía mostrarle al partido que se puede hacer una campaña barata sin robar. Eso fue como un acuerdo de trabajo. Si después el PJ ganaba, quedábamos con la posibilidad de hacer más cosas. Siempre con la misma consigna”, recordó. Fuente: Análisis Digital

Aparecieron los documentos que indican a Aguilera como dueño de las imprentas

2021-11-08T00:00:00+00:00

Casi siete horas duró la declaración del único testigo que expuso en el juicio al ex gobernador Sergio Urribarri, aunque hubo veinte minutos, quizá media hora, determinantes para el devenir del debate. El momento que podría marcar un quiebre en el juicio ocurrió pasadas las 12.30, luego de que el ingeniero Guillermo Javier Fritz, integrante del Gabinete de Informática Forense del Ministerio Público Fiscal, discurriera sobre su formación académica, profesional y otras divergencias que terminaron siendo un precalentamiento. Al promediar la testimonial, la fiscal Patricia Yedro hizo exhibir en pantalla un documento, que en rigor era una especie de contradocumento privado, que exponía a Juan Pablo Aguilera como dueño de las empresas Next SRL y TEP SRL. El documento estaba en un archivo dentro de un disco rígido externo secuestrado el 1 de agosto de 2016, durante el allanamiento a las empresas, en calle Racedo 415. El pendrive, que terminó siendo clave para la investigación por la información que almacenaba, apareció en la casa de una docente jubilada, lindera a las empresas gráficas, y entregada al fiscal Santiago Brugo, que llevaba adelante la investigación. El ingeniero Fritz hizo una declaración extensa y por momentos tediosa por el lenguaje técnico que utilizaba para explicar su trabajo de resguardo y recuperación de archivos contenidos en las computadoras, teléfonos celulares y elementos de almacenamiento de información secuestrados durante la investigación. Pero el momento clave se produjo pasado el mediodía, cuando la fiscal Yedro le indicó una ruta para llegar a un documento que almacenaba el disco rígido externo y le pidió que leyera. Entonces explotó la bomba. La cláusula primera esboza la primera revelación: “Que es propietario/a aparente de la cantidad de – – – cuotas sociales del capital social de TEP SRL/Next SRL constituida por instrumento privado y cuya copia se encuentra en trámite de inscripción ante la Dirección General de Personas Jurídicas de la provincia de Entre Ríos”. Siguiendo la hipótesis de la fiscalía, se puede inferir que los casilleros que faltan deberían ser completados con los nombres de Emiliano Giacopuzzi y Maximiliano Romeo Sena, respectivamente. ¿Cuál es esa hipótesis? Que Giacopuzzi y Sena son prestanombres que en realidad esconden el nombre de verdadero dueño. Desentrañar esa cuestión es, probablemente, la clave de este juicio porque es lo que sostiene la acusación en cuanto a que Aguilera, cuñado del ex mandatario, constituyó ambas firmas en el año 2009, cuando Urribarri ya era gobernador de la provincia, “con el objeto de centralizar la contratación de publicidad en la vía pública”. La cláusula segunda es aún más explícita: “Que conforme la apariencia reconocida expresamente, reconoce también a Juan Pablo Aguilera DNI – – – como único propietario y titular de las referidas participaciones sociales por corresponderle su parte en dicha sociedad a esta última como consecuencia de los antecedentes de constitución de la sociedad”. Una tercera cláusula refuerza las revelaciones anteriores: “Que ante el primer requerimiento que Juan Pablo Aguilera le efectúe, se obliga a suscribir en el plazo de diez días corridos la correspondiente documentación de transferencia de las mencionadas cuotas a su favor o a favor de quien Juan Pablo Aguilera indique o le suceda por cualquier título, entre ellos, la sucesión hereditaria. Lo expuesto bajo apercibimiento de responder por los daños y perjuicios que la negativa y/o demora le irroguen a Juan Pablo Aguilera y/o su sucesión”. El documento no tiene fecha precisa ni aparecen firmas al pie. En el encabezado, sin embargo, hay una mención a que habría sido confeccionado en abril de 2014. De hecho, el ingeniero Fritz determinó al momento al momento de hacer su pericia informática que había sido creado el 14 de abril de 2014 a las 12.36 por un tal “Lisandro” y la última modificación había sido efectuada el 16 de julio de 2014 a las 10.11 por “Juan” (¿Aguilera?). Como se dijo, el documento no está firmado ni tiene los datos completos de los suscribientes. Este punto pareció inquietar al abogado Raúl Barrandeguy, defensor de Urribarri, quien puso eso de manifiesto y enfatizó que no obstante se utilizaba para sostener una imputación penal contra Aguilera. “No sabemos si lo firmó alguien, si no lo firmó nadie, de donde salió, esa es la pregunta”, que queremos hacerle al testigo, bramaba Barrandeguy. Pero la fiscal le respondió que no era algo que le interesara preguntar y que podría hacerlo a su turno, lo que no ocurrió. Fuente: Página Política

