El proyecto de Régimen Penal Juvenil, que fue aprobado en la Cámara de Diputados, será debatido en el Senado el viernes, luego de un cambio en el plan de Labor dispuesto por el oficialismo y aliados, según pudo confirmar la Agencia Noticias Argentinas con fuentes parlamentarias.

Finalmente, la agenda parlamentaria para este jueves pondrá el eje en los debates sobre la Ley de Glaciares (26.639), sancionada en 2010, para lograr la modificación de la protección del ambiente periglacial y facilitar las actividades extractivas de los sectores de minería e hidrocarburos, además de otorgarle mayor autonomía a las provincias sobre sus territorios.

Por otra parte, también se tratará el acuerdo UE-Mercosur, la asociación estratégica y de libre comercio, que fue firmada a principios de este año y que eliminará aranceles en más del 90% de los bienes.

Por último, se discutirá la designación de Fernando Iglesias como futuro embajador ante el Reino de Bélgica y, simultáneamente, ante la Unión Europea, cuyo objetivo es unificar ambas representaciones diplomáticas para optimizar recursos en el marco de la negociación del acuerdo Mercosur-UE.

Para el viernes 27, quedaron los dos temas más importantes para el Gobierno Nacional como el Proyecto de Modernización Laboral, que entra en revisión, junto con la modificación del régimen penal juvenil.

Fuente: Noticias Argentinas

El Gobierno aceleró en el Congreso con el objetivo de aprobar la reforma laboral antes del 1 de marzo, fecha en la que el presidente Javier Milei inaugurará el período de sesiones ordinarias. En la Casa Rosada consideran clave que esa iniciativa, junto al régimen penal juvenil y el acuerdo Mercosur-Unión Europea, formen parte central del discurso presidencial.

Con ese objetivo, el oficialismo giró el proyecto de modernización laboral a la Cámara de Diputados y apunta a sancionarlo antes del cierre de las sesiones extraordinarias, previsto para el 27 de febrero. En paralelo, también impulsa en el Senado el tratamiento del acuerdo con la Unión Europea y la baja de edad de imputabilidad.

La estrategia legislativa contempla convocar a un plenario de las comisiones de Legislación del Trabajo y de Presupuesto y Hacienda el próximo 18 de febrero, con la intención de emitir dictamen y avanzar rápidamente hacia el recinto. Sin embargo, el cronograma enfrenta obstáculos reglamentarios y políticos. El reglamento establece que en extraordinarias el dictamen debe obtenerse con al menos diez días de anticipación al cierre del período, por lo que el Ejecutivo evalúa extender las sesiones hasta el 28 de febrero mediante un decreto.

En Diputados, el oficialismo asegura contar con el número necesario para lograr un dictamen de mayoría si mantiene el respaldo de sus aliados, entre ellos el PRO, la UCR y bloques provinciales. No obstante, el desafío será reunir quórum en el recinto, en medio de cuestionamientos opositores al tratamiento acelerado de una norma de fuerte impacto.

Desde distintos sectores advierten que una reforma de esta magnitud requiere mayor debate. Legisladores opositores sostienen que el proyecto no puede discutirse en pocos días y cuestionan la intención de avanzar con un trámite exprés. Incluso aliados del oficialismo plantearon la necesidad de introducir modificaciones al texto que ya cuenta con media sanción del Senado.

El PRO, por ejemplo, anticipó que propondrá cambios, lo que podría demorar la sanción definitiva si el proyecto debe regresar a la Cámara Alta. Esa posibilidad explica parte de la premura del oficialismo, que busca cerrar el trámite legislativo antes del inicio formal del año parlamentario.

En paralelo, el Senado también trabaja contrarreloj. El oficialismo pretende dictaminar la próxima semana el régimen penal juvenil y avanzar con el tratamiento del acuerdo Mercosur-Unión Europea. Para ello necesita cumplir con los plazos reglamentarios que exigen un período mínimo entre la firma del dictamen y la sesión.

Con un calendario ajustado, resistencia opositora y negociaciones abiertas con aliados, el Gobierno apuesta a mostrar resultados legislativos concretos en la apertura de sesiones, en un intento por consolidar su agenda de reformas estructurales.

El oficialismo logró la media sanción en la Cámara de Diputados del nuevo Régimen Penal Juvenil, que tiene entre sus puntos principales la baja de la edad de imputabilidad de los 16 a los 14 años. El proyecto impulsado por Patricia Bullrich cosechó 149 votos a favor y 100 en contra, sin abstenciones. El PRO, la UCR, Provincias Unidas, MID, Innovación Federal, Encuento Federal, Independencia, La Neuquinidad y Por Santa Cruz votaron junto con los libertarios.

