El Senado aprobó en general el proyecto de  Inocencia Fiscal II, una iniciativa clave para el Gobierno Nacional, a fin de captar dólares que aún los contribuyentes mantienen fuera del circuito financiero.

La iniciativa fue aprobada por .44 a 23 votos que fueron aportados por la Libertad Avanza, el PRO; la UCR, y bloques provinciales.

La sanción del proyecto es un logró importante del oficialismo para recuperar la iniciativa legislativa, aunque debió ceder ante sus aliados e incorporar el debate del proyecto de biocombustibles.

La reforma de la  Ley de Inocencia Fiscal II, implica que el Gobierno busca incentivar el ingreso al circuito financiero de dólares que permanecen fuera del sistema formal.

La iniciativa elimina las restricciones para ingresar al régimen simplificado de Ganancias, ya que esta ley establecía que solo podían ingresar a ese régimen aquellos que tengan hasta un patrimonio de 10.000 millones de pesos.

Uno de los puntos claves es que los legisladores, jueces, ministros del Poder Ejecutivo, así como el Presidente de la Nación no podrán acceder a los beneficios del sistema simplificado de ganancias.

El proyecto prohíbe a los funcionarios públicos y aquellos que hayan ocupado cargos durante los cinco años anteriores adherir a este régimen.

El proyecto también redefine el concepto de "discrepancia significativa", que determina en qué circunstancias la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) puede impugnar una declaración simplificada.

Según la iniciativa, será considerada significativa una diferencia que implique un aumento del impuesto determinado o una reducción de quebrantos de al menos 15% respecto de lo declarado por el contribuyente.

DEBATE

La presidenta del bloque de la Libertad Avanza, Patricia Bullrich, dijo que por falta de confianza "los ciudadanos sacaron del circuito" sus ahorros en dólares y dijo Argentina y Rusia son los países con "mas dólares fuera del circuito finaciera porque el Estado fue un enemigo del ahorro".

"El enemigo de los ahorristas ha sido el Estado, que expropió de distintas formas ese dinero: hiperinflación, inflación, cepo, con todo tipo de mecanismos. Y por eso el ciudadano salió de los circuitos legales para ir hacia los informales con el objetivo de proteger sus ahorros", agregó.

Destacó que "hemos incorporado los resguardos para los funcionarios publicos van poder utilizar el mecanismo de la simplificación pero no los beneficios, pero un funcionario no puede mentir en su primera declaración de bienes, y no podrán utilizar este mecanismo", agregó.

Desde el peronismo, el senador José Mayans, aseguró que la reforma de Inocencia Fiscal es "un desastre" como fue la ley aprobada en diciembre y "es un precio a los evasores y los narcotraficantes"

"Esta es una ley hecha para la hermana (Karina Milei), para el narcotráfico, para los Espert y para Manuel Adorni que no presentó su declaración jurada porque está esperando la sanción", apuntó

El debate fue abierto por el libertario Bruno Olivera Lucero, quien aseguró que con este proyecto se busca lograr que la ciudadania tenga confianza en "no vamos a seguir viendo a los contribuyentes como sospechosos de por vida o como lo que realmente son: ciudadanos que trabajan, pagan impuestos y merecen respeto”, 

" Durante muchos años ser contribuyente era una condena. Los trataban a todos como evasores. Así trató el fisco a los contribuyentes durante el kirchnerismo", agregó.

Por su parte, el senador peronista Fernando Salino pidió ampliar la restricción al régimen simplificado para "personas políticamente expuestas", una formulación que "es más amplia que funcionarios públicos, como dice ahora el proyecto".

SESION

La sesión se abrió a las 11:23 con la presencia de quórum estricto de 37 senadores que fueron aportados por la Libertad Avanza, la UCR, el PRO y bloques provinciales.

Al comenzar la sesión, el peronismo recurrió a las cuestiones de privilegio para fustigar el presidente del Banco Central, Santiago Bausille, por el destino del oro del , mientras que desd el oficialismo se defendió al funcionario del BCRA.

Las acusaciones contra Bausille fueron formuladas por  los senadores justicialistas Florencia López y Martín Soria, y fueron rechazadas por el libertario Agustín Monteverde.

El radical Maximiliano Abad presentó una cuestión de privilegio dirigido al secretario de Educación de la Nación, Carlos Torrendel, para que convoque al Congreso Pedagógico para buscar una solución a la situación de la educación, tras el bajo rendimiento de los alumnos en las evaluación PISA.

 “Por eso vengo, a través de esta cuestión de privilegio, a solicitarle formalmente al Secretario de Educación, Carlos Torrendel, que en su carácter de autoridad del Consejo Federal de Educación, ponga en tratamiento la iniciativa que vengo impulsando desde hace tiempo: la convocatoria a un nuevo Congreso Pedagógico Nacional”, expresó Abad.