Testigo señaló a Aguilera como dueño de una de las empresas privilegiadas por Urribarri

2021-10-20T00:00:00+00:00

Vieira contó que su empresa –Urbana Vía Pública– contrataba con Formato Urbano, es decir, Tep SRL (empresas que tuvieron una posición privilegiada que durante la administración Urribarri, junto a Cinco Tipos y Next SRL). Dijo que como referentes propietarios de esa firma tenía a Gustavo Pereyra, empleado del Partido Justicialista y “lo que se conocía de la calle, lo que se decía era Pereyra y Juan Pablo Aguilera”. Hasta ahora, es la única testigo que vinculó al cuñado del exgobernador Sergio Urribarri con Tep SRL. El resto de los testigos dijo que el dueño era Emiliano Giacopuzzi y que, en ocasiones, vieron a Aguilera en las instalaciones pero deslizaron que podría deberse a su relación de pareja con Luciana Almada. Pese a los documentos exhibidos por Fiscalía, como nóminas de personal, que ubican a Aguilera en la gerencia de la empresa. La mujer también subrayó que Pereyra era la persona con quien ella mantenía un vínculo comercial como referente de Formato Urbano. Cabe recordar que el propio Pereyra, sentado frente a los jueces la semana pasada, dijo que su injerencia en esa empresa fue ínfima, sólo al inicio del proyecto. —¿Quién se comunicaba o subcontrataba a usted de Formato Urbano?— preguntó la fiscal Patricia Yedro. —Juan Pablo Aguilera y Gustavo Pereyra. —¿Y Gustavo Pereyra qué vinculación tenía con la empresa? —Para mí era la cara visible. En realidad a quien conocí primero fue a Juan Pablo Aguilera que me contrataba las campañas políticas. Después me lo presentan a Pereyra. Porque con Aguilera conversaba el tema de los espacios, de cuánto iba a querer, y después es como que terminaba de arreglar detalles con Pereyra. En su declaración Vieira agregó que Formato Urbano buscaba a su empresa “mayormente” para campañas políticas. “A mí me contrataban los espacios y nos enterábamos el motivo de la campaña cuando salíamos a pegar”, aclaró. “Me decían que querían promocionar a un candidato. Me decían qué cantidades querían contratar y reservaba los espacios”, afirmó sobre carteles fijos en la vía pública que eran sólo de su empresa. Urbana Vía Pública es una empresa que, según declaró la testigo, se desempeña en el mismo ámbito hace unos 30 años. Contó que la firma es de su padre, pero ella se ocupa de llevarla adelante. “Hago de todo un poco, me falta salir a pegar afiches no más. Todo el resto, atender proveedores, clientes, organizar tarea del personal, lo que haga falta para que la empresa funcione. Tenemos muchos espacios propios y los clientes nos alquilan el espacio. Tenemos cartelería distribuida en toda la ciudad”, afirmó. Sostuvo que para que una empresa sea contratada por el Estado debe estar en un registro de proveedores. Pero cuando ella entró a trabajar en la empresa de su padre, en 2011 o 2012, la subcontrató Formato Urbano. Desconoció la denominación Tep, pero sí identificó a Formato Urbano como “ex 5Tipos” y la ubicó en calle Racedo. La testigo dijo no conocer a Emiliano Giacopuzzi, tampoco sabe quiénes son Alejandro y Luciana Almada, ni Maximiliano Sena. Aseguró que “estar en la calle y ocupar espacios es una guerra de todos los días” y recordó que tuvo problemas con la empresa de Bustamante. “Nos peleamos por los lugares”, acotó. “Asunto: confirmar cantidades. De