El peronismo logró mantenerse unido para rechazar la iniciativa al momento de la votación en general. Pero cuando llegó el momento de la votación de los artículos en particular, los diputados del Frente Renovador tomaron distancia y validaron la baja de la edad de punibilidad. Según dejaron trascender, buscaron “respetar la posición histórica del espacio”, que en 2015 presentó un proyecto de Código Penal que ya fijaba el límite en los 14 años

El nuevo Régimen Penal Juvenil no solo baja la edad de imputabilidad a los 14 sino que también establece una pena máxima de prisión de hasta 15 años para delitos graves como homicidios, robos violentos, abusos sexuales o secuestros. Por otro lado, prevé una serie de penas alternativas para los delitos con condenas menores a los 10 años de prisión, por ejemplo: la amonestación, la prohibición de acercamiento a la víctima, servicios comunitarios, monitoreo electrónico, reparación integral del daño, prohibición de concurrir a determinados lugares y la prohibición de conducir vehículos.

A su vez, se pondrá especial énfasis en la creación de institutos especiales donde los menores condenados tuvieran garantizado el derecho a ser educados, a recibir atención médica y tratamiento en caso de adicciones. Todo el personal de los centros de detención deberá estar especializado en infancia y adolescencia. A su vez, queda terminantemente prohibida cualquier tipo de convivencia con detenidos mayores.

Además, se habilitará la suspensión del proceso a prueba y la mediación penal juvenil en infracciones leves, con intervención obligatoria de todas las partes y consentimiento expreso de la víctima.

Otro de los ejes centrales del proyecto es el reconocimiento expreso de las víctimas dentro del proceso penal juvenil. La ley garantiza su derecho a ser informadas, a ser escuchadas, a contar con patrocinio jurídico, a recibir asistencia psicológica y a participar en las instancias relevantes del proceso, incluyendo mecanismos restaurativos cuando corresponda.

Fuente: Infobae

El gobierno de Javier Milei y sus aliados en el Congreso consiguieron aprobar este miércoles en un plenario de comisiones un dictamen para reducir la baja de edad de imputabilidad de 16 a 14 años. Se trata de una reforma del régimen penal juvenil que rechazó la mayor parte de los técnicos y especialistas que expusieron ante los legisladores, impulsada por la senadora y ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, con la frase “delito de adulto, pena de adulto”, duramente criticada por desde la oposición. “Es una consigna vacía e inconstitucional”, cuestionó Victoria Tolosa Paz, de Unión por la Patria. “¿De dónde sale esta barbaridad? Marketinero y falso”, advirtió Myriam Bregman, del Frente de Izquierda. El proyecto aprobado se tratará hoy en una sesión especial convocada por el oficialismo, que contaría con los votos para aprobarla.

El despacho se alcanzó en un plenario de las comisiones de Legislación Penal; Familias, Niñez y Juventudes; Justicia, y Presupuesto y Hacienda de Diputados. El dictamen de mayoría cosechó 73 firmas, que además de los legisladores de La Libertad Avanza incluyó a los del Pro, la Unión Cívica Radical, Innovación Federal, Producción y Trabajo, MID y Provincias Unidas. Lo rechazaron Unión por la Patria y el Frente de Izquierda.

El debate arrancó a media mañana en el anexo del Congreso, con “más de 20 proyectos que han sido incorporados al temario y tiene estado parlamentario”, informó la presidenta de Legislación Penal, Laura Rodríguez Machado. “Es un tema que la sociedad está reclamando para avanzar”, afirmó el libertario jujeño Manuel Quintar, y destacó que “se escucharon a todas las personas que tienen que ver con la materia”.

Tolosa Paz planteó que “24 de 31 expositores de altísima relevancia en materia jurídica, penal, defensores, se han negado rotundamente al proyecto que elevó el Ejecutivo. No porque la Argentina no necesite un nuevo Régimen Juvenil Penal”. Criticó a Bullrich y a “su frase tan marketinera” porque se olvida “de uno de los principios constitucionales que es el derecho superior del niño”. “No pueden tratar con tanta liviandad un tema tan trascendental. En 24 horas pusieron sobre este Parlamento el mensaje 6/2026 donde decía que la pena era de 13 años, que era de aplicación inmediata, cambiaron el artículo presupuestario con 23 mil millones de pesos como si eso fuese la solución. Los Centros Especializados Socioeducativos no son más que cárceles para niños”, advirtió. Consideró que el actual es un régimen “vetusto, inconstitucional y atrasa 100 años”, pero “no puede ser reemplazado (por otro) que va a la derecha de lo que fue la dictadura militar”, que de hecho redujo la edad de punibilidad a 14 años y luego dio marcha atrás.