Tras una ronda de cuestiones de privilegio, comenzará el tratamiento de los pliegos de Juan Pedro Galván Greenway, Alejandro Javier Catania y Juan Manuel Mejuto; además de la transferencia de competencia judiciales a la Ciudad de Buenos Aires.Fuente: Noticias Argentinas

El oficialismo logró hoy en la Cámara de Diputados la media sanción de la ampliación de la Ley de Inocencia Fiscal, con la que el Gobierno busca sumar contribuyentes al Régimen Simplificado del Impuesto a las Ganancias. La iniciativa se impuso con 139 votos a favor, 110 en contra y dos abstenciones.

Es la segunda victoria consecutiva del oficialismo en el recinto, tras aprobar la víspera la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. A La Libertad Avanza lo acompañaron el PRO, la UCR, Argentina Federal, Elijo Catamarca, Independencia, el MID y Producción y Trabajo. En contra votaron Unión por la Patria, la izquierda, un puñado de Provincias Unidas, la Coalición Cívica y Encuentro Federal.

Qué cambia con la Ley de Inocencia Fiscal

El proyecto, que modifica la ley 27.799, es la segunda etapa del régimen que el Gobierno envió a Diputados en julio y elimina los topes para adherir: ahora podrán hacerlo todas las personas humanas y sucesiones indivisas residentes en el país, sin límites de ingresos ni patrimonio. Hasta hoy solo podían acceder quienes tuvieran un ingreso anual de hasta $1.000 millones y un patrimonio de hasta $10.000 millones.

También se extiende el plazo para entrar al régimen hasta el 31 de diciembre de 2027 y se mantienen las facultades de fiscalización de ARCA sobre los contribuyentes de mayor capacidad económica o relevancia recaudatoria. Se redefine además el concepto de “discrepancia significativa”, el criterio que habilita al organismo a impugnar una declaración jurada simplificada: se configurará cuando la impugnación arroje un incremento del impuesto o una reducción de quebrantos no inferior al 15 % de lo declarado. Sobre ese punto, ARCA ya había reglamentado la extinción penal en delitos tributarios para quienes se acojan al régimen.

Quienes adhieran deberán realizar sus operaciones a través del sistema financiero formal, con medios autorizados por el Banco Central (BCRA) o la Comisión Nacional de Valores (CNV). El dictamen también acordó reducir un 25 % las multas por infracciones formales a las pequeñas y medianas empresas (PyMEs).

El debate en el recinto

La miembro informante de La Libertad Avanza, Laura Rodríguez Machado, defendió la norma al afirmar que produce “una cuestión muy sencilla pero revolucionaria”: confiar más en el contribuyente que trabaja y paga sus impuestos y no tomarlo como sospechoso por haberse protegido en épocas de hiperinflación con el ahorro en la informalidad. “Somos un país raro porque tuvimos tanta inflación que somos uno de los pocos países que gana en pesos pero ahorra en dólares”, explicó la cordobesa.

Silvana Giudici (La Libertad Avanza) ponderó la gestión económica al destacar que el objetivo de la reforma del Banco Central es “preservar la moneda y poner fin a la máquina de imprimir”, y celebró la “baja inflacionaria de 85 puntos” y los “27 meses de crecimiento consecutivo”.

Desde la oposición, Mariela Coletta (Provincias Unidas) calificó la iniciativa como una “obscenidad fiscal” y acusó al Poder Ejecutivo de negarse a explicar cuántos funcionarios ingresaron al régimen.

Juan Grabois (Unión por la Patria) la rechazó porque, a su entender, “convierte en culpables a los inocentes e inocentes a los culpables”. El líder de Patria Grande denunció que los beneficios van “para el 1% más rico” mientras se profundiza el ajuste sobre trabajadores, jubilados, pequeños empresarios y sectores populares, y apuntó contra el nombre de la ley: “Convierte por ley en inocentes a los evasores”, dijo, y mencionó al empresario Marcos Galperin, a quien acusó de ser un evasor “beneficiado” por el Gobierno.

Martín Lousteau (Provincias Unidas) sostuvo que “detrás de la supuesta intención de simplificar la vida y la declaración jurada para los buenos contribuyentes, se esconde la degradación de la capacidad de ARCA para perseguir y detectar evasores seriales, narcos y corruptos”. El ex ministro de Economía recordó que el presidente considera héroes a quienes evaden y que Adorni fue “uno de los primeros que adhirió a esta ley”.

El cierre del oficialismo estuvo a cargo de Nicolás Mayoraz, quien desestimó las críticas y cuestionó que se equipare a quienes ahorraron por fuera del sistema con delincuentes: “Para ustedes, todos los contribuyentes que tienen dinero ahorrado legítimamente son todos delincuentes”. Para el legislador, la ley “va a impulsar el crédito en la Argentina” y la actividad económica.

La Cámara de Diputados debatió esta noche la nueva ley de Inocencia Fiscal con la que el Gobierno busca ampliar el universo de contribuyentes que podrán adherir al Régimen Simplificado del Impuesto a las Ganancias.

El proyecto, que modifica aspectos de la ley 27.799 de Inocencia Fiscal, permite que todas las personas humanas y sucesiones indivisas residentes en el país puedan optar por esa modalidad, sin topes de ningún tipo en cuanto a ingresos y patrimonio.