Gustavo Pereyra, comercial@formatourbano.com. Fecha 26 de enero de 2015, 17.06 hs. Hola Leti, estuve con Juan Pablo, me dice que lo estás matando con el precio de las gigas, que cerremos un número por los 70 séxtuples y las 4 gigas. Le comenté tu idea de no hacer afiches porque es un dolor de cabeza. Que cerremos un número por lo otro en morochín y con pago del 1 al 10, de acá a octubre. Yo te doy el material de todo. Saludos. Espero respuestas. Confiá en la amistad que tenemos, y que nos tiene que servir a los dos. Gustavo”, leyó la testigo, mientras en la pantalla de la sala se exhibía el correo electrónico que le fue dirigido a ella. —Cuándo usted se juntaba con el señor Pereyra o el señor Aguilera ¿dónde lo hacían?—consultó la fiscal. —En la oficina nuestra o en calle Racedo. —Señora Vieira si yo le pido que me diga a quién tiene como referente de la empresa Formato Urbano—interpeló Yedro. —Gustavo Pereyra y Juan Pablo Aguilera también, era lo que se decía. Con el que más hablé es con Pereyra. Vieira dijo que se reunió personalmente con Aguilera en su oficina, y alguna vez lo vio pasar por Formato Urbano cuando se reunió con Pereyra. “Discutíamos con Aguilera, es muy normal en época de campañas discutir con gente que maneja las campañas. Los problemas surgían cuando nos tapaban. Nosotros teníamos otros clientes de otro partido y el PJ salía y nos tapaba. Se generaban problemas. Puntualmente cuando vino Scioli a Paraná y nos taparon todo con la cara de Scioli y nosotros salimos y le pusimos la faja de ilegal. Bustamante siempre estaba beneficiado con todas las campañas”, declaró más adelante. Los otros testimonios Este martes, más temprano declaró Carlos Ramírez y posteriormente Alejandra Levand. El primero trabajó para Tep y Next y –como otros testigos que prestaron servicios para las empresas que Fiscalía adjudica a Aguilera y compañía–, tenía un contrato con la Legislatura de la provincia. Levand, en tanto, es empleada contable del desaparecido Ministerio de Cultura y Comunicación. Contrato Ramírez es amigo de Alejandro Almada. Contó que trabajó para la empresa 5Tipos desde 2005. Agregó que pasó en 2008 a Next SRL y posteriormente se fue a Tep SRL. Declaró que trabajó en el taller de impresión de calle Racedo y también en otro taller de calle Cura Álvarez, entre Alem y Gualeguaychú, además de hacer tareas de rotulación. No reconoció a Juan Pablo Aguilera como dueño de ninguna de esas empresas. Afirmó que estuvo “en blanco” desde el inicio de la contratación. “De tarde, mi amigo Alejandro Almada me consiguió un trabajo en la Cámara de Diputados, por eso me hice monotributista”, aseveró después y sostuvo que en la Legislatura “hacía mantenimiento”, bajo las directivas de Almada. Nunca confeccionó una factura a su nombre, dijo que cobraba por cheques y al dinero se lo daba en mano Almada. Especificó que en Diputados cobraba unos 6000 pesos y no recordó cuánto percibía por las tareas en las empresas, laboral que desempeñaba de mañana. Agregó que el contrato en Diputados fue de 2008 a 2012. “Al talonario me lo llenaba él, yo lo firmaba en Casa de Gobierno y al cheque me lo daba ahí, o donde nos cruzáramos”, respondió cuando a las repreguntas por los cobros y la modalidad de pago por el contrato en la Legislatura. Los fiscales le mostraron una factura a su nombre y le dijeron que el talonario –como otros correspondientes a otras personas contratadas en la Legislatura–, fue secuestrado en una casa de calle Montesino, es decir el domicilio de Juan Pablo Aguilera y Luciana Almada. Ramírez dijo que conoce a Aguilera y lo definió como “amigo”. Dijo que, incluso, estuvo en esa vivienda de calle Montesinos. —¿Por qué esta documentación estaba en la casa de Aguilera?