Silvana Giudici, ahora en su etapa libertaria, destacó que el dictamen atiende a dos cuestiones centrales y contempla además una asignación presupuestaria para “empezar a desplegar el régimen”, aunque se atajó aún antes de que llegue al recinto: “En un año no estará completado porque se necesitan establecimientos, profesionales multidisciplinarios para atender las problemáticas de los niños que cometen delitos en todo el país”, aclaró. Sugirió que países como Chile o Colombia fijaron la imputabilidad en 14 años, Uruguay en 13 y Brasil en 12, y aseguró que sus sistemas penales juveniles “ya funcionan hace años” y “la criminalidad en esos países podemos comprobar que bajó muchísimo la reincidencia”.

“Los datos que leyó no hay nadie que los sostenga, porque en todos los países donde se redujo la edad, las consecuencias fueron al revés”, le respondió Bregman. “La incidencia de niños y adolescentes en el delito es absolutamente menor. No hay una ola delictiva juvenil, lo que hay es una necesidad de un régimen cada vez más decadente, un gobierno que necesita aumentar el poder punitivo del Estado”, cuestionó, mientras afuera se preparaba un desmesurado operativo de seguridad para reprimir la movilización contra la reforma laboral. “Los únicos que van a llenar cárceles o institutos van a ser los hijos de la clase trabajadora, porque a los hijos del poder no se los toca. No asociemos todo el tiempo la condición de pobreza con el delito”, pidió la diputada del FIT.

El gobierno confía en poder aprobar el proyecto con el apoyo del interbloque que integran Pro, UCR, MID, Adelante Buenos Aires y Por Santa Cruz, más los bloques provinciales de Innovación Federal, los sanjuaninos de Producción y Trabajo y un sector de Provincias Unidas. En Unión por la Patria, el Frente Renovador se abstendría en la votación general pero acompañaría el artículo sobre los 14 años, de acuerdo a un dictamen propio que presentó ayer en base a modificar el código penal.

Fuente: APFDigital / Página 12

El oficialismo junto a aliados y representantes de la oposición dialoguista lograron hoy en un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados firmar dictamen a favor del proyecto que crea un nuevo régimen penal juvenil, que entre otros puntos reduce la edad de imputabilidad de los 16 a los 14 años.

Según anticipó la presidencia de la comisión de Legislación Penal, Laura Rodríguez Machado, el despacho de mayoría recolectó 75 firmas, por lo que ya viaja con viento a favor rumbo al recinto de la Cámara baja donde mañana será sometido a votación en una sesión especial.

La iniciativa seguía debatiéndose este mediodía en una reunión conjunta de las comisiones de Legislación Penal (cabecera); Familia, Niñez y Juventudes; Justicia; y Presupuesto y Hacienda.

Además de la controversial baja de la edad de imputabilidad a 14 años, el régimen especial de minoridad propuesto por el oficialismo propone un abanico de sanciones o castigos alternativos a las penas privativas de la libertad, establece que los menores no deben mezclarse con los adultos en los lugares de reclusión, e incluye medidas complementarias de resocialización.

El proyecto de ley deja de lado la posibilidad de dictar una condena de reclusión perpetua y fija un máximo de 15 años de prisión para menores.

Para delitos con penas menores a 3 años se descartan penas de prisión, en tanto que para las penas de entre 3 y 10 años vinculados a delitos que no hayan ocasionado la muerte o lesiones graves, se priorizan otro tipo de sanciones con un enfoque social y educativo.

Por otra parte, el dictamen incorpora un cambio que fue exigido por los dialoguistas al Gobierno, que es el financiamiento para poder aplicar efectivamente el régimen penal juvenil: se asignarán más de 20 mil millones de pesos para la Defensoría General y más de 3 mil millones de pesos para el Ministerio de Justicia.

Fuente: Noticias Argentinas 

Cuando un menor de edad comete un delito de manera consciente, el Estado no puede permanecer indiferente y debe actuar. Esa respuesta no debe ser idéntica a la que la ley prevé para los adultos, pero sí debe existir para que el hecho no quede sin consecuencias.  

En Argentina, la responsabilidad penal comienza a los 16 años. En ese contexto, el Congreso debatirá próximamente un nuevo Régimen Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 14 años. La discusión es estructural, ya que el sistema vigente se rige por una ley sancionada en 1980, pensada para otro contexto social, que hace tiempo demuestra serias debilidades en la práctica.

Argentina tiene el límite de edad de imputabilidad más alto de la región. Por ejemplo, en Brasil el límite es de 12 años y en Uruguay 13 años. En Europa, el rango se encuentra entre los 10 y los 15 años. Esta sola comparación obliga a revisar si el modelo vigente resulta el adecuado para la realidad actual.