En la actualidad podían solo adherirse los que tengan un ingreso anual de $1.000 millones y un patrimonio de hasta $10.000 millones.

La nueva iniciativa también extiende el plazo para acceder a los beneficios hasta el 31 de diciembre de 2027.

Otro punto clave es que se mantienen las facultades de fiscalización de ARCA sobre los contribuyentes de mayor capacidad económica o relevancia recaudatoria.

En ese contexto, se redefine el concepto de "discrepancia significativa", que es el criterio que habilita a ARCA a impugnar una declaración jurada simplificada y revisar las declaraciones del Impuesto a las Ganancias.

Esa discrepancia se configurará cuando la impugnación arroje un incremento del impuesto determinado o una reducción de quebrantos no inferior al 15 % respecto de lo declarado por el contribuyente.

En tanto, se establece que los contribuyentes que adhieran a este régimen simplificado deberán realizar sus operaciones a través del sistema financiero formal, utilizando medios autorizados por el Banco Central (BCRA) o la Comisión Nacional de Valores (CNV).

En cuanto a los últimos cambios aplicados en el dictamen, se acordó reducir un 25% las multas por infracciones formales a las pequeñas y medianas empresas (PyMEs).

Noticia en desarrollo…

Fuente: Noticias Argentinas

El oficialismo junto a sus aliados consiguió hoy en la Cámara de Diputados dictamen favorable al proyecto de Inocencia Fiscal II, pero aceptó establecer una prohibición para que los funcionarios de los tres poderes no tendrán los beneficios establecidos en esta iniciativa.

La Libertad Avanza logró un dictamen de mayoría con 44 firmas de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Legislación Penal, con lo cual el despacho estará en condiciones de ser debatido en la sesión prevista para el 26 de agosto.

El despacho contiene el respaldo del PRO, la UCR, Innovación Federal, y Producción y Trabajo, lo cual le permitirá poder sancionar esta iniciativa clave para el Gobierno en busca de lograr ampliar la base de contribuyentes que ingresen los dólares adquiridos en el sistema informal.

Firmaron el despacho 32 legisladores de la Libertad Avanza, 1 del MID, 2 UCR, 1 Independencia, 2 Innovación Federal, 1 de Producción y Trabajo, y 1 de Provincia Unidas en disidencia parcial.

La decisión se adoptó en el último tramo del plenario de las comisiones de Presupuesto y Legislación Penal, que presiden los libertarios Bertie Benegas Lynch y Laura Rodríguez Machado, luego de concluir con la ronda de consultas a funcionarios y especialistas.

Uno de los puntos claves de las modificaciones introducida por el oficialismo es la exclusión total de los funcionarios públicos de los beneficios y presunciones de inocencia fiscal.

Si bien podrán hacer uso del sistema simplificado únicamente como un canal operativo para la presentación de la declaración jurada del Impuesto a las Ganancias y la cancelación del saldo correspondiente, pero no podrán gozar de la presunción de exactitud, de la liberación de fiscalizaciones ni de ningún beneficio o inmunidad tributaria del régimen.

La exclusión abarca a todas las personas que ejerzan o hayan ejercido cargos de alta responsabilidad pública dentro de los últimos cinco (5) años anteriores a la fecha de adhesión y hacia adelante.

Rodríguez Machado detalló: "Los funcionarios no entran en este régimen. La exclusión alcanza a quienes en los últimos cinco años tuvieron cargos en la función pública y en adelante. No hay margen para especulaciones: la transparencia de la función pública es un pilar innegociable."

Poder Ejecutivo: Funcionarios y empleados con jerarquía igual o superior a Secretario de Estado en los ámbitos nacional, provincial, municipal y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

- Poder Legislativo: Legisladores nacionales, provinciales, de CABA, concejales municipales y parlamentarios del Mercosur.-

- Poder Judicial y Ministerio Público: Magistrados del Poder Judicial y del Ministerio Público en todas las jurisdicciones.-

-Órganos de Control y Enjuiciamiento: Defensores del Pueblo, sus adjuntos, miembros del Consejo de la Magistratura e integrantes de Jurados de Enjuiciamiento.

-Se eliminan los topes de 1000 millones de ganancias y de 10.000 millones de pesos de patrimonio para poder ingresar al sistema, con el fin de permitir que ingresen los grandes contribuyentes.

También se incorporan correcciones para reducir la carga punitiva sobre las pequeñas y medianas empresas (PyMEs) ya se establece una reducción del 25% de las multas por infracciones formales.

Esto se suma a las siguientes medidas que ya estaban contempladas en la ley original: Régimen Especial de Reducción del 50% y se fían que diferencias inferiores al 5% del 15% en la declaración jurada no constituirán discrepancia para que pueda actuar ARCA.

En ese sentido, Rodríguez Machado dijo: "Esta norma tiene un concepto claro: no se busca condenar a quienes cumplen. Es un esquema estrictamente tributario. Queremos darles previsibilidad, alivio fiscal y justicia impositiva a los ciudadanos y PyMEs que hacen el esfuerzo diario por estar al día".

Fuente: Noticias Argentinas