—se le preguntó. —No sé. —¿Le pidieron a usted que firme esta documentación? —No. Los fiscales mostraron un listado de personal de la empresa Tep, donde aparecen los nombres de Gustavo Pereyra, Florencia Della Ghelfa y Julio Alberto Alegre, otros testigos que ya declararon en el juicio oral. Exhibieron un listado de sueldos y proyección para 2014. El testigo pudo leer para toda la sala que Alegre estaba en el ámbito de los talleres, que Della Ghelfa cumplía funciones en comercial, según esos documentos secuestrados. Procedimiento administrativo Alejandra Levand trabaja en el área contable de la Secretaría de Comunicación. Primero estuvo en Economía y en 2012 pasó al Ministerio de Cultura y Comunicación. Su superior es Mariela Teruel, quien está citada para prestar testimonial el jueves. Levand describió el procedimiento administrativo para la contratación de publicidad. Dijo que los expedientes inician con una nota que va acompañada por resoluciones que respaldan las contrataciones; un pedido de contratación; una reserva presupuestaria; pasa por auditores que elaboran un informe breve; luego a dictamen jurídico; luego se hace un informe contable y vuelve a auditores, previo a la norma. “Mi tarea era hacer reservas presupuestarias y órdenes de pago. Llegaba un expediente administrativo con pedido de contratación de publicidad y una orden de publicidad, verificaba que se contara con la partida y efectuaba la reserva. Luego iba a la firma de director contable y posteriormente a los auditores contables. Cada expediente empezaba con una nota inicial, con un pedido para la contratación. Tenían la orden de publicidad y un dictamen jurídico. En realidad, al dictamen jurídico lo incorporaron con el tiempo”, describió. Agregó que los pagos salen después que se confecciona un decreto. “Se informa a facturación con una copia del decreto. Se arma un expediente de pago con la orden original, certificaciones, facturas. Se controla y se genera orden de pago”, añadió. La fiscal Patricia Yedro le hizo reconocer en expediente la firma del exgobernador Urribarri y del exministro Báez. —¿Es habitual ver expedientes que se inician en foja 1 con una orden de publicidad?—preguntó la fiscal Goyeneche. —No. —¿Qué es lo que llevan antes? —Una nota de inicio firmada por la secretaria de Comunicación, Maricel Brusco. —¿Qué dice esa nota? —Dice por qué se contrata el medio, el monto, la fecha de publicación y un justificativo de por qué se eligió a ese medio y un encuadre legal. —¿No la firma más el gobernador? —No, el gobernador firma un anexo previo a la orden de publicidad, donde autoriza todas las órdenes con número, el medio al que se le va a dar y el monto. Se firma un anexo, no firma más todas las órdenes, salvo que el expediente madre tenga una sola orden. —¿A qué se llama plan de medios? —A lo que se va a ejecutar durante el año, las campañas que se llevarán a cabo. —¿Quién elabora ese plan? —Supongo que la secretaria, pero no sé. Fuente: Análisis Digital