Desde una perspectiva penal, los delitos cometidos por los menores de 16 años representan un porcentaje menor e incluso son pocos los que cometen delitos especialmente graves, pero cuando ocurren, el daño a la víctima y el impacto que generan en la sociedad es significativo.

La baja de imputabilidad a 14 años resultaría ser una decisión de política criminal acertada si se busca dar una respuesta institucional a la víctima y a la sociedad, y permitir una intervención estatal temprana frente al delito. Sin embargo, es importante destacar que reducir el debate a una cuestión de edad resultará siempre insuficiente.

De sancionarse la ley que reduzca la edad, es probable que se genere un alivio momentáneo en la sociedad, con la sensación de que el problema está resuelto. Sin embargo, la discusión central no debe detenerse allí, sino en saber cuál será el tratamiento que dará el Estado a los menores que cumplirán la pena que impongan los jueces, y si realmente está en condiciones de hacerlo.

Probablemente una parte importante de la sociedad desconozca que hoy el sistema penal juvenil actual falla por todos lados. Los institutos de menores (que funcionan para los jóvenes entre los 16 y 18 años) resultan ser espacios con infraestructuras deficientes y regímenes que contemplan tratamientos que no logran corregir al menor mientras se encuentra privado de su libertad. Incluso, a veces se consigue el efecto contrario ya que, una vez recuperada la libertad, vuelven a cometer delitos.

A eso se le suma otro dato importante: una parte significativa de los menores que delinquen se encuentra en contextos vulnerables, conviviendo en entornos sociales complicados, sin contención familiar ni educación.

Estas condiciones no implican que no haya que juzgar a quien comete el delito -incluso desde los 14 años en adelante, pero sí resultan centrales al momento de pensar y diseñar la sanción adecuada, especialmente cuando se trata de personas en pleno proceso de desarrollo y formación.

En este sentido, la sanción penal no solo debe consistir en el encierro del menor y olvidarnos del problema, sino que merece tener una discusión mucho más profunda, orientada a que puedan comprender e internalizar el daño causado a la víctima y a la sociedad, recibiendo acompañamiento psicológico permanente y educación como pilares fundamentales que permitan reinsertarlo en la sociedad sin que vuelva a delinquir.

Sin este debate profundo, toda sanción de una ley que disminuya la edad de imputabilidad será simbólica y solo logrará una sensación de alivio momentáneo, sin que en la práctica puedan verse soluciones reales.

Por Santiago Venditti, abogado penalista.

En la antesala del debate legislativo en el Congreso, la Iglesia Católica argentina sentó una firme postura oficial contra el proyecto de ley que propone la baja de la edad de imputabilidad. A través de un documento emitido por la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), la institución advirtió que reducir la discusión únicamente a lo penal es una respuesta insuficiente del Estado ante los hechos de violencia que conmueven al país.

El pronunciamiento surge en un momento de alta tensión política, luego de que el Gobierno de Javier Milei confirmara que impulsará en sesiones extraordinarias un nuevo Régimen Penal Juvenil. La intención del oficialismo es bajar la edad de punibilidad de los 16 años actuales a los 13, un punto que la Iglesia considera una “simplificación” de una realidad mucho más compleja.

“Educar y prevenir antes que castigar” El texto, que lleva la firma de destacados arzobispos, señala que centrar el debate casi exclusivamente en la pena suele dejar en segundo plano “lo que realmente es necesario: lo que previene, educa y acompaña”. En este sentido, los obispos cuestionaron la eficacia de las cárceles como solución: “¿En serio creemos que esa es la solución? Sabemos cómo es la realidad de los establecimientos penitenciarios”, dispararon.

Desde la Iglesia insistieron en que el abordaje de la delincuencia juvenil debe involucrar de manera conjunta a la familia, la escuela, la comunidad y el Estado. Asimismo, reclamaron dispositivos apropiados en las provincias para la reinserción social, alertando sobre la falta de infraestructura adecuada para alojar a menores en caso de que la ley sea aprobada.

El debate en el Congreso El mensaje eclesiástico llega días antes de que la Cámara de Diputados inicie el tratamiento del proyecto, previsto para la segunda semana de febrero. Pese a las críticas de diversos sectores sociales y organismos de derechos humanos, el Ministerio de Seguridad, conducido por Patricia Bullrich, ratificó que la iniciativa “va a ser ley”.

La estrategia del oficialismo cuenta con el respaldo de ministros de Seguridad de provincias como Santa Fe, Córdoba y Mendoza, mientras que la oposición y sectores de la Iglesia advierten que la verdadera prevención nace del “cuidado compartido” y de políticas públicas que construyan futuro, más que de debates que profundicen las divisiones.