Revelan las relaciones que había entre el PJ y las empresas del cuñado de Urribarri

2021-10-14T00:00:00+00:00

Gustavo Germán Pereyra es, o era hasta el jueves, un desconocido para el mundo periodístico y para la comunidad judicial que vienen siguiendo el juicio contra Sergio Urribarri y compañía en el que se acumulan cinco causas por contrataciones irregulares de publicidad para beneficiar a Juan Pablo Aguilera, cuñado del ex gobernador. Pereyra es un empleado administrativo del Partido Justicialista, aunque también supo prestar servicios por fuera del trabajo estrictamente partidario. Su nombre aparece en una nómina de empleados de TEP SRL y de su antecesora 5 Tipos, y él mismo reconoció que realizaba gestiones administrativas para esa empresa (“ayudaba a los chicos en cuestiones administrativas”, dijo) y también para Montañana Publicidad, señalada como una de las firmas a las cuales se simulaba la distribución de la publicidad que en realidad terminaba beneficiando a TEP SRL y Next SRL. En ese listado aparece el nombre de Pereyra como “referente comercial” con funciones específicas desde 2011 y el de Aguilera en la “gerencia” de 5 Tipos. No obstante, fue tajante, ante una pregunta de la defensa, en cuanto a que Aguilera no era titular de TEP SRL ni de Next SRL, ni cumplía funciones en las empresas. Según los registros, los titulares eran Maximiliano Sena y Emiliano Giacopuzzi, mientras que Luciana Almada, esposa de Aguilera, y Alejandro Almada tenían acciones. Pereyra contó además que en 2014 montó la empresa Publicitar, que llegó a tener a su cargo la difusión de campañas en la vía pública que organizaba la Municipalidad de Paraná. Pero en 2017 tuvo que cerrarla tres años después porque “no era rentable”, según dijo. “Tenía varios trabajos y no podía dedicarle demasiado tiempo”, agregó. La firma Publicitar tenía oficinas en calle Hipólito Yrigoyen 885, a escasos metros de donde funcionaban TEP SRL y Next SRL. En el contrato de alquiler figuran como garantes Juan Pablo Aguilera y Sergio Cardoso, director administrativo de la Cámara de Diputados. Ambos están imputados en la causa de los contratos truchos de la Legislatura. El servicio eléctrico estaba a nombre de Pereyra y Alejandro Almada, cuñado de Aguilera e imputado en esta causa. La contadora de la “empresita” era Corina Cargnel, que también llevaba las cuentas de TEP SRL y Next SRL. Y Pereyra admitió, además, que Aguilera ocupaba las oficinas de la empresa para atender asuntos del PJ y mantener reuniones vinculadas a sus propios negocios. El hombre trabaja para el Partido Justicialista desde el año 1992, básicamente en cuestiones administrativas y otras vinculadas a la relación con los proveedores. Entre otras funciones, se ocupaba de las campañas publicitarias que se realizaban en tiempos de elecciones. Con detalle, Pereyra dio cuenta de cómo fue mutando su labor, que empezó atendiendo cuestiones estrictamente partidarias, para saltar al plano empresarial. Contratado por el entonces vicegobernador José Cáceres, prestó servicios en la Cámara de Senadores entre 2011 y 2015, desarrollando actividades políticas. Dijo que si bien el contrato no fijaba horario ni funciones, se encargaba de darle “una mano política” al vicegobernador. Ahí había llegado “por una cuestión de confianza” que remitía al tiempo que llevaba trabajando en el PJ. La clave en este engranaje de relaciones es el estudio contable de José Ferreira, ya fallecido, que había llevado las cuentas del PJ y en el que se desempeñaba Corina Cargnel, contadora de las empresas de publicidad que se le atribuyen a Aguilera. La fiscal Patricia Yedro indagó sobre las empresas TEP SRL y Next SRL, a las que Pereyra admitió haber estado vinculado, pero desde antes, cuando ambas estaban nucleadas bajo la denominación comercial de 5 Tipos. Al frente de ambas, según dijo, estaban Emiliano Giacopuzzi y Maximiliano Sena, aunque deslizó también el nombre de Luciana Almada como accionista. El Ministerio Público Fiscal expuso durante la declaración una serie de correos electrónicos extraídos de las computadoras de las empresas, documentos y planillas que había en un disco rígido externo que se le atribuye a Cargnel que aparecen como la evidencia más sólida para atar cabos sobre el tándem que habrían conformado Aguilera, Giacopuzzi, Sena y la contadora. En algunos de ellos se vieron hojas membretadas de distintas empresas de publicidad (Bustamante, Montañana, Publicitar, TEP, Next) que, según Pereyra, “se utilizaban para todas las presentaciones formales” y sugirió que estaban en poder de Cargnel porque era quien se ocupaba de hacer gestiones para algunas de ellas. En la acusación también se plantea que existe un gran número de campañas publicitarias simuladas, pues los trabajos contratados por el Estado no se llevaban a cabo en las condiciones pautadas, pero se rendía a través de fotomontajes que pretendían acreditar su cabal cumplimiento. Dicen que las certificaciones que se presentaban mediante fotografías que debían dar cuenta del cumplimiento de la publicidad eran falsas. Concretamente, las empresas presentaban la misma fotografía todos los meses, pero con diferentes órdenes de publicidad y el Estado pagaba sin controlar. El desfalco se calculó en 24.204.918,69 pesos. En la audiencia se exhibió un intercambio de correos electrónicos donde Pereyra le dice al empresario Hugo Fernando Montañana, que fue separado del proceso por razones de salud: “Te paso para hacer los fotomontajes” de certificación el cumplimiento de campañas publicitarias en rutas. A la vuelta de correo, Montañana reenvía “los fotomontajes para que vean si está el nivel de detalle y si vos crees que estaría bien”.

Mañana se define si Sergio Urribarri irá juicio

2019-08-29T00:00:00+00:00

Este viernes será la audiencia de remisión a juicio al ex gobernador Sergio Urribarri; el ex ministro de Comunicación y Cultura, Pedro Báez; y el ex ministro de Turismo, Hugo Marsó; entre otros imputados. Se trata de la causa en la que se investigó el uso de recursos públicos para supuestamente financiar el "sueño entrerriano", como dio en llamar la campaña presidencial del ahora presidente de la Cámara de Diputados. La audiencia se confirmó a Página Judicial. Comenzará a las 9 en el Salón 1. Los fiscales son Patricia Yedro y Gonzalo Badano. La jornada estaba prevista para el mes pasado, pero se postergó por la salud de Emilio Fouces, defensor de Marsó, que fue intervenido quirúrgicamente. Cuando trascendió la noticia, se especuló con la puesta en marcha de un plan para dilatar causas en las que se investigan delitos en la administración pública. El ex mandatario, quien deberá responder por el desvío de 47 millones de pesos para la promoción de su figura durante el 2015, está acusado por los delitos de peculado y negociaciones incompatibles con la función pública. Los fiscales adelantaron una pena de nueve años de prisión. Los mismos delitos se le atribuyen a Báez, para quien pidieron ocho años. Embed Concretamente, se le atribuye el uso de fondos públicos para la publicación, en junio de 2014, de una solicitada en 18 diarios nacionales para que todos los sectores se unan contra los fondos buitres, por la que se pagaron 4 millones de pesos; también por la contratación que hizo con la productora Nelly Entertainment SA, por un monto de 28 millones de pesos, en el marco de la Cumbre del Mercosur que se desarrolló en Paraná en diciembre de 2014; y por la instalación del parador playero en Mar del Plata, en el verano de 2015, por el que se pagaron 15 millones de pesos. Para la instalación del parador, el Ministerio de Turismo de la provincia, entonces a cargo de Marsó, contrató a la empresa El Juego en que andamos SRL, a la que se le abonaron 14.561.870 pesos. Su rol es considerado preponderante porque quien "interesó" a Urribarri para realizar la contratación e inició el expediente administrativo. En su caso, los fiscales adelantaron que pedirán que sea condenado a cuatro años de prisión. En la causa también está imputado Juan Pablo Aguilera, cuñado de Urribarri, que habría cobrado una coima por la instalación del parador playero; la contadora Corina Cargnel, de las empresas TEP SRL y Next SRL, a través de las cuales se habría triangulado el dinero de esas coimas; y el empresario Gerardo Caruso, que montó el parador en Mar del Plata. Para ellos, los fiscales pedirán condenas de ocho a cuatro años de prisión. En tanto, los ex funcionarios Hugo Félix Céspedes, ex coordinador de la Unidad Operativa Cumbre del Mercosur; y Gustavo Javier Tortul, que fue coordinador contable de esa comisión especial, también están acusados por las contrataciones de publicidad y los fiscales pedirán condenas de cuatro años de cárcel para ellos. En la causa también estaba acusado el empresario Jorge Corcho Rodríguez, que también estaba imputado, pero acordó la suspensión del juicio a prueba por un año y el pago de un resarcimiento al Estado de 150.000 en doce cuotas iguales y consecutivas. También debe realizar campañas de bien público en beneficio del comedor Los Piletones, de Margarita Barrientos, a modo de canje, a través de la cuenta de Instagram de la conductora Verónica Lozano, su pareja, y también en el programa Cortá por Lozano, que se emite por Telefe.Fuente: